Sentencia T-248 de 2024

T-248-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-248/24 DERECHO A LA PARTICIPACION DE COMUNIDADES INDIGENAS Y TRIBALES-Protección especial al derecho de participación en decisiones que los afectan DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Utilización del estándar de debida diligencia de las empresas (...) Las empresas no actuaron con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que el proyecto REDD+ genera sobre la población indígena... (i) desde un inicio del proyecto REDD+ los particulares involucrados no adecuaron los instrumentos jurídicos de manera respetuosa de estándares internacionales y nacionales sobre derechos humanos; (ii) en el desarrollo del proyecto REDD+ no se logró un verdadero consentimiento libre, previo e informado, que partiera de algún ejercicio de alistamiento con el Estado y asegurara un proceso de diálogo basado en la buena fe y en el deber de información clara, transparente, suficiente y actualizada; y (iii) tampoco ha existido un seguimiento eficaz y una evaluación del proyecto REDD+ que examinara los impactos reales y potenciales del proyecto sobre la estructura de vida de las comunidades como grupo colectivo. PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES (REDD+)-Enfoque étnico El Estado colombiano no ha adoptado un enfoque étnico que aborde de manera integral el respeto, la protección y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos REDD+... Esta falta de enfoque étnico se convierte en una práctica inconstitucional que invisibiliza la situación de los pueblos indígenas en los proyectos REDD+, manifestada en: (i) dificultades para determinar quién ostenta la titularidad de los proyectos REDD+ operados en territorios indígenas; (ii) lagunas regulatorias en lo concerniente a las salvaguardas sociales y ambientales acordadas en la CMNUCC; y (iii) deficiencias en el control, vigilancia y supervisión por parte del Estado, en relación con la implementación del mercado voluntario de carbono y la actuación de los actores externos a las comunidades que participan del mismo. DESISTIMIENTO DE TUTELA-Improcedencia en sede de revisión COMUNIDADES INDIGENAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL Y TITULARES DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Procedencia de la acción de tutela para la protección de sus derechos PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES (REDD+)-Marco normativo internacional y nacional CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO-Gases del efecto invernadero en la atmósfera CAMBIO CLIMATICO-Obligaciones de mitigación y adaptación del sector energético PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES (REDD+)-Deberes de los responsables de la formulación, implementación, seguimiento y registro de una iniciativa COMUNIDAD INDIGENA-Protección y respeto de la integridad e identidad DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno DERECHO FUNDAMENTAL AL TERRITORIO COLECTIVO O A LA PROPIEDAD COLECTIVA SOBRE LOS TERRITORIOS INDIGENAS-Jurisprudencia constitucional DIÁLOGO INTERCULTURAL-Alcance y contenido DERECHO A LA PARTICIPACION DE COMUNIDADES ETNICAMENTE DIFERENCIADAS-Niveles de participación/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Participación, consulta previa y consentimiento expreso, libre e informado de pueblos indígenas DERECHO AL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO DE COMUNIDADES ÉTNICAS-Criterios objetivos de afectación intensa DERECHO A LA PARTICIPACION Y CONSULTA PREVIA-Garantía de acceso a información clara, veraz, oportuna y suficiente, sobre cuestiones que afectan las comunidades étnicas CONSTITUCION ECOLOGICA-Jurisprudencia constitucional PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Garantía PROTECCION DE COMUNIDADES INDIGENAS-Está ligada a la protección del medio ambiente y los recursos naturales PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Marco jurídico internacional PRINCIPIO DE PRECAUCION Y PRINCIPIO DE PREVENCION AMBIENTAL-Jurisprudencia constitucional PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A DESARROLLO ECONOMICO-Empresas deben implementar estándar de debida diligencia PRINCIPIOS RECTORES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS-Los principios están construidos bajo tres pilares: proteger, respetar y remediar REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Segunda de Revisión- T-248 DE 2024 Referencia: expediente T-9.312.858 Acción de tutela interpuesta por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y otro, contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques y otros. Asunto: protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González SÍNTESIS DE LA DECISIÓN ¿Qué estudió la Corte? La Corte Constitucional examinó una acción de tutela que buscaba proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+). Estos proyectos, que derivan de compromisos establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), encuentran su desarrollo normativo interno en la Resolución 1447 de 2018. Representantes de comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés y conformados por las etnias Macuna, Barasano, Eduria, Tayuyo, Tuyaca, Itano y Carapana, alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio. Argumentaron que el proyecto REDD+ desarrollado en su territorio por empresas privadas, algunas internacionales, desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio. Señalaron que estas empresas se apoyaron para su ejecución en un contrato de mandato con un representante legal sin potestad suficiente y acusaron al Estado colombiano de no adoptar salvaguardas sociales y ambientales acordadas ante la CMNUCC que garantizan sus derechos. (§1-115) ¿Qué consideró la Corte? En la revisión de la tutela, la Sala recibió documentación de las partes y expertos que demostraban que el caso reflejaba una problemática generalizada que, de no resolverse, afectaría no solo a las comunidades indígenas del caso, sino también a otros grupos indígenas en situaciones similares. Se identificaron fallas y problemas en los proyectos REDD+ que evidenciaban la necesidad de examinar el estado general de protección de los derechos de autodeterminación, autonomía, gobierno propio, territorio, identidad, integridad física y cultural, así como la consulta y/o consentimiento libre, previo e informado. Tras declarar procedente la acción de tutela, la Sala consideró dos problemas jurídicos correlacionados: uno particular, que evaluó la conducta de las empresas demandadas en la ejecución del proyecto REDD+. Otro, desde una perspectiva general, que estudió la política estatal para garantizar los derechos de la población indígena. Para resolver estos problemas, la Sala explicó: (i) el marco normativo vigente de los proyectos REDD+ en Colombia, (ii) el estándar de protección de los derechos de los pueblos indígenas en proyectos REDD+ tanto a nivel nacional como internacional, (iii) las obligaciones del Estado colombiano para equilibrar la