Sentencia T-153 de 2026

T-153-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Séptima de Revisión- SENTENCIA T-153 DE 2026 Referencia: Expediente T-11.471.093 Asunto: Acción de tutela instaurada por el personero municipal de Roldanillo en contra de la Subsecretaría de Protección y Bienestar y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de la sentencia del 29 de julio de 2025 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo, que confirmó el fallo emitido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Roldanillo, que amparó el derecho de petición y declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el personero Diego Fernando Franco Arcial en contra de la Subsecretaría de Protección y Bienestar y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca. Síntesis de la decisión La acción de tutela. La acción de tutela, interpuesta por el personero municipal de Roldanillo, señala que en el refugio animal Coquena, que es el único centro de bienestar animal para animales callejeros y abandonados de ese municipio, hay serios problemas en su infraestructura, tales como filtraciones de agua, espacio insuficiente y condiciones de vida inadecuadas. Por este motivo, presentó un derecho de petición ante la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal del Valle del Cauca, con el fin de solicitar (i) la mejora y el refuerzo de la infraestructura del hogar; (ii) el suministro constante de alimentos e insumos básicos; y (iii) el acompañamiento institucional y comunitario a esta iniciativa. Ante lo que consideró una respuesta incompleta y evasiva a su petición, el actor solicitó que se amparara su derecho de petición y se protegiera a los animales del refugio en su bienestar. Las decisiones objeto de revisión. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Roldanillo (a quo) amparó el derecho de petición del actor y declaró improcedente la acción de tutela en lo relativo a la protección del bienestar animal, al considerar que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad. A su juicio, para lograr la protección del bienestar animal existe un medio ordinario idóneo, como es la acción popular. El Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo (ad quem) confirmó la sentencia impugnada, por considerar que los animales no son titulares de derechos fundamentales y que para la protección del bienestar animal existen mecanismos ordinarios, como la acción popular o la acción de cumplimiento. El análisis sobre la procedencia de la acción de tutela. La Sala Séptima de Revisión comenzó su análisis por considerar la procedencia de la acción de tutela. En este orden, estableció que la acción es procedente. De una parte, constató que se procuraba la protección del derecho fundamental de petición, por parte de su titular. Y, de otra, verificó que, respecto del deber de protección del medio ambiente y la proscripción de sufrimiento animal, en este caso los medios ordinarios, en particular, la acción popular, no eran idóneos, dadas las circunstancias del caso. La Sala destacó de manera especial los riesgos que generaba para la persona cuidadora, para las personas que atienden a los animales y para la salud pública, la existencia de centenares de animales en condiciones inadecuadas. A su turno, señaló que había graves riesgos para la salud y, en general, para el bienestar de dichos animales, en materia de propagación de enfermedades zoonóticas y la posibilidad de que estos animales se tornaran seres liminales o ferales. El análisis sobre la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto en lo relativo al bienestar animal. A partir de los medios de prueba que obran en el expediente, en particular de las pruebas decretadas y practicadas en sede de revisión, la Sala pudo constatar que se configuraba el fenómeno de la carencia actual de objeto, por hecho sobreviniente, en la medida en que la sede del refugio animal, que operaba a partir de un contrato de arrendamiento entre la persona cuidadora y el depositario provisional del bien, había terminado por disposición judicial. En efecto, la Sala Civil y de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali declaró la terminación de dicho contrato y ordenó entregar el inmueble a sus propietarios, lo que ocurrió mientras se adelantaba la revisión de este asunto. En esta medida, a la Sala ya no le era posible proferir órdenes relacionadas con el mejoramiento de las condiciones infraestructurales del bien inmueble donde operaba el refugio animal Coquena. De igual forma, el actor había perdido interés en el objeto original de la litis, en tanto ya no había un bien inmueble que mejorar. En todo caso, la Sala decidió pronunciarse de fondo sobre este aspecto de la controversia, puesto que el derecho a la salud de la representante legal, los veterinarios y de la comunidad de Roldanillo seguía en riesgo. Además, de por medio el posible desconocimiento del precedente constitucional y, en todo caso, era importante pronunciarse sobre una línea jurisprudencial en la cual ha habido pocas decisiones de esta Corporación. Así las cosas, la Sala formuló el problema jurídico y abordó el fondo del asunto. Los problemas jurídicos planteados y el esquema de resolución. En este caso, a la Sala le correspondió establecer si la respuesta dada por la SPBA al derecho de petición presentado por el personero municipal de Roldanillo fue clara, de fondo, precisa y congruente con lo solicitado, valga decir, si se vulneró o no el derecho fundamental del actor; y si la SPBA, la Alcaldía Municipal de Roldanillo y la Gobernación del Valle del Cauca vulneraron los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano, así como la proscripción de sufrimiento animal, ya sea por maltrato o abandono, al no adelantar acciones tendientes a mejorar la infraestructura del refugio animal Coquena. Adicionalmente, debió responder si las entidades accionadas tenían alguna otra obligación relacionada con el tratamiento de los 400 animales del refugio. Finalmente, debió verificar si la SPBA vulneró el derecho de petición del personero Diego Fernando Franco Arcila. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizó lo relativo al (i) sentido y alcance del derecho de petición; al (ii) marco normativo y jurisprudencial de protección de los animales, en especial de los animales que han sido abandonados o que se encuentran en estado liminal; a (iii) la obligación de las entidades territoriales relacionadas con la salud pública, la policía sanitaria y el control de fauna callejera. Posteriormente, con fundamento en estos elementos de juicio analizará el caso concreto. Solución a los problemas jurídicos planteados. Luego de examinar la solicitud presentada ante la SPBA y la respuesta dada por dicha entidad, la Sala constató que se había vulnerado el derecho fundamental de petición del actor, pues la respuesta a su solicitud no había sido de fondo, clara, completa, precisa y congruente con lo solicitado. Dado que la sentencia del ad quem, que confirmó la del a quo, había amparado este derecho, la Sala procedió a confirmarla. Y, a partir de la revisión de lo acaecido en lo que concierne al derecho a gozar de un ambiente sano, la salubridad pública, la proscripción de cometer actos que constituyan maltrato animal y el derecho a la salud, la Sala pudo establecer que si bien las entidades accionadas habían adelantado ciertas acciones, estas no habían sido suficientes para satisfacer las obligaciones que les imponía la Constitución y la ley. Por ello, se las previno para que cumplan tales obligaciones, en especial en lo que tiene que ver con la atención en salud de los animales, dentro de lo cual está su adecuada vacunación y esterilización, con propiciar la ubicación de los animales en hogares que garanticen su bienestar, con adelantar los procedimientos y acciones correspondientes para construir un centro de bienestar animal público que tuviera espacio suficiente para albergar los animales callejeros o abandonados del municipio, y con evaluar, vigilar y hacer seguimiento a las acciones que debían implementarse. En lo que atañe a este asunto, la Sala revocó la sentencia del ad quem y, en su lugar, hizo las referidas prevenciones a las accionadas. I. ANTECEDENTES Hechos y pretensiones 1. El 14 de mayo de 2025, el señor Diego Fernando Franco Arcila, personero municipal de Roldanillo, radicó ante la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal del Valle del Cauca (SPBA) una petición. En el oficio correspondiente, expuso una serie de problemas que presentaba el hogar de protección animal Coquena de Roldanillo, relacionados con condiciones estructurales del refugio, tales como hacinamiento, falta de ventilación y presencia veterinaria, filtraciones de agua y otras situaciones que comprometían gravemente el bienestar de alrededor de 400 animales que estaban en el lugar y constituían un riesgo de salud pública. En vista de este escenario, el personero solicitó (i) mejorar y reforzar la infraestructura del hogar; (ii) asegurar el suministro constante de alimentos e insumos básicos; y (iii) fortalecer el acompañamiento institucional y comunitario a esta iniciativa. 2. El 4 de junio, SPBA dio respuesta a la petición radicada por la personería municipal de Roldanillo. Informó que había visitado el refugio animal Coquena y había atendido a los animales que allí residían. Asimismo, advirtió que, en el momento, realizaba un seguimiento del estado de salud de los perros y gatos del refugio. Finalmente, adjuntó una comunicación dirigida a la Alcaldía Municipal de Roldanillo en la que planteaba recomendaciones para incluir lineamientos sobre protección del bienestar animal en el Plan de Ordenamiento Territorial. Trámite procesal 3. La acción de tutela. El personero municipal consideró que no había recibido una respuesta clara, de fondo, precisa y congruente con lo solicitado. Por lo tanto, el 9 de junio de 2025 interpuso una acción de tutela. Arguyó que la Corte Constitucional había declarado la constitucionalidad del artículo 655 del Código Civil, en el entendido de que los animales no eran simples cosas, sino seres sintientes que deben recibir protección especial por parte del Estado y de la sociedad. 4. Asimismo, afirmó que en la Sentencia T-095 de 2016 se estudió el caso de un refugio animal que enfrentaba condiciones de hacinamiento, insalubridad y desatención estatal. En esa ocasión, se reiteró que, aunque los animales no son titulares de derechos fundamentales, el Estado sí tiene la obligación de protegerlos de manera efectiva, y la omisión en hacerlo puede afectar derechos fundamentales de las personas, como la salud y el ambiente sano. Por lo tanto, la omisión de las autoridades públicas en intervenir de manera efectiva ante situaciones que comprometen el bienestar animal, la salubridad y la convivencia ciudadana desconoce sus deberes constitucionales. 5. Bajo este escenario, el actor solicitó que se tutelaran los derechos fundamentales de petición, de protección contra el maltrato y sufrimiento innecesario y el principio de bienestar animal, los cuales consideró vulnerados por la SPBA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca. Por ende, pidió que se ordenara a la SPBA contestar la petición, realizar una visita técnica e inspección al refugio, verificar sus condiciones sanitarias y estructurales, y adoptar las medidas correctivas necesarias de manera urgente. 6. La admisión de la acción de tutela. Mediante auto 094 del 10 de junio de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Roldanillo, Valle del Cauca, admitió la acción de tutela. En consecuencia, ordenó tramitar preferencial y sumariamente el proceso, vinculó a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, y concedió a las entidades accionada y vinculada un término de dos días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto Ley 2591 de 1991 acerca de los hechos y omisiones que motivaban la acción de tutela. 7. Respuesta de la SPBA. El 11 de junio de 2025, contestó que había dado respuesta a la petición del personero, mediante oficio con código SADE 2025204552, el cual anexó a la respuesta. En este, informó las acciones ya realizadas en el caso concreto, incluyendo la visita hecha al albergue ubicado en el corregimiento Parcelas, en compañía de su equipo veterinario, y las medidas de atención brindadas a los animales afectados. 8. Recordó que la responsabilidad principal de garantizar la protección y el bienestar de los animales, el apoyo a albergues y fundaciones, así como la construcción y administración de centros de bienestar animal, recae en cada administración municipal, en cabeza de sus alcaldías y autoridades locales. Son estos entes territoriales quienes deben liderar la gestión y tomar decisiones administrativas sobre el funcionamiento de los albergues dentro de su jurisdicción, incluyendo los casos de posible maltrato animal.[1] 9. En todo caso, en virtud del principio de solidaridad y del compromiso misional en defensa de los animales, advirtió que había adelantado las siguientes acciones: (i) desplazamiento de personal veterinario al albergue mencionado, (ii) evaluaciones clínicas y pruebas diagnósticas para determinar el estado de los animales; (iii) gestión de medicamentos y suministro de recomendaciones clínicas pertinentes; (iii) acciones de seguimiento para garantizar el bienestar de los animales en el tiempo. Estas acciones fueron informadas en la respuesta remitida al personero municipal de Roldanillo. 10. De otra parte, expresó que la representante legal del refugio, además de agradecer las acciones adelantadas por la SPBA, resaltó que gestiona de manera independiente ayudas y donaciones para el sostenimiento del albergue, el cual acoge aproximadamente a 400 animales. Esto, a juicio de la entidad, pone en evidencia la necesidad de esfuerzos articulados para la protección y bienestar de los animales. 