Ley 188 de 1995

El Sena en los cuatro años apropiará recursos por $750.000 millones de pesos para las labores de capacitación, recapacitación, intermediación laboral y aportes para la actualización de los Centros de Desarrollo Tecnológico. Los recursos provendrán prioritariamente de los aportes que hacen las empresas al SENA. IV. EL TRABAJO COMO ESTRATEGIA BASICA DE CONVIVENCIA SOCIAL Con la política de "Más y Mejores Empleos" se busca lograr para la población, no solamente mayores ingresos, sino condiciones laborales que le permitan a las personas su desarrollo integral, y una nueva concepción de empresa y de relaciones obrero-empresariales, donde la persona y su participación con responsabilidad en el que hacer de estas organizaciones. Con el fin de alcanzar estas condiciones laborales, se promoverá una nueva cultura empresarial, y de relaciones obrero-empresariales. Para ello, se promoverán nuevas relaciones entre organizaciones de trabajadores y de empresarios, con base en el respeto mutuo, unas condiciones de negociaciones equitativas, la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos y la búsqueda de la eficiencia para lograr un uso óptimo de los recursos escasos. Se impulsará, además, la concertación tripartida como mecanismo para afianzar la internacionalización y la convivencia social. V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organismo encargado de la política de empleo, capacitación para el trabajo, productividad laboral y seguridad social, concentrará su labor en la formulación de políticas y normas legales, el monitoreo de los mercados de trabajo, sus requerimientos de mano de obra y la concertación sobre los grandes temas del sector. Por ello, será transformado en un organismo técnico que oriente, coordine y supervise las políticas de empleo, trabajo, capacitación de la fuerza laboral, previsión y seguridad social integral. El Ministerio promoverá, además, el desarrollo de una nueva cultura de relaciones empresariales y laborales y propiciará soluciones preventivas y de conciliación.

Pondrá en marcha la "Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales", conformada de manera tripartita, con la función de contribuir a la solución de los conflictos colectivos y a afianzar un renovado clima en las relaciones laborales. Con el fin de hacerle seguimiento al plan "Más y Mejores Empleos", se conformará una comisión presidida por el Ministro de Trabajo, en la cual participarán los Ministros de Hacienda, Desarrollo y Agricultura, el director del Departamento Nacional de Planeación, dos representantes de los gremios y dos representantes de los trabajadores. Así mismo, el DNP, el Ministerio de Trabajo y Colciencias, promoverán un gran esfuerzo investigativo dirigido a identificar los problemas que enfrenta el mercado laboral y que sirvan de base para el diseño de políticas específicas dirigidas a corregirlos. EL BUEN GOBIERNO Colombia atraviesa una de las etapas más dinámicas de su historia en la modernización de sus instituciones y de su vida política. Con la Constitución de 1991 se ampliaron e innovaron las formas tradicionales de gobernar y hacer política. La descentralización, la participación ciudadana y el mejoramiento continuo de la gestión pública son los elementos más importantes de esta dinámica, que se constituyen en contribución fundamental para la construcción del nuevo ciudadano. De ello se desprende la posibilidad de lograr mayor eficacia y eficiencia de la acción del Estado. Al mismo tiempo, se establece una relación más directa y transparente con la sociedad civil. Los problemas y las necesidades de la gente pueden comenzar a fluir hacia las instancias gubernamentales al mejorar la capacidad de respuesta del Estado en términos de soluciones adecuadas, duraderas y efectivas. Con la descentralización, el poder político y administrativo del Estado está cada vez más cerca de la población. Mediante la participación ciudadana, la gente puede ayudar directamente en la solución de los problemas que ellos conocen más que nadie.

