Ley 188 de 1995

3. Sector Aéreo En el sector aéreo, las acciones se concentrarán en aumentar la cobertura y modernizar el sistema de ayudas a la navegación y control del espacio aéreo. Se espera que la cobertura de radares, radioayudas y ayudas supere el 80% del territorio nacional en 1998. Igualmente, se emprenderán acciones para garantizar la seguridad del sistema integrado, al mejorar la totalidad de las pistas que se encuentran en mal estado, dotar de unidades de rescate a los aeropuertos que lo requieran e instalar cerramientos en el 75% de los aeropuertos a cargo de la nación. Se construirá la segunda pista del aeropuerto El Dorado con la participación del sector privado y se realizarán ampliaciones de las plataformas actuales en los aeropuertos de Cartagena, Cali y Bogotá. Se realizarán ampliaciones de terminal en los aeropuertos de Bogotá, Yopal y Mitú. Se estima que no se requerirán nuevos aeropuertos ni obras adicionales de expansión de pistas. En el sector aéreo se desarrollarán programas de mitigación del impacto ambiental. Se hará especial énfasis en la mitigación de la contaminación sonora en las zonas aledañas a los aeropuertos. Las funciones de la Aerocivil, a partir de la reestructuración y de la concentración de funciones, serán la regulación y la seguridad del sistema aeronáutico y aeroportuario, la administración del sistema de control del espacio aéreo, el apoyo técnico a las entidades territoriales que administren aeropuertos regionales y la administración del Fondo de compensación aeroportuaria. Para tal efecto, la Aerocivil deberá fortalecer el componente técnico de sus funciones y adecuar el tamaño, el nivel de entrenamiento y la estructura de su planta de personal. Durante los cuatro años se harán inversiones en el sector por poco más de $310.000 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad serán realizadas por el sector privado.

4. Sector portuario En el sector portuario, se buscará continuar con los incrementos de productividad, a través de inversiones en los puertos y sus accesos viales y de la implantación de un esquema que permita un constante monitoreo del funcionamiento del sector. Se adecuará el canal de acceso marítimo al Puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de profundidad y se realizarán los dragados de mantenimiento en los Puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Tumaco. Para cada uno de estos proyectos se realizarán estudios de impacto ambiental, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente, la nación mejorará los accesos viales a los puertos de Buenaventura y Barranquilla. Además, se adelantará un seguimiento cercano al comportamiento de la demanda y se continuarán los estudios y acciones necesarias para garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales, considerando especialmente las alternativas existentes en la Costa Pacífica. A través de la Superintendencia General de Puertos, se continuarán con los incentivos para mantener tarifas competitivas, la disminución de tiempos de espera, el incremento de la competencia de las empresas operadoras y la modernización de equipos. Igualmente, se realizará un seguimiento del cumplimiento de los contratos con las sociedades portuarias en cuanto a la modernización de equipos, recuperación y expansión de muelles y demás instalaciones portuarias. La Superintendencia adelantará, además, un programa en el que se establecerán requisitos mínimos de equipos y tecnología a los operadores, con el fin de alcanzar estándares internacionales de eficiencia en los servicios portuarios. Adicionalmente, la entidad fomentará la capacitación, el entrenamiento y la especialización de los recursos humanos en las diferentes actividades de la administración portuaria. Las inversiones requeridas durante el cuatrienio se estiman en $144.000 millones de pesos, de las cuales el 45% serán realizadas por las sociedades portuarias privadas y mixtas.

