Por el cual se adiciona el Título 16 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA) y se dictan otras disposiciones

Es de destacar, frente a la innovación de la tecnología Euro VI en vehículos automotores, que esta entró en vigencia en Colombia a partir del 1 de enero de 2023, con la expedición de la Ley 1972 de 2019, "Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones”, la cual prevé que a partir del 10 de enero de 2030 todos los Sistemas integrados de Transporte Masivo (SFTM), Sistemas Estratégicos Transporte Público (SETP), Sistemas Integrados Transporte Público (SITP) y los Sistemas Integrados de Transporte regionat (SITR) deberán contar con un minimo de 20% de la flota total nueva correspondiente a tecnología cero emisiones. Es importante resaltar que la reducción de emisiones de fuentes móviles se enmarca en el grupo de acciones necesarias para dar cumplimiento a los postulados de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que tiene como objetivo el cambio del relacionamiento con el ambiente, teniendo como eje la profundización en el uso de energías limpias, procurando una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del pais.

Para lo cual una de las acciones para iniciar el cambio de tecnología en el sector transporte terrestre automotor consiste en superar las barreras que dificulten la aplicación de los postulados legales, de manera que tales mandatos se cumplan y que progresivamente lleven al ingreso de vehículos sin emisiones de gases, es decir de vehículos eléctricos o de hidrógeno, que puedan llegar a sustituir en el tiempo a los vehículos de motores de combustión, objetivo benéfico para el ambiente, la salud y la descarbonización del sector transporte. Adicionalmente, la Resolución 20243040018695 de 2024 "Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la participación de la Nación en la cofinanciación a los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros del país y se dictan otras disposiciones” o la norma que la modifique, está orientada para facilitar la cofinanciación nacional para la adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones y su infraestructura de soporte, e impulsa la transición energética del transporte público, contribuyendo directamente a la construcción de ciudades más limpias, saludables, accesibles y sostenibles para todos los ciudadanos. En consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta las contribuciones desde las políticas, normas y planes enunciados, se hace necesario avanzar en la caracterización de la movilidad con variables clave, como la identificación de barreras para la movilidad activa, contar con proyecciones de usuarios de transporte activo y público, información para la planeación de rutas de transporte activo, del estado del tiempo meteorológico, y criterios adicionales para el establecimiento de metas en kilómetros de ciclorrutas, tipos de combustible, parqueaderos o vías ciclo adaptadas, pero también en su ubicación y ampliación a ciudades intermedias.

Esto por tanto convoca a avanzar a lograr mayor conectividad entre modos de transporte con integración entre la movilidad, el transporte activo y el transporte público y de carga, donde la renovación urbana entre otras, disminuya la segregación, favorezca el acceso a bienes y servicios de las ciudades y conlleve a mejores desenlaces de sostenibilidad, inclusión y salud (Sarmiento et al., 2020). 7.1.2 Agua y saneamiento El agua, el saneamiento y la higiene (WASH) constituyen factores críticos para proteger la salud frente a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, desnutrición, arbovirosis, helmintiasis, esquistosomiasis y tracoma (OMS, 2021). A nivel mundial, en 2022, se estima que 2,2 mil millones de personas (27 % de la población) carecían de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura; 3,5 mil millones no tenían saneamiento adecuadamente gestionado, y 2,0 mil millones carecían de instalaciones básicas con agua y jabón para la higiene (OMS, 2021). Así mismo, es de destacar como la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 13,4 (581 casos) en 2005 a 2,2 muertes (84 casos) por cada 100.000 menores de cinco años a 2022 (Minsalud (a), 2020) (INS (a), 2023), evidenciándose esta situación principalmente en departamentos como Vaupés, La Guajira, Vichada, Guainía, Amazonas, Chocó y Risaralda (INS (a), 2023) (ver tabla 2).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Vida del DANE, a nivel urbano para la vigencia 2023, la cobertura de acueducto fue de 97,8% y para zonas rurales de 65,7%, asi mismo, la cobertura de alcantarillado en la zona urbana fue de 92,8% y en zonas rurales de 79,5%. Las coberturas han presentado una tendencia dinámica y han logrado crecimientos de la población atendida a partir de las estrategias, políticas, planes, programas y proyectos desarrollados por el gobierno nacional. DECRETO £n boa Otros elementos de contexto y vulnerabilidad en la presentación de mortalidades en menores de cinco años por IRA, EDA o desnutrición incluyen, entre otros, la pertenencia étnica, donde el 41,1% de los casos se presentó en población indígena, el 3,9 % en afrocolombianos y 54,9% en otros (INS (a), 2023). En cuanto a la calidad del agua para consumo humano el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA - Nacional consolidado zona urbana y rural año 2024, presentó un nivel de riesgo bajo. Así mismo, el IRCA Nacional año 2024 en zona urbana reportó nivel de riesgo bajo y en zona rural nivel de riesgo medio (ver tabla 3).

