Sentencia C-332 de 2023

C-332-23 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-332/23 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Se desconoce al excluir cargas industriales como parte del patrimonio cultural sumergido (...) la Corte verificó que las cargas industriales son materiales u objetos derivados de transformaciones industriales de materias primas que se asocian a la categoría del patrimonio industrial, que si bien se distinguen de las cargas comerciales que corresponden a materiales en estado bruto y de los bienes muebles seriados con valor de cambio o fiscal, podrían ser relevantes en el estudio de la memoria e historia, particularmente, de los procesos de producción industrial, comercial y económicos. De ahí que, concluye que admitir una limitación general del patrimonio cultural -como la que contiene el artículo 3 de la Ley 1675 de 2013-, transgrede el mandato de protección constitucional del artículo 72 de la Constitución. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Alcance de la libertad de configuración legislativa (...) la jurisprudencia ha sido enfática en la libertad de configuración normativa para que el Legislador regule cómo el Estado va a concretar esta obligación de preservación y conservación de la cultura, dentro de la cual puede, si así lo considera, determinar reglas para guiar la identificación de los bienes materiales o inmateriales que estarán cobijados por el patrimonio cultural de la Nación. No obstante, tal como lo destacó la Corte en la Sentencia C-264 de 2014, el Congreso excede su facultad de configuración cuando excluye por derecho unos bienes que, dependiendo de un contexto específico, podrían tener una relevancia histórica, cultural y arqueológica. CONSEJO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-Finalidad (...) es relevante que las cargas industriales puedan ser analizadas en el contexto de ambiente, entorno, estructura en los que se encuentren sumergidas, de manera que sea el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, con los elementos técnicos y a partir de los criterios legales, el que determine la utilidad cultural, científica o antropológico de un objeto derivado de transformaciones industriales UNIDAD NORMATIVA-Causales de procedencia de integración oficiosa PROPOSICION JURIDICA COMPLETA-Integración CULTURA EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Protección y fomento CONSTITUCION CULTURAL-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA CULTURA-Reconocimiento constitucional, internacional y legal/DERECHO A LA CULTURA-Goza de especial protección por parte del Estado (...) la cultura es un pilar fundamental de la Constitución Política de 1991, la cual tiene una protección específica en distintas disposiciones superiores, de la cual se derivan obligaciones en cabeza del Estado para promoverla, garantizarla y preservar sus manifestaciones en todas sus formas. De igual manera, ese deber se materializa en la protección de las riquezas culturales, y el patrimonio cultural de la Nación. Una de las formas de manifestación de la cultura que fue expresamente protegida por la Constitución Política fue el patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Constitución, el cual debe ser leído en consonancia con los artículos 7, 8, 63, 70 y 333 Superiores. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Contenido y alcance/PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Importancia PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Protección PATRIMONIO ARQUEOLOGICO-Concepto (...) el patrimonio arqueológico corresponde a bienes culturales materiales que se protegen en el marco de lo que corresponde al ámbito de la obligación en cabeza del Estado de preservar el patrimonio cultural de la Nación (artículo 72 Superior). En otras palabras, el patrimonio arqueológico es uno de los tipos de bienes culturales que se conservan y preservan del patrimonio cultural de la Nación como el género. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION Y BIENES DE INTERES CULTURAL-Pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, entidades públicas o a personas naturales o jurídicas de derecho privado PATRIMONIO SUMERGIDO-Importancia/PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Contenido y alcance (...) el patrimonio cultural sumergido o subacuático es una manifestación de la cultura que tiene como finalidad garantizar la preservación y conservación de rastros de la existencia humana que tengan una relevancia cultural, histórica o arqueológica que hayan estado parcial o totalmente sumergidos por al menos 100 años después de ocurrido el naufragio. Este concepto resulta especialmente protegido por los mandatos constitucionales, y su regulación fue prevista por el Legislador en la Ley 1675 de 2013. A partir de la definición del artículo 2 y de los criterios consagrados en el artículo 3 de dicha ley, es el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el llamado a resolver qué bienes serán cobijados por la protección especial. De acuerdo con la Corte Constitucional, una exclusión de iure por parte del Legislador es contraria a la promoción y protección del derecho de acceso a la cultura de todas las personas en virtud de lo previsto en los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución. PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Libertad de configuración legislativa para su promoción y protección (...) la libertad de configuración normativa sí cobija la posibilidad de delimitar criterios a partir de los cuales, en un estudio de contexto y con los elementos técnicos necesarios, la autoridad correspondiente pueda señalar si un bien u objeto debe ser protegido por resultar relevante para la cultura, la historia, la ciencia o, en general, para la memoria colectiva. BIENES DE INTERES CULTURAL-Son de propiedad de la Nación y tienen carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION Y BIENES DE INTERES CULTURAL-Distinción CARGAS INDUSTRIALES-Concepto REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-332 DE 2023 Expediente: D-15.144 Acción pública de inconstitucionalidad en contra del numeral tercero del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, “por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido” Demandante: Carlos Fernando Gómez Riaño Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1. El 30 de enero de 2023, el ciudadano Carlos Fernando Gómez Riaño[1] presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral tercero del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, “por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”.