5. Sector fluvial y cabotaje marítimo En el sector fluvial, se culminarán las labores de rehabilitación de la parte navegable del río Magdalena, el cual moviliza cerca del 75% del total de la carga fluvial. En particular, se garantizará la navegabilidad del río en el tramo Barrancabermeja-Calamar y los accesos al mar Caribe (376 kms.). Se establecerán las condiciones financieras para realizar los dragados necesarios en estos tramos, a través de la participación del sector privado. Se buscará, además, fortalecer la navegabilidad en las arterias fluviales de los nuevos departamentos (4.510 kms) y del litoral Pacífico, incluyendo la adecuación de los esteros que permiten el transporte por cabotaje entre Tumaco y Buenaventura. Durante el período 1995-1998 se destinarán $117.000 millones de pesos a este sector, de los cuales $27.000 millones de pesos serán aportados por el sector privado. Al recuperar los sistemas vial, férreo y fluvial, se crean las bases que dan viabilidad a los centros de transferencia multimodal. El Gobierno nacional promoverá dichos proyectos buscando la participación privada en el financiamiento y operación de los centros de transferencia. 6. Transporte urbano Las principales ciudades del país presentan graves problemas en el funcionamiento del sistema de transporte urbano, lo cual se refleja en la congestión del tráfico, el incremento en los tiempos de viaje y la creciente contaminación ambiental. Dicho sistema está afectado, además, por las escasas inversiones en expansión9. y por el mal estado de las vías, que genera importantes sobrecostos a los usuarios10. En Bogotá, donde se concentra el 33% del tráfico urbano, se presenta el peor estado de la malla vial del país, ya que sólo un 8% de ella se encuentra en óptimo estado.

Por último, el nivel de emisiones de tóxicos y partículas es alto y no existe ningún mecanismo de control a éstas, con el consiguiente perjuicio a la salud de los ciudadanos. Para mejorar el estado de la infraestructura vial, la nación apoyará el diseño de una política de mantenimiento y la expansión de la malla vial a través del Fondo de cofinanciación de infraestructura urbana. Para optimizar la operación del sistema integrado de transporte, promoverá la implantación de diversas tecnologías como las vías exclusivas para buses (Troncales) y la creación de un sistema de asignación de rutas y de operación de la totalidad del sistema. Para el caso de Bogotá, se requiere de acciones conjuntas en los aspectos de infraestructura, institucional y de política sectorial, entre las cuales se ha previsto la implantación del sistema de transporte masivo para Bogotá. Estas acciones se enmarcan en la concepción de un Sistema Integrado, constituido por las vías exclusivas para buses, el sistema de buses de servicio público colectivo, los sistemas de vehículos no motorizados y el metro, dependiendo de las evaluaciones que al respecto realice la administración distrital. Con este propósito, el Gobierno nacional y la administración distrital apoyarán técnica y financieramente los estudios de demanda, factibilidad y diseño del sistema integrado de transporte. El Gobierno respaldará igualmente los programas de transporte masivo de Cali. Por último, se incentivará la utilización de combustibles más apropiados para el transporte de pasajeros, a través de la adecuación de los vehículos de transporte para la utilización de gas natural comprimido (GNC), para lo cual se promoverán líneas de crédito de fomento. Adicionalmente, los vehículos que se utilicen en las troncales y en las vías exclusivas de buses deberán contar con la tecnología más apropiada para el transporte de pasajeros, deberán estar adaptados gradualmente para el consumo de gas como combustible y deberán estar dotados de convertidores catalíticos para reducir las emisiones. B.

Energía En los últimos años, se lograron avances significativos en el desarrollo del régimen legal y regulatorio, el saneamiento financiero y el ordenamiento institucional del sector energético. A pesar de lo anterior, aún persisten importantes problemas, que se concentran en la inadecuada composición en la oferta de recursos energéticos, la ineficiencia en su uso, las distorsiones de sus precios, las limitaciones en la infraestructura de producción y transporte, y vacíos en los esquemas institucionales, regulatorios y financieros. En el subsector eléctrico, es necesario continuar con las acciones tendientes a corregir la inadecuada concentración de la demanda de energía eléctrica en el sector residencial, la excesiva dependencia en los recursos hidroeléctricos, las distorsiones en el esquema tarifario, los altos niveles de pérdidas de energía, y las deficiencias en la gestión empresarial, especialmente en las empresas de distribución. Además, se requiere consolidar el futuro esquema comercial de electricidad, en el cual la separación de actividades de generación y transmisión en ISA constituye un aspecto fundamental. En hidrocarburos, se presentan importantes limitaciones en la infraestructura de transporte, almacenamiento y refinación, una disminución inconveniente en las actividades exploratorias, y un esquema institucional que no facilita el desarrollo adecuado del subsector de gas y de las diferentes actividades asociadas al subsector petrolero. La política sectorial estará orientada, por lo tanto, a racionalizar el uso de los energéticos, garantizar una oferta confiable y eficiente de los mismos, reducir sus costos, aumentar la cobertura, proteger a los usuarios e incrementar la contribución de las exportaciones a la economía del país.