Lo anterior, también se contrasta con la situación de vulnerabilidad de abastecimiento hídrico, la presión sobre los ecosistemas y contaminación de fuentes de agua, de acuerdo al índice de alteración potencial de calidad del agua (lacal), donde el sector industrial aporta la mayor carga orgánica, seguido del sector doméstico, siendo las áreas hidrográficas de Magdalena y Cauca las más afectadas por la concentración de industria y población (IDEAM (a), 2019), adicional, el porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas, que alcanzó un 53,12 % en 2021, un 55,07 % en 2022 y se estimó en 54,84 % para 2023, corresponde al estado del tratamiento de las aguas residuales urbanas en el país. Este indicador representa la relación entre el caudal medio tratado en las cabeceras municipales y el caudal medio vertido estimado de aguas residuales (Superservicios, 2024; Minvivienda, 2024). A su vez, considerando como a 2020, un 28% de la población colombiana no cuenta con instalaciones para el lavado de manos en el hogar (UNICEF, WHO, 2021), sumado a las limitaciones en otros entornos como el educativo, laboral informal, comunitario e institucional para el acceso a la higiene de manos con agua y jabón, y prevenir el COVID-19, entre otras futuras pandemias, es de valorar esta como medida a largo plazo, económica, sencilla y complementaria para la reactivación segura del país.

Sumado a esto, se encuentra la necesidad de implementar en el sector de agua potable y saneamiento la resiliencia al clima, teniendo en cuenta los impactos a causa de fenómenos meteorológicos y climáticos como la variabilidad climática y fenómenos extremos de precipitaciones y sequías intensas, lo que conduce a situaciones negativas en cuanto a disponibilidad y la calidad del agua potable, rendimiento negativo de la prestación de los servicios de saneamiento e higiene, y presión en los resultados relacionados con la salud humana. En el año 2023 se dispusieron 11.803.407,29 toneladas de residuos sólidos presentados en el marco del servicio público de aseo en el territorio nacional, las cuales presentan una disminución del 1,50% respecto al año 2022. Del total de municipios del país en el 91,7% se dispusieron los residuos sólidos en rellenos sanitarios, el 1,9% en botaderos a cielo abierto, el 1,2% en celdas de contingencia y el 0,2% en celdas transitorias (Informe Nacional de disposición Final de Residuos Sólidos 2023, SSPD, 2024). De acuerdo con el Informe sectorial de la actividad de aprovechamiento de la vigencia 2023 elaborado y publicado por la Superservicios en el 2024, para el año 2023 se reportaron en total 2.402.810,37 toneladas aprovechadas por 847 prestadores de los cuales 777 se encontraba en formalización progresiva (Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2023, SSPD, 2024).

