Por el cual se adiciona el Título 16 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA) y se dictan otras disposiciones

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Más de 1.800 millones de personas viven en asentamientos informales o en viviendas inadecuadas, con acceso limitado a los servicios esenciales como el agua, el saneamiento o la electricidad, y a menudo bajo la amenaza del desalojo forzoso.' En Colombia la Estrategia de Vivienda Saludable tiene antecedentes en el contexto de la atención primaria en salud, en desarrollo de acciones para el mejoramiento de las viviendas y el entorno como manejo casero del agua, instalación de tasas sanitarias, traslado de cocinas de las áreas de dormitorio a áreas exteriores, eliminación de excretas, manejo de residuos sólidos y líquidos y fumigación de viviendas y entornos.

Esta intervención, como todas las enmarcadas en las estrategias de Entornos Saludables, ha tenido una evolución conceptual y metodológica que se concretó en el año 2006 con el documento de política “Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables”; y luego en el 2016, de manera intersectorial en la Mesa de Entornos Saludables del Nivel Nacional se formularon los Lineamientos Nacionales de Entornos Saludables, los cuales tienen el propósito de dar lineamientos marco a los sectores nacionales y a los entes territoriales, para promover intervenciones, actividades y/o acciones en los entornos que aporten al desarrollo sostenible, al desarrollo humano y a la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades, mediante intervenciones integrales enmarcadas en procesos articulados sectorial e intersectorialmente, con participación activa * https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/human-right-adequate-housing ao 1015 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se de los diferentes actores; y con enfoque diferencial en respuesta a las necesidades de la comunidad, como estrategia fundamental para la intervención de los determinantes sociales sanitarios y ambientales. Estos lineamientos, como los documentos de las estrategias de los entornos hogar, educativo, comunitario, laboral con énfasis en la informalidad y el lineamiento del entorno institucional, se encuentran armonizados con las definiciones? y orientaciones contenidas en la Resolución 3280/2018 y su anexo técnico que adopta la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud.

Estas estrategias buscan la ejecución de actividades que promueven entornos con condiciones favorecedoras de la salud, así como procesos que promuevan la adquisición y el fortalecimiento de conocimientos y prácticas de las personas, familias y comunidades que habitan en el ámbito rural y urbano, relacionadas con la capacidad de las personas para cuidar de su propia salud, la del otro y del ambiente, en el marco de los componentes de la salud ambiental. En este sentido, en el país se ha venido implementando los lineamientos y estrategias de entornos saludables. Así, para el año 2022, 21 direcciones territoriales de salud departamentales posicionaron los entornos saludables en los Planes Territoriales de Salud, construyeron planes de acción intersectoriales, abordaron comunidades étnicas y articularon las acciones de salud ambiental con otros temas en salud pública. La estrategia del entorno hogar se implementó en 334 municipios, caracterizando aproximadamente 80.000 viviendas, se abordaron con la estrategia 109.000 viviendas, 110.000 familias y 215.000 personas, de las cuales 23.000 mejoraron sus prácticas relacionadas con los componentes de salud ambiental, y se capacitaron 1.333 agentes comunitarios. La estrategia del entorno educativo fue implementada en un total de 249 municipios. La estrategia del entorno laboral con énfasis en la informalidad fue implementada en un total de 234 municipios, abordando un total 11.000 trabajadores informales, de los cuales 7.000 cambiaron sus prácticas relacionadas con las condiciones de trabajo y las prácticas relacionadas con los componentes de salud ambiental. La estrategia del entorno comunitario fue implementada en un total de 274 municipios, se identificaron 569 organizaciones sociales y comunitarias y líderes comunitarios, capacitando o sensibilizando a 373 lideres para promover buenas prácticas en los temas de salud ambiental.