protección interdependiente entre los derechos de los pueblos indígenas y la mitigación al cambio climático, y (iv) los deberes de debida diligencia de las empresas en el diseño, implementación y seguimiento de proyectos REDD+. (§ 115- 268) ¿Qué decidió la Corte? La Sala Segunda de Revisión subrayó la importancia de fortalecer las iniciativas para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), como los proyectos REDD+, en la lucha global contra el cambio climático. Estos proyectos no solo son una opción viable para la gestión forestal sostenible, sino también para la gobernanza de las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía colombiana, que constituye el 48% de esa región. Las comunidades indígenas de la ribera del río Pira Paraná, cuyos territorios son extensos y de alta conservación forestal, son un ejemplo claro de esta situación. Sin embargo, la Sala destacó que existen desafíos y circunstancias particulares que resultan en un déficit de protección de los derechos colectivos de estas comunidades y prácticas inconstitucionales que invisibilizan sus necesidades y circunstancias únicas. La Sala concluyó que las empresas demandadas no actuaron con debida diligencia para respetar los derechos de la población indígena y evitar que sus propias actividades provocaran o contribuyeran a consecuencias negativas de su operación. La Sala encontró que las empresas: (i) no adecuaron sus instrumentos jurídicos a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, (ii) no lograron un verdadero consentimiento libre, previo e informado de esta población indígena, y (iii) no realizaron un seguimiento eficaz ni adoptaron medidas adecuadas que hicieran frente a las afectaciones demostradas. La Sala también encontró que el Estado no ha adoptado un enfoque o perspectiva étnica que garantice el respeto y la protección de los derechos indígenas en los proyectos REDD+. Esta omisión ha generado problemas en el caso del Pira Paraná y en otras comunidades debido a: (i) la insuficiencia de la Resolución 1447 de 2018 para abordar la titularidad y operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos, (ii) la falta de un cuerpo normativo del Sistema Nacional de Salvaguardas para estas iniciativas, y (iii) deficiencias en el control, vigilancia y supervisión estatal de la operación de las empresas en el mercado de carbono forestal. (§ 269-416) ¿Qué ordenó la Corte? La Sala Segunda de Revisión decidió revocar los fallos de instancia y, en su lugar, amparar los derechos de autodeterminación, autonomía, gobierno propio, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Indígena del Pira Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira Paraná. La Sala adoptó medidas para fomentar el diálogo interno, respetando la autonomía y autodeterminación de estas comunidades, y emitió órdenes generales para responder a las fallas en la política pública. Para el caso concreto, se dispuso medidas de diálogo para que la población indígena decida si implementar y, en caso afirmativo, cómo implementar un proyecto REDD+ en su territorio colectivo y medidas de intervención estatal mínimas para garantizar sus derechos fundamentales tutelados. En relación con la problemática general, la Sala ordenó la adopción de un protocolo con enfoque étnico y estrategias de seguimiento y acompañamiento para la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos. (§ 417-432) Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 21 de octubre de 2022 que, en segunda instancia, confirmó la decisión proferida por el Juzgado 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el 26 de septiembre de 2022, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y otro, contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques y otros. I. ANTECEDENTES Acción de tutela 1. Presentación general de la acción de tutela[1]. El 15 de julio de 2022, Fabio Valencia Vanegas, en su condición de representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná, y Jesús Alberto León Marín, en su calidad de representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná- ACAIPI, formularon acción de tutela en contra de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), la empresa Soluciones Proambiente S.A.S., la compañía Ruby Canyon Environmental Inc., la sociedad Certificadora de Carbono S.A.S., el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Además, durante el trámite de la acción de tutela se vinculó al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. 2. Para los accionantes, los hechos del caso demuestran una grave amenaza de los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la autonomía o al autogobierno, a la integridad física y cultural y los derechos territoriales, como consecuencia de presuntas acciones u omisiones de las entidades públicas y particulares accionados en la adopción de salvaguardas sociales y ambientales que debían diseñarse e implementarse en el marco de la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), denominada Baka Rokarire ~ia tir+~dito, en ejecución en el Gran Resguardo Indígena del Vaupés, particularmente en el territorio de las comunidades indígenas que habitan sobre el río Pira Paraná. 3. Los accionantes adujeron que las autoridades no cumplieron con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa de REDD+ aplicada en su territorio colectivo. Sobre los particulares accionados, expresaron que las empresas no aplicaron los estándares de debida diligencia para asegurar el respeto del reconocimiento de sus formas de gobierno propio, la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, que asegurara sus derechos colectivos fundamentales. A continuación, se presentarán los elementos relevantes del caso que soportan la solicitud constitucional: 4. Contexto geográfico y étnico del Gran Resguardo Indígena del Vaupés y, particularmente, de las comunidades y territorios tradicionales del Pira Paraná. Los accionantes hacen parte del Gran Resguardo Indígena del Vaupés creado en 1982[2] y ampliado en 2013[3] en una extensión de 3.896.190 hectáreas[4]. A este resguardo pertenecen 230 comunidades indígenas multiétnicas, con población dispersa, protegidos mediante planes de salvaguarda (planes para la protección de existencia física y cultural de varios pueblos indígenas ordenados por la Corte Constitucional). 5. Desde 1993, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1088 de 1993, habilitó la creación—de carácter transitorio— de las Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIS) en todo el territorio colombiano. Se estableció que las AATIS se tratan como entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, encargadas de operar procesos locales de gestión territorial. En la actualidad, 19 AATIS conforman el Gran Resguardo Indígena del Vaupés[5]. 