El logro de estos objetivos, supone la consolidación de una política energética integral que incluye: (a) la sostenibilidad ambiental, técnica, financiera y administrativa del sector; (b) incentivos al uso racional de los recursos energéticos, mediante sistemas apropiados de distribución y la aplicación de esquemas tarifarios y de precios que reflejen los costos de producción, transporte, y distribución; (c) un marco institucional, legal y regulatorio apropiado y un sistema de información que permita a los diferentes agentes actuar en un mercado libre, al tiempo que proteja a los usuarios de actividades monopólicas e incentive la eficiencia a través de la competencia; y (d) el fomento al desarrollo científico y tecnológico, especialmente en las áreas de planeamiento energético integrado, formación de recursos humanos, desarrollo de nuevos combustibles, nuevas tecnologías de conversión y normas de calidad. En el marco de la política de racionalización en el uso de energéticos, se fomentará el ahorro en el consumo, la promoción de gas como combustible de uso doméstico en zonas rurales y urbanas, y la penetración del gas como combustible en el transporte. En el sector eléctrico se promoverán programas para el manejo de la curva de demanda del sistema y la cogeneración en el sector industrial. Adicionalmente, se impulsarán programas para incentivar el uso de energías no convencionales. 1. Electricidad El desarrollo de la infraestructura sectorial, contempla: (a) la reducción de la vulnerabilidad del sistema de generación-transmisión, mediante el incremento del componente de generación térmica y la consolidación de la red nacional de interconexión a 500 KV; (b) la reducción de pérdidas de energía y mejoramiento de la calidad, reforzando los sistemas de subtransmisión y distribución de las empresas; y (c) la extensión de la cobertura del servicio al sector rural, barrios marginales y zonas no interconectadas.

De esta forma, de acuerdo con los cronogramas de ejecución de obra previstos por el Ministerio de Minas y Energía y con las acciones contempladas para el manejo de la demanda, la estrategia de suministro de energía eléctrica asegura el cubrimiento de los requerimientos de los próximos años. Para finales de 1998, las obras de infraestructura sectorial incluyen la disponibilidad adicional cercana a los 1290 MW térmicos en el sistema de generación, que equivale a un incremento del 12,8% de la capacidad del sistema11, alcanzando una participación del parque térmico del 30% de la capacidad total instalada, con una combinación adecuada de recursos de carbón y gas; la construcción de 1.100 km de líneas de 230/500 KV en la red nacional de transmisión, al pasar de 4.180 a 5.280 kms; y la instalación de 1.650 MVA de nueva capacidad de transformación. En cuanto al sistema de distribución se contempla extender el servicio a más de 700.000 nuevos usuarios, con lo cual la cobertura del servicio de energía eléctrica será del orden de 6.7 millones de usuarios en 1998, lo cual equivale a una cobertura superior al 90%. Los recursos necesarios para estos desarrollos se estiman en $4.41 billones de pesos, de los cuales un 23% estarán representados por inversiones privadas, principalmente en generación; gracias a ello, la inversión pública en el sector no variará significativamente como proporción del PIB12 (Cuadros 6.4 y 6.6). El nuevo esquema regulatorio e institucional del sector promoverá la separación de actividades de generación y distribución, la expansión de la generación con una participación activa del sector privado, la libre competencia y un esquema de precios que permita la sostenibilidad financiera del sector. Para garantizar que la política tarifaria no afecte a los consumidores de bajos ingresos, se pondrá en marcha el sistema de subsidios establecidos por las Leyes Eléctrica y de Servicios Públicos.

Una mejora sustancial en la gestión empresarial se logrará mediante la suscripción de acuerdos de productividad con cada una de las empresas. Tales acuerdos contendrán indicadores de eficiencia, productividad y atención a los usuarios. El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realizará un estrecho seguimiento que permita corregir en muy breve plazo cualquier deficiencia. El esquema institucional se complementa con la conformación de dos empresas a partir de ISA. Una de ellas estará dedicada a la transmisión y al manejo del centro de control, para asegurar de esta manera la administración de la interconexión nacional en una sola entidad estatal. Con los activos de generación se conformará una "holding", con miras a incentivar la rápida introducción de competencia real en este campo y facilitar la vinculación de capital privado.