11. También, adujo que, si la intención de la personería municipal era solicitar información adicional, complementaria o una copia de los informes de visita realizados, la SPBA, con plena disposición, habría procedido a suministrarla sin restricción alguna. Sin embargo, en la respuesta entregada se informó oficialmente sobre las labores realizadas, lo que no sólo incluyó la remisión de información, sino también un actuar diligente, constituyendo, además de una respuesta, una contribución de fondo en relación con la problemática planteada. 12. Adicionalmente, informó que, desde el inicio de los periodos de gobierno con vigencia 2024-2027, se ha cumplido con la función de brindar asistencia técnica a los municipios, incluido Roldanillo. Para ello, se ha conformado un grupo multidisciplinario integrado por profesionales de los campos jurídico, médico veterinario y educativo, quienes han realizado una serie de capacitaciones y asesorías dirigidas a los enlaces municipales del Valle del Cauca. Estas asistencias técnicas tienen como objetivo fortalecer la capacidad de gestión de los municipios en materia de protección y bienestar animal, proporcionando herramientas que les permitan abordar eficazmente las problemáticas que enfrentan en sus territorios, empezando por señalar temas de base como la importancia de la inclusión en los planes de desarrollo municipales de acciones tendientes a que los municipios puedan destinar recursos y programas para la protección animal, dada la competencia que tienen ellos para la atención de los animales 13. Con fundamento en lo anterior, insistió en que no había vulnerado el derecho de petición ni el principio de bienestar animal. Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y reconocer que había brindado una respuesta de fondo a la petición presentada por la personería municipal de Roldanillo. 14. Petición de vinculación. El 12 de junio de 2025, el actor solicitó vincular a la Alcaldía de Roldanillo, en su calidad de máxima autoridad administrativa en el municipio, con el fin de evitar la nulidad de lo actuado. 15. Adicionalmente, arguyó que la respuesta remitida por la entidad accionada no había satisfecho el deber de resolver de manera clara, precisa y congruente la petición, conforme a los lineamientos exigidos en la Ley 1755 de 2015, al no abordar el núcleo de las solicitudes formuladas. 16. Autos de vinculación. Mediante auto del 12 de junio de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento vinculó a la Alcaldía de Roldanillo al trámite de tutela como integrante de la parte pasiva, y le otorgó el término de un día para que diera respuesta a los hechos y pretensiones consignados. 17. Posteriormente, mediante auto del 18 de junio de 2025, vinculó al hogar de protección animal Coquena, en virtud de que una eventual decisión podría afectar a dicho hogar. Por consiguiente, le otorgó el término de 4 horas para que diera respuesta a los hechos y pretensiones consignados en la acción de tutela. 18. Respuesta del hogar de protección animal Coquena. Aquel mismo día, la señora Claudia Liliana Sánchez, representante legal del hogar, informó que el refugio Coquena se encuentra ubicado en la vereda Parcelas, finca Los Lagos, en un terreno que es administrado por la Unidad de Restitución de Tierras y está en proceso de entrega a los herederos. 19. Relató que el refugio cuenta con 400 animales entre perros y gatos, los cuales consumen diariamente 100 kg de comida para perro y 16 kg de comida para gato. Por su parte, el lugar es una casa que cuenta con una bodega, cocheras y dos solares que fueron adecuados rústicamente por la representante legal. 20. Sobre los procesos de castración, informó que estas operaciones las realiza un veterinario en el caso de los machos. Sin embargo, las operaciones de las hembras se realizan con los recursos de la señora Sánchez. 21. Advirtió que las instalaciones deben contar con una estructura técnica y óptima que permita el debido resguardo de los caninos y felinos, separados por estatura, edad y nivel de agresividad. No obstante, actualmente esto es imposible porque la estructura lo imposibilita. Las hembras que dan a luz y los cachorros se ubican en las cocheras, ocupando espacio que podría usarse para separar los animales. 22. La señora Sánchez expresó que durante más de 14 años se ha ocupado de la asociación. Los gastos son cubiertos mediante rifas, ventas y la ayuda que en ocasiones le brinda la comunidad y la administración municipal. 23. Finalmente, solicitó “al ente competente” brindar ayuda que permita mejorar las condiciones estructurales y de alimentación para los animales. Esto, en la medida en que el refugio Coquena es la única asociación en el municipio que asume la responsabilidad de rescatar y cuidar los animales abandonados, vulnerables y en condición de calle. 24. Petición de vinculación. El 20 de junio de 2025, el actor solicitó vincular como tercero interesado a la Unidad de Restitución de Tierras, por tener bajo su administración el predio donde se encuentra el refugio Coquena 25. Auto de vinculación. Mediante auto del 20 de junio de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento vinculó a la Unidad de Restitución de Tierras, pues una eventual decisión podría afectar a la entidad. Así las cosas, le otorgó el término de una hora para que diera respuesta a los hechos y peticiones consignados en la acción de tutela. 26. La Unidad de Restitución de Tierras guardó silencio. 27. La sentencia de primera instancia. Mediante providencia del 20 de junio de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Roldanillo consideró que la acción popular era el mecanismo idóneo para amparar el derecho a un ambiente sano, que estaba siendo amenazado por las condiciones en las que se encontraban los 400 animales del refugio Coquena. El actor había argumentado que existía una conexión entre la afectación al medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas cuidadoras. No obstante, el despacho judicial destacó que no había adjuntado material probatorio como fundamento de lo expuesto en el escrito de tutela. 28. Al no haber derechos fundamentales individuales que estuvieran en riesgo, el juzgado concluyó que la acción de tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad; por ende, declaró la improcedencia de la acción de tutela a este respecto. 29. Con todo, tuteló el derecho de petición del actor, en tanto la respuesta brindada por la SPBA no estuvo en consonancia con lo pedido. No expuso que la Alcaldía Municipal de Roldanillo era el ente competente para atender las condiciones en las que se encuentra el hogar de protección animal Coquena y no resolvió todos los puntos consignados en la petición. Por lo anterior, le ordenó a la SPBA que diera una respuesta a la petición radicada por el personero municipal Diego Fernando Franco Arcila dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. 