6. En la presente acción de tutela, los accionantes pertenecen a una de las AATIS, esto es, la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI). Según los demandantes, esta asociación está ubicada en la parte suroriental[6] del Gran Resguardo Indígena del Vaupés, en el corregimiento de Papacoa[7]. Además, tienen una población aproximadamente de 2.000 habitantes[8], pertenecientes a los grupos étnicos Macuna, Barasano, Eduria, Tayuyo, Tuyaca, Itano y Carapana[9]. Estos grupos, a su vez, en dicha asociación están organizados en 16 comunidades indígenas y 18 malocas vecinas[10], en una extensión de 570.452 hectáreas[11], ubicados en toda la ribera del río Pira Paraná, como se advierte en el siguiente mapa: Anexo presentado por la parte demandante. 7. Desde 1996[12], fecha en la que se conformó ACAIPI, hasta 2019, los accionantes señalaron que era claro que ACAIPI constituía la máxima forma de representación de gobierno propio a nivel intercultural de las comunidades del río Pirá Paraná. 8. Los actores aseveraron que, en mayo de 2019[13], cada autoridad tradicional y capitán que integra el sistema de gobierno propio de ACAIPI decidió, de manera autónoma, la creación del Consejo Indígena del Pirá Paraná y la determinación de establecerlo como su máxima autoridad interna, en aplicación del Decreto 632 de 2018[14]. De esta manera, el Consejo Indígena del Pira Paraná quedó conformado por 6 territorios tradicionales y 17 comunidades indígenas, representado por sus autoridades tradicionales y capitanes, respectivamente[15]. 9. Según copia de la petición formulada[16], los demandantes indicaron que el 26 de septiembre de 2019 solicitaron ante el Ministerio del Interior el registro del Consejo Indígena del Pira Paraná de acuerdo con la Asamblea efectuada los días 3 al 5 de mayo de 2019. En respuesta, el 22 de abril de 2020, el ente ministerial dispuso su inscripción en el Registro de Consejos Indígenas de Territorios Indígenas, conformado para la puesta en funcionamiento de los territorios de que trata el Decreto 632 de 2018, integrado por 6 autoridades tradicionales y 15 autoridades comunitarias[17]. 10. Sobre este punto, los accionantes aclararon que debido a que el Ministerio del Interior no reconoció a la totalidad de las 23 autoridades tradicionales y comunitarias que conformaron la creación del Consejo Indígena del Pira Paraná, sino únicamente 21, las autoridades indígenas representativas formularon una acción de tutela previa con el propósito de que se respetará la conformación de dicho Consejo Indígena. En esa oportunidad, ese proceso constitucional culminó con la expedición de la Sentencia T-072 del 24 de marzo de 2021. En esa providencia se indicó que “el Ministerio del Interior omitió el orden y sentido de implementación del Decreto 632 de 2018. Asimismo, desconoció lo establecido en el artículo 330 de la Constitución. De acuerdo con este, los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres, lo que implica el reconocimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas y las comunidades”. Por lo tanto, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al autogobierno y a la autodeterminación del Consejo Indígena Territorial del Pirá Paraná. 11. En cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, el Ministerio del Interior expidió la Resolución 105 del 22 de julio de 2021 que reiteró el registro del Consejo Indígena del Territorio del Río Pira Paraná, pero ahora incluyendo a la totalidad de las comunidades que lo conforman según la designación que de manera autónoma hicieron sus autoridades indígenas. 12. Descripción general del proyecto REDD+ en ejecución en el territorio indígena Pira Paraná. Paralelamente a la creación del Consejo Indígena del Territorio Indígena Pira Paraná, los demandantes adujeron una secuencia de hechos relativos a la formulación, validación, verificación, certificación del proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (proyecto REDD+) denominado Baka Rokarire ~ia tir+~dito en el territorio del Pira Paraná. Mediante la acción de tutela, los demandantes aseveraron que el proyecto REDD+ no fue conocido, decidido ni avalado por los integrantes de las comunidades indígenas y territorios tradicionales del Pira Paraná, a través de su sistema de gobierno propio y con el respeto de su integridad física y cultural[18]. 13. Los actores explicaron extendidamente que los proyectos REDD+ son mecanismos de mitigación de los efectos del cambio climático, resultado de diferentes Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Igualmente, precisaron que el propósito de estos proyectos es crear acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mediante la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Por esta vía, los países y las empresas pueden usar herramientas tales como los certificados de carbono, que pueden negociarse para incentivar las actividades de reducción de emisiones de GEI. 14. En el plano interno, el programa está reglamentado por la Resolución 1447 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la ejecución de los proyectos REDD+, los actores indicaron que su desarrollo pasa por una serie de fases dispuesta en la norma: (a) registro, (b) factibilidad, (c) formulación, (d) validación y verificación, (e) certificación y (d) seguimiento[19]. Además, precisaron que en la ejecución de cada fase de los proyectos REDD+ intervienen diferentes particulares: - Primero, quienes desarrollan y formulan el proyecto REDD+, en este caso la Corporación Masbosques, sociedad sin ánimo de lucro, y Soluciones Proambiente, sociedad anónima por acciones simplificada[20]. - Segundo, quienes validan y verifican el proyecto, para el asunto específico, la empresa Ruby Canyon Environmental Inc., compañía norteamericana con filial en México[21]. - Tercero, quienes certifican el porcentaje de emisiones de carbono aptas para la venta, que para el proyecto en desarrollo fue Cercarbono S.A., empresa colombiana[22]. 15. La secuencia de hechos en la que participaron estos particulares y que los accionantes cuestionan es la siguiente: Fecha Responsable Contenido 2 de marzo de 2021 Corporación Masbosques y Soluciones Proambiente Contrato de mandato entre John Freddy Benjamín Londoño, en representación de ACAIPI y la Corporación Masbosques. El contrato de mandato tiene por objeto autorizar a Masbosques a “adelantar las gestiones necesarias para la implementación del proyecto para la Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques REDD+. En el territorio de (…) ACAIPI, del resguardo indígena del Vaupés”[23]. Además, el contrato dispuso cinco cláusulas adicionales relativas a su valor indeterminado, el plazo de 10 años de ejecución a prorrogarse por mutuo acuerdo, una serie de obligaciones del mandante que permitieran la ejecución del proyecto, obligaciones del mandatario y formas de su terminación. 22 de diciembre de 2021 Corporación Masbosques Documento de Descripción o Formulación del proyecto REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito elaborado por Masbosques. Este documento incluye información general del proyecto, su propósito, los ejercicios de participación con las comunidades y las líneas de acción en territorio, la metodología y cálculo de las remociones o reducciones de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI)[24]. Establece que “la fecha de inicio del proyecto es el 1° de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre de 2047. Durante 30 años del proyecto se estima una reducción de emisiones correspondientes a deforestación evitada de 15,724,369 toneladas de CO2e”[25]. 