Sentencia T-201 de 2024

T-201-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-201/24 VENDEDOR INFORMAL-Protección especial de las personas que se dedican a las ventas ambulantes debido a su situación de vulnerabilidad/VENDEDOR AMBULANTE-Reubicación en un lugar donde pueda seguir ejerciendo su actividad productiva (...) el hecho de no haberse contemplado una medida de reubicación a favor de la actoras por el hecho de no darse por acreditada la aplicación del principio de confianza legítima sí comportó una vulneración de los derechos al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo y a la protección a las personas víctimas del conflicto armado y madres cabeza de familia con hijos menores a cargo invocados por la tutelantes, máxime si se considera que sus grupos familiares están integrados por menores de edad que dependen económicamente de las accionantes, quienes aseguraron que sus ingresos tienen origen en la venta de comidas. PROCESOS POLICIVOS-Proceso verbal abreviado ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE VENDEDORES INFORMALES-Procedencia excepcional VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos de especial protección constitucional AUTORIDADES PUBLICAS-Deber de velar por el respeto y protección de la integridad del espacio público POLITICAS PUBLICAS DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO-Deben respetar derecho al trabajo, confianza legítima y mínimo vital de vendedores informales PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA EN MATERIA DE ESPACIO PUBLICO-Alcance RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO OCUPADO POR VENDEDORES INFORMALES-Elementos para la aplicación del principio de confianza legítima y buena fe (i) Que exista una necesidad perentoria de preservar el interés público. (ii) Que el vendedor informal haya desplegado su conducta conforme al principio de buena fe. Ello implica que haya ejercido la actividad con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar el espacio público ocupado y que esta ocupación haya sido consentida por las autoridades correspondientes... (iii) Que la desestabilización que se producirá sea cierta, razonable y evidente en la relación entre la Administración y el particular. (iv) Que se constate la obligación de adoptar medidas transitorias para que el particular pueda acomodarse a la situación creada por el cambio intempestivo de la administración, lo cual se relaciona con la implementación de políticas dirigidas a otorgar alternativas económicas que garanticen la subsistencia de los afectados. RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Administración está obligada a diseñar e implementar políticas tendientes a contrarrestar efectos negativos y presentar alternativas a vendedores informales ORDENES DE POLICIA EN APLICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS-Deben respetar principios de confianza legítima, legalidad y debido proceso de ocupantes del espacio público/ESPACIO PUBLICO-Criterios de validez en medidas correctivas sobre el uso (...) las actuaciones administrativas destinadas a proteger la integridad del espacio público no solo deben ser proferidas atendiendo los parámetros que rigen la aplicación del principio de confianza legítima, sino también a los principios de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad; respetando las garantías del debido proceso. Por lo tanto, la recuperación del espacio público debe armonizarse con la protección de los derechos fundamentales de los vendedores informales que puedan verse comprometidos con el actuar de la administración... cuando se apliquen medidas correctivas a los ocupantes del espacio público, las autoridades están llamadas a considerar el estado de vulnerabilidad en que se encuentran quienes, ante la precariedad, han tenido que desempeñarse en el campo de las ventas informales. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-201 DE 2024 Referencia: Expediente T-9.887.819 Acción de tutela interpuesta por Ana Isabel Barboza Martínez, Ana Karina Sotelo Barboza y Genesis Ineth Sotelo Barboza contra la Alcaldía Municipal de Corozal (Sucre). Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger -quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Natalia Ángel Cabo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de la decisión judicial proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Corozal (Sucre), el ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023) la cual no fue objeto de impugnación[1], en el marco del proceso de tutela promovido por las señoras Ana Isabel Barboza Martínez, Ana Karina Sotelo Barboza y Genesis Ineth Sotelo Barboza contra la Alcaldía Municipal de Corozal (Sucre) y la Inspección de Policía del mismo municipio [2]. Síntesis de la decisión La Sala conoció de la acción de tutela promovida por la señora Ana Isabel Barboza Martínez y sus hijas contra la Alcaldía Municipal de Corozal (Sucre) y la Inspección de Policía del mismo municipio por la presunta vulneración al principio de confianza legítima y a sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna, a la dignidad humana, al trabajo, entre otros. Lo anterior por cuanto, en el marco de un proceso policivo de carácter administrativo adelantado en su contra, las accionadas les ordenaron retirar un “caney de arquitectura vernácula” de su propiedad que, durante varios años, han utilizado para la venta de alimentos cocidos, actividad económica de la cual se deriva su sustento y el de sus menores hijos. Las actoras soportaron su reclamo, principalmente, en el hecho de que la franja de terreno donde se encuentra el referido “caney” la han ocupado de manera ininterrumpida por un periodo de, aproximadamente, diez años. Así, consideraron que comoquiera que la administración municipal toleró por varios años su comportamiento, correspondía ordenar su reubicación a fin de preservar sus ingresos como trabajadoras en ventas informales. La tutelada explicó que el hecho de que las demandantes hayan desarrollado de forma discontinua su actividad comercial en el terreno donde se ubica el “caney” dio lugar al rompimiento del comentado principio. Con todo, enfatizó que la administración adoptó medidas en el marco de la proporcionalidad y la razonabilidad. Todas ellas, orientadas a que estas puedan realizar el tránsito correspondiente a la formalidad de su actividad económica. El juez que conoció en primera instancia del presente trámite tutelar declaró la improcedencia del amparo por no encontrar satisfecho el requisito de subsidiariedad. De manera preliminar, la Sala precisó que en el presente asunto la actuación que adelantó la Inspección de Policía accionada fue de naturaleza administrativa. Seguidamente, se adelantó el correspondiente estudio de procedibilidad de la acción de tutela, encontrando satisfechos todos los presupuestos. Así, se procedió a plantear el problema jurídico el cual fue resuelto a partir de reiterar la jurisprudencia en materia del deber de protección del espacio público, la protección especial a los vendedores informales y el principio de confianza