A través de un sólido sistema de implantación de principios gerenciales en los diferentes sectores de la administración pública, tanto la sociedad civil como el Gobierno pueden aprender a mejorar de manera sistemática sus papeles en el desarrollo del país. El dilema no es más o menos Estado sino mejor o peor Estado. La relación entre Buen Gobierno y legitimidad es directa y no da lugar a equívocos. En la medida en que el Gobierno funcione mejor y responda a las expectativas de la gente, la legitimidad de nuestras instituciones será mayor. La descentralización, participación y buena gestión, siempre asociados, permitirán que los ciudadanos recuperen su credibilidad en el servicio público y en sus gobernantes. La vicepresidencia de la república, los Ministerios de Gobierno, de Hacienda, y el Departamento Nacional de Planeación, coordinarán sus acciones para asegurar una adecuada forma de cooperación institucional orientada a apoyar las estrategias para el logro del Buen Gobierno. I. DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL La descentralización iniciada a mediados de la década pasada y afianzada con la Constitución de 1991, es el fruto de un proceso político, concertado y participativo, y constituye el pilar fundamental para alcanzar la autonomía territorial. La transferencia efectiva del poder político, institucional y fiscal del nivel nacional hacia los entes territoriales exige que cada uno de los niveles de Gobierno juegue un papel fundamental en el ordenamiento territorial del país y, de acuerdo con éste, sea responsable del ejercicio de determinadas funciones, siendo todos en conjunto socios de la empresa común del desarrollo. La descentralización enfrenta en la actualidad una etapa de transición rápida y compleja. La afluencia de competencias y recursos hacia las entidades territoriales obliga a concentrar los esfuerzos en el desarrollo institucional, para lograr que este nuevo diseño se traduzca en mayores beneficios para la gente.

Se trata de crear las condiciones institucionales para que departamentos y municipios y las otras entidades territoriales, que se conformen en desarrollo de los mandatos constitucionales, se fortalezcan para cumplir con los retos y prioridades que contempla el Plan Nacional de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, en el marco de sus respectivas competencias. Por ello, durante el período de transición, el Gobierno nacional promoverá el afianzamiento de la descentralización, mediante la planificación y puesta en marcha de un conjunto de acciones diferenciales para consolidar la estructura del Estado y de cada uno de sus niveles, de manera que se garantice mayor gobernabilidad, una gestión pública descentralizada, democrática, participativa y cercana a la gente, y se presten más equitativamente los servicios públicos y sociales. Para lograr este objetivo, es fundamental el compromiso decidido del Gobierno nacional, los departamentos, los distritos, los municipios y la comunidad en general. El Gobierno trabajará en el alcance de los siguientes objetivos específicos: (1) impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gestión y el ajuste institucional de la nación y las entidades territoriales, de acuerdo con sus distintas características, para que puedan cumplir con sus responsabilidades y hacer un manejo eficiente de sus recursos; (2) adecuar los procesos de cesión y adopción de las competencias a la capacidad real de la Nación y de las entidades territoriales, en el marco del ordenamiento territorial que establece la Constitución; y (3) ajustar y fortalecer el sistema de financiamiento territorial para que responda de una manera armónica y coordinada a las necesidades de cada uno de los niveles de Gobierno. Las estrategias, propuestas a continuación servirán para alcanzar los anteriores objetivos. A.

Impulso al desarrollo institucional Esta estrategia se fundamenta en la necesidad de reordenar y fortalecer las instituciones del Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de manera diferencial, con el propósito de que estén en capacidad de ejercer sus competencias de forma eficiente, y que reúnan las condiciones institucionales para participar y beneficiarse de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido se logrará contar con un sector público moderno, competente y eficiente, orientado a incrementar el compromiso y la vocación de servicio del funcionario público y su relación con la ciudadanía. La concientización lograda en los sectores públicos, sociales y políticos frente a la necesidad del desarrollo institucional del sistema de gestión pública del país, motivado por el proceso de descentralización, ha propiciado acciones desde el nivel nacional, departamental, distrital y municipal, al tener el reto de avanzar en la racionalización del Estado, que las nuevas dinámicas de desarrollo del país demandan; razón por la cual, se hace necesario definir mecanismos que permitan un uso adecuado de estos esfuerzos en pro del fortalecimiento integral de la capacidad de gestión de los distintos niveles de Gobierno, en el marco de unas metas comunes de desarrollo económico, social y ambiental. Como parte de esta estrategia, se desarrollará el Programa de impulso al desarrollo institucional de la nación y las entidades territoriales, el cual tiene por objeto promover, de manera integral, coordinada y sistemática, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los distintos niveles de Gobierno, y sentar las bases para la organización administrativa e institucional de las que se constituyan. De igual forma, se fortalecerá y organizará el nivel nacional para la formulación, seguimiento y evaluación de acciones más coordinadas, que garanticen un mejor uso de los recursos destinados al desarrollo institucional y que contemplen la activa participación de los departamentos en la asesoría y asistencia técnica a los municipios.