[2] A. La norma demandada 2. A continuación, se transcribe la norma demandada de la Ley 1675 y se resalta el aparte demandado: “Ley 1675 de 2013 (julio 30)[3] Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63,70 y 72 de la Constitución Política en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”. El Congreso de Colombia, Decreta CAPÍTULO I Definiciones (…) Artículo 3°. Criterios aplicables al Patrimonio Cultural Sumergido. Para efectos de la presente ley, se aplicarán los siguientes criterios: Representatividad: Cualidad de un bien o conjunto de bienes, por la que resultan significativos para el conocimiento y valoración de particulares trayectorias y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial. Singularidad: Cualidad de un bien o conjunto de bienes, que los hace únicos o escasos en relación con los demás bienes conocidos, relacionados con las particulares trayectorias y prácticas socioculturales, de las cuales dichos bienes son representativos. Repetición: Cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual resultan similares, dadas sus características, su condición seriada y por tener valor de cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas en bruto. Estado de conservación: Grado de integridad de las condiciones físicas de los materiales, formas y contenidos originales que caracterizan a un bien o conjunto de bienes muebles e inmuebles, incluidos los contextos espaciales en los que se encuentran. Importancia científica y cultural: Potencial que ofrece un bien, o conjunto de bienes muebles o inmuebles, de aportar al mejor conocimiento histórico, científico y cultural de particulares trayectorias y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial. De acuerdo con los anteriores criterios y lo establecido en el artículo 2° no se considerarán Patrimonio Cultural Sumergido: 1. Numeral declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2014. Las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. 2. Numeral declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2014. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes. 3. Las cargas industriales.” B. La demanda 3. El actor afirmó que señalar que las cargas industriales no se puedan considerar patrimonio cultural sumergido vulnera el artículo 72 de la Constitución, por cuanto produce un ámbito de desprotección del patrimonio cultural de la Nación, además de que considera que no existe ninguna razón válida que faculte al Legislador para excluir dicho supuesto en el marco de su configuración normativa, por lo cual solicita que se declare la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013. Para sustentar esta conclusión, la demanda expone los siguientes argumentos. 4. Con fundamento en algunas consideraciones de derecho internacional, el demandante afirmó que el concepto de patrimonio cultural es amplio y cobija distintas expresiones, dentro de las cuales se inserta el sumergido. Expuso que el patrimonio cultural sumergido hace parte de un género más amplio, esto es, el patrimonio arqueológico, que, a su turno, pertenece a la categoría del patrimonio cultural de la Nación. 5. Bajo este contexto, explicó que la disposición demandada desconoce la obligación de proteger el patrimonio arqueológico y, de contera, se traduce en un desconocimiento del patrimonio cultural, así como de los criterios que deben ser tenidos en cuenta por el Ministerio de Cultura para que, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, determine los bienes que integran el patrimonio cultural sumergido. Advirtió que estas fueron las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2014, mediante la cual declaró inexequibles los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013 que relacionaban bienes que de iure no se consideraban como patrimonio cultural sumergido. 6. En esta línea, frente a la causal demandada, expresó que a pesar de que no existe una definición legal del concepto “cargas industriales”, con base en su determinación lexicográfica se las puede definir como “el conjunto de bienes, propios de las operaciones de transformación de la materia prima, que son transportadas de manera conjunta por cualquier clase de vehículo”. Esto quiere decir -en criterio de la demanda-, que la norma excluye de la noción de patrimonio cultural sumergido a bienes como “vajillas (verbigracia ánforas y botijas), armamentos, bienes extraídos de metales y, prima facie, cualquier materia prima transformada en bienes manufacturados de consumo, propios del sector secundario de la economía, destinados para el comercio que, en el momento del naufragio, estuvieran siendo transportadas por algún medio acuático.” Agregó que, en virtud de la generalidad de este concepto, su determinación como integrante del patrimonio cultural sumergido no puede analizarse a priori, sino a partir del contexto propio de cada naufragio. 7. Por ende, una exclusión como la propuesta por la norma acusada implica una afectación desproporcionada, puesto que la consecuencia jurídica de esa previsión es que la carga industrial queda gobernada por las reglas propias del derecho privado, las cuales permiten la apropiación de los bienes por particulares, inclusive mediante su ocupación en los términos de la legislación civil. En términos de la demanda “no se puede excluir las cargas industriales de la composición de una masa de bienes que constituye el patrimonio cultural sumergido, sin antes tener en cuenta la relación de estas cargas con los demás bienes encontrados. Resulta un sinsentido excluir las cargas industriales de los naufragios, cuando estas hacen parte esencial de los pecios sumergidos, pues gracias a las cargas industriales podemos, entre otras, ubicar el sumergimiento del pecio en una determinada época cultural e histórica.” 8. Con base en la jurisprudencia constitucional, el actor indica que si bien el Legislador tiene un amplio margen de configuración normativa para regular este tipo de bienes, las limitaciones que se introduzcan al concepto de patrimonio cultural sumergido deben ser razonables y proporcionales. Ello quiere decir que deben responder a un propósito admisible desde la perspectiva constitucional, y “evitar que, con sus restricciones, se desdibuje la naturaleza propia del patrimonio cultural”.[4] A juicio del demandante, esto ha sido señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-102 de 1994, C-191 de 1998, C-474 de 2003, C-668 de 2005, C-264 de 2014, C-553 de 2014 y C-557 de 2014. 