Por el cual se adiciona el Título 16 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA) y se dictan otras disposiciones

Esto requiere caminos hacia una economía descarbonizada donde se tenga en cuenta la compensación de emisiones por acción climática y los impactos producidos por economías fósiles sobre los recursos de agua, aire y suelo, con daños directos a la población, como aquellos asociados a enfermedades respiratorias, contaminación del agua y conflictos por el uso del suelo. Con elio, se establece que los proyectos de la transición energética justa deben prevenir mayores presiones sobre los recursos naturales para no ir en detrimento del bienestar de los territorios y sus poblaciones (Minenergia (b), 2023). Por consiguiente, enfrentar las causas y efectos del cambio climático en el mediano y largo plazo, incluyendo los impactos en la salud, implica una profunda transformación social y cultural, centrados en el bienestar humano y de los ecosistemas.

Para efectos de este Decreto, y en el contexto del cambio climático, la vulnerabilidad se entiende conforme a la definición del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, la cual establece que: Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. 4.2.2 Abordaje de la vulneración La vulneración representada en la situación social de individuos y comunidades influye e impacta en cómo afrontar diversas amenazas y riesgos de enfermar, morir y alcanzar bienestar, implica entender de qué se compone, cómo opera, cuáles son las vías y que tipo de gradualidad o cambio requieren las acciones para disminuir esta. La falta de garantía de los derechos fundamentales de las poblaciones, particularmente en salud y ambiente, exacerba desigualdades presentes y futuras desde una perspectiva colectiva, más allá de condiciones individuales de vulnerabilidad. Esta situación refleja una vulneración estructural y sistemática de derechos, que requiere un abordaje orientado a remover las causas profundas de la desigualdad y a asegurar una acción estatal e intersectorial centrada en la justicia social, ambiental e intergeneracional. 4.2.2.1 Desigualdades sociales como factor de vulnerabilidad Las desigualdades sociales son tanto causa como resultado de procesos estructurales que vulneran los derechos fundamentales de la población, particularmente en salud ambiental, ya que las mismas tienden a ampliarse y a persistir si no se toman decisiones radicales de largo plazo, configurándose como inequidades ya que son innecesarias, evitables e injustas.

Las desigualdades como factor de vulneración en salud ambiental determinan la magnitud del riesgo de muerte y enfermedad, en tanto son poblaciones más sensibles que viven en entornos que limitan las respuestas preventivas, la resiliencia ante amenazas socioambientales con efectos en la salud, y que retrasan el desarrollo de las comunidades. Uno de los indicadores comúnmente usados para medir las desigualdades en la distribución del ingreso es el índice de Gini, del cual, aunque Colombia ha experimentado una tendencia a la mejora en la distribución, pasando de 0,58 en el año 2000 a 0,547 en 2023, presenta variaciones importantes entre departamentos. Chocó (0,584) y La Guajira (0,566) son los departamentos con mayor desigualdad en el ingreso, mientras Quindío (0,456) presenta la menor desigualdad (DANE (a), 2024). Estos datos dan cuenta del comportamiento de otros indicadores que impactan los determinantes estructurales e intermedios que perpetúan la desigualdad en salud, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Estas desigualdades se evidencian a través de múltiples indicadores socioeconómicos y de salud ambiental, que revelan patrones consistentes de inequidad entre territorios, grupos étnicos y niveles de ingreso.