Este programa trabajará en las siguientes áreas: (1) la integración y armonización de los programas en marcha para el desarrollo institucional; (2) la definición de líneas de asistencia técnica y financiera para la realización de acciones estratégicas, diferenciales y coordinadas, encaminadas al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la nación, los departamentos y las entidades locales, de acuerdo con las diversas situaciones, necesidades y demandas que se presenten en cada nivel; (3) el diseño y adopción de instrumentos para modernizar las administraciones territoriales en su gestión interna administrativa y financiera, con especial atención a las entidades territoriales de menor desarrollo relativo; (4) la consolidación de los procesos presupuestal y de planeación, seguimiento, evaluación; (5) el fortalecimiento de las entidades territoriales, en sus dependencias sectoriales, de acuerdo con sus necesidades y demandas; y (6) la consolidación de un sistema de información, alimentado básicamente por los entes territoriales, sobre la base de sus iniciativas, que facilite la planificación de las actividades orientadas al desarrollo institucional, dé cuenta del impacto de los distintos programas y de los avances de cada entidad territorial en materia de capacidad institucional, y se enmarque en el sistema de información territorial. B. Creación del Ministerio del Interior Con el fin de articular institucionalmente la política territorial y consolidar el proceso de descentralización, la administración ha propuesto la transformación del Ministerio de Gobierno en Ministerio del Interior. El nuevo ministerio coordinará, regulará y fortalecerá las relaciones de municipios, distritos, departamentos, regiones y otras entidades territoriales con el Gobierno nacional, en la medida en que será el interlocutor político en los procesos atinentes a la descentralización y el ordenamiento territorial, y coordinará el impulso al desarrollo institucional de las distintas instancias del Gobierno a nivel regional. Gracias a ello, el Gobierno aumentará su capacidad de apoyar, coordinar y acompañar a las entidades territoriales, a través del nuevo ministerio, en el proceso de descentralización.

El Ministerio del Interior cumplirá el papel de cancillería de asuntos internos, por lo cual será el responsable de dar una respuesta ordenada a las solicitudes que presenten las entidades territoriales. Para ello conformará, junto con los organismos pertinentes, el sistema integral de impulso al desarrollo institucional, que tenga en cuenta las interrelaciones entre unos y otros niveles de Gobierno, a fin de mejorar el proceso de modernización de las administraciones nacional y territoriales, y apoyarlo en forma coherente e integral. A nivel departamental, el Ministerio del Interior impulsará el fortalecimiento de los departamentos como las instancias constitucionalmente llamadas a coordinar los procesos de asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios y a planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción. A nivel municipal, se promoverán acciones canalizadas a través de los departamentos. C. Ordenamiento territorial Uno de los principios de la descentralización es la mayor cercanía entre ciudadanos, servicios y Gobierno. La distribución de competencias administrativas, políticas y fiscales entre los distintos niveles de Gobierno, deben permitir la mayor eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos, y un mayor control ciudadano. Sin embargo, muchas de las normas que rigen esta estrategia son recientes y serán desarrolladas de manera que las acciones sectoriales se ajusten al papel de cada nivel de Gobierno en la estructura del Estado, con el propósito de que sean consistentes con la dinámica territorial. En este proceso de desarrollo legal, se tendrán en cuenta, de igual forma, los costos que implica asumir las nuevas competencias en los departamentos y municipios, y generar incentivos y compromisos para que los entes territoriales continúen con el proceso de adopción de las responsabilidades que se les han asignado. En consecuencia, se promoverá la consolidación del ordenamiento territorial, al tener en cuenta la heterogeneidad existente, respetar la autonomía de cada entidad territorial, e impulsar la armonización de los diversos regímenes territoriales.