2. Petróleo El desarrollo de la infraestructura petrolera, contempla el incremento en las actividades exploratorias, la consolidación de la red de transporte de hidrocarburos y el incremento de la capacidad de refinación y almacenamiento del país. Para el período 1995-1998 se espera que se perforen cerca de 45 nuevos pozos exploratorios al año; se eleve la producción de crudos de 569 KBPDC promedio en 1995 a 895 KBPDC promedio en 1998; se incremente la capacidad de refinación del país hasta cerca de 323 KBPDC anuales en 1998 -un aumento del 30% en relación con la capacidad actual-; y se incremente la capacidad de transporte de la red de oleoductos y poliductos en 614 KBPDC, respecto a la capacidad de 2542 KBPDC en 1995. Las inversiones requeridas para estos desarrollos suman durante el cuatrienio 6.99 billones de pesos, de los cuales cerca del 65% serán aportados por el sector privado (cuadros 6.4 y 6.6). Para asegurar el adecuado abastecimiento de hidrocarburos, tanto para uso energético como industrial, se seguirá promocionando la participación del sector privado en actividades de exploración, transporte, almacenamiento, distribución, refinación, comercialización y petroquímica. Con el propósito de garantizar las metas en materia de inversión privada en las actividades exploratorias, el Gobierno establecerá condiciones que permitan al inversionista niveles de rentabilidad competitivos internacionalmente, especialmente en campos de menor tamaño. De otra parte, se adelantará la reestructuración de Ecopetrol, dentro de un criterio de especialización de actividades, para hacer más eficiente la participación del Estado en los diferentes negocios del sector de hidrocarburos. 3. Gas El cubrimiento del servicio de gas domiciliario se extenderá a cerca de 1.200 mil nuevos suscriptores, para llegar a atender 1.9 millones en 1998.

Para tal efecto, la producción de gas se incrementará de 450 MPCD por año en 1995 a 644 MPCD en 1998. Las inversiones necesarias durante los próximos cuatro años, por poco más de $1.8 billones de pesos, serán realizadas casi en su totalidad por el sector privado, e incluyen entre otras las inversiones necesarias para la consolidación del sistema de gasoductos, la exploración y explotación de los yacimientos de Opón y Volcaneras, y la construcción de la segunda plataforma de Chuchupa. Dentro de los programas de uso racional de energía, se incentivará la sustitución de gasolina y diesel por GNC (gas natural comprimido) y GLP (propano) en el sector transporte. De otra parte, para atender los problemas de suministro de energéticos en el sector rural, se impulsará un programa de distribución rural de gas propano, que se complementará con fuentes alternativas de energía y briquetas de carbón. Los desarrollos anteriores exigen un proceso de reordenamiento institucional, que incluye la separación del manejo del gas de Ecopetrol, mediante la creación de una empresa de dedicación exclusiva a la construcción y operación de gasoductos, Ecogas, el otorgamiento y contratación de las áreas necesarias para distribución, la implantación de contratos firmes de suministro de gas a plantas termoeléctricas y el desarrollo del régimen regulatorio sectorial. C. Minería Entre los principales problemas del sector minero se pueden señalar el limitado conocimiento y gestión de los recursos naturales del país, la significativa debilidad del Estado en la fiscalización y control de las actividades sectoriales, y los considerables impactos ambientales negativos ocasionados por este sector. Para atender esa problemática, se fortalecerá la estructura institucional del sector consolidando el recién creado viceministerio de Minas y el reordenamiento de Ecocarbón y Mineralco.

