Por la cual se adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementación.

A continuación, se detalla cada etapa: Etapa 1: Alistamiento. En esta etapa se identificaron las necesidades, iniciativas o disposiciones de obligatorio cumplimiento a tener en cuenta en la actualización de la Política. A partir de ello, se estableció el cronograma de actividades a desarrollar. Etapa 2: Diagnóstico Situacional. El propósito de esta etapa fue construir una línea base que permitiera comprender el estado actual del ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país, identificando avances, limitaciones y áreas críticas (Diagnóstico situacional completo en el capítulo 4 del documento complementario). Las actividades principales fueron: • Análisis de la política Nacional de sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2014-2021, identificando sus fortalezas y debilidades. • Revisión de investigaciones relacionadas con los derechos sexuales y los derechos reproductivos • Revisión del marco normativo nacional e internacional identificando brechas regulatorias por temas clave para una nueva política. RESOLUCIÓN NÚMERO 001350 DE 10 JUL2026 HOJA No 49 • Revisión y análisis de publicaciones de ONG, sociedad civil, organismos de cooperación internacional e informes gubernamentales. • Análisis de datos y estadísticas disponibles en diferentes fuentes de información y reportes relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, desagregados por género, edad, región y otros factores relevantes. • Identificación y análisis de actores clave. Etapa 3: Problematización. Esta etapa se enfocó en identificar las áreas no abordadas en la política anterior y aquellas en las que no se logró el avance esperado, evidenciando las brechas en la garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DS y DR), así como nuevos retos de acuerdo con el contexto nacional, territorial y poblacional.

Además, se analizaron las barreras territoriales, culturales y de financiación que dificultan su implementación y se integraron los aportes de los actores clave con respecto a los retos y prioridades en la actualización de la PNISDSDR 2026-2035, categorizadas por derechos sexuales y derechos reproductivos. 3.1 Consulta con tomadores de decisión. El primer momento de esta etapa se realizó con tomadores de decisión gubernamentales y no gubernamentales con alto interés en la PNISDSDR 2026-2035, esto es crucial para establecer bases sólidas de la actualización de la política. Estos actores, al ser responsables de formular, implementar y monitorear las estrategias que protegen y promueven los DS y DR, aportan una visión integral que articula las prioridades nacionales y territoriales. Su participación inicial asegura que la política se alinee con los marcos legales y estratégicos vigentes, además de garantizar la disponibilidad de recursos institucionales y financieros necesarios para su ejecución. Participantes: Conforme a lo acordado con el equipo líder de formulación de la política del MSPS y UNFPA, los actores e instancias intersectoriales clave a consultar fueron el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, el representante residente y la representante auxiliar del UNFPA en Colombia Técnica: Conversatorio y entrevista semiestructurada al representante residente y la representante auxiliar del UNFPA en Colombia orientada por una guía temática adaptada a la trayectoria de la Representante, (capítulo 3 del documento complementario) 3.2 Consulta intersectorial y con actores sociales clave. Adicionalmente, se realizaron consultas con los diferentes sectores del Gobierno involucrados y con otros actores clave seleccionados con el fin de tener representatividad de la población involucrada en la política, cuyo aporte fortaleció la integración de enfoques diversos y complementarios en la construcción de la política.