10 de febrero de 2022 Ruby Canyon Environmental, Inc. Informe de validación y verificación del Proyecto REDD+ realizado por Ruby Canyon Environmental[26]. Este documento dispone que el cliente es Masbosques y Soluciones Proambiente S.A.S. Describe de manera general el proyecto REDD+ y las acciones ejecutadas por la compañía para el proceso de validación y verificación, así como los resultados y conclusiones obtenidas. Se establece como el objetivo de la validación “asegurar que: 1) el reporte del proyecto y los cálculos son materialmente correctos y que cumplen con los requisitos del protocolo, 2) que el proyecto cumple con los requisitos de elegibilidad del programa Cercarbono, y 3) el proyecto puede lograr razonablemente la reducción de emisiones esperadas”[27]. Sobre la verificación su objetivo evaluar que “la declaración de reducción de emisiones de GEI del proyecto […] de autoridades indígenas ACAIPI […] y presentada en su informe […] por MASBOSQUES (desarrollador del proyecto) en conjunto con Soluciones Proambiente (formulador del proyecto) es materialmente correcta” [28]. 11 de febrero de 2022 Cercarbono Certificación de emisión de créditos de carbono elaborado por Cercarbono a nombre de Masbosques[29]. El reporte de certificación establece que el proyecto REDD+ siguió el protocolo de Cercarbono, en su versión 2.1, para la certificación voluntaria de carbono, normas ISO 14064-2:2006 y 14064-3:2019 y la Resolución 1447 de 2018. Establece que el informe de monitoreo ocurrió el 14 de enero de 2021 y el periodo de acreditación aprobado por Cercarbono es de 20 años[30]. 16. Sobre las acciones atribuidas a Masbosques y Soluciones Proambiente. Los accionantes argumentaron que estas empresas, en su rol de desarrolladores y formuladores del proyecto REDD+, nunca solicitaron autorización del Consejo Indígena del Territorio Pirá Paraná, constituido como su máxima autoridad de gobierno propio. Sostuvieron que el contrato de mandato no suple esta obligación, ni el supuesto representante legal de ACAIPI tenía la potestad para obligar a la comunidad, a partir de algún tipo de autorización de las estructuras internas para la toma de decisiones. 17. Los actores insistieron en que, desde la Asamblea realizada entre el 3 y 5 de mayo de 2019, la población indígena del Pira Paraná, a través de los representantes de la estructura de gobierno de ACAIPI, dispuso que el Consejo Indígena del Territorio Pirá Paraná sería su máxima estructura de gobierno propio y de toma de decisiones internas y externas. Precisaron que esa decisión quedó registrada ante el Ministerio del Interior desde el 22 de abril de 2020 y se reiteró el 22 de julio de 2021 por orden de la Corte Constitucional. 18. Adicionalmente, los actores argumentaron que, desde antes de la suscripción del contrato de mandato (2 de marzo de 2021), esto es, el 20 de febrero de 2021, la Asamblea de Autoridades Tradicionales de ACAIPI designó un nuevo representante legal[31]. Luego, la persona que suscribió el contrato de mandato no tenía la capacidad jurídica para obligar al Consejo Indígena, a ACAIPI y menos a las comunidades y territorios indígenas ubicados en la ribera del río Pira Paraná[32]. 19. Los accionantes indicaron que esa falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio del territorio Pira Paraná tuvo como consecuencia la formulación de un proyecto REDD+ que desconoce sus derechos a la autodeterminación, a la integridad física y cultural y las salvaguardas sobre su territorio indígena. Hicieron énfasis en que el proyecto: (i) no respetó criterios de participación consensuada con las estructuras de gobernanza propias; (ii) las líneas de trabajo no fueron discutidas y aprobadas por la población indígena; (iii) no se desarrolló un esquema de trabajo del proyecto REDD+ con las verdaderas autoridades del territorio; (iv) quedó diseñado bajo el plan de vida de la asociación ACAIPI, el cual no constituye su estructura de gobierno ni representación actual y, adicionalmente, (v) dispuso que las medidas de mitigación del cambio climático y la reducción de las emisiones GEI operaran sobre sus zonas de cultivo (chagras), lo cual impacta, sin su autorización, sus propios modos de vida, su alimentación y su relacionamiento en el territorio. 20. Los accionantes resaltaron que hasta el 11 de abril de 2022 tuvieron conocimiento del proyecto REDD+ y en esa misma fecha enviaron comunicación formal a las empresas Masbosques, Ruby Canyon Environmental Inc. y Cercarbono. En la comunicación exigieron: “la no comercialización de los créditos de carbono emitidos en el Proyecto Baka Rokarire ~ia tir+ ~dito, así como la anulación de todas las acciones, actividades, gestiones, documentos y demás generados con dicha iniciativa, en razón a que se han violado nuestros derechos fundamentales”[33]. El 26 de mayo de 2022, el representante legal de Masbosques expresó lo siguiente: “las acciones encaminadas para el desarrollo del proyecto en mención, han sido previamente concertadas con las autoridades indígenas, capitanes y sus comunidades. Entre marzo y diciembre del año 2021, se realizó el perfeccionamiento de la firma del mandato, visitas de caracterización, jornadas de socialización y visitas de verificación donde se tuvo presencia de las autoridades indígenas reconocidas ante el Ministerio del Interior para la fecha en mención. Por ello, dicho proyecto fue posible validarse y verificarse, ya que las comunidades, autoridades y capitanes tenían conocimiento al respecto”[34]. 21. Sobre las acciones atribuidas a Ruby Canyon Environmental Inc. Para los accionantes, el organismo validador y verificador (OVV) del proyecto REDD+, es decir, a quien le corresponde verificar y validar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, fue negligente. Para los accionantes, el informe de validación y verificación dio por cierta la información presentada por Masbosques sin realizar una evaluación rigurosa, objetiva e independiente del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3° y 44 de la Resolución 1447 de 2018. 22. El OVV no verificó ni validó quiénes eran realmente los participantes del proyecto REDD+ y si se cumplieron las salvaguardas sociales y culturales dispuestas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático -en CMNUCC- e incluidas en el Sistema Nacional de Salvaguardas para las iniciativas que operen en Colombia. Mencionaron que desde la fase de factibilidad del proyecto REDD+ era clara la existencia de comunidades indígenas, luego, al OVV le correspondía analizar el proyecto de manera diligente para el cumplimiento de sus derechos humanos y fundamentales. 