Ley 188 de 1995

Se apoyará la creación de la Corporación selva de Florencia (Caldas), para conjugar los esfuerzos comunitarios, privados y públicos tendientes a salvar y desarrollar integralmente esa gran reserva de biodiversidad y de agua. El Programa Mejor Agua busca mantener la productividad de los sistemas acuáticos, mejorar la eficiencia en el uso del agua, disminuir su desperdicio y contaminación, proteger las cuencas, acuíferos y humedales, reducir los riesgos de morbimortalidad por consumo de aguas y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. El Ministerio del Medio Ambiente, a través del Ideam, formulará y promoverá una doctrina de manejo del agua, orientada a modernizar el manejo del recurso. El gobierno armonizará la legislación en materia de ordenamiento, oferta y calidad del agua. En colaboración con las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales, formulará y desarrollará la conservación y recuperación de zonas de producción de aguas y microcuencas que abastecen acueductos municipales. El gobierno impulsará la adecuada gestión en cuencas que cubren aproximadamente 300.000 hectáreas, con repercusión indirecta en más de dos millones de hectáreas. Las corporaciones promoverán el uso de tecnologías apropiadas para el saneamiento básico. Igualmente, se promoverá que los municipios adelanten acciones de control y tratamiento de sus aguas residuales. El Ministerio del Medio Ambiente y las entidades que conforman el SINA, incluidas las entidades territoriales, iniciarán un proceso de reducción gradual de la contaminación hídrica en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Meta, mediante el respaldo a proyectos de saneamiento ambiental en los principales centros urbanos y poblaciones que vierten sus desechos a estas corrientes.

El Programa de Mares Limpios y Costas Limpias adelantará acciones de protección y utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, así como de mejoramiento ambiental de las zonas costeras y terminales marítimos más contaminados del país, contribuir a preservar y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones costeras e isleñas. Este programa se adelantará a través de las entidades del SINA, (en particular, Invermar y las Corporaciones Autónomas Regionales, la Armada Nacional y Dimar). Se diseñará y pondrá en marcha un programa de investigaciones marinas y se elaborará un sistema de indicadores de calidad ambiental y del estado de los recursos hidrobiológicos. Así mismo se apoyará la recuperación de los ecosistemas de manglar y coral. El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, gestionarán un crédito internacional para un proyecto de manejo ambiental en la zona de influencia del Canal del Dique. Los objetivos del Programa Más Bosques consisten en proteger el bosque natural, incrementar el uso múltiple y aumentar la proporción de reforestación, al incentivar de esta manera la estabilización y mejora de las condiciones de vida de la población que habita en tales zonas. Se definirá una política forestal con base en los siguientes principios: hacer que el Estado capte un mayor porcentaje de las rentas que corresponden al valor en pie del recurso; corregir su subvaloración incluyendo los servicios ambientales que el bosque presta; y eliminar los incentivos a la ineficiencia en los procesos de extracción y procesamiento. Se establecerán nuevos esquemas de administración de los bosques, que contempla una reforma a las tasas de aprovechamiento forestal y el sistema de permisos y concesiones. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales liderarán la gestión para la prevención y el control de incendios forestales, y brindarán capacitación a las Entidades Gubernamentales y Territoriales, así como a la ciudadanía.

Se fortalecerá la capacidad de las autoridades forestales en apoyo a la investigación para el aprovechamiento, manejo integral y restauración del bosque natural, y la reforestación con especies nativas. Se creará el Servicio Nacional Forestal como entidad que apoyará la ejecución de los programas y proyectos que conformen el plan sectorial de desarrollo forestal, y elaborará los planes indicativos que orienten las inversiones públicas y privadas en materia de reforestación, desarrollo sustentable de los bosques naturales y de la industria forestal. Durante este cuatrienio, a través de Finagro con las corporaciones autónomas regionales el gobierno impulsará la reforestación de 160.000 hectáreas mediante el certificado de incentivo forestal. Adicionalmente y con el objeto de alcanzar un mínimo de 40.000 hectáreas en plantaciones forestales de carácter protector, el Gobierno Nacional establecerá, un sistema de cofinanciación con entes de gestión ambiental urbana y las Corporaciones Autónomas Regionales. El objetivo del Programa Mejores ciudades y Poblaciones es elevar la calidad de vida y salud de los colombianos que habitan las ciudades, al disminuir la contaminación a través de la promoción de proyectos piloto de transporte urbano sostenible y la recuperación del espacio público. Parte fundamental de este propósito es la puesta en marcha de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos. El Ministerio del Medio Ambiente asesorará a los municipios, en la definición de políticas integrales e incentivos económicos para el desarrollo urbano sostenible mediante la divulgación masiva de normas y apoyará la ejecución de Planes de Acción Ambiental. El Gobierno Nacional avalará y cofinanciará proyectos de saneamiento que incluyan el manejo de residuos tóxicos y patógenos. Se promoverá un programa nacional de residuos sólidos y reciclaje que comprometa la participación de los municipios, el sector productivo y la sociedad civil, al involucrar soluciones para la cadena de producción de basuras incluyendo rellenos sanitarios y sistemas para el manejo de residuos peligrosos.