9. De ahí que, alega, la norma demandada genera una exclusión injustificada a la obligación del Estado de proteger de manera amplia la cultura y el patrimonio cultural y, dentro de ese concepto, las cargas industriales que por su interés arqueológico puedan válidamente ser incluidas, por las autoridades competentes, como parte del patrimonio cultural sumergido, a través de los criterios previstos en el mismo artículo objeto de demanda. C. Trámite procesal 10. En cumplimiento del reparto efectuado por la Sala Plena en sesión del 9 de febrero de 2023, se remitió el expediente al despacho correspondiente y, este, mediante Auto del 22 de febrero de 2023, admitió la demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013. 11. A su vez, en el Auto del 22 de febrero de 2023 se resolvió: (i) fijar en lista el asunto por el término de diez días para que cualquier ciudadano interviniera por escrito para defender o cuestionar la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991; (ii) comunicar el inicio del proceso a la Presidencia del Senado de la República, a la Presidencia de la Cámara de Representantes, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Cultura, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que, si lo consideraban oportuno, presentaran por escrito las razones que justifican la constitucionalidad de las normas demandadas, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución y el 11 del Decreto 2067 de 1991; (iii) correr traslado a la Señora Procuradora General de la Nación para que rindiera su concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991; y, finalmente, (iv) en virtud del artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, invitar a las siguientes entidades, organizaciones y expertos para que, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación, rindieran su concepto sobre temas relevantes para la elaboración del proyecto de fallo, y manifestaran expresamente si se encontraban incursos en un conflicto de intereses: “Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a la Dirección General Marítima, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las Facultades de Derecho de las Universidades de Los Andes, de Antioquia, de Caldas, del Cauca, EAFIT, Externado de Colombia, Javeriana, Libre, Nacional, de Nariño, del Norte, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda.”[5] D. Intervenciones y conceptos en el trámite de constitucionalidad 12. De conformidad con lo previsto en los artículos 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991 y durante los términos fijados en el auto admisorio de la demanda, se recibieron tanto intervenciones oficiales como ciudadanas y conceptos de entidades invitadas. En los siguientes cuadros se enuncia cada una, para luego resumir su contenido. Intervinientes oficiales Solicitud Ministerio de Relaciones Exteriores Sin solicitud específica Ministerio de Cultura Inexequible Ministerio de Defensa Extemporánea Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Inexequible Intervinientes ciudadanos Solicitud David Augusto Peña Pinzón, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Inexequible Entidades, organizaciones y expertos invitados Instituto Colombiano de Antropología e Historia Dirección General Marítima Intervenciones oficiales 13. Ministerio de Relaciones Exteriores. En comunicación del 15 de marzo de 2023, el señor Jorge Enrique Barrios Suárez, actuando como apoderado del Ministerio, no se pronunció para defender o no la constitucionalidad de la norma, sino que realizó consideraciones generales sobre la problemática que debe resolver la Corte en esta oportunidad. 14. Al respecto, advirtió que: (i) no existe una “definición única y universalmente aceptada de lo que constituye patrimonio sumergido”, sino que es un asunto que corresponde a la “jurisdicción doméstica del Estado”;[6] (ii) no se pueden hacer exigibles como parte del parámetro de constitucionalidad los tratados que no hayan sido ratificados por Colombia; (iii) Colombia no es parte de dos instrumentos citados por la demanda como lo son la Convención de Derecho del Mar y la Convención de Patrimonio Subacuático de 2001; y (iv) en los tratados ratificados por Colombia no obra ninguna prohibición que permita concluir, en los términos en que lo propone el accionante, que la exclusión de las cargas industriales desconoce el parámetro constitucional. Finalmente, advirtió que para adoptar la decisión que corresponda es necesario “atender las consideraciones desde el punto de vista técnico de las entidades rectoras del ‘Sector Cultura’, es decir, el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con el fin de que estos definan o no la exclusión de cargas industriales del patrimonio cultural sumergido.”[7] 15. Ministerio de Cultura. En correo electrónico del 21 de marzo de 2023, Mauricio Herrera Bermúdez, actuando como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) del Ministerio de Cultura, solicitó a la Corte que declare inexequible la norma cuestionada. 16. Para justificar esta solicitud, reiteró la definición del Patrimonio Cultural Sumergido prevista en el artículo 2 de la Ley 1675 de 2013 y lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2014. Con esto, recordó que en esta última providencia se determinó que, en sus palabras, “el Legislador no debe excluir objetos o elementos que se encuentren sumergidos, dado que quien esta (sic) envestido (sic) de esa facultad para determinar si estos se encuentran o no dentro de lo que se puede determinar como Patrimonio Cultural Sumergido”[8] es el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 17. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En correo electrónico del 21 de marzo de 2023, el señor Cesar Augusto Méndez Becerra, actuando en calidad de Director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó razones para justificar que el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013 debe ser declarado inexequible. 18. Para sostener lo anterior, recordó que los artículos 63 y 72 de la Constitución protegen los bienes del patrimonio arqueológico y otros bienes culturales de la Nación, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y los cuales tienen una especial garantía por cuanto la ley puede establecer mecanismos para readquirirlos cuando estén en manos de particulares. Tanto así, que el artículo 333 Superior establece la posibilidad de restringir la libertad económica “cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” Señaló que este mandato constitucional está reglamentado en la Ley 397 de 1997, modificada por las Leyes 1185 de 2008 y 1955 de 2019, así como en lo atinente al Patrimonio Cultural Sumergido se expidió la Ley 1675 de 2013. 