Por el cual se adiciona el Título 16 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA) y se dictan otras disposiciones

De otro lado, de acuerdo con estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), y el Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL) y otros combustibles de uso ineficiente y altamente contaminante para la cocción doméstica de alimentos, se encuentra como este tipo de planes favorecería cerca de 1.3 millones de hogares a 2050, reduciendo riesgos en salud pública, especialmente para mujeres, niños y adultos mayores, debido a la contaminación del aire interior, y efectos en salud por enfermedades respiratorias y cardiovasculares (UPME, 2025). Por tanto, avanzar en el mejoramiento de infraestructura para la generación de energía renovable no tradicional, tener mayor flota de transporte electrificado e infraestructura de carga, y avanzar en la sustitución de leña en el sector residencial, especialmente en las zonas rurales y urbanas periféricas, mejorarán las condiciones ambientales (al descarbonizar los sectores, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética, disminuir la concentración de contaminantes primarios del aire y precursores, y mantener estructuras ecológicas que prevengan riesgos de emergencias y desastres), y los efectos sobre la salud de la población en eventos como Infecciones respiratorias Agudas (IRA), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), episodios de asma, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, lo cual también se encuentra manifiesto en el Plan Energético Nacional 2020 - 2050 (UPME b, 2019).

Consecuentemente, un medio para avanzar en la transición energética justa, implica acoger las propuestas hechas en la Estrategia Climática de Largo Plazo del país (E2050), las metas sectoriales de adaptación y mitigación de la Contribución Nacional Determinada, y generar planes progresivos para contar con una matriz energética diversificada y descarbonizada que logre atender la demanda a través de fuentes renovables, permita el acceso y democratización de recursos limpios, el uso de tecnologías más eficientes, reduzca los conflictos ambientales y promueva la participación de las comunidades a lo largo de toda la vida útil de los proyectos. Por tanto, resulta necesario que de manera paralela se aborden preocupaciones y percepciones de las comunidades sobre posibles impactos de proyectos energéticos en la salud y el armbiente, desde la evidencia técnica, la transparencia y acceso a la información, e integrar a la planificación del territorio y el ordenamiento ambiental, la planificación energética de forma que se articule con instrumentos territoriales y climáticos, que faciliten la transición y expansión energética hacia energías limpias (UPME, 2025). Así mismo, es importante reconocer que la conflictividad socioambiental asociada a las actividades extractivas, refleja la necesidad de mayor bienestar para las poblaciones, donde en el marco de los Diálogos Sociales para la construcción de la Hoja de Ruta de Transición Energética Justa, realizados por el Ministerio de Minas y Energía en diferentes regiones del país, se expuso que, en las zonas del país donde se ha establecido una economía dependiente del sector minero-energético, no siempre ha mejorado la calidad de vida y el bienestar. A su vez, se indicó que la participación no ha sido prioritaria en la instalación y ejecución de los proyectos (Minenergía (c) 2023). Por su parte, la implementación de proyectos de energías renovables tampoco ha estado exenta de conflictividad.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que las energías renovables por sí mismas no garantizan la equidad ni la justicia social; por lo que, los gobiernos deben establecer medidas, políticas e instrumentos adecuados que aseguraren condiciones de justicia, acceso equitativo y bienestar para las comunidades involucrada, así como, mecanismos de participación y beneficios compartidos que permitan que la transición energética sea efectivamente justa e inclusiva (PNUMA, 2025). 4.1.2 Matriz productiva La matriz productiva del país se concentra en la exportación de productos primarios relacionados con recursos naturales, como materias primas sin valor añadido y escasa innovación (Ocampo, 2020) y con una débil vinculación a las grandes cadenas internacionales de valor y predominio de la economía informal (Malamud 8 Núñez, 2021). Por su parte, el Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas — EJAtlas) registró 144 conflictos ambientales en Colombia a cierre del año 2024. Diversos estudios evidencian que la mayoría de los conflictos se concentran en sectores extractivos, en particular mineria, combustibles fósiles, biomasa y conflictos por la tierra (bosques, agricultura y ganadería), y gestión del agua, lo cual ayuda a comprender el impacto del modelo extractivo sobre la conflictividad socioambiental del país (EJAtlas 2024; Pérez-Rincón, 2020; Martínez-Abello, 2024). Estos patrones continúan, cuando se contrastan con análisis previos realizados por la Universidad del Valle (2016), donde, el 50 % de los conflictos estuvieron asociados a la posesión de tierras y los derechos de acceso al agua y a las áreas protegidas, en especial los proyectos de extracción de agropecuarios o ganaderos, mineros y de explotación de hidrocarburos.