Se respaldarán empresas comunitarias de aseo y reciclaje. Se establecerán, controlarán y monitorearán los estándares mínimos de calidad para residuos sólidos y peligrosos, vertimientos y emisiones para fuentes fijas y móviles. Se apoyarán los programas de sustitución y masificación de combustibles que minimicen los aportes contaminantes y se pondrá en marcha un programa de incentivos económicos para el control de la contaminación con tasas retributivas, compensatorias y por uso de recursos naturales. Se impulsará la reubicación de asentamientos humanos que se han desarrollado en zonas de alto riesgo. Para el monitoreo de la gestión ambiental urbana se integrarán al Sistema de Información Ambiental, la Red Nacional de Laboratorios Ambientales y la Red de calidad ambiental. El objetivo del programa Hacia una Producción Limpia es introducir la dimensión ambiental en los sectores productivos y reorientarlos hacia formas de gestión y de uso de tecnologías ambientalmente sanas, que aumenten la eficiencia en el uso de recursos energéticos e hídricos, sustituyan insumos, optimicen procesos o modifiquen productos y reduzcan la producción de desperdicios. En este sentido, se concertarán planes ambientales sectoriales, propiciados por el Consejo Nacional Ambiental, que coordinará las acciones intersectoriales. La política ambiental para el Sector Energético se dirigirá principalmente al manejo de la demanda final de energía mediante el aumento en la eficiencia energética y el fomento de fuentes no convencionales, siempre y cuando sean viables económicamente. En la generación de energía eléctrica, se dará prioridad al control de las emisiones atmosféricas y manejo de residuos sólidos de las plantas termoeléctricas y a la reforestación de cuencas aportantes a proyectos hidroeléctricos.

El Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol promoverán programas ambientales en el sector de hidrocarburos y gas, para lo cual reestructurarán y fortalecerán los que actualmente adelantan al buscar reducir los impactos ambientales de todas las etapas de la producción petrolera. Se pondrá fuera de operación la planta de producción de alquilos. La política del Sector Transporte se dirigirá a incentivar la utilización de combustibles más limpios y de sistemas de control de la contaminación atmosférica, en especial se dará prioridad a la reglamentación de los niveles de emisión por fuentes móviles, incluyendo altos niveles de exigencia en las normas, en forma tal que, se exija el uso de convertidores catalíticos en vehículos nuevos. El Ministerio del Medio Ambiente colaborará con las autoridades municipales y nacionales responsables del tránsito y transporte, en la formulación de políticas de transporte urbano que minimicen los efectos contaminantes e incentiven el uso de sistemas de transporte masivo. Se continuará con los programas de reformulación de la gasolina con aditivos oxigenados y se llevarán a cabo estudios de factibilidad económica y ambiental sobre desulfurización de la gasolina. La política para el Sector Minero se dirigirá a disminuir los impactos ambientales actuales de la minería focalizándose en las áreas más críticas. Se formularán planes de restauración y control de los impactos negativos de esta actividad que incluyan la regulación directa con mecanismos de control, seguimiento y monitoreo. Los Ministerios del Medio Ambiente y de Minas y Energía formularán diagnósticos ambientales y planes de ordenamiento ambiental de la actividad minera. Ecocarbón, Mineralco y otras instituciones del sector minero ejecutarán el Programa de atención a los problemas ambientales en la pequeña y mediana minería, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las minas.