19. Sobre el Patrimonio Cultural Sumergido indicó que hace parte del Patrimonio Arqueológico y es propiedad de la Nación, y su definición aparece en el artículo 2 de la Ley 1675 de 2013. Advirtió que en la Sentencia C-553 de 2014, la Corte Constitucional se pronunció sobre una problemática relativa a si el Legislador tenía la libertad para establecer los bienes que hacen parte o no del Patrimonio Arqueológico o Cultural de la Nación, en concreto, si la determinación del concepto de patrimonio sumergido se refiere a aquellos bienes producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido 100 años a partir de la ocurrencia del hecho. Al respecto, citó el aparte de la Sentencia C-553 de 2014 en el que la Corte advirtió que esa delimitación correspondía con un ejercicio razonable de la libertad de configuración del legislador. 20. También recalcó que en la Sentencia C-264 de 2014, la Corte examinó los criterios que permiten determinar los bienes que pueden ser excluidos del Patrimonio Cultural Sumergido, y consideró que, si bien es posible adoptar tal determinación, debe ser el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el que realice la correspondiente valoración de los bienes. A esto agregó que “no cualquier hundimiento puede ser considerado automáticamente como Patrimonio Cultural Sumergido y por ello la H. Corporación encontró ajustado a la constitución el artículo 2° de la Ley 1675 de 2013, en el cual se limita el concepto de Patrimonio Cultural Sumergido a aquellos bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho.” [9] 21. Con fundamento en lo anterior, recalcó las restricciones de la libertad de configuración normativa del legislador en la protección del Patrimonio Cultural Sumergido. De ahí que, a su juicio, “el legislador no puede a priori excluir elementos sumergidos del concepto de Patrimonio Cultural Sumergido”, en tanto que no se puede “desconocer la importancia del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural, pues su carácter técnico y el perfil de sus miembros lo convierten en un órgano central en la protección de la riqueza cultural del país.”[10] 22. En cuanto al aparte acusado, la Agencia señala que una “carga industrial” no puede ser “analizada de forma aislada e incomunicada del contexto en el que se encuentre, su evaluación debe ser conjunta y vinculada al ambiente, entorno y estructura en los que se halle sumergida.”[11] Es por esto que esa decisión de si la carga industrial debe ser protegida como patrimonio cultural sumergido corresponde a una valoración técnica por medio del sistema nacional de protección del patrimonio cultural. De lo contrario, se vulneraría el amplio espectro de garantía que la Constitución dispone a favor del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación. Intervenciones ciudadanas 23. David Augusto Peña Pinzón. A través de correo electrónico allegado el 21 de marzo de 2023, David Augusto Peña Pinzón, quien se identificó como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Director del Semillero de Investigación de Derechos Humanos EPOJÉ, considera que la norma demandada debe ser declarada inexequible. 24. Específicamente, indicó que el artículo 72 de la Constitución establece una obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural, arqueológico y otros bienes culturales que tienen o se convierten en identidad nacional. De ahí que el Legislador debe prever las herramientas para materializar ese deber. Esta configuración normativa no incluye la posibilidad de excluir algún tipo de bien que posiblemente pueda ser patrimonio cultural. Al respecto, recordó que la Sentencia C-264 de 2014 declaró inexequibles los numerales 1 y 2 del artículo 3 demandado en esta oportunidad, los cuales, como el numeral 3, excluían bienes de contar con la condición de un bien cultural. Por esto, la Corte debería utilizar también esta regla de decisión para declarar la inexequibilidad de la expresión legal demandada. Conceptos de los invitados y expertos en virtud del artículo 13 del Decreto 2067 de 1991 convocados a través de Auto del 22 de febrero de 2023 25. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En comunicación allegada el 21 de marzo de 2023, la señora Alhena Caicedo Fernández en su calidad de Directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia[12] explicó que la exclusión contenida en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013 desconoce los artículos 63 y 72 de la Constitución Política y, con ello, la obligación de protección del patrimonio arqueológico de la Nación. 26. Señaló que el patrimonio arqueológico “está constituido por vestigios producto de la actividad humana y por restos orgánicos e inorgánicos que, estudiados mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología, permiten reconstruir procesos sociales pasados.”[13] La importancia de los vestigios y contextos arqueológicos radica en la posibilidad de avanzar en el conocimiento científico sobre el pasado y el interés por poner esta información a disposición de diversos públicos. 27. En relación con el contexto colombiano y el objeto de esta demanda relacionado con las cargas industriales como posibles elementos del patrimonio cultural sumergido, explicó que: “Para el caso colombiano existen contextos arqueológicos cuyas evidencias materiales permiten la reconstrucción y estudio de las diversas dimensioneseconómicas (sic), tecnológicas y productivas, asociadas al establecimiento de procesos industriales locales, regionales o mundiales. En el país el estudio de las fábricas de loza o desprocesamiento de algodón y que implicaron el uso de molinos y maquinaria incipiente después de 1830, es un buen ejemplo de investigación para la denominada arqueología industrial (Mayor Mora, 2017). “Lo anterior implica que en efecto para el caso colombiano la existencia de contextos arqueológicos con evidencias producto de procesos industriales o que permitanel (sic) estudio del proceso de industrialización en el país. En áreas marinas o de aguas interiorespara (sic) periodos coloniales o posteriores es posible identificar objetos muebles modificados o hechos por el ser humano como son las cargas industriales, las cargas comerciales o los bienes seriados.”