A continuación, algunos aspectos identificados para Colombia sobre determinantes de las desigualdades sociales: + Cerca del 10% de los grandes propietarios concentra el 80% de la tierra en Colombia y el Gini es de 0,87 dentro de la frontera agrícola y en algunos departamentos supera el 0,9 (IGAC, 2023). + El modelo de desarrollo con incentivos a la economía extractiva, agricultura extensiva y la consolidación de conglomerados económicos entre otros, se refleja en todos los aspectos sociales, que van desde los conflictos socioambientales hasta el estado de salud de la población (INS (d), 2023). + Las comunidades indígenas tienen mayor tasa de analfabetismo e inasistencia escolar y las poblaciones afrocolombianas tienen niveles de pobreza del 61%. + Mayor desempleo en mujeres, poblaciones rurales y jóvenes entre 15 a 25 años. + Menor nivel educativo en estratos bajos y hogares con menores ingresos. + En servicios de acueducto y alcantarillado se ha disminuido la brecha urbano-rural, aunque persisten rezagos: en 2023 la cobertura de acueducto alcanzó 97,3 % en cabeceras y 59,4 % en zonas rurales dispersas; en alcantarillado, 94,5 % en cabeceras y 15,1 % en rural disperso (DANE (c), 2024). + Los hogares rurales tienen mayor porcentaje de viviendas inadecuadas que los urbanos. + Enelárea rural hay mayor número de viviendas con servicios no adecuados En línea con las brechas identificadas en 2015, dentro del análisis injusticias socioambientales y salud para el periodo 2010-2022 (Minsalud (a), 2023) muestra que en zonas rurales 20 de cada 100 municipios no tienen acceso a saneamiento básico y 37 de cada 100 no cuentan con agua mejorada, evidenciando la concentración de riesgos

ambientales en municipios con mayores niveles de pobreza y alta participación de población indigena y afrodescendiente (Minsalud (a), 2023). Junto a esto, se ha documentado la persistencia de la pobreza multidimensional, la precariedad laboral y la exclusión social étnica y campesina como determinantes clave de la distribución desigual del estado de salud y de la carga de enfermedad en el país (Minsalud (a), 2024; Minsalud (b), 2024). Asi mismo, diferentes instituciones han estimado las desigualdades en salud ambiental usando estratificadores socioeconómicos, los cuales han señalado que: «+ La mortalidad en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y desnutrición continúa concentrándose en departamentos con mayores brechas socioeconómicas, como La Guajira, Chocó y Vichada. Aunque se ha registrado una tendencia a la baja en la tasa nacional de mortalidad por desnutrición —alcanzando 6,5 muertes por cada 100,000 menores en 2024 frente a las 10,7 de 2022—, la desigualdad persiste: el riesgo de morir por estas causas evitables sigue siendo significativamente superior en los municipios con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y en áreas rurales dispersas (INS, (b) 2024). + Durante el periodo analizado en el estudio más reciente (2018-2022), persiste el gradiente inverso entre la mortalidad materna y la cobertura de acueducto en Colombia. Las estadísticas indican que a medida que se incrementa el acceso a agua potable, disminuye proporcionalmente el riesgo de muertes maternas.

En la actualidad, aunque la cobertura urbana de acueducto alcanza el 79% en la mayoría de municipios, la brecha rural sigue siendo crítica (solo 9,7% con agua apta), lo que mantiene una concentración de la carga de mortalidad en los territorios con menor infraestructura hídrica (IDEAM, (a) 2023). Para 2023, la razón de mortalidad materna se situó en 46,9 por cada 100.000 nacidos vivos, con disparidades profundas vinculadas a la pobreza multidimensional y el déficit de servicios básicos (Minsalud, 2024). + La mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años en Colombia mantiene una brecha de inequidad crítica. Según el ASIS 2024 del Ministerio de Salud, aunque hubo una reducción nacional del 22,9% en la última década, la mortalidad en zonas rurales es un 46,7% superior a la urbana. Esta carga se concentra en los departamentos con mayor pobreza multidimensional y fallas en saneamiento, como Guainía, Chocó y La Guajira, donde las tasas superan ampliamente el promedio nacional, evidenciando que la vulnerabilidad socioeconómica sigue siendo el principal predictor de estas muertes prevenibles (Minsalud, 2024). + Para el periodo 2019-2023, la persistencia de brechas en el acceso a agua segura y saneamiento básico continúa determinando la carga de morbilidad en Colombia. Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2024, mientras que el 56% de los municipios urbanos cuentan con agua apta para consumo, en las zonas rurales esta cifra apenas alcanza el 9,7%, lo que concentra la mayor incidencia de enfermedades prevenibles como la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en territorios con riesgo alto (Minsalud, 2024; Minvivienda (b) 2024). +.

