Ley 188 de 1995

Además, los artesanos contarán con acceso a todos los programas del plan nacional de la microempresa y, en cuanto a las características propias de tecnología y comercialización, se contará con contenidos particulares. Artesanías de Colombia impulsará los proyectos especiales en infraestructura de servicios técnicos y comerciales, organización gerencial y productiva. Las acciones contempladas podrán ser ejecutadas con la participación del sector privado, a través de Ong's. De esta manera, el apoyo al desarrollo integral del sector artesanal, permitirá mantener las raíces ancestrales, precolombina y colonial, así como resaltar la diversidad étnica y cultural de las distintas regiones del país. D. Pequeña minería La pequeña y mediana minería genera más de 50.000 empleos directos, contribuye al abastecimiento de los mercados locales y provee gran parte de las necesidades industriales en materia de carbón, materiales de construcción, oro y esmeraldas. A pesar de su importancia, su desarrollo es antitécnico, de alto deterioro ambiental, grandes problemas sociales, serios problemas de orden público y, escaso control y apoyo por parte del Estado. Para atender esta situación y lograr el adecuado desarrollo de esta actividad, se promoverá la legalización y conformación de organizaciones solidarias para la pequeña minería. A través de éstas se emprenderán programas de reconversión tecnológica, titularización de explotaciones, seguridad, higiene y salvamento minero, manejo y conservación del medio ambiente, divulgación y capacitación tecnológica y ambiental. Especial énfasis tendrá el desarrollo de actividades que agreguen valor a los recursos mineros, tales como la joyería del oro y el tallado de esmeraldas. La gestión ambiental, se dirigirá a disminuir los impactos ambientales actuales de la minería localizada en las áreas más críticas y especialmente en explotaciones de minerales como el oro, carbón, calizas y piedras preciosas.

Con la participación de los Ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente y las entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA, se formulará un diagnóstico ambiental y un plan de ordenamiento de la actividad minera, que tendrá en cuenta las condiciones y alternativas socioeconómicas de la población comprometida. Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, adelantarán los estudios necesarios para identificar áreas compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá y para formular su Plan de ordenamiento Minero. La realización de estos programas demandará recursos superiores a los $20.000 millones de pesos durante el cuatrienio, los cuales se ejecutarán a través del Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Mineralco y las entidades del SINA. Estos recursos se complementarán con las líneas de crédito que, el fondo de metales preciosos ofrece para el oro y el platino y la FEN y el IFI para la pequeña y mediana minería del carbón. E. Sector solidario El sector solidario es una opción estratégica especialmente para los grupos sociales que no han tenido acceso a los recursos productivos y a quienes es necesario incorporar a los procesos de democratización de la propiedad y redistribución de la riqueza6. En dicho sector se combinan la eficiencia y eficacia de la empresa privada con el interés social. Tal opción facilitará las diversas expresiones de participación ciudadana y comunitaria; dinamizará la articulación del sector privado para el logro de los objetivos de política social y permitirá hacer más eficiente el gasto social. El sector solidario se integrará a la ejecución de los programas prioritarios de política social, económica y de desarrollo ambiental.

Para ello las organizaciones del sector tendrán acceso a proyectos de cofinanciación de vivienda y desarrollo rural, podrán ser intermediarias de crédito para las microempresas y desarrollar proyectos de capacitación para microempresarios; participarán en la formación de empresas para actividades de mantenimiento vial y podrán ser contratadas para la ejecución de proyectos sociales. Las políticas para el sector solidario buscan, en primer lugar, un reordenamiento institucional que incluya al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, y que responda a la integralidad y necesidades del sector, mejorando al mismo tiempo las acciones de control y vigilancia. En este proceso se contará con el concepto de los diversos sectores interesados. En segundo lugar, se fomentarán las empresas asociativas, como expresión de la democratización de la pequeña propiedad, con el propósito de fortalecer la participación de nuevos actores en los mercados, en condiciones competitivas. Finalmente, y para contribuir a mejorar sus condiciones de incorporación al mercado y al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerá el Programa de Desarrollo Empresarial Partici-pativo7, con el cual se promocionará la articulación de pequeños productores en empresas asociativas y el acceso de éstas a los diversos momentos del ciclo productivo. La integración, sobre todo en el nivel local, permitirá que se rompan los efectos perversos de procesos de transferencia permanente de valor a otras áreas de la economía, sin beneficio alguno para el pequeño productor. Con el apoyo al sector solidario se facilitarán los procesos de consolidación de la sociedad civil y se construirán estrategias alternativas para enfrentar el mercado, elevar la calidad de vida de amplios sectores de la población y propiciar manejos comunitarios de desarrollo sostenido. VIII. JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA La Constitución Política le señala al Estado la responsabilidad de garantizar, además de la prosperidad general, el ejercicio pleno de los derechos y deberes, la participación ciudadana, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