Los datos para el año 2023 se resumen en: La estrategia del entorno hogar se implementó en 172 municipios, se caracterizaron en total 254.000 viviendas, se abordaron con la estrategia del entorno hogar 169.000 viviendas, 168.000 familias y 616.312 personas, y se capacitaron 694 agentes comunitarios. La estrategia del entorno educativo se implementó en 216 municipios, La estrategia del entorno laboral con énfasis en la informalidad fue implementada en un total de 116 municipios, y la estrategia del entorno comunitario fue implementada en un total de 302 municipios. Los datos muestran los resultados positivos del acompañamiento y asistencia técnica a las áreas de salud ambiental de las direcciones territoriales de salud, concluyendo que se ha posicionado la implementación de intervenciones poblacionales y colectivas de que trata la Resolución 3280 de 2018 a través de las estrategias de entornos saludables en el marco de los componentes de salud ambiental. El desarrollo urbano tiene el potencial de hacer que las ciudades sean un motor para el desarrollo socioeconómico de los países. No obstante, si no se planifica ni gestiona de manera correcta, puede provocar daños en los ecosistemas y contribuir directamente a ? Los entornos definidos como “los escenarios de la vida cotidiana en los cuales los sujetos se desarrollan, donde constituyen su vida subjetiva, construyen vinculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y politica de la sociedad a la que pertenecen.

Son escenarios configurados por dinámicas y por condiciones sociales, fisicas, ambientales, culturales, políticas y económicas, donde las personas, las familias y las comunidades conviven y en los que se produce una intensa y continua interacción y transformación entre ellos y el contexto que les rodea” DECRETO 4 a A 20) E incrementar los efectos negativos del cambio climático sobre los asentamientos humanos y las personas (ONU-Habitat, 20160). Pese a que las ciudades representan menos del 3% de la superficie habitable del planeta, suponen el 75% de las emisiones globales de CO2, están llamadas a liderar la lucha contra el cambio climático. Una de las formas por las cuales las ciudades pueden lograr este objetivo es a través de la infraestructura verde urbana (IVU) y las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Adicionalmente, es importante mencionar qué, ya se cuenta con la decisión 16/19 en donde se establece el Plan de Acción Global de Biodiversidad y Salud como uno de los resultados obtenidos en la Conferencia de las Partes, COP 16, sobre Biodiversidad. La IVU es una herramienta que proporciona beneficios ecológicos, económicos y sociales a través de este tipo de soluciones. Dicho de otro modo, la IVU proporciona una red de interconexión urbana con la naturaleza, áreas semi-naturales y espacios verdes, que brindan servicios ecosistémicos, que sustentan el bienestar humano y la calidad de vida.

La incorporación de la IVU a las ciudades y centros urbanos pueden brindar numerosos beneficios, como el manejo sostenible de las aguas pluviales, reducir el impacto de las olas de calor y regular la temperatura, mejora de la calidad del aire y de la calidad del agua, mitigar los efectos de la sequía, amortiguar el ruido, aumentar la biodiversidad, reducir los procesos erosivos, así como proporcionar servicios culturales. De acuerdo a un estudio del BID, la infraestructura verde puede gestionarse de manera más adaptable que las inversiones en infraestructura gris, que tienden a ser más costosas de modificar tras su construcción inicial. La adopción de infraestructura verde puede ayudar a cerrar la brecha de inversiones de infraestructura mediante la mejora de los servicios que brinda la infraestructura gris. En muchos casos, dada la complejidad del entorno urbano las soluciones híbridas permiten maximizar la eficiencia de infraestructura gris existente mediante la incorporación de IVU. Bajo este marco, la infraestructura verde urbana -IVU- surge como una herramienta de planificación y gestión urbana fundamental para fortalecer las relaciones entre el hombre y la naturaleza y para reducir la dicotomía entre lo natural y lo construido. La infraestructura verde urbana en las grandes ciudades es una gran sombrilla desde donde pueden implementarse soluciones basadas en la naturaleza, en aspectos como la protección contra las inundaciones, la regulación de la temperatura, la purificación del aire y el agua, el suministro de energía y de alimentos cultivados localmente, y beneficios para la salud asociados a la interacción con la naturaleza (IPBES, 2019), este último especialmente en la pérdida de años de vida saludable por contaminación del aire, desastres, y los efectos de las islas de calor sobre el riesgo cardiovascular, la exposición a ruido y la salud mental.