De otro lado, los ecosistemas marinos además de estar amenazados por la variabilidad y el cambio climático y generar efectos en la salud de la población y el desarrollo regional, se ven enfrentados a soportar la dinámica del transporte de contaminantes producto del consumo y descarga de plásticos, haciendo que las poblaciones de manera indirecta consuman micro-plásticos a través de los productos alimenticios del mar, adicional a la exposición a contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados que llegan al mar por las aguas superficiales y subterráneas como resultado de actividades agrícolas, de dragado, industriales y mineras (OIEA, 2021), y las floraciones algales nocivas, las cuales aumentan DE 2016 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). se el riesgo de intoxicaciones por microalgas, especialmente en zonas insulares del país como San Andrés (Pineda, 2009). Para hacer frente a estas situaciones, es necesario el diseño e implementación de protocolos para la gestión intersectorial de las floraciones (INVEMAR, 2021); evaluar las tendencias históricas de la contaminación costera, su vigilancia y reducir al minimo la contaminación a través de la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas (OIEA, 2021); dado que de no hacerse frente de manera rápida e integral se tendrán efectos agudos y crónicos en la salud de la población y rezago en el desarrollo de las regiones del país, como lo reitera también la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (CCO, 2018) y el CONPES 3990 de 2020 (DNP, 2020).

En tal sentido, como reto del componente se plantea el fortalecimiento de la gestión intersectorial, la socialización, discusión, gestión e implementación de acciones enfocadas a impactar positivamente los determinantes socioambientales, partiendo de la identificación de problemas o situaciones de interés en salud ambiental que no pueden ser resueltos sectorialmente, sino que requieren del accionar conjunto de diferentes entidades y que debe ser acompañado por el conocimiento técnico y la voluntad política de los diferentes sectores. 7.1.3 Aire y salud Uno de los componentes de mayor impacto cuantificado es el de calidad del aire y salud, la cual está determinada por las interacciones entre emisiones de los procesos de sectores productivos como el industrial, agricultura, minería y transporte, por dinámicas sociales de consumo y la ubicación de los asentamientos humanos, la orografía, la climatología y las condiciones geomorfológicas, entre otras. A su vez, en las áreas urbanas las interacciones están moduladas por las dinámicas demográficas. Colombia, según proyecciones DANE para el 2023 tiene 52.215.503 de habitantes, de los cuales el 76,1% viven en cabeceras municipales (DANE, 2023), ello hace que se tengan mayores presiones en el recurso representada en mayores niveles de emisiones y personas expuestas a los mismos y, en consecuencia, el aumento en la magnitud de riesgo de enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Para la medición de la calidad del aire, en el año 2023, las autoridades ambientales del país operaron 23 SVCA, que incluyeron un total de 209 estaciones de monitoreo, de las cuales 192 fueron fijas, y 17, indicativas, la cobertura de los SVCA abarcó 19 departamentos y 94 municipios.

El estado de los sistemas y de las estaciones de tipo automático señala un mejoramiento en la oportunidad en la información, lo que a su vez mejora implementación y/o fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana frente a episodios de contaminación del aire (IDEAM, 2022). De otro lado, es necesario visibilizar que todas las estaciones no miden todo el contaminante criterio y que además 12 sistemas de vigilancia se encuentran acreditadas ante el IDEAM. Se destaca el constante incremento en especial del monitoreo del PM 2.5, que para el 2023 alcanzó un total de 144 estaciones, con el cual se aproxima cada vez más al número de estaciones de PM 10, que correspondieron a un total de 173 estaciones. En lo que respecta a los gases, pese al aumento gradual en el monitoreo, su incidencia sigue siendo baja, y representa menos del 30 % del total de las estaciones. Históricamente se ha monitoreado en mayor proporción el PM10(81% del total de las estaciones), y de manera consecuente es el contaminante que tiene una mayor representatividad temporal seguido del monitoreo de PMa2.s (66% de las estaciones). El material particulado ha sido el contaminante de mayor interés y preocupación, y, por ende, es el contaminante más monitoreado. Esto se debe a que históricamente ha alcanzado el > £. AL mayor número de excedencias normativas y la mayor representatividad de categorías del estado de la calidad del aire asociadas a efectos dañinos en la salud humana. En la actualidad los sistemas de vigilancia, así como la ubicación de las estaciones de monitoreo, según el protocolo, no contemplan parámetros o criterios de salud ambiental para su Ubicación.