23. Sobre las acciones atribuidas a Cercarbono. Los demandantes sostuvieron que Cercarbono emitió la certificación de emisiones de crédito de carbono, a favor de la empresa Masbosques y no de las comunidades indígenas, sin verificar que el proyecto cumpliera con las salvaguardas mínimas de un proyecto REDD+ operado en territorios indígenas. 24. Según los accionantes, la empresa emitió la certificación a favor de Masbosques como formulador del proyecto REDD+ sin valorar que las comunidades indígenas no participaron de las fases de registro, factibilidad, formulación, validación y verificación del proyecto REDD+, luego, no era cierto su rol como titulares de la iniciativa. Esta conducta, desde la perspectiva de los demandantes, desconoció los principios de confiabilidad, comparabilidad, consistencia, exactitud, exhaustividad, integralidad, pertinencia y transparencia, de acuerdo con la Resolución 1447 de 2018 para la ejecución de un proyecto REDD+. 25. Sobre las acciones del Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM. Los demandantes adujeron que estas autoridades no cumplieron con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el procedimiento de registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de un proyecto REDD+ aplicado en su territorio colectivo. 26. El primer problema que identificaron de afectación a sus derechos fundamentales a cargo del Estado tuvo que ver con que el Gobierno nacional omitió establecer un mecanismo jurídico específico y vinculante, mediante reglas claras, precisas y verificables, que materializaran las salvaguardas sociales y ambientales dispuestas para los esquemas REDD+ ante la CMNUCC y, al mismo tiempo, aseguraran los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Afirmaron que las medidas de mitigación del cambio climático no pueden constituir herramientas para vulnerar derechos internacionales y nacionales reconocidos a los pueblos indígenas por su relación especial con el territorio. 27. Como segundo problema los accionantes identificaron la insuficiencia e inoperatividad del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), reglamentado en el artículo 10° y subsiguientes de la Resolución 1447 de 2018. 28. Este registro es la plataforma tecnológica del Estado para conocer toda iniciativa de mitigación de gases de efecto invernadero -GEI- operada en territorio nacional y que pretenda optar por pagos por resultados o compensaciones, como sucede con las metas nacionales de cambio climático ante la CMNUCC. Esgrimen que el RENARE no verifica la información registrada, no valora el cumplimiento de las garantías sociales y ambientales dispuestas ante la CMNUCC, ni provee la información pública suficiente y actualizada para que la comunidad y los pueblos indígenas conozcan y confronten dichas iniciativas sobre sus tierras. 29. Pretensiones de la acción de tutela. Los actores pretendieron que los jueces constitucionales ordenen: (i) tutelar los derechos a la integridad cultural, a la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio; (ii) dejar sin efectos jurídicos la totalidad del procedimiento llevado a cabo para la emisión del certificado de crédito de carbono, lo que incluye el registro en el RENARE, la certificación de emisión de créditos y el contrato de mandato; y (iii) ordenar a los particulares que se abstengan de seguir actuando en el territorio colectivo. 30. Respecto de las entidades del Estado, solicitaron: (iv) ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al IDEAM que modifique el RENARE e incluya los mecanismos específicos suficientes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos REDD+; y (v) ordenar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que activen sus funciones preventivas. En el escrito de tutela, aclararon que no pretenden proteger el derecho a la consulta previa, por cuanto consideran que una orden de adelantar la consulta conllevaría revestir de legalidad y validez acciones adelantadas por los particulares. Trámite de la acción de tutela 31. Admisión. El 19 de julio de 2022, el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá admitió la tutela y corrió traslado a la parte demandada. Además, ordenó vincular al Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo[35]. Las instituciones demandadas respondieron en los siguientes términos: Respuesta Contenido Masbosques[36] y Soluciones Proambiente[37] Masbosques solicitó negar la acción de tutela por la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales. Subsidiariamente declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Finalmente, solicitó la carencia actual de objeto por daño consumado. Soluciones Proambiente solicitó “negar por improcedente la acción de tutela” y su desvinculación del trámite de la tutela. Argumentaron que: (i) la celebración del contrato de mandato es válida jurídicamente, puesto que se suscribió con el representante legal de ACAIPI reconocido ante el Ministerio del Interior, además, dicho contrato se suscribió un año y medio antes de la presentación de la acción de tutela; (ii) no existe nexo causal entre el daño alegado por los accionantes y la conducta de las empresas, en tanto su actuación estuvo delimitada a la formulación del proyecto REDD+, mediante el contrato de mandato, por lo tanto su validez debe debatirse por causes judiciales ordinarios; y (iii) la iniciativa se encuentra en ejecución, las comunidades indígenas han recibido recursos de la venta de la certificación de carbono y se han destinado principalmente al mejoramiento de las viviendas. Luego, existe daño consumado[38]. Ruby Canyon Environmental y la Certificadora de Carbono S.A.S Guardaron silencio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[39] e IDEAM[40] El Ministerio de Ambiente solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela por hecho superado y negar las pretensiones dado que no existe afectación de los derechos fundamentales. El IDEAM también pidió su desvinculación porque su actuación no derivó en una vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Ambas entidades argumentan que: (i) no está dentro de las funciones legales y reglamentarias de estas entidades verificar, vigilar y sancionar el presunto incumplimiento de las salvaguardas dispuestas ante la CMNUCC en los proyectos REDD+, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, el Decreto 3570 de 2011 y la Resolución 1447 de 2018; (ii) el RENARE no evalúa la información presentada por los desarrolladores o formuladores de los proyectos REDD+, sino que sólo constituye una plataforma tecnológica que permite el conocimiento de las iniciativas GEI que operan en Colombia; (iii) las empresas en calidad de organismos de validación y verificación son las instituciones responsables de evaluar la información remitida por los titulares de los esquemas REDD+, lo que incluye las salvaguardas sociales y ambientales dispuestas por Colombia ante la CMNUCC; y (iv) la Resolución 1447 de 2018 no contempla mecanismos de anulación o supresión de iniciativas de mitigación que puedan desarrollarse en