En relación con los impactos sociales, se identificó la afectación del ambiente con el 13 %, la seguridad alimentaria con el 10 %, y los derechos territoriales con el 9%, en DECRETO 2. , UA especial por el desarrollo de proyectos mineros y de explotación de hidrocarburos que afectan principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes (Universidad del Valle, 2016). Entre los impactos en salud se destacan enfermedades respiratorias, desnutrición y enfermedades infecciosas, que concentran el 53,4 % de los eventos (Pérez, 2016). Pese a que una parte importante de los proyectos, obras o actividades del sector minero- energético (minería, hidrocarburos y de generación de energía) requiere licencia ambiental previo a su desarrollo bajo los términos de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la normativa reglamentaria, los proyectos del sector agropecuario se gestionan principalmente mediante otros instrumentos de manejo y control ambiental y no a través de licencia, salvo cuando incorporan obras o actividades expresamente listadas como sujetos de licenciamiento (Minambiente, 2022). En este sentido, los estudios en los que se basan estas autoridades, como el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental para evaluar la aprobación de la licencia ambiental, se centran principalmente en la identificación y valoración de impactos sobre los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos del ambiente, sin incorporar de manera sistemática la evaluación de impactos en salud de las poblaciones en el área de influencia.

Esta situación, evidenciada por análisis de la Contraloría General de la República (2014), del Ministerio de Salud y Protección Social junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2016) y del Instituto Nacional de Salud (2018), consideran pertinente la inclusión de la evaluación de impactos en salud en el proceso de licenciamiento ambiental, con el propósito de conocer los potenciales efectos sobre la población y establecer medidas para prevenirlos, mitigarlos y controlarlos. Lo anterior, cobra relevancia cuando se observan tanto las metas de producción como las tendencias de crecimiento de los sectores productivos. Teniendo como indicadores representativos: (i) la producción de aceite de palma crudo, esta presentó un incremento acumulado del 20% entre 2018 y 2023, pasando de 1,5 millones a 1,84 millones de toneladas (Minagricultura, 2018; Fedepalma, 2024); y (ii) la producción de oro asociada al pago de regalías reportó un crecimiento de alrededor 70 % entre 2018 y 2023, pasando de 35.974 kg a 61.297 kg y concentrándose principalmente en departamentos como Antioquia y Chocó (UPME, 2024). Se evidencia la necesidad de integrar criterios de salud en los procesos de evaluación de viabilidad del aprovechamiento de recursos naturales, entre otros instrumentos, en los asociados al otorgamiento de la licencia ambiental, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales. En este sentido, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA (2024) viene implementando estrategias orientadas a mejorar el licenciamiento y el seguimiento ambiental, que fortalecen la planeación de las actuaciones, la calidad y disponibilidad de la información, así como la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales.

Así, se ha identificado que en el avance progresivo de la integración de criterios de salud en los procesos de toma de decisión sobre el aprovechamiento de recursos naturales, constituye una prioridad la revisión del proceso de licenciamiento ambiental de los proyectos, obras o actividades de los subsectores de minería, hidrocarburos y generación de energía, así como aquellos que no estando incorporados en el listado taxativo de los que requieren licencia ambiental, generan importantes transformaciones en las dinámicas territoriales. 4.1.3 Matriz económica La economía colombiana es una de las menos diversificadas, al depender en un 70% de la exportación de bienes primarios con base en recursos naturales como petróleo crudo, el carbón, entre otros minerales, y donde los ingresos no petroleros, correspondientes al sector manufactura y servicios, son bajos (OCDE, 2022)(Ocampo, 2020). Lo anterior, evidencia la necesidad de diversificar la productividad del país, reducir la volatilidad del ingreso por la dependencia en la extracción de recursos naturales, y lograr su sostenibilidad, donde a pesar de que esta extracción representa el 2% del PIB, no ha permitido reducir la pobreza, desigualdad e informalidad del mercado laboral, las cuales son de las más altas de América Latina (OCDE, 2022). En términos de la producción de bienes y servicios representados en el PIB, en 2023 se presentó un crecimiento del 0,6 % respecto a 2022, con una proyección de entre 1,5 % y 2 % para 2024 (DNP, 2024). Persisten condiciones de vulnerabilidad social, con un 34,6 % de colombianos en condición de pobreza monetaria, un 12,6 % en pobreza monetaria extrema y desigualdad con un índice de Gini de 0,553 (DANE (a), 2024).