Se requieren establecer de manera concreta cuales son los criterios de salud ambiental para la ubicación de las estaciones, de tal manera que se pueda disponer de la información de calidad del aire para el uso en salud ambiental y nos solamente criterios poblacionales y ambientales, especialmente teniendo en cuenta que ningún grado de exposición a contaminantes del aire es seguro para la salud humana (a pesar que cumpla con los niveles establecidos en la Resolución 2254 de 2017) y que el nivel de riesgo se distribuye de manera desigual. En ese sentido, diversos estudios desarrollados en el país señalan a la mala calidad del aire como el mayor factor de riesgo ambiental en el país, especialmente en áreas urbanas (Larsen, 2004), (IDEAM, lAvH, Invemar, SINCHI e l¡AP, 2013), (World Bank, 2014), (DNP (a), 2018), (INS (a), 2018). De otro lado el Global Health Data Exchange (GHDx), señala dentro de las diez primeras causas de muerte para todas las edades y ambos sexos en Colombia en 2019, la Enfermedad Isquémica del Corazón (EIC), los accidentes cerebrovasculares (ACV), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la Infección de vías respiratorias bajas (IHME, 2021); todas ellas con una fracción atribuible a la calidad del aire de 17,6%, 20,7%, 18,2% y 13,4% respectivamente (IHME-GBD, 2021). Estos resultados contrastan con los estimados por el INS, en el cual a la calidad del aire se le atribuyen 15.681 muertes que corresponden a una tasa atribuible de 719.18 por 100 mil habitantes por Enfermedad Isquémica del Corazón, EPOC, IRA, Enfermedad Cardiovascular y Cáncer de Pulmón (INS (a), 2018).

Así mismo, en el estudio de Degradación Actualización de la Valoración Económica de la Contaminación De Aire Urbano del año 2023 se estimaron en promedio 7754 muertes atribuibles a la exposición a PM25 en los municipios objeto de estudio en el año 2018. Frente al aire interior, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2022, 1,48 millones de hogares usa leña para cocinar, el 94,3% de ellos se ubica en el área rural y la mayoría se encuentra en los departamentos de Cauca, Córdoba, Nariño y La Guajira. Así mismo, el DNP estimó que la morbilidad relacionada con la contaminación del aire interior es de 1.180.551 casos y 2.348 muertes, en ese sentido la degradación ambiental medida a través de este componente supera los 3,1 billones de pesos (DNP (a) 2018) y afecta principalmente a menores de 5 años y mujeres. Por otra parte, si bien en el país se llevan a cabo quemas agrícolas controladas en diferentes tipos de cultivo, como por ejemplo la quema de caña en el departamento del Valle del Cauca, para las que se estableció la necesidad de realizar estudios epidemiológicos cada dos años, de acuerdo a la Resolución 532 de 2005, se encuentra necesario que el país oriente el desarrollo de este tipo de estudios bajo una perspectiva socioambiental que supere la perspectiva de riesgo. Así mismo, en cuanto a los componentes de ruido y olores ofensivos, se encuentran pocos avances en el país, especialmente frente a la medición del impacto sobre la salud.

En este sentido, se hace necesario una actualización de la norma que define las competencias del sector salud en materia de ruido y su armonización con las normas del sector trabajo, ambiental, y de vivienda, ya que se presentan diferencias en los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido y, la normatividad existente no permite identificar con claridad el alcance de competencias de las distintas autoridades involucradas en el tema. Lo descrito anteriormente hace un llamado a acciones intersectoriales que complementen lo que ya se hace a través de los documentos CONPES y otras iniciativas que se enmarcan en UA la misión del sector transporte, minero, vivienda, agrícola y salud, además, desarrollos normativos que tengan en cuenta las vías y modos de exposición, las exposiciones agudas y acumuladas, los niveles de riesgo por concentración de contaminantes y la mezcla de los mismos junto con sus efectos. 7.1.4 Variabilidad y cambio climático Los impactos en salud por variabilidad y cambio climático pueden clasificarse en directos e indirectos. Los directos están asociados a los efectos en salud que se presentan cuando ocurre la amenaza o pocos días después, como los golpes de calor y las lesiones de causa externa por inundaciones o deslizamientos debidos a precipitaciones extremas o, la evolución de cáncer de piel y cataratas por la exposición prolongada a radiación solar ultravioleta.