En el Sector Industrial la gestión ambiental se dirigirá al establecimiento de instrumentos que promuevan la reconversión industrial y la optimización de prácticas productivas con miras a obtener procesos eficientes que minimicen la generación de residuos. En esta dirección, el gobierno estimulará la importación, divulgación y transferencia de estas tecnologías limpias y apoyará la adopción, por parte del sector manufacturero, de códigos de conducta voluntarios para la protección ambiental. Las corporaciones autónomas regionales prepararán planes de acción para identificar los principales problemas de contaminación de origen industrial en su región al proponer planes de control ambiental para reducir su impacto. Se establecerá un Centro de Tecnologías Limpias y se apoyarán las Empresas Comunitarias de reciclaje de lubricantes usados y otros materiales residuales. La política de producción limpia en el Sector de la Salud propenderá porque los centros hospitalarios, clínicas, centros y puestos de salud adelanten programas de manejo ambiental integral, particularmente de transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y patógenos. De manera complementaria, en los centros urbanos se promoverá un servicio especial de aseo de desechos hospitalarios. La Política para el Sector Turístico se dirigirá en primer lugar a que los grandes proyectos y desarrollos turísticos, establecidos en áreas de ecosistemas frágiles, aprovechen y mantengan adecuadamente los valores ambientales, al buscar el mínimo deterioro. En segundo lugar, con el objeto de desarrollar el Ecoturismo, se promoverá la realización de planes regionales de ordenamiento ambiental con fines turísticos. En el Sector Agropecuario se propenderá por mejorar la eficiencia ambiental de las prácticas, procesos y tecnologías agropecuarias, en especial mediante la promoción de la agricultura orgánica, manejo integrado de plagas y suelos, y recuperación de tecnologías de manejo sostenible.

Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, promoverán la constitución de áreas de reserva campesinas en zona de amortiguación del sistema de parques nacionales y reservas a favor de organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, como una forma de reorientar los frentes de colonización que se dirigen hacia áreas de alta fragilidad ecológica. El incentivo de capitalización rural se utilizará para promover el uso de tecnologías acordes con la conservación del suelo. Se involucrarán consideraciones ambientales las políticas de reforma agraria y adecuación de tierras. Se dará prioridad a la reglamentación del artículo 5 de la Ley 99, en especial los numerales 25 y 26 relacionados con la fabricación, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental y con la expedición de regulaciones sobre distribución y uso de sustancias químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias. En el Sector Pesquero, los Ministerios del Medio Ambiente, y Agricultura y Desarrollo Rural, apoyarán la acuicultura y fijarán los cupos globales de pesca. Se actualizarán las tasas de aprovechamiento pesquero e igualmente se optimizará el sistema de otorgamiento de permisos. El Programa Hacia una Política Poblacional adelantará acciones de coordinación interinstitucional para avanzar en la constitución de una política de población sostenible que incida sobre las tendencias de las migraciones y asentamientos humanos, especialmente, el control y orientación de las migraciones en el interior del país para que se realicen dentro de condiciones de vida dignas, y acordes con el ordenado desarrollo rural y urbano. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Medio Ambiente formulará y establecerá políticas de control de la colonización que incentiven el uso intensivo de tierras actualmente no utilizadas en todo su potencial y, a la vez, desestimulen la expansión de la frontera agrícola.

En esta dirección se fortalecerá la dimensión poblacional en los procesos de planificación adelantando un Plan de Investigaciones en Población y Asentamientos Humanos. B. Acciones instrumentales Para alcanzar los objetivos establecidos se desarrollarán cinco programas: educación y concientización ambiental, fortalecimiento institucional, información e investigación, planificación y ordenamiento ambiental del territorio, y cooperación global. El objetivo del Programa Educación y Concientización Ambiental es fortalecer los valores sociales acordes con el desarrollo humano sostenible, para la construcción de un nuevo ciudadano, mediante programas de desarrollo cultural, educación, capacitación ambiental y apoyo a la participación ciudadana, involucrar el concepto de la ecología en su doble dimensión: la ambiental y la humana, para restablecer la relación hombre-naturaleza y propiciar la descontaminación de costumbres sociales que impiden contar con un clima favorable para el mejor desenvolvimiento de la vida. Se incluirá el tema ambiental en la vida escolar y en los programas y contenidos educativos, en los cuales las mujeres serán reconocidas como actoras y beneficiarias de dichos programas. Se fortalecerá el programa nacional de educación ambiental a través del cual se capacitarán más de 5 mil docentes. Adicionalmente, se capacitarán 3.000 extensionistas, 1.650 profesionales funcionarios de las entidades del SINA, 800 alcaldes y representantes de la sociedad civil. Se brindará la formación ambiental a los participantes en los programas del servicio ambiental, se realizarán campañas masivas de educación e información ambiental y se apoyarán proyectos ambientales educativos del sector no gubernamental. La meta del programa de Fortalecimiento y Puesta en Marcha del Sistema Nacional Ambiental es estructurar y poner en funcionamiento las principales entidades que lo conforman, según la Ley 99 de 1993 generar una cultura institucional eficiente y comprometida. El montaje y la consolidación del SINA se basarán en los principios de eficiencia, transparencia y flexibilidad, garantías para el buen servicio al ciudadano y al sector productivo.