30. La impugnación. En su escrito de impugnación, el actor argumentó que el juez de primera instancia no había analizado de fondo la vulneración de los derechos de los animales del refugio Coquena, cuya protección fue uno de los principales fundamentos de la acción de tutela, con base en lo ya establecido en la jurisprudencia constitucional. 31. Insistió en que había adjuntado a la demanda de tutela elementos que demostraban la precaria situación en la que se encontraba el hogar de protección. De igual forma, en el expediente reposaba la respuesta remitida por la representante legal del refugio que daba fe del estado actual del lugar. Estas condiciones afirmó, constituían un trato indigno al deber estatal de protección frente al sufrimiento evitable de los animales. 32. A su juicio, el juez tuvo los elementos suficientes para advertir que la omisión administrativa por parte de la subsecretaría accionada y la Alcaldía Municipal de Roldanillo estaba generando una afectación directa al derecho a la vida digna de los animales albergados en el refugio. Sin embargo, el fallo se había limitado a ordenar una respuesta formal a la petición enviada, sin impartir orden alguna en relación con la situación material que motivó la solicitud. 33. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de tutela de primera instancia y tutelar de forma íntegra “los derechos fundamentales de los animales protegidos en el refugio COQUENA, ordenando a la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, realizar visita técnica y diagnóstico actualizado del lugar, implementar un plan de mejoramiento estructural, sanitario y alimentario del refugio y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2054 de 2020 y en los estándares de protección animal establecidos por la jurisprudencia constitucional.” 34. La sentencia de segunda instancia. El 29 de julio de 2025, el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca, confirmó el fallo de primera instancia. Advirtió que no existen derechos fundamentales en cabeza de los animales y, para su protección, existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular o la acción de cumplimiento. Ante esta situación, declaró la improcedencia de la acción de tutela, en tanto podía interponerse alguna de estas acciones para solicitar la protección del derecho al medio ambiente amenazado por las condiciones en las que se encontraba el hogar de protección animal Coquena. 35. La selección del caso por la Corte Constitucional. El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.[2] Por medio de Auto del 18 de diciembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas No. 12 de esta corporación lo seleccionó para revisión, conforme a los criterios de “[n]ecesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, posible violación o desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y asunto novedoso relacionado con el mandato de protección animal y los derechos humanos.”[3] El referido auto fue notificado el 23 de enero de 2026 y fue remitido al despacho del magistrado ponente ese mismo día.[4] 36. Actuaciones en sede de revisión. Decreto oficioso de pruebas. Mediante Auto del 30 de enero de 2026, el magistrado sustanciador, de oficio, decretó la práctica de pruebas, con el fin de contar con mayores elementos de juicio para tomar una decisión. En esa medida, indagó sobre (i) el estado actual del hogar de protección animal Coquena y los animales que viven en el lugar; y (ii) si las entidades accionadas y vinculadas al trámite de tutela habían adelantado acciones para mejorar las condiciones estructurales y de salubridad del lugar. 37. La respuesta de la personería municipal de Roldanillo. El personero, Diego Fernando Franco, informó que, pese al paso del tiempo y a las actuaciones administrativas y judiciales adelantadas, las condiciones del refugio no habían mejorado estructuralmente. Concretamente, la infraestructura física era deficiente, con espacios que no cumplían adecuadamente con las condiciones mínimas para el alojamiento de los animales; el manejo de los residuos era inadecuado y los drenajes eran insuficientes para garantizar las condiciones óptimas de higiene; y existían limitaciones para el adecuado control sanitario de los animales, lo que podía representar riesgos tanto para su bienestar como para la salud pública. 38. En la última sesión del comité de protección animal, la personería le insistió a la Alcaldía Municipal su preocupación por el estado de deterioro del refugio animal. En el marco de dicha sesión, la representante legal de Coquena manifestó que la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca había ordenado realizar mejoras al refugio, luego de constatar que este no cumplía con requisitos mínimos de salubridad. De igual manera, informó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras–, mediante sentencia N.° 10 del 10 de diciembre de 2025, notificada a la representante legal de COQUENA el 21 de enero de 2026, dio por terminado de manera unilateral el contrato de arrendamiento del predio y ordenó la restitución del bien inmueble en el término de un mes, esto es, a más tardar el 21 de febrero de 2026. Como consecuencia, el refugio animal se encontraba sin un lugar físico en el cual se pudiera continuar su operación. 39. Sobre la respuesta que debía dar la SPBA con ocasión de las sentencias de tutela proferidas por los jueces de instancia, expresó que esta fue remitida el 20 de junio de 2025, la cual, a su juicio, seguía siendo evasiva a lo requerido por la personería municipal. 40. Por otro lado, no le constaba que se hubieran adelantado acciones estructurales, técnicas y sostenidas por parte de la SPBA que permitieran solucionar de manera definitiva las deficiencias estructurales y de salubridad que presentaba el refugio animal Coquena. Si bien dichas entidades habían realizado algunas actuaciones puntuales, tales como la entrega de 20 hojas de zinc, entrega de volqueta con balasto sucio, jornadas de esterilización y la entrega de concentrado para felinos y caninos, estas medidas resultaban insuficientes, en tanto no constituían una solución integral a la problemática existente, especialmente en lo relacionado con la infraestructura del refugio, las condiciones de salubridad y el adecuado manejo de los residuos. 41. La respuesta de la señora Claudia Liliana Sánchez Bustamante. La representante legal del refugio animal Coquena informó que el hogar se encontraba en mal estado, en especial, debido a las filtraciones de agua, lo que permitía el paso del agua, generando así humedad en el lugar. Tampoco existía un espacio adecuado ni seguro para mantener a los animales, por lo tanto, existían riesgos sanitarios y condiciones contrarias al principio de bienestar animal. 42. Asimismo, adujo que la SPBA no había aportado materiales para mejorar el refugio, sin embargo, había donado esterilizaciones y enviado veterinarios para valorar una epidemia de dermatitis que se había propagado entre los perros. Por su parte, la Alcaldía Municipal de Roldanillo había donado una volqueta de balasto sucio para impermeabilizar el refugio y 20 hojas de zinc para mejorar el techo. 