Por otra parte, se modernizarán los instrumentos para el fomento y la financiación del sector, y se adelantará un programa permanente de exploración e investigación que garantice el adecuado conocimiento del potencial geológico minero. Para promover la participación privada en las actividades sectoriales, se actualizará el Código de Minas, se establecerán nuevas modalidades de contratación y asociaciones de riesgo compartido, se revisará el esquema de aportes a empresas industriales y comerciales del Estado, y se establecerán las normas y disposiciones para el manejo ambiental de las diferentes actividades sectoriales. 1. Carbón Teniendo en cuenta el gran potencial carbonífero del país, se adelantarán acciones que garanticen el desarrollo integral del subsector. De esta forma, se fortalecerán las actividades de exploración, asistencia técnica y protección del medio ambiente, así como el desarrollo de la carboquímica y de nuevas tecnologías de conversión de energía. Para incrementar la capacidad exportadora del país, se facilitará el desarrollo de obras de infraestructura de transporte y embarque de beneficio colectivo, aprovechando el potencial del subsector para apalancar dichas obras con los grandes volúmenes de carga que genera. Dentro de estas actividades se contempla la cofinanciación de un estudio de factibilidad de un puerto marítimo multipropósito para exportación. La inversión total en el sector ascenderá a 165 mil millones de pesos durante el cuatrienio. 2. Otros minerales La estrategia para el desarrollo de la minería no energética, contempla el fortalecimiento de los programas de asistencia técnica, manejo ambiental, fomento y financiación, especialmente en la pequeña y mediana minería de metales y piedras preciosas, minerales industriales y materiales de construcción. Para contribuir al logro de estos objetivos, se fomentará la exploración y explotación tecnificada de minerales, reforzando el apoyo del Estado al Ingeominas en las actividades de exploración básica, evaluación de minerales estratégicos, investigación científica y desarrollo tecnológico.

Así mismo, con el objeto de mejorar la rentabilidad de las operaciones mineras, se facilitará la ejecución de las obras de infraestructura requeridas y el desarrollo de aquellas actividades que agreguen valor a través de la transformación y comercialización de minerales. La inversión en el sector ascenderá a $195.000 millones de pesos en el período 1995-1998. D. Telecomunicaciones La oferta de servicios de telecomunicaciones es insuficiente para cubrir, en cantidad y calidad, los grandes incrementos de la demanda de servicios. En el caso de la telefonía local, aún cuando se ha incrementado su cobertura, es necesario atender 350 municipios del país que no cuentan con el servicio. Como la oferta de líneas es insuficiente para atender la demanda, los usuarios deben esperar meses para acceder a una nueva línea. Adicionalmente, los índices de líneas que se dañan son elevados y los tiempos de reparación largos. Por otra parte, en la actualidad no se prestan muchos de los servicios que se requieren para acceder a los sistemas de intercambio de información globales, lo cual genera desventajas al sector productivo frente a otros países en la cantidad y calidad de servicios de comunicación. Aunque una alta proporción de los hogares colombianos poseen al menos un aparato de televisión (en Colombia existen casi ocho millones de televisores en servicio), la oferta de televisión abierta se limita a dos canales nacionales, cuatro canales regionales y a un canal de interés público de cobertura muy limitada, que son insuficientes para satisfacer los requerimientos del público y no cubren la totalidad del territorio. En los servicios postales, se ha iniciado un proceso que llevará a un mercado en competencia. Se han establecido numerosas empresas que prestan servicios de mensajería en las principales ciudades y en las principales rutas interurbanas e internacionales. Sin embargo, Adpostal, está protegida por el establecimiento de tarifas mínimas a sus competidores.

En zonas apartadas del país, el servicio es prestado únicamente por Adpostal, en condiciones deficitarias, sin que se hayan desarrollado mecanismos financieros para que la empresa pueda cumplir esta función social. Para que el sector de telecomunicaciones pueda contribuir al desarrollo de la economía, es necesario que los usuarios puedan acceder a unos servicios eficientes y de buena calidad. Para ello, las acciones gubernamentales se concentrarán en aumentar el cubrimiento, modernizar la infraestructura y diversificar los servicios. El objetivo fundamental de la política del Gobierno es, por lo tanto, universalizar la prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones, con énfasis en los programas de carácter social, que beneficien a los colombianos menos favorecidos de las áreas urbanas y de regiones apartadas; se busca, así, que todos los ciudadanos tengan al alcance los servicios que los integren al desarrollo económico y cultural del país. Así mismo, se buscará fortalecer las comunicaciones de larga distancia nacional e internacional y fomentar el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones requeridos por la industria, el comercio y la agricultura para su modernización. Con estos fines, se permitirá la participación del sector privado en la prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de competencia, al fortalecer, al mismo tiempo, a las entidades públicas a fin de adecuarlas al nuevo entorno del sector. En el caso de la telefonía básica, se consolidará la regulación, para redefinir el régimen tarifario y de subsidios, como base para permitir la competencia en larga distancia nacional y la prestación de nuevos servicios. En el caso de Telecom, se dará prioridad a la solución de los problemas que limitan la competitividad de la empresa, en especial el pasivo pensional, mediante esquemas que garanticen la viabilidad financiera de la entidad y el pago de las obligaciones prestacionales a los trabajadores. Se dará especial importancia a la restructuración del servicio de telegrafía, reduciendo sus sobrecostos administrativos y haciendo más eficientes sus mecanismos de distribución, a través de contratos con entidades especializadas.