[14] 28. Señala que, dada la importancia de la información que cada uno de estos elementos aporta, su relación contextual es reconocida en la normatividad colombiana en los artículos 2.6.1.4, numeral 3 del Decreto 1080 de 2015, en los cuales se prevé que un contexto arqueológico es la “[c]onjunción estructural de información arqueológica asociada a los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico”. La importancia de este concepto fue reforzada, a su vez, en el precitado artículo 2.6.1.4, el cual establece que “[h]acen parte del patrimonio arqueológico, todos aquellos bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico y sus contextos”. 29. En el mismo sentido, el Instituto precisó que “un naufragio es un sitio, yacimiento o contexto arqueológico único e irrepetible como efectivamente lo es el caso del Galeón San José o cualquier otro de similares características”, el cual “actúa como un contenedor de información sobre el pasado”[15] que, aunque puede haberse dividido en dos o más partes, se ha mantenido prácticamente sellado a la manipulación exterior y debe ser protegido. Bajo este panorama, afirmó que “[l]as cargas, sean industriales o de cualquier otro tipo, proporcionan información valiosa sobre la economía y el comercio de una región en un momento determinado. La identificación y análisis de los objetos encontrados en una carga pueden ayudar a determinar la ruta comercial del barco, la naturaleza de los productos comerciados y los hábitos de consumo en la época en que el barco se hundió.”[16] De manera que, “[l]as cargas industriales dan cuenta de la función que puede cumplir una embarcación y también da cuenta de la microsociedad en la que viajaba ella, pero no solamente eso, sino también de las sociedades que intercomunicaba.”[17] 30. Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, desde un concepto técnico, considera que el numeral 3 del artículo 3° de la Ley 1675 de 2013 desconoce que las cargas industriales sumergidas en aguas colombianas y que se encuentran en un contexto arqueológico hacen parte del Patrimonio Cultural Sumergido y, por ende, del Patrimonio Arqueológico de la Nación. De ahí que, esa norma desconoce abiertamente los artículos 63 y 72 de la Constitución Política que disponen que el Patrimonio Arqueológico de la Nación es inalienable, imprescriptible e inembargable, al tiempo que le imponen al Estado el deber de proteger el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, que se ejerce en parte por la competencia del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en la materia. A su vez, vulnera el derecho colectivo relacionado con la defensa del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y cultural sumergido que debe ser protegido por el Estado, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2014 y la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. 31. Dirección General Marítima. A través de dos correos electrónicos, el Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, Director General Marítimo (E), indicó que no hace parte de sus funciones rendir concepto sobre si las cargas industriales constituyen o no patrimonio cultural sumergido. 32. También se recibió, pero extemporáneamente, intervención del Ministerio de Defensa Nacional y del Director General de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Concepto de la Procuradora General de la Nación 33. En escrito del 25 de abril de 2023, la Procuradora General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013. 34. En sus consideraciones recordó que los artículos 8, 63, 70 y 72 de la Constitución protegen las riquezas culturales de la Nación, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, y establecen en el Estado el deber de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos.” 35. Igualmente, destacó que la jurisprudencia constitucional ha previsto que el legislador tiene un amplio margen de configuración para regular los mecanismos de promoción y protección del patrimonio cultural de la Nación, el cual, está sujeto a criterios de razonabilidad. Lo anterior, en el entendido que: “(i) la salvaguarda de un bien determinado por constituir patrimonio cultural de la Nación puede derivar en la afectación desproporcionada de otros mandatos superiores que igualmente merecen ser amparados por el Estado (v. gr. Derecho a la propiedad privada o libertad de empresa); y (ii) la desprotección acrítica de un conjunto de objetos puede derivar en la pérdida de insumos valiosos para la construcción de la historia y la arqueología del país.”[18] Por ello, el Congreso debe garantizar que la calificación de bienes como parte del patrimonio cultural se fundamente en valoración técnica y especializada. A su juicio, como metodología para “determinar si una norma de protección del patrimonio cultural se ajusta a los parámetros de operación de la amplia libertad de configuración del legislador en la materia”, propone un test leve de razonabilidad. 36. También hizo referencia a que en la Sentencia C-264 de 2014, la declaratoria de inexequibilidad de los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013 se fundamentó en que, en sus palabras, “la exclusión previa y generalizada de dichos bienes del patrimonio cultural no es un medio idóneo para salvaguardar las riquezas de la Nación debido a que puede derivar en la desprotección de objetos de importancia arqueológica para el país.” De manera que, esa calificación debe realizarse valorando las circunstancias de cada caso particular, en atención a criterios técnicos, a efectos de establecer cuándo los objetos pueden tener importancia arqueológica o cultural para la Nación. 37. Con fundamento en lo anterior, exaltó que la determinación de excluir las cargas industriales como parte del patrimonio cultural podría derivar en una desprotección de bienes con relevancia histórica y arqueológica. Afirmó que “si bien es cierto que la mayoría de los objetos derivados de transformaciones industriales de materias primas que se encuentran en un naufragio no parecen tener una relevancia significativa para otorgarles la protección especial asociada al patrimonio cultural, lo cierto es que en algunas naves que reposan en las aguas colombianas se encuentran elementos específicos que sí pueden llegar a tener la importancia requerida para merecer su salvaguarda por parte del Estado y, por lo tanto, no deberían ser descalificados de manera abstracta y a priori, sino examinados y calificados en cada caso concreto bajo criterios técnicos y especializados.”[19] 38. En esta misma línea, en concordancia con la descripción realizada en el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, indicó que “la calificación de una carga industrial sumergida como patrimonio cultural de la Nación no puede ser definida de forma aislada, sino que dependerá del contexto del naufragio bajo criterios técnicos de la antropología, arqueología e historia y, por ende, la exclusión absoluta que contiene la disposición examinada resulta arbitraria debido a que permite la desprotección de bienes de importancia para el país en contravía de los mandatos establecidos en los artículos 8, 63, 70 y 71 de la Carta Política.”