Esta interacción inicial no solo reforzó la coordinación intersectorial, sino que también permitió identificar áreas críticas y establecer metas claras para orientar la política hacia la equidad y la eficacia en la garantía de los DS y DR. Consultar a dichos actores en esta etapa también facilitó la legitimidad de la PNISDSDR 2026-2035, promoviendo compromisos concretos que aseguren su sostenibilidad y su impacto positivo, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Participantes: • Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. • Equipo de UNFPA y demás agencias de cooperación de las Naciones Unidas (OPS, Unicef, ONUSIDA, ONU Mujeres y Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios - OCHA) • Representantes de Organizaciones de Sociedad Civil RESOLUCIÓN NÚMERO DE 001350 1 0 JUL 2026 HOJA No 50 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementacióri'. Técnica: Se realizaron tres grupos focales guiados por una temática predefinida (ver documento complementario). Este enfoque permitió profundizar en las opiniones, experiencias y sugerencias de los actores e instancias participantes, fomentando un entorno participativo que facilitó el diálogo abierto y constructivo. Las temáticas por tratar incluyeron la discusión del diagnóstico situacional y la identificación de los retos y prioridades para la actualización de la política categorizadas por DS y DR asegurando su abordaje de manera integral y colaborativa. Convocatoria y procedimiento: El MSPS envió invitaciones formales por escrito a los actores e instancias intersectoriales seleccionadas, a través de correo electrónico y llamadas telefónicas.

En dichas comunicaciones se detallaron los objetivos y expectativas de su participación en los grupos focales, como parte del proceso de actualización de la PNISDSDR. Cada grupo focal tuvo una duración aproximada de 90 a 120 minutos y se desarrollaron en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de información: El análisis de la información de los conversatorios, entrevistas y grupos focales se desarrolló mediante una síntesis temática directa. Durante las sesiones, un facilitador guio la discusión mientras un relator tomaba notas detalladas en tiempo real, enfocándose en las temáticas clave: i) diagnóstico situacional, y iii) las prioridades para la actualización de la política categorizadas por DS y DR. Al finalizar cada sesión, el facilitador y el relator realizaron un resumen inmediato, destacando las ¡deas principales, los consensos y las divergencias observadas. Finalmente, se elaboró un informe narrativo breve que sintetizaba los hallazgos principales, y destacaba las prioridades identificadas y las sugerencias de ajuste, asegurando así un análisis ágil y práctico de respaldo para la actualización de la política. Etapa 4: Consultas ampliadas en espacios de apropiación social de conocimiento Los espacios de apropiación social del conocimiento se desarrollaron como un componente esencial de la actualización participativa de la PNISDSDR 2026-2035, con el propósito de delimitar el problema público de la política, resultados esperados y plantear las posibles alternativas de solución.

Esta etapa se desarrolló a través de encuentros regionales, diálogos digitales y reuniones de trabajo con el equipo del Ministerio de Salud y Protección Social y la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 4.1 Encuentros regionales Se realizaron siete (7) encuentros regionales con participación de una muestra organizada y representativa de los grupos de valor e interés, integrando actores con trayectorias relevantes, conocimientos especializados y experiencias significativas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Se garantizó la convocatoria a los grupos prioritarios como personas LGBTIQ+, afrocolombianos, indígenas, Rrom, migrantes, personas con discapacidad, colectivos de mujeres, jóvenes y víctimas de violencia de género en el contexto del conflicto armado. Además, se realizó un encuentro con agremiaciones profesionales, asociaciones científicas y academia y dos talleres consultivos con jóvenes. Participantes: actores de todos los sectores a nivel regional (figura 4) seleccionados de manera intencional, garantizando representación de entidades gubernamentales de diferentes sectores, ONG y organizaciones de sociedad civil, academia (universidades, sociedades científicas o grupos de investigación), IPS, EPS y organismos de cooperación internacional. RESOLUCIÓN NÚMERO 001350 DE 10 Jl' 2026 HOJA No 51 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementacióri'. Figura 4.

