Artículo ANEXO (92/137)
Datos base a la Circular Externa 001 de 2025 Del total de tutelas analizadas, la falta de oportunidad en los servicios de salud (Problema Jurídico N° 9) fue la causa más frecuente, con el 40,9% de los casos, seguida por la no prestación de servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) (Problema Jurídico N° 14) con el 18,7% y la no autorización de servicios no incluidos en el PBS (Problema Jurídico N° 1) con el 13,6%. En conjunto, estos tres problemas representan más del 70% del total de tutelas interpuestas. La distribución porcentual muestra que aproximadamente el 80% de los casos judicializados se relacionan con servicios y tecnologías ya financiados por el PBS, mientras que solo el 20% corresponde a prestaciones no incluidas dentro de dicha cobertura. Este hallazgo evidencia que las barreras administrativas, retrasos en la autorización y la falta de oportunidad en la atención son los principales detonantes de la judicialización del derecho a la salud. En términos de oportunidad, este patrón sugiere una fractura entre la cobertura formal del aseguramiento y el acceso real a la atención efectiva y oportuna, lo que obliga a miles de ciudadanos a recurrir a la vía judicial como mecanismo de protección afectando a que les brinden una atención y los cuidados necesarios para alcanzar y mantener una vida saludable. Durante la vigencia 2024, las entidades reportaron un total de 318.040 pretensiones, de las cuales las más frecuentes fueron (Tabla 9.): Citas médicas (18,6%), Procedimientos y tecnologías en salud (15,7%), Medicamentos (11,1%), y Otras pretensiones diversas (12,5%). Estas pretensiones reflejan que la mayoría de las solicitudes judiciales están orientadas a obtener servicios esenciales y de carácter básico, lo que reafirma la persistencia de barreras de acceso en los componentes más elementales de la atención.