[20] II. CONSIDERACIONES A. Competencia 39. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la acción pública de inconstitucionalidad de la referencia. B. Integración de la proposición jurídica completa para el control abstracto de constitucionalidad en el caso concreto 40. La Sala Plena ha establecido, a partir de lo previsto en el inciso tercero del artículo 6º del Decreto 2067, que esta Corporación puede extender su decisión a contenidos normativos que no hayan sido específicamente demandados en una acción pública de inconstitucionalidad. En efecto, el inciso mencionado señala que esta Corte podrá señalar en su decisión las normas que conforman la unidad normativa con aquellas otras sobre las cuales se pronuncia y adopta una decisión de inexequibilidad. 41. Así, las Sentencias C-182 de 2016 y C-321 de 2021 –entre otras– establecieron que la integración oficiosa de la unidad normativa solamente es procedente cuando (i) se demande una disposición cuyo contenido deóntico no sea claro, unívoco o autónomo; (ii) la disposición atacada se encuentre reproducida en otras normas que tengan el mismo contenido deóntico que la disposición que sí se demandó, y (iii) la disposición cuestionada se encuentre intrínsecamente relacionada con otra que pueda ser, presumiblemente, inconstitucional. 42. En desarrollo de los parámetros anteriores, las Sentencias C-495 de 2019 y C-321 de 2021 precisaron una de las circunstancias en las que puede haber lugar a integrar la unidad normativa. Específicamente, aquella situación en la que la demanda se dirige contra proposiciones jurídicas incompletas. Tal situación se presenta, “…cuando a pesar de que la demanda es apta, se encuentra dirigida contra (i) palabras o expresiones de la norma que, tomadas de manera aislada no disponen de contenido normativo o contenido regulador, es decir, no producen por sí mismas efecto jurídico alguno o (ii) porque, de declarar inexequibles dichas expresiones, la norma o alguna de sus partes, perdería sentido o contenido normativo. En este evento, la extensión del objeto de control busca permitir el desarrollo del control de constitucionalidad, porque únicamente las normas con contenido jurídico pueden ser cotejadas o contrastadas con la Constitución.”[21] 43. En suma, esta Corte puede integrar la unidad normativa de una norma que haya sido demandada mediante una acción pública de inconstitucionalidad, cuando advierta que la norma atacada es una proposición jurídica incompleta. Tal circunstancia se constata, si esta Corporación encuentra que las expresiones contenidas en las normas cuya integración se persigue no producen efecto jurídico alguno por sí solas o de manera autónoma; o porque declarar inexequibles unas expresiones y no otras que debieron integrarse, hacen inane tal declaración. 44. Para la Sala Plena, en el presente caso se reúnen las condiciones para que la Corte pueda integrar de oficio la proposición jurídica completa respecto del encabezado que da lugar al numeral 3 demandado, por cuanto (i) el contenido normativo que el demandante acusa de inconstitucional se integra por dos fragmentos: “De acuerdo con los anteriores criterios y lo establecido en el artículo 2° no se considerarán Patrimonio Cultural Sumergido” y el numeral 3º demandado “las cargas industriales”. Además, en el caso de declarar inexequible este último enunciado, el primero perdería todo sentido, porque los demás numerales del artículo 3 ya fueron declarados inexequibles por esta Corporación en la Sentencia C-264 de 2014. C. Determinación del problema jurídico y el esquema de decisión 45. A partir de la acción pública de inconstitucionalidad presentada y las intervenciones y conceptos reseñados, así como en línea con la integración de la norma objeto de control en los términos indicados, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá establecer si con la previsión contenida en la proposición jurídica mencionada incluida en el artículo 3 de la Ley 1675 de 2013, el Legislador excedió su libertad de configuración normativa al excluir en cualquier caso o por derecho las cargas industriales de la posibilidad de constituir patrimonio cultural sumergido, toda vez que ello se traduce en un ámbito de desprotección del patrimonio cultural de la Nación que contraviene la obligación de garantizarlo, según lo previsto en el artículo 72 de la Constitución Política. 46. Para abordar lo anterior, la Sala Plena (i) expondrá la garantía del derecho a la cultura en lo relativo a la protección del patrimonio cultural. Luego, (ii) reiterará lo dicho por la Corte acerca de la protección del patrimonio cultural de la Nación. A continuación, (iii) recordará el concepto de patrimonio cultural sumergido, su regulación y protección, para lo cual será necesario ahondar en la interpretación que realizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2014 sobre el alcance del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013. Después, (iv) aclarará el concepto de cargas industriales. Finalmente, (v) resolverá el caso concreto. D. La protección de la cultura en la Constitución Política de 1991. Reiteración de jurisprudencia 47. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 advirtió que “[e]n la Constitución de 1886 (…) la palabra cultura se menciona una sola vez a propósito de la educación”.[22] Tal como lo relatan de manera precisa las Sentencias C-366 de 2000, C-742 de 2006 y C-264 de 2014 de la Corte Constitucional, la protección que inicialmente se determinó para asuntos relacionados con lo que hoy es la preservación y conservación del patrimonio cultural de la Nación, estuvo consagrada en algunas normas tanto legales como reglamentarias como, por ejemplo, la Ley 14 de 1936, la Ley 36 de 1936, el Decreto Legislativo 3183 de 1952, la Ley 163 de 1959, el Decreto 655 de 1968, el Decreto Ley 2349 de 1971, las Resoluciones 891 de 1981 y 148 de 1982 de la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), el Decreto 12 de 1984, el Decreto 29 de 1984, el Decreto Ley 2324 de 1984 y la Ley 26 de 1986. 48. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la cultura y la protección de la diversidad cultural se establecieron como pilares esenciales del ordenamiento jurídico colombiano.