La conjunción de niveles de inversión suficientes para modernizar la prestación de servicios y reformas administrativas adecuadas deben garantizar en pocos años la viabilidad de la empresa. Las inversiones de Telecom y las demás empresas públicas del sector se realizarán mediante recursos generados internamente por ellas; donde se requiera, podrá ser complementada por la inversión privada a través de operaciones de riesgo compartido. Las inversiones con cargo a recursos generales del presupuesto buscarán incrementar la cobertura de las zonas marginadas a través del programa de telefonía social, mediante el cual se cofinanciarán proyectos que lleven el servicio de telefonía conmutada a los municipios que no cuentan con él, así como a los usuarios de menores recursos de zonas urbanas y rurales deprimidas. Dentro de este programa, se establecerán puntos de servicios de telecomunicaciones para la atención al público, que serán manejados por la comunidad o por personas particulares, en los que se prestarán una gran variedad de servicios (voz, fax, correo electrónico, personal, entre otros). A través de estos puntos, se podrá dar apoyo a los sistemas de salud, educación y seguridad en áreas como el diagnóstico de pacientes, la elaboración de pruebas a nivel regional y el apoyo a autoridades civiles y militares. Bajo este esquema, se instalarán, en los próximos cuatro años, 3.5 millones de líneas locales, de las cuales el 25% corresponderá a reposición de líneas existentes (cuadro 6.5). Para 1998, se tendrán 7 millones de líneas locales, de las cuales más del 85% corresponderá a tecnología digital. A través del Fondo de Comunicaciones, se dará el servicio a 105.000 usuarios de menores recursos y se establecerán 5.000 puntos de Servicio de Telecomunicaciones de Atención al Público en zonas urbanas y rurales. Con estas acciones, el número de líneas por habitante se incrementará de 12 líneas por cada 100 habitantes en 1994 a 18 líneas en 1998.

Con base en la Ley de Televisión (ley 182 de 1995), que desarrolla los mandatos constitucionales sobre el servicio de televisión, se garantizará el acceso igualitario y ordenado a la prestación del servicio. Se mantendrá el interés público de la televisión, fortaleciendo los canales de propiedad pública, mediante la revisión total de su oferta comunicativa y la superación de sus ancestrales falencias técnicas, económicas y financieras. De esta manera, el servicio será prestado, en competencia, por canales privados y canales comerciales públicos fortalecidos, lo cual permitirá que el público obtenga los beneficios de un sistema en competencia, regulado por la Comisión nacional de televisión, organismo autónomo e independiente de la operación de los medios. El canal cultural, fortalecido y con cobertura nacional, se convertirá en un auténtico medio de integración nacional. En los servicios postales se reglamentará la competencia, al estimular la ampliación de la cobertura geográfica de nuevos operadores y la aparición de nuevos servicios. Adpostal, deberá adecuarse a este nuevo marco de competencia, reorganizándose técnica y administrativamente. El Fondo de comunicaciones financiará la prestación del servicio donde éste no sea rentable, con los recursos obtenidos por el pago de concesiones de nuevos operadores. En total, durante el cuatrienio se invertirán más de $3.6 billones de pesos en el desarrollo del sector, de los cuales casi dos quintas partes corresponderán a inversiones privadas. La inversión publica de entidades nacionales ascenderá a $1.2 billones de pesos. De esta suma, $145.000 millones de pesos se destinarán a los programas de telefonía social. (cuadros 6.5 y 6.6). E.Inversiones totales Los elevados requerimientos del desarrollo de los sectores de infraestructura y minería exigen inversiones cuantiosas en los próximos cuatro años.