En este propósito es fundamental el liderazgo de la vicepresidencia de la república como instancia orientadora de la descentralización, del ministro del Interior como ejecutor de la política de descentralización y el decidido compromiso de los mandatarios territoriales. Como parte de esta estrategia, y con el fin de lograr la consolidación del proceso, la etapa de transición se desarrollará con un programa cuyo objetivo general es conformar y poner en funcionamiento un esquema de coordinación, seguimiento y evaluación de la descentralización, que permita el fortalecimiento de la autonomía territorial, en la medida que se asuman sus respectivas competencias. La realización de este programa implica la formulación y realización de acciones encaminadas hacia: (1) el diseño, conformación e implantación de un sistema de información territorial; (2) el diseño y puesta en marcha de un sistema de control y seguimiento de los recursos y evaluación de la gestión, adoptando los lineamientos del Sistema nacional de evaluación de resultados; y (3) la programación, ajuste, seguimiento y evaluación a los procesos de distribución, cesión y adopción de competencias entre la nación y las entidades territoriales. D. Fortalecimiento fiscal Para que las entidades territoriales asuman sus competencias funcionales, e impulsen su desarrollo y el de sus comunidades, la descentralización fiscal ha avanzado en la redefinición del sistema intergubernamental de transferencias (situado fiscal, participación municipal en los ingresos corrientes de la nación y cofinanciación), en algunos aspectos crediticios y en la redefinición del manejo de recursos provenientes de las regalías1. Simultánea, la descentralización fiscal ha consolidado las bases para la descentralización de las competencias funcionales y, por ende, de la decisión del gasto. Se estima que los niveles departamental y municipal presentarán un crecimiento del 11,5% promedio real anual en su gasto entre 1994 y 1998, crecimiento superior al 5,7% estimado para el PIB en el mismo período.

Este incremento en el gasto se financiará, en gran parte, con los mayores recursos a disposición de las entidades territoriales (Gráfico 9.1). La participación en el gasto público total, por niveles de Gobierno, refleja el avance que se espera registrar en el período 1994-1998. En efecto, el nivel nacional pasará de una participación de 60,8% en el gasto total a 58,8% en 1998, mientras que los municipios pasan de representar un 22,4 a 25.3% en el gasto total (Gráficos 9.2 ). No obstante la mayor transferencia de recursos del nivel nacional al territorial, la descentralización fiscal sólo podrá consolidarse en la medida en que las entidades territoriales asuman sus nuevas competencias, al ejecutar la inversión que históricamente ha sido responsabilidad del nivel nacional, para lo cual será necesario que fortalezcan sus ingresos propios con el objeto de solventar otros gastos y poder estar en condición de destinar las transferencias recibidas de la nación en los sectores prioritarios de inversión que ahora les competen. Para equilibrar, profundizar y consolidar la descentralización fiscal, se desarrollará el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Financiamiento Territorial. Con su realización se espera lograr una estructura de financiamiento sana y equilibrada, acorde con las necesidades de financiación de los diferentes niveles de Gobierno y de conformidad con sus competencias funcionales. El desarrollo de este programa se llevará a cabo teniendo en cuenta las disparidades que en materia fiscal presentan las entidades territoriales entre sí y a su interior. Para concretarlo y ponerlo en marcha, este Gobierno avanzará en la definición de acciones conducentes a: (1) Dotar de fuentes alternativas de financiamiento a las entidades territoriales, especialmente a los departamentos, y de instrumentos que les permitan fortalecer las fuentes actuales.

Con este propósito, el Gobierno presentará al Congreso de la República proyectos de ley para reformar y modernizar la estructura tributaria de las entidades territoriales. (2) Mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos propios de las entidades territoriales, así como en la vigilancia y control de las actividades que inciden en su recaudo, así como mejorar la eficacia de sus estructuras tributarias. Para ello, el Gobierno nacional consolidará un programa de asesoría, asistencia técnica y capacitación, que propenda por el aumento de las capacidades de gestión de los departamentos, distritos y municipios para administrar sus asuntos financieros, y el diseño de indicadores que permitan hacer un seguimiento y control del desempeño fiscal territorial. (3) Revisar el sistema intergubernamental de transferencias, con el propósito de conciliar: (i) los criterios y prioridades sectoriales del gasto con las necesidades territoriales, de tal forma que los niveles de Gobierno puedan ejercer una mayor autonomía sobre sus recursos; y (ii) los criterios nacionales de distribución de los recursos con las desigualdades y realidades territoriales -redistribución, equidad y equilibrio.