Los impactos indirectos mediados por ecosistemas, son entendidos como la influencia del clima sobre los ecosistemas y servicios ecosistémicos y las transformaciones de las condiciones “normales” del clima, que favorecen la presentación de enfermedades sensibles al clima, estas transformaciones pueden ser graduales o sensibles a fenómenos de variabilidad climática como El Niño o La Niña, o la Oscilación Madden y Julian, ejemplos de ello son las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) (malaria, leishmaniasis, enfermedad de chagas y otras arbovirosis: zika, dengue, chikunguña, fiebre amarilla), enfermedades transmitidas por el agua y alimentos (cólera, diarrea), las enfermedades respiratorias, accidentes ofídicos y las afectaciones producidas por aeroalergenos. Por su parte, los impactos indirectos mediados por instituciones, hacen referencia al impacto del clima sobre alguna matriz ambiental en interacción con los servicios psicosociales que generan la presentación de enfermedades por exposiciones acumuladas o enfermedades que ocurren durante, o poco después a la ocurrencia de la amenaza climática, por ejemplo: inseguridad alimentaria (malnutrición, desnutrición crónica y aguda), afectaciones y enfermedades en salud mental y enfermedades ocupacionales (IPCC, 2014). Un listado de las enfermedades sensibles al clima con opción para ser priorizadas en el país se encuentra en la tabla 4. Es así como en 2022, de los 3,9 millones de hogares rurales, el 9,5% reportaron haber sufrido eventos climáticos (inundaciones, desbordamientos, crecientes, arroyos, sequías, tormentas o vendavales) que afectaron la vida de algún integrante del hogar, con principalmente afectaciones en salud en un 56,3%, por enfermedades respiratorias (41,7%) y enfermedades tropicales (14,6% por zika, dengue, chikunguña y fiebre amarilla) (DANE (a) 2023).

Teniendo en cuenta la sensibilidad en salud por clima descrita anteriormente, las proyecciones de los escenarios de cambio climático, la baja capacidad de adaptación y qué la determina a nivel regional y nacional, junto con las múltiples conceptualizaciones y aproximaciones metodológicas para medirla, el país tiene grandes retos para enfrentar el riesgo climático en salud a nivel nacional y territorial, ya que si bien no es un mayor emisor de GEI, el país si es altamente vulnerable a la variabilidad y el cambio climático, por lo cual se requiere concentrar parte de los esfuerzos en procesos de adaptación intersectoriales y prevenir el aumento de la vulnerabilidad en salud. En este sentido, el abordaje de la variabilidad climática, el cambio climático y sus efectos en salud se ha trabajado desde múltiples frentes en el país. Las Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC han incluido componentes de salud, de esta forma en las Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) se definieron 2 metas especificas para el sector salud.

Así mismo, el Sector Salud tiene su Plan integral de Gestión de Cambio Climático PIGCCS que se está actualizando con medidas de adaptación y Co acciones de mitigación; el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado sistemas de alerta temprana; el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la mesa de cambio climático de la Conasa, emite el boletin de Clima y Salud, y existen antecedentes normativos como el CONPES 3700, la Ley 1931 de 2018, la Ley 2169 de 2021 de acción climática y desarrollo bajo en carbono, la NDC, el CONPES 4058 de 2022 y la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050), entre otros. Así mismo, se ha acompañado la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL), porque es crucial para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. No obstante, los retos actuales requieren transitar desde un enfoque descriptivo hacia la consolidación de marcos conceptuales y operativos que articulen la gestión del riesgo, la adaptación, la resiliencia y la reducción de desigualdades. Para ello, es fundamental integrar el componente climático dentro de los sistemas de información como el SUISA, fortalecer la capacidad institucional de respuesta en salud ambiental, promover la participación comunitaria en la adaptación territorial, e implementar medidas concretas a partir de la evidencia, con enfoque diferencial.