legítima. Con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, la Sala encontró que en el asunto bajo examen no concurrieron los requisitos para dar aplicación al principio de confianza legítima comoquiera que se constató, entre otras cosas, que la ocupación del espacio público por parte de las actoras no se prolongó en el tiempo, no fue continúa y tampoco se dio de forma permanente. Con todo, la Sala estimó que había lugar a proteger los demás derechos invocados por las tutelantes emitiendo una orden concreta de reubicación laboral. Ello en aras de garantizar que las mujeres cuenten con un sustento económico para atender sus necesidades y las de sus hijos menores. La Sala revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo a los derechos invocados, excluyéndose la confianza legitima. Le ordenó a las accionadas adelantar un proceso de concertación inmediato con las accionantes dirigido a brindarles una alternativa de reubicación a corto plazo que no exceda los (3) meses. Así mismo, se dispuso que las actoras podrán, mientras la referida orden de reubicación se materializa, continuar vendiendo sus alimentos en el “caney” -comoquiera que este aún no ha sido retirado- única y exclusivamente, bajo la estricta observancia de protocolos mínimos de sanidad e higiene que deberá impartir la Alcaldía de Corozal en colaboración con la Secretaría de Salud del mismo municipio. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Uno de 2024[3] de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Así, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. De los hechos y las pretensiones[4] La señora Ana Isabel Barboza Martínez y sus hijas, Ana Karina Sotelo Barboza y Genesis Ineth Sotelo Barboza, actuando en nombre propio, instauraron acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Corozal (Sucre) y la Inspección de Policía del mismo municipio por la presunta vulneración al principio de confianza legítima y a sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna, a la dignidad humana, al trabajo y “a la protección a las personas víctimas del conflicto armado y madres cabeza de familia con hijos menores a cargo”[5]. Lo anterior por cuanto las accionadas, en el marco de un proceso policivo, declararon que las actoras incurrieron en “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”[6] y, en consecuencia, les ordenaron retirar el “caney de arquitectura vernácula” (en adelante el “caney”[7] que durante varios años han utilizado para “el expendio de alimentos cocidos”[8], actividad económica de la cual se deriva su sustento y el de sus familias. Del escrito de tutela y los elementos de juicio que obran en el expediente, la solicitud de amparo se sustenta en los siguientes hechos: 1.1 Las accionantes, con menores de edad a cargo[9] y vinculadas con estado “activo” en el Registro Único de Víctimas (RUV)[10] indicaron que “desde hace unos diez años” han ocupado un terreno localizado en la margen izquierda de la vía que del corregimiento de Cantagallo (Sucre) comunica con el corregimiento de Don Alonso (Sucre). Allí, explicaron, instalaron “un caney de arquitectura propia”[11] con el objeto de ser utilizado para “el expendio de alimentos cocidos”[12]. Al respecto, puntualizaron que dicha actividad comercial es el sustento de sus diferentes grupos familiares, los cuales están integrados por ellas y sus menores hijos. 1.2 Bajo ese contexto, señalaron las peticionarias que el día 20 de septiembre de 2022 recibieron la visita de varios funcionarios adscritos a la Alcaldía de Corozal, entre ellos, la Inspectora de Policía del mismo Municipio quien les informó acerca de la necesidad de llevar a cabo una inspección ocular del caney[13]. Ello, indicó la funcionaria, en razón de una querella policiva de carácter administrativa presentada en contra de la señora Ana Isabel Barboza Martínez[14] por la presunta comisión de la conducta relacionada con “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público” contemplada en el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia’ (en adelante CNPC)”[15]. Respecto de esta diligencia conviene precisar que la misma estuvo precedida de la correspondiente admisión de la querella administrativa, la cual tuvo lugar mediante auto del 30 de agosto de 2022[16] donde se dispuso tramitar en primera instancia el proceso verbal abreviado[17]; exclusivamente,[18] por la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia descrito en el precitado artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, concretamente, por la presunta materialización de las conductas descritas en los numerales 4 y 6 que, respectivamente, prevén lo siguiente: “4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes[19]” y “6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”[20]. 1.3 Para efectos de llevar a cabo la aludida diligencia, la Inspección de Policía de Corozal contó con el apoyo de un servidor público técnico quien con posterioridad a la visita rindió un informe especializado en materia de “urbanismo y espacio público”. Así mismo, se destaca que a la inspección ocular concurrió el Comandante de Estación de Policía y la Personería Municipal de Corozal para que, en el marco de sus funciones, brindaran el acompañamiento en todas las actuaciones que se surtieran dentro de la diligencia. 1.4 Como hallazgos a destacar, posteriores a la inspección ocular, cabe hacer mención a los siguientes: (i) La Oficina De Víctimas y la de Planeación Municipal, así como la Secretaría de Planeación Municipal certificaron que las presuntas infractoras no cuentan con “registro de reporte o expedición de permisos para la intervención y ocupación del espacio público”[21]. (ii) Por su parte, la Oficina de Enlace Municipal de Atención a Víctimas confirmó que las presuntas infractoras se encuentran registradas, incluidas, vinculadas y activas dentro del Registro Único De Víctimas. (iii) A su turno, los técnicos[22] que comparecieron a la diligencia remitieron un informe donde señalaron que, según las coordenadas geométricas del lugar que dio inicio a la queja, el kiosco que las ahora accionantes utilizan para servicio de restaurante; “se encuentra ocupando un área de la faja de la vía de tercer orden que circunda en el corregimiento de Cantagallo”. Así mismo, explicaron, entre otras cosas, que: “se encontró un kiosko que es una construcción ligera, hecha en madera, caña y cubierta (techo) de palma, completamente descubierta en sus laterales, en suelo natural; en ella se encuentra una actividad comercial que es de servicio de alimentos”[23]. 1.5 Relataron las accionantes que dentro de las diferentes actuaciones que se llevaron a cabo por parte de las accionadas se dispuso un espacio para que ellas pudieran presentar sus argumentos, conforme se establece en el artículo 233 de la Ley 1801 de 2016[24]. Sobre el particular aseguraron que, en consecuencia, indicaron ante las autoridades competentes que: “desde hace [d]iez años, realiza[ron] la construcción del mencionado [k]isoco; señalando que en ese sitio h[an] desarrollado [sus] actividades comerciales”. Resaltaron que: “(…) en algunas ocasiones, debido a algunas circunstancias, tales como bajas ventas y otros, [se] [han] ausentado para trabajar en sitios diferentes a la jurisdicción de[l] Municipio (…)”. En ese orden, precisaron que su actividad comercial se había ejecutado por un espacio de seis años, en el sitio que cuya utilización fue objeto de queja. Sin embargo, hicieron hincapié en el hecho de que la ocupación de la franja de terreno sí se había mantenido por diez años. Respecto de lo anterior conviene anotar que en el curso de la audiencia de conciliación, pruebas y argumentos que se llevó a cabo en el marco del trámite policivo que se adelantó en contra de las tutelantes, la Inspección de Policía accionada decretó de oficio la declaración de las partes donde se interrogó a cada una de las actoras. De dicha actuación y para lo que resulta particularmente relevante a la presente causa cabe hacer mención a los siguientes aspectos: (i) En cuanto a la declaración de la señora Ana Isabel Barboza[25]: Aseguró que su ocupación es “temporal”, pues “iba y venía”[26], se “iba para Bogotá y regresaba”[27]. No obstante, sostuvo que cada vez que regresa al municipio el caney es su lugar de trabajo, pues allí vende “almuerzos y comida”[28]. Aseveró que la ocupación del predio ha sido “discontinua”[29], explicando que se ha ausentado hasta periodos de cuatro años en total, de manera intermitente. Así, precisó que comoquiera que “va y viene”[30] es posible sostener que ha ocupado efectivamente el terreno por seis años. Sobre el particular, afirmó que la nueva ocupación tuvo lugar el 10 de agosto de 2022 y la interrupción se presentó en diciembre de 2021 momento en el que el quejoso le indicó que no podía permanecer allí. Resaltó que todo el año 2021 trabajó de forma ininterrumpida. Finalmente, puso de presente que cuenta con una propiedad en el corregimiento de Cantagallo, en los siguientes términos: “yo en sí tengo mi casa, mi pareja compró una casa que era de unos venezolanos. Las otras que colindan son de mis hijas y unos familiares”[31]. (ii) En cuanto a la declaración de la señora Ana Karina Sotelo Barboza[32]: Relató que vivía en Coveñas (Sucre) pero que cuando regresaba le colaboraba a su madre. Señaló que, en el año 2018, tras dar por terminada su relación sentimental, comenzó a trabajar con su progenitora en el lugar de la ocupación por un periodo de tres meses, pues, luego se fue para Bogotá. Seguidamente, aseguró que fue a partir de febrero de 2020 que empezó a “trabajar de lleno”[33] en el negocio, hasta el mes de noviembre de dicha anualidad. No obstante, sostuvo que, posteriormente, tuvo que ausentarse en razón de su embarazo, retomando las actividades en agosto de 2022. (iii) En cuanto a la declaración de la señora Genesis Ineth Sotelo Barboza[34]: Señaló que trabajó inicialmente con su madre por un año (2018-2019). Aseveró que retomó nuevamente desde agosto de 2022, cuando la señora Ana Isabel llegó de Bogotá. 1.6 En razón de lo anterior, el día 27 de enero de 2023, mediante Acta 002 con referencia de “audiencia de decisión”[35], la Alcaldía de Corozal, actuando a través de la Inspección de Policía del mismo municipio, emitió decisión de fondo dentro del proceso administrativo de policía que se adelantó en contra de las accionantes[36]. Así, la tutelada encontró configurada la conducta de: “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público” contemplada en el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, específicamente, aquellos contenidos en los numerales 4 y 6 de dicha disposición normativa (ver Supra 1.2). En consecuencia, ordenó[37]: “retirar el CANEY DE ARQUITECTURA VERNACULAR A DOS AGUAS […] a tal punto de despejar totalmente el área de 59 METROS CUADRADOS, AREA OCUPADA CONTIGUA A LA PROPIEDAD DE LA SRA. QUEJOSA Y SOBRE FRANJA DE ZONA VERDE DE VIA […] para tales efectos se les dará a las posibles infractoras un término de 20 días, contados a partir del día siguiente”. De igual manera se dispuso que no se aplicarían “medidas correctivas de multas generales”[38] y se ofició a la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social para que informara si las accionantes se encontraban incluidas en proyectos de generación de ingresos, aprovechamiento productivo o fortalecimiento del emprendimiento. De no ser así, se ordenó la inclusión de las mismas, previendo para ellas un asesoramiento prioritario, en punto a los lineamientos preestablecidos para cada proyecto. 1.7 Ahora bien, respecto de la manera como se dio por culminada “la audiencia de decisión” es preciso indicar que una vez emitidas las órdenes, la inspectora de policía le puso de presente a las partes que en contra de dicha decisión procedían los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. Precisando que los mismos se solicitarían, se concederían y se sustanciarían en la misma audiencia. Así, conforme figura en el acta de la audiencia, para ese momento se le concedió el uso de la palabra a la Personera “para que en un lenguaje sencillo y adecuado” les explicara a las ahora accionantes “de qué se trataban” dichos recursos. No obstante lo anterior, las partes optaron por no interponerlos, quedando en firme la decisión. 1.8 Para efectos de sustentar la anterior decisión, la inspectora de policía encargada del trámite argumentó, entre otras cosas[39], que para el caso de las infractoras no era posible aplicar el principio de la confianza legítima en tanto la ocupación del espacio público donde desarrollan su actividad económica no se había prolongado en el tiempo. Explicó que el “vaivén”[40] y la discontinuidad en el ejercicio de su ocupación dio lugar a que se fragmentara el aludido principio. Ello, aunado a que el quejoso ya les había hecho un requerimiento orientado a advertirles la necesidad de dejar de ocupar el terreno. Encontró, además, que la actividad desarrollada por las infractoras es “compleja”[41] y, por lo tanto, requiere del cumplimiento de un cúmulo de requisitos legales y de seguridad so pena de afectar el derecho a gozar de un ambiente sano dada la exposición al humo, producto de los fogones de leña empleados para la cocción de alimentos, hecho que, adicionalmente, incrementa el riesgo de quemaduras e incendios forestales[42]. Agregó que dicha actividad involucra la preparación de alimentos y, por lo tanto, está llamada a contar con el concepto sanitario propio de los restaurantes, cafeterías o empresas del sector gastronómico, pues dichos alimentos son para el consumo humano y, en consecuencia, su manipulación debe darse en escenarios propicios para el efecto. Por otro lado, explicó que el hecho de que las infractoras reconocieran que tienen propiedades dentro del corregimiento da lugar a considerar que estas se encuentran en la posibilidad de ejercer la actividad económica “en otros espacios de propiedad privada y en mejores condiciones de los hallazgos encontrados”[43]. Con todo, conviene anotar que la decisión adoptada fue clara en reconocer la condición de vulnerabilidad de las ahora accionantes por el hecho de ser víctimas del desplazamiento forzado y vendedoras informales. De allí que, conforme quedó referenciado previamente, estas fueran excluidas de algún tipo de medida correctiva. Adicionalmente, se advierte que se puso de presente la necesidad de brindarle a las infractoras las herramientas necesarias para fortalecer la actividad económica que desarrollan, a partir de su inclusión en los diferentes proyectos productivos o de fortalecimiento al emprendimiento. 1.9 Las accionantes indicaron que no comparten la argumentación presentada por la demandada para sustentar su decisión, en tanto “dejo de lado el hecho que la ocupación de la franja de terreno se ha mantenido por espacio· de unos [d]iez años (…)”[44], considerando que, por lo tanto, dicha ocupación sí había sido tolerada por la administración por ese periodo de tiempo. Así, aseguraron encontrarse amparadas en unas “(…)expectativas validas que [se] había [n] hecho, con base en acciones y omisiones estatales prolongadas en el tiempo; siendo que, muy a pesar de que [la]actividad comercial ha sufrido algunas interrupciones, la construcción vernácula ha permanecido, de manera perenne, por espacio de [d]iez años, en ese lugar, sin que la Administración Central de[l] Municipio, [les] hubiese comunicado acerca del estorbo que hoy, según lo expuesto por la inspectora de policía, representa una molestia”[45]. 1.10 Seguidamente, explicaron las tutelantes que: “(…) la construcción típica de [la] región, se encuentra levantada en vía terciaria; siendo que en la Carretera Troncal de Occidente que atraviesa la geografía de [la] cabecera municipal (…) es una vía primaria, con alta capacidad, que permite el flujo de tránsito vehicular, existe evidente invasión de espacio público, sin que la Administración Central de[l]Municipio, hubiese adelantado cualquier tipo de accionar, a fin (sic) de realizar correcciones (…)”[46]. Puntualizaron que su construcción guarda, incluso, identidad con otras que se encuentran “al lado y lado de la carretera troncal de occidente”[47] por lo cual aseveraron que “la nefasta medida asumida”[48] por las accionadas está dirigida al “favorecimiento de un tercero”[49]. 1.11 Bajo esa línea, las actoras indicaron que la decisión adoptada en el marco del proceso policivo de carácter administrativo llegó a una “conclusión errada”. Añadieron que pese a que la inspectora de policía adoptó medidas tendientes a que estas fueran incluidas en los proyectos de generación de ingresos, aprovechamiento productivo o fortalecimiento del emprendimiento del municipio, lo cierto es que “transcurridos más de [c]inco meses después del origen de la decisión en comento, no [han] obtenido pronunciamiento alguno, al respecto, por parte de la oficina de la Secretaría Administrativa y de Gobierno”[50] situación que, en consecuencia, las ubica en un estado de indefensión manifiesto, particularmente, si se toma en consideración que son madres solteras, cabeza de familia, con hijos menores a cargo. 1.12 Bajo ese contexto, las tutelantes insistieron en que, para su caso particular, opera el principio de confianza legítima en tanto se encuentra demostrado que la ocupación de la franja de terreno data de manera ininterrumpida por un periodo de, aproximadamente, diez años. Así, con fundamento en la jurisprudencia de este Tribunal, señalaron que le asiste a la Alcaldía del Municipio de Corozal la obligación legal de ordenar su reubicación a fin de preservar sus ingresos como trabajadoras en ventas informales mientras se surte la transición a la formalidad o se aplican los mecanismos de protección social que les permitan suplir sus necesidades esenciales. 1.13 Finalmente, las actoras reconocieron que, en efecto, por su parte sí existe una ocupación del espacio público, sin embargo es deber de la Administración Municipal “enderezar sus actos” brindándoles alternativas económicas y sociales que garanticen sus derechos invocados. Resaltaron que se encuentran “dispuestas a abandonar o desocupar la franja de terreno ocupada” todo esto, sujeto a que la Administración Central del municipio les respete sus garantías pues, consideraron que no pueden ser desalojadas de “manera abrupta” comoquiera que, reiteraron, su conducta “fue tolerada en el tiempo por acción u omisión de las autoridades policivas o administrativas”. Con fundamento en lo anterior, las accionantes solicitaron la protección de los derechos que fueron reseñados en la parte inicial de este acápite, sin poner de manifiesto, en el título de las pretensiones, el proferimiento de alguna orden en particular. 2. Trámite surtido en primera instancia 2.1 Mediante auto del 25 de julio de 2023 [51], el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Corozal (Sucre) admitió la acción de tutela de la referencia y corrió traslado a las accionadas para que rindieran un informe en relación con los hechos que dieron origen a la acción de tutela. 2.1.1 Contestación de la parte accionada[52] Mediante escrito allegado el 27 de julio de 2023, la Alcaldía Municipal de Corozal, actuando a través de la inspectora de policía del mismo municipio quien, además, estuvo encargada de atender y tomar la decisión en el marco de la querella presentada en contra de las accionantes, se pronunció sobre los hechos en los que se enmarca el presente trámite tutelar y remitió toda la documentación necesaria para soportar los fundamentos de su contestación. Empezó por realizar un recuento fáctico de los antecedentes que la llevaron a encontrar que las tutelantes incurrieron en la conducta de “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”. Al respecto, enfatizó que en el trámite administrativo adelantado en contra de la señora Barboza Martínez y sus hijas se garantizó el debido proceso, aplicando los principios de proporcionalidad y razonabilidad en tanto, a pesar de encontrarlas infractoras, se les excluyó de la imposición de una medida correctiva como hubiese podido ser una multa. Con todo, indicó que para el caso concreto no era posible aplicar el principio de la confianza legítima máxime cuando el mismo, de acuerdo con la propia jurisprudencia constitucional en la materia, “no es un derecho absoluto y por tanto su ponderación debe efectuarse bajo el criterio de la proporcionalidad”[53]. Así las cosas, precisó que una vez valorados todos los elementos de juicio que fueron allegados al proceso se pudo establecer que las actoras no habían prolongado su actividad comercial en el tiempo. Ello, afirmó, dio lugar a que no se encontrara configurada la materialización del principio de confianza legítima que ahora pretenden reclamar. Sobre el particular, señaló que dicho principio debe concebirse como una expectativa y no como derecho adquirido, por tanto, el hecho de que las demandantes se hayan establecido de forma discontinua en el terreno ocupado redujo sus expectativas para ser titulares del comentado principio. Añadió que, incluso, las actoras tienen a su disposición espacios más apropiados para dar continuidad a sus actividades económicas como, por ejemplo, hacer uso de su propiedad privada, siendo esto una alternativa no solo para legalizar su situación, sino también, para prolongar su actividad comercial desde la cobertura y la orientación de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social del municipio. Argumentó que en el marco del Estado Social de Derecho “se debe propender por una sociedad más organizada donde la protección efectiva a integridad urbanística sea una consigna”[54], resaltando que las decisiones adoptadas por la administración se orientaron a garantizar los principios legales y jurisprudenciales y los derechos fundamentales de las partes. Bajo esa óptica, destacó que a la fecha no ha vulnerado los derechos invocados por las tutelantes, pues “en ninguna medida se les [ha] ordenado la interrupción de su actividad como fuente de sustento para su familia”[55], por el contrario, se les brindaron alternativas para legalizar su situación. En todo caso, explicó que en el presente asunto “se demostró plenamente el vaivén, la inestabilidad, y la inconstancia”[56] en la ocupación del espacio público aspecto que fue determinante para que no se adoptara una decisión dirigida a la reubicación y/o a fijar periodos de transición, evitando cambios abruptos en la situación de las infractoras. Así, aseguró que: “(…) la decisión adoptada no carece de fundamento jurídico- racional, y no ha sido una decisión caprichosa, arbitraria e infundada, ha sido producto de un ejercicio hermenéutico muy cuidadoso de no lesionar derechos fundamentales y principios, con un estudio integral de todas las circunstancias que rodean el caso”[57]. Incluso, puso de presente que a las tutelantes se les otorgó “un tiempo razonable para cumplir el fallo el cual fue de veinte (20) días posteriores a la notificación de la decisión”[58]. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones y realizó un llamado al juez constitucional en punto a valorar la procedencia de la acción de tutela, pues recordó que las actoras no hicieron uso de los recursos previstos por la ley para controvertir la decisión adoptada por la administración. De allí que no puedan acudir al amparo constitucional para reabrir una oportunidad procesal precluida o revivir un proceso que ha concluido. 3. Pruebas relevantes que obran en el expediente[59] - Copia de las cédulas de ciudadanía de las accionantes junto con los registros civiles de los sus hijos menores de edad. - Copia del Acta 002 con referencia de “audiencia de decisión” a través de la cual se declararon infractoras a las accionantes por la conducta de “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público” contemplada en el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, específicamente, aquellos contenidos en los numerales 4 y 6 de dicha disposición normativa. - Registros fotográficos del caney donde las accionantes desempeñan su actividad de venta de comida. - Solicitud de cumplimiento del fallo policivo por medio del cual se le solicitó a las accionantes atender a la orden proferida por parte de la inspectora de policía. 4. Decisión judicial objeto de revisión 4.1 Sentencia de primera instancia[60] Mediante providencia del 8 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Corozal (Sucre) resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela. Argumentó que en el presente asunto no se satisface el requisito de subsidiariedad en tanto este tipo de controversias deben ventilarse directamente ante las autoridades administrativas correspondientes. Además, precisó que en el curso del proceso policivo adelantado en contra de las actoras se emitieron actuaciones que eran objeto de recursos, sin que se evidenciara que estas hubieran hecho uso de los mismos en los momentos procesales previstos para el efecto. Aseguró que a pesar de que las accionantes manifestaron ser sujetos de especial protección por el hecho de ser víctimas del conflicto armado, tal situación no fue probada dentro del expediente. Con todo, destacó que el proceso que adelantó la Alcaldía de Corozal a través de la Inspección de Policía se llevó a cabo garantizando los derechos de las tutelantes previendo, incluso, la presencia de la Personería Municipal en todo momento. Finalmente, el juez recordó que las autoridades accionadas no determinaron la imposición de algún tipo de multa sobre las accionantes y, por el contrario, encaminaron su decisión a que, a través la Secretaria de Gobierno e Inclusión Social, se adelantara “un proceso más ameno y que mermara lo menos posible el cambio de lugar o reubicación del mismo, pero se nota que por distintos motivos no se pudo lograr, por lo tanto se otorgó a las accionantes un plazo de 20 días a fin de que se reubicaran en una zona privada y poder así seguir ejerciendo su labor sin inconvenientes”. Esta decisión no fue objeto de impugnación. 5. Información allegada en sede de revisión Aun cuando la magistrada sustanciadora encontró que para el presente asunto no se estimaba necesario ordenar un decreto probatorio, mediante oficio del 11 de abril de 2024, la Alcaldía Municipal de Corozal, actuando a través de la misma inspectora de policía que conoció de la querella de policía que se promovió en contra de las actoras, precisó ante la Corte los siguientes puntos: Explicó que la queja tramitada mediante el proceso verbal abreviado por la Inspección de Policía de Corozal – Sucre, en el cual figuran como infractoras las señoras Ana Isabel Barboza Martínez, Ana Katherine Sotelo Barboza y Génesis Sotelo Barboza (ahora tutelantes) fue de naturaleza eminentemente administrativa y se adelantó “única y exclusivamente por un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público”. Añadió que: “a la fecha no se ha materializado la decisión adoptada dentro del proceso referenciado”. Finalmente, resaltó que la Inspección de Policía de Corozal “se encuentra en proceso de ofrecer acompañamiento” a las accionantes “(…) para lograr la continuidad de su actividad económica con el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Al respecto, indicó que: “(…) se ha oficiado a la Personería Municipal en virtud de surtir asistencia jurídica a las accionantes, del mismo modo se ofició a la Secretaría Administrativa de Gobierno e inclusión Social para lograr la inclusión en proyectos de generación de ingresos, aprovechamiento productivo o fortalecimiento del emprendimiento, teniendo en cuenta los lineamientos preestablecidos para cada proyecto, además de prestarle asesoramiento prioritario respecto a los mismo”. Lo anterior, aseguró, “en aras de lograr hacer tránsito a la formalidad de la actividad comercial realizada por las accionantes”. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia 1.1 De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en virtud de la selección y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de esta Corporación, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. 2. Cuestión previa - naturaleza jurídica de la función ejercida por la Inspección de Policía de Corozal y de sus decisiones - delimitación de las pretensiones de las accionantes. Conforme quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia, la Inspección de Policía de Corozal tramitó un proceso verbal abreviado[61] en contra de las accionantes. En dicho proceso, tal y como se precisó (ver Supra 1,2 de los antecedentes), la inspectora de policía atendió la queja presentada única y exclusivamente por la comisión de “un comportamiento contrario a la convivencia” descrito en el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, concretamente, por la presunta materialización de las conductas previstas en los numerales 4 y 6 que, respectivamente, prevén lo siguiente: “4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes” y “6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”[62]. Aunado a lo anterior, conviene anotar que la misma inspectora de policía que conoció del aludido proceso, en oficio remitido al despacho de la magistrada ponente, precisó que su actuación fue de “(…) de naturaleza eminentemente administrativa; dado que se adelantó única y exclusivamente por un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio”. Bajo ese contexto, para la Sala es claro que el procedimiento de policía dentro del cual se emitió la orden de “retirar el caney” de propiedad de las actoras y que dio lugar a la interposición de la acción de tutela que es objeto de revisión se dio en el marco de una función policial administrativa de control de comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. En consecuencia, de dicha decisión surgió el proferimiento de un acto de carácter administrativo. Lo anterior adquiere particular relevancia en el estudio del presente asunto, pues, según la jurisprudencia constitucional en la materia, solo en los procesos policivos que tienen como finalidad amparar la posesión, la tenencia o la servidumbre, las autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales y, en esa medida, las decisiones que dictan son actos de esta naturaleza, excluidos del control por parte del juez administrativo que resuelven conflictos inter-partes[63]. Así las cosas, mediante el Acta 002 con referencia de “audiencia de decisión” del 27 de enero de 2023, la Alcaldía de Corozal, actuando a través de la Inspección de Policía del mismo municipio, emitió una decisión de fondo dentro del proceso administrativo policivo que se adelantó en contra de las accionantes donde se limitó, como ya se anotó, a determinar si las ahora tutelantes habían incurrido en la conducta de: “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público” contemplada en el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, específicamente los supuestos que prevé dicha disposición normativa en sus numerales 4 y 6. Así, se concluyó que el comportamiento de las querelladas sí se enmarcaba dentro de la precitada conducta y, por lo tanto, mediante acto administrativo impuso las medidas correctivas a las que había lugar, descartándose con ello que su proferimiento tiene la naturaleza de una providencia judicial. Ahora bien, sobre la base de lo anterior, se estima relevante delimitar en este punto el alcance de las pretensiones en el caso sub examine. Nótese que de la literalidad de las pretensiones del escrito tutelar no se lee con claridad una intención de las actoras más allá de solicitar y de forma genérica la garantía de los derechos que estiman lesionados, particularmente, del principio de confianza legítima; es decir, no plantearon ante el juez de tutela la necesidad de emitir una orden concreta que atienda a la protección de sus garantías fundamentales. No obstante, de la revisión integral de la misma demanda es posible extraer o identificar de forma implícita el objeto que persiguen las tutelantes a través de esta acción constitucional. Obsérvese que aun cuando las actoras reconocen estar ocupando un espacio público y no contar con las licencias y/o permisos para desarrollar su actividad económica, reprochan abiertamente la decisión adoptada por la administración, considerando que esta debió darse en otros términos o a través de medidas correctivas de distinto orden[64]. Concretamente, aseveraron las tutelantes lo siguiente: “(…) nos encontramos dispuestas a abandonar o desocupar la franja de terreno ocupada; todo, sujeto a que la Administración Central de este Municipio, nos garantice el cumplimiento de los mencionados derechos; sobre todo si se tiene en cuenta que no podemos ser desalojadas de manera abrupta, por cuanto nuestra conducta fue tolerada, en el tiempo, por acción u omisión de las autoridades policivas o administrativas”. En esa medida, la Sala encuentra que a pesar de que las tutelantes, en procura de una medida de protección, no precisaron su interés en dejar sin efectos las ordenes emitidas por la autoridad de policía, sí estructuraron la afectación de sus derechos fundamentales a partir de no compartir las órdenes proferida por dicha autoridad, pues estimaron que para su caso particular y en aplicación del principio de confianza legítima le correspondía a la administración municipal o a sus diferentes entes “reubicar[las] o brindar[les] alternativas económicas y sociales”[65] que atendieran a sus necesidades y a las de sus familias. En suma, concluye la Sala que en el caso sub examine las actoras sí pretenden, al menos parcialmente, la modificación de las medidas correctivas que fueron adoptadas a través del Acta 002 con referencia “audiencia de decisión” del 27 de enero de 2023, donde se les reconoció como infractoras por la comisión de “un comportamiento contrario a la convivencia”; decisión que, como se explicó en precedencia, tiene la naturaleza administrativa. 3. Examen de procedibilidad de la acción de tutela De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. La verificación en el cumplimiento de estos requisitos supone una condición para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo. De allí que, de manera preliminar, le corresponda a la Sala constatar la configuración de tales presupuestos para, posteriormente y si hay lugar a ello, plantear el problema jurídico y exponer las consideraciones que contribuyan a la solución de la presente causa. 3.1. De la legitimación en la causa y la inmediatez 3.1.1. Sobre la legitimación de las partes Legitimación en la causa por activa[66]: la Sala constata que las señoras Ana Isabel Barboza Martínez, Ana Karina Sotelo Barboza y Genesis Ineth Sotelo Barboza - quienes actuaron en nombre propio - se encuentran legitimadas para interponer la presente acción de tutela toda vez que se reconocen como titulares de los derechos fundamentales que presuntamente les han sido vulnerados por las accionadas, como resultado de haberles ordenado el retiro de un “caney” de su propiedad que se encuentra ubicado en un espacio público donde desarrollan la actividad comercial – venta de alimentos cocidos- que sirve de sustento económico para ellas y sus respectivos grupos familiares. Legitimación en la causa por pasiva[67]: El artículo 86 superior dispone que la acción de tutela procede frente a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, cuando la transgresión de los mismos proviene de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares siempre que se cumplan las condiciones previstas en la ley. Dicho mandato guarda correspondencia con lo previsto en los artículos 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991. A la luz de lo anterior se