43. Finalmente, resaltó que el 21 de enero de 2026 fue notificada de la sentencia No. 10 de 2025, en la que se le ordena restituir el bien inmueble a más tardar el 21 de febrero de 2026. A este repecto, adjuntó una comunicación de parte de las señoras Diana Lucila García Martínez, María Rosario García Martínez y su abogado, el señor Cristhian Mauricio Preciado. En el escrito indican que son hijas legítimas y herederas del causante Luis Arturo García, único dueño y propietario del bien inmueble donde actualmente funciona el refugio animal Coquena. El 10 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras ordenó: “DÉCIMO SEXTO: Declarar terminado el contrato de arrendamiento del inmueble objeto de restitución, fechado el 9 de julio de 2014, suscrito entre fertilizantes agropecuarios agrovin s.a. (empresa representada por MARIO ALBERTO GIRALDO RIOS, depositaria provisional de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación), como parte arrendadora, y CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ BUSTAMANTE, como parte arrendataria. En consecuencia, se le concede a la parte arrendataria el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para que realice la restitución (entre real y material) del inmueble arrendado a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, UAEGRTD.”[5] 44. En vista de lo anterior, le solicitaron informar (i) desde qué fecha tenía calidad de arrendataria; (ii) cuánto pagaba de canon de arrendamiento; (iii) si a la fecha se encontraba al día en el pago del arrendamiento; y (iv) si había realizado mejoras al bien inmueble. 45. De igual forma, la interviniente adjunta la parte resolutiva de la sentencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali. 46. La respuesta de la Alcaldía Municipal de Roldanillo. La entidad afirmó que tenía conocimiento de la situación estructural del refugio animal Coquena, por lo cual, había adelantado actuaciones concretas y verificables, dirigidas a proteger el bienestar de los animales albergados en el refugio. En particular, destacó las siguientes: a) Jornadas de esterilización y desparasitación, como medidas de control poblacional, prevención de enfermedades y mitigación de riesgos en salud pública; b) Entrega de medicamentos, purgantes, vitaminas y acaricidas; c) Celebración de contratos de mínima cuantía Nros. 2024225 y 2025125, cuyo objeto ha sido el suministro de alimento y otros apoyos en especie para el sostenimiento de los animales. Esto, conforme al artículo 4 de la Ley 2054 de 2020, que autoriza el apoyo a refugios privados mediante aportes en especie destinados directamente al bienestar de los animales. 47. Al respecto, señaló que el refugio funciona en un predio que no es propiedad del municipio, sino de un particular, actualmente bajo administración de la Unidad de Restitución de Tierras y en proceso de entrega a los herederos. En ese sentido, el Municipio de Roldanillo se encontraba legalmente impedido para invertir recursos públicos en la construcción, adecuación o mejoramiento de infraestructura ubicada en un bien inmueble de propiedad privada, en atención a los principios de legalidad, destinación específica del gasto público y responsabilidad fiscal. Con todo, había brindado el apoyo necesario, dentro del marco permitido por la ley. II. CONSIDERACIONES Competencia 48. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar y decidir sobre la acción de tutela de la referencia, con arreglo a lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo resuelto por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce, en Auto del 18 de diciembre de 2025. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela 49. La legitimidad en la causa por activa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela constituye un instrumento de defensa judicial, preferente y sumario, al cual tiene la posibilidad de acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares, en aquellos casos previstos en la ley.[6] En concordancia, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que están legitimados para ejercer la acción de tutela: (i) la persona cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados, por sí misma; (ii) a través de un representante, como ocurre en el caso de los menores de edad o de quien designa un apoderado judicial; (iii) mediante agencia oficiosa, es decir, cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa; y (iv) por conducto tanto del defensor del pueblo como de los personeros municipales, cuando el titular del derecho se lo solicite o esté en situación de desamparo e indefensión.[7] Esta última facultad está sustentada en los principios del Estado Social de Derecho y en la función de los personeros de promover el ejercicio y divulgación de los derechos humanos.[8] 50. Respecto de la legitimación de personeros municipales, esta Corporación ha establecido que “en virtud de sus funciones constitucionales y legales de guarda y promoción de los derechos humanos, así como en desarrollo de la normatividad expedida por la Defensoría del Pueblo, se encuentran legitimados para presentar acciones de tutela. De manera tal que, siendo informado de la amenaza o violación de derechos fundamentales contra una persona, el personero ha de interponer la acción de tutela en nombre del afectado que lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión.”[9] 51. En este sentido, cuando un personero municipal interpone una acción de tutela, en ejercicio de sus funciones, en particular de lo previsto en los artículos 10° del Decreto 2591 de 1991 y 178 de la Ley 136 de 1994, debe hacerlo con las condiciones previstas en la jurisprudencia constitucional. Estas condiciones, según la síntesis que se hace en la Sentencia T-003 de 2026, son que “(i) exista autorización expresa de la persona víctima de la amenaza o vulneración de los derechos, con el objetivo de promover la intervención del personero o del Defensor del Pueblo, a no ser que se trate de menores de edad, incapaces o personas en estado de indefensión; (ii) se individualicen o determinen las personas perjudicadas; y (iii) se argumente la forma en que se comprometen los derechos fundamentales de los representados.” 52. Por ejemplo, en la Sentencia T-408 de 2013 se ampararon los derechos fundamentales a la salud y a la vida de todas las personas afiliadas a una EPS de un municipio del eje cafetero, por una acción de tutela interpuesta por el personero municipal, por cuanto la EPS dejó de prestar servicios de salud en ese municipio viéndose afectada toda esa comunidad. En esa ocasión, se consideró que los personeros municipales, en atención a sus funciones constitucionales y legales de guarda y promoción de los derechos fundamentales, están legitimados para presentar acciones de tutela. Se agregó que en el caso de percatarse “de la amenaza o violación de derechos fundamentales de una persona o de una comunidad, podrán interponer la acción en nombre del ciudadano que se lo solicite o de aquellas personas que se encuentren en situación de desamparo o indefensión.” En este caso no se exigió que el personero municipal debiera acreditar la legitimación por activa mediante poder otorgado. 