Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psícoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psícoactivas

RESOLUCIÓN NÚMERO J3Ü02100 de 14 qcT 202-5- HOJA No 32 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: “Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” Los resultados de este estudio (MJD, 2015) destacan que las SPA con mayor prevalencia de consumo alguna vez en la vida fueron el alcohol (79,2%), el tabaco (62,1%) y la marihuana (42,8%). No obstante, al analizar el consumo reciente (último año), se observó que el tabaco lideró con un 44,8%, seguido de la marihuana (30%) y el alcohol (20,7%). En cuanto al consumo actual (último mes), el tabaco mantuvo la mayor prevalencia (38,3%), seguido por la marihuana (20,8%) y la cocaína (5,3%). Estas cifras evidencian una prevalencia significativamente mayor en la población privada de la libertad en comparación con la población general, particularmente en el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas. El estudio (MJD, 2015) reveló que la marihuana es la sustancia ilícita más consumida dentro de los establecimientos penitenciarios, con un consumo reciente (último año) del 30%, nueve veces superior al valor nacional. Por otro lado, el consumo de cocaína alguna vez en la vida alcanzó el 24,2%, mientras que el consumo reciente fue del 12,4%. También se identificaron prevalencias significativas en el consumo de LSD (4,4% en el último año) y basuco (3,7%), ambas considerablemente superiores a las de la población general. La relación entre consumo de SPA y comisión de delitos es otro hallazgo clave del estudio (MJD, 2015).

Cerca del 20% de las personas privadas de la libertad indicaron haber cometido su delito bajo los efectos de SPA, siendo el alcohol la sustancia más asociada a delitos de homicidio (44,2%), mientras que la marihuana, el basuco y la cocaína se relacionaron con delitos de hurto. Además, se identificó que la edad de inicio del consumo suele ser más temprana en esta población, especialmente para la marihuana, lo que representa un indicador pronóstico de consumos más problemáticos. En cuanto a las intervenciones, se evidenció una baja participación en programas preventivos o terapéuticos dentro de los centros penitenciarios (MJD, 2015). Esto resalta la necesidad de fortalecer estrategias de atención que incluyan enfoques de RRD, así como programas específicos para abordar las altas prevalencias de abuso y dependencia detectadas en esta población. En el contexto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), los hallazgos del Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas (MJD, 2023) evidencian una alta prevalencia de consumo en adolescentes entre 14 y 22 años, en modalidades privativas y no privativas de libertad. Se identificó un patrón policonsumidor de inicio temprano (edad media de 14 años para tabaco y 14,1 para cannabis), que incluye también el uso de sustancias emergentes como vaporizadores con nicotina (42 %), 2CB (36 %) y LSD (10 %). El 86 % reportó haber ingerido alcohol alguna vez, el 68 % marihuana, y el 17% cumple criterios de dependencia. El uso se intensifica entre los 15 y 18 años y es mayor en privación de libertad, donde la prevalencia mensual de cannabis supera el 48 %. Este informe señala que casi la mitad de los adolescentes que han cometido delitos declaró haber consumido marihuana durante la infracción (45 %), con un 32 % asociado a robo con intimidación.

Entre los factores de riesgo predominan las redes de pares consumidores, hogares monoparentales y baja percepción de riesgo; mientras que los factores protectores incluyen el interés por la educación y la presencia de figuras afectivas. Pese a estos indicadores, sólo el 17 % ha recibido tratamiento, y el 42 % ha tenido recaídas, lo que exige fortalecer la detección temprana, el acceso efectivo y continuo a servicios de salud mental y adicciones, así como la implementación de rutas resolutivas de atención con enfoque diferencial, territorial y de género (MJD, 2023). Las prácticas de consumo, así como la prevalencia de VIH, Hepatitis virales, Sífilis entre las personas que se inyectan drogas (PID), ha sido de especial interés para las políticas de salud pública. En Colombia, se estima que alrededor de 8 mil personas se inyectan drogas en Armenia, Cúcuta, Cali, Medellin, Bogotá y Pereira / Dosquebradas, (MJD et al., 2021) y RESOLUCIÓN NÚMERO J300210 0 de 5 4 0CT2Q?5" HOJA No 33 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: “Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, ' . licitas' e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” que el 0,86% de la población ha consumido opioides sin prescripción médica (Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos). Un estudio realizado en Bogotá, Medellin, Santiago de Cali y el área conurbada de Pereira- Dosquebradas (MJD et al., 2021), que tuvo como objetivo actualizar la línea base establecida en 2014 para orientar políticas públicas y acciones programáticas en salud pública, reveló una alta prevalencia de enfermedades infecciosas entre las PID.