Se estima que el doble efecto de la actualización del país en materia de transporte, energía y telecomunicaciones, y los nuevos desarrollos petroleros exigirán inversiones por $25 billones de pesos, un 115% más que en los cuatro años precedentes. Ello implica que las inversiones en estos sectores deberán incrementarse en más de cuatro puntos del PIB, del 5,8% al 10,2%. El grueso de este crecimiento recaerá sobre el sector privado, que deberá elevar sus inversiones en estos sectores del 1,5% al 4,5% del PIB. Pese al énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos sectores otorgado por el Plan, las urgentes necesidades en el frente vial y la participación del Estado en los desarrollos petroleros, exigirán que la inversión pública aumente un 61%, elevándose del 4,3% al 5,7% del PIB (cuadro 6.6). DESARROLLO SOSTENIBLE I. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS El objetivo de la política ambiental del Salto Social es avanzar gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible. Este se entiende como la ampliación de las oportunidades y capacidades de la población, a través de la formación de capital social, para satisfacer en forma cada vez más equitativa las necesidades de las generaciones presentes, mediante un manejo prudente del patrimonio natural, para mantener abiertas al mismo tiempo las opciones de bienestar para las generaciones futuras. La política se orientará al mantenimiento de la renovabilidad de los recursos, la reorientación de su utilización económica y la conservación de la diversidad étnica y cultural de la nación. Los principios y criterios de la política ambiental, consideran el ambiente como el factor básico del desarrollo humano y de su sostenibilidad. El objetivo de un desarrollo humano sostenible obliga a tener consideraciones ambientales en las políticas de crecimiento urbano, industrial, agrario, de población, asentamientos humanos y expansión urbana, comercio exterior y relaciones internacionales, entre otras.

La política ambiental se desarrollará con base en cuatro objetivos básicos: promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida, adelantar una gestión ambiental sostenible e impulsar la producción limpia. La promoción de una Nueva cultura del desarrollo tiene como base los principios del desarrollo humano sostenible e integra la formación de valores sobre la conservación de los recursos naturales, la calidad del entorno, el desarrollo de patrones apropiados de poblamiento, de sistemas de consumo y de tecnologías ambientalmente sanas. El mejoramiento de la Calidad de vida comprende la solución de los problemas ambientales que afectan a la población, en especial a los grupos más desprotegidos, y la promoción de patrones de consumo sostenibles en todos los grupos de la sociedad. Se reconocerá el papel estratégico de la mujer y el niño en el desarrollo humano sostenible. Una Gestión ambiental sostenible conducirá a aumentar la renovabilidad del capital natural, prevenir el deterioro ambiental de los ecosistemas estratégicos para el desarrollo nacional, proteger tanto la biodiversidad como la diversidad cultural, así como fortalecer y consolidar la presencia internacional del país de acuerdo con las prioridades e intereses nacionales. La promoción de una Producción Limpia deberá conducir a reorientar las tendencias no sostenibles al introducir tecnologías limpias y sistemas de gestión ambientalmente sanos en los procesos productivos. El creciente deterioro del medio ambiente en Colombia exige una intervención activa y efectiva del Estado, apoyada por la acción ambiental eficiente de la sociedad civil y de los sectores productivos. Para el desarrollo de estas políticas, el Estado cuenta con siete formas básicas de intervención: instrumentos económicos, regulación directa, mecanismos administrativos, sistemas de conciliación y arbitramento, instrumentos jurídicos, administración, e inversiones para la conservación y restauración de los recursos naturales renovables. Se dará énfasis al uso de instrumentos económicos, particularmente la aplicación de tasas retributivas y compensatorias, y tasas por el uso de los recursos naturales.