Para 2024, la crisis climática en Colombia ha intensificado los riesgos sanitarios. Según el Ministerio de Salud (ASIS 2024), las infecciones respiratorias aumentaron un 196% debido a la variabilidad térmica, mientras que las enfermedades transmitidas por vectores (como dengue y malaria) representan casi el 90% de los casos epidemiológicos históricos, afectando principalmente a departamentos del Caribe. Las poblaciones de mayor riesgo siguen siendo los menores de 15 años y mayores de 60, quienes concentran la mayor carga de mortalidad en zonas con alta vulnerabilidad ambiental (Minsalud, 2024; INS, 2025) + La posición socioeconómica y el nivel de riqueza siguen determinando la carga de enfermedad: un mayor Producto Interno Bruto (PIB) se correlaciona con una disminución en la mortalidad por EDA en menores de 5 años, la cual alcanzó minimos históricos en 2024. No obstante, el riesgo de enfermar por malaria y leptospirosis persiste en regiones con menor desarrollo económico y deficiencias en saneamiento, como el Pacífico colombiano (Minsatud, 2024; INS, 2024). + Para 2023-2024, la siniestratidad vial en Colombia sigue afectando desproporcionadamente a los motociclistas, quienes representan la mayoría de los fallecidos, concentrándose en departamentos con menores índices de desarrollo y PIB.

La mortalidad es mayormente masculina, con una participación superior al 80% en los accidentes, evidenciando conductas de alto riesgo y menor escolaridad como factores asociados (ANSV, (b) 2023; Medicina Legal, 2024) Para avanzar en la disminución de las desigualdades en salud se requieren acciones con impacto y de carácter sistemático sobre tos estratificadores de equidad o determinantes sociales, lo cual lleva implícito reconocer estos y la acción intersectorial a nivel de políticas públicas que se traduzcan en intervenciones concretas en tos territorios. Adicionalmente en Colombia, estas mediciones deben profundizar en la comprensión y operación metodológica de la posición social junto con otras dimensiones de equidad, cómo pertenencia étnica y área urbano-+ural, y explorar su papel en las desigualdades sociales en salud por factores ambientales. 4.2.2.2 Carga de enfermedad y vulnerabilidad La carga de enfermedad atribuible a factores ambientales representa el impacto en salud pública generado por la exposición a riesgos como la contaminación del aire, del agua, el uso de sustancias químicas peligrosas, entre otros (WHO (b), 2016). A nivel global, los factores de riesgo ambientales y ocupacionales explican el 18,9 % de las muertes y el 14,4 % de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (DALYs) (IHME (a), 2024), cifras que sustituyen las estimaciones previas de la OMS (24,3 % de la mortalidad global) (OMS (a), 2016). Este impacto refleja ta pérdida de salud y calidad de vida derivada de enfermedades, discapacidades y muertes causadas por ta exposición a uno o múltiples factores de riesgo. Entre fas afecciones con mayor carga atribuible al ambiente destacan las enfermedades cardiovascufares, las infecciones respiratorias, los cánceres y las enfermedades diarreicas (OMS (b), 2016).