Organización regional de los talleres realizados para la actualización de la PNISDSDR 2026-2035 San Andrés La Guniira Atiántiro ‘ Sucre VjShJ I,/ N S Caldas Risarálda Quíndio B/ventura Q Q Caribe O Central O Amazonia - Orinoquía B Sur occidente B Eje Antioquia - Chocó O Bogotá Fuente: Elaboración propia Técnica: Cada espacio participativo se desarrolló conforme a la metodología propuesta y descrita en el capítulo 3 del documento complementario. Convocatoria y procedimiento: El MSPS contactó a los actores seleccionados mediante invitaciones formales enviadas por correo electrónico y llamadas telefónicas. En estas comunicaciones se especificaron los objetivos y las expectativas respecto a su participación en los talleres para la actualización de la PNISDSDR. La confirmación buscó garantizar la participación de los diferentes actores sociales involucrados que tengan presencia en la respectiva región geográfica. Los talleres consultivos con jóvenes fueron organizados desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por esto, tanto la convocatoria, como la confirmación fue realizada por esta entidad. 4.2 Consultas digitales De acuerdo con el Global Digital Report, a comienzos del 2024 Colombia tenía 39,51 millones de usuarios de internet, equivalentes al 75,7% de la población, superior al 66% de promedio global, mientras ocupaba el cuarto lugar entre los países con mayor tiempo promedio de uso de internet (08:43 horas). Adicionalmente, según Naciones Unidas (2022) Colombia ocupó el puesto 68 del índice de desarrollo de gobierno electrónico, ubicándose en el grupo “muy alto” que refleja una mayor capacidad del país para participar en la sociedad de la información y adelantar iniciativas de gobierno electrónico.

RESOLUCIÓN NÚMERO 001350 PE 10JUL 2026 HOJA No 52 Esta tecnología y niveles de conexión permitieron crear herramientas o mecanismos digitales para que más personas participaran en la actualización de la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Fomentando el reconocimiento y la participación social. Esta metodología incluyó adelantar consultas digitales en dos momentos para aumentar las posibilidades de participación y cambiar la forma como la ciudadanía se involucra en la formulación de políticas públicas en salud. Los momentos fueron6: Momento 1: Webinarios con Juventudes Momento 2: Entrevistas virtuales con líderes y activistas de grupos poblacionales específicos. 4.3 Revisión técnica y definición de plan operativo En este momento del proceso se consolidó una versión completa del documento técnico de la PNISDSDR (versión 3), que integró los resultados del diagnóstico, la definición del problema público, los ejes estratégicos y las líneas de acción construidas con base en la metodología participativa y de marco lógico desarrollada en las etapas previas. Esta versión fue presentada y socializada ante la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en cuyas sesiones se expusieron los fundamentos conceptuales, normativos y estratégicos de la política, así como su estructura metodológica, enfoques, objetivos, ejes estratégicos y líneas de acción. En estos espacios, los sectores integrantes de la Comisión conocieron el estado de avance del proceso y realizaron observaciones generales orientadas a fortalecer la coherencia técnica, la viabilidad institucional y la articulación intersectorial de la política.

En dichas sesiones participaron representantes de sectores estratégicos como salud, educación, tecnologías de la información y las comunicaciones, trabajo, cultura, igualdad y equidad, protección social, así como entidades adscritas y vinculadas, organismos de control y cooperación internacional, quienes aportaron miradas sectoriales relevantes para el ajuste del documento. Posteriormente, los sectores contaron con un periodo de revisión técnica, durante el cual realizaron comentarios, observaciones y propuestas de ajuste sobre la versión 3 del documento, con especial énfasis en la claridad de los ejes estratégicos, la delimitación de responsabilidades institucionales y la pertinencia territorial y poblacional de las acciones planteadas. Luego, se desarrollaron reuniones técnicas con los diferentes sectores, orientadas a concretar los ajustes que darían lugar a la versión 4 del documento, afinando las líneas de acción desde una mirada intersectorial y concertando las acciones específicas planteadas. Estos espacios permitieron profundizar en la articulación sectorial y sentar las bases para la proyección del Plan de Acción, el cual será concretado a partir del avance, los consensos, prioridades y compromisos identificados en esta fase del proceso de actualización de la política pública. Participantes: • Equipo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. • Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Igualdad y la Equidad, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Defensoría del Pueblo. • Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Etapa 5: Consulta pública ciudadana 6 La descripción metodológica de estas consultas se presenta en el capítulo 3 del documento complementario.