Las entidades del SINA serán orientadas por el Ministerio del Medio Ambiente, y se vincularán activamente al Sistema de Evaluación de la Gestión Pública del Departamento Nacional Planeación. Se reglamentarán aspectos prioritarios de la Ley 99 de 1993 en particular los artículos 42 y 43, referentes a tasas retributivas y compensatorias y tasas por utilización de aguas, y el artículo 5 en lo referente a la aprobación de los estatutos de las corporaciones y las reformas que los modifiquen o adicionen. El Ministerio del Medio Ambiente dará prioridad al cumplimiento del artículo 112 de la Ley 99, para que el Gobierno Nacional conforme la comisión revisora de la legislación ambiental y acelerará el proceso de reglamentación total de la ley. Para la fijación de metas sectoriales que apunten al logro de los objetivos ambientales y poblacionales, el Ministerio del Medio Ambiente y sus entidades desarrollarán y fortalecerán los mecanismos de coordinación, concertación y participación con las entidades públicas y privadas, los sectores económico–sociales y la sociedad civil. Se pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación Ambiental y Poblacional, como apoyo a las entidades del SINA y a la ciudadanía en general. Sus tareas prioritarias serán brindar información confiable sobre factores climáticos, hidrometeorológicos, ambientales, demográficos y sociales. El IDeam será el nodo del Sistema Nacional de Información Ambiental. En el campo científico se pondrán en funcionamiento los institutos de investigación creados por la ley 99 de 1993, (Ideam. Sinchi, Von Humboldt, Von Newmann e Invemar), los cuales se ocuparán de la investigación sobre los elementos biogeográficos del país, el conocimiento del patrimonio natural, el control de la contaminación, el aprovechamiento sostenible y uso eficiente de los recursos, la información y las metodologías para la planificación y la gestión ambiental.

La investigación ambiental en las Universidades, Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y los institutos de investigación mencionados, serán financiados fundamentalmente a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La Planificación, el Ordenamiento Ambiental del Territorio, los estudios de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas, serán instrumentos básicos para la toma de decisiones sobre la realización de proyectos y la utilización de los recursos naturales. Se redefinirán las actuales categorías de protección de ecosistemas y unidades de conservación y manejo especial. El Ministerio del Medio Ambiente, el Ideam, las corporaciones autónomas regionales y el IGAC, liderarán los procesos de desarrollo y consolidación de herramientas de ordenamiento ambiental del territorio. Los procesos de planificación y ordenamiento territorial se realizarán en concertación con los diferentes estamentos de la sociedad civil, en particular con las autoridades representantes de los pueblos indígenas, comunidades negras y raizales, cuando se trate de sus territorios. III. FINANCIACIÓN La gestión ambiental para el cuatrienio se financiará con recursos del presupuesto nacional, crédito externo, rentas administradas de las corporaciones autónomas regionales, rentas de las entidades territoriales, cooperación técnica internacional, recursos de organizaciones no gubernamentales e inversiones del sector privado. La inversión pública en gestión ambiental aumentará del 0,13% al 0,58% del PIB entre 1994 y 1998, para una inversión total en el cuatrienio cercana a $1.24 billones de pesos (cuadro 7.1). Los aportes del presupuesto nacional alcanzarán un total de 510 mil millones de pesos durante el cuatrienio. Las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, las entidades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes territoriales contarán con rentas administradas por un valor de $657 mil millones de pesos.