En comparación, en 2019 la pobreza monetaria se situaba en 35,7 % y la pobreza extrema en 9,6 % (DANE (a), 2024), incrementos asociados, entre otros factores, a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 (DNP, 2024). Por su parte, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional alcanzó el 11,5% en 2024, concentrándose en un 7,8 % en cabeceras y un 24,3 % en centros poblados y rural disperso (DANE (b), 2025). En la dimensión de vivienda, la falta de acceso a fuente de agua mejorada presenta la mayor incidencia, con un 8,6 % de los hogares, seguida de la inadecuada eliminación de excretas (9,1 %), el hacinamiento crítico (6,1%), material inadecuado de pisos (4,9 %) y de paredes (2,1 %) (DANE (b), 2025). En áreas rurales se registran brechas significativas, con un acceso a fuentes de agua mejorada del 33,7 %, inadecuada eliminación de excretas del 19,5 % y material inadecuado de pisos en el 18,1% de hogares (DANE (b), 2025). Sumado a esto, se encuentra la necesidad de satisfacer necesidades básicas como aceleradores del crecimiento económico y mejores condiciones de vida y trabajo. Si bien Colombia en cabeceras al año 2023 contaba con coberturas de servicios públicos mayores al 90 %, a excepción del servicio de gas natural (86,1 %), en centros poblados y rural disperso, por el contrario, se encuentran amplias diferencias. Por ejemplo, en cobertura de acueducto con un 62,2 %, alcantarillado 15,4 %, gas natural 18,2 %, y recolección de residuos con un 30,1 % (DANE (c), 2025).

Así mismo, aunque a 2024 se encuentra un 26,8 % de hogares con déficit habitacional, este se concentra de manera desproporcionada en departamentos de la Orinoquía-Amazonia, el Pacífico y la región Insular. Por su parte, el déficit cualitativo de vivienda, el cual se presenta en el 20,0 % de hogares, encuentra las principales deficiencias no estructurales en problemas como el hacinamiento mitigable y la cobertura de alcantarillado. Del total de hogares en condición de pobreza multidimensional a 2023, el 12,4 % tiene al menos un migrante extranjero, mientras un 72,1 % de hogares afronta condiciones de trabajo informal y un 40,2 % un bajo logro educativo (DANE (b), 2024). Por su parte, las políticas, estrategias y acciones que desarrollan los sectores público y privado, tienen impactos directos e indirectos que se traducen en beneficios económicos, oportunidades de negocios y mejores resultados en la salud y la calidad de vida de las poblaciones. Por ejemplo, los cobeneficios a partir de los esfuerzos para disminuir los Gases de Efecto Invernadero (GE!) (WHO, 2023) o acciones de mitigación del cambio climático y la reducción de las concentraciones de contaminantes del aire que, a su vez, tienen un impacto positivo en la reducción de la morbilidad y la mortalidad. Lograrlo requiere de la competencia de múltiples sectores como agricultura, energía, transporte, planificación territorial, industria, salud y comercio. LU 2016, Unico Reglamentario de! Sector Salud, retacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de información de Salud Ambiental (SUISA) y se dictan otras disposiciones”.

Los beneficios económicos se ven representados en ei gasto del sistema de salud, el gasto de bolsillo de los hogares, la productividad, la oportunidad en ejecución de obras de infraestructura, procesos, proyectos o actividades debido a los conflictos manifiestos con comunidades, el mantenimiento de la producción, los cambios en las dinámicas de consumo conscientes hacia la sostenibilidad y otros intangibles derivados de la calidad de vida por sufrimiento y dolor, así como ta responsabilidad y compromiso social. En este sentido, el pais no cuenta con la estimación sistemática de los beneficios económicos y ganancias en salud y calidad de vida, que permita guiar la toma de decisiones en los sectores productivos en sinergia con el sector ambiental y el sector salud; bajo escenarios de “¿qué pasaría si?”, que apoyen el alcance a las metas debido a la acción gubernamental y los compromisos sociales, se mejorará la planeación sectorial, se asumiera el enfoque territorial integral y se midiera el seguimiento e impacto de las acciones. En cambio, sí existen estudios que cuantifican la carga de enfermedad atribuida a factores ambientales y sus costos (Larsen, 2004), (IDEAM, JAvH, Invemar, SINCHI e NAP, 2013), (World Bank, 2014), (DNP (a), 2018), (INS (a), 2018), constituyéndose en insumos clave para construir la metodología, medios de implementación y estimación sistemática de los costos de la carga de enfermedad atribuida a factores ambientales y la estimación de cobeneficios.

Como se observa en la tabla 1, los resultados frente a los costos y la carga de enfermedad atribuida a factores ambientales en el país son diversos; debido a la multiplicidad y complejidad de las metodologías empleadas, la inclusión de diversos factores de riesgo medidos de manera diferente, los desentaces en salud contemplados, la baja evidencia epidemiológica nacional y local, los ajustes realizados, los costos económicos y financieros y la disponibitidad de los datos; limitando así la comparación temporal de los resultados, el seguimiento y la toma de decisiones. Sin embargo y en todos los casos, son datos que indican tas ganancias económicas potenciales si se avanza en el desarrollo sostenible a través del accionar del Estado para aicanzario. De manera general dentro de los factores de riesgo analizados en los tres últimos estudios, la mayor carga se le atribuye a la calidad del aire urbano, seguido de agua y saneamiento y calidad del aire interior. Estas posiciones cambian cuando se involucran otros factores de riesgo O cuando se estima de manera diferencial área urbana y área rural o por grupos etarios (Larsen, 2004) (World Bank, 2014). Para el primer caso, el orden cambia cuando se incluyen factores ambientales como siniestros viales y desastres. Para el segundo caso, en el área rural, agua y saneamiento, junto con la degradación del suelo son los principales factores, y los siniestros viales y aire lo son para el área urbana. En el tercer caso, la carga es mayor para los menores de 5 años y mujeres adultas en áreas rurales especialmente por aire interior.

Para avanzar en la estimación de los costos de la carga de enfermedad atribuida a factores ambientales y la estimación de cobeneficios, es necesario mejorar la comprensión de la interacción compleja entre determinantes socioambientales y tos efectos en salud, caracterizar los procesos productivos y avanzar de manera paralela en la estructuración de metodologías propias, lo que a su vez implica mejorar la disponibilidad y calidad de múltiples fuentes de información a escala nacional, regional y local, el uso de métodos para la extrapolación e interpolación de datos teniendo en cuenta las externalidades de los procesos productivos y la adopción del enfoque diferencial y territorial. Adicionalmente, se requiere la inclusión de otros factores ambientales como la variabilidad climática, ta interacción ecosistema-vector-humano, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, consumo sostenible, la atribución por sectores productivos, movilidad humana, y espacios verdes urbanos. Adicionalmente, se requiere incorporar el análisis de otros factores que modulan fa exposición y el riesgo, como ta variabilidad y el cambio climático, la presencia y manejo inadecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las condiciones del 0) em uu por 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). se crea el Sistema Unificado de información de Salud Ambienta! (SUISA) y se dictan otras disposiciones” hábitat urbano y los patrones de movilidad humana; donde estos, combinados con las formas de producción y consumo, configuran escenarios de riesgo diferenciados para distintos grupos poblacionales y territorios.

Desarrollar estas estimaciones de manera sistemática permitirá evaluar el desempeño y el impacto de los sectores productivos, y la acción del Estado sobre el ambiente y la salud de la población, tener herramientas duras de seguimiento que permitan ta comparación espacia! y temporal, contar con evidencia para asegurar fa inversión y visibilizar las bondades de diversas estrategias que hoy desarrolla el país como la Estrategia Nacional de Economía Circular, brindar información para priorizar la acción y magnificar ganancias económicas y sociales, evaluar el impacto de las políticas públicas y normas, visibilizar los potenciales beneficios económicos y financieros de los sectores, plantear metas con mejor información y planear el territorio superando visiones sectoriales, entre otros. Por otra parte, el avance del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como amplios y reconocidos indicadores de bienestar, fue del 61,1 % a 2023, con rezagos en los ODS: 1 — Fin de la pobreza, 2 — Hambre cero, 3 — Salud y bienestar, 7 — Energía asequible y no contaminante, y 10 — Reducción de la desigualdad, los cuales presentaron avances menores al 50 %, agudizados por la crisis climática, los efectos socioeconómicos del COVID-19, la crisis económica y la agudización del conflicto armado en algunas regiones del país (DNP, 2024).

Lo que en términos de bienestar conlleva y reitera la necesidad de dar prioridad a contar con políticas de mayor alcance y profundidad para enfrentar los determinantes sociales de la salud (CEPAL, 2020) 4.1.4 Matriz de ordenamiento territorial Los Planes de Desarrollo Nacional, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), configuran el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo tomando en consideración la visión de desarrollo de los gobernantes junto con las necesidades y potencialidades con los que cuenta un territorio determinado, a través de la delimitación de los usos del suelo, en consonancia con los objetivos de desarrollo, la generación de valor y la renovación territoriat deseada, que propicien el crecimiento económico en sintonía con fa dinámica demográfica y las caracteristicas locales, y de forma compatible con la preservación, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables y el bienestar de la población. Lo anterior implica el desarrollo de marcos normativos que regulen el uso del suelo en lo concerniente a aspectos ambientales y sociales. Donde, es importante resaltar la necesidad de dar aplicabilidad a la normatividad y jurisprudencia relacionada con la aplicación del principio de coordinación y concurrencia (definido en la Sentencia SU-095 de 2018 y la Sentencia 342 de 2019), y armonizar estos instrumentos con los instrumentos de planeación del desarrollo de los demás sectores en el marco de los Planes de Desarrollo Territorial, ya que suponen una visión integral del territorio y generan seguridad a todas las partes interesadas, es decir comunidades, sector privado y gobierno en los procesos, proyectos o actividades de desarrollo. Ahora bien, el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que modifica el

artículo 10 de la Ley 388 de 1997, define las determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia, donde “(...) los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con ta Constitución y las leyes”, las cuales constituyen: (nivel 1) de conservación y protección y la prevención de amenazas y riesgos naturales; (nivel 2) de patrimonio cultural; (nivel 3) de señalamiento y localización de las infraestructuras básicas y de servicio (vias nacionales, abastecimiento de agua, suministro de energía y demás), y (nivel 4) de desarrollo 1016 metropolitano. Para el nivel 1 desde el Minambiente (2016, 2020) se encuentran definidas las Orientaciones a las autoridades ambientales para la definición y actualización de las determinantes ambientales y su incorporación en los planes de desarrollo territoriales municipales y distritales, para facilitar la incorporación ambiental en los instrumentos de ordenamiento territorial; estas determinantes se definen como "términos y condiciones fijados por las autoridades ambientales para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos de ordenamiento territorial” y se establecieron cuatro (4) grupos: (a) relacionadas con facultades legales del SINA; (b) disposiciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y recursos naturales renovables; (c) disposiciones de áreas del sistema de parques nacionales naturales y reservas forestales nacionales; y (d) disposiciones sobre amenazas y riesgos naturales. En Colombia, si bien existen diferentes instrumentos de política pública para la planeación territorial, a su vez existen múltiples instrumentos de planeación sectorial dirigidos al nivel territorial.

Sin embargo, los diagnósticos señalan que pocos logran articular de manera efectiva dichos instrumentos y generar sinergias o complementariedad, y que además son escasos los casos en que se incorporan criterios o parámetros de salud ambiental o se tienen en cuenta los potenciales riesgos y efectos sobre la salud de la población. Según datos de la CONASA (2021) sobre la identificación de la salud ambiental en los Planes de Desarrollo Territorial evidenció que, aunque el 78 % de los departamentos incorporó la gestión en salud ambiental mediante acciones o programas dentro de sus planes de desarrollo en los periodos 2012-2015, 2016-2019 y 2020-2023, solo el 40 % de las entidades territoriales reportó incluir la mayoría de los componentes de salud ambiental en los instrumentos de ordenamiento territorial, concentrándose los principales abordajes en los componentes de agua y saneamiento, aire y salud, y habitabilidad.

Con el objetivo de no perder la visión compleja del territorio y que permita prevenir la exposición de la población a riesgos que pueden evitarse desde la planeación integral, con la participación y decisión de las comunidades; es necesario integrar y armonizar los instrumentos de planeación con enfoque diferencial, buscando contribuir a la disminución de los efectos negativos en salud y aportando a la disminución del número e intensidad de conflictos socioambientales y de órdenes judiciales en materia. 4.2 Procesos transversales A continuación, se pretende visibilizar el estado de procesos socioambientales que condicionan la situación en salud ambiental por cambio climático, pérdida de naturaleza y biodiversidad, contaminación química, entre otras causas y efectos que resultan transversales, interrelacionados y dependientes unos con otros, entre los procesos productivos y la carga de enfermedad, por lo que no se deben interpretar de manera aislada. 4.2.1 Variabilidad y cambio climático, transversal a determinantes socioambientales con impacto en la salud y bienestar de la población De acuerdo con la Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (IDEAM, 2024), si se incrementan las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEl), la temperatura media en todo el país podría aumentar entre 0,7 y 2,5 *C en el escenario SSP1- 2.6,1a4C en el SSP2-4.5, 1 a5*C en el SSP3-7.0 y 2 a más de 5 *C en el SSP5-8.5 hacia finales de siglo (2081-2100), en comparación con el periodo histórico 1981-2010. Los mayores incrementos (> 5 *C) se proyectan para la región Andina, el Catatumbo, el norte y sur de la Amazonia y el oriente de la Orinoquía.

Estos cambios tendrian consecuencias directas sobre la salud y sus determinantes, como el aumento en el nivel del mar, el derretimiento de glaciares y nevados, el retroceso de páramos, alteraciones en ecosistemas de alta montaña, disminución de la disponibilidad de agua y reducción de la productividad pu en sectores como el agropecuario, vivienda, agua potable y saneamiento, y mineria, entre otros. Para este mismo periodo (2071 - 2100), los escenarios más recientes señalan una disminución en las precipitaciones de hasta alrededor un 20% en distintas zonas del territorio nacional. especialmente en las regiones Amazonas y Orinoquía. Lo anterior, sumado a los cambios en el uso del suelo, pueden acelerar la desertificación y ta disponibilidad del agua y sus cursos, con consecuencias en la producción agropecuaria y forestal, la economia y competitividad regional, y directa e indirectamente en la salud de la población. A su vez, se proyectan incrementos de cerca el 30% en las precipitaciones en las regiones Andina, Pacifico y Caribe, (IDEAM, 2024) En cuanto a la precipitación, la Cuarta Comunicación proyecta que, durante la primera mitad del siglo XXI, regiones como la Andina, la Amazonía, el occidente de la región Caribe y el norte de la Orinoquía podrían experimentar aumentos trimestrales del 20 % al 40 %, seguidos de reducciones superiores al 20 % hacia finales de siglo en el norte de la Orinoquía, la Amazonía y la región Pacífica.

Estos cambios incrementan el riesgo de deslizamientos, inundaciones y aludes en territorios vulnerables, afectando infraestructura, vías y sistemas de abastecimiento de agua. En los territorios con proyección de aumento de temperatura y disminución de precipitaciones, se prevé que los impactos se intensifiquen durante episodios de El Niño. mientras que en años con La Niña las zonas con tendencia a mayores precipitaciones enfrentarian mayores afectaciones. El aumento de la temperatura y humedad favorece la expansión de vectores transmisores de enfermedades (dengue, malaria, leishmaniasis) hacia áreas donde antes no estaban presentes, particularmente en las regiones Caribe, Pacífica y Amazónica. Este riesgo ya habia sido identificado en la Tercera Comunicación Nacional y se ve reforzado por las condiciones proyectadas en la Cuarta Comunicación Los escenarios de cambio climático muestran que las afectaciones no serán uniformes, por lo que las medidas de adaptación deben ser diferenciadas según región y, de ser necesario, a escalas territoriales menores. Las zonas insulares del Caribe y las zonas costeras son de especial importancia por su vulnerabilidad ai aumento del nivel del mar, estimado entre 0,26 m y 0,78 m hacia finales de siglo, dependiendo del escenario de emisiones. Las afectaciones directas a la salud se relacionan con cambios en las variables atmosféricas de superficie, como temperaturas extremas, inundaciones y radiación UV. En la actualidad, se observa un incremento de eventos adversos de salud asociados con temperaturas no óptimas (tanto por calor extremo como por frio), lo cual se ha convertido en una prioridad de atención en Colombia. De hecho, según un informe del Banco Mundial, se estima que alrededor del 0,43 % de la mortalidad total en el pais (datos 2010-2019) fue atribuible a temperaturas no óptimas (principalmente al frío, -75 %, y en menor proporción al calor, -25 %).

Asimismo, las proyecciones indican que las muertes relacionadas con el cator extremo podrían superar a las causadas por el frio hacia 2040-2050, bajo el escenario de mayores emisiones (Banco Mundial, 2023). Estas variaciones climáticas también generan impactos indirectos en la salud, a través de enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades vehiculizadas por el agua y el aire, así como afectaciones a determinantes socioambientales como la seguridad alimentaria, la salud laboral y la salud mental. Es de reconocer que, la vulnerabilidad futura de los ecosistemas al cambio climático estará fuertemente influenciada por el desarrollo pasado, presente y futuro de las sociedades humanas, incluyendo el consumo y la producción insostenibles en general, y las crecientes presiones demográficas, asi como el uso y la gestión insostenibles persistentes de la tierra, los océanos y el agua. El cambio climático previsto, combinado con factores no climáticos, 1016 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de información de Salud Ambiental (SUISA) y se dictan otras disposiciones”. provocará la pérdida y degradación de gran parte de los bosques del mundo, los arrecifes de coral y los humedales costeros de baja altitud. Si bien el desarrollo agrícola contribuye a la seguridad alimentaria, ta expansión agricola insostenible aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas y los seres humanos y conduce a la competencia por la tierra y los recursos hídricos (IPCC, 2022).

El pais viene trabajando en la definición e implementación de medidas de adaptación y acciones de mitigación en cambio climático para hacer frente a los riesgos, avanzando en un proceso intersectorial de generación de criterios de evaluación y vigilancia que, al integrarse con las reglas de construcción, el ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación, permitan desarrollar obras, procesos y actividades que reduzcan la vulnerabilidad en salud asociada al clima y prevengan la mala adaptación. Estas medidas deben ser coherentes con tas trayectorias de descarbonización y resiliencia de la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 y con las metas de mitigación y adaptación de la NDC 3.0, impulsando acciones que generen co-beneficios en la salud poblacional, como la disminución de los contaminantes del aire, la reducción de enfermedades transmitidas por vectores, la mejora del bienestar mental y la resiliencia comunitaria y el aumento del acceso a espacios verdes y a ecosistemas reguladores del clima. En este sentido, las condiciones futuras del clima afectarán los determinantes socioambientaies de la salud a diferentes escalas, por lo que será necesario avanzar en la articulación de la PISA y su plan de acción con las actualizaciones de la NDC, la Estrategia E2050, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Salud (PIGCCS) y, en el ámbito territorial, con los Planes Territoriales de Adaptación ai Cambio Climático desde Salud Ambiental (PTACCSA), los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) y los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres, de manera que se orienten de forma coherente las acciones de mitigación y adaptación con enfoque diferencial bajo las consideraciones y armonizaciones clave en materia de salud ambiental. Desde un enfoque de justicia climática, uno de los retos consiste en incidir en la vulneración de derechos más allá de la vulnerabilidad física, que reconozca las responsabilidades e impactos diferenciados en el marco del cambio climático.