53. En un contexto similar, la Sentencia T-178 de 2015 evaluó la legitimidad de un personero municipal que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, interpuso acción de tutela en favor de unos miembros de una comunidad que estaban siendo afectados por la deficiente red de alcantarillado y condiciones de salubridad. 54. Estas providencias fueron recogidas en la Sentencia T-197 de 2022, mediante la cual la Corte determinó que las actuaciones que los personeros municipales hicieran en defensa de los derechos fundamentales de las personas se sustentan en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994,[10] y que existen unos requisitos mínimos que no pueden entenderse ni equipararse a un poder para actuar. Basta la simple petición en ese sentido, que bien puede ser verbal o escrita del interesado. 55. En otras palabras, el personero municipal, de conformidad con sus competencias constitucionales y legales, puede interponer acciones de tutela en aras de defender los derechos de una persona o una comunidad, cuando observe alguna situación que los afecta. Esta atribución se encuentra establecida en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual se complementa con el 49 de la misma normativa, que prevé que “en cada Municipio, el Personero en su calidad de Defensor en la respectiva entidad territorial podrá, por delegación expresa del Defensor del Pueblo, interponer acciones de tutela o representarlo en las que éste interponga directamente.” Al respecto, resulta pertinente indicar que el Defensor del Pueblo efectuó tal delegación a los personeros municipales mediante la Resolución 638 del 6 de junio de 2008.[11] 56. En el presente caso, el personero municipal de Roldanillo pretendió, por un lado, que se amparara un derecho fundamental del cual es titular, como es el derecho de petición, el cual consideró vulnerado por la SPBA. Y, por otro, la protección del derecho a la salud de la representante legal del refugio animal Coquena y de los veterinarios que atienden a los animales del refugio, así como del deber de protección del medio ambiente y la proscripción de sufrimiento animal, tanto en casos de abandono como de maltrato. 57. En cuanto a lo primero, la Sala constata que el actor tiene legitimidad por activa, en la medida en que fue él quien presentó el derecho de petición cuya respuesta considera inadecuada e insuficiente. 58. En cuanto a lo segundo, es necesario profundizar en el análisis. De una parte, la Sala advierte que ni el ordenamiento jurídico ni la jurisprudencia constitucional han reconocido a los animales como titulares de derechos fundamentales. Lo que sí han hecho uno y otra es reconocer, de manera progresiva, un estatus reforzado de protección a los animales, a partir de su condición de seres sintientes y, más recientemente, de algunos de ellos como animales de compañía. Esto implica que, si bien los animales no pueden acudir a la acción de tutela en sentido estricto,[12] la protección de su bienestar es un tema central y particularmente relevante dentro de la denominada Constitución Ecológica. 59. Esta Corporación, a partir de una lectura sistemática de los artículos 1, 2, 8 y 94 de la Carta, ha puesto de presente que existe un deber jurídico constitucional de los seres humanos frente a otras especies animales. En este sentido, la dignidad humana, como principio fundacional y eje transversal del Estado Social y Democrático de Derecho, implica tanto el reconocimiento de derechos para los seres humanos como la asunción de deberes hacia los animales. En otras palabras, los principios de dignidad humana y de solidaridad imponen límites éticos y jurídicos a las acciones humanas y exigen una actitud respetuosa y responsable hacia los animales, que excluya el maltrato, la crueldad y el sufrimiento injustificado.[13] 60. En el ordenamiento jurídico existe el deber constitucional de proteger la fauna, el cual se inserta principalmente en el marco de los mandatos constitucionales de protección al medio ambiente y de prevención del maltrato animal. En virtud de lo anterior, la ausencia de titularidad de derechos fundamentales por parte de los animales no impide que determinadas autoridades públicas puedan acudir a la acción de tutela cuando lo que se pretende es la protección de mandatos constitucionales cuyo cumplimiento resulta comprometido por situaciones de maltrato o abandono animal. En efecto, el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 establece en cabeza de los personeros municipales el deber de ejercer funciones de Ministerio Público en el ámbito municipal, dentro de las cuales se encuentra la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Esta función de control constitucional y legal habilita al personero para promover las acciones judiciales necesarias cuando advierta la vulneración de mandatos constitucionales. 61. De este modo, la finalidad de interponer una acción de tutela en el presente caso no consiste en reivindicar derechos fundamentales propios de los animales, lo cual no corresponde al marco constitucional vigente, sino en procurar la observancia del deber constitucional de protección del ambiente y de los animales, así como la prevención de conductas de maltrato que contrarían los principios constitucionales de respeto por la naturaleza y la biodiversidad. 62. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta también que el deber de protección del medio ambiente y la proscripción de maltrato animal, en el presente caso, se encuentra estrechamente ligado al derecho fundamental a la salud de la representante legal del refugio animal, las personas encargadas de atender a los animales y la población que habita Roldanillo. Si bien en el escrito de tutela el personero municipal tan sólo hizo referencia al riesgo que tenían la cuidadora y los veterinarios que visitaban el refugio, lo cierto es que la SPBA constató que los perros que residían en el refugio Coquena tan sólo estaban vacunados contra la rabia.[14] Además, tan sólo 20 de los aproximadamente 200 perros del refugio no tenían lesiones aparentes de piel. El 80% de ellos presentaba alopecia y prurito intenso, y el uso de amitraz y nexgard no era efectivo para bañarlos. Al realizar raspado cutáneo en 4 perros, todos ellos resultaron positivos para sarna sarcóptica, una enfermedad parasitaria inflamatoria caracterizada por la proliferación de ácaros y altamente contagiosa. 63. Tal situación implica la probabilidad de que varias enfermedades puedan transmitirse entre animales y a humanos, más aún, teniendo en cuenta que el lugar ha recibido centenares de animales. Por consiguiente, la comunidad del Municipio de Roldanillo se encuentra en situación de indefensión. En efecto, a la población no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos.[15] Esto, en la medida en que no tiene la capacidad de adoptar directamente las medidas necesarias para solventar la falta de atención y cuidado que genera la situación de riesgo y amenaza ya reseñada, por la forma, al parecer, irrazonable con que las autoridades demandadas y vinculadas han atendido la situación de abandono advertida por el personero. Esta situación reclama medidas urgentes, por las consecuencias que pueden generarse en términos de salud pública, integridad física y dignidad humana. 64. En ese sentido, la Sala considera que la actuación del personero se inscribe dentro de sus funciones de vigilancia del cumplimiento de la Constitución y de defensa del interés público. La protección de los animales frente a situaciones de maltrato grave constituye una manifestación del deber estatal y social de protección del ambiente y de los seres sintientes que lo integran, deber que tiene fundamento en diversos mandatos constitucionales relativos a la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la prevención del sufrimiento animal. Por otro lado, para la Sala es claro que no sólo están en juego los deberes de protección al medio ambiente y a los animales. De igual forma, el derecho a la salud de los cuidadores del refugio y de la comunidad aledaña también se encuentra en riesgo. A este respecto, esta Corte ha establecido que es el juez constitucional quien determina los derechos fundamentales violados. Por ende sus fallos pueden ser ultra y extra petita en materia de tutela. “Así las cosas, a quien corresponde establecer y determinar el derecho a tutelar es el juez, quien lo hará en el fallo. Por consiguiente, si bien el demandante en tutela puede señalar de manera subjetiva los derechos fundamentales que él considera violados o amenazados – señalamiento éste que debe hacerse con un mínimo de claridad – a quien corresponde la carga de determinar el derecho violado o amenazado y por ende a tutelar, es al juez de tutela.”[16] En este caso, el personero municipal se refirió a los derechos “a la protección contra el maltrato y sufrimiento innecesario y principio de bienestar animal.”[17] Sin embargo, se insiste, los animales no son titulares de derechos y la Sala de Revisión no puede ser ajena a la situación que se presenta dentro del refugio animal Coquena. 65. En definitiva, la Sala destaca que los personeros municipales tienen legitimidad por activa para promover las acciones que consideren necesarias para obtener la garantía efectiva del principio de protección animal, en la medida en que ello corresponde a sus funciones como parte del Ministerio Público, y para defender el derecho fundamental a la salud de la comunidad afectada, en caso que se advierta una amenaza al medio ambiente sano. 66. En el asunto sub examine, en la demanda de tutela se advierte la difícil situación que atraviesa el refugio animal Coquena, respecto de la cual se indica que no se ha hecho lo necesario para que se pueda albergar correctamente los animales que viven allí, ni se ha garantizado el bienestar de los animales que están en el refugio. 67. Por otro lado, si bien la señora Claudia Liliana Sánchez es la representante legal del hogar animal, debe tenerse en cuenta que el personero municipal interpuso la acción de tutela para la protección del principio de protección animal y su propio derecho de petición. Además, ya había venido haciéndole seguimiento a la situación ante la Alcaldía Municipal de Roldanillo. Por último, la representante legal del refugio animal Coquena intervino durante el trámite de la tutela, coadyuvando lo estimado por el personero municipal. 68. Por ende, se advierte el cumplimiento de los requisitos para que el personero municipal de Roldanillo tenga legitimación en la causa por activa. Primero, la representate legal del refugio animal coadyuvó la acción de tutela. Segundo, aunque no se individualizaron todas las personas afectadas, esta corporación ha establecido que estas condiciones no pueden interpretarse de forma que se restrinja la facultad de los personeros de interponer tutelas en favor de la comunidad cuando lo estime pertinente y, como ya se observó, la comunidad del municipio puede verse afectada por las malas condiciones en las que se encuentran los animales del refugio. Tercero, en el expediente está acreditado que los animales aún no tienen todas las vacunas necesarias para proteger su salud y evitar la propagación de enfermedades zoonóticas; asimismo, las condiciones en las que se encuentran no son las adecuadas para mantener a los animales en buenas condiciones. En esa medida, el personero actuó conforme a los artículos 10 y 49 del Decreto 2591 de 1991 y 178.17 de la ley 136 de 1994, y en aras de proteger los derechos y principios constitucionales en juego. 69. Legitimidad en la causa por pasiva. La legitimidad por pasiva se refiere a “la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues [es quien] está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso.”[18] En efecto, el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra “toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley.” 70. En el presente caso, la acción de tutela se dirige en contra de la SPBA, la Alcaldía Municipal de Roldanillo, la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo. Todas estas entidades hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) según el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, pues esta norma incluye a los departamentos, distritos y municipios. 71. Igualmente, se tiene que, por medio de la Ordenanza No. 612 de 2023 se adoptó la política pública de protección y bienestar animal en el Departamento del Valle del Cauca, dentro del marco de la Ley 1774 de 2016, en beneficio de la fauna liminal, silvestre y domesticada.[19] Esta normativa tiene como objeto garantizar que estos animales tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura donde se promueva el respeto, se prevengan las violencias y se fortalezca la capacidad instalada para la atención efectiva de las situaciones de violencia que sufren los animales.[20] 72. Específicamente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo del Departamento, de la cual hace parte la SPBA, es la dependencia encargada de liderar los ejes de promoción, prevención y atención de las violencias en contra de los animales en el ámbito departamental y debe coordinar el proceso de implementación de la política pública de protección animal.[21] Por ende, tiene legitimación en la causa por pasiva. Esto, en tanto tiene como función la atención de animales que sufren maltrato, abandono o cualquier otro acto u omisión que atente en contra de su bienestar. 73. La Gobernación del Valle del Cauca, por su parte, tiene el deber de reglamentar las funciones, la constitución e integrantes de la mesa institucional de protección y bienestar animal del Valle del Cauca, como un organismo asesor del gobierno en el seguimiento y puesta en marcha de la ejecución de la política pública de protección y bienestar animal.