Para sufragar gastos de funcionamiento, se propenderá porque las corporaciones utilicen parcialmente los recursos provenientes del cobro de las tasas retributivas y compensatorias, o las tasas por uso de recursos naturales, particularmente las del uso del agua y el aprovechamiento forestal. Para garantizar las metas de inversión, se utilizará el sistema nacional de cofinanciación. Las transferencias del presupuesto nacional a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo disminuirán gradualmente en la medida en que el fondo nacional ambiental se fortalezca como instrumento de cofinanciación. Las inversiones financiadas con apropiaciones de presupuesto nacional canalizadas tanto a través del SINA como del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, darán prioridad a los proyectos de las corporaciones de desarrollo sostenible y a los Institutos de Investigación. Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible ejecutarán prioritariamente las apropiaciones para proyectos de inversión mediante convenios con las gobernaciones, municipios, juntas de acción comunal veredales, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación especializado y universidades. La cofinanciación de proyectos ambientales de índole local se asignará buscando maximizar globalmente la cuantía de recursos financieros de contrapartida por peso invertido del presupuesto nacional para alcanzar las metas que se identifican en los diferentes programas. Se fortalecerá la ejecución de programas que adelanten las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, a través del Ecofondo, con los recursos provenientes de las reducciones de deuda bilateral y de cooperación internacional. Para acceder a recursos de inversión social del sistema nacional de cofinanciación, las comunidades y municipios podrán aportar, como contrapartida, áreas de bosque o ecosistemas para su regeneración o conservación, que se encuentren relacionados con los proyectos que se pretendan adelantar.

MAS Y MEJORES EMPLEOS El logro de un crecimiento más alto y sostenido que se espera alcanzar en los próximos cuatro años, unido a la ejecución de una nueva política social, crearán las condiciones necesarias para la generación de más y mejores oportunidades de empleo. No obstante, la presencia de desequilibrios estructurales en el mercado de trabajo puede resultar en el desempleo de personas con baja capacitación, al tiempo que escasea la oferta de trabajadores con un alto nivel de calificación, situación que puede haberse acentuado con el proceso de apertura económica. A estos desequilibrios se unen diferencias importantes en las condiciones de empleo y remuneración por grupos poblacionales, sectores económicos, tipo de organizaciones empresariales y regiones, que el crecimiento económico y el libre funcionamiento del mercado no eliminan en forma automática. Por lo tanto, el gobierno pondrá en marcha una Política activa de empleo orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la economía se traduzcan efectivamente en un aumento dinámico del empleo. Esta política busca crear oportunidades suficientes de trabajo productivo en condiciones dignas, superar las situaciones precarias de empleo que sufre un porcentaje significativo de la población, calificar el recurso humano teniendo como guía las necesidades del proceso de internacionalización del país, y mejorar los mecanismos de intermediación en beneficio de los trabajadores de menores ingresos y de las pequeñas empresas. En particular, la ocupación femenina está sometida a ciclos relacionados con la maternidad y requiere de apoyo y protección especial. Las metas de la política son: 1. Generar durante los próximos cuatro años 1.600.000 empleos y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. 2. Acrecentar la competitividad y las condiciones de empleo en las pequeñas unidades productivas, que por lo general son intensivas en el uso de mano de obra.

3. Aumentar la calificación de la oferta laboral, de forma tal que los nuevos puestos generados puedan ser ocupados sin causar desequilibrios estructurales, mediante la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Formación Profesional. Para facilitar este proceso y disminuir el desempleo friccional, se deben también modernizar y ampliar los mecanismos de intermediación laboral. 4. Poner en marcha programas de capacitación que faciliten la incorporación al mercado de trabajo de la población hoy excluida de este mercado. 5. Reestructurar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para fortalecer sus funciones de formulación de políticas, monitoreo de los mercados de trabajo y concertación sobre los grandes temas del sector. I. POLITICA ECONOMICA Y CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS La política macroeconómica, unida a la estrategia social y de competitividad, permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del producto interno bruto del 5,7% entre 1994 y 1998. Con este ritmo de aumento, el número de empleos se incrementará a una tasa promedio de 2,8% anual, generando, así, 1.600.000 nuevos puestos de trabajo durante el cuatrienio. Se desarrollarán programas de modernización industrial por ramas productivas, que permitan la competitividad creciente del sector en los mercados nacionales e internacionales y una política de modernización de la pequeña y mediana industria. Se estima que este sector generará 200.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años. Con el Plan de Modernización Agropecuaria se busca superar la crisis del sector, desarrollar su vocación exportadora, adaptarlo a la apertura y defender, así, el trabajo en el campo. Esta estrategia sectorial permitirá generar 225.000 nuevos empleos y mejorar la calidad del empleo en el sector rural. Ambos programas se apoyarán en el Plan estratégico Exportador y en las políticas orientadas a acrecentar el capital social. Se orientará, así, una proporción creciente de la producción a los mercados internacionales.