En Colombia, se observa una transición epidemiológica significativa en las últimas tres décadas (1990-2019), con un cambio en las principales causas de carga de enfermedad hacia afecciones más vinculadas con condiciones ambientales urbanas, como la calidad del aire y la habitabilidad, entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, los accidentes cerebrovasculares, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la infección de las vías respiratorias bajas (IHME (b), 2021). Las enfermedades diarreicas, aunque han disminuido su peso relativo en la carga de enfermedad - pasando de ser la novena causa en 1990 a ocupar el puesto 46 en el ranking de carga de enfermedad (DALYs/AVAD) -, siguen representando un indicador crítico de inequidad ambiental, especialmente en pobfaciones sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento. Para Colombia, fa carga de enfermedad atribuida a factores ambientales a 2019 representa el 9,6 % del total de ta mortalidad de! pais con 23.619 fallecidos (IHME-GBD (b), 2021), mientras para 2016 la carga por factores ambientales fue del 8 % con 17.549 muertes. donde las mayores pérdidas de vida saludable se deben a: la contaminación del aire, que ocasionó el 13,9 % de la mortalidad por enfermedad isquémica y el 17,6 % por EPOC; las condiciones inseguras de agua para consumo humano (contaminación de fuentes hídricas, deficiencias en sistemas de potabilización, saneamiento básico, entre otros), que generó el 71,6 % de la mortalidad por enfermedad diarreica; y, en menor proporción, las exposiciones residenciales y ocupacionales a radón y plomo, asociadas a cáncer de pulmón, discapacidad mental y enfermedad renal crónica respectivamente (INS (a), 2018).

Estos datos constituyen la línea £ base más reciente para el país, por lo que se recomienda su actualización cuando IHME publique estimaciones nacionales posteriores a 2019. A su vez, se destaca como el total de muertes por exposición a los factores de riesgo ambientales se presentó en el 17,6% de la población en edad productiva, y como a nivel territorial la carga ambiental de la enfermedad se presentó principalmente en los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Norte de Santander, Chocó y Atlántico (INS (a), 2018). Por su parte, los costos en salud asociados a la contaminación del aire, tanto urbano como intradomiciliario, y al acceso deficiente a agua, saneamiento e higiene (WASH) representaron cerca del 2% del PIB en 2010 (World Bank, 2014), aumentando al 2,08% del PIB en 2015 (DNP (a), 2018). Esta estimación podría ser aún mayor si se incluyeran otros factores relevantes de la carga en salud ambiental que actualmente no se cuantifican de forma integral. Lo anterior, subraya la urgencia de avanzar en estrategias preventivas y de control de los factores de riesgo ambiental, integradas con la acción sobre los determinantes sociales. Esto incluye: fortalecer la acción intersectorial, asegurar la continuidad de estudios de carga ambiental con enfoque diferencial, identificar los cobeneficios de la acción en salud ambiental y cuantificar los costos de la inacción. Esto contribuirá a la reducción de la vulnerabilidad de la población y mejorar sus condiciones de salud. 4.2.3 Conocimiento y evidencia En todos los campos de acción del Estado, la información y la investigación permiten abordar los desafíos del desarrollo humano, acelerar la innovación, facilitar la construcción de soluciones, orientar la formulación de políticas, generar evidencia y fortalecer los procesos de comunicación.

Además, contribuyen a mejorar la gobernabilidad y la gobernanza, disminuir la vulnerabilidad, avanzar hacia la sostenibilidad y garantizar transparencia, eficiencia, eficacia y participación para la toma de decisiones. La gestión del conocimiento requiere el desarrollo de investigaciones, el fortalecimiento de la coordinación intersectorial, la innovación tecnológica y analítica, el diseño y uso de herramientas y sistemas de información, la custodia de la información, el acceso a diferentes fuentes y el reconocimiento, apropiación, divulgación y aprovechamiento de la información, generando estrategias de comunicación y mecanismos que permitan y faciliten la participación social. Sin embargo, la evidencia muestra que los sistemas desplegados funcionan de manera aislada y la información contenida es consultada sólo por los encargados de esta, sin relacionarse con la que se encuentra disponible en otras dependencias, instituciones públicas y sector privado (DNP (b), 2018), además es importante resaltar las debilidades en los sistemas de información misionales y su capacidad de interoperabilidad, es así como se encuentra que aunque el 66% de entidades nacionales ha implementado algún esquema de interoperabilidad, solo el 4 % tiene interoperabilidad, reflejando que las entidades han generado desarrollos específicos para necesidades puntuales de intercambio de información que carecen de visión integral y sostenible, siendo necesario avanzar a intervenciones orientadas a la centralización de datos, e instrumentos que permitan contribuir al proceso de toma de decisiones integrales a diferentes escalas temporales. Igualmente, el fortalecimiento de capacidades en gestión de información de las entidades desde el nivel nacional y territorial afronta dificultades dadas por la carencia de equipos, capacidad técnica del personal, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la cobertura de internet, especialmente en el área rural, entre otras, que afectan el nivel de disponibilidad y confiabilidad de la información, dificultando la generación de respuestas oportunas en salud ambiental.