El VIH mostró tasas significativas en las ciudades estudiadas: 3,2% en Bogotá, 11,2% en Medellin, 17,6% en Pereira-Dosquebradas y 23,9% en Cali. Estas cifras representan un aumento respecto a 2014 en ciudades como Medellin, Cali y Pereira-Dosquebradas. En cuanto a hepatitis C, se identificó una prevalencia del 73,9%, mientras que la hepatitis B y la sífilis afectaron a un promedio menor pero relevante de las PID. Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer los programas de prevención y atención dirigidos a esta población. El estudio también describió características sociales y demográficas de las PID (MJD et al., 2021). Predominan los hombres jóvenes, aunque también se registró una participación significativa de mujeres, quienes enfrentan mayores barreras de acceso a servicios. La mayoría de los participantes reportaron bajos niveles educativos y precariedad económica, reflejando un patrón de movilidad social descendente. En términos de prácticas de inyección, si bien el 79,8% de las PID usaron material estéril en su último evento de inyección persisten prácticas de riesgo como el uso compartido de jeringas. Adicionalmente, un porcentaje considerable reportó haber sufrido una sobredosis y presentaron altas tasas de depresión y ansiedad, especialmente entre mujeres y personas menores de 25 años. El estigma y la discriminación fueron factores recurrentes que impactaron negativamente en el acceso a servicios de salud y programas de reducción de daños. Según el estudio el 11% de las PID en Bogotá tenía conocimiento sobre intervenciones como PrEP y PEP, y este porcentaje fue aún menor en otras ciudades (MJD et al., 2021) . También se identificaron barreras administrativas en programas de sustitución de opioides, como esquemas de dosificación insuficientes y requisitos de ingreso restrictivos.

Otro estudio realizado en las ciudades de Armenia y Cúcuta (MJD & Universidad CES, 2021) que buscó caracterizar a la población que se inyecta drogas, sus prácticas de consumo y comportamientos de riesgo, evidenció que el 60% de los participantes tenía entre 25 y 44 años, y el 85% eran hombres. Más del 60% pertenecía al régimen subsidiado de salud y percibía ingresos inferiores a un salario mínimo. La heroína fue la sustancia más inyectada, y el inicio promedio del consumo ocurrió a los 13,4 años, con el 45% recibiendo ayuda de un amigo en su primera inyección. Entre las motivaciones principales para iniciar el consumo inyectable, la curiosidad destacó con un 32%. Estas prácticas se vinculan con importantes riesgos para la salud, como la alta prevalencia de infecciones transmisibles. En términos de salud, el estudio reportó una prevalencia de VIH del 6,0% en Armenia y 4,6% en Cúcuta, mientras que la hepatitis C afectó al 62,8% y 69,6% de los participantes, respectivamente (MJD & Universidad CES, 2021). La hepatitis B fue menos prevalente (3,4% en Armenia y 0,4% en Cúcuta), y la sífilis se detectó en el 16,6% en Armenia y 15,0% en Cúcuta. Además, se identificó que el 25% de los participantes había experimentado una sobredosis, y el 60% reportó sentirse excluido de actividades familiares, reflejando un alto nivel de vulnerabilidad social. Asimismo, el 20% desconocía la hepatitis C y sus formas de transmisión, destacando la necesidad de mejorar la educación y sensibilización en esta población.