[23] A diferencia de lo que en su momento fue la Constitución vigente desde 1886, el Texto Superior vigente a partir de 1991, en un conjunto de normas promueve y protege la cultura como expresión de la riqueza humana y social de los pueblos y como instrumento para construir sociedades organizadas que aprenden a manejar sus relaciones adecuadamente.[24] 49. En algunas providencias, la Corte Constitucional ha caracterizado el Texto Superior de 1991 como la Constitución Cultural.[25] En efecto, las siguientes normas de la Constitución protegen y promueven la cultura y diversidad cultural:[26] Artículo Descripción de la disposición 2 Uno de los fines esenciales del Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (énfasis propio). 7 Establece la protección y reconocimiento de la “diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” 8 Se dispone como obligación del Estado y de todas las personas “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.” 44 Prevé la cultura como uno de los derechos fundamentales de los niños. 63 Determina que el patrimonio arqueológico de la Nación es inalienable, imprescriptible e inembargable. 67 Como parte del alcance del derecho a la educación, esta disposición consagra que deberá impartirse formación, entre otras cosas, “para el mejoramiento cultural (…)”. 70 Establece el deber del Estado de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.” Adicionalmente, señala que “[l]a cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.” 71 Se refiere a la exigencia de que el Estado promueva el fomento de, entre otras cosas, la cultura. 72 Impone al Estado la protección del patrimonio cultural de la Nación, así como se refiere a la titularidad de la Nación sobre el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 95.8 En la enumeración de los deberes y obligaciones de las personas y del ciudadano colombiano, en el numeral 8 se consagra la protección de los “recursos culturales y naturales del país (…)”. 311 y 313.9 En estas dos normas se impone a los municipios la obligación de promover el desarrollo cultural. El artículo 311 indica que “[a]l municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde (…) el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (…).” Por su parte, el artículo 313.9 determina que los concejos municipales deberán “[d]ictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.” 333 Se refiere a la posibilidad de restringir la libertad económica cuando lo “exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural.” 50. A su vez, en la materia que corresponde a este caso, es preciso destacar algunos instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano, como, por ejemplo: Instrumento internacional Descripción Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El artículo 15 se refiere al derecho de todas las personas a “[p]articipar en la vida cultural”. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ‘Protocolo De San Salvador’” Consagra el derecho de las personas a disfrutar de los beneficios de la cultura, reitera su participación en la vida cultural de la comunidad, así como prevé para los Estados parte la exigencia de asegurar el ejercicio de la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia, el arte y la cultura, y destaca la importancia de propiciar buenas relaciones internacionales y cooperación para promover el fomento y desarrollo de, entre otras, cuestiones de naturaleza cultural. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial El artículo 5 cuando se refiere a las obligaciones de los Estados encaminadas a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas, uno de los escenarios que describe corresponde al derecho a participar en las actividades culturales. Convención sobre los Derechos del Niño El artículo 31 dispone el derecho del niño y la niña a “participar libremente en la vida cultural”. 51. A efectos de determinar el alcance del derecho a la cultura, la Corte Constitucional en las Sentencias C-434 de 2010 y C-264 de 2014 se ha referido a algunos otros instrumentos internacionales como criterios de interpretación relevantes.[27] De todo lo anterior, en la Sentencia C-434 de 2010, esta Corporación destacó “el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura, el cual impone al Estado, entre otras, las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar el acceso, la participación y la contribución de todos a la cultura en un plano de igualdad, en el marco del reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural. Estas obligaciones también han sido denominadas derechos culturales.” 52. En el marco de la Constitución vigente, la cultura se desarrolló inicialmente en la Ley 397 de 1997, en la que se regulan y reglamentan los mandatos derivados de los artículos 70,[28] 71[29] y 72[30] de la Constitución Política, y la cual ha sido modificada por leyes posteriores.[31] 53. El artículo 1 de dicha Ley define la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.” Adicionalmente, señala que las distintas manifestaciones que existen de cultura son “fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.” Bajo este panorama, como parte de los principios fundamentales que rigen esta materia, establece la obligación del Estado de impulsar y estimular “los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.” 54. Con este contexto de protección a la cultura en el ordenamiento jurídico colombiano e internacional, se puede concluir que la cultura tiene una especial trascendencia en todo el mundo, y que su protección (como se hace desde el marco constitucional colombiano) es un asunto de especial relevancia para garantizar y cuidar la diversidad de las distintas lenguas, creencias, valores, comportamientos, costumbres, grupos sociales y minorías. Es necesario precisar que, si bien en la modernidad se han generado algunas tendencias de uniformidad como la cultura de las masas, lo cierto es que tales ideas “encuentran hoy en la sociedad un poderoso contrapeso en el resurgimiento de la idea de cultura como la fibra que teje la socialidad básica y la personalidad de los grupos humanos. Sin duda la propia alarma ante la homogeneidad avasalladora de la cultura de las masas y los excesos mostrados en algunas direcciones por el mito del desarrollo universal explican el nuevo renacer de la identidad y de las diferencias culturales como un ideal en auge en las aspiraciones de hoy.”