tiene que en el extremo pasivo del asunto de la referencia se encuentra, de conformidad con la literalidad del escrito de tutela, la Alcaldía Municipal de Corozal. Sin embargo, tanto en el auto admisorio como la sentencia proferida en primera instancia se refirieron al Municipio de Corozal – Inspección de Policía de Corozal como los sujetos demandados. Ello guarda correspondencia, incluso, con el hecho de que todas las actuaciones desplegadas por el extremo pasivo en el marco del presente trámite de tutela fueron llevadas a cabo por la misma inspectora de policía del referido municipio que, a su vez, conoció de la querella policiva de carácter administrativa que dio lugar a proferir la orden que las actoras estiman lesiva de sus derechos fundamentales. Así las cosas, constató la Sala que, en efecto, las actuaciones administrativas que cuestionan las tutelantes fueron llevadas a cabo por la Alcaldía de Corozal que, según se evidenció, delegó en el marco de sus funciones a la Inspección de Policía del mismo municipio, la labor de atender la queja que se presentó en contra de las accionantes por la ocupación del espacio público. Al respecto, se puntualiza que todos los oficios remitidos en el curso del trámite tutelar por parte de la inspectora de policía provienen de un formato propio del “MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL”. De allí que se entienda que la Alcaldía actuó a través de la Inspección de Policía del comentado municipio para atender la querella promovida contra las tutelantes. Esto, además, guarda armonía con la estructura organizacional que se prevé para la Alcaldía de Corozal donde se puedo constatar que el despacho del alcalde está integrado por varias secretarías, entre ellas, la denominada “Administrativa de Gobierno e Inclusión Social” que, a su vez, está conformada, entre otras, por la Inspección de Policía [68]. La anterior interpretación encuentra, además, sustento en el numeral 13 artículo 205 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) el cual establece que dentro de las atribuciones del Alcalde le corresponde al mismo “Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación de este Código”. A su vez, el parágrafo 1° del artículo 206 de la aludida disposición normativa prevé que los inspectores de policía en cualquiera de sus categorías (rurales, urbanos y corregidores) “(…) deberán realizar las diligencias jurisdiccionales o administrativas por comisión de los jueces o subcomisión de los alcaldes (…)”. Asimismo, el parágrafo 2° del artículo en comento contempla que “cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio”. La anterior precisión es pertinente en el estudio del presente presupuesto en tanto le permite a la Sala a considerar que la Alcaldía de Corozal, junto con sus diferentes secretarias y/o dependencias - como en este caso lo sería la Inspección de Policía del municipio- representada por el inspector de policía pueden fungir como sujetos demandables dentro del proceso de amparo de la referencia toda vez que se trata de personas jurídicas de carácter público que, en ejercicio de sus funciones, podrían tener la entidad suficiente para desconocer los derechos invocados por las accionantes. Motivo que da lugar a encontrar superado el presupuesto de la legitimación en la causa por pasiva. 3.1.2 Sobre la inmediatez[69] La Sala constata que la solicitud de tutela que se revisa fue presentada en un término razonable y proporcionado desde el hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales que se reclaman. Nótese que, según se desprende del material probatorio que obra en el expediente, la orden de retirar el “caney” de propiedad de las actoras data del 27 de enero de 2023, constatándose, según el escrito de tutela y el mismo auto admisorio, que las demandantes acudieron al recurso de amparo el 24 de julio de 2023. Así, trascurrieron solo 6 meses desde el hecho presuntamente generador de la afectación de los derechos de las accionantes y la interposición de la presente acción constitucional. 3.2 De la subsidiariedad En plena correspondencia con los artículos 86 de la Constitución, 6.1 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de este Tribunal, la acción de tutela es un mecanismo judicial de defensa de los derechos fundamentales de carácter subsidiario. Esto implica que es improcedente ante la existencia de un medio de defensa judicial principal idóneo y eficaz, salvo que se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esto es, inminente y grave, y que, por tanto, requiera la adopción de medidas urgentes e impostergables[70]. Con todo, la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara en establecer que la idoneidad y eficacia de los medios de defensa judicial que tenga al alcance el interesado “no pueden darse por sentadas ni ser descartadas de manera general sin consideración a las circunstancias particulares del caso sometido a conocimiento del juez”[71]. Es decir, le corresponde al operador judicial valorar las particularidades de cada caso en concreto para poder determinar si los recursos o acciones previstas por la ley resultan idóneos y eficaces para alcanzar determinadas pretensiones. Entre las circunstancias que el juez debe tomar en consideración se destaca la condición de la persona que acude al amparo. Así, ha puntualizado la propia jurisprudencia en la materia que la condición de sujeto de especial protección constitucional y la de debilidad manifiesta de quien promueve la acción de tutela es relevante para analizar si los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y efectivos. Ello no lleva a que el requisito de subsidiariedad se desplace, sino que, por el contrario, indica que su valoración se torna dúctil. En palabras de la Corte: “se hace más flexible para [dicho] sujeto pero más riguroso para el juez”[72]. Ahora bien, para efectos de analizar la subsidiariedad en el caso objeto de revisión cabe precisar que, por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando lo que se pretende es cuestionar actos administrativos de carácter particular y concreto[73]. Lo anterior, debido a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) sería el mecanismo ordinario idóneo y eficaz para controvertir estos actos. Este medio, ha indicado la Corte, sería idóneo porque permite anular el acto administrativo y “reparar el daño”[74] generado por actuaciones administrativas que hubieren vulnerado “un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica”[75]. Así mismo, sería eficaz en abstracto comoquiera que prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares como la suspensión provisional del acto administrativo demandado. No obstante lo anterior, la idoneidad y eficacia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no puede entenderse configurada en todos los eventos y/o aplicarse de manera irrestricta pues, la jurisprudencia constitucional ha aceptado excepcionalmente la procedencia del amparo constitucional si se constata que dicho mecanismo se torna inapropiado para atender las necesidades del caso concreto o se advierte la existencia de un riesgo de un