Ahora bien; con el fin de estimar las muertes asociadas el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país se analizó y caracterizó la información disponible entre 2013 y RESOLUCIÓN NÚMERO 3002100 de 14 QCT2o?5^ HOJA No 34 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: “Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” 2022 (MJD e Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses [ICMLCF], 2020), reuniendo datos toxicológicos y demográficos, así como las características de las muertes relacionadas con SPA. Este estudio fue elaborado a partir del análisis de la información de toxicología de las muertes que ingresan por lesiones de causa externa, con el propósito de tener una aproximación más precisa sobre las muertes asociadas al consumo de SPA, sin embargo, fue considerado como caso todo registro con resultado positivo de consumo de SPA psicoactivas en una prueba de toxicología a las víctimas que presentan una lesión de causa externa fatal (MJD & ICMLCF, 2020). Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron 51.405 casos de muertes asociadas al consumo de SPA en el período estudiado (MJD & ICMLCF, 2020). El alcohol fue la sustancia más frecuente, presente en 40.399 casos, seguido por la cocaína (7.571 casos) y la marihuana (5.002 casos). Además, se identificaron casos relacionados con sustancias médicas utilizadas de forma recreativa, como tramadol (40 casos), morfina (27 casos), fentanilo (23 casos) y en 103 casos se identificaron metabolitos de la heroína. Estas sustancias reflejan un panorama de riesgo asociado tanto al uso recreativo como al abuso de sustancias médicas.

El análisis también evidenció casos con una alta concentración de alcohol (embriaguez grado 3) y el uso de combinaciones de SPA como cocaína y marihuana, así como adulterantes como lidocaína y levamisol (MJD & ICMLCF, 2020). Además, se detectaron nuevas sustancias psicoactivas (NSP) emergentes, como DOB/Brolanfetamina, 25B-NBOMe, 25-C- NBOMe y PMMA y, asociadas a casos de mortalidad. Las muertes estuvieron predominantemente relacionadas con hombres (90% de los casos), 58,1% de estos casos en personas con edades entre los 20 y 39 años. De las muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la causa predominante fue el homicidio (35,7%) y los accidentes de transporte (33,8%). El alcohol tuvo una alta incidencia en accidentes de transporte y homicidios, mientras que la cocaína y la marihuana también fueron detectadas en combinaciones con otras SPA (MJD & ICMLCF, 2020). Con respecto a esto último, es importante señalar que Colombia no ha sido ajena al fenómeno de las drogas emergentes. En los últimos años, los estudios nacionales de consumo de SPA, el registro de pacientes atendidos por consumo de SPA, blogs y foros virtuales de PUD, información transmitida por las organizaciones civiles, noticias de prensa, etc., revelan la existencia de oferta y consumo de NSP, cambios en los patrones o aumentos inusuales de SPA ya conocidas, tanto naturales como sintéticas, fiscalizadas o no, entre las cuales están: el dick, la metanfetamina en cristales, el LSD, la ketamina, los hongos alucinógenos, la salvia divinorum, el GHB, el 2C-B, por mencionar solo algunos (MJD, s/f-a). En la actualidad, las SPA sintéticas "más baratas y fáciles de producir" están cambiando los mercados de la droga.

Hasta la fecha, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) se ha logrado identificar 64 Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), distribuidas en diferentes familias químicas, siendo las más comunes las feniletilaminas y las catinonas sintéticas (MJD, 2024). Estas se enuncian a continuación: Tabla 5. NPS identificadas a través del SAT de Colombia.

