Sentencia C-277 de 2021

C-277-21 Sentencia C-277/21 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Pronunciamiento sobre disposiciones vigentes o sobre aquellas que habiendo perdido su vigencia continúen produciendo efectos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de correspondencia entre acusación y texto demandado DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia de pronunciamiento sobre nuevo cargo presentado por interviniente DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumple con los requisitos de aptitud sustantiva en cargo por violación del principio de igualdad DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Carga mínima en relación con la determinación de los extremos de confrontación con la norma acusada INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Reglas jurisprudenciales para la procedencia excepcional INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Configuración DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Es un derecho fundamental y un servicio público cuya prestación debe asegurar el Estado PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Universalidad, eficiencia, solidaridad DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental y autónomo DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Concepto SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Conformación SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Objeto/SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Regímenes/SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Características/SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Afiliación obligatoria DERECHO A LA SALUD-Doble connotación al ser un derecho fundamental y al mismo tiempo un servicio público SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Regímenes SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Definición/ SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Objetivos/ SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Prestaciones a que da derecho SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS-Definición/SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS-Objetivo La Ley 100 de 1993, que consagra el Sistema Integral de Seguridad Social, creó los llamados Servicios Sociales Complementarios -SSG-. Estos son entendidos como un conjunto de prestaciones adicionales a las ofertadas en el sistema, que, si bien no forman parte del Régimen General de Pensiones, ni del Sistema de Salud, ni del de Riesgos Laborales, sí lo hacen del Sistema Integral de Seguridad Social. Surgen para auxiliar a personas de escasos recursos para que alcancen un ingreso durante su vejez. Entre estos Servicios Sociales Complementarios se ubican los BEPS, como desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2005 y de la Ley 1328 de 2009. SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (BEPS)-Definición Están definidos como “(…) un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, que (…) se integra al Sistema de Protección a la Vejez, con el fin de que las personas de escasos recursos que participen en este mecanismo obtengan, hasta su muerte, un ingreso periódico, personal e individual”. SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO DE BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (BEPS)-Jurisprudencia PROGRAMA BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS COMO SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO DE PROTECCION PARA LA VEJEZ A PERSONAS QUE NO PUEDEN ACCEDER A PENSION-Características DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES-Deber de realización progresiva por Estados DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Mandato de progresividad y no regresividad MANDATO DE PROGRESIVIDAD DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Alcance PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD-Ha sido reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES-Contenido TEST DE NO REGRESIVIDAD-Jurisprudencia constitucional PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Jurisprudencia constitucional En suma, el mandato de no regresividad no es una regla absoluta en materia de derechos laborales y de la seguridad social. En tal sentido, la Corte ha avalado la constitucionalidad de medidas que, prima facie, son regresivas, pero están debidamente justificadas en términos de razonabilidad y proporcionalidad. También, ha encontrado que instrumentos de política pública son regresivos y, en consecuencia, contrarios a la Carta. ECONOMIA INFORMAL-Concepto (…) la economía informal es “aquella que no está regulada por la ley; sus trabajadores no reciben el salario mínimo, no cotizan a la seguridad social, no están organizados sindicalmente y laboran en establecimientos de menos de 10 trabajadores”. Este concepto incluye la idea de la ausencia de regularización de las actividades empresariales, como una parte importante del concepto de informalidad más reciente y, del que se desprende claramente también la vulnerabilidad laboral. De igual forma, los altos costos de contratación pueden tener un efecto directo en la informalidad. Lo anterior, porque les impide a las empresas ajustarse al ciclo económico, especialmente, en escenarios recesivos. PISO DE PROTECCION SOCIAL-Noción El piso de protección social, en consonancia con los derroteros actuales de la recategorización de las instituciones propias de la seguridad social, es una propuesta tendiente a la universalidad de sus garantías. Se enfoca en la posibilidad de ofrecer protección a las personas, en general y ya no solo al trabajador formal y a su familia, para evitar consecuencias nefastas ante la ocurrencia de los riesgos de desempleo, muerte o compromiso del estado de salud, como para “librar a las personas del miedo a la pobreza y a la penuria y materializar las promesas contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. La perspectiva que lo inspira parte de la base de que, por un lado, aquellos son riesgos no asociados directa y específicamente a la condición del trabajador formal; se reconocen como amenazas que enfrenta cualquier ser humano durante todas las etapas de su vida. De otro lado, parte de la concepción de la seguridad social como una herramienta para la superación de la desigualdad, de la exclusión y de la pobreza. PISO DE PROTECCION SOCIAL-Alcance (…) el piso de protección social no sustituye, sino que complementa el esquema de seguridad social que impera en cada uno de los Estados. No se trata de una alternativa al aseguramiento de los riesgos ya previstos y reconocidos en favor de los trabajadores y sus familias, sino de una tendencia complementaria para ampliar la cobertura de los beneficiarios (dimensión horizontal) y de los beneficios (dimensión vertical) inicialmente previstos. En consecuencia, no reemplaza las garantías alcanzadas en materia de seguridad social, pues no es un camino alternativo, sino adicional. NORMA LEGAL-Competente para interpretarla/INTERPRETACION DE LA LEY EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia general CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE INTERPRETACION LEGAL-Alcance excepcional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE INTERPRETACION LEGAL-Condiciones de procedibilidad NORMA ACUSADA-Contenido y alcance JUICIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD DE DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Juicio de proporcionalidad en sentido estricto PISO DE PROTECCION SOCIAL-Finalidad (…) la medida busca garantizar el principio de universalidad en el acceso a contenidos mínimos de seguridad social a población vulnerable. Particularmente, aquella que deriva su sustento de la economía informal y que enfrenta a barreras para el goce efectivo de dichas garantías. Lo anterior, al prever un punto de partida mediante mecanismos alternativos y complementarios en materia de salud, riesgos de vejez y laborales. En ese mismo escenario, pretende realizar un objetivo imperioso relacionado con la formalización laboral, no solamente como garantía del trabajo decente, porque asegura un ingreso estable y periódico para el empleado y su grupo familiar. También, es un mecanismo dinamizador de la economía y de superación de la vulnerabilidad derivada de la economía informal. Finalmente, es un instrumento que permite avanzar en la progresividad de los mencionados postulados porque establece unos mínimos irreductibles y fortalece el compromiso de ampliar su contenido y satisfacción mediante políticas públicas focalizadas, eficiente y eficaces. RELACION LABORAL DE PERSONAS QUE DEVENGAN MENOS DE UN SALARIO MINIMO-Protección en seguridad social (…) esta Corte considera que, en este caso, no se presenta una renuncia de contenidos mínimos, pues, de conformidad con las normas vigentes en los términos explicados en esta sentencia, las personas que devengan menos de un salario mínimo no tienen el derecho legal a ser vinculadas en el régimen contributivo, de ahí que admitir su afiliación al PPS no implica renunciar a un beneficio que nunca lo tuvieron. La negociación gravitará, entonces, en torno a los medios y mecanismos para garantizarla y no sobre la asistencia social, pues aquella es obligatoria también para esta modalidad contractual. De igual manera, dicha garantía no puede desplazar la libertad negocial que le asiste al trabajador en la definición de los medios de asistencia social que rigen su vinculación laboral. Referencia: Expediente D-14061 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 193 (parcial) de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Demandante: Jean Camilo García Torrez y otros Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 241.4 de la Constitución, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES El 26 de noviembre de 2020, los ciudadanos Jean Camilo García Torrez, Brayner Alexis Giraldo Osorio, Angie Zulay Tabares Gómez, Isabella Sepúlveda Vargas y Hernán Darío Martínez Hincapié, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 193 (parcial) de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Por Auto del 15 de diciembre de 2020, la Magistrada Sustanciadora inadmitió la demanda. En esa oportunidad, consideró que no satisfizo los requisitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia. El 12 de enero de 2021, los demandantes corrigieron la demanda. Mediante Auto del 29 de enero del año en curso, el despacho ponente admitió la demanda. Esa providencia ordenó comunicar el inicio del proceso a los presidentes de la República y del Congreso, a los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho y del Trabajo, para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición acusada. También, invitó a participar a varias universidades y miembros de la sociedad civil[1], con el mismo propósito. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y, previo el concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Corte procede a decidir el asunto de la referencia. II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA A continuación, la Sala transcribe el texto de la norma demandada y subraya el aparte acusado: “LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: Artículo 193. Piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS. En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social. PARÁGRAFO 1o. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario. PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los vinculados al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes cobijados por el presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar. PARÁGRAFO 3o. Los empleadores o contratantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley cuenten con trabajadores o contratistas afiliados al sistema de seguridad social en su componente contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social desmejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores o contratistas mediante la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos que conlleve a su afiliación al piso mínimo de protección social, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional, serán objeto de procesos de Fiscalización preferente en los que podrán ser sancionados por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) por no realizar en debida forma los aportes a seguridad social que le correspondan, una vez surtido el debido proceso y ejercido el derecho a la defensa a que haya lugar. PARÁGRAFO 4o. Una vez finalizado el periodo de ahorro en el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el ahorrador tendrá derecho a elegir si recibe la anualidad vitalicia o la devolución del valor ahorrado, caso en el cual no habrá lugar al pago del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente.” III. LA DEMANDA En términos generales, los accionantes consideran que la expresión resaltada en el artículo 193 de la Ley 1955 del 2019 es contraria a los artículos 13, 48, 53 y 93 de la Carta[2]. Lo anterior, porque establece una regulación obligatoria en materia de seguridad social que genera diferencias injustificadas entre los trabajadores formales. En efecto, exponen que el precepto censurado consagra unas reglas que separan a los trabajadores y contratistas más vulnerables, esto es, a quienes laboran tiempo parcial y ganan menos del salario mínimo, de las garantías aseguradas para los demás trabajadores colombianos. Aquellas, están contenidas en el Sistema de Seguridad Social Integral consagrado en la Ley 100 de 1993. Así, según afirman, el Piso de Protección Social estipula reglas obligatorias que son en realidad discriminatorias y regresivas para sus destinatarios. En tal sentido, los ciudadanos consideran que el precepto reprochado obliga a los trabajadores a renunciar a los derechos laborales mínimos que están previstos para ellos y para los demás empleados formales[3]. Bajo ese entendido, los accionantes proponen los siguientes cargos: Violación del principio de igualdad (Art. 13 y 93 C.P.): El Sistema de Seguridad Social cuenta con los siguientes elementos en materia de: pensión, salud, riesgos laborales y cajas de compensación. Para cubrir las obligaciones derivadas de estas responsabilidades, los actores sostienen que, con base en la Ley 100 de 1993, los empleadores asumen la carga de un porcentaje del 36.9% adicional al salario. No obstante, con el Piso de Protección Social, aquellos concurren en un 15%[4]. Así, explican que el sistema de seguridad tripartito que establece el Piso de Protección Social (en adelante PPS), está compuesto de: i) afiliación al Régimen Subsidiado en materia de salud; ii) Beneficios Económicos Periódicos Sociales (en adelante BEPS), que cubre, en principio, las garantías pensionales; y, iii) el seguro inclusivo, que cobija los riesgos derivados de la actividad laboral y los de las enfermedades cubiertas por los BEPS. Con todo, los demandantes consideran que estas previsiones, lejos de favorecer a los trabajadores enunciados, implican realmente una eliminación de las siguientes prestaciones que sí son reconocidas debidamente en el régimen general: i) pensión de vejez; ii) pensión de invalidez de origen común; iii) pensión de sobrevivientes; iv) incapacidades remuneradas; v) pensión de invalidez de origen laboral; vi) incapacidad de origen laboral; y, vii) licencia de maternidad[5]. En efecto, los actores estiman que el PPS obligatorio desmonta garantías ya establecidas en el Sistema de Seguridad Social Integral y, lesiona el derecho a la igualdad de los trabajadores y contratistas formales. Estiman que la norma censurada perjudica al grupo más vulnerable que devenga menos del salario mínimo y trabaja tiempo parcial. Lo anterior, por cuanto: i) en materia de salud, quienes formen parte del PPS serán inscritos al régimen subsidiado en salud. Esto implica que, en caso de sufrir una afección que genere incapacidad, aquella no será pagada. Tampoco procede el pago de las licencias de paternidad y maternidad. ii) En el tema pensional, la figura del PPS y la vinculación obligatoria a los BEPS desconoce la premisa establecida por la OIT, que señala que este tipo de ahorro individual no es en realidad una forma de proteger la vejez. De hecho, la asignación mensual que tendría cada trabajador con un retiro programado sería de un estimado de “entre 40.000 a 100.000 pesos mensuales”. Esta suma evidencia que “ninguna persona vive con ese ingreso económico [al] mes”[6]. Así, en la medida en que los BEPS no constituyen una pensión sino un complemento del sistema que procura apoyar la inclusión bajo coberturas especiales no contributivas a las personas que no tienen la capacidad de cotizar. En tal escenario, se trata de un mecanismo que “se ha constituido para informales con bajos ingresos, que buscan acceder a cobertura de salud y a un sistema de ahorro accesorio al contributivo para acceder (sic) a un reconocimiento al final de su vida productiva”[7]. Por lo anterior, indican que la medida no debería dirigirse a trabajadores formales porque es el régimen contributivo y no el del PPS, el instrumento que mejor garantiza el acceso a la seguridad social. Y finalmente, iii) en cuanto a los riesgos laborales, indicaron que el PPS plantea como obligación para el empleador, que el 1% del 15% aportado como valor total por esta afiliación, se destine al Seguro Inclusivo. Lo restante se dirige al cubrimiento de los BEPS. Sin embargo, exponen que la Ley 100 de 1993[8] contempla riesgos mínimos y máximos para los trabajadores, según la actividad que desempeñe una persona y porcentajes correspondientes. Si se trata del porcentaje más bajo de riesgo, el valor a cancelar es del 4.350%. Por ende, de acuerdo con los accionantes, en el PPS los recursos girados por el empleador y destinados a este rubro son del 1%. Exponen que esa cantidad, presuntamente, no incluye incapacidades, ni licencias o acceso a pensión de vejez o de sobrevivientes. Lo anterior, porque no hay cotizaciones que valorar o considerar y el modelo de la norma se basa en el reconocimiento de una indemnización, tal y como funcional el “SOAT”[9]. Según los ciudadanos, las “primas que se establecen por el número de días laborados se verán drásticamente afectadas cuando las nuevas contrataciones busquen siempre dejar a todos los trabajadores ganando menos del mínimo para la búsqueda de tal ahorro. Es decir, se podrán realizar contratos por menos tiempo, con la única finalidad de socavar una lista de derechos laborales ganados, pero además la precarización laboral será un hecho. (…) Parece que [lo que se] busca [es] la formalización a través de la des-formalización de un sector ya consolidado”[10]. Bajo ese entendido, expusieron que la vinculación obligatoria de tales trabajadores y contratistas al PPS resulta violatoria del derecho a la igualdad. Consideran que existe una diferencia entre los trabajadores informales y los formales que puede justificar eventualmente diferencias regulatorias. Sin embargo, la norma parcialmente acusada establece diferencias sólo respecto del segundo grupo de personas (los trabajadores formales), con fundamento en el monto de su salario. Así, se trata de manera desigual a trabajadores y contratistas formales que ganan menos del salario mínimo (quienes son vinculados ahora al régimen subsidiado) en contraposición a los demás trabajadores y contratistas formales del régimen general (que son vinculados al régimen contributivo). Estos últimos sí podrán acceder a todas las prestaciones económicas enunciadas y, tener condiciones laborales y de seguridad social mínimas en los términos del artículo 48 superior[11]. En tal escenario, manifiestan que el Estado tiene la obligación de proteger de manera preferente a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, social y cultural, como es el caso de los trabajadores que ganan menos de salario mínimo. Por tal razón, no comparten que los empleados más vulnerables sean los obligados a disminuir sus prestaciones, cuando deberían ser los destinatarios de una mayor protección constitucional y de un trato especial del Legislador [12]. Por lo tanto, la norma reprochada consagra garantías “menos provechosas” para los trabajadores menos favorecidos y, en su opinión, genera una discriminación injustificada, para quienes ganan menos de un salario mínimo. Lo anterior implica para los demandantes, el presunto desconocimiento del artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) y con ellos, del artículo 93 superior. Expusieron que los Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto (en adelante DESC), sin discriminación alguna[13]. En este caso la discriminación se dirigió en contra de quienes ganan menos del salario mínimo y trabajan tiempo parcial. Por esta razón, indican que el control constitucional en este caso debe ser estricto. Violación del principio de solidaridad (Art. 48 C.P): De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y sujeto a los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia. Así, la solidaridad forma parte de la seguridad social prevista por la Carta y es uno de sus fundamentos. En aplicación de este principio, existen reconocimientos en la legislación nacional que aseguran, por ejemplo, el pago de una pensión mínima en el Sistema General de Pensiones con la participación de los aportes de otros afiliados o de los impuestos y, la creación del Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia. Este busca subsidiar el monto de las cotizaciones pensionales de aquellas personas que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. Para los actores, la norma censurada desconoce que la seguridad social en el sistema contributivo no es un asunto individual, sino que requiere un esfuerzo colectivo que implica para quienes laboran, cotizar para contribuir con el sistema y, recibir como retribución ante las contingencias, las prestaciones indicadas. Además, el Fondo de Solidaridad Pensional permite que personas que tienen ingresos menores a un salario mínimo puedan acceder a una pensión completa. La disposición demandada desnaturaliza este objetivo. Vulneración de los deberes de asegurar la progresividad y la prohibición de regresividad en materia de seguridad social (Art. 48 y 93 C.P.): Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Carta, los ciudadanos sostienen que la norma parcialmente acusada vulnera un elemento definitorio del Estado Social de Derecho como es el reconocimiento de la progresividad en la cobertura del servicio de seguridad social. Sostienen que la norma acusada “estipu[la] un piso de protección social que vulnera al trabajador de forma escalonada y avanzada”. Refieren que el Decreto 1174 de 2020 consagra que el PPS no incluye los reconocimientos económicos que, ligados a la universalidad, sí reconoce el sistema general de seguridad social[14]. Esa normativa precisa que no se garantizarán prestaciones económicas a quienes sean inscritos en el régimen subsidiado. En ese sentido, expusieron que la Sentencia C-177 de 2005[15] precisó lo siguiente: “las reformas de la ley laboral, en especial si disminuyen el alcance de la protección de algunos derechos, deben atender los principios mínimos del trabajo contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos que integren el bloque de constitucionalidad, el mandato de progresividad en el ámbito de los... [DESC] y la prohibición prima facie de los retrocesos en la legislación social”. También, las políticas públicas que impliquen retrocesos en los derechos prestacionales deben considerar algunos requisitos mínimos en los términos de la Sentencia T-025 de 2004[16]. Así, la vinculación obligatoria de las personas con contrato laboral al piso de protección social no garantiza las prestaciones del sistema contributivo. Concluyen que esta situación es un retroceso y afecta el principio de progresividad estatal y no son claras las imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo del derecho prestacional[17]. Por tal razón, insisten en que la Corte declare inexequible el precepto acusado. Con base en el artículo 93 superior, consideran que la norma acusada desconoce el principio de progresividad asociado a los DESC, particularmente, los artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[18] (CADH), 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales[19] (PIDESC) y el 1º del Protocolo adicional a la Convención Americana[20] (Protocolo de San Salvador). Estos instrumentos imponen al Estado el compromiso de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos descritos. Asegura que se trata de una garantía incluida en el bloque de constitucionalidad y que tiene dos dimensiones. Una positiva, expresada en el avance gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los derechos tutelados; y, una negativa, materializada en la prohibición de regresividad. Lo anterior, supone la irreversibilidad o la imposibilidad de reducción de una protección ya acordada. Lo expuesto, configura un criterio de conservación del régimen más favorable para el trabajador. Asimismo, la prohibición de regresividad asegura que no se puedan desmontar políticas sociales y garantías relacionadas con los DESC. Lo anterior, cuando los derechos ya han sido protegidos efectivamente en virtud de la razonabilidad constitucional y la garantía de los derechos humanos, que imponen limitaciones a los Estados. En ese sentido, indican que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (en adelante Com. DESC) ha manifestado que, si bien se respeta el desarrollo paulatino de los Estados en estas materias, la prohibición de discriminación y la prohibición de regresión se consideran obligaciones exigibles de manera inmediata. Sobre esa base, los demandantes consideran que la expedición de una medida legislativa tendiente a retrotraer o a menoscabar unos derechos ya reconocidos y consolidados en materia de seguridad social o que desmejoran una situación jurídica favorable al trabajador, desconoce el mencionado mandato y afectan sus derechos fundamentales y, por ende, vulnera la Carta. En consecuencia, el artículo censurado, lejos de favorecer a ciertos trabajadores concretos, precariza el derecho a la seguridad social previamente reconocido por las leyes y viola la Carta y los tratados mencionados. La seguridad social como derecho irrenunciable y el respeto a las condiciones laborales y de seguridad social mínimas (Art. 48, 53 y 93 C.P.): Para los actores, la expresión acusada viola el artículo 48 de la Carta, particularmente, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. En tal sentido, la disposición objeto de censura cambia el régimen de seguridad social de algunos trabajadores del régimen contributivo al Piso de Protección Social, que es subsidiado. Para los ciudadanos, esta situación desconoce algunas prestaciones y garantías que ya le habían sido reconocidas a tales trabajadores en el régimen contributivo. Una situación que, según los demandantes, significa en la práctica, la renuncia de los obligados, a ciertos derechos mínimos que están en la legislación general. Según aducen, esa capacidad de restringir tales derechos, ni siquiera se autoriza en los estados de excepción, dado que se les impide a los gobiernos desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, conforme al artículo 215 superior. Según los demandantes, la determinación del Legislador “precariza los derechos ya previamente reconocidos por las leyes colombianas y la Constitución Nacional, al obligar a trabajadores y contratistas a vincularse al BEPS y renunciar a prestaciones económicas y del sistema pensional en cualquier modalidad, por cuanto solo harán parte del régimen subsidiado”[21]. Así, la renuncia a los beneficios mínimos pensionales establecidos en las normas constitucionales y las laborales, desconoce que, según el artículo 3º de la Ley 100 de 1993, en materia de seguridad social, el servicio está garantizado por el Sistema de Seguridad Social Integral(en adelante SSSI). Además, reconocen que el artículo 48 de la Constitución establece que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente y se autoriza a que la ley pueda determinar los casos en los que es posible conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, especialmente a personas de escasos recursos económicos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Sin embargo, insisten en que dicho postulado no significa, en modo alguno, que el texto superior permita la vinculación obligatoria a los BEPS de personas que sí tienen un vínculo laboral y contractual vigente. En cuanto a la presunta violación del artículo 93 superior, los actores consideran que la expresión censurada incurre en el desconocimiento del artículo 9º del Protocolo de San Salvador. Lo anterior, porque excluye a los trabajadores vinculados al PPS del sistema de riesgos profesionales. Ese esquema de protección les garantizaba la pensión de invalidez y de sobrevivientes de origen laboral y los ubica en el pago por una única vez del seguro inclusivo. Además, por consagrar la vinculación a los BEPS, que, si bien es un programa de ahorro útil, no solventan los gastos en la vejez. Además, se vulneran aparentemente las obligaciones internacionales consagradas en el Convenio 183 de 2000 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano, en cuanto a la protección privilegiada de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo[22]. Para los actores, estas empleadas son “las más perjudicadas” con la norma acusada. Lo anterior, en la medida en que “no podrán acceder a la licencia de maternidad, ni al pago de licencias remuneradas”[23]. Lo anterior, porque las 18 semanas de licencia de maternidad remuneradas no pueden ser pagadas en el sistema subsidiado. Por último, sostienen que el artículo 193 (parcial) de la Ley 1955 de 2019 desconoció la Resolución 202 de 2012 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT). Exponen que aquella es el marco interpretativo a partir del cual se implementaron los BEPS, que iban dirigidos a fomentar la inclusión social de quienes trabajan en la economía informal y no a afectar a quienes estaban sujetos a las reglas ya establecidas de vinculación formal. Finalmente, consideran que la frase demandada podría estimular los traslados ilegales del régimen contributivo al subsidiado (PPS) de trabajadores por parte de aquellos empleadores que deseen minimizar los costos laborales. En tal sentido, solicitan declarar inexequible el artículo 193 (parcial) de Ley 1955 de 2019. IV. INTERVENCIONES A continuación, la Sala presentará una breve descripción relacionada con los principales argumentos de los intervinientes. Debido a la extensión de algunas de las intervenciones, sólo se destacarán los argumentos principales y su exposición más detallada se incluirá en un anexo a esta providencia. INTERVINIENTES Decisión Universidad Externado. Depto. Derecho Laboral. (i) La norma parcialmente acusada vulnera los principios de progresividad e igualdad en el caso de los trabajadores formales que ganan menos de un salario mínimo. En la actualidad los trabajadores que laboran tiempo parcial, en periodos inferiores a 30 días y ganan menos del salario mínimo, son afiliados obligatorios del Sistema de Seguridad Social Integral. El Piso de Protección Social es regresivo porque desconoce las garantías laborales reconocidas por el Legislador. (ii) La norma parcialmente acusada no es inconstitucional en el caso de quienes prestan servicios por términos inferiores a un mes, ya que estos trabajadores independientes, no gozan en estos momentos de algunas de las garantías que ofrece el Sistema de Seguridad Social Integral, SSSI. En su caso, el Piso de Protección Social – PPS- sería favorable para ellos. Exequible sólo para el caso de personas vinculadas por contrato de prestación de servicios, inferior a un mes. Universidad Externado Depto. Seguridad Social La norma parcialmente acusada viola: (i) el principio de unidad de materia (artículo 158 de la C.P.) por no tratarse de una disposición instrumental, ser innecesaria frente a normas ya existentes y afectar el criterio de temporalidad, al pretender hacer cambios permanentes en materia de seguridad social. (ii) Viola el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) porque sin justificación alguna, priva de prestaciones sociales a trabajadores, que, en contraposición, el Legislador debería proteger. (iii) Viola los artículos 43, 48, 53 y 93 de la Carta porque desconoce la prohibición de no retrotraer garantías ya consolidadas, afecta la progresividad y lesiona los derechos mínimos de tales trabajadores en materia de seguridad social. Por último, (iv) trasgrede el principio de solidaridad, por no ampliar la protección como le corresponde. Además, pone en peligro el sostenimiento financiero del sistema porque no brinda una verdadera solución relacionada más con la informalidad laboral de quienes trabajan por tiempo completo sin protección, que con la formalidad laboral ya regulada. Inexequible Universidad Libre Las personas que tienen una relación contractual laboral o por prestación de servicios que perciben ingresos inferiores a 1 smlmv – y que deben regirse por el Piso de Protección Social, en adelante PPS –, y los trabajadores o contratistas que también se encuentran vinculados por contrato laboral o de prestación de servicios pero que devengan 1 SMLMV o más, y que se rigen por el SGSS, si son grupos comparables. A partir de un test estricto de constitucionalidad, la Universidad considera que sí se afecta el derecho a la igualdad real y efectiva, y el principio de progresividad de los trabajadores más vulnerables, con la norma acusada. (i) El fin legítimo e imperioso que se espera con la norma, no es idóneo, y la (ii) necesidad y proporcionalidad de medida impuesta por la norma no se cumple, pues es innecesaria y desproporcionada. También se violan los principios de progresividad, prohibición de regresividad y solidaridad, pues quienes ganan menos del salario mínimo tienen que desvincularse del Sistema General de Seguridad Social. Lo anterior, implica una renuncia a algunas prestaciones y una desmejora de las condiciones de los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo porque impide el acceso al Sistema descrito. En cuanto al artículo 53 superior, aquel se refiere a la seguridad social y a la protección de la maternidad, como parte de los principios mínimos fundamentales que deben ser garantizados al trabajador. Por lo que obligar a los trabajadores y contratistas que ganen menos de un salario mínimo a vincularse al Piso de Protección Social es un menoscabo a dichos postulados. Esto demuestra que quienes ganen menos de un salario en tales condiciones deberán renunciar a varios derechos. Inexequible la expresión “deberán”. porque la “norma debe prever que los sujetos a quienes está dirigida podrán a elección de ellos, acogerse o no a este Piso de Protección Social”. Ministerio del Trabajo Para ese Ministerio, (i) no se viola el principio de solidaridad en el Estado Social de Derecho ni se genera una vulneración al principio de igualdad. Considera que no se pueden equiparar las medidas que comporta el PPS con las que tienen los afiliados al Régimen Contributivo en Salud y pensiones. En tal sentido, el PPS está dirigido a personas que, por sus ingresos, carecen de la posibilidad de pertenecer a regímenes contributivos, y, por el contrario, están desprovistos de amparo contra los riesgos de vejez, enfermedad o riesgos que se derivan de la actividad que desempeñan. (ii) Tampoco se vulnera el principio de progresividad como quiera que la población objetivo del PPS, se encuentra fuera de la protección del Sistema de Seguridad Social, por lo que no ha alcanzado un determinado nivel de garantía que pueda ser modificado. Por lo tanto, no existe marco de referencia para comparar si hubo desmejora de derechos o no, ni alegar la irrenunciabilidad frente a ellos. El Plan Nacional de Desarrollo plantea estrategias de inclusión con el fin de contribuir con la disminución de la desigualdad en el corto plazo. Por eso, fue necesario crear un esquema de protección básico, en el entendido de que la equidad de oportunidades exige remover barreras que impidan el acceso a la salud, educación o servicios sociales esenciales a ciertos grupos poblacionales. (iii) No existe una irrenunciabilidad de los derechos laborales de las personas vinculadas al piso de protección social, porque una interpretación sistemática de la norma permite concluir válidamente que los empleadores no podrán usar la medida para desactivar derechos laborales y, lo que precisamente se quiere lograr es el acceso a tales derechos laborales, a grupos excluidos. Así, el Legislador le delegó al Gobierno la potestad de reglamentar el Piso de Protección Social, una vez determinadas las reglas generales y los destinatarios. Exequible Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda El Piso de Protección Social está orientado para “aquellas personas de bajos recursos, que por su nivel de ingresos, no pueden acceder al régimen contributivo”. El PPS se integra entonces a la protección a la vejez, la salud subsidiada y los riesgos derivados de la actividad laboral. Ofrece alternativas a quienes en virtud de su baja o nula capacidad contributiva, no pueden acceder al SGSS. El objetivo del Legislador fue ampliar la cobertura en protección y en seguridad social de los trabajadores, mediante la posibilidad de implementar un piso mínimo de protección social consistente en la afiliación a la salud subsidiada, la vinculación a los BEPS y el derecho a un seguro inclusivo. Al revisar los cargos concluyen que: (i) la norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta. Para que se hable de vulneración de la igualdad, deben existir dos sujetos comparables. En el PPS no es posible la comparación, “toda vez que se estaría equiparando a quienes pertenecen al sistema contributivo del Régimen General de la Seguridad Social con quienes no pueden acceder a él debido a que carecen de capacidad de pago por no alcanzar a devengar un ingreso mensual inferior a un SMLMV, requisito legalmente establecido para pertenecer a dicho sistema”.[24] De hecho, los “trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo no gozaban de ningún tipo de cobertura, y en el caso de los dependientes, el esquema del piso de protección les ofrece una mayor”. (ii) La norma acusada no afecta la progresividad y la prohibición de regresividad en materia de seguridad social prevista en el artículo 48 superior. Los Servicios Sociales Complementarios se crearon para aumentar la cobertura de la Seguridad Social. Así, no “es (…) la vinculación contractual laboral o contractual de prestación de servicios la que le da derecho al trabajador o contratista a pertenecer al Sistema General de Pensiones, sino su nivel de ingresos, porque se trata de un régimen contributivo, tal como quedó diseñado en la Constitución Política y desarrollado por la Ley”. (iii) La norma acusada no desconoce la protección de los derechos derivados de la relación laboral prevista en el artículo 53 de la Constitución. Brindar protección de seguridad social a quienes de otra manera no podrán acceder a ella, no precariza la situación de los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo legal mensual, ni menoscaba su dignidad. Si se lee atentamente la norma acusada, la ley no priva a estas personas de ingresar o reingresar al SGSS en su arista contributiva, cuando cesen las condiciones para su protección especial, pues si llegan a recibir una asignación mensual igual o superior al SMLMV pasan a ser afiliados obligatorios del sistema contributivo. (iv) La norma acusada no vulnera convenios internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, reconocidos en el artículo 93 superior. Sea lo primero recordar que el Convenio 181 de 2000 de la OIT no ha sido ratificado por Colombia. Y en cuanto al principio de progresividad, derivado de la Convención Americana y en PIDESC, el Piso de Protección Social es una ampliación progresiva de la seguridad social. Por ello, no se vulneran los compromisos internacionales invocados. Exequible Confederación de Trabajadores de Colombia CTC La norma acusada lesiona los principios de progresividad, prohibición de regresividad, igualdad y los derechos de los trabajadores. Indica que precariza las prestaciones de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo al obligarlos a vincularse al PPS. Las personas con ingresos menores al salario mínimo y con relación contractual laboral o por prestación de servicios pertenecen al régimen contributivo. En tal sentido, la nueva modalidad de afiliación genera un claro desmejoramiento y regresividad de derechos humanos y laborales, para el caso de estas personas. Inexequible Ciudadano Harold Sua Montaña El interviniente considera que las normas constitucionales en materia de Seguridad Social no excluyen la posibilidad de contemplar otras modalidades de protección distintas a las inicialmente planteadas en el SGSS. En particular, cuando resulte materialmente inviable o financieramente insostenible cubrir parcial o totalmente una contingencia. Sobre esa base, solicita a la Corte declararse (i) INHIBIDA para pronunciarse de fondo en materia de igualdad por falta de suficiencia de la demanda. Sin embargo, más adelante el interviniente propone que la norma se declare (ii) EXEQUIBLE con respecto a la presunta vulneración de los artículos 48 y 53 de la Carta, en el entendido que en el PPS,“(i) la afiliación al régimen subsidiado en salud… brinde los mismos servicios en salud que el Régimen contributivo; (ii) el tiempo en BEPS [se tenga]en cuenta como número de semanas cuando la persona pase a cotizar pensión... y (iii) el Seguro Inclusivo [cubra] las mismas enfermedades cubiertas por el Sistema de Riesgos Profesionales”. También sugiere que se declaren (iii) INEXEQUIBLES las alusiones que se hacen en el artículo acusado a la noción de “Servicio Social Complementario” y que (iv) se INHIBA la Corte de analizar el cargo relacionado con el artículo 93 superior, por falta de especificidad en lo que concierne a la presunta vulneración de la Convención Americana y del PIDESC. Inhibición y Exequible condicionado Ciudadana Graciela López Delgado La ciudadana solicita declarar INEXEQUIBLE la expresión acusada. Considera que el Piso de Protección Social vulnera los artículos 25, 48 y 53 de la Carta porque desprotegido a un número importante de trabajadores frente a los riesgos que cubre la seguridad social. También comparte con los demandantes la idea de que el precepto desconoce normas internacionales en materia de progresividad y expresa que lo que le conviene al país es fortalecer el SGSS en lugar de debilitarlo. Inexequible V. CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN La Procuradora General de la Nación solicitó a esta Corporación, en primer lugar, declararse INHIBIDA en relación con el cargo de igualdad, por considerar que la demanda es inepta. Sobre este aspecto, refiere que esa acusación no cuenta con argumentos claros, ciertos, pertinentes y suficientes. Seguidamente, solicitó declarar EXEQUIBLE el precepto parcialmente acusado, por ajustarse a los artículos 48 y 53 de la Carta y al bloque de constitucionalidad. Al respecto, recuerda que en el documento CONPES Social 156 del 11 de septiembre de 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación diagnosticó la baja tasa de cobertura y participación en el Sistema General de Pensiones, de los trabajadores dependientes e independientes que devengan menos de un (1) SMLMV. Por ello, advirtió la necesidad de diseñar e implementar el modelo BEPS para esta población. Aquella, si bien tiene alguna capacidad de ahorro, no cuenta con ingresos suficientes para cotizar al Sistema General de Pensiones en una base igual o superior a un (1) SMLMV. Esta medida tenía la finalidad de acceder a un ingreso en la vejez. Sobre esa base, la Ley 1955 de 2019 consolidó el modelo BEPS. Esa normativa buscó ampliar la cobertura en seguridad social para incluir a los trabajadores y contratistas por prestación de servicios que devenguen menos de un (1) SMLMV y que laboran por tiempo parcial, a fin de vincularlos al PPS. Este instrumento busca atender el fenómeno de la informalidad laboral e introducir mecanismos alternativos de protección mínima. Bajo ese entendido, la Procuradora refirió que: “(…) de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 193 del PND, a la entrada en vigencia del PND, los empleadores o contratantes que cuenten con trabajadores o contratistas afiliados al SSS en su componente contributivo y que busquen reducir sus aportes a la seguridad social desmejorando las condiciones económicas de dichos trabajadores o contratistas mediante actos o negocios jurídicos artificiosos que aparejen la vinculación al PPS, son objeto de fiscalización por la UGPP. (…) De esta forma, esa disposición busca proteger las condiciones laborales y contractuales de aquellas personas que estaban vinculadas a los sistemas contributivo en salud, general de pensiones y riesgos profesionales, para que no sean desmejorados en sus garantías en materia de seguridad social”. Adicionalmente, la Jefa del Ministerio Público resaltó los siguientes asuntos: (a) que las personas que tengan dos o más relaciones laborales que sumadas reporten ingresos iguales o superiores a un (1) SMLMV deben afiliarse al SGSS en la modalidad contributiva y, (b) “los empleadores que tengan personal que desarrolle trabajo por tiempo parcial y devenguen menos de un (1) SMLMV pueden afiliarlos y cotizar mensualmente al SGSS en la modalidad contributiva pagando en total la cotización sobre un (1) SMLMV, caso en el cual quedan exonerados de la obligación de vincular al trabajador al PPS”[25]. 23. Finalmente, en relación con los cargos indicó lo siguiente: (i) Ineptitud sustancial de la demanda respecto a la presunta violación de la igualdad material que consagra el artículo 13. Expresa que los dos grupos que proponen los demandantes no son comparables porque el valor del ingreso mensual que perciben y la situación socio económica que los rodea es diferente. En tal sentido, los trabajadores y contratistas que devengan menos de un (1) SMLMV tienen una nula o baja capacidad de contribuir al SGSS, mientras que quienes perciben una remuneración igual o superior a 1 salario mínimo si pueden hacerlo. Además, el primer grupo labora en tiempo parcial mientras que el segundo goza de una vinculación contractual completa. Igualmente, el primer grupo no realiza aporte alguno al PPS mientras que el segundo contribuye porcentualmente al pago de la cotización en el SGSS. De esta manera, no es posible comparar los beneficios y prestaciones en los distintos sistemas, porque el propósito y estructura del PPS y del SGSS son diferentes. Por tanto, la demanda no logra articular debidamente el cargo. Particularmente, insistió en que no es claro, por tratarse de dos grupos diferentes, por lo que los destinatarios del PPS no pueden acceder a las mismas prestaciones de los que son beneficiarios del SGSS. (ii) El precepto demandado no desconoce el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de seguridad social, ni la prohibición de irrenunciabilidad de los derechos. El SGSS continua vigente y el PPS no lo sustituye, sino que opera como un mecanismo alterno de protección social mínima para las personas de escasos recursos económicos y con vinculación laboral o contractual parcial, que no tienen capacidad de contribuir al sistema. Al hacer un test de proporcionalidad en sentido estricto, concluyó que: (a) la creación del PPS tiene una finalidad constitucionalmente legítima, dirigida a lograr un mayor alcance en la cobertura de la seguridad social para quienes están fuera del SGSS. También, sostuvo que cumple una finalidad imperiosa porque tales personas no cuentan con capacidad para contribuir con el Sistema General y, se encuentran desprotegidos en materia de seguridad social. (b) El medio escogido de la obligatoriedad en la vinculación al PPS es conducente para evitar la informalidad y el único que asegura que las personas sin recursos y con vinculación parcial accedan a la seguridad social. (c) En cuanto a la relación de medio y fin, considera que los beneficios de la vinculación obligatoria son mayores porque este grupo carecía de cobertura alguna. En tal sentido, pueden trasladar su ahorro al régimen general pensional y si, en todo caso, quisieran formar parte del SGSS podrían hacerlo y exonerarse de pertenecer al PPS. En este caso, el empleador debería pagar la totalidad de la cotización correspondiente. (iii) La norma acusada no desconoce los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo (art. 53 C.P.). El precepto censurado no desconoce los principios de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos de las normas laborales ni la garantía de la seguridad social. Lo anterior, porque la norma acusada, desde una perspectiva sistemática, mantiene a los trabajadores vinculados al régimen contributivo. De esta forma, la desmejorar en sus condiciones mediante maniobras, acarrea investigación de la UGPP. (iv) El precepto acusado es constitucional sólo si no se excluye a la mujer lactante y al nasciturus de la posibilidad de acceder al susidio de manutención y alimentos a fin de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales. Si bien el Convenio 183 de 2000 de la OIT no ha sido ratificado por Colombia, si existen otras obligaciones internacionales que obligan a garantizar los derechos de las mujeres durante la gestación y lactancia. En la actualidad las mujeres gozan, dada la unificación del Plan de Beneficios, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, de cobertura para garantizar el control prenatal, la atención del parto, control posparto y la atención a las afecciones relacionadas con la lactancia. En el régimen contributivo en cuanto a la manutención la mujer cuenta con una licencia de maternidad. En el subsidiado, las mujeres reciben un subsidio alimentario. Se trata de una subvención en especie que es entregada por el Estado. Por estas razones, propone un condicionamiento para la norma acusada, en el sentido de que se declare la exequibilidad de la expresión censurada, en el entendido que “las mujeres vinculadas al Piso de Protección Social y por ende al régimen subsidiado de salud, no están excluidas de la posibilidad de recibir el subsidio alimentario contemplado en el artículo 166 de la Ley 100 de 1993”. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. De conformidad con el artículo 241.4 de la Constitución Política, esta Corte es competente para ejercer el control de constitucionalidad de la norma legal parcialmente demandada. Consideraciones preliminares 2. En razón a la expedición de la Sentencia C-276 de 2021 que declaró inexequible la misma norma ahora acusada, con efectos diferidos y a las solicitudes presentadas por algunos intervinientes y la Procuradora General de la Nación; en primer lugar, la Corte revisará algunas cuestiones previas relacionadas con: i) la facultad de esta Corporación para pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas declaradas inexequibles con efectos diferidos; ii) la proposición de análisis de nuevos cargos; iii) la aptitud de las censuras presentadas por el actor; y, iv) la integración de la unidad normativa. En segundo lugar, delimitará el objeto del pronunciamiento, formulará el problema jurídico y desarrollará los temas generales que guiarán el juicio abstracto del precepto censurado. Finalmente, resolverá sobre la validez de la disposición acusada. El artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 fue previamente declarado inexequible con efectos diferidos por la Sentencia C-276 del 19 de agosto de 2021 3. El mismo día y previo a esta decisión, esta Corporación profirió la Sentencia C-276 de 2021. Aquella, declaró inexequible el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023. La mencionada norma es la misma que estudia este Tribunal en esta oportunidad. Ante esta situación, la Corte precisará el alcance de la citada decisión. Luego, reiterará su jurisprudencia referida a la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de disposiciones declaradas inexequibles con efectos diferidos. Finalmente, concluirá sobre la viabilidad de adelantar el estudio de fondo en el presente asunto. 4. La Sentencia C-276 del 19 de agosto de 2021 declaró INEXEQUIBLE el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, por violación del principio de unidad de materia. En ese sentido, dispuso que esta decisión tendría efectos a partir del 20 de junio de 2023. Específicamente, explicó que se trataba de un precepto del sistema de seguridad social de índole transversal que debe regularse mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución, con la finalidad de garantizar el principio democrático. De igual manera, expuso que aquella disposición no correspondía a la función de planificación, no buscaba el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y no constituía una autorización de recursos o apropiaciones para su ejecución[26]. En tal escenario, la inexequibilidad fue declarada con efectos diferidos a dos legislaturas completas, es decir, a partir del 20 de junio de 2023, en tanto que dicha regulación debe realizarse mediante ley ordinaria. Esta medida fue adoptada con la finalidad de no afectar los derechos de los ciudadanos que ya se hubiesen vinculado al mecanismo del Piso de Protección Social[27]. La posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de normas previamente declaradas inexequibles con efectos diferidos 5. La Sentencia C-088 de 2014[28] replanteó las reglas jurisprudenciales sobre la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de normas declaradas inexequibles con efectos diferidos. En ese momento, este Tribunal analizó una demanda contra el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Aquel regulaba el trámite interno y la manera de atender las peticiones presentadas ante las autoridades. Esa norma había sido declarada inexequible previamente por la Sentencia C-818 de 2011 por haber desconocido el principio de reserva de ley estatutaria. La decisión del 2014 precisó: “Aunque en la Sentencia C-818 de 2011 la Corte declaró la inexequibilidad del precepto acusado, en todo caso en principio es viable un nuevo pronunciamiento sobre la disposición, en tanto que, por un lado, el referido fallo difirió los efectos de la declaratoria hasta el 31 de diciembre de 2014, de modo que el precepto demandado se encuentra vigente, y en tanto que, por otro lado, la declaratoria de inexequiblidad se sustentó en vicios de orden procedimental, y ahora se propone un vicio de naturaleza sustancial. (…) Finalmente, abstenerse de ejercer el control constitucional de normas actualmente vigentes, como ocurre en la hipótesis propuesta, podría afectar la supremacía de la Carta Política dentro del orden jurídico, el deber de la Corte de velar por su integridad, así como las competencias que le fueron asignadas en función de este rol.” Luego, la Sentencia C-510 de 2019[29] estudió una demanda contra el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018. La norma establecía la reducción de la tasa del impuesto de renta. Aquella fue declarada inexequible, por vicios de forma, con efectos diferidos por la Decisión C-481 de 2019[30]. En esa oportunidad, la Corte indicó que: “Finalmente conviene explicar que, a pesar de que mediante Sentencia C-481 del pasado 16 de octubre de 2019, la Sala Plena de la Corte declaró la inexequibilidad de la totalidad de Ley 1943 de 2018 por haberse desconocido en el curso del debate parlamentario los principios de publicidad y consecutividad, para la fecha esta esta Corporación conserva competencia para pronunciarse sobre los cargos elevados con el aparte legal obj...