En este sentido, teniendo en cuenta que actualmente el 56% de la población mundial reside en ciudades, mientras en América Latina y el Caribe, dicho porcentaje de urbanización alcanza el 81 % (UN-HABITAT, 2020), para Colombia se estima que para el año 2050 esta proporción puede ser mayor del 85% (Álvarez Carlos, et al. 2021), lo cual implica un mayor número de personas expuestas a los aspectos positivos y negativos de dinámicas urbanas, que ya son visibles en las ciudades de categoría especial, y 1 y 2 del país, sobre las cuales aún no se tienen iniciativas concretas que amortigúen el problema a través de soluciones basadas en la naturaleza, y que complementen las ya establecidas en otras políticas o normas de calidad del aire, transición energética, y transporte, entre otras. Es así como a nivel mundial y en Colombia, se reconoce cada vez más que las zonas verdes, los bosques urbanos y los árboles de las calles pueden contribuir a mejorar la calidad del aire con reducciones asociadas a riesgos para la salud (IPBES, 2019). La presencia de áreas verdes es un factor determinante de la calidad en el entorno residencial y está directamente relacionada con una menor prevalencia de distintos grupos de enfermedades, destacando la importancia de las áreas verdes para niños y grupos socioeconómicamente desfavorecidos (Maas et al., 2009). La contemplación de paisajes naturales en un contexto de actividad física está relacionada con la reducción del estrés y la adecuación del ritmo cardiaco (Pretty et al., 2005). El papel moderador del estrés de la experiencia de la naturaleza se ha constatado, en particular, en los niños (Corraliza et al., 2012; Louv, 2008).

También existe una clara relación entre la proximidad de áreas verdes al lugar de residencia y el indice de masa corporal en niños, demostrándose que la presencia de teselas de arbolado accesibles y bien conectadas inciden positivamente en este indicador de salud (Kim et al., 2016). Adicionalmente la existencia de espacios verdes influye positivamente en la actividad física (Toftager et al., 2011) y en la longevidad de personas mayores (Takano et al., 2002). Las consecuencias del cambio climático y las externalidades negativas de crecimiento urbano van a afectar desproporcionadamente a los más pobres. El cuidado de la conexión de la ciudad con su entorno puede ayudar a paliar los perjuicios. En un trabajo donde estudian la inequidad en el acceso al espacio abierto en 274 áreas metropolitanas estadounidenses entre 1990 y 2000 (McDonald et al., 2010) encontraron que las áreas metropolitanas que habian dedicado mayor financiación a la conservación y con una planificación más restrictiva del fenómeno de la dispersión urbana, disminuyeron el consumo de suelo per cápita.* En ese sentido, en el marco del ordenamiento territorial se requieren metodologías para identificar las islas de calor actuales y futuras en las zonas urbanas, como herramienta para la prevención del riesgo cardiovascular y la promoción de la salud mental, así como identificar el potencial de una mayor cobertura forestal urbana que contribuya a la captura de CO, y la disminución de la incidencia de enfermedades respiratorias en municipios de categoría especial y categorías 1 y 2, por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar.