Con este propósito, el Gobierno nacional promoverá la conformación de un sistema mínimo de información territorial transparente, confiable y oportuno que refleje, entre otros, los indicadores de las entidades territoriales sobre: las necesidades básicas insatisfechas, la población y su dinámica, la capacidad financiera, las ventajas competitivas y actividad económica, y la capacidad técnica y administrativa. (4) Reglamentar el Fondo Nacional de Regalías, de tal forma que: (i) sus efectos no agudicen las desigualdades territoriales, (ii) su operación se fundamente en las instituciones ya existentes, y (iii) se concilie con los procedimientos y criterios básicos de otros esquemas de financiamiento territorial en marcha. (5) Fortalecer el sistema nacional de cofinanciación, con: (i) la consolidación y concertación de una metodología para establecer cupos indicativos por entidad territorial y el establecimiento de categorías de las entidades territoriales para la definición de los porcentajes de cofinanciación; (ii) la definición, divulgación y capacitación sobre metodologías y procedimientos simplificados y unificados para la presentación y trámite de proyectos para cofinanciación; (iii) la adecuación y consolidación institucional y operativa del sistema en todos los niveles de Gobierno, con énfasis en las Unidades Departamentales de Cofinanciación, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación; y (iv) la revisión de los convenios con las entidades territoriales, para garantizar su ejecución ágil y oportuna. (6). Aumentar la capacidad de negociación de las entidades territoriales de menor desarrollo relativo, para gestionar y acceder a las distintas fuentes de recursos (cofinanciación, crédito, sector privado, entre otras). Para ello, se consolidará en el programa de impulso al desarrollo institucional de la nación y las entidades territoriales, la asistencia técnica y financiera en esta área. (7).

Asegurar, mediante planes de desempeño, que el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales sea consistente con las metas macroeconómicas, y que la contratación del crédito, se realice con criterios de capacidad de endeudamiento y de pago. (8). Propiciar la eficacia del gasto territorial y su consistencia con los propósitos y líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la promoción y consolidación de una Red de Bancos de Proyectos y el establecimiento de un sistema nacional de metodologías e indicadores de seguimiento, evaluación de gestión y resultados de la inversión territorial. II. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL El desarrollo sólo puede emanar de las acciones, aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales, que deben pasar de ser considerados objetos de programas de Gobierno a asumir su papel como sujetos del desarrollo. Uno de los cambios fundamentales de la Constitución de 1991 es el reconocimiento de la función de la sociedad civil en la formulación, manejo y evaluación de las tareas del Estado, al consignar la soberanía en el pueblo y el sistema político como una democracia participativa. Los desarrollos legislativos de los artículos constitucionales han creado un complejo mapa de ámbitos de participación, los cuales apenas comienzan a ser utilizados y lograr coherencia, quedando aún por legislar sobre unos y reglamentar otros. Sin embargo, el corto horizonte temporal con el cual la sociedad civil ha asumido estas nuevas responsabilidades hace necesario el desarrollo de políticas y acciones públicas que contribuyan a hacer efectiva la participación y apoyar el desarrollo de organizaciones y capacidades de articulación de intereses que, por su legitimidad, racionalidad y gobernabilidad, contribuyan a aumentar la efectividad de ellas mismas y del Estado.

La esencia de la acción del Gobierno y del Estado es el bienestar de la sociedad civil que, a su vez, debe asumir su rol protagónico como fuente de iniciativas y como mecanismo de control frente a la gestión pública, al contribuir a un buen Gobierno y a la participación de un nuevo ciudadano comprometido con el desarrollo de su comunidad. El compromiso con la participación ciudadana es definitivo como complemento de un buen Gobierno. Por ello, la transparencia de la información, la consulta de las decisiones públicas, la rendición de cuentas y la inclusión de la audiencia de los ciudadanos en los procesos de formulación y evaluación de la gestión pública es una voluntad que el Gobierno nacional reitera a cada una de las esferas del Estado. Para ser partícipes de este proceso, el nuevo ciudadano de hoy y de mañana, con sus derechos y deberes políticos, civiles y sociales, las organizaciones políticas y las civiles que incluyen a las organizaciones comunitarias, las de agregación y articulación de intereses, las de los consumidores, las pro defensa de reivindicaciones específicas y las no gubernamentales con capacidad de contribuir a la puesta en práctica de los programas de desarrollo del Gobierno, y los movimientos sociales, todos ellos miembros de la sociedad civil, contarán con ámbitos de participación y apoyos específicos sin que se menoscabe su autonomía o se reproduzcan en su interior los problemas que la sociedad civil misma está llamada a resolver. A. Desarrollo de la sociedad civil Tres elementos contribuirán al desarrollo de la sociedad civil y al éxito de los procesos de concertación: el conocimiento de los ámbitos de participación, la difusión de la información y el desarrollo de capacidades para la participación. Para conocer los ámbitos de participación se establecerán, completarán y difundirán los mapas institucionales y el marco legal que rodea a cada uno de ellos, clasificado en sus componentes político, administrativo o económico, sectorial, territorial, instrumental u orgánico, y por niveles, para que el ciudadano clarifique y ejerza sus opciones de participación.