[32] 55. En suma, la cultura es un pilar fundamental de la Constitución Política de 1991, la cual tiene una protección específica en distintas disposiciones superiores, de la cual se derivan obligaciones en cabeza del Estado para promoverla, garantizarla y preservar sus manifestaciones en todas sus formas. De igual manera, ese deber se materializa en la protección de las riquezas culturales, y el patrimonio cultural de la Nación. Una de las formas de manifestación de la cultura que fue expresamente protegida por la Constitución Política fue el patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Constitución, el cual debe ser leído en consonancia con los artículos 7, 8, 63, 70 y 333 Superiores. E. De la protección del patrimonio cultural de la Nación. Reiteración de jurisprudencia 56. Si bien la Constitución contiene diversos mandatos constitucionales encaminados a la protección de los bienes culturales, lo cierto es que no desarrolla de forma detallada y específica las reglas en las que deberán materializarse las exigencias de ese mismo texto superior.[33] Por tal razón, corresponde al Legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa establecer la reglamentación correspondiente con miras a lograr la protección específica del patrimonio cultural de la Nación y todos los bienes culturales a los que específicamente se refiere la Constitución (como, por ejemplo, el patrimonio arqueológico), a la luz de la amplia garantía que le otorga la Carta Política al derecho a la cultura, sus manifestaciones y riquezas. Este deber del Legislador se materializó esencialmente con la Ley de cultura que fue inicialmente expedida con la Ley 397 de 1997,[34] la cual ha sido modificada por distintas normas posteriores.[35] 57. En la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha destacado que el artículo 72 de la Constitución prevé un mandato de protección a favor de tres tipos de bienes expresamente, así como otra categoría adicional que integra el patrimonio cultural de la Nación. En particular, los tres primeros corresponden a: (i) el patrimonio cultural de la Nación, (ii) el patrimonio arqueológico y (iii) los bienes de interés cultural. Y, la última categoría se refiere a (iv) los bienes que conforman la identidad nacional, que es el único que no ha sido definido por el legislador, a diferencia de los primeros tres.[36] 58. El patrimonio cultural de la Nación es una identidad que tiene su consagración en el artículo 72 de la Constitución, cuya definición y alcance fue delimitado en la ley de cultura que, para estos aspectos, fue modificada por la Ley 1185 de 2008. El texto original de la Ley 397 de 1997 en su artículo 4 establecía un concepto de patrimonio cultural limitado,[37] respecto de la reforma que ocurre con la Ley 1185 de 2008. Esta última amplió la determinación del alcance de la protección del patrimonio cultural de la Nación, precisó las obligaciones del Estado en su preservación y conservación, y destacó otros aspectos relacionados con la propiedad de estas manifestaciones de la cultura, así: “ARTICULO 1o. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así: El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. “a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. “Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales incorporados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural; “b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura. “La declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley. “La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien material en particular, o sobre una determinada colección o conjunto caso en el cual la declaratoria contendrá las medidas pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible. “Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. “Así mismo, se consideran como bienes de interés cultural del ámbito nacional los bienes del patrimonio arqueológico; “c) Propiedad del Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, así como los bienes de interés cultural pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado. “Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y se rigen por las normas especiales sobre la materia. “PARÁGRAFO. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o que estén bajo su legítima posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural. Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado a través del Ministerio de Cultura, celebrará con las correspondientes iglesias y confesiones religiosas, convenios para la protección de este patrimonio y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando hubieran sido declarados como de interés cultural, incluyendo las restricciones a su enajenación y exportación y las medidas para su inventario, conservación, restauración, estudio y exposición.” 59. En línea con la reiterada jurisprudencia (en la que pueden destacarse las Sentencias C-742 de 2006, C-434 de 2010, C-264 de 2014, C-553 de 2014 y C-082 de 2020, entre otras), la Corte Constitucional ha indicado que el patrimonio sobre el que recae la protección constitucional puede ser material o inmaterial. Para tal efecto, ha acudido como criterios hermenéuticos o auxiliares de interpretación a algunos instrumentos internacionales que se refieren al patrimonio cultural y al arqueológico de la Nación. En particular, al concepto de patrimonio cultural al que se refieren la Convención de Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954;[38] la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en 1972[39] en la que se proponen listas genéricas de bienes que tienden a tener un valor cultural y artístico; y, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial[40] en la que se impulsa el cuidado de expresiones inmateriales como conocimientos o técnicas que se transmiten de generación en generación en las comunidades, artes del espectáculo, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales, entre otras.[41] 60. La Constitución también se refiere de manera expresa al patrimonio arqueológico tanto en el artículo 63 como en el 72, el cual corresponde a bienes culturales materiales que se protegen en el marco de lo que corresponde al ámbito de la obligación en cabeza del Estado de preservar el patrimonio cultural de la Nación (artículo 72 Superior). En otras palabras, el patrimonio arqueológico es uno de los tipos de bienes culturales que se conservan y preservan del patrimonio cultural de la Nación como el género. Esto puede advertirse de manera más clara al confrontar el contenido del concepto de patrimonio cultural ya mencionado, y la definición que el artículo 3 de la Ley 1185 de 2008 trae sobre el patrimonio arqueológico (con la que se modificó el artículo 6 de la Ley 397 de 1997), así: “ARTÍCULO 3o. El artículo 6o de la Ley 397 de 1997...