Clasificación 5 - NSP ■ ' WV^I Lisergamidas ____ 1P-LSD Análogos del p-fluorofentanilo Despropionilfentanílo fentanilo _____ p-hidroxitiofentanilo Despropionil-4-fluorofentanilo Sustancias Tipo Ketamina Fenciclidina Triptaminas 5-MeO-M¡PT Harmina RESOLUCIÓN NÚMERO -•■W021ÜÜ DE ¡ 4 OCT HOJA No 35 DE 87 Continuación anexo técnico de ia resolución: “Por la cual se iadopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sústancías psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas" DMT Harmalina Cannabinoides AM-2201 Hexahidrocannabinol Sintéticos AMB-FUBINACA Fenetilamínas Serie 25B-NBOMe 25H-NBOMe “NBOMe” 25C-NBOMe 25l-NBOMe 25D-NBOMe 25I-NBOH 25E-NBOMe 25E-NBOH 25F-NBOMe 25C-NBOH 25G-NBOMe 25B-NBOH Serie “2C” 2C-C 2C-I_______ 2C-E Alliescalina 2C-H Serie“D” DOB DOI DOC Anfetaminas PMMA 5-MAPDI 4-MA MBDB 4-CA Serie 4-APB 6-APB “Benzofurano s”__________ _ Catinonas Metilona Efilona N,N-dimetilpentilona Sintéticas Etilona Pentilona 4-metilpentedrona g-PVP Benzilona 4-etilhexilhexedrona Dibutilona MMMPa-D2PV~ 4-cloroetilmetcatinona Butilona MDPPP_______ 4-metilpentedrona Eutílona Dimetilona 4-fluoropentilona

Sustancias a Base Khat Ayahuasca de Plantas Cactus Peyote Salvia divinorum Piperazinas mCPP Otras sustancias DICK UF-17 Popper Fuente: Tomado de Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (2024) Los opioides sintéticos, como el fentanilo, son un ejemplo de cómo el SAT permite identificar de manera oportuna la aparición de NSP o SPA emergentes. Aunque la evidencia sobre el consumo de fentanilo en el país es poca, el seguimiento realizado desde el MJD (2024) ha revelado que en los últimos años ha habido un incremento tanto de las incautaciones de esta sustancia en su forma farmacéutica, como de las muertes asociadas a su consumo. Por último, este informe refiere que entre 2021 y 2022, 21 personas iniciaron tratamiento por trastornos que refieren uso problemático de fentanilo (MJD, 2024). La única alerta por eventos adversos asociados al consumo de algún tipo de fentanilo no farmacéutico en el país se dio en agosto del 2022.

Un hospital de Cartagena informó sobre la intoxicación de un paciente con una sustancia psicoactiva en polvo, la cual, al ser analizada por el Laboratorio Químico de Investigación Antidrogas de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, concluyó que correspondía al beta ((3) hidroxitiofentanilo y cantidades RESOLUCIÓN NÚMERO .;3ü0210ú de 14 QCT20?5- HOJA No 36 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: "Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ¡licitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” menores de éxtasis y ketamina, esto indica que la fuente no fue el fentanilo farmacéutico, pues no existe en polvo (Observatorio de Drogas de Colombia [ODC], 2022). 3.2. Situación de da Oferta y Demanda de los Servicios en Salud Se cuenta con la Resolución 3100 de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud", la cual ha sido modificada mediante las Resoluciones 2215 de 2020, 1317 de 2021, 1138 de 2022 y 544 de 2023. En su anexo No. 11.4.10 "Servicio de hospitalización en salud mental o consumo de sustancias psicoactivas”; Anexo No. 11.4.11 “Servicio de hospitalización parcial"; y 11.4.12 “Servicio para el cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas".

Esta regulación define las modalidades para la atención a PUD, privilegiando la APS, al igual que la definición de los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud, y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, con estándares de talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica y registros, e interdependencia dispuestos para la atención integral de las PUD, con servicios de hospitalización en salud mental o consumo de SPA, y cuidado básico del consumo de SPA. Acorde con la consulta realizada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS, de la Dirección Prestación de Servicios y Atención Primaria de esta cartera, se tiene la siguiente distribución territorial: RESOLUCIÓN NÚMERO ;3002100 DE 14 OCT2025- HOJA No 37 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: "Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ¡lícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas" Tabla 6.