RESOLUCIÓN NÚMERO C01350 DE ro jui 2026 HOJA No 53 La última etapa del proceso de actualización de la PNISDSDR 2026-2035 se centró en la validación del documento técnico que contiene las bases del Plan de‘Acción de la Política Pública, mediante la consulta abierta a la ciudadanía. Este momento promovió una revisión ciudadana de la coherencia del documento propuesto frente a las necesidades, expectativas y sugerencias hechas por los actores clave y la población en general, logrando así una política pública inclusiva, efectiva y legitimada. Las actividades desarrolladas fueron: a. Consulta Pública y Participación Ciudadana. Se promovió el acceso de la ciudadanía al documento técnico diseñado, permitiendo comentarios, sugerencias y propuestas adicionales. Para ello, se publicó el proyecto de resolución y el documento técnico en el sitio web oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, dejando apertura de 15 días calendario para la recepción de comentarios. b. Incorporación de observaciones y ajustes finales. Se consolidaron las observaciones recibidas durante la consulta pública y se ajustó el documento técnico final según la pertinencia de las observaciones recibidas. 3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO QUE SE RESUELVE CON LA POLÍTICA La sexualidad es un aspecto central de la vida humana, presente a lo largo del curso de vida y estrechamente vinculada con la dignidad, la identidad, la educación, el bienestar y la salud de las personas. Su vivencia libre, autónoma y saludable es indispensable para el desarrollo integral y la garantía de otros derechos fundamentales. En este sentido, los derechos sexuales y derechos reproductivos reconocen y permiten ejercer la sexualidad de forma informada, segura, responsable y exenta de toda forma de discriminación, coerción o violencia.

Su realización efectiva no se limita al acceso a servicios, información y educación, sino que requiere el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y la transformación de condiciones estructurales, sociales, culturales e institucionales que han restringido su pleno ejercicio. El análisis situacional de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia evidencia avances en cobertura de servicios y marcos normativos, en contraste con las persistentes brechas en el acceso efectivo a servicios, la calidad de la atención y los resultados en salud. Por tratarse de un tema amplio, son múltiples los datos y reportes que dan cuenta de la realidad, estos están de manera amplia abordados en el diagnóstico situacional (véase Documento Complementario), sin embargo, se puede resaltar; La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en unión se sitúa alrededor del 77%, con necesidades insatisfechas cercanas al 7%, concentradas en adolescentes, población rural y mujeres con menor nivel educativo. En paralelo, la fecundidad adolescente continúa siendo un reto, con tasas significativamente mayores en zonas rurales frente a urbanas, lo que refleja limitaciones en el acceso a información, educación integral en sexualidad y servicios oportunos. En materia de violencias sexuales, se notifican decenas de miles de casos anuales, con más del 70% concentrado en niñas y adolescentes, evidenciando subregistro y brechas en la detección y atención integral. A su vez, aunque la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cuenta con un marco legal garantista, persisten barreras de acceso relacionadas con la oferta de servicios, la dispersión geográfica y factores socioculturales. En el continuo de la atención, se identifican brechas en la integralidad de los servicios a lo largo del curso de vida. La cobertura de cuatro o más controles prenatales alcanza aproximadamente el 88%, aunque con diferencias territoriales y por nivel educativo, mientras que el acceso a atención preconcepcional es inferior al 40%, evidenciando un rezago en la gestión anticipada del riesgo reproductivo.