De manera prioritaria, el país debe asegurar que las acciones en salud ambiental respondan a escenarios de cambio climático con base en análisis de vulnerabilidad, mapas de exposición, indicadores climático-sanitarios, y protocolos operativos que guien la acción en territorio. Esto implica consolidar procesos intersectoriales para la adaptación en salud (como lo define la Actividad 1 del plan de acción de la PISA), fortalecer los COTSA como instancia operativa, y diseñar proyectos tipo adaptativos que integren soluciones basadas en la naturaleza, tecnologías apropiadas y participación de las comunidades. La reducción de la carga de enfermedad asociada a fenómenos climáticos no será posible sin una gobernanza coordinada entre sectores, soportada en evidencia cientifica, capacidades locales y mecanismos efectivos de financiamiento. 7.1.5 Zoonosis Reconociendo tas enfermedades zoonóticas como un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos, donde su aumento puede atribuirse a factores como el comercio, el turismo, la expansión agricola, la deforestación, la urbanización, entre otros, así como al incremento de la tasa de contacto entre poblaciones humanas, animales domésticos y fauna silvestre (Daszak, 2000:2001); su impacto no solo radica en el daño a la salud pública, sino en las pérdidas económicas, lo cual convoca a integrar acciones de sectores de salud humana, animal y ambiental. De los 1.415 patógenos humanos conocidos, el 61% son zoonóticos. Sin embargo, de los patógenos que causan enfermedades infecciosas emergentes, el 75% son zoonóticos, siendo la vida silvestre una fuente cada vez más importante. Esto no es sorprendente, ya que las no zoonosis probablemente ya serán endémicas, mientras que las zoonosis de especies domesticadas probablemente surgieron durante milenios de estrecha asociación con los humanos (Cunningham, 2005).

Para el pais, las zoonosis priorizadas según su transmisión, gravedad, potencial pandémico y epidémico, impacto económico, prevención y control, e impacto ambiental, corresponden a: * Influenza aviar. +. Brucelosis. Leptospirosis. + Virus de encefalitis equina (Encefalitis Equina del Oeste, Encefalitis Equina Venezolana, Encefalitis del Nilo Occidental, y Encefalitis Equina del Este). *« Tuberculosis zoonótica. + Rabia (CDC, 2022). En este sentido, se presenta la situación de las zoonosis priorizadas a nivel nacional, las cuales se han abordado tradicionalmente desde estrategias como la promoción, prevención, vigilancia y control sanitario y ambiental, buscando en conjunto la reducción de la morbimortalidad por factores ambientales del deterioro ambienta! y la promoción del manejo sostenible de los recursos naturales. Influenza aviar. Si bien la mayoría de tos virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos, algunas cepas de la influenza aviar tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la salud (OPS/OMS, 2023).

Por esto, y como respuesta a los brotes de influenza aviar que se presentaron en Asia, Colombia mediante la Ley 1255 de 2008 declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria la preservación del estado sanitario de país libre de influenza aviar de alta patogenicidad, lo cua! lo condujo a declararse por medio de la Resolución 1610 de 2010 emitida por el instituto Colombiano Agropecuario - ICA ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), libre de influenza aviar y obtener el estatus de pais libre sin vacunación, y con el Decreto 1071 de 2015 expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su Título 6, Capitulo 3, Articulo 2.13.6.3.1 reglamentó el Artículo 17 de la Ley 1255 de 2008 por el cual el pais tomará las medidas necesarias para la preservación de este estatus. De 2021 al 24 de octubre del 2024, 19 paises y territorios de Las Américas notificaron a ta Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) 2.950 brotes de influenza A(H5N1) en aves domésticas y silvestres: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Islas Malvinas, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. Durante este mismo período, se registraron 640 brotes de influenza aviar A(H5N1) en mamíferos que causaron morbilidad y mortalidad en más de 60 especies de mamiferos, su mayoría carnívoros, en siete países de la Región: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay (ganado lechero, alpacas, ratones domésticos, perros, gatos, visones de granja, focas, leones marinos, porcinos).