El desafío consiste en la ejecución de una política que facilite el desarrollo del nuevo ciudadano, colocándolo en pie de igualdad, independientemente de su sexo, raza o sector social, frente a las instituciones, instancias y procesos básicos para el funcionamiento del país. La modernización de la justicia y la vigencia plena de los derechos son, para el Gobierno nacional, los fundamentos mismos de la construcción de una paz verdadera y duradera. La justicia y la seguridad, por su calidad de bienes colectivos esenciales, son responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Por esa razón, el Plan de justicia y seguridad ciudadana será dinamizado armónicamente por las tres ramas del poder público a fin de garantizar la efectividad del sistema de derechos y libertades, y ofrecer las condiciones para obtener, al menor costo posible, una pronta y cumplida justicia. En breve, el fortalecimiento de la rama judicial, la vigencia plena de los derechos humanos, la participación y la seguridad ciudadana concretan la política del Estado para el desarrollo de la ciudadanía. A. Justicia para todos El sistema judicial se ha distanciado de las realidades del país; consecuentemente, ha perdido capacidad para tutelar en forma eficaz el cumplimiento de las obligaciones formales en la sociedad. Esta situación es causa de múltiples perturbaciones, incluyendo la prolongación de los conflictos y la postergación de su solución, así como la pérdida de adhesión a las normas y procedimientos y, en ocasiones, la indiferencia e insolidaridad de la ciudadanía con la administración de justicia. Como consecuencia, se incrementan los hechos punibles, las conductas violentas y la impunidad con todas sus secuelas. Igualmente origina, por la inseguridad en el cumplimiento de las obligaciones, un incremento importante en los costos de la actividad económica por los requerimientos adicionales de información y garantías de cumplimiento.

De la autonomía de la rama judicial del poder público surgen las estrategias y programas para remover los obstáculos que enfrenta la justicia, tales como la lentitud, la congestión y la necesidad de ajustar la normatividad sustantiva y procedimental a las relaciones del nuevo contexto del desarrollo y la ciudadanía. La administración de justicia será más dinámica y eficiente de modo que, a mediano plazo, esté en capacidad de resolver, sin recursos ni procedimientos extraordinarios y dentro de los términos legales establecidos, los procesos que le sean encomendados. Para alcanzar este objetivo, es necesario concentrar la acción del Estado en el apoyo técnico y humano al sistema judicial, la ampliación del acceso a los servicios judiciales, la prevención del delito, la atención de las víctimas y el desarrollo de una política carcelaria humanista y eficaz. (cuadro 5.8) 1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial Se creará una estructura gerencial que le permita a la rama judicial incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de información y racionalización de archivos. En forma complementaria, se desarrollará la tecnología judicial para el cumplimiento de diferentes labores, particularmente en los servicios auxiliares de apoyo. Igualmente, se hará énfasis en la formación y profesionalización del recurso humano a todo nivel. Para tal efecto, se desarrollará la capacidad para convertir las políticas y objetivos en metas alcanzables; se identificarán, evaluarán y, si es del caso, redistribuirán los recursos que actualmente se asignan para la administración de justicia; se facilitará la organización tendiente a agilizar la operación de los despachos judiciales en el país mediante la provisión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos; y se conformará un procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión del sistema judicial.

2. Acceso a los servicios judiciales, administración de justicia y derecho El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes alternativas para el tratamiento de los conflictos. Instituciones populares como la participación ciudadana o individuales como las acciones de cumplimiento, son vías complementarias para la protección de los derechos, las cuales se fortalecerán mediante un sistema de orientación a los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Un mayor acceso también implica reducir el excesivo distanciamiento entre las normas legales y lo cotidiano, atenuar el ritualismo y la casuística e introducir un sistema referencial que haga fácil consultar las normas y la jurisprudencia. Un mayor acceso a la justicia conlleva plantear una concepción de la justicia acorde con los nuevos órdenes jurídico, político, social y económico; e incorporar al sistema aquellas instancias alternativas a la vía judicial que la Constitución señala para administrar justicia en forma plena o restringida: las autoridades indígenas y administrativas, los jueces de paz, y los notarios, entre otros.

3. Prevención del delito y atención a las víctimas La prevención del delito constituirá el eje de la política criminal, al hacer énfasis en la investigación de las causas del delito, sus soluciones, la atención de los menores infractores y la resocialización del delincuente. Se diseñarán y desarrollarán estrategias que ofrezcan a las víctimas de acciones delictivas formas ágiles para atender la emergencia que se produce como consecuencia de la lesión sufrida en cuanto a asistencia médica, legal y sicológica. Se dispondrá de asistencia legal por parte de la Defensoría del Pueblo de modo que, sin que se pierdan elementos indispensables para la investigación, no se agrave la situación de la víctima. Especial atención tendrán los casos en los que resulten víctimas los menores de edad. Este programa permitirá disminuir la impunidad, el atraso judicial y desarrollar una acción enérgica, amplia y coordinada para la investigación del delito; profundizar la investigación socio–jurídica con particular énfasis en los fenómenos relacionados con el delito; y prevenir y disuadir las conductas punibles en razón al riesgo creciente de identificación, detención y procesamiento de los autores, mediante la formulación de una política criminal. 4. Detención, cumplimiento de pena y rehabilitación El objetivo de la política carcelaria y penitenciaria será la prevención del delito a través de la rehabilitación y resocialización del individuo que ha delinquido. Para ello se diseñará y pondrá en marcha el Sistema de tratamiento progresivo y se desarrollarán, en cooperación con el sector privado, modos alternativos de reinserción de los reclusos a la sociedad. Para atender el hacinamiento y sobrecupo de cárceles y penitenciarías, se actualizará el censo carcelario, se redistribuirá la población reclusa y se acelerará la decisión judicial sobre la situación de los sindicados. Finalmente, se adelantará un programa de construcción y remodelación de centros de reclusión. 5.

Evaluación y seguimiento El Gobierno nacional asegurará el crecimiento real de los recursos asignados a la rama judicial para el cumplimiento de los programas enunciados en este Plan. Por su parte, es necesario que la administración de justicia disponga de mecanismos para desarrollarse y diagnosticarse, escuche los reclamos del ciudadano e informe a todo el país los resultados de su gestión. B. Derechos humanos Los derechos humanos conforman una integralidad que comprende ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Uno de los aspectos relevantes del desarrollo nacional es la reducción de los altos niveles de violencia. La violencia no es compatible con una visión del desarrollo que centra su atención en la promoción de las posibilidades culturales y productivas del ser humano en el seno de una sociedad de solidaridad y convivencia. La gravedad de la violencia política no radica en su peso cuantitativo sino en el nocivo mensaje que difunde sobre la supuesta legitimidad de la violencia para imponer valores o intereses propios. La violencia guerrillera, en particular, causa graves daños a la infraestructura productiva nacional, desestimula la inversión en el agro e incauta cuantiosos recursos a través del secuestro y la extorsión, para convertirlos en medios de guerra contra el Estado. Cuando se ejerce por fuera de la ley, la actividad de los agentes y servidores públicos disminuye la legitimidad del Estado y le acarrea al país efectos adversos, económicos y políticos, en los escenarios internacionales.

Para superar la situación de violencia política y la violación de los derechos humanos, el Gobierno pondrá en práctica una política que permitirá avanzar en la regularización del conflicto armado interior mediante la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario; en la superación de la impunidad en las violaciones contra los derechos fundamentales; en la erradicación del paramilitarismo; en la atención a los desplazados por la violencia política; en la educación en derechos humanos a la población en general y a la fuerza pública en particular; en la promoción de una actitud ciudadana de respeto por los mencionados derechos; y en el establecimiento de relaciones constructivas con los organismos nacionales e internacionales que trabajan sobre el tema. El Gobierno nacional se propone, en consecuencia, desarrollar instrumentos legales y programas de protección y promoción. El desarrollo de esta política se basará en un seguimiento sistemático de la evolución de la situación de derechos humanos en el país. Se procurará avanzar en la aplicación de la carta de derechos contenida en la Constitución Política y se procurará completar el proceso de incorporación al ordenamiento jurídico colombiano de las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. En materia de protección a las violaciones de los derechos humanos, se creará a nivel nacional una red informática de transmisión de datos entre entidades con competencia para la investigación y control de dichas violaciones, que permita una eficaz atención y trámite de quejas. Esta red facilitará el diagnóstico y el análisis de la situación, a partir de la consolidación de información estadística. Se procurará dar agilidad a los procesos judiciales y disciplinarios relacionados con hechos especialmente atroces de violación de derechos humanos, mediante propuestas legislativas y de reforma institucional, y se atenderá con diligencia la marcha de los procesos que se ventilan ante los organismos intergubernamentales con jurisdicción sobre Colombia, buscando que el desarrollo de los mismos tenga un impacto interno en la lucha contra la impunidad.

Se identificarán y enfrentarán con políticas específicas las dinámicas especialmente graves de violación de los derechos fundamentales que correspondan a patrones sistemáticos de agresión, a nivel nacional o regional, particularmente contra las mujeres y niños desplazados por la violencia. Por otra parte, se adoptarán o fortalecerán programas y medidas institucionales para la protección de testigos en procesos de violación de los derechos humanos y de personas en situación de riesgo o amenazadas en su vida o integridad personal por causas ideológicas o políticas. Se impulsarán programas para la centralización de información sobre personas desaparecidas y cadáveres NN, y se adelantarán acciones sistemáticas de búsqueda de desaparecidos por móviles políticos. Se impulsará la consolidación de instituciones locales de protección como las personerías municipales, las oficinas locales permanentes y los comités municipales de derechos humanos; se fortalecerán las instancias de control interno en los organismos de seguridad del Estado y se crearán oficinas de derechos humanos en todas las guarniciones.000itares y de policía; y se apoyarán las labores del comité internacional de la cruz roja en Colombia para la recepción de información sobre detenciones y capturas, visita a los centros de detención y constatación de las violaciones al derecho internacional humanitario. Se dará especial atención a los procesos de concertación y movilización social para el desmantelamiento de panoramas regionales y sociales específicos de violencia y violación de los derechos humanos. El desplazamiento forzado por razones asociadas con la violencia, en particular la de carácter político, deja múltiples y complejas consecuencias sociales, culturales, económicas y sicológicas en la población afectada. La población desplazada y víctima de la violencia, caracterizada por su estado de indefensión, aislamiento y marginalidad social demanda, en el marco de una política de paz y rehabilitación, una acertada combinación de estrategias integrales de asistencia, prevención y protección.

Para tal fin se diseñará, dentro de los mecanismos de desarrollo social y productivo contemplados en el presente Plan, un programa nacional de protección y asistencia integral que comprenda la prevención del desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia a las poblaciones desplazadas, estrategias para la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la generación de empleo. En aquellos casos en donde el retorno de la población desplazada sea imposible, se diseñarán alternativas de reubicación y reinserción social y laboral en otras zonas agrarias o urbanas. Este programa tendrá como criterio la participación de la comunidad, el tratamiento descentralizado, la perspectiva de género y generacional, y la coordinación del trabajo de planeación y, ejecución entre el Estado, las ONG y los organismos internacionales. En el compromiso por garantizar el bienestar general de la población más vulnerable, el Gobierno emprenderá acciones y programas orientados a proteger a los menores trabajadores y maltratados. Se otorgará prioridad a la lucha por la vigencia de los derechos de los niños y las niñas, y la inversión en el desarrollo de la niñez. En materia de promoción y difusión, el Gobierno promoverá a todo nivel la formación y movilización de los colombianos en torno a una ética para la vida, la convivencia y el respeto de los derechos humanos. Se diseñará y promoverá la aplicación de modelos de escuela, currículo y proyectos pedagógicos complementarios orientados a realizar tales propósitos. Se fortalecerá la educación de los miembros de la fuerza pública en relación con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Se desarrollarán programas de pedagogía no formal sobre esos temas a través de instrumentos de comunicación masiva y, en zonas de conflicto político y social, a través de esquemas educativos, descentralizados y participativos, dirigidos a las autoridades locales y a la comunidades. Los programas a que se ha hecho referencia se desarrollarán a través de diversas entidades estatales, coordinadas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. C.

Seguridad ciudadana El Plan de seguridad ciudadana compromete la concurrencia de la ciudadanía y las autoridades nacionales, departamentales y municipales en el trámite pacífico de los conflictos, en las acciones preventivas para combatir el delito, y en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. El homicidio afecta fundamentalmente a la juventud y esto erosiona la esperanza del país para lograr un futuro mejor. Por lo demás, la enorme incertidumbre social sobre los derechos, los bienes y las personas se manifiesta en el deterioro colectivo de la calidad de vida. El plan para la seguridad ciudadana reconoce que existen múltiples estrategias a través de las cuales puede actuar el Estado para combatir la inseguridad. En este aparte se desarrolla lo pertinente a la Policía Nacional. La modernización de la Policía Nacional, a partir de la Ley 62 de 1993, está dirigida a disminuir los índices de delitos y a armonizar las relaciones entre ésta y la sociedad. Esta reforma formaliza su carácter civil, introduce estrictos mecanismos de control a través del comisionado nacional para la policía y busca proveer un servicio transparente, eficaz y efectivo. La Policía, en el marco de su modernización, desarrollará programas para acercarse a la comunidad, fortalecerse institucionalmente y profesionalizar a sus miembros. De forma complementaria, desarrollará un programa de bienestar de sus miembros en torno a la salud, vivienda y educación.

1. Acercamiento a la comunidad El acercamiento a la comunidad tendrá como fin reestablecer la confianza ciudadana principalmente sobre la integridad física, el patrimonio y la convivencia pacífica. De forma complementaria, se establecerán mecanismos de participación activa de la ciudadanía, los cuales incluyen, entre otros, veedurías y los servicios prestados por los auxiliares bachilleres. El Sistema de participación ciudadana y la Red Nacional de Quejas tienen como meta incorporar a la comunidad a una cultura de solidaridad basada en la educación y la prevención. Este proceso requiere del asocio decisivo de la ciudadanía y de las autoridades departamentales y municipales para maximizar los esfuerzos que garanticen la seguridad de todos.

2. Fortalecimiento institucional de la Policía Nacional La función policial estará encaminada a disminuir la delincuencia común, los delitos económicos y el contrabando. Así mismo, en un marco internacional, se continuará la lucha contra el narcotráfico, se desarrollará la vigilancia ambiental y se hará énfasis en la prevención de los delitos contra los derechos humanos. Para cumplir estos objetivos se consolidará la modernización de la Policía, aumentando su cobertura y capacidad de respuesta con el fin de hacer accesibles los servicios de vigilancia a todos los ciudadanos. La Policía incrementará en 20.000 el número de efectivos profesionales, así como el cubrimiento de las estaciones para las zonas rurales y urbanas; así mismo, aumentará la inversión en transporte y comunicaciones. Las nuevas áreas de acción policial y la modernización de la entidad requieren de la actualización de la Policía. Con este fin, se brindará formación y capacitación por áreas específicas de la organización. El plan de capacitación y los programas de estudio de la entidad incluirán, entre otros, el análisis de los espacios, procesos y mecanismos de participación, los derechos humanos y los asuntos ambientales. De forma complementaria, se introducirán indicadores de gestión y resultados para las diferentes especialidades con el fin de aumentar su efectividad. Las acciones de cambio institucional estarán dirigidas a fortalecer la planeación, el control interno, la administración financiera, la desconcentración regional, y a darle eficacia y celeridad a los procesos operativos y administrativos.

3. Profesionalización El Gobierno nacional impulsará el desarrollo de la estructura interna de la Policía Nacional conforme a lo dispuesto en la Ley 62 de 1993. Para ello, adelantará las gestiones necesarias para poner a tono los estatutos de carrera y disciplinarios, de forma que aseguren la profesionalización y la promoción del personal. Este proceso requiere del diseño de indicadores de gestión y resultados, que incluyan la evaluación del desempeño individual respecto a las metas de la institución, lo cual significa una tecnificación en el proceso de selección y ascenso. 4. Bienestar y seguridad social El programa para mejorar el bienestar del personal de la Policía estará dirigido principalmente a la vivienda propia y fiscal. Los servicios de salud se presentarán a través de los organismos de salud para la Fuerza Pública, y los de educación y recreación por medio del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía. COMPETITIVIDAD PARA LA INTERNACIONALIZACION El proceso de apertura ha hecho evidente las fortalezas y debilidades de la estructura productiva colombiana. Para superar estas últimas y consolidar dicho proceso, el Gobierno pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de competitividad para la internacionalización, que sea el producto de un esfuerzo concertado entre los sectores público y privado, orientado a diseñar estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de infraestructura conjuntas, que permitan aumentar y utilizar eficientemente los recursos productivos y generar ventajas comparativas sostenibles. Esta estrategia deberá dinamizar la generación y calificación de puestos de trabajo, al contribuir decisivamente al objetivo central del Plan de Desarrollo de mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la población. Esta estrategia concibe la competitividad en forma amplia, como la capacidad de una sociedad para hacer frente al desafío de la economía global y, al tiempo, incrementar sus niveles de bienestar. Esta concepción se expresa en cuatro criterios generales.