De manera paralela, el pais requeriría avanzar en la implementación de proyectos arquitectónicos verdes, contemplando como posibilidades los techos verdes intensivos y extensivos, muros verdes y muros vegetales y sus ganancias en salud mental, disminución del riesgo cardiovascular, aumento de biodiversidad, sistemas de energía renovable, y producción agroalimentaria sostenible, lo cual requerirá de negociaciones con privados, esquemas de democratización y de incentivos gubernamentales. Así mismo, el implementar corredores ecológicos en la periferia de los municipios y su conectividad con los espacios públicos para mejorar la salud mental, y disminuir el riesgo cardiovascular mediante un modelo geo-demográfico que incluya elementos clave como: los espacios en los que confluyen elementos de la naturaleza y la actividad humana, las franjas vegetales, parques lineales, calles y corredores peatonales y viales, deberá prevenir problemas con mayor afectación en el entorno de las viviendas como: presencia de insectos, roedores (15.8%), Ruidos molestos provenientes del exterior (11%), Malos olores procedentes del exterior (8.7%), Presencia de basuras en las calles, caminos, senderos y espacios públicos (8.6%), Contaminación del aire (8.4%), Presencia de animales que causan molestias (7.5%), Invasión del espacio público (6.5%), Contaminación en ríos, canales, lagos 3 Ciudades del futuro: habitables, inteligentes y sostenibles. n.* 115 Junio 2016 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). se y embalses (6.1%) donde a 2024 los hogares indicaron que estos se presentan muchas veces o siempre (DANE (a) 2024) *.

Aceptando que la infraestructura (www.rae.es, Real Academia Española) es el “Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.” la infraestructura verde o ecológica estará formada por los elementos naturales identificados por su capacidad para contribuir al funcionamiento de la sociedad y concretamente facilitar el flujo de bienes ecosistémicos. * Según la ONU, el 54% de la población mundial vive en ciudades y para el año 2050 esta cifra será del 66%. Actualmente en Latinoamérica esta cifra aumenta hasta el 80%, convirtiéndola en la región más urbanizada del mundo. Por este motivo, las amenazas climáticas que enfrentan las ciudades afectan a una gran proporción de la población latinoamericana. Según el Carbon Disclosure Proyect (CDP), las mayores amenazas a los que están expuestas las ciudades son las inundaciones, las olas de calor, las sequías y las tormentas”. Por tanto, avanzar en infraestructura verde aportaría también a evitar cerca de 15.681 muertes atribuidas a la mala calidad del aire (INS (a), 2018) principalmente en las grandes ciudades, con consecuentes beneficios para la economía del país, ya que los costos alcanzan alrededor de 12,3 billones de pesos, cifra que equivale al 1,5% del PIB de 2015 (DNP (a), 2018). Lo anterior, se contrasta con el promedio de dotación de espacio público por habitante, la cual a 2017, fue de 4,39 m“/habitante (DNP, 2017), lo que representa la tercera parte de lo recomendado por la OMS (10 a 15 m?/hab) y lo definido como espacio mínimo (15m/hab) en el Decreto 1077/2015. Este indicador se utiliza para medir la disponibilidad de espacio público, como parques, zonas verdes, plazoletas, etc., por persona.

Adicionalmente, el proceso de urbanización en Colombia ha conllevado consigo la aparición y persistencia de un alto número de hogares que viven en asentamientos precarios, que han surgido sin el cumplimiento de las normas urbanísticas definidas en los respectivos POT y que se caracterizan por la presencia de viviendas inadecuadas y deficiencias de accesibilidad, servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial, espacio público y equipamientos comunitarios. Así, Colombia alcanzará a 2034 una tasa de urbanización del 76,7% concentrada en su Sistema de Ciudades, que albergará el 80,1% de la población urbana (DANE (b) 2021). Las tasas de urbanización vendrán de la mano con el crecimiento de la huella urbana y de las ocupaciones informales que incrementarán la precariedad, los conflictos sociales y ambientales, la presión sobre la ocupación del suelo rural, y la demanda de nuevos recursos, entre ellos de transporte y servicios públicos e infraestructura vial. Según datos del Atlas de Expansión Urbana (DNP-NYU, 2017), en la primera década del siglo XXI, la huella urbana en Colombia creció alrededor de un 40%. Frente a la situación sanitaria de las acciones de IVC realizadas por las secretarias de salud a nivel nacional, a los establecimientos que brindan un bien o un servicio, en el año 2023 se cuenta con un total de 481.703 de establecimientos registrados, realizando vigilancia sanitaria a un total de 49.6% (239.233), identificando que el 43.9% (105.099) cuenta con concepto favorable, 50.7% (121.401) favorable con requerimientos y un 5.41% (12.955) concepto desfavorable.