De otro lado, el gasto público en infraestructura que se tiene previsto desarrollar en estos cuatro años con el fin de aumentar la competitividad y generar mayores tasas de crecimiento, unido al programa de vivienda de interés social, lograrán también un efecto sectorial sobre la construcción. Se estima que en este sector se generarán 115.000 nuevos empleos directos. El crecimiento del producto en los anteriores sectores, unido al gasto público en educación y salud, estimulará un aumento del empleo de 2,8% en el comercio y de 3,7% en el resto de sectores no comercializables, fundamentalmente servicios públicos, privados y del gobierno. Ello conducirá a una generación de 330.000 empleos en comercio, 500.000 en servicios privados, 160.000 en los servicios del gobierno (cuya prestación puede ser pública o privada) y 10.000 en servicios públicos domiciliarios. El gobierno apoyará en forma directa estos esfuerzos, mediante políticas dirigidas a ampliar los servicios sociales y con programas especiales dirigidos al pequeño comercio. Se estima que la población en edad de trabajar crecerá a un ritmo anual del 2,1% entre 1994 y 1998. Con un crecimiento dinámico del empleo como el previsto, del 2,8%, las mejoras en el mercado laboral podrán manifestarse de diversas maneras: a través de descensos adicionales en el desempleo, de incentivos a aumentar la participación laboral o de mejoras en la calidad de los puestos de trabajo. Debido a estas condiciones favorables, se espera una disminución en la informalidad, un crecimiento en los ingresos de los trabajadores y una mayor cobertura en seguridad social, lo cual permitirá que los beneficios del crecimiento económico sean apropiados de una manera más equitativa por todos los colombianos.

Por otra parte, con el fin de contribuir a lograr un empleo femenino en igualdad de condiciones con el masculino, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo y la Consejería Presidencial para la política social, teniendo en cuenta que la gran parte de los nuevos empleos serán ocupados por mujeres, fomentará una mayor divulgación y apropiación por parte de las mujeres de las normas jurídicas que evitan su discriminación laboral. II. APOYO A LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y A LA ECONOMIA SOLIDARIA: GENERACION Y MEJORAMIENTO DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS Como parte de la estrategia social y con el fin de aumentar el empleo y mejorar sus condiciones, especialmente de los grupos más pobres tanto en zonas urbanas como rurales y, también, acrecentar su acceso a los recursos productivos y a los mercados, se desarrollará una agresiva política de fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad. Esta incluye el Plan Nacional para la Microempresa, la Política de Desarrollo Rural Campesino, el Fomento a la Artesanía, la Pequeña Minería y la Economía Solidaria, cuyos impactos en la generación de empleo son ampliamente conocidos. Estos programas serán responsabilidad del nivel local, pero contarán con el apoyo financiero y la asistencia técnica del nivel nacional. La política de desarrollo rural campesino se apoyará, además, en el plan de empleo en zonas rurales de la Red de Solidaridad Social, el cual se desarrollará en municipios con alta vocación agropecuaria, problemas críticos de insuficiente demanda de trabajo y/o situaciones de muy bajos ingresos. Se fomentará el desarrollo de pequeños proyectos de inversión social, de infraestructura, de control sanitario y de obras públicas de alta prioridad, intensivas en el uso de mano de obra no calificada. Además, se apoyará la capacitación y el tiempo requerido para la elaboración de proyectos que permitan un mejoramiento de la calidad de vida, de los ingresos o de la organización de las comunidades.