Sumado a lo anterior, se encuentra que los sistemas de información en el país no cuentan con criterios de salud ambiental en su desarrollo que permitan un abordaje integral de determinantes socioambientales, además no existen protocolos intersectoriales definidos para el análisis de información en salud ambiental, no se han identificado necesidades de información y, existen limitadas investigaciones sobre los efectos en salud por diferentes factores ambientales y sociales. En este sentido, es necesario continuar con el diseño del Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA), que proporcione información accesible, integrada, oportuna, periódica, de calidad y confiable para los diferentes actores a nivel nacional, regional y local, en términos de sistematización de rutinas de análisis, información de carga, desigualdades, variabilidad climática y las proyecciones de los escenarios de cambio climático del país, resultados de las investigaciones, información de imágenes satelitales, generación de alertas tempranas y planes de acción preventivos. Se prevé que el SUISA se alimente de la información de sistemas de información como el SIAC (que reúne subsistemas de información como SIB, SIAM, SINAP, RUNAP, SNIF, SMBYC, RENARE, SISAIRE, SIRH, SIUR, SIAT — AC y PC), SISPRO, SIVIGILA, SIVICAP, SUI, SINERGIA, SIASAR, SINECO, SISPAP o los sistemas que hagan sus veces, entre otros que se requieran, que a su vez cuentan con subsistemas de información, análisis y evaluación, con el fin de asegurar la integralidad, complementariedad y coherencia de la información de salud ambiental del país.

Como avances previos en la construcción del SUISA, se destacan: la identificación de flujos y sistemas de indicadores desarrollada por el IDEAM en el año 2013, el diseño conceptual y operativo realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2016, el diseño y ajuste de un portal web por el Ministerio de Salud y Protección Social en 2024, la concertación de una propuesta de batería de indicadores intersectoriales en salud ambiental, el acuerdo frente a la administración tecnológica del SUISA a través del SISPRO, entre 2014 y 2024 desde la Conasa y el avance en la elaboración de dashboard de los componentes de salud ambiental con datos intersectoriales en 2024. Es así como para la administración tecnológica del SUISA mediante el SISPRO o el sistema que haga sus veces, los diferentes sistemas a integrar deberán avanzar en la caracterización de fuentes de información, cumpliendo con los requisitos de esta. Frente a este proceso SISAIRE y SIVICAP cuentan con un avance del 50% de la primera fase. A su vez, las entidades que integran la Conasa, deberán avanzar en ajustar sus sistemas de manera concertada y fortalecer sus fuentes de información con atributos de precisión, objetividad, confiabilidad, disponibilidad, accesibilidad, oportunidad y calidad; que permitan su vinculación en los ejercicios de análisis y respuesta que se deriven de esta gestión de información.

En relación con el desarrollo de encuestas, si bien en el país se han aplicado seis encuestas nacionales de demografía y salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de Profamilia desde 1990; 16 encuestas nacionales de calidad de vida por el DANE desde 1997; una encuesta nacional de salud pública por el INS en 2007; y se han elaborado diez análisis de situación de salud por parte de Minsalud entre 2012 y 2021, estos instrumentos aunque incluyen información parcial en materia de salud ambiental en algunos territorios, ninguno cuenta con módulos específicos para la recolección y análisis de estadísticas en materia de salud ambiental a nivel local, regional y nacional. Otro aspecto clave en la gestión de la información, se reconoce desde la generación de alertas tempranas que se articulen a la divulgación de información en salud ambiental, siendo una de estas la planteada por el INS, como es el Sistema de Vigilancia de Eventos de Interés por Factores de Riesgo Ambiental — VIGIFRA, el cual produce información con Fr Hr análisis de múltiples indicadores, ambientales, sanitarios y epidemiológicos de eventos de interés en salud pública priorizados, para la generación de niveles de alerta escala local que permiten tomar acciones al identificar riesgos que podrían afectar la salud de la población.

Con respecto a las investigaciones en Colombia se han desarrollado estudios de carga de enfermedad (Quintero, Balen, Hernández, García, Villegas, 2014), (INS (b), 2015), algunos de ellos con especificidad en salud ambiental (Larsen, 2004), (IDEAM, 1AvH, Invemar, SINCHI e lIAP, 2013) especialmente después que se adoptó el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012- 2021, ya que dentro de sus metas se propuso desarrollar estudios de carga de enfermedad atribuida a factores ambientales y sus costos, contando así el país con las estimaciones del Banco Mundial (World Bank, 2014), el DNP (DNP, 2015),) y el INS bajo el liderazgo del Observatorio Nacional de Salud (INS (a), 2018). Sin embargo, a nivel territorial y en algunos sectores hay desconocimiento de los determinantes socioambientales y su fracción atribuible a la carga ambiental de la enfermedad, y son pocos los estudios que estimen riesgos relativos que permitan mejorar el análisis de carga y de costos atribuidos a estos determinantes. Por lo cual, la medición de la carga requiere ir más allá de la aplicación de metodologías preexistentes, integrando la selección sistemática de varias fuentes de información locales y nacionales, ampliar este análisis a otros componentes de la salud ambiental, generar capacidades y llegar a consensos conceptuales y operativos. Así mismo, se cuenta con avances en el análisis de desigualdades en salud ambiental para los componentes de agua y saneamiento, aire y salud, movilidad segura, cambio climático y zoonosis, a partir del Estudio Nacional de Equidad en Salud Ambiental (ENESA) realizado en el marco de la Conasa con el apoyo técnico de la OPS/OMS, y del cual aunque no se publicó, permitió analizar la presencia, magnitud, profundidad y tendencias de las desigualdades en salud ambientalmente determinadas en el país (IDEAM (a), 2019).

En materia de investigaciones en salud ambiental es importante resaltar algunos estudios como los realizados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá sobre los efectos de la contaminación del aire, el ruido y campos electromagnéticos; las agendas regionales de ciencia y tecnología del sector salud, elaboradas por Minciencias (Colciencias, 2012) y los cerca de 55 proyectos de investigación elaborados por el INS entre 2007 y 2020 bajo las siguientes tres líneas de investigación: (i) biomarcadores para la determinación de contaminantes ambientales, (ii) contaminantes ambientales y efectos sobre la salud, y (iii) el ambiente de trabajo y el efecto sobre la salud de los trabajadores (INS, 2021). Así mismo, en el periodo 2014-2022 Minciencias incluyó dentro de las líneas prioritarias de investigación en las convocatorias anuales de salud la temática de salud ambiental y que como resultado de este proceso se financiaron con recursos del Fondo de Investigación en Salud — FIS 36 proyectos y programas de investigación.

Por la envergadura e importancia de los resultados como insumo para entidades tomadoras de decisión se destacan los siguientes proyectos: a) evaluación del grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas y su afectación en la salud humana en las poblaciones de la cuenca del río Atrato, como consecuencia de las actividades de minería; b) programa de Investigación en Salud Ambiental para Colombia; c) evaluación de los efectos en la salud en la población vulnerable del territorio Colectivo Zanjón de Garrapatero expuesta a vertimientos contaminantes por explotación minera; d) evaluación de los efectos en salud de la población vulnerable del territorio Colectivo Aires de Garrapatero, cuenca del río cauca y microcuenca del rio Teta Mazamorrero expuesta a vertimientos contaminantes por explotación minera; e) evaluación de los efectos en salud de la comunidad Hitnú en los municipios de Arauca y Puerto Rondón (Arauca), por exposición a situaciones relacionadas con actividades de explotación de hidrocarburos. 2016, Unico Reglamentario del Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). se Por su parte, se encuentran las publicaciones de universidades públicas y privadas como la Nacional, Antioquia, Valle, Universidad Industrial de Santander (UIS), Córdoba, los Andes, y el nodo de salud ambiental y ocupacional SAO, el cual ha desarrollado más de 1000 publicaciones científicas de investigaciones y experiencias territoriales relacionadas con salud ambiental y ocupacional en Colombia, en los últimos 10 años (2010-2020), en temas como agua y saneamiento, aire, seguridad química, habitabilidad, vectores, movilidad, cambio climático, salud ocupacional, alimentos y medicamentos, adicional a las investigaciones de otros grupos de investigación de instituciones académicas que ofertan programas relacionados con salud pública.

No obstante, los resultados de los estudios realizados por el Gobierno Nacional y la academia no se encuentran consolidados y disponibles para la toma de decisiones. Así mismo, los estudios realizados tienen un bajo reconocimiento de las problemáticas específicas de salud ambiental de los territorios, ya que en algunos casos solo se toman como referencia las situaciones abordadas en órdenes judiciales, al constituirse en un mandato para las entidades con implicaciones legales, razón por la cual se priorizan recursos sobre casos en particular. Adicionalmente, existen vacios en la investigación en salud ambiental. Al respecto, el INS en el informe sobre carga de la enfermedad atribuida a factores ambientales en 2018 planteó los siguientes: (i) problemáticas de contaminación por ozono ambiental y exposición a radón o plomo, (ii) alternativas para tratamiento del agua en zonas rurales y de difícil acceso, (iii) impactos por variabilidad climática considerando el grupo de enfermedades prioritarias del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), (iv) costo- beneficio de alternativas que mitiguen o reduzcan el impacto de los factores ambientales. A su vez, otra de las problemáticas específicas frente a la investigación son las debilidades en las capacidades de talento humano, el insuficiente número de programas de formación a nivel de postgrado o de cátedras en pregrados relacionados con salud ambiental y la falta de estímulos financieros. Por otra parte, la aplicación del conocimiento está influenciada por mecanismos insuficientes de divulgación (congresos, seminarios, reuniones de socialización, entre otros), el sesgo de publicación y la comunicación entre académicos, tomadores de decisión y comunidad.

Con base en lo anterior, se evidencia la necesidad de avanzar en la consolidación del proceso de democratización del conocimiento en salud ambiental, desde la gestión, análisis y divulgación de información, lo que implica fortalecer capacidades institucionales y del talento humano, la articulación interna, la generación de la información digital, las tecnologías de la información y la comunicación, y la infraestructura fisica con el fin de mejorar la disponibilidad y acceso de la información para los habitantes del territorio nacional en términos de calidad y eficiencia, así como promover e incentivar el desarrollo y la publicación de las investigaciones según necesidades en salud ambiental a nivel nacional y territorial, garantizando la participación activa de las comunidades y la integración de sus saberes.

En consecuencia, lo anterior se armoniza con el objetivo del acuerdo de Escazú por “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible”. 4.2.4 Gobernabilidad y gobernanza En el entendido de la gobernanza como procesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público que llevan a la toma de decisiones o a la formulación de DECRETO 20 2016, Unico Reglamentario de! Sector Salud, relacionado con la Política Integral de Salud Ambiental (PISA), se crea el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental! (SUISA) y se dictan otras disposiciones”. normas sociales (Hufty, 2010), y comprendiendo este como una modalidad de resolución de problemas complejos que no solo pueden ser resueltos por el Estado y que implica el tomar e implementar decisiones (CEPAL, 2017), se parte de reconocer el contexto de capacidades, intersectorialidad, y participación social desde los cuales el país ha avanzado en consolidar el marco de acción de la gobernabilidad y gobernanza en salud ambiental.