Adicional, conforme al reporte se tiene un estimativo de 2.809 medidas sanitarias aplicadas. 4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/pres-ECV-2024. pdf 5 Ciudades del futuro: habitables, inteligentes y sostenibles. n.* 115 junio 2016 S Infraestructura Verde Urbana l: Retos, oportunidades y manual de buenas prácticas. Banco Interamericano de Loputibenia División de Vivienda y Desarrollo Urbano, División de Cambio Climático. NOTA TÉCNICA No IDB- N-02185 2016. Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con ta Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se De otra parte, la situación de habitabilidad en términos de ambiente construido, se relaciona con contar con medios seguros y sostenibles para el transporte activo (desplazamientos a pie o en bicicleta) y el transporte público, al reducir la siniestralidad vial, mejorar la frecuencia de la actividad física, reducir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles y atribuidas a la calidad del aire, la obesidad y mejoras en la salud mental, a la par a disminuir contaminantes del aire, el ruido y los gases de efecto invernadero. Es así como en términos de siniestros viales, estos constituyen la octava causa de mortalidad en el país. En 2024 se presentó una tasa de mortalidad de 15,24 muertes por 100.000 habitantes, para un total de 8.030 fallecidos.

Del total de fallecimientos presentados por siniestralidad vial, los hombres registraron el 82,1% de casos fatales y las mujeres el 17,9%, siendo la franja de edad entre los 15 y 35 años donde se presentó el 37,1% de la mortalidad. A su vez, el 83,58% de las muertes se concentra en usuarios viales de mayor vulnerabilidad como son los usuarios de motos y peatones, con un 61,88% y 21,7 % respectivamente (ANSV, 2024). Esto se debe entre otros factores a una deficiente infraestructura, falta de movilidad segura e incluyente, a vehículos inseguros y fallas en la responsabilidad post atención del siniestro vial, para lo cual el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022- 2031, adoptado mediante el Decreto 1430 de 2022, busca reducir al 50% el número de fallecidos por siniestros viales y proteger la vida e integridad de los actores viales ante los riesgos derivados de la siniestralidad vial. De acuerdo con el Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud a víctimas de accidentes de tránsito (SIRAS), durante el 2024 se reportaron 407.302 personas victimas de siniestros viales y 880.680 atenciones en salud.

En este sentido, el pais ha avanzado en el cambio hacia una movilidad sostenible y el uso de combustibles más eficientes para disminuir las emisiones en el aire y disminuir los impactos en salud, a través del CONPES 3934 de 2018 “Política de crecimiento verde”, el CONPES 3943 de 2018 "Política para el Mejoramiento de la Calidad del Aire”, el Plan Nacional de Acción para la Biodiversidad y la decisión de la COP 16 frente a Biodiversidad y Salud, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, el Programa de Modernización de Vehículos de Carga, los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, la Ley 1972 de 2019 para reducir las emisiones por fuentes móviles, adiciona! a los incentivos a la movilidad activa y la integración de los modos de transporte de acuerdo a los contextos socioculturales específicos, planteados en el CONPES 3991 de 2020 o Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, y la Ley 1964 de 2019, la cual promueve el uso de vehícutos eléctricos, la Ley 2294 de 2023, la cual establece el Piar Nacional de Desarrollo 2022-2026, en donde se impulsa la movilidad segura y sostenible y la Estrategia 4.2.4.1 Capacidades en salud ambiental Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial.