Ley 188 de 1995

El primero de ellos es el de formación de recursos humanos para la investigación y el desarrollo tecnológico, que involucra la formación de dos mil investigadores y científicos a nivel doctorado en las distintas áreas de las ciencias naturales y sociales y las ingenierías; la creación y consolidación de programas nacionales de doctorado; becas para pasantías en el exterior; y el fortalecimiento del programa de estímulos a los investigadores. El segundo programa es el de creación y consolidación de centros de investigación, que busca crear 25 nuevos centros académicos y 250 nuevos grupos de investigación en las universidades; desarrollar redes de investigación; apoyar la creación de centros regionales; utilizar crecientemente la modalidad financiamiento por programa, para dar mayor estabilidad a los equipos de investigadores; y apoyar la creación de fondos de capital de los centros de investigación ("endowments"). El tercero es el programa de Integración a las redes y programas internacionales de investigación y desarrollo tecnológico, mediante la financiación de la participación de centros colombianos en redes internacionales, la ampliación de la cobertura de la Red Caldas que hace partícipes a científicos colombianos residenciados en el exterior en la investigación nacional, el apoyo a iniciativas como el programa Bolívar que busca promover iniciativas de internacionalización del sector productivo teniendo como eje la innovación y la conexión de los centros de investigación y de desarrollo tecnológico a INTERNET. B. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico El propósito esencial de esta estrategia es desarrollar "redes de innovación" que le brinden apoyo a las empresas a través de la investigación, información y servicios tecnológicos, y promuevan su interacción con universidades y otras entidades generadoras de conocimiento o alianzas estratégicas con empresas innovadoras. El sistema descansa sobre el apoyo a las instituciones de desarrollo tecnológico a través de un sistema integral de financiamiento. El instrumento institucional fundamental son los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico, ya sea de naturaleza sectorial o regional.

Se aspira a que dichos centros cubran una o varias de las tres funciones tecnológicas básicas: investigación, capacitación y servicios tecnológicos (consultoría en temas tecnológicos, manejo de redes de información, metrología y certificación de calidad, etc). Cuando sea posible, se fomentarán los "centros-red", que permiten utilizar capacidades de investigación y servicios tecnológicos ya existentes. Otros instrumentos importantes son los Sistemas de Diseño Industrial, las Incubadoras de Empresas, los Centros de Información Tecnológica, las entidades de intermediación de la oferta y la demanda de tecnología, y los programas de capacitación y asistencia técnica en gestión tecnológica. El apoyo integral a los centros tecnológicos se brindará mediante cinco instrumentos diferentes: (1) la contribución de capital semilla a corporaciones mixtas que correspondan a cualquiera de las instituciones tecnológicas mencionadas, por parte de COLCIENCIAS, los ministerios y las universidades y empresas públicas; (2) el Fondo de cofinanciación para la innovación y el cambio técnico, que cofinanciará, a fondo perdido, el 50% de los proyectos de investigación tecnológica de los centros de productividad y desarrollo tecnológico, las universidades y los centros académicos de investigación que contrate el sector productivo; (3) los incentivos tributarios de la Ley 6a. de 1992, que serán revisados con el fin de incrementar su cobertura y agilizar su trámite; (4) las líneas de crédito para desarrollo tecnológico de COLCIENCIAS, el IFI y otras entidades; y (5) los convenios que realice el Sena para financiar el componente de capacitación de las instituciones mencionadas. También se impulsará el proceso de descentralización de la capacidad de generación y uso de conocimiento, a través de Programas Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico que articulen las infraestructuras existentes y respondan a las necesidades de cada región.

Para este propósito se conformarán Centros Regionales de Capacitación e Investigación Científica y Tecnológica, (INNOVAR). Estos centros deberán articularse con la estrategia educativa, en apoyo fundamentalmente de la educación post básica. Como instrumentos complementarios, se pondrá plenamente en operación el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y se consolidará la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual, asegurando que dicha legislación no se convierta, a través del mayor costo de la tecnología para las empresas colombianas, en obstáculo para el progreso científico, tecnológico y socioeconómico del país. C. Fortalecimiento de la capacidad para mejorar los servicios sociales y generar conocimiento sobre la realidad del país. Esta estrategia contiene dos programas básicos. El primero está orientado a mejorar la prestación de servicios sociales, tanto por parte del sector público como del privado, mediante mejores técnicas de diagnóstico de los problemas existentes, la investigación en métodos de gestión y técnicas de prestación de servicios, y el estudio de mecanismos de participación ciudadana. El segundo está dirigido a mejorar la investigación sobre la sociedad colombiana orientada a dinamizar procesos de cambio social, desarrollar una cultura política participativa y consolidar una capacidad de convivencia y consenso social. D. Generación de conocimiento para el desarrollo sostenible Esta estrategia involucra dos programas.

El primero se orienta a Desarrollar y fortalecer la capacidad científica nacional para el conocimiento de los ecosistemas, con las siguientes acciones: puesta en marcha de los centros de investigación adscritos al Ministerio del Medio Ambiente; fomento de la investigación en éstos y otros institutos de investigación sobre ecosistemas y biodiversidad; financiación de programas de investigación en ciencias básicas complementarias, tales como la biotecnología y bioseguridad; impulso al desarrollo de tecnologías y sistemas de producción sostenibles; recuperación y aplicación del conocimiento de las comunidades tradicionales; y desarrollo de normas de propiedad intelectual apropiadas para el sector, que protejan entre otros aspectos los derechos nacionales y de las comunidades tradicionales consagrados en la Cumbre de la Tierra de 1992. El segundo es un Programa de estudios ambientales urbanos, orientado a desarrollar patrones de urbanización y prestación de servicios urbanos sostenibles a largo plazo. E. Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura colombianas A través de esta estrategia se busca mejorar los sistemas de enseñanza de las ciencias básicas; poner en marcha programas de popularización de la ciencia y la tecnología (museos interactivos y material de divulgación) y de actividades científicas juveniles; fomentar el uso de la informática con fines educativos y articular el país a redes de información. Se buscará, así, incorporar la ciencia y la tecnología a la cultura y fomentar procesos generalizados de innovación en el conjunto de la población. En los primeros años de la década actual, el gasto total en investigación científica y tecnológica ha oscilado en torno al 0,5% del PIB, de los cuales 0,2% del PIB corresponden a aportes del presupuesto nacional para inversión en ciencia y tecnología; el resto está constituido por los programas de transferencia de tecnología, la cooperación técnica internacional, la inversión privada en desarrollo tecnológico y los costos de funcionamiento del sistema.

El Plan propone elevar el gasto total en ciencia y tecnología al 1% del PIB a finales de la administración, para lo cual prevé un aumento en los aportes del presupuesto para inversión al 0,2% del PIB en 1995 y 0,5% en 1998. III. EL PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR El eje de la política de internacionalización es el desarrollo exportador. Una apertura sin dinamismo exportador puede justificarse como una medida de estabilización macroeconómica pero nunca como un estrategia de desarrollo. Por este motivo, el retorno a tasas mayores de crecimiento exportador es prioridad básica de la política de internacionalización. Algunos de los factores que han afectado adversamente la actividad exportadora en los últimos años (el lento crecimiento de algunos mercados internacionales o el neoproteccionismo) están por fuera del alcance de la política económica colombiana. Otros son analizados en secciones diferentes del Plan: la política cambiaria ha sido considerada en el capítulo relativo a la política macroeconómica (Capítulo 3); la política de capital humano se desarrolla en los Capítulos 5 y 8 y aquella relativa a la infraestructura se analiza más adelante en este Capítulo. En esta sección se detallan las cinco estrategias básicas que hacen parte del Plan estratégico exportador. A. Acuerdos sectoriales de competitividad Los acuerdos sectoriales de competitividad serán el marco institucional para analizar y concertar conjuntamente, en cada sector, acciones integrales para el desarrollo exportador. Estos acuerdos contemplarán el tipo de políticas internas a las cuales hemos hecho alusión en la sección relativa al Consejo de competitividad -programas de desarrollo tecnológico, capacitación de mano de obra, etcétera-, así como acciones particulares en el frente exportador: readecuación de los instrumentos de apoyo a la actividad exportadora, programas de promoción y comercialización internacional, defensa contra el neoproteccionismo y superación de cuellos de botella de infraestructura específicos -cuartos fríos, bodegas especiales-, entre otros.

En el marco de las estrategias del Consejo de competitividad, el Ministerio de Comercio Exterior tendrá a su cargo la negociación de acuerdos para sectores netamente exportadores productores de bienes y servicios, con la participación de los ministerios sectoriales respectivos. En otros sectores, participará en los acuerdos que promuevan los Ministerios de Desarrollo Económico, y de Agricultura y Desarrollo Rural. B. Impulso a las negociaciones internacionales Los acuerdos comerciales son una herramienta poderosa para garantizar la permanencia de las exportaciones colombianas en el mercado internacional, ya que disminuyen el riesgo de la actividad exportadora y permiten avanzar mas rápidamente en la armonización de gran cantidad de materias que afectan el comercio internacional (normas técnicas, políticas agrícolas e inestabilidad de tipos de cambio cruzados, entre otros). Por este motivo, de acuerdo con claros principios de reciprocidad y cumpliendo los compromisos adquiridos, el Gobierno profundizará los acuerdos existentes y adelantará nuevas negociaciones que permitan ampliar los mercados para las exportaciones colombianas. Estas negociaciones se llevarán a cabo en estrecha coordinación con el sector privado, con el fin de evaluar las sensibilidades del país frente a cada acuerdo y diseñar los mecanismos que permitan a los sectores afectados adaptarse a ellos. En este marco, se llevarán a cabo las siguientes acciones: (1) se seguirán adelantando negociaciones con Venezuela para superar la coyuntura adversa que enfrenta el comercio binacional; (2) se continuarán aquellas orientadas a consolidar la integración andina; (3) se pondrán en marcha los acuerdos del Grupo de los Tres y con el CARICOM; (4) se concluirán las negociaciones con Centroamérica; y (5) se iniciará el proceso de evaluación y análisis de las negociaciones con MERCOSUR. PROEXPORT, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, pondrá en marcha una campaña para difundir estos acuerdos, sus ventajas y alcances.

La integración hemisférica es, obviamente, la fase final del dinámico proceso de acuerdos subregionales que experimenta el continente. El Gobierno apoyará, por lo tanto, un proceso de discusión nacional en torno a la integración hemisférica, convenida en la Cumbre de las Américas de 1994, y la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y PROEXPORT fortalecerán la difusión y utilización de las preferencias otorgadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, (ATPA y PEC). El Ministerio de Comercio Exterior, en coordinación con PROEXPORT y las representaciones diplomáticas de Colombia en la región de la Cuenca del Pacífico, diseñará y pondrá en marcha una estrategia para dinamizar los flujos comerciales y financieros con los países de esa zona económica. C. La unidad especial contra el neoproteccionismo Muchos sectores de exportación del país experimentan con rigor creciente los efectos del neoproteccionismo, que se ha reflejado en el establecimiento de cuotas, derechos antidumping y restricciones técnicas, sanitarias y ecológicas, muchas de ellas injustificadas.

El Ministerio de Comercio Exterior creará, a partir de recursos humanos ya existentes, una Unidad especial contra el Neoproteccionismo, que tendrá las siguientes funciones: (1) generar y difundir internamente información sobre prácticas restrictivas en mercados internacionales (incluidos los países vecinos); (2) estudiar las opciones más adecuadas de defensa de los intereses de los exportadores colombianos afectados por dichas prácticas; (3) coordinar con la Embajada de Colombia ante la Organización Multilateral del Comercio y otras embajadas la defensa de dichos intereses; (4) coordinar con otras entidades -Superintendencia de Industria y Comercio, ICONTEC, ICA, INPA, y el Ministerio del Medio Ambiente- las negociaciones orientadas a superar las barreras técnicas, sanitarias y ecológicas; y (5) cofinanciar la defensa de los exportadores afectados por dichas prácticas, según criterios definidos por la junta directiva de PROEXPORT. D. Ampliación de los esquemas de fomento a las exportaciones 1. Cert y devolución de impuestos indirectos (draw back) El país adquirió en el marco de la Ronda Uruguay del GATT el compromiso de desmontar los subsidios a la exportación de productos manufacturados, en un plazo amplio (hasta el año 2003). Aunque el nivel promedio del CERT no excede por un margen importante el monto justificable como devolución de impuestos indirectos, en varios sectores los incentivos actuales tienen un componente de subsidio. El Gobierno analizará, por lo tanto, la conveniencia de iniciar la aproximación a un sistema de devolución de impuestos indirectos. Los recursos fiscales que se liberen serán reasignados, en cualquier caso, al sector exportador para financiar otras labores de fomento. El Gobierno también mantendrá el CERT como un mecanismo temporal de apoyo a productos en crisis, como se hizo recientemente en el caso del banano.

2. Crédito El Banco de Comercio Exterior, BANCOLDEX, mantendrá la dinámica de sus líneas tradicionales y seguirá diversificando los productos financieros que ofrece. En particular, ampliará las líneas de crédito para compradores en el exterior (crédito directo, fondeo de cartas de crédito y descuento de documentos) y diseñará nuevas líneas en las siguientes áreas: (a) financiamiento de la participación de la industria nacional de bienes de capital en licitaciones nacionales e internacionales, en condiciones competitivas con las de los patrones internacionales, para lo cual se destinará un monto anual de cinco mil millones de pesos del presupuesto nacional; (b) crédito para la constitución de redes de comercialización internacional y para la adquisición de las ya existentes; (c) financiación de la exportación de servicios; (d) apoyo a inversiones colombianas en el exterior que tengan efectos sobre las exportaciones colombianas; y (e) cofinanciación de obras de infraestructura con claros efectos sobre la actividad exportadora (adecuación de puertos de embarque y bodegas en los aeropuertos, redes de frío). 3. Seguro de exportación SEGUREXPO consolidará y ampliará sus líneas existentes sobre riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, y hará una amplia difusión de sus servicios.

4. Promoción PROEXPORT consolidará el exitoso modelo de apoyo al mercadeo internacional a través de las "Unidades de Exportación"1; con el fin de dar una solución más integral a los problemas de los exportadores, éstas harán parte de los acuerdos sectoriales de competitividad. Para ampliar la cobertura de los servicios que se prestan a través de los Centros de Atención al Exportador (CAE) únicamente en Bogotá, PROEXPORT diseñará un sistema similar de servicios en otras ciudades apoyado en los gremios y las cámaras de comercio; a través de este servicio, se suministrará información sobre aquellos que ofrecen otras entidades, como BANCOLDEX y SEGUREXPO. Por otra parte, en estrecha colaboración con los agregados comerciales y con las Embajadas de Colombia, deberá ampliar sus servicios a los exportadores en materia de información sobre nichos de mercado, oportunidades comerciales, licitaciones internacionales, preferencias unilaterales y normas técnicas exigidas en los países de destino. Proexport continuará cofinanciando, con sus propios recursos, estas labores; el Gobierno nacional aportará, a partir de 1996, $14.775 millones de pesos anuales del presupuesto nacional para que PROEXPORT pueda apoyar las actividades de promoción y la ampliación de sus servicios. 5. Información El Ministerio de Comercio Exterior, a través de PROEXPORT y de entidades privadas interesadas, promoverá el desarrollo de redes de información sobre mercados internacionales, preferencias arancelarias, otros requisitos a la importación en los mercados de destino y servicios al sector exportador, incluyendo el acceso a redes internacionales existentes. Adicionalmente se estudiará la posibilidad de que los trade points asuman funciones operativas. 6. Servicios de certificación Se incentivará la creación de entidades especializadas en la difusión y certificación de normas internacionales de calidad o de normas nacionales de excelencia, incluidas aquellas de carácter ambiental.

7. Zonas Francas El Gobierno mantendrá el esquema de las zonas francas privadas establecido por la administración anterior. Vigilará el cumplimiento de las normas vigentes, pondrá en funcionamiento un sistema de información sobre sus operaciones de comercio exterior y apoyará las tareas de mercadeo y promoción de las zonas en el exterior. Conjuntamente con la Unidad Administrativa Especial que se encarga del seguimiento y control eficaz de las zonas, se crearán dos comités, uno para las Zonas Francas Industriales y de Servicios y otro para las de Servicios Turísticos, que servirán de foro de discusión de las políticas de funcionamiento, control y promoción de ellas. El régimen de Zona Franca Comercial se mantendrá únicamente para los usuarios que tienen contratos vigentes, hasta el vencimiento de los mismos. 8. Plan Vallejo Se harán esfuerzos adicionales para mejorar la operatividad del Plan Vallejo y para ampliar su cobertura en los pequeños y medianos exportadores y su aplicación al sector servicios. Para los primeros, se promoverá el llamado Plan Vallejo Cooperativo, actualmente en experimentación, mediante el cual los exportadores pequeños y medianos se asocian para beneficiarse del programa con menores costos operativos. 9. Comercializadoras internacionales Con el propósito de buscar una activa participación de los comerciantes en los procesos de exportación, se mantendrá la política de agilización, simplificación de trámites y requisitos para la autorización y registro de las nuevas comercializadoras, que ha permitido que el número de ellas se quintuplique desde 1991, contando ahora con 102 organizaciones de esta naturaleza. E. Exportación de servicios La inclusión del sector servicios a la política de exportaciones es una de las prioridades de la administración. Con este propósito, el Gobierno extenderá paulatinamente al comercio de servicios los mecanismos de promoción tradicionalmente aplicados al comercio de bienes se extiendan al de servicios, revisará los vacíos que tengan las normas vigentes sobre la materia y diseñará nuevos instrumentos específicos para el sector.

En tal sentido, pondrán en marcha las siguientes acciones: 1 adopción de una nomenclatura y una metodología que permitan desarrollar un sistema de información adecuado sobre la exportación de servicios; 2 creación de un registro de exportadores de servicios y establecimiento de mecanismos de control, para que los exportadores registrados se puedan beneficiar de una menor retención en la fuente sobre el reintegro de divisas, que actualmente es de 10%; 3 instrumentación del Plan Vallejo Servicios, impulso de las Zonas Francas Turísticas y análisis de la factibilidad de otorgar el CERT para exportadores de servicios debidamente registrados; 4 fortalecimiento del régimen de Zonas Francas Industriales de Servicios Tecnológicos, como mecanismo de promoción de las exportaciones de servicios tecnológicos; 5 adecuación de los instrumentos de crédito de BANCOLDEX e IFI para apoyar la exportación de servicios; 6 utilización de los esquemas desarrollados por PROEXPORT o mecanismos específicos para el sector de servicios, tales como los Fondos de Promoción Turística; 7 difusión de las oportunidades y ventajas de los acuerdos internacionales en el sector servicios; y 8 concertación con las organizaciones médicas, de consultores e ingenieros de mecanismos especiales de fomento a las exportaciones de servicios profesionales especializados. En la política de promoción de las exportaciones de servicios se dará prioridad especial al turismo. En tal sentido, los Ministerios de Comercio Exterior y de Desarrollo Económico formularán planes específicos para estimular el turismo receptivo en el marco de un Acuerdo sectorial de Competitividad del Turismo, que se concerte con los empresarios del sector. Adicionalmente, con el propósito de garantizar en marco propicio para el desarrollo del sector, el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley marco de la actividad turística. IV.

POLITICA DE MODERNIZACION AGROPECUARIA Y RURAL No obstante el crecimiento y la tecnificación que ha registrado la producción agropecuaria en las décadas pasadas, en la sociedad rural colombiana continúan prevaleciendo el empleo precario, los bajos ingresos, la violencia y la inseguridad. El Gobierno fortalecerá las políticas y los instrumentos de apoyo económico a la producción y pondrá en marcha al mismo tiempo una ambiciosa política social dirigida a generar cambios significativos en las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve la actividad agropecuaria y en el nivel de vida que predomina en las áreas rurales del país. En lo político, en buena parte del territorio rural colombiano imperan condiciones de violencia. En lo social, los indicadores disponibles, referidos a condiciones de educación, salud, calidad de vivienda e ingresos, muestran que la brecha rural–urbana es significativa e incluso creciente, con el agravante de que la mitad de los pobres del país y más de las dos terceras partes de los indigentes se localizan en las áreas rurales. En lo económico, las características principales de la actividad agropecuaria son la escasa movilidad de los factores de la producción, y las imperfecciones en los mercados de dichos factores y de los productos agropecuarios. No menos importante, el estilo de desarrollo agrícola ha tenido efectos que degradan la base de recursos naturales y generan tensiones ambientales que desbordan el ámbito de la producción agropecuaria. A ello se une el que las actividades agropecuarias se caracterizan por mayores niveles de riesgo debido a factores metereológicos, biológicos o de mercado que producen grandes fluctuaciones de precios e ingresos, no asociados a factores económicos. Finalmente, como se ha hecho evidente en los últimos años, el sector agrícola y ganadero es muy sensible a las políticas macroeconómicas, en especial a la evolución del tipo de cambio.

Las observaciones anteriores se resumen en falta de equidad en la distribución social de los beneficios y costos del desarrollo, baja competitividad de la estructura productiva y amenazas a la sostenibilidad a largo plazo de los procesos de crecimiento y desarrollo del sector agropecuario y pesquero. En consecuencia, los objetivos de la política agropecuaria y pesquera se encaminan a hacer frente a la interdependencia de los fenómenos políticos, sociales y económicos señalados anteriormente, buscando promover condiciones de equidad social, competitividad económica y sostenibilidad del desarrollo. En este orden de ideas, la estrategia consiste en promover la modernización de la sociedad rural y de la actividad agropecuaria y pesquera, bajo un marco de internacionalización de la economía y de perfeccionamiento de las herramientas de defensa de la producción nacional frente a mercados internacionales altamente distorsionados. Para el logro de estos objetivos, el Gobierno promoverá la concertación con el sector privado (Acuerdos sectoriales de Competitividad) y un contexto institucional de descentralización y participación comunitaria para la ejecución de la política. Lograr y afianzar la competitividad a mediano y largo plazo de la estructura agraria constituye un objetivo fundamental de la política sectorial. Con esta perspectiva, sus estrategias proporcionan las condiciones y los incentivos para, en primer lugar, desarrollar una estructura económica basada en la producción de bienes comercializables de alta elasticidad-ingreso de demanda, orientados a mercados dinámicos y de alto poder adquisitivo, y para los cuales el país posea condiciones naturales favorables; en segundo lugar, proteger las actividades productivas agrarias en el mercado interno y en el internacional cuando la producción nacional sea eficiente pero su competitividad se encuentre amenazada por distorsiones del mercado; y, en tercer lugar, reconvertir en forma gradual las producciones en las cuales el país no posee ventajas comparativas y tienen que enfrentar, además, mercados internacionales distorsionados por los subsidios y el proteccionismo que practican las naciones más industrializadas.

Esa estrategia implica incorporar en los criterios para el desarrollo y aplicación de los instrumentos de la política los siguientes principios, hasta ahora no usuales en nuestro medio: 1 la producción debe estar orientada por el mercado, antes que por la vocación natural del suelo; 2 debe favorecerse la especialización regional de la producción, con el fin de facilitar el logro de economías de especialización y de escala, 3 las actividades agropecuarias deben ser concebidas como parte integral del sistema agroindustrial que conforma sus cadenas de agregación de valor; 4 debe impulsarse una estructura agroempresarial cada vez más integrada vertical y horizontalmente, dando prioridad a la integración de los agricultores hacia adelante en las cadenas de valor, para estar en mejores condiciones de aumentar la eficiencia y controlar los procesos de mercado. A. Desarrollo tecnológico agropecuario y pesquero El Gobierno ampliará la capacidad de generación, transferencia y adopción de tecnologías que promuevan la modernización del sector, fortalezcan sus ventajas competitivas y contribuyan al logro de la sostenibilidad en la producción. Para lograrlo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural retomará el liderazgo en el diseño de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico del sector. Para ello se fortalecerá el Consejo nacional de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y pesquero, presidido por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y se ampliarán sustancialmente los recursos presupuestales destinados a la investigación y difusión de tecnologías en el sector. Se impulsará el sistema de centros de productividad y desarrollo tecnológico en las áreas prioritarias de producción, poscosecha y comercialización, incluidas las actividades pesqueras y acuícolas. En particular se fortalecerá y consolidará a CORPOICA, como instrumento fundamental de la política y del sistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario.

Así mismo, se consolidará el Sistema nacional de transferencia de tecnología agropecuaria, Sintap, mediante el fortalecimiento de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATAS, y la ejecución del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, (PRONATTA). En este marco, el Gobierno impulsará programas de investigación y desarrollo en tecnologías para la mecanización de sus labores agrícolas y de poscosecha, especialmente en zonas de ladera, donde se localiza la mayor parte de la agricultura y los agricultores del país. Dará también especial atención a actividades promisorias para la reconversión productiva, como la piscicultura y la acuicultura en general, para lo cual se apoyará la consolidación institucional del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, y se fortalecerá al Centro Nacional de Investigación en Acuicultura, CENIACUA. Una condición para mantener la competitividad en el largo plazo es la sostenibilidad de los procesos de producción. La política agraria fortalecerá la capacidad nacional para ejercer un manejo sostenible de los recursos disponibles en el medio rural. Para esto se fortalecerá la capacidad nacional para caracterizar y evaluar la potencialidad económica de sus recursos naturales y para realizar una labor permanente de identificación, evaluación y monitoreo, con el fin de descubrir nuevas oportunidades económicas y prevenir los riesgos de degradación. Se promoverá el ordenamiento del uso de los recursos sectoriales, en el marco del proceso más amplio de ordenamiento ambiental del territorio. Se incentivará igualmente el desarrollo y adopción de prácticas sostenibles (manejo integrado de plagas, fertilización orgánica, variedades y razas resistentes a plagas, etcétera) y la realización de acciones de protección y recuperación de recursos.

Por último, se propiciará el desarrollo de mercados para productos agrícolas y pesqueros producidos en forma sostenible, acción que será complementada por el mejoramiento de la capacidad institucional para el montaje y operación de esquemas ágiles de certificación y verificación de sanidad y calidad, según normas internacionales. Por último, se buscará una mayor integración al sistema internacional de investigación y desarrollo tecnológico y el apoyo a iniciativas de financiamiento regional. Colombia consolidará su vinculación al Grupo Consultivo Internacional de Tecnología Agropecuaria, a través de convenios con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con el fin de multiplicar la capacidad del sistema nacional de investigación tecnológica e influir en la agenda internacional de investigaciones agropecuarias. B. Adecuacion de tierras Con miras a superar los obstáculos que no han permitido avanzar con la agilidad y eficiencia requeridas en la adecuación de tierras del país, se ha redefinido la acción del Estado en esta materia, facilitando una mayor intervención e ingerencia del sector privado en los proyectos. La política de adecuación de tierras se llevará a cabo con la participación activa de los usuarios desde la identificación del proyecto hasta la administración del mismo. El sistema de recuperación de las inversiones en los distritos incorporará un elemento de subsidio en las obras principales y secundarias. Este apoyo será mayor para los usuarios medianos y pequeños, los cuales podrán contar, además, con un subsidio para las obras prediales. La ejecución de la inversión estará a cargo de los organismos públicos y privados que autorice el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, los cuales podrán ejecutar directamente, por concesión, autoconstrucción o contratando firmas especializadas. Por otra parte, para fomentar la adecuación predial en proyectos individuales, los productores contarán con acceso al Incentivo a la Capitalización Rural que maneja FINAGRO y que otorga subsidios proporcionales al valor de las inversiones.

Durante el cuatrienio, se espera adecuar unas 200.000 hectáreas, de las cuales 40.000 corresponden a pequeño riego, 110.000 a proyectos de mediana y gran irrigación y 50.000 a rehabilitación de distritos ya existentes. En pesos de 1994, la inversión en este programa asciende a 448.175 millones de pesos. C. Capitalización y financiamiento Los lineamientos en materia crediticia están orientados a garantizar recursos suficientes para la financiación de las actividades agropecuarias y pesqueras, mejorar las condiciones de acceso a financiación para los pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para la capitalización del campo. En este contexto, se diseñarán mecanismos que faciliten y aseguren el acceso de las pequeñas productoras campesinas al crédito. La Caja Agraria continuará siendo un instrumento esencial de la política sectorial, como banco de desarrollo agrícola, industrial y minero, con claros objetivos sociales, políticos y económicos, orientado al campesino y al pequeño empresario. La entidad podrá desconcentrar y descentralizar sus servicios y actividades de banca, seguros, fiducia, telecomunicaciones, inmobiliarios, procesamiento de datos, sistematización y arrendamiento financiero, que podrán ser prestados directa o indirectamente. Para lo anterior, la Caja Agraria podrá crear empresas filiales, de su total propiedad o en asocio con otras empresas públicas y privadas. El Gobierno Nacional estudiará el mecanismo institucional apropiado para que la actual Unidad de Seguros pueda, mediante reservas adecuadas, asumir total o parcialmente los riesgos de sus propias operaciones, bienes e intereses de la entidad. De otro lado, el Gobierno garantizará, mediante aportes de capital o el otorgamiento temporal de capital garantía, el patrimonio técnico mínimo requerido para el funcionamiento de la Caja Agraria, acorde con las necesidades de desarrollo del sector. Así mismo, gestionará ante las autoridades competentes la reducción del encaje de depósitos oficiales hasta nivelarlos con el vigente para los depósitos privados.