El impacto de la descentralización, su consolidación institucional y la legislación sectorial definen un amplio espectro de espacios de participación que cada autoridad competente debe ayudar a conocer, consolidar y respetar. En segundo lugar, la difusión de información descriptiva, comparativa y analítica que se requiere para participar en cada ámbito, debe generar las bases cuantitativas y cualitativas que ayuden en la toma de decisiones, implantación, evaluación y retroalimentación de la acción estatal. En tal información se indicará la fuente, frecuencia, localización y su nivel de desagregación, para poder definir en forma realista los objetivos y poder evaluar la gestión pública, tal como lo propone el sistema nacional de evaluación de resultados. Para ello se apoyará la labor del DANE, y de las otras entidades del Estado que producen información, para que presenten estadísticas y evaluaciones sectoriales, territoriales y fiscales oportunas, y las difundan en forma regular y confiable para que los colombianos puedan participar en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Igualmente, se concientizará a los servidores públicos de su responsabilidad legal con la ciudadanía a este respecto. En tercer lugar, se apoyará el desarrollo de capacidades del nuevo ciudadano, tanto en su expresión individual como colectiva y en particular de las poblaciones marginadas, para que participe efectivamente con información convertida en conocimiento. La estrategia del Estado focalizará sus esfuerzos en la expansión y consolidación de los ámbitos de participación ciudadana en aquellas zonas periféricas, urbanas y rurales, y en el aumento de la capacidad de sus ciudadanos y sus organizaciones, habilitándolos para cumplir las nuevas responsabilidades consagradas en la Constitución y la ley y expandir la frontera de la paz. Este desarrollo debe ampliarse para garantizar que las generaciones futuras de ciudadanos vivan, en su socialización temprana, experiencias participativas en la familia y en los planteles educativos.

Además el Gobierno, bajo la coordinación de la vicepresidencia de la república, apoyará la formación de los servidores públicos, al promover los conceptos de gestión, responsabilidad pública y participación ciudadana. Con los anteriores propósitos, en el Ministerio de Gobierno, el Fondo para la Participación Ciudadana cofinanciará programas que hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la capacitación de la ciudadanía y de sus organizaciones para el ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos en la ley, así como el análisis y evaluación del comportamiento participativo. El Fondo, en lo relativo a su competencia, ejecutará la política de participación que ponga en marcha el Ministerio de Gobierno en coordinación con la vicepresidencia de la república. Para tal fin concertará la acción pública y privada, y cofinanciará proyectos en investigación y acciones efectivas de participación que realicen universidades, ONG y demás organizaciones civiles y comunitarias. Las entidades públicas comprometidas con acciones de promoción de la participación accederán a recursos de inversión a través de la presentación de proyectos al fondo de Participación Ciudadana. B. La consolidación de una estructura institucional de la sociedad civil La sociedad civil requiere consolidar la estructura jurídica que la enmarca. Para ello, se impulsará la elaboración de la normatividad que regule los aspectos pendientes de definición de los artículos 2, 39, 103 y 270 de la Constitución, con el fin de construir canales de interlocución e interlocutores válidos frente al Estado que representen los intereses sociales y a la vez organicen, canalicen y expresen las iniciativas ciudadanas que hasta ahora hayan estado desarticuladas o dispersas. Dentro del mismo contexto constitucional, y tomando adicionalmente en cuenta el