De manera complementaria, se establecerán incentivos económicos para quienes contribuyan al aumento del capital social, conserven el entorno, hagan uso eficiente de los recursos naturales y eviten la producción de sustancias contaminantes. Las Corporaciones autónomas regionales podrán reglamentar que un porcentaje de las tasas por uso de agua se otorgue en beneficio de las personas naturales y jurídicas que mediante la conservación, garanticen la renovabilidad del recurso hídrico. Los municipios podrán establecer en su jurisdicción otro tipo de incentivos como a la conservación, tales como la reducción del impuesto predial. Como estrategias para el aumento del capital social, se utilizarán la concertación y la participación ciudadana, la coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el desarrollo científico y tecnológico, y la gradualidad. La Concertación y participación ciudadana para el aumento del capital social es necesaria en los procesos de planificación y gestión, control y evaluación, así como en la incorporación de lo ambiental en las políticas, programas y proyectos de los sectores del Estado. A través de ella se busca crear espacios de diálogo y análisis con la sociedad civil, así como con el sector productivo y las diversas instancias e instituciones estatales. Adicionalmente a los principios de Coordinación, concurrencia y subsidiariedad definidos por la Ley 99 de 1993, se tendrán en cuenta los de Armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario de la misma Ley, en lo concerniente al ejercicio de las competencias ambientales de las entidades territoriales y a la armonización e integración de las políticas, planes y programas ambientales que transciendan los límites político-administrativos. Por tanto, el Ministerio del Medio Ambiente, como entidad rectora del SINA, formulará las políticas, normas, criterios, estrategias y programas que respondan a esta visión, para garantizar un manejo integrado y coherente del medio ambiente.

Con excepción de los campos que señala la Ley específicamente como competencia del Ministerio del Medio Ambiente la gestión ambiental estará a cargo de las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes territoriales, dentro de su jurisdicción y competencia. Se desarrollarán políticas regionales y locales especificas dentro del marco de las políticas nacionales. Los planes de desarrollo regionales y locales se articularán al componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo en especial de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Plan (Ley 152). El manejo sostenible del medio ambiente requiere del Desarrollo científico y tecnológico que fortalezca el conocimiento y la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas, de los aspectos sociales así como del impacto de distintas tecnologías sobre el medio ambiente. Con base en estas investigaciones se desarrollarán y generarán conocimientos y tecnologías que permitan alcanzar los objetivos de la Política Ambiental. La regulación y el control son fundamentales para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental. El Estado establecerá normas y estándares de calidad ambiental, y estándares tecnológicos de concentraciones de emisiones, al tener en cuenta los puntos de vista de los interesados. Si bien las medidas coercitivas tendrán un papel importante, se complementarán con procesos de participación de los diferentes actores del desarrollo. Se fortalecerán los mecanismos de control social tales como las audiencias públicas, la intervención en los procesos administrativos en trámite, el derecho de petición de información, y las acciones populares y de cumplimiento. La Gradualidad es indispensable para poner en marcha las acciones asociadas con muchas de las políticas y programas propuestos con el fin de garantizar en particular un ajuste adecuado del sector productivo a las nuevas regulaciones. II. ÁREAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS Para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, se llevará a cabo un Plan de Acción orientado a promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida, promover la producción limpia y lograr una gestión ambiental sostenible.

Las acciones se agrupan en dos frentes: acciones de mejoramiento ambiental y acciones instrumentales. A. Acciones de mejoramiento ambiental Los programas que se emprenderán en el mejoramiento ambiental son: la protección de ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares y costas limpias, más bosques, mejores ciudades y poblaciones, hacia una producción limpia y una política poblacional. Los objetivos del programa de Protección de Ecosistemas Estratégicos son garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país, prevenir catástrofes y garantizar la diversidad biológica y cultural. Se adelantarán las investigaciones necesarias para la identificación y caracterización de estos ecosistemas e iniciar su adecuado manejo. para las areas de manejo especial y reservas forestales se concertarán acciones para la conservación, manejo y mantenimiento de su riqueza biológica y cultural. En los parques naturales nacionales se propenderá por el saneamiento de los títulos de tenencia de la tierra. Se apoyarán las actividades de estudio, manejo y uso sostenible de la flora, de la fauna silvestre y de la biodiversidad en general como riqueza renovable del país. La Corporación del Río Grande de la Magdalena en asocio con el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales localizadas en la cuenca del río, coordinarán la formulación de un Plan de manejo del Río Magdalena con el fin de conservar y mejorar los servicios que éste presta, mantener la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, y posibilitar la disponibilidad del recurso ictiológico. Dado que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina constituye una reserva de la biosfera, se iniciará un proyecto piloto de desarrollo sostenible en el archipiélago, con participación de las comunidades raizales. Este proyecto será cofinanciado por el gobierno departamental del archipiélago, Coralina los gobierno municipales y otras fuentes.