Número de servicios en consumo de SPA. ¿Número de servicios en consuniOegandas prieoacW^ - ’ ¿Depaítamenta ■ Hospitalización Amazonas i Antioq uia T4 5 ___ Arauca _ Atlántico 13 Barranquilla Bogotá D.C — Bolívar 3 Boy acá — Caldas 3 Cali V Caquetá __ Cartagena 2 Cas anare V Cauca Cesar í~4 Chocó Córdoba 11 __ Cundinamarca Hulla 3 La Guajira £ Magdalena Meta 5 Nariño __ Norte de Santander 4 __ Putumayo i» W Qu indio 3 ”1 Risaralda sí “i Santa Marta 11 7ó Santander ”4 Sucre í? Ti Tolima Valle del Cauca 10 T Total general " 155 144 Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios - REPS, consultado en la bodega de datos SISPRO el 15 de junio de 2025. En Colombia, el tratamiento para las personas con consumo problemático de SPA enfrenta diversos obstáculos que dificultan el acceso y la continuidad en la atención. Por un lado, persisten barreras estructurales relacionadas con la escasa disponibilidad de servicios especializados, especialmente en zonas rurales, y con la limitada articulación entre los diferentes niveles de atención (Delgado et al., 2020). Asimismo, los sistemas de información incompletos impiden una planeación adecuada de los recursos y la identificación oportuna de la demanda de tratamiento (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017).

Los servicios de rehabilitación relacionados con el consumo de SPA suelen tener ubicación dentro de hospitales psiquiátricos o en instalaciones propias especializadas, que de acuerdo a los datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), en Colombia RESOLUCIÓN NÚMERO ./jOOSlüü DE 1 4 OCT 2025 HOJA No 38 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: "Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” hay 147 instituciones que brindan el servicio de internación en salud mental para el tratamiento de TUS para adultos, con 3.675 camas ofertadas; donde el 91% de las mismas corresponde a IPS privadas y el 9% restante a Entidades Sociales del Estado (ESE). Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia [MSPS], 2024)el 66% de las camas para internación en salud mental de adultos destinadas al tratamiento de SPA están disponibles en las ciudades capitales, mientras que en las ciudades periféricas se encuentra el 34% restante. Las cuatro principales capitales del país —Bogotá, Medellin, Cali y Barranquilla— concentran solo el 13,6 % de estas camas, un porcentaje notablemente bajo comparado con otras modalidades de internación. En cuanto a la oferta del servicio de internación para niños, niñas y adolescentes menores de edad, hay 63 instituciones a nivel nacional, con 914 camas ofrecidas; de las cuales el 94% corresponde a IPS privadas y el 6% restante pertenece a ESE, según los registros del REPS.

En lo que respecta a la distribución geográfica, las capitales albergan el 72% de estas camas (688 camas), mientras que las ciudades periféricas disponen del 28% restante (226 camas), En el manejo ambulatorio por consumo de SPA, existen 165 instituciones en el ámbito nacional que brindan el servicio de cuidado básico en consumo de SPA con modalidad ambulatoria; donde el 97% de las camas corresponde a IPS privadas y el 3% restante pertenece a ESE; encontrando que las capitales ofrecen el 48% del cuidado básico en consumo de SPA, mientras que las ciudades periféricas disponen del 52%. Un factor clave que incide en la búsqueda de ayuda es el estigma y la discriminación social. Las personas con consumo problemático suelen enfrentar actitudes negativas que desincentivan la solicitud de servicios de salud, lo que afecta la adherencia a los tratamientos y genera barreras adicionales en entornos clínicos y comunitarios (Alarcón, 2018). Además, aunque la normatividad colombiana (por ejemplo, Ley 1566 de 2012) reconoce el consumo como un problema de salud que debe ser cubierto por el sistema, la implementación efectiva de los lineamientos no siempre se materializa en la práctica, creando vacíos en la cobertura y la calidad de la atención (MSPS, 2019). Por último, las dificultades económicas, las inequidades en la asignación de recursos y la falta de continuidad en programas de prevención y rehabilitación, descritas en informes recientes (MJD, ODO, 2021), completan el panorama de retos. Con respecto a la RRD, en Colombia este enfoque ha cobrado una relevancia creciente, como una estrategia fundamental para minimizar los impactos negativos del consumo de SPA, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, su implementación ha enfrentado barreras estructurales, normativas y socioculturales que han limitado su alcance y sostenibilidad.