artículo 355, el Gobierno se propone expedir la normatividad orientada a ampliar la capacidad de gestión y contratación de las organizaciones civiles con el Estado, con el fin de que accedan a los mecanismos de cofinanciación y se fomente su capacidad y desarrollo, de manera que ofrezcan garantías tanto a los individuos como a la sociedad y al Estado. Igualmente, estudiará la regulación jurídica de las formas de propiedad de los bienes comunitarios o colectivos. La participación debe permear los espacios de decisión, ejecución y fiscalización de las inversiones públicas que tengan un impacto significativo sobre la comunidad y su desarrollo. Para tal fin, mediante instrumentos legales se estimulará y facilitará la acción de las veedurías ciudadanas y se dará estricto cumplimiento a las normas que regulan el ejercicio de los derechos de petición e información, entre otras. Así mismo, se impulsará la reglamentación y utilización efectiva de las acciones populares y las acciones de cumplimiento tendientes a garantizar los derechos colectivos, así como la observancia de las leyes y actos administrativos. Se conformará una comisión interinstitucional que se convertirá en interlocutor de las ONG, las organizaciones comunitarias y demás organizaciones civiles, que contribuirá a promover y coordinar con los diferentes ministerios y entidades territoriales proyectos que puedan ser acometidos por ellas, y evaluará los resultados de tales actividades en colaboración con las organizaciones nacionales que las agrupen, para precipitar los procesos de aprendizaje y desarrollo institucional que se plantean para la gestión pública y el buen Gobierno. Esta comisión estudiará un sistema de costeo de las actividades contratadas que incluya los costos fijos y variables imputables al servicio, así como los incentivos para estimular la consolidación de organizaciones de menor tamaño y que actúen en zonas marginadas. C. La participación política de la sociedad civil La democracia participativa implica el fortalecimiento de los espacios, las estructuras y los mecanismos de articulación y agregación de intereses.

Sin embargo, garantizar la participación supone contar con actores que la posibiliten. La ausencia de un verdadero sentido de ciudadanía hace que los mecanismos constitucionales y legales, aunque útiles, sean insuficientes para garantizar que la participación potencial se haga efectiva. Para crear un nuevo ciudadano se requiere desarrollar una nueva cultura política que propicie desde los ámbitos local y privado, una cultura democrática y participativa, de convivencia ciudadana y de respeto a los derechos humanos. En este contexto, la normatividad existente en materia de estatuto de los partidos, voto programático, revocatoria del mandato y todos los mecanismos políticos consagrados en la Ley 134 de 1994 -iniciativa legislativa y constitucional, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto- ofrece sin duda un amplio espectro para la expresión política del ciudadano elector y de sus organizaciones. No obstante, el Gobierno es conciente de que estos mecanismos no han sido suficientemente utilizados por la ciudadanía, por lo que sus esfuerzos se encaminarán a la promoción y socialización de los mismos. Adicionalmente, con el ánimo de dotar de mayores garantías a los partidos y movimientos políticos, e particular a aquellos que no participan en el Gobierno y a las minorías políticas, se impulsará la expedición de un estatuto integral de la oposición. Con el fin de mejorar la gestión y garantizar mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía, se apoyará a la Registraduría Nacional del Estado Civil en un programa de modernización de los sistemas de registro civil e identificación, de almacenamiento, administración y operación de archivos y de inscripción de ciudadanos.

Por último y tomando en cuenta que la voluntad de consolidar en el país la democracia participativa no implica una negación sino un enriquecimiento de la democracia representativa, se estudiarán propuestas que, bajo criterios de eficacia y eficiencia, contribuyan a incrementar la capacidad legislativa del Congreso de la República, como mecanismo de participación y articulación de demandas sociales. III. GESTIÓN PUBLICA La eficiencia y la eficacia en todas las actividades del Estado permitirá una mejor prestación de servicios y una mayor producción, al potencializar los objetivos del Salto Social y de la construcción del nuevo ciudadano. Para lograrlo, el Gobierno introducirá modificaciones conceptuales, procedimentales e institucionales en las actividades del Estado, para crear una nueva visión de la gestión pública especialmente dirigida al cumplimiento de sus objetivos sociales. Los conceptos fundamentales de esta nueva visión serán la planeación y la evaluación de las responsabilidades y las actividades públicas, entendidas como un proceso continuo y participativo de definición de estrategias en torno a unos objetivos definidos y no únicamente como la etapa inicial de la gestión pública. Los conceptos presupuestales serán sustituidos por categorías estratégicas y sobre el resultado de éstas habrá responsables específicos. Los programas de Gobierno se enmarcarán en un esquema que garantice la coordinación inter e intrainstitucional, y la toma de decisiones en los diferentes niveles del Estado se apoyará en información pertinente que generará el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión pública. Finalmente, la capacidad técnica de la Administración se fortalecerá a través de acciones destinadas a mejorar la gestión individual de las instituciones. A. Creación de conceptos y categorías estratégicas Los programas, subprogramas y proyectos que en la actualidad constituyen las unidades en las que se desagregan los presupuestos públicos, conformarán en adelante unidades de gestión.