perjuicio irremediable, habida cuenta de que los accionantes son sujetos de especial protección constitucional o se encuentran en una situación de vulnerabilidad[76]. Así, ha establecido este Tribunal que “(…) en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción […] debe ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema”[77]. En tales escenarios, la valoración de la procedibilidad debe ser menos estricta “(…) para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”[78]. Concretamente y para lo que interesa al presente asunto, este Tribunal ha sostenido que procede la acción tutela para salvaguardar, entre otros, los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna de los vendedores informales en casos relacionados con los procesos de recuperación del espacio público y de otros bienes públicos. Ello es así porque en ciertos eventos los mecanismos judiciales ordinarios no prevén una protección real y efectiva de los derechos constitucionales de los vendedores informales. Así, ha considerado esta Corte que “un porcentaje importante de los vendedores informales son personas que se encuentran en circunstancias apremiantes y que derivan su sustento (generalmente en un nivel de vida muy magro) de la actividad comercial que realizan. En esa medida, el sometimiento al tiempo prolongado de un proceso ordinario que eventualmente les permita asegurar el goce efectivo de esos derechos tiende a ser, en lugar de una forma de garantía de acceso a la justicia, una manera de prolongar el estado de desprotección de sus derechos constitucionales”[79]. Conforme lo expuesto, la Sala estima que la presente acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad porque a pesar de que el ordenamiento jurídico dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento para cuestionar la decisión administrativa que se profirió en contra de las accionantes, en el marco del proceso verbal abreviado- policivo, dicho mecanismo no resulta eficaz a la luz de las particularidades de este caso concreto, especialmente, si se considera que las actoras son sujetos de especial protección constitucional. Nótese que, conforme las pruebas allegadas al expediente, las tutelantes se encuentran registradas, incluidas, vinculadas y activas dentro del Registro Único de Víctimas (RUV), así lo certificó la Oficina de Enlace Municipal de Atención a Víctimas en el curso de la querella policiva (ver Supra 1.4 de los antecedentes). Esta condición fue, igualmente, convalidada por la misma inspectora de policía que, en el marco de su decisión, señaló lo siguiente: “(…) efectivamente las presuntas infractoras ostentan la calidad de víctimas del desplazamiento forzado y reconoce a las presuntas infractoras como personas en estado de vulnerabilidad por su condición de vendedoras informales (…)”[80]. Agregó que: “ (…) el despacho reconoce a las presuntas infractoras como SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (…)”[81]. Aunado a lo anterior, las accionantes aseguraron que su sustento económico y el de sus familias es producto de la actividad comercial que desarrollan en el “caney”, afirmación que, en todo caso, no fue controvertida en el trámite tutelar por ninguna de las partes y que, por lo tanto, debe presumirse como cierta y, en consecuencia, lleva a la Sala a considerar que las decisiones que la administración haya tomado en relación con el uso y la ocupación de dicha estructura podrían tener la potencialidad de afectar , entre otros, sus derechos al mínimo vital, a la dignidad humana y al trabajo. Además, no puede pasar por alto la Sala el hecho de que las actoras pusieron de manifiesto que de su actividad comercial “se deriva el sustento congruo para tres familias”[82], todas ellas integradas por menores de edad que se encuentran, según el relato de las actoras, a su cargo en tanto se reconocen como “madres solteras – cabeza de familia”[83]. Ahora bien, la Sala puntualiza que una vez consultada la base de datos del Registro Único de Afiliados (RUAF) se pudo establecer que solo una de las accionantes figura activa en el régimen contributivo en calidad de beneficiario, mientras que las otras se encuentran activas en el régimen subsidiado como beneficiarias y madres cabeza de familia. Esta circunstancia da lugar a considerar que, en principio, las accionantes no se encuentran vinculadas en un empleo formal y que, por lo tanto, de la venta de alimentos que llevan a cabo en el “caney” deviene su sustento económico y el de sus hijos. Así, la calidad de sujetos de especial protección también encuentra sustento en la vulnerabilidad económica propia de quienes se identifican como vendedores informales, como es el caso de las actoras. Al respecto, esta Corporación en sentencia T-244 de 2012 estableció que: “la venta informal es una forma de precariedad laboral que pone al individuo en situación de vulnerabilidad, ya que se trata de trabajos mal remunerados, inexistencia de estabilidad laboral, falta de afiliación al sistema de seguridad social y de salud e ingresos fluctuantes, que en su conjunto limitan la posibilidad de autodeterminación del individuo”. A lo anterior, cabe añadir que revisado el expediente se pudo evidenciar que, puntualmente, la señora Ana Isabel Barboza Martínez fue diagnosticada con anemias hemolíticas autoinmunes, anemias por deficiencia de vitamina B12 y lupus eritematoso sistémico[84]. De allí que también se advierta que, en razón de su condición de salud ésta se encuentra en una situación de vulnerabilidad que la hace titular de una protección especial. Por otro lado, conviene señalar que, en efecto, en la audiencia del 27 de enero de 2023 donde se adoptó la decisión administrativa que cuestionan las actoras se puso de presente que contra la misma procedían los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. No obstante, según quedó consignado en el Acta 002 de la diligencia, las tutelantes pese a haber contado con la explicación del alcance de dichos recursos por parte de la Personera Municipal, optaron por no hacer uso de estos. Este hecho, estima la Sala, no puede analizarse de forma aislada a los elementos en los que se sustenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las accionantes y por lo tanto, no tiene la entidad suficiente para declarar la ausencia del presupuesto de subsidiariedad sobre el argumento de que las peticionarias incurrieron en una falta de diligencia en tanto no agotaron, en tiempo, los otros recursos judiciales que tenían a su alcance para salvaguardar los intereses que ahora reclaman por vía del amparo. Pues, pese a que contaron con el aparente direccionamiento de un agente del Ministerio Público, de ello no deviene necesariamente que estas hayan estado en la capacidad de comprender las implicaciones procesales que tenía el hecho de no interponer los recursos de cara a la afectación de sus garantías fundamentales. Respecto de lo anterior cabe agregar que las actoras aseguraron que “pertenecen al cabildo indígena de Cantagallo”[85], calidad que si bien no fue probada tampoco fue desvirtuada en el curso del proceso y que, por lo tanto, también podr...