En primer lugar, reconoce que, en el mundo moderno, las ventajas competitivas, especialmente aquellas que más contribuyen a dinamizar las exportaciones agroindustriales, manufactureras y de servicios, son en gran medida creadas. Es decir, no surgen en mayor medida de la disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra no calificada, sino de factores que son el resultado del propio proceso de desarrollo y pueden ser, por lo tanto, moldeados por agentes públicos y privados. En segundo término, esta visión reconoce que el esfuerzo por crear una economía más competitiva debe abocarse en forma integral. En efecto, la competividad no es sólo el producto de las acciones que lleva a cabo cada empresa a nivel individual; es también el resultado del entorno sectorial y global en el cual se desenvuelve. Las ventajas competitivas dependen de la capacidad de captar, adaptar y generar tecnología; mejorar constantemente el capital humano; de diseñar estructuras y estrategias empresariales dinámicas; de explotar las complementariedades entre empresas que hacen parte de cadenas productivas, y entre dichas empresas y aquellas que les prestan servicios; de desarrollar una infraestructura eficiente; y de diseñar un contexto regulatorio apropiado para las acciones de las empresas. En tercer lugar, esta concepción indica que los esfuerzos por promover la competencia en los mercados de bienes y servicios y superar las restricciones a la libre movilidad de factores productivos deben estar complementadas con políticas sectoriales activas, orientadas a superar los obstáculos que los agentes privados encuentran en cada sector para lograr mayores niveles de productividad. La construcción de ventajas competitivas estables no es, así, un resultado automático de la política comercial y de la liberación de los mercados internos; requiere también de acciones sectoriales orientadas a facilitar a los distintos sectores su integración al nuevo modelo de desarrollo.

Estas acciones deben reflejarse en planes estratégicos orientados a superar restricciones institucionales o regulatorias que afecten la actividad sectorial; a redefinir el alcance de políticas crediticias o de fomento de las exportaciones en función de objetivos sectoriales; a diseñar estrategias de reconversión productiva; a generar procesos dinámicos de transferencia tecnológica e innovación; y a generar procesos de integración de cadenas productivas e intersectoriales que eleven los niveles de productividad de los distintos sectores involucrados. Por último, esta visión exige un esfuerzo especial por conjugar acciones públicas y privadas y, por ende, debe ser el resultado de una activa concertación, tanto a nivel nacional como regional. Este es el único medio para acopiar la información necesaria para la toma de decisiones y para definir los objetivos, las estrategias y los compromisos precisos entre los actores públicos y privados que se traducen en acuerdos para mejorar la competitividad. Esta concepción tiene en cuenta las lecciones de aquellos países que han logrado insertarse con éxito en la economía global. Su expresión más clara han sido los Consejos de Productividad de los países asiáticos de rápido desarrollo, donde la planeación sectorial conjunta entre los sectores público y privado, especialmente de las ramas industriales, ha sido un elemento esencial de sus exitosos procesos de inserción a la economía internacional. En Colombia este esquema de trabajo entre sector público y privado buscará ser la norma para el trabajo en todos los sectores de la economía. Estas concepciones son la base de la Estrategia de competitividad que garantizará el tránsito de la apertura a una verdadera internacionalización de la economía colombiana. Esta política será coordinada por el Consejo nacional de competitividad y tiene cinco programas especiales: la política nacional de ciencia y tecnología, el plan estratégico exportador, la política de modernización agropecuaria y rural, la política de modernización industrial y la estrategia de infraestructura para la competitividad.

El desarrollo del capital humano permea también varios elementos de esta política; sin embargo, sus elementos fundamentales se desarrollan en los Capítulos 5 y 8 del Plan. I. EL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD El Consejo nacional de competitividad es el instrumento institucional que orientará esta estrategia. El Consejo está presidido por el Presidente de la República y tiene una amplia participación del alto Gobierno y los sectores empresarial, laboral y académico. La coordinación ejecutiva la ejerce la Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la República y la secretaría técnica está a cargo de la unidad de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del Consejo Gremial Nacional y las Corporaciones Calidad, Coinvertir y Colombia Internacional. El Consejo desarrollará tres frentes de trabajo. 1. El diagnóstico de la situación del país y la identificación de iniciativas de particular interés para el desarrollo de una economía más competitiva. Esta tarea se realizará a través de Comités Asesores en cinco áreas críticas: (a) cultura de la competitividad, gestión, productividad y calidad; (b) tecnología; (c) formación de recursos humanos; (d) infraestructura; y (e) desarrollo de un marco institucional, legal y regulatorio propicio.

2. La promoción de Acuerdos sectoriales de competitividad. Estos acuerdos estratégicos son el instrumento sectorial fundamental de la estrategia de competitividad. Serán negociados en el marco de los planes estratégico exportador, de modernización agropecuaria y rural, y de modernización industrial con la participación de empresarios, trabajadores y el Gobierno. Contemplarán acciones conjuntas y compromisos específicos de las partes en una o varias de las siguientes áreas: a. Definición de una estrategia de generación y difusión de tecnología para el sector, que incluya tanto tecnologías duras como procesos organizacionales, informáticos y comerciales. b. Formación de recursos humanos especializados. c. Promoción de las exportaciones del sector, incluido el desarrollo de canales apropiados de comercialización en los distintos mercados objetivo. d. Superación de problemas crediticios que pueda enfrentar el sector o de obstáculos para hacer mejor uso del mercado de capitales, incluido el diseño de programas crediticios especiales de reconversión y relocalización. e. Solución de problemas asociados a la integración inadecuada de cadenas productivas o de éstas con cadenas de comercialización y de provisión de servicios. f. Superación de restricciones institucionales o regulatorias que afecten la actividad sector sectorial. g. Solución a problemas específicos de infraestructura. h. Análisis de problemas de contrabando o competencia desleal que enfrente el sector. Este instrumento realza el carácter de socios que tienen los sectores público y privado en el contexto de la apertura económica. En el marco de estos acuerdos se especificará la forma como los sectores productivos harán uso de los instrumentos generales de carácter transversal que diseñe el Gobierno nacional, entre ellos tres que incorporarán un claro componente de apoyo: al desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y la promoción de exportaciones. 3.

El diseño de una Estrategia nacional de competitividad, con un claro objetivo de largo plazo (Visión 2025), que permita articular el proceso de crecimiento y articulación de la economía al mercado mundial en el marco del desarrollo humano y del desarrollo sostenible. El Consejo nacional de competitividad pondrá en marcha instancias regionales a través de las cuales los sectores productivos de distintas regiones del país puedan articularse con los programas que a nivel nacional promueva el Consejo. II. LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Esta política desarrollará y ampliará el Sistema nacional de ciencia y tecnología con el propósito de integrar firmemente la ciencia y tecnología a los diversos sectores productivos, comerciales y de servicios, buscando incrementarles su competitividad y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Esta política contiene cinco estrategias básicas: A. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología El Sistema nacional de ciencia y tecnología, es el instrumento básico de planeación estratégica, programación y asignación de recursos a través de sus consejos nacionales y regionales. Para su fortalecimiento se ampliará su capacidad de asignación de recursos, tanto a nivel global como sectorial. Se busca, así, romper la fragmentación en la asignación de recursos que caracteriza el esquema actual y que impide que se orienten hacia las instituciones de mayor calidad y dinámica. Ello exige un fortalecimiento de las secretarías técnicas de los respectivos Consejos que hacen parte de los Ministerios y de COLCIENVIAS. Se desarrollará, además, la legislación de ciencia y tecnología, con el fin de promover las corporaciones mixtas de derecho privado y otros mecanismos de asociación entre el Gobierno y el sector productivo. Esta estrategia comprende tres programas adicionales.