La razón de mortalidad materna se mantiene alrededor de 46 muertes por 100.000 nacidos vivos, lo que continúa por encima de la meta nacional y refleja fallas en la oportunidad, calidad y continuidad de la atención, de acuerdo con registros recientes del sistema de vigilancia del Ministerio de Salud. De manera RESOLUCIÓN NÚMERO J Q JUL 2026 001350 DE HOJA No 54 complementaria, la salud menstrual y ginecológica presenta brechas en acceso en educación, insumos y servicios, con impactos en la permanencia escolar, la productividad y la dignidad de las mujeres y personas que menstrúan, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Las desigualdades en el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos se distribuyen de manera heterogénea y afectan con mayor intensidad a poblaciones phorizadas, incluyendo adolescentes, mujeres que viven en zonas rurales y dispersas, comunidades étnicas y población con menores niveles de ingreso y escolaridad. En estos grupos se concentran mayores tasas de fecundidad adolescente, menor acceso a servicios de salud, mayores barreras geográficas e institucionales, y mayor exposición a violencias basadas en género. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer un enfoque integral, diferencial y territorial en la política pública, que permita cerrar brechas, mejorar la calidad de la atención y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la articulación intersectorial y la gestión del riesgo a lo largo del curso de vida.

La convergencia del amplio panorama evidenciado en el diagnóstico situacional (disponible en documento complementario) y los hallazgos identificados en los espacios participativos con los diversos sectores institucionales y actores sociales durante el proceso de actualización de la política, permitió definir el problema público que busca resolver la PNISDSDR 2026-2035 de la siguiente forma: PERSISTENCIA DE LAS BRECHAS DE INEQUIDAD Y DE BARRERAS PARA LA GARANTÍA, EL RECONOCIMIENTO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS, ASÍ COMO PARA LA VIVENCIA DE ____ UNA SEXUALIDAD PLENA Y SALUDABLE Este núcleo problemático se mantiene a pesar de los avances normativos y de la progresividad alcanzada en el reconocimiento y la protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el país, y se asocia principalmente con los siguientes determinantes de orden político, cultural, institucional, comunitario e individual: 1. Persistencia de normas sociales y de género que perpetúan patrones socioculturales que profundizan la discriminación, la violencia y la exclusión social, restringiendo el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Estas normas alimentan una cultura heteropatharcal que refuerza relaciones de poder desiguales, limitan la autonomía de las personas y sostienen prácticas que vulneran los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las consultas ampliadas destacaron cómo los estigmas, prejuicios y discursos discriminatorios se reproducen cotidianamente en diferentes espacios sociales, incluyendo medios de comunicación, redes sociales, y entornos virtuales. Estos escenarios refuerzan la sexualización de los cuerpos femeninos, la exclusión de las identidades diversas y la difusión de discursos de odio.

La naturalización de estos patrones que sostienen estructuras de poder genera narrativas que mantienen el discurso social, derivando en las expresiones de exclusión, discriminación, imposiciones, ausencia de servicios, y limitación del ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para grupos específicos de la población e incidiendo significativamente en el ejercicio de prácticas violentas. En relación con lo anterior, la falta de acceso adecuado a la información y a la EIS fue señalada como otro elemento crítico. Aunque Colombia cuenta con un marco normativo sólido para la EIS en entornos educativos, su implementación es irregular y se ve limitada por la falta de formación adecuada de docentes, la autonomía de las instituciones educativas e instituciones de educación superior que obstaculizan la ejecución de los programas, y las barreras culturales que impiden abordar la sexualidad de manera abierta e integral. A su vez, la falta de una comprensión integral de la sexualidad y de la EIS en el ámbito familiar y en entornos comunitarios -que abarque dimensiones biológicas, emocionales, sociales y éticas- limita la construcción de relaciones interpersonales RESOLUCIÓN NÚMERO .001350 DE HOJA No 55 IQJUL 2026 Continuación de la resolución: “Porta cual se adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementaciórí'. saludables y dificulta tanto el ejercicio pleno como la exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los medios de comunicación tradicionales, al igual que las redes sociales y los nuevos entornos digitales, desempeñan un papel significativo en la reproducción de estereotipos de género y en la consolidación de una cultura heteropatriarcal. La representación de roles de género rígidos, la sexualización de los cuerpos femeninos y la difusión de discursos discriminatorios contribuyen a reforzar dinámicas de desigualdad y perpetúan formas de violencia simbólica.