Se espera que, después de la fase inicial de apoyo a estos programas mediante los planes de emergencia, éstos puedan continuar contando con fuentes alternativas de financiación. Estos proyectos serán parte integral de los planes de desarrollo municipal y contribuirán al logro de los objetivos allí trazados. Adicionalmente, dado que algunas situaciones de emergencia laboral en las zonas rurales comprometen áreas de varios municipios, se promoverá la presentación por parte de los departamentos de proyectos de alcance subregional. Los beneficiarios de este programa serán principalmente población pobre (de hogares por debajo de la línea de indigencia), no calificada, afectada por el desempleo y el subempleo. El costo total del programa entre 1995 y 1998 es de 128 mil millones de pesos, de los cuales el 70% será aportado por el gobierno central (Fondo DRI) y el 30% provendrá de recursos municipales de contrapartida. Este programa es responsabilidad del Fondo DRI y de los municipios, en el marco del sistema nacional de cofinanciación. Para apoyar las actividades del sector solidario, desarrolladas por comunidades que habitan en zonas urbanas subnormales importantes, donde residen grupos de población con ingresos por debajo de la línea de indigencia, se pondrá en marcha el Plan de Empleo Urbano. Este plan apoyará proyectos de servicios comunales y sociales que permitan el desarrollo comunitario de la población, a través de la elaboración y montaje de proyectos que eleven su calidad de vida, sus ingresos o su organización, que conduzcan a la institucionalización de las organizaciones comunitarias y a mejorar su capacidad de concertación y de generación de ingresos. En este tipo de proyectos se apoyarán también iniciativas de organización y participación de los jóvenes. El plan de empleo urbano incluirá también proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de los barrios subnormales. Todos los proyectos deben tener amplia participación comunitaria en su identificación y desarrollo y hacer parte de los planes municipales.

El costo del plan de empleo urbano en el cuatrienio 1995–1998, asciende a la suma de $170.000 millones de pesos, de los cuales el 70% será aportado por el gobierno central a través de la Red de Solidaridad Social y el resto provendrá de recursos de contrapartidas municipales. El 30% de estos recursos se destinarán a capacitación. El programa se ejecutará en el marco del sistema nacional de cofinanciación. III. CAPACITACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL La formación profesional es una estrategia fundamental para mejorar el desempeño y las condiciones laborales de la fuerza de trabajo, combatir el desempleo estructural y contribuir a solucionar los problemas de competitividad que enfrentan algunos sectores productivos. Estas dificultades se asocian a deficiencias en el uso de los recursos productivos, relacionados en forma directa con las debilidades en la formación, con las limitaciones de calidad y cobertura en los programas de capacitación y recalificación, y con la ausencia en el dominio de las nuevas técnicas y tecnologías requeridas para competir con éxito en los mercados mundiales. El SENA, entidad orientadora de la formación profesional en el país, deberá poner en marcha el Sistema Nacional de Formación Profesional, aumentar su cobertura y hacer más relevante su formación, acercando su capacitación profesional a las exigencias tecnológicas de las empresas colombianas y considerando la perspectiva de género. Para aumentar su cobertura, el SENA volverá a dar énfasis en términos cuantitativos y cualitativos a los cursos largos en sus centros (aprendizaje y promoción), readecuándolos en su orientación, metodología y contenidos. De 19.000 alumnos en 1994 se aumentará a 30.000 en 1995 y 50.000 en 1998, sin aumentar su infraestructura. Esto es posible gracias a los bajos índices de utilización diurna de la capacidad instalada de algunos centros.

Se dará prioridad a las especialidades que desarrollen el aprendizaje de tecnologías transversales que permitan al trabajador desempeñarse en distintos puestos de trabajo y en diversas ramas de actividad. Se unificarán los modos de aprendizaje y promoción que actualmente imparte el Sena y no será requisito indispensable contar con beca o contrato de aprendizaje por parte de una empresa. También se ofrecerán alternativas de medio tiempo, con módulos de aprendizaje dual concertados con algunas empresas. El SENA ofrecerá además dos tipos de cursos cortos. Los primeros serán cursos cuyos contenidos corresponden a aspectos parciales pero terminales de cursos largos o a componentes precisos de una tecnología. Estarán dirigidos a calificar en aspectos más específicos a adultos que desean complementar su formación para mejorar su desempeño laboral y sus ingresos, y a recalificar trabajadores ante perspectivas presentes o futuras de desempleo. Deben tener una programación flexible y un proceso de inscripción y matrícula más ágil y continuo. Los segundos serán cursos especializados en aspectos puntuales, que requieren diseños cuidadosos para entrenar a personal de las empresas o a grupos ocupacionales en tecnologías nuevas. Estos programas se realizarán mediante convenios con los Centros de productividad y desarrollo tecnológico o con otras instituciones. Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad promovidos en el marco de la estrategia de competitividad (Capítulo 6), serán elementos esenciales en la identificación de los requerimientos en materia de formación profesional y servirán de base para el diseño de los programas de capacitación del SENA y de los Centros de productividad y desarrollo tecnológico. El SENA seguirá atendiendo las necesidades de capacitación de sectores no vinculados a estos Acuerdos. En la conformación del Sistema nacional de formación profesional se desarrollarán convenios con los Centros de productividad y desarrollo tecnológico en los cuales se realizarán cursos de capacitación por sectores productivos.

