Ley 188 de 1995

Una ampliación adecuada de la oferta educativa y un acceso más equitativo a los cupos se conseguirá con el programa de crédito educativo mediante el cual se otorgarán 66.000 créditos nuevos para préstamos destinados al pago de los gastos educativos y de sostenimiento de estudiantes meritorios de escasos recursos en todas las regiones del país. Por otra parte, las universidades estatales introducirán medidas que aseguren mayor eficiencia y promuevan que los costos educativos se distribuyan entre los alumnos de acuerdo con su capacidad económica y la de sus familias. Las instituciones estatales de educación superior deberán enfrentar los retos que la modernización del país les plantea, adecuando sus sistemas financiero y administrativo. Merecerá especial atención la constitución de un Sistema Universitario Estatal que permita que las universidades aprovechen las ventajas comparativas de otras instituciones dentro de una red de recursos y servicios. Las instituciones que ingresen al Sistema, mediante la realización de proyectos conjuntos, tendrán prioridad en la asignación de recursos. Para hacer efectivas las alianzas con diversos sectores, se desarrollarán, en cada una de las regiones, programas interactivos entre las instituciones de educación superior, las empresas y las entidades territoriales, orientados a fomentar la investigación, la asesoría, la formación y la actualización de los recursos humanos. El Estado garantizará el cubrimiento de los costos de funcionamiento de las universidades estatales, conforme a los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993, pero corregirá la asignación inercial de recursos, de manera que responda a criterios de calidad, cobertura y desarrollo institucional. Además, estimulará financieramente a las instituciones que generen sus propios recursos. Se consolidarán líneas de crédito para financiar infraestructura y dotación de instituciones de educación superior oficiales y privadas, a través de Findeter y del Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, Fodesep.

En las universidades estatales, se fortalecerá el Servicio de Bienestar Universitario para impulsar los servicios de prevención en salud, librerías, actividades deportivas, recreativas y culturales. B. La cultura, fundamento de la nacionalidad Colombia es un escenario donde interactúan diversas culturas. Esta riqueza se ve amenazada por múltiples formas de intolerancia y violencia, así como por el desarraigo social de amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, el país vive un proceso social y político participativo cada vez más sólido, que permite un papel protagónico a las fuerzas sociales que representan un sentimiento nacional de renovación, tolerancia y cambio. La cultura es fundamento de la nacionalidad. Está, además, estrechamente vinculada a la capacidad humana de innovar, de mejorar su manera de comprender el mundo y de actuar sobre él. Las manifestaciones artísticas y recreativas, los avances de la ciencia y la tecnología, así como los aspectos organizacionales que caracterizan a la sociedad colombiana son factores determinantes de la cultura colombiana. La investigación y reflexión sobre la realidad del país son la principal fuente para consolidar la nacionalidad y la cultura colombianas y para buscar el desarrollo de una sociedad más participativa y equitativa. El Salto Social requiere de un salto cultural como fundamento de una nueva concepción de la convivencia, del respeto a la diversidad y de la paz. El tiempo de la gente es también el del tránsito hacía una civilización que no es solamente consumidora, sino creadora de cultura. Para lograr los objetivos de la política cultural, los programas se orientarán hacía la reforma institucional y la descentralización de la gestión cultural, el fomento y el estímulo a la creación y la investigación, el acceso a los servicios y bienes culturales, y la protección y difusión del patrimonio cultural colombiano. La política cultural debe promover la autonomía y el fortalecimiento de la personalidad de todas y cada una de las regiones, etnias y comunidades, como reflejo nítido y enriquecedor de la diversidad cultural.

Para ello se fortalecerán la organización y gestión del sector en sus diferentes niveles. La institucionalización del Sistema Nacional de Cultura se logrará por medio de los Consejos nacional y departamentales, de los fondos mixtos y demás mecanismos para la promoción de la cultura y las artes, de los planes departamentales de desarrollo cultural y de los sistemas de información y de conservación. Con este propósito, se conformarán durante el cuatrienio 36 consejos departamentales y distritales y se consolidarán redes regionales de servicios culturales que integren museos, bibliotecas, archivos, casas de cultura, radios comunitarias y centros de documentación. La creación del Ministerio de Cultura, contemplada en el Proyecto de Ley General de la Cultura, se considera como un mecanismo que evitará la dispersión de entidades y de recursos oficiales y que dará al tema la relevancia que merece en el desarrollo del país. Es tarea primordial apoyar la cultura sin intervenir en ella. Por lo tanto, el fomento será asumido como una actitud por medio de la cual se protege, alimenta y difunde la creatividad en la diferencia. El Estado establecerá estímulos y promocionará la creación, la investigación y la divulgación de carácter cultural. Para tal efecto establecerá becas y premios anuales, y otorgará créditos para artistas sobresalientes en el campo de la creación, la experimentación, la formación y la investigación individual o colectiva; en las artes plásticas, musicales, escénicas; en las expresiones culturales tradicionales; y en las artes audiovisuales, la literatura y otras que surjan de la evolución social cultural. Se ejecutarán planes de educación artística y cultural, con énfasis en la población infantil. Durante el cuatrienio se otorgarán alrededor de 800 becas y 120 premios de creación e investigación, y se llevarán a cabo planes especiales de fomento a la lectura y democratización del libro.

A través del programa Talentos de la Red de Solidaridad Social, se sufragarán los costos de instrucción y práctica de actividades artísticas de jóvenes que hayan demostrado capacidades especiales en alguno de los campos del arte. Por otra parte, el Estado facilitará el acceso del ciudadano a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, mediante programas institucionales o a través de la concertación con el sector privado en actividades de promoción y desarrollo cultural. Con tal fin, se crearán las condiciones para la circulación efectiva de los productos artísticos y se acordarán medidas conducentes a la utilización de los medios de comunicación públicos y privados para fortalecer y difundir en forma masiva la programación cultural. De la misma manera, se promoverá la popularización de la ciencia y la tecnología, con especial énfasis en los niños y jóvenes, a través de actividades como clubes escolares de ciencias, ferias de la creatividad y conferencias de divulgación, con el fin de integrarlas de manera decisiva en la cultura nacional Ante la evidente carencia de espacios para la actividad cultural, se hace imperiosa la adopción de mecanismos para la recuperación, construcción y mantenimiento de la infraestructura propia del sector a nivel institucional y privado. Merecerá especial atención la restauración y ampliación del Museo Nacional, como patrimonio histórico y artístico representativo de los diversos valores culturales del país, para lo cual el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios durante el cuatrienio. Se apoyará la actividad musical a través del fomento a las orquestas, bandas y coros; la realización de festivales, congresos y salones de artistas; el trabajo de los grupos estables de artes escénicas; la realización de ediciones y publicaciones culturales y la dotación de al menos el 50% de las bibliotecas públicas existentes. Igualmente, se creará el Centro de documentación e Información Artística y Cultural.

Además, se dará especial atención al cine, por su doble carácter de expresión artística e industrial, para fomentar y para propiciar la difusión de la producción y de la coproducción cinematográfica colombiana. El patrimonio es la cultura como pasado, como memoria colectiva y como herencia. La política de protección y difusión del patrimonio fomentará la investigación en las áreas antropológica, bibliográfica, mueble, inmueble e intangible. Se dará especial atención a la conservación de los monumentos nacionales, a la restauración de obras patrimoniales que amenacen ruina, a la capacitación del recurso humano especializado para este fin y a la divulgación de dicho patrimonio. Se apoyará igualmente la labor de las academias nacionales que constituyen actualmente el Colegio máximo de las academias colombianas conformado por las siguientes entidades: Academia colombiana de la lengua; Sociedad colombiana de ingenieros; Academia nacional de medicina; Academia colombiana de jurisprudencia; Academia colombiana de historia; Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales; Sociedad geográfica de Colombia; Sociedad colombiana de arquitectos; Instituto caro y cuervo; y Academia colombiana de ciencias económicas. Dichas academias conservarán su carácter de organismos consultores y asesores del Gobierno y podrán celebrar contratos de prestación de servicios con organismos del Estado. C. Recreación y deporte El acceso a las actividades deportivas, recreativas y culturales es determinante de la calidad de vida y del desarrollo integral de las personas. La adecuada y provechosa utilización del tiempo libre encuentra sus espacios de desarrollo en el ejercicio de estas manifestaciones de la cultura contemporánea que nutren y enriquecen las relaciones sociales y permiten una sana afirmación de la identidad del individuo. La limitada participación de los jóvenes, en especial de las mujeres en actividades deportivas y recreativas es particularmente preocupante.

No existen suficientes oportunidades para que la comunidad acceda masivamente a dichas prácticas o para que quienes cuenten con mejores condiciones y talento puedan desarrollarlas en esferas como el deporte competitivo y de alto rendimiento. La ausencia de alternativas de recreación contrasta con la baja utilización de los espacios y recursos físicos existentes y disponibles en los establecimientos educativos, desaprovechados parte del día, durante los fines de semana y en períodos de vacación. Debe señalarse que Colombia tiene un déficit de 9.10 m2 de espacio deportivo y recreativo por habitante con respecto a estándares internacionales. Los recursos financieros con los cuales se ha soportado la actividad lúdica en el país han sido concentrados en proyectos de bajo impacto. A este hecho se añade la precaria vinculación de la comunidad en la toma de decisiones sobre la utilización de los espacios, los programas a realizar y la aplicación de dichos recursos. La inversión se ha orientado, prioritariamente, hacia programas que privilegian la élite de alta competición, en tanto que el marco institucional no ha favorecido la integración efectiva de la población a actividades deportivas y recreativas. La reciente expedición de la Ley del Deporte crea el Sistema Nacional del Deporte y garantiza el compromiso de la Nación y de las entidades territoriales en cuanto a la financiación y cofinanciación de las actividades deportivas contenidas en los planes de recreación y deporte. Así mismo, establece las funciones y responsabilidades de los distintos niveles territoriales en materia de planeación, fomento y ejecución de programas deportivos y recreativos. Con los programas de recreación y deporte se busca una amplia participación de la población en actividades recreativas y deportivas, mediante formas organizativas que favorezcan primordialmente el deporte comunitario y el formativo. Con el fin de mejorar la educación física y deportiva de los niños y jóvenes, se promoverá la inclusión de objetivos y estrategias relacionadas con estas materias en los proyectos educativos institucionales.

Se apoyarán, además, los festivales escolares y los Juegos Intercolegiados Nacionales y Universitarios. Será misión de Coldeportes crear las condiciones y promover la utilización intensiva de los espacios existentes, organizados como Centros de Servicios Deportivos, para incrementar la práctica del deporte, la educación física y la recreación, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Para ello se dará prioridad a programas y proyectos en los sectores escolar, juvenil y comunitario. Durante el cuatrienio las inversiones destinadas al deporte comunitario y formativo se incrementarán hasta llegar al 50% de la inversión total del sector. Coldeportes adelantará acciones encaminadas a mejorar las 900 Escuelas de Formación Deportiva existentes en 300 municipios del país, mediante actividades que permitan elevar la calidad de la enseñanza de los fundamentos básicos de las distintas disciplinas deportivas y promover la incorporación de talentos al deporte organizado. Todo esto irá acompañado de un proceso de capacitación de licenciados y entrenadores deportivos, liderado por la Escuela nacional del Deporte. Entre las acciones que desarrollará el Comité Olímpico Colombiano, se destaca el programa 100 de oro, el cual, al finalizar el cuatrienio, ofrecerá asesoría técnica y científica, apoyo económico y orientación didáctica a 300 deportistas sin posibilidad de patrocinio. Igualmente, en el deporte asociado, se creará un sistema de estímulos especiales en educación, seguridad social, subsidios económicos y oportunidades laborales para aquellos deportistas que se hayan destacado con sus actuaciones en eventos internacionales oficiales y en los correspondientes al ciclo olímpico. Para aumentar la cobertura del deporte comunitario y de la recreación se realizarán campañas educativas y de información pública que logren un alto grado de motivación para la práctica de la recreación y el deporte.

Igualmente, se promoverá la conformación de clubes o núcleos para el ejercicio y práctica de estas expresiones. Se fomentará la recreación y la práctica del deporte en los municipios. Con este fin, el Gobierno nacional, a través del Fondo de inversión social y de los programas de la Red de Solidaridad Social, cofinanciará la rehabilitación, construcción y dotación de las áreas recreativas y deportivas. Coldeportes brindará la asesoría técnica, desarrollará programas de capacitación técnica e investigación, y propiciará los mecanismos de participación de las comunidades en la gestión local y regional, al procurar que los municipios formulen y ejecuten su propio Plan de Desarrollo acorde con el Plan nacional del sector. Como un instrumento para garantizar la integración y mejorar la equidad, se desarrollará un Sistema de Seguridad Social integral, eficiente, universal y solidario, que incluye la ampliación de la cobertura de servicios de salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención curativa. También se desarrollarán programas de protección social para los grupos más vulnerables, especialmente la infancia, los jóvenes, las mujeres, la tercera edad y los discapacitados. A. Seguridad social en salud La situación de salud de los colombianos se encuentra en una transición caracterizada por un mejoramiento progresivo pero desigual del estado de salud y por la concurrencia de enfermedades transmisibles, crónicas y degenerativas, que afectan con mayor severidad a la población más pobre. Además, el trauma y el homicidio han tomado una inusitada preponderancia en el marco epidemiológico general1 El acceso de la población al sistema de salud es limitado e inequitativo: sólo el 20% está cubierta por el régimen contributivo; 42% de la población no cubierta se encuentra en situación de pobreza.

El 20% de la población no logra ser atendida por el sistema, principalmente por razones de costos2 y el 26% de los servicios provistos por el sistema público de salud, en particular los de cirugía, se dirigen a los grupos de mayores ingresos. Las leyes 60 y 100 de 1993 crearon un nuevo marco operativo, financiero e institucional para el sector, al establecer las bases para su organización descentralizada y al crear el sistema general de seguridad social en salud, con el objetivo de pasar del modelo asistencialista al de seguridad social. La nueva organización deberá asegurar la cobertura y protección universal en salud en el año 2.001. Las condiciones de la transición al nuevo sistema exigen una gran transformación de la oferta pública, que representa el 81% del total, así como la expansión de la oferta privada. Las instituciones estatales de salud se caracterizan por una marcada obsolescencia en la gestión y con grandes limitaciones en su capacidad resolutiva. Además, no existe suficiente oferta de personal en ciertas áreas y su distribución favorece más que proporcionalmente a las grandes ciudades;3 las oportunidades para la actualización son limitadas y los incentivos para el mejoramiento son insuficientes. Los objetivos del Plan son: a) mejorar las condiciones de salud de la población; b) ampliar la cobertura de la seguridad social; c) asegurar, durante el período de transición, el acceso de los colombianos a los servicios integrales de salud a través del Sistema General de Seguridad Social; d) promover el desarrollo científico y tecnológico del sector, orientado a mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención en salud, así como al desarrollo de tecnología adecuada; e) crear las condiciones para que la oferta institucional de salud se desarrolle técnica, administrativa y financieramente y se ajuste a las nuevas exigencias; f) avanzar en el manejo descentralizado de los servicios de salud en el marco del sistema de seguridad social; y g) mejorar la calidad de los servicios.

Las acciones para mejorar las condiciones de salud de la población, deberán contribuir a la disminución, en un 20%, de los años de vida saludable perdidos, así como a la reducción de la mortalidad infantil en un 15% y de la tasa actual de mortalidad materna en un 50%. Durante el cuatrienio, se destinarán a programas de salud $12.4 billones, que se financiarán con recursos provenientes de las transferencias a las entidades territoriales, el situado fiscal, el Presupuesto General de la Nación y las cotizaciones al Régimen Contibutivo. El gasto en salud se duplicará entre 1994 y 1998 y representará al final del período un 5,3% del PIB, lo que significa un crecimiento real cercano al 100% (Cuadro 5.2). 1. Acceso universal y equitativo a servicios de salud preventivos y curativos El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a la seguridad social y ofrecerá servicios a toda la población a través del Plan de Atención Básica, (PAB), al garantizar una atención integral de salud, que dará priodidad a la prevención y la promoción de ambientes sanos. El régimen subsidiado requiere, para su pleno funcionamiento, la conformación de Empresas Promotoras de Salud, (EPS) que administren los recursos destinados a subsidiar la afiliación de la población pobre. Mientras se conforman estas empresas, las direcciones seccionales de salud desempeñarán esta función y contratarán con las instituciones de salud públicas y privadas la prestación de los servicios del Plan obligatorio de salud, (POS) y las intervenciones complementarias que se contemplen en los convenios con las entidades hospitalarias. Para 1998 el Régimen Subsidiado deberá haber afiliado como mínimo a doce millones de pobres.

Tendrán acceso al sistema, en condiciones equitativas, los grupos de población más pobre y vulnerable y, entre ellos, especialmente las mujeres jefes de hogar, las madres comunitarias, las madres gestantes y lactantes y los niños, así como los discapacitados, los beneficiarios del programa de auxilios para ancianos indigentes, las comunidades indígenas y los habitantes pobres de las zonas rurales. Para impulsar el acceso al sistema se promoverán formas alternativas de asociación de usuarios. Durante el período de transición se garantizará la prestación de los servicios no asegurados a la población de bajos ingresos y se sustituirán gradualmente los subsidios a la oferta por los subsidios a la demanda. A través del Programa de Atención Materno-infantil, (PAMI) de la Red de Solidaridad Social, se brindarán servicios de salud y complemento nutricional a 400.000 madres gestantes y lactantes y a sus hijos menores de un año. Este programa y otras acciones del sector reducirán el número de niños nacidos sin atención. El régimen contributivo, por su dinámica y por la cobertura familiar, aumentará en por lo menos 20% el número de cotizantes, y su población beneficiaria pasará de 7.5 millones a 15 millones de personas. Este desarrollo requiere la conformación de EPS, el fortalecimiento de las instituciones estatales que hacen parte del sistema y la organización y ampliación de la oferta de Instituciones prestadoras de servicios de salud, (IPS). El Gobierno nacional brindará apoyo técnico para la conformación de EPS públicas territoriales y el Instituto de los Seguros Sociales, como principal EPS pública del régimen contributivo, hará los ajustes necesarios para atender eficientemente a sus afiliados y beneficiarios a través de la red propia y contratada de prestación de servicios de salud.

La creación de IPS privadas, particularmente del primer nivel, se promoverá a través de la línea de crédito IPS del IFI, que funcionará por el sistema de redescuento o banca de segundo piso, en modalidad subsidiada y no subsidiada, al dar prioridad a aquéllas que se conformen a partir de la asociación de profesionales de la salud. Adicionalmente, el Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades territoriales y las EPS, diseñará y pondrá en marcha el (PAB), que contempla acciones dirigidas a la prevención de enfermedades transmisibles y perinatales, al control de enfermedades crónicas y a la prevención del trauma. Especial atención se dará a las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y al SIDA. Estas acciones se apoyarán, además, con recursos que las EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantía destinen a estas actividades. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales, así como las distintas instituciones del sistema de seguridad social participarán activamente en las campañas preventivas contra la violencia y los accidentes.

2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios Con este programa se busca mejorar la capacidad resolutiva de las instituciones públicas de salud y ponerlas en condiciones de competir con las IPS privadas en el sistema de seguridad social. El Ministerio de Salud, en coordinación con las Direcciones Seccionales de Salud, elaborará durante 1995 el catastro de los hospitales públicos del país y el mapa sanitario, instrumentos que permitirán orientar las inversiones según las principales necesidades en infraestructura y dotación, así como la organización y funcionamiento de las redes de servicios. En la financiación de este programa concurrirán recursos nacionales de cofinanciación y recursos de las transferencias de inversión social. Durante el período de transición también se dará prioridad al mejoramiento de la gestión de la totalidad de las IPS públicas en todos los niveles de atención y a su transformación en Empresas Sociales del Estado, mediante la implantación en cada una de ellas de sistemas que permitan la utilización eficiente de los presupuestos asignados y de los recursos que obtengan por la contratación de servicios. Complementaria, el Gobierno Nacional establecerá los estímulos e incentivos que permitan atraer y retener personal profesional en los niveles prioritarios de atención y en las zonas apartadas y mejorar su desempeño. Las IPS públicas, transformadas en empresas sociales del estado, aplicarán los incentivos al desempeño de su personal, con cargo a los recursos obtenidos por la venta de servicios. Conjuntamente con instituciones especializadas, se pondrá en marcha un Plan Nacional de Educación y Evaluación Continua. Con el fin de impulsar la transformación de los hospitales públicos en empresas sociales del estado, el Gobierno dispondrá de los mecanismos y recursos necesarios para sanear el pasivo prestacional del personal vinculado.

3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector Este programa se orientará hacia el fortalecimiento de la capacidad de las entidades territoriales para manejar los recursos y desempeñar adecuadamente las competencias que la ley les asigna, con énfasis en la administración del Sistema de Seguridad Social. Particular atención se dará a las acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las instituciones del Sistema. Al finalizar el período la totalidad de los departamentos y distritos, así como el 80% de los municipios, habrán obtenido la certificación para el manejo autónomo de los recursos del situado fiscal. De la misma manera, la totalidad de las instituciones hospitalarias públicas se habrán constituido como empresas sociales del Estado. El Ministerio de Salud implantará un modelo integral de evaluación, que permita establecer el grado de avance de la descentralización y la capacidad técnico-administrativa de las empresas sociales del Estado. De la misma manera, se pondrá en marcha un sistema que permita el monitoreo de los avances de la reforma a la Seguridad Social en Salud, el seguimiento financiero de la subcuenta de compensación, el valor de la Unidad de Pago por Capitación, (UPC), el contenido del plan obligatorio, entre otros, con el fin de identificar las dificultades e introducir los correctivos necesarios de manera oportuna. 4. Garantía de calidad de los servicios La calidad de los servicios de salud se promoverá a través de la puesta en marcha de instrumentos de análisis del estado sanitario y evaluación de la prestación de los servicios, así como de mecanismos que contribuyan a la mejor formación de los recursos humanos y a elevar la capacidad de innovación e investigación del sector.

Cada una de las instituciones del sistema deberá contar con comités internos de garantía de calidad como herramienta fundamental para su continuo mejoramiento, así como con sistemas permanentes de capacitación de su personal, encaminado a fomentar una cultura de la calidad basada en el compromiso de todos los actores con el mejoramiento continuo de los servicios a las personas. También se implantará un sistema de acreditación para las IPS del Sistema de Seguridad Social. El control de calidad de los medicamentos será parte fundamental del sistema de garantía de calidad y corresponderá su aplicación al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, (Invima). Por su parte, el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, (Icontec) establecerán normas de calidad para los equipos e instrumentos médico-quirúrgicos que se utilicen en el país. La Superintendencia Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de Calidad y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para las instituciones de Sistema Social: Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios. Para esto diseñará y aplicará los mecanismos de vigilancia y control que garanticen la financiación y la correcta aplicación de los recursos del sistema, así como la calidad de la prestación de los servicios. Con base en indicadores de control de gestión, calidad de los servicios y satisfacción del usuario, establecerá controles objetivos que aseguren la calidad de la atención. El Ministerio de Salud desarrollará un modelo mínimo de auditoría médica cuyo objetivo sea la evaluación sistemática y objetiva de la atención clínica y los protocolos mínimos o guías de atención integral, que hagan posible el análisis del cumplimiento de los procedimientos normatizados. El Gobierno Nacional conformará una Misión para la evaluación del estado de la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre el perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país. Esta Misión formulará recomendaciones que sirvan como base para las modificaciones curriculares, así como de los requerimientos para la acreditación de los distintos programas.

De la misma manera, el Ministerio de Salud diseñará y difundirá instrumentos que permitan una mejor selección de los profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de servicios, así como su permanente evaluación y la formulación de planes de mejoramiento de los recursos humanos. 5. Ciencia y tecnología para la salud Conjuntamente con el sistema nacional de ciencia y tecnología, el Ministerio de Salud promoverá y apoyará la investigación básica y aplicada en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud, el desarrollo de la tecnología adecuada para el sector y su articulación con los avances y aplicaciones del conocimiento a nivel internacional. De igual manera, se desarrollarán programas de investigación y recopilación de la medicina tradicional. A través del Sistema de Ciencia y Tecnología y con el apoyo del Ministerio de Salud, se incentivará con becas y créditos educativos a profesionales sobresalientes en el campo de la investigación básica y aplicada en el sector de la salud. El Icetex apoyará la formación de posgrado en el país y en el exterior mediante créditos condonables. B. Programas para la niñez El bienestar de la niñez constituye una de las metas fundamentales del desarrollo nacional. La Carta Política reconoce los derechos de los niños y establece que éstos prevalecen sobre los derechos de los demás; sin embargo, aún miles de ellos carecen de las oportunidades para hacerlos efectivos: no disponen del conjunto de bienes y garantías fundamentales que son necesarios para vivir dignamente, están marginados de los procesos de participación social y no cuentan con referentes sociales e institucionales que los desafíen a utilizar su creatividad en proyectos colectivos que beneficien a la sociedad.

Teniendo en cuenta que los niños y niñas de hoy serán los ciudadanos colombianos del mañana y que en ellos se fundamenta el verdadero cambio de la sociedad, el Gobierno nacional se propone crear una cultura en favor de la niñez que, reconociendo las diferencias y la diversidad de la población más joven, comprometa a las instituciones y a los diferentes sectores de la sociedad con su supervivencia, desarrollo, protección y participación, para satisfacer sus necesidades humanas básicas, lograr su desarrollo armónico e integral y aprovechar al máximo su potencial. Este objetivo se logrará a través de: a) movilización en torno a la niñez; b) programas de protección, desarrollo y bienestar; c) programas especiales para menores en situación irregular; y d) desarrollo institucional. El conjunto de acciones para la niñez durante el cuatrienio, tiene un costo total de $2 billones de (Cuadro 5.3).

1. Movilización en torno a la niñez El Gobierno Nacional y las administraciones territoriales promoverán la creación de una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños, al generar actitudes y comportamientos de respeto, igualdad y equidad de género, valoración y protección de los menores en la familia y la comunidad, dando especial importancia a la participación de los niños y jóvenes como actores del desarrollo social. A través de los medios masivos y alternativos de comunicación se informará y motivará a la ciudadanía para que se comprometa con el mejoramiento de los procesos de socialización y con el logro de niveles de bienestar más elevados para la niñez, a la vez que prevenga la existencia de menores en situación irregular. Se convocará la participación de la comunidad, en especial de los padres de familia, para el ejercicio de la veeduría ciudadana como control de la gestión pública en favor de la infancia. El Gobierno también promoverá el desarrollo del conocimiento científico y colectivo sobre la niñez, a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Mejorará los registros institucionales, con especial atención en las estadísticas de nacimientos, los registros de morbimortalidad infantil, la información sobre el acceso y permanencia en el sistema educativo, y la información relacionada con los derechos cívicos de los niños y niñas. Incluirá, además, módulos sobre el tema en las encuestas socio-económicas y a través de las entidades del Sistema de Bienestar Familiar, impulsará la realización de estudios sobre los niños en situación irregular, así como la identificación de modelos para su óptima intervención.

2. Protección, desarrollo y bienestar de la niñez El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregará complemento nutricional a mujeres gestantes y lactantes, y a sus hijos entre los 6 y 24 meses. Se fortalecerán las acciones de educación en salud orientadas a disminuir la morbimortalidad materna, perinatal e infantil, regular la fecundidad, prevenir el embarazo precoz e impulsar la lactancia materna y la participación del padre en la crianza. Estas acciones cubrirán a 630.000 personas y se complementarán con las del Programa de Atención Materno Infantil, PAMI. Para mejorar la calidad de la atención en los Hogares Comunitarios de Bienestar, que atienden 890.000 niños, se aumentará, como parte de los programas de la Red de Solidaridad Social, la ración alimenticia hasta satisfacer, en los próximos cuatro años, el 100% de sus necesidades nutricionales. Las instituciones de salud y el ICBF evaluarán periódicamente el estado de salud de los niños, así como su crecimiento y desarrollo, remitiéndolos en caso necesario a las entidades competentes. Con el sector educativo se adelantarán acciones para estimular el desarrollo psicoafectivo y social de los menores, al vincular estudiantes de carreras relacionadas con el desarrollo infantil y vigías de la salud de los colegios. Para mejorar las condiciones sanitarias y evitar el hacinamiento en los Hogares Comunitarios, se adecuará la infraestructura física de 2.844 Hogares Comunitarios múltiples, que funcionarán en instalaciones comunitarias, preferencialmente con parques o espacios libres para la recreación de los niños. Adicionalmente, a 140.000 niños en edad preescolar del área rural, no atendidos en Hogares Comunitarios, se les brindará un subsidio alimentario. El estado nutricional de un millón de escolares se intervendrá suministrando un refrigerio reforzado, como complemento alimentario que aporte el 20% de sus requerimientos nutricionales. 3.

Programas especiales para menores en situación irregular El ICBF, el Ministerio de Salud y las demás instituciones responsables de la prevención y protección de menores maltratados o abusados sexualmente, que ascienden en la actualidad a cerca de 850.000, integrarán una red de servicios con el fin de identificarlos y darles atención oportuna. El ICBF ampliará sus servicios de recepción de menores en emergencia, conformará equipos interdisciplinarios de apoyo para los Defensores de familia e impulsará a los municipios para la creación y fortalecimiento de las Comisarías de familia. Para desestimular el trabajo de 500.000 menores de catorce años, el sector educativo promoverá su escolarización; esta acción se reforzará con el otorgamiento de subsidios a mujeres jefes de hogar con hijos en la educación básica. El Ministerio de Trabajo y el ICBF efectuarán una búsqueda activa de menores que realizan trabajos de alto riesgo, y vigilarán el cumplimiento de la legislación; con los entes territoriales, impulsarán planes alternativos para modificar su actividad laboral. El ICBF atenderá integralmente a 15.000 menores de la calle, al fortalecer los programas de medio abierto y medio institucional, promocionar la adopción y crianza en hogares sustitutos, e impulsar su reinserción al medio familiar y comunitario. Para la rehabilitación de 14.500 jóvenes infractores, el ICBF coordinará la realización de acciones educativas, de capacitación laboral y de seguimiento, y promoverá la cofinanciación para cubrir temporalmente los gastos de los jóvenes recién rehabilitados que no tengan recursos para vivir autónomamente. El Ministerio de Justicia reforzará los equipos interdisciplinarios de los despachos judiciales, impulsará la atención judicial permanente al menor infractor, notificará su detención a la Defensoría del Pueblo y evitará su institucionalización innecesaria.