el territorio nacional y afecten los derechos de los pueblos indígenas. Ministerio del Interior[41] La entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. Sostuvo que no existe nexo causal entre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes y la acción y/u omisión por parte del Ministerio del Interior. Además, afirmó que, dentro de las funciones de la entidad, dispuestas en los Decretos 2893 de 2011, 2340 de 2015 y 1140 de 2018, no se prevén actuaciones relacionadas con los hechos de la acción de tutela. Procuraduría General de la Nación[42] La entidad expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no participó de los hechos que envuelven la presunta vulneración de derechos fundamentales de los accionantes. No obstante, indicó que la situación fáctica expuesta por los demandantes sugiere la violación de los derechos a la autodeterminación, al gobierno propio y territorial por parte de Masbosques, al celebrar el contrato de mandato desconociendo las estructuras de gobierno y los canales de funcionamiento del resguardo indígena. Defensoría del Pueblo Regional de Vaupés[43] La Defensoría del Pueblo Regional de Vaupés solicitó la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la entidad vulneradora de los derechos fundamentales. 32. Sentencia de tutela de primera instancia[44]. El 26 de septiembre de 2022, el Juzgado 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad. El despacho argumentó que los demandantes no presentaron razones específicas que demostraran la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El juez aseveró que los demandantes cuentan con tres mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las actuaciones de las entidades e instituciones demandadas. Primera, la acción de nulidad del contrato civil regulada en los artículos 1743 y 1746 del Código Civil para discutir la presunta suscripción irregular del contrato de mandato. Segunda, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el registro en el RENARE efectuado por el IDEAM y la emisión del certificado de créditos de carbono. Por último, expuso que resulta procedente la acción popular, dada su eficacia e idoneidad para proteger derechos colectivos de los pueblos indígenas. 33. Impugnación[45]. El 30 de septiembre de 2022, la parte accionante en su recurso formuló seis errores en la interpretación del precedente constitucional y la aplicación de la ley para el caso concreto. Primero, argumentó que la decisión desconoce el precedente constitucional que reconoce la acción de tutela como mecanismo principal para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras, en las sentencias T-072 de 2021 y SU-217 de 2017. Segundo, el juez no valoró su actuación desde su función constitucional protectora de los derechos fundamentales y, en consecuencia, no aplicó las amplias facultades oficiosas para garantizarlos. Tercero, dejó de aplicar la presunción de veracidad de la información, derivada del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 97 del Código General del Proceso, dado que Ruby Canyon Environmental y Cercarbono guardaron silencio. Cuarto, el juez no consideró la naturaleza fundamental de los derechos alegados y asumió erróneamente que eran derechos colectivos, competencia del juez administrativo. Quinto, omitió la configuración de un perjuicio irremediable que existe respecto de las estructuras de gobierno y de representación, dado que sigue ejecutándose un proyecto REDD+ desconocido por la población indígena. Sexto, se trata de un asunto de relevancia constitucional pues tiene que ver, desde una perspectiva general, con el impacto de los proyectos REDD+ en el ejercicio de derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas. 34. Solicitud de desistimiento de la acción de tutela de Masbosques y ACAIPI[46]. El 13 de octubre de 2022, el representante legal de Masbosques allegó un documento mediante el cual el representante legal de ACAIPI y una de las personas que radicó la acción de tutela solicitó el desistimiento de la acción de tutela por hecho superado. En ese documento, Masbosques expuso que el 30 de septiembre de 2022 los capitanes de 12 comunidades indígenas pertenecientes al territorio indígena del Pira Paraná se reunieron y aceptaron continuar con la implementación del proyecto REDD+. 35. Solicitud de continuidad del trámite de la acción de tutela del Consejo Indígena del Pirá Paraná[47]. El 19 de octubre de 2022, el representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná solicitó denegar el desistimiento de la acción de tutela y continuar su trámite. Explicó que el antiguo representante legal de ACAIPI[48] renunció tras controversias con Masbosques por el fraccionamiento que está generando en las comunidades indígenas del Pira Paraná. Aseveró que “Masbosques actuó de mala fe y entró a las comunidades ofreciendo altas sumas de dinero. Incluso dando un recurso directo a los capitanes por firmar los documentos que llevaban”. Para el representante legal, esta actuación de la empresa destruye la organización política, jurídica y de gobierno del territorio indígena y justamente demuestra la negación de sus derechos fundamentales a la autonomía, a la libre determinación y al respecto de sus estructuras de gobierno propio y toma de decisiones. Por ese motivo, se han presentado varias denuncias penales que están en conocimiento de las autoridades competentes. 36. Sentencia de tutela de segunda instancia[49]. El 21 de octubre de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- confirmó la sentencia de primera instancia. Como existía una controversia sobre la facultad de desistir de la acción de tutela, la Sala sostuvo que no tendría en cuenta la solicitud presentada el 13 de octubre de 2022 y resolvería la impugnación presentada por los demandantes. 37. Sobre la acción de tutela, consideró su improcedencia con fundamento en que: (i) lo pretendido es solamente un controversia de tipo contractual sobre la validez u oponibilidad de un contrato que debe resolverse por la autoridad o juez natural competente; (ii) los demandantes no pretenden la protección del derecho a la consulta previa, de modo que la acción de tutela no es la vía procedente para discutir el amparo de otros derechos alegados; (iii) tampoco explicaron en qué consiste o cuál es el daño inminente que presuntamente puede evitarse con la acción de tutela. Finalmente, la corporación judicial remitió copia del expediente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue las posibles conductas indebidas aludidas por el demandante. Trámite en sede de revisión ante la Corte Constitucional 38. Selección y reparto. La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro del 2023 escogió el expediente para revisión, con fundamento en los criterios objetivos de “asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial”[50]. 