Además, se realizarán convenios con empresas para la formación de aprendices y para la calificación en temas específicos al personal vinculado a ellas. Con el sector educativo se buscará una mayor articulación alrededor de los programas de educación media técnica del Ministerio de Educación y con las instituciones técnicas y tecnológicas de educación superior. Con el fin de contribuir a solucionar problemas de desempleo, especialmente de jóvenes y mujeres de áreas urbanas con niveles medios de escolaridad, quienes para integrarse al mercado laboral requieren de políticas activas de empleo, el SENA desarrollará, en el marco de la Red de Solidaridad Social, un programa de capacitación para el trabajo con becas de mantenimiento. Con este programa se facilita la capacitación y recapacitación de la fuerza de trabajo en función de las nuevas exigencias que genera el proceso de internacionalización de la economía. La beca estará a cargo del SENA. Los beneficiarios del programa serán desempleados (aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socio–económicos 1 y 2. Estas personas se registrarán en los servicios de empleo del SENA y tendrán que inscribirse en cursos de capacitación. Una vez terminada la capacitación, se buscará su vinculación al sector productivo a través del programa de intermediación laboral. De esta manera, se combatirá el desempleo friccional, explicado por una inadecuada información, y el desempleo estructural, relacionado con problemas de capacitación. En los cuatro años se entregarán becas de sostenimiento por seis meses a 123.000 hombres y mujeres de bajos ingresos, de los cuales 86 mil serán jóvenes y 37.000 cesantes. El costo total del programa asciende a $70.000 millones de pesos en los cuatro años, $36.400 millones de pesos en becas financiadas por el fondo de becas del SENA, entidad que cubrirá, además, el costo de los cursos de capacitación.

De otro lado, en desarrollo del plan de empleo urbano de la Red de Solidaridad Social, se diseñará un componente de capacitación para habilitar a hombres y mujeres pertenecientes a los estratos 1 y 2, que por su nivel de calificación y sus condiciones, normalmente no acceden a los cursos regulares del SENA. Este componente del plan de empleo urbano será responsabilidad del SENA en el marco de la Red de Solidaridad Social, entidad que actuará como instancia técnica de segundo piso, y elaborará un registro de entidades de capacitación elegibles. Estos cursos tendrán componentes de capacitación técnica, pero también de motivación, autoestima y actitudes laborales básicas. Al finalizar la capacitación, los beneficiarios realizarán una práctica laboral de tres meses, con lo cual se busca mejorar su posibilidad de inserción laboral. Con este programa se financiará la capacitación y becas de mantenimiento para 50.000 personas. Se invertirán recursos por $50.000 millones de pesos (30% del total de recursos del plan de empleo urbano). El 70% de la inversión será realizada por la Red de Solidaridad Social y el 30% restante será cofinanciado por las entidades territoriales. Este programa dará prioridad a su acción en las ciudades capitales e intermedias. El Sena estimulará el acceso de las mujeres y establecerá mecanismos para vincularlas a cursos que les permitan una mejor inserción en el mercado laboral. Además, con el objeto de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la información para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de trabajo, se ampliará la cobertura y se modernizarán los mecanismos de intermediación laboral. Para ello, el principal instrumento será la extensión de los Servicios regionales de empleo del SENA, al mejorar los flujos de información hacia los desempleados y las empresas con vacantes y fortalecer los mecanismos para identificar las necesidades de formación de los inscritos. La información recogida se utilizará además para actualizar los cursos de capacitación profesional.