Es decir, estarán subordinados a su carácter de medios de acción para el logro de los objetivos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo que, a su vez, tienen como fin solucionar problemas específicos de la nación. B. Asignación clara de responsabilidades La nueva definición estratégica del Plan de Desarrollo no varía por sí sola la concepción de gestión pública. Ello requiere además de la asignación específica de responsables sobre resultados. En consecuencia, se exigirá que los entes públicos definan su papel en el desarrollo del país, enmarcado en la organización institucional del Gobierno, con el objeto de lograr entidades públicas con finalidades claras y concretas. De esta forma, podrá asignarse la responsabilidad sobre los resultados del Plan a instituciones y cargos específicos. En segundo lugar, el Gobierno difundirá en forma oportuna y transparente los lineamientos de política y sus implicaciones institucionales. De esta forma, los directivos podrán tener mayor autonomía en las decisiones sobre los procesos internos de las organizaciones y ser pública e institucionalmente claros responsables del resultado de los objetivos que se les han asignado. Estas acciones en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la sociedad civil y el Gobierno logrará, en adición a la acción decidida de vigilancia y castigo de las entidades fiscalizadoras, reducir los niveles de corrupción existentes. C. Coordinación inter e intrainstitucional Para que el Plan de Desarrollo se articule como unidad de gestión, requiere de un esquema gerencial que oriente su ejecución. Dicho esquema supone necesariamente dos formas de coordinación complementarias. La primera trasciende la estructura sectorial del Gobierno nacional y permita que los programas y subprogramas que se encuentran distribuidos en diferentes entidades operen como verdaderas unidades de gestión. Para ello, y actuando como gerente del Plan de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación, coordinará los programas del Plan que involucren la participación de diversos sectores, de tal forma que se asegure la consistencia y coherencia entre ellos.

De otro lado, el ámbito de ejecución de la gestión requiere de la coordinación al interior de cada una de las organizaciones del Estado que tendrá bajo su responsabilidad acciones especializadas del Plan Desarrollo, desarrollada por el ministro, gerente o director de entidad, con apoyo de un sistema de información gerencial asociado al sistema de evaluación. D. Evaluar para aprender Cada momento de la gestión supone toma de decisiones y acciones encaminadas al alcance de metas. Por ello la gerencia pública orientada a resultados le impone al Gobierno nacional la necesidad de convertirse en una organización basada en información pertinente y oportuna. Para que este proceso sea eficaz se debe contar con un sistema de evaluación que genere dicha información y lo alimente en el tiempo. El sistema nacional de evaluación de resultados se compone de una red de autoevaluaciones complementado con evaluaciones externas e independientes a las entidades. La red de autoevaluaciones se caracteriza por ser un proceso interno de aprendizaje continuo, lo que garantizará su permanencia. Será puesto en práctica a través de planes indicativos, instrumentos de medición de gestión que serán la base del proceso de alimentación continua de la planeación. La medición se hará a través del monitoreo de indicadores pertinentes, cuantificables y evaluables que traduzcan los objetivos del Plan de Desarrollo. Las oficinas de control interno tendrán la responsabilidad de garantizar la veracidad y oportunidad de la información a través de control de procedimientos que involucren a la organización entera en el proceso de autoevaluación. Los análisis comparativos de los dos componentes del sistema permitirán medir el grado de cumplimiento de los objetivos del Gobierno, establecer y solucionar cuellos de botella para la ejecución, establecer criterios para asignación de recursos, reproducir éxitos y corregir o evitar procesos fallidos. La participación ciudadana, a partir de la difusión sistemática de resultados de la gestión pública en los diversos sectores de la población nacional y local, será otro componente esencial del proceso de evaluación.