39. Autos de pruebas, requerimientos y de suspensión de términos[51]. El magistrado sustanciador decretó y requirió diferentes medios de pruebas con el fin de recabar información sobre: (i) los factores internos y externos que presuntamente comprometen la conservación de las estructuras de gobierno propio y gobernanza local de las comunidades indígenas del Pira Paraná; (ii) las acciones adoptadas por el Estado colombiano en el marco de la ejecución de los esquemas REDD+ acordados ante la CMNUCC; y (iii) las actuaciones de los particulares adelantadas en la ejecución del proyecto REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito. Adicionalmente, el despacho invitó a diferentes instituciones públicas y privadas que asesoran, acompañan, monitorean e investigan el tema, para que rindieran concepto sobre los modelos REDD+ y sus posibles impactos o efectos sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 40. Respuestas de los accionantes[52]. A través de despacho comisorio, la Corte Constitucional recibió las declaraciones de parte de los representantes legales de ACAIPI y del Consejo Indígena del Pira Paraná[53]. 41. El antiguo representante de ACAIPI[54], quien desistió de la acción de tutela, insistió en la ratificación y aprobación del contrato de mandato por líderes de las comunidades indígenas del Pira Paraná y, por lo tanto, la convalidación de la actuación de Masbosques. Explicó que Masbosques realizó varios acuerdos internos posteriores a la formulación del proyecto REDD+ para seguir ejecutando la iniciativa, por lo que decidió desistir de la tutela por voluntad de 12 capitanes indígenas. Agregó que no existe fragmentación de las comunidades, sino diferencias entre quién será el desarrollador del proyecto REDD+. Precisó que estas diferencias no niegan el proceso de transformación que vive su territorio con el Consejo Indígena como máxima estructura de gobierno propio, pero este consejo solamente opera cuando entre en funcionamiento el ente territorial indígena. 42. Por su parte, el representante legal del Consejo Indígena y la nueva representante de ACAIPI[55] aclararon que ambas organizaciones recogen la afiliación de la totalidad de comunidades indígenas del Pira Paraná y que sus funciones no se contraponen. De acuerdo con su estructura de gobierno, ACAIPI ejerce funciones administrativas asociadas a la firma de convenios con el sistema general de participaciones y el Consejo Indígena desarrolla la función política sobre todo el territorio indígena y frente a la toma de decisiones. 43. Precisaron que la tutela obedece a la necesidad de establecer un sistema jurídico de reglas jurisprudenciales para solucionar las problemáticas asociadas al mercado voluntario de carbono. En su criterio, las acciones y omisiones de cada entidad accionada llevaron a estructurar, hasta su comercialización, un proyecto REDD+ que desconoció el sistema de gobierno y las formas con las que se toman las decisiones en el territorio del Pira Paraná y se ejerce la participación con autoridades externas. 44. Por último, presentaron documentación que, desde su perspectiva, tras la radicación de la tutela, demuestran distintas solicitudes a Masbosques para abstenerse de seguir fragmentando el territorio y/o llevar a fórmulas de acuerdo o diálogo; sin embargo, la demandada dejó que las comunidades siguieran con disputas internas que han terminado en agresiones físicas y verbales[56]. 45. Respuesta de Masbosques[57], Soluciones Proambiente SAS[58], Ruby Canyon Environmental Inc.[59] y Cercarbono[60]. En su conjunto, estas instituciones adujeron que no incurrieron en conductas que ocasionen la presunta afectación de derechos fundamentales de los pueblos indígenas alegada por los accionantes. Expusieron las siguientes razones principales: 46. En primer lugar, el contrato de mandato es un acuerdo privado de voluntades que brinda un poder especial de representación y tiene fundamento legal en el protocolo diseñado por el programa de certificación de gases de efecto invernadero -en adelante GEI- o el estándar de carbono, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Resolución 1447 de 2018. Este contrato además se rige por normas de derecho público-privado y corresponde con estándares internacionales avalados por Colombia. Esta reglamentación igualmente tiene en cuenta los términos y las condiciones contractuales previstas a la fecha del proyecto y la normatividad ISO que regula las iniciativas REDD+. Puntualmente, precisaron que el contrato de mandato es una figura que se utilizó en este proyecto, de acuerdo con el “Protocolo para la certificación voluntaria de carbono de Cercarbono-Versión 2.1”. De esta manera, el consentimiento libre, previo e informado dispuesto por Colombia ante la CMNUCC se materializó a través del contrato de mandato suscrito entre Masbosques y el representante legal de ACAIPI, cuyas funciones estaban vigentes a la firma del contrato[61]. 47. En segundo lugar, el convenio interadministrativo suscrito entre Masbosques y Soluciones Proambiente SAS dispone una distribución de beneficios del 60% para las comunidades indígenas, administrado por Masbosques, del cual se derivan los costos de implementación del proyecto; el 40% restante se entrega a Soluciones Proambiente, a título de contraprestación de capital y por la estructuración del proyecto[62]. Además, para la fecha en que Masbosques conoció de la existencia del Consejo Indígena, en todo caso, ya se había validado, verificado y certificado el proyecto, es decir, los certificados de carbono se comercializaron entre el 2018 y el 2020[63]. Se negociaron 1.307.794 toneladas de CO2, para un valor total de $25.489.394.225,57 COP sobre la totalidad del proyecto REDD+[64]. 48. De este proyecto, a las comunidades asociadas a ACAIPI les corresponde 11.652.292.127 COP[65]. Además, según el anexo “informe de ejecución del proyecto REDD+” en el territorio de ACAIPI[66], Masbosques registra que en 12 comunidades del Pira Paraná (de las 17 comunidades y 6 territorios tradicionales), ya se acordaron, con posterioridad a la firma del contrato de mandato, proyectos para la inversión. Sobre estas mismas comunidades, precisó que el valor asignado para cada una de las 12 comunidades indígenas fue de 685.193.654 COP[67]. A través de conceptos como “producción sostenible, “vivienda”, “camino vecinal”, “acciones de reforestación” “apoyo logístico, “elementos deportivos”, “pistas” “instrumentos de baile y “transporte fluvial”, entre otros, Masbosques señaló una ejecución superior a los $ 6.827.876 COP, entregada en insumos y pago directo a los capitanes[68]. 49. Por ese motivo, para Masbosques el proyecto REDD+ se está ejecutando exitosamente porque las comunidades han recibido parcialmente los recursos de la venta de los certificados de carbono; con otras comunidades se está ejecutando mediante acuerdos y actas comunitarias, a través de la vocería de sus capitanes; y en otras, los líderes están ratificando el contrato de mandato. Para ello, Masbosques constituyó una cuenta en fiducia a nombre del proyecto REDD+ y sus comunidades. Esa empresa manifestó que “los desembolsos se hicieron de acuerdo con las normas establecidas por el mecanismo fiduciario. Dichas solicitudes se desembolsaron por medio de órdenes de pago indicado en los proyectos soportados y evidenciados en las actas, proyectos y acuerdos de conservación establecidos al interior de las comunidades”[69]. 