[22] Esto, en concordancia con el artículo 4 de la Ley 2200 de 2022, que le otorga las funciones de promover la sostenibilidad ambiental y garantizar el derecho a un ambiente sano, y el 305 de la Carta Política, que establece como atribuciones del gobernador “[c]umplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales”, y “[d]irigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.” 74. En suma, las funciones de la gobernación en el presente asunto son de seguimiento, promoción y control. En esa medida, también está legitimada por pasiva en el presente caso. 75. Asimismo, a la Alcaldía Municipal de Roldanillo le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley (art.311, CP), al igual que la salud pública y el saneamiento ambiental (art.49, CP). En virtud de estas obligaciones, se le atribuye una omisión respecto de su deber de garantizar el derecho al medio ambiente. Por consiguiente, esta entidad también está legitimada en la causa por pasiva. 76. Por último, la Unidad de Restitución de Tierras fue creada por la Ley 1448 de 2011, como una entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.[23] Su objetivo principal es servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados a que se refiere la Ley mencionada.[24] 77. En el presente caso, mediante auto del 20 de junio de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento vinculó a la Unidad de Restitución de Tierras. Sin embargo, el hecho de que sea la propietaria del predio donde funciona el refugio no tiene relación directa con las pretensiones formuladas en el escrito de tutela. Por otra parte, tampoco se observa que la Unidad de Restitución de Tierras haya cometido algún acto u omitido alguna obligación respecto de las condiciones infraestructurales del refugio animal. En esa medida, la Sala concluye que no tiene legitimación en la causa por pasiva y, por lo tanto, la desvinculará del proceso de tutela. 78. Inmediatez. Esta Corte, en reiterada jurisprudencia, ha sido unánime en sostener que el fin último de la acción de tutela es asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales. Ello se traduce, principalmente, en “procurar que su ejercicio se realice en un término razonable y expedito.”[25] Si bien esta Corporación no ha dispuesto un término de caducidad para ejercer la acción, sí ha señalado que le atañe al juez constitucional, en cada caso concreto, verificar si el amparo se interpuso oportunamente, esto es, transcurrido un plazo razonable entre el momento en que se genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela. 79. En el presente asunto, el 4 de junio de 2025, la SPBA le contestó una petición al personero municipal Diego Fernando Franco Arcila relacionada con los problemas de espacio e infraestructurales que presentaba el refugio animal Coquena. A juicio del personero municipal, dicha respuesta no atendió de fondo la solicitud, por lo cual, 5 días después presentó la acción de tutela. Lo anterior muestra que transcurrió muy poco tiempo entre la presunta vulneración del derecho de petición y la presentación del escrito de tutela. Adicionalmente, aunque en el expediente no se establece desde qué momento el refugio animal excedió su capacidad para albergar animales callejeros y presenta fallas infraestructurales, lo cierto es que tales fallas son continuas en el tiempo y el accionante ha acudido con anterioridad a las entidades que considera competentes para solucionarlas. Esto demuestra el carácter actual de las presuntas vulneraciones a los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano, además del principio de proscripción del sufrimiento animal. Así las cosas, esta Sala concluye que se cumple con el presupuesto de inmediatez. 80. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la demanda de tutela la existencia de otros recursos o mecanismos judiciales para solicitar la protección de los derechos fundamentales. 81. De este modo, si existen otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a aquellos y no la acción de tutela. Esto, en tanto la persona no puede desconocer las acciones judiciales ordinarias contempladas en el ordenamiento jurídico. Si el actor cuenta con otros medios de defensa judicial, la consecuencia directa es que el juez constitucional no puede decidir el fondo del asunto planteado.[26] 82. De acuerdo con lo expuesto, el amparo constitucional es procedente cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de protección o en caso de que: (i) el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no sea idóneo y eficaz, conforme a las circunstancias especiales del caso que se estudia; en este escenario, el amparo es procedente como mecanismo definitivo; y (ii) a pesar de existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En esta circunstancia, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.[27] 83. En cuanto a la primera hipótesis, esta Corporación ha establecido que la idoneidad y eficacia de un mecanismo de defensa judicial no debe analizarse de forma abstracta. Por el contrario, debe evaluarse en el contexto concreto,[28] pues puede que el mecanismo no permita resolver la cuestión en una dimensión constitucional o restablecer los derechos fundamentales afectados.[29] 84. Respecto de la segunda hipótesis, su propósito no es otro que el de conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal. Lo anterior, tal y como lo dispone el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que: “[e]n el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.” 85. Asimismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige que se verifique la existencia de un perjuicio irremediable en los siguientes términos: (i) una afectación inminente del derecho, elemento temporal respecto del daño; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio, grado o impacto de la afectación del derecho; y, (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo.[30] 86. En el asunto sub examine es preciso distinguir, para efectos del análisis sobre la subsidiariedad, entre el derecho de petición del actor y la protección del bienestar animal. En cuanto a lo primero, los jueces de instancia consideran que la tutela es procedente y, en consecuencia, se pronuncian de fondo en relación con él, amparando el derecho del actor y ordenando a la accionada dar una respuesta completa y de fondo a la petición. En cuanto a lo segundo, los jueces de instancia concluyeron que la tutela era improcedente, porque existen medios ordinarios de protección que son idóneos para proteger el bienestar animal, como la acción popular y la acción de cumplimiento. 87. En lo que corresponde a la acción de cumplimiento, a la que alude el ad quem, la Sala constata que ella no logra desvirtuar la necesaria intervención del juez constitucional. El artículo 87 de la Constitución se prevé que “[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.” En particular, es un instrumento para exigir a las autoridades públic...