En particular, las plataformas digitales se han convertido en espacios donde proliferan discursos de odio y diversas manifestaciones de VBG, que afectan de manera desproporcionada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con OSIGD, y especialmente a personas trans. Estas violencias, facilitadas por la tecnología, adoptan múltiples formas, entre ellas: la sextorsión (chantaje con la amenaza de divulgar contenido íntimo), el abuso mediante imágenes (difusión no consentida de imágenes sexuales), el doxing (publicación de información personal o confidencial), el ciberacoso, el acoso sexual y de género en línea, el hostigamiento digital, la captación en línea con fines de abuso sexual, la piratería informática, el discurso de odio, la suplantación de identidad en línea, y el uso de tecnologías para localizar a personas sobrevivientes con el fin de ejercer nuevas formas de violencia. Estos entornos digitales no solo perpetúan estigmas y violencias estructurales, sino que también dificultan el acceso a información veraz, científica y respetuosa sobre sexualidad, derechos y diversidad, lo que profundiza las brechas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en particular para las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad. En este contexto, la transformación de normas sociales y de género se reconoce como un pilar fundamental para desmantelar las barreras patriarcales que restringen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Las consultas con diversos actores subrayaron la urgencia de impulsar procesos sostenibles de cambio sociocultural que involucren activamente a todos los sectores de la sociedad en la construcción de relaciones basadas en la equidad, el respeto mutuo y la eliminación de cualquier forma de violencia. 2.

Limitada gobernanza territorial, débil articulación intersectorial, escasas capacidades institucionales y brechas en las competencias del talento humano y de servidores públicos que dificultan la implementación y garantía efectiva del marco constitucional, normativo y reglamentario vigente en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. La implementación del marco constitucional, normativo y reglamentario en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos enfrenta serias dificultades asociadas a una gobernanza territorial limitada, una articulación intersectorial deficiente y una capacidad institucional insuficiente. Persiste una débil coordinación funcional entre los niveles nacional y territorial, así como falencias estructurales en múltiples entidades en aspectos de planeación, gestión y sostenibilidad técnica y financiera. La falta de articulación efectiva entre sectores clave -como salud, educación, protección y justicia-, junto con la alta rotación de servidores públicos, y la falta de definición de competencias institucionales impide una respuesta estatal integral, continua y oportuna en los territorios. A ello se suma la existencia de múltiples espacios interinstitucionales mesas, comités, comisiones y mecanismos articuladores que, aunque tienen el mandato de abordar asuntos relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos, operan con frecuencia de manera fragmentada, con funciones superpuestas o duplicadas. Esta dispersión disminuye la coherencia y eficacia de la acción pública, especialmente en contextos locales con capacidades institucionales reducidas y acompañamiento técnico limitado. Otro obstáculo crítico es la insuficiencia de recursos financieros y humanos, en particular en municipios con baja capacidad operativa.

La limitada asignación presupuestal restringe RESOLUCIÓN NÚMERO 001350 DE 10 JUL 2026 HOJA No 56 el fortalecimiento institucional, dificulta la contratación de personal calificado y limita la disponibilidad de infraestructura básica, profundizando las brechas entre zonas urbanas y rurales y comprometiendo la sostenibilidad de las intervenciones. A esta situación se suma la limitada formación, así como las creencias personales de servidores públicos, profesionales del sector salud y otros actores, en materia de derechos humanos, enfoque de género, diversidad y derechos sexuales y derechos reproductivos. Esta carencia de capacidades incide negativamente en la calidad y pertinencia de la atención, y obstaculiza el avance hacia un abordaje integral, garantista y libre de discriminación en los distintos niveles de atención y en la gestión pública. Asimismo, la falta de sistemas de información integrados, interoperables y desagregados representa una limitación adicional. Esta carencia obstaculiza la producción de evidencia útil para la formulación de políticas con pertinencia territorial y enfoque diferencial. La fragmentación de registros, la baja calidad de los datos y la escasa coordinación entre los sistemas de detección, protección y monitoreo impiden reconocer oportunamente las vulneraciones y debilitan las rutas de atención y restitución de derechos. La baja calidad de la información también se expresa en la ausencia de desagregación clara sobre el tipo de servicios para la protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos requeridos y provistos, así como la falta de datos diferenciados por pertenencia étnica, discapacidad, situación migratoria y otros factores relevantes, lo que limita la comprensión de la forma en que operan las brechas de acceso a servicios en distintos grupos poblacionales y dificulta el diseño de respuestas ajustadas a sus necesidades específicas.