50. En tercer lugar, Masbosques y Soluciones Proambiente, en su rol de desarrolladores y formuladores del proyecto REDD+, realizaron un proceso de participación pleno y efectivo, según los estándares de la certificadora de carbono, mediante la realización de talleres de socialización y cartografía social, a pesar de las dificultades de los desplazamientos por la pandemia[70]. Informaron que realizaron visitas a varias comunidades los días 5 de mayo, 21, 28, 30 de junio, 6 y 8 de julio, 6 de septiembre y 10 de octubre de 2022; en esas fechas se firmaron los acuerdos con cada comunidad[71]. 51. Masbosques precisó que como resultado del proceso de participación pleno y efectivo dispone de mecanismos de seguimiento y verificación del proyecto REDD+, a través de un sistema de recepción de peticiones, quejas y reclamos, así como de un protocolo de resolución de conflictos[72]. La corporación accionada manifestó que cuenta con un sistema de PQRS que establece un protocolo de resolución de conflictos basado en el sistema nacional de salvaguardas, de conformidad con la sección 1.9 del “documento de descripción de proyecto y reporte de monitoreo”[73]. 52. Sobre este mismo ejercicio de participación, Masbosques precisó que el Consejo Indígena del Pirá Paraná es una figura de gobernanza en construcción, hasta tanto se formalicen las etapas dispuestas en el Decreto 632 de 2018 para la puesta en funcionamiento del territorio indígena, por lo que no representa la máxima estructura de gobierno propio. Para Masbosques, hasta que ese consejo no supere la fase de implementación, no es formalmente la autoridad superior, sino que, al contrario, ACAIPI continúa existiendo como autoridad representativa en el territorio[74] y con ella se contrató, negoció, socializó y se realizó todo el procedimiento de participación que exige la CMNUCC y el Sistema Nacional de Salvaguardas. 53. En cuarto lugar, el proyecto REDD+ se inscribió en el RENARE desde su fase de factibilidad, pero no se ha actualizado como consecuencia de una medida cautelar dispuesta por el Consejo de Estado que suspendió su funcionamiento, de modo que ni su formulación ni las salvaguardas a favor de las comunidades indígenas se pudieron registrar de manera efectiva. Soluciones Proambiente S.A.S. manifestó que el proyecto se registró en el RENARE en el mes de octubre de 2021, no obstante, no se puede evidenciar ese registro porque dicha plataforma se encuentra inactiva desde el primer trimestre del año 2022[75]. Según la accionada, la información correspondiente a las salvaguardas sociales y ambientales no pudo ser suministrada en la fase de formulación ante el RENARE ni después por estar inactiva la plataforma[76]. 54. En quinto lugar, por motivos de seguridad, Ruby Canyon Environmental sostuvo que diseñó un plan de visita de sitio de carácter alternativo, con el que pudo interactuar directa y personalmente con miembros de las comunidades en un espacio seguro, así como evaluar de primera mano el área del proyecto y sus límites geográficos. Esta sociedad llevó a cabo sobrevuelos al área geográfica que abarca el proyecto y llevó a cabo reuniones con las comunidades en la ciudad de Mitú, para la revisión de aspectos como la socialización del proyecto, las consultas y la participación de las comunidades en las actividades[77]. Además, diseñó y ejecutó el proceso de validación y verificación a través de los criterios técnicos y regulatorios vigentes[78]. 55. En último lugar, Cercarbono respondió que esa empresa funciona como un programa de certificación voluntaria de carbono, que logra facilitar y garantizar el registro de programas o proyectos de mitigación del cambio climático, la certificación de la emisión y el registro de los créditos de carbono generados por dichos programas o proyectos. 56. En el caso específico del proyecto en cuestión, afirmó que este comenzó su implementación el primero de enero de 2018 y que luego de la validación y verificación de Ruby Canyon Environmental, el 11 de febrero de 2022 emitió un reporte de certificación que respaldó la emisión del certificado correspondiente. Informó que los créditos emitidos fueron 1.538.581 a favor de Masbosques[79]. También esta empresa manifestó que el proyecto presentó un análisis y un reporte de cumplimiento de salvaguardas culturales y ambientales de las comunidades indígenas del territorio. 57. Por otro lado, esta empresa afirma que los OVV deben emitir un informe como el resultado de la aplicación de las actividades de debida diligencia y su cumplimiento, el cual se constituye en el sustento de los créditos que se emiten. Al respecto, manifestó que el protocolo de Cercarbono cumple con dos principios que permiten salvaguardar los derechos de las comunidades en sus distintas dimensiones: no generar daño neto y la transparencia. El primero implica propender que las actividades del programa o proyecto no generen un daño neto sobre las áreas o comunidades circundantes al mismo, en aspectos sociales, ambientales o legales. El segundo significa que la información debe ser genuina y clara en relación con los procedimientos, suposiciones, procesos y limitaciones intrínsecas de los proyectos, para garantizar la fiabilidad y credibilidad de sus resultados de remoción de GEI y de reducción de emisiones de GEI. 58. Finalmente, indicó que los OVV deben verificar que los proyectos cumplan con dos salvaguardas específicas: el respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, y la participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales[80]. 59. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[81] y el IDEAM[82]. Estas entidades reiteraron que su actuación no afecta los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la ejecución de los proyectos REDD+, sino que, por el contrario, existían responsabilidades legales en cabeza de los particulares que ejecutaron esta iniciativa de reducción de emisiones de GEI. 60. Las entidades precisaron que los proyectos REDD+ están regulados en Colombia principalmente por la Resolución 1447 de 2018, modificada por la Resolución 0831 de 2020, además de las Leyes 1753 de 2015, 2169 de 2021 y 2294 de 2023 y los reglamentos contenidos en el Decreto 1074 de 2015. En esta conceptualización de los proyectos REDD+ se dispone un Sistema Nacional de Salvaguardas informado ante la CMNUCC. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible detalla tres salvaguardas relacionadas directamente con los pueblos indígenas: el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), el respeto por el conocimiento tradicional de estas comunidades y la participación plena y efectiva, como salvaguardas ambientales y sociales reconocidas en el marco del COP llevado a cabo en Cancún. 61. La salvaguarda de consentimiento implica que “cual...