En 2024 hasta el 24 de octubre, seis países notificaron 242 brotes en aves (Brasil, Canadá, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos) y tres paises habian notificado 340 brotes en mamiferos (Argentina, Canadá y Estados Unidos). Desde 2022, y hasta el 28 de octubre del 2024, se ha detectado 37 casos humanos influenza aviar A(H5N1) clado 2.3.4.4b en Estados Unidos. Se notificá un caso en 2022 y se han notificado 36 casos en varios estados durante el 2024, de los cuales 20 relacionados con ganado lechero infectado, 15 con aves de corral infectadas y en un caso ta fuente de exposición sigue siendo desconocida. Además, se han notificado dos casos humanos en América Latina, el primero a principios del 2023 en la provincia de Bolívar en Ecuador, y el segundo en la región de Antofagasta en Chile en marzo del 2023. El caso en Ecuador fue una niña de nueve años de una zona rural que tuvo contacto con aves de traspatio, mientras que el caso en Chile se notificó en marzo del 2023, en un hombre de 53 años de la región de Antofagasta, cerca de la costa donde previamente se habian detectado aves marinas infectadas con H5N 1. Hasta la fecha, no se ha identificado la transmisión de persona a persona del virus de la influenza A(H5). (OPS, 2024). En respuesta a esta emergencia sanitaria, el Instituto Colombiano Agropecuario ha conformado a nivel nacional y regional equipos para la gestión de los brotes con dedicación exclusiva a la emergencia, asi mismo han contado con la participación del sector productivo. Lo anterior en cumplimiento al programa de Influenza Aviar en el país, que se encuentra 1ULO regulado por la Resolución 3655 de 2009 “Por medio de la cual se adopta el programa de prevención y vigilancia de la influenza Aviar en Colombia”. Brucelosis.

La brucelosis, también conocida como “fiebre ondulante”, “fiebre mediterránea” o “fiebre de Malta” se transmite casi invariablemente por contacto directo o indirecto con animales infectados o sus productos. En Colombia es considerada como una de las enfermedades a las que se le aplican medidas sanitarias según el Decreto 1071 de 2015 emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su Título 3, Capítulo 1, Artículo 213314. Frente a la brucelosis en animales de producción, entre 2020 y 2024 el ICA reportó 2.419 focos de brucelosis en Colombia, ubicados en 22 departamentos, principalmente con afectación en bovinos, bufalinos y ovinos. La cantidad de predios en saneamiento por Brucelosis bovina en el territorio nacional alcanza un total de 1.672, el departamento que más concentra focos en animales de producción para el 31 de diciembre de 2024, corresponde a Antioquia con el 48,62% (n=813), Cundinamarca con el 13,34% (n=223), Nariño con el 7,24% (n=121) y Caquetá con el 3,77% (n=63) (ICA, 2024). Al respecto, para el periodo 2022 a 2024 fueron atendidos en el país 3.240 personas con diagnóstico principal de brucelosis. Leptospirosis. En América Latina, los dos principales grupos de riesgo para leptospirosis (en humanos) son los habitantes de barrios marginales urbanos y los agricultores de subsistencia. A menudo hay una fuerza constante de infección como resultado de reservorios de animales infectados, incluidos roedores, ganado y perros (INS (b), 2020). En Colombia también es considerada como una de las enfermedades a las que se le aplican medidas sanitarias según el Decreto 1071 de 2015 emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su Título 3, Capítulo 1,