En consecuencia, esta debilidad institucional no solo restringe la acción estatal, sino que perpetúa escenarios de impunidad, revictimización y exclusión, especialmente para quienes enfrentan múltiples formas de discriminación. 3. Insuficiencia de mecanismos institucionalizados que promuevan y aseguren la participación y la exigibilidad efectiva de los derechos sexuales y derechos reproductivos en los ámbitos social, comunitario e individual. Aunque la sociedad civil ha sido clave para el reconocimiento y la progresión de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, persisten serias limitaciones en la institucionalización de mecanismos que aseguren su participación, incidente y sostenida en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. La ausencia de canales estables y vinculantes de participación restringe el ejercicio pleno de la ciudadanía, debilita la apropiación social de los derechos y reduce las posibilidades de exigibilidad individual y colectiva, en especial para las poblaciones más excluidas. Esta situación se ve agravada por la fragilidad de los procesos de control social y rendición de cuentas, así como por una articulación insuficiente con los órganos de vigilancia y control, lo que impide el seguimiento efectivo de las acciones institucionales y reduce la capacidad estatal para identificar y corregir fallas en la garantía de derechos, en particular ante situaciones de violencia sexual o prácticas discriminatorias. 4. Persistencia de múltiples formas de VBG y de prácticas nocivas que vulneran los derechos sexuales y derechos reproductivos, impactando de manera desproporcionada a poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. A pesar de los avances normativos, persisten múltiples formas de VBG y prácticas nocivas que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas con OSIGD.

Estas incluyen feminicidios, violencias sexuales, violencias reproductivas, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia por prejuicios y violencia institucional, así como prácticas como la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas, todas ellas reconocidas como violaciones graves de los derechos humanos. Su prevalencia es más aguda en contextos de desigualdad estructural, conflicto armado, pobreza, exclusión territorial y discriminación interseccional, así como en contextos de crisis asociadas con el RESOLUCIÓN NÚMERO U01350 DE 10 JUL 2026 HOJA No 57 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y se imparten instrucciones para su implementacióri'. conflicto armado, la migración, los desastres naturales y los eventos climáticos, y en entornos digitales. En Colombia, estas formas de violencia persisten en un contexto marcado por la impunidad, la revictimización de las personas afectadas y la débil capacidad institucional para la prevención, atención, protección y reparación. Las personas sobrevivientes de VBG siguen experimentando barreras físicas, monetarias, sociales para acceder a servicios psicosociales, médicos, de acceso a la justicia y protección para atender a las consecuencias de la violencia y permitirle avanzar en su proceso de recuperación y empoderamiento. Las rutas de atención presentan fallas estructurales que comprometen la eficacia del sistema, trasladando la carga de la prueba en las víctimas y dificultando el acceso a la justicia. Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran un patrón sostenido de violencias sexuales que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, con una significativa brecha de género en la violencia de pareja (seis mujeres afectadas por cada hombre que denuncia).

Factores como el machismo, la naturalización del control sobre la pareja y la dependencia económica siguen perpetuando estas dinámicas. Los feminicidios, mayoritariamente perpetrados por parejas o exparejas, siguen en aumento y visibilizan las limitaciones de los mecanismos de alerta temprana. En relación con las prácticas nocivas, se han documentado casos de mutilación genital femenina principalmente en comunidades indígenas