Igualmente, analizará la conveniencia de sectorizar los sistemas de calificación, evaluación y provisión de cartera, para adecuarlos a las especiales condiciones en las cuales se desarrollan las actividades agropecuarias en Colombia. Las cantidades de dinero que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deben consignarse a órdenes de los despachos de la rama judicial, deberán consignarse, a partir de la privatización del Banco Popular, en la sucursal de la Caja Agraria de la localidad del depositante. Por otra parte, el Gobierno estudiará el mecanismo apropiado para sanear el pasivo pensional acumulado de la entidad. La dificultad de acceso al crédito por parte de los pequeños productores ha sido un problema crónico del sector. El fortalecimiento de la Caja Agraria estará complementado, por lo tanto, por el diseño de formas alternativas de crédito, preferencialmente a través del sector solidario. Así mismo, se descentralizará la operación del Fondo Agropecuario de Garantías y se adoptarán mecanismos para compensar a la Caja Agraria y demás intermediarios el mayor costo en la colocación de créditos a pequeños productores. A través del uso del crédito para financiar proyectos de inversión que contribuyan a la capitalización y modernización del agro, se otorgará el incentivo a la capitalización rural, el cual se hará extensivo a los proyectos de pesca y acuicultura. Para lograr un uso intenso de este instrumento, el Gobierno adelantará una amplia campaña de divulgación. Este incentivo se usará también para impulsar la renovación del parque de maquinaria agrícola y promover el uso de tecnologías de mecanización acordes con la conservación del suelo y las características de la agricultura tropical. Con el fin de moderar el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la producción ganadera sobre los ingresos de los productores, se utilizará el crédito como un instrumento para regular la inversión y la extracción en esta actividad.

Mediante la adaptación de las condiciones financieras (plazo y forma de amortización), se estimulará a los ganaderos a utilizar el crédito para reducir la extracción cuando los precios tiendan a disminuir, y a reducir su endeudamiento cuando los precios estén aumentando. D. Comercialización y agroindustria El sector agropecuario y pesquero recibirá un tratamiento especial en las negociaciones comerciales internacionales, orientado a garantizar mercados para los productos del sector y evitar, al tiempo, que se generen condiciones distorsionadas de competencia. El Gobierno mantendrá, además, una política de protección selectiva para los productos sensibles del sector, empleando los mecanismos de salvaguardia, convenios de absorción y utilizando activamente los instrumentos existentes contra la competencia desleal. Las medidas de protección se aplicarán con el criterio de contrarrestar las distorsiones del mercado y no para compensar situaciones de ineficiencia económica. Por otra parte, en el marco del Plan Estratégico Exportador, se creará, en asocio con el sector privado, una Promotora de empresas agroexportadoras que promueva, mediante el aporte de capital de riesgo, proyectos agroindustriales y pesqueros de gran impacto regional. Con el fin de apoyar el ingreso de nuestros productos agropecuarios a nuevos mercados externos, se diseñarán, a través de PROEXPORT, mecanismos para reintegrar y cofinanciar gastos en que incurran las empresas para promover y consolidar posiciones en dichos mercados. De otro lado, se emprenderá la promoción de una cultura de calidad que incluya, entre otros, la certificación de calidad y la expedición de sellos de viabilidad ecológica de nuestros productos de exportación, a través de la Corporación Colombia Internacional y otras entidades. Además, se fortalecerá el sistema nacional de prevención y control sanitario, mejorando sustancialmente la capacidad técnica y operativa del ICA. En el frente interno, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, actuará como comprador de última instancia, preferencialmente en zonas marginales.