A pesar de la existencia de dispositivos como los CAMAD y los centros de escucha, la articulación de estos con los servicios de salud y la protección social sigue siendo un desafío, al igual que generar acciones en conjunto y no de forma aislada según sus competencias. En este contexto, el informe elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el apoyo de COPOLAD (Rueda, 2024) analiza la viabilidad y factibilidad de la sostenibilidad de las acciones de RRD en diversas ciudades del país, con el fin de proponer estrategias de incidencia y gestión interinstitucional que permitan consolidar y expandir estas intervenciones. RESOLUCIÓN NÚMERO 33002100 DE14 OCT 20^ HOJA No 39 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: “Por la cual se ¡adopta ' , " la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” En este informe se destaca que en ciudades como Medellin, Cúcuta, Pereira, Desquebradas y Armenia se han logrado avances importantes en la implementación de servicios de reducción de riesgos y daños (RRD). Sin embargo, estos esfuerzos aún enfrentan múltiples barreras que dificultan su consolidación como un modelo efectivo y sostenible. Entre los principales desafíos identificados se encuentran: la ausencia de normativas y lineamientos técnicos claros; las limitadas fuentes de financiación, así como la dificultad de acceso a recursos estatales; el estigma y la discriminación, que reducen el respaldo político y financiero de los gobiernos locales; y la escasa información actualizada y basada en evidencia, especialmente en relación con el enfoque diferencial y las dinámicas emergentes del consumo.

Adicionalmente, se señala la falta de documentación y evaluación sistemática de las experiencias en RRD; la predominancia de un enfoque exclusivamente sanitario; las barreras de acceso a servicios de salud; la débil articulación entre la oferta del sector salud y del sector social; la limitada capacidad institucional para implementar un enfoque comunitario; las desigualdades territoriales en capacidades de gestión; la exclusión de la RRD de los Planes Territoriales de Desarrollo; la ausencia de estrategias dirigidas a poblaciones distintas de quienes se inyectan drogas y la no incorporación del enfoque interseccional. Frente a este panorama, el informe propone una estrategia de incidencia y gestión interinstitucional que prioriza la articulación entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional, delimitando con claridad las competencias institucionales, las funciones administrativas y los mecanismos de financiación necesarios para fortalecer la RRD en el país. Se enfatiza además en la importancia de fortalecer la formación de actores clave, garantizar la continuidad de la financiación mediante fuentes diversas y consolidar redes de atención integrales que incluyan tanto la salud como la inclusión social. En línea con estos hallazgos, la investigación realizada por Metzineres con apoyo de COPOLAD en Cúcuta, Pereira, Desquebradas, Medellin y Armenia (Ojeda & Roig, 2024), reveló que el consumo de sustancias en Colombia se encuentra profundamente vinculado a múltiples formas de exclusión social como el sinhogarismo, el trabajo sexual, la migración y las violencias estructurales. Así mismo, el informe señala que a pesar de los avances institucionales en reducción de daños, persisten barreras significativas como el estigma, la falta de continuidad en los servicios, la escasa adaptación a las necesidades de poblaciones diversas (como mujeres, personas migrantes o de género no binario), y la limitada financiación.

El estudio destaca el valor de las estrategias de pares, el enfoque comunitario, la participación activa de las personas usuarias y la necesidad de visibilizar y apoyar sus saberes y redes de cuidado como ejes fundamentales para construir respuestas más justas, eficaces y sostenibles. El informe propone adoptar un enfoque integral, comunitario e interseccional en las estrategias de reducción de daños, que reconozca las múltiples vulnerabilidades y potencie la participación de las personas que usan drogas como agentes activos de transformación. Se recomienda fortalecer los sistemas de información, invertir en dispositivos comunitarios, desarrollar intervenciones con enfoque de género y decolonial, generar estrategias específicas para menores de edad, e implementar modelos basados en el cuidado informado por el trauma. Asimismo, se hace un llamado a garantizar la sostenibilidad financiera de las acciones, mediante mayor compromiso gubernamental y la articulación con redes locales, académicas e internacionales, que permitan construir políticas públicas ancladas en la justicia social y los derechos humanos. Finalmente, resalta que las políticas de RRD deben reconocer el contexto sociopolítico en el que operan, entendiendo cómo la “guerra contra las drogas” ha exacerbado problemas estructurales y ha generado exclusión. Estas estrategias deben priorizar los derechos humanos, la justicia social y la equidad como principios rectores RESOLUCIÓN NÚMERO 3300210 ü de14qct202s- HOJA No 40 DE 87 Continuación anexo técnico de la resolución: “Por la cual se adopta la Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas y el Sistema Nacional de Atención al consumo de sustancias psicoactivas” para lograr una respuesta más inclusiva y efectiva al fenómeno del consumo de SPA en Colombia. 3.3.

Definición del Problema Público El diagnóstico situacional y la situación de la oferta y demanda de los servicios en salud permiten concluir que el consumo de SPA sigue siendo un desafío de salud pública en Colombia, con impactos significativos en el bienestar de las personas, las familias y comunidades. Si bien se han observado reducciones en la prevalencia de consumo de algunas SPA, persisten altos niveles de consumo problemático de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, con patrones diferenciados según edad, género y territorio. El alcohol es la sustancia más consumida, con un uso perjudicial concentrado en jóvenes y en estratos socioeconómicos bajos. El tabaco mantiene una prevalencia significativa, con una creciente preocupación por el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes. La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo, con un acceso percibido como fácil y una baja percepción de riesgo en ciertos sectores de la población. La cocaína y sus derivados presentan menores tasas de consumo, pero con altos niveles de abuso y dependencia. El impacto en la salud es evidente, con un aumento en los TUS, especialmente en hombres y personas jóvenes. Además, el consumo está vinculado a enfermedades transmisibles como el VIH y la hepatitis en PID, así como a enfermedades crónicas, lesiones y violencia. Además de esto, el acceso a servicios de salud para la prevención, tratamiento y RRD asociados al consumo de SPA no es equitativo para todas las personas. Existen grupos poblacíonales que enfrentan barreras adicionales, derivadas del estigma, la discriminación, la exclusión social y la falta de servicios adaptados a sus necesidades específicas. Las mujeres, por ejemplo, enfrentan barreras significativas para accederá servicios de salud debido a la estigmatización que asocia el consumo con roles de género tradicionales. Esto limita su disposición a buscar ayuda por temor a ser juzgadas o por la dificultad de desprenderse de sus labores de cuidado.

Además, los servicios de atención y tratamiento no siempre están diseñados con perspectiva de género, lo que dificulta su acceso a intervenciones que consideren sus necesidades específicas, como la violencia de género, la responsabilidad del cuidado o la falta de redes de apoyo. Por su parte, las gestantes y lactantes que consumen SPA enfrentan un nivel de estigma aún mayor, lo que conlleva barreras legales y administrativas que limitan su acceso oportuno a los servicios de salud por temor a represalias, o separación de sus hijos al nacer. Adicionalmente, los servicios especializados para esta población son escasos, y no siempre están preparados para abordar las implicaciones médicas y sociales del consumo durante el embarazo. Las personas con orientación sexual e identidad de género diversa -OSIGD también se enfrentan a situaciones marcadas por el estigma, la discriminación y diversas barreras, que van desde las estructurales hasta las socioculturales, limitando su acceso y permanencia a servicios basados en la evidencia, humanizados y respetuosos de su dignidad. Por lo general, los servicios desconocen sus necesidades particulares, por lo que rara vez son inclusivos. Ahora bien, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son una población clave en la prevención y atención del consumo de SPA, dado que esta etapa del desarrollo es un período de alta vulnerabilidad en el que influyen múltiples factores sociales, familiares y emociónales. La exposición temprana al consumo de SPA puede incrementar los riesgos de dependencia, afectaciones en el desarrollo y dificultades en la salud mental. Además, la normalización del consumo en ciertos entornos sociales y la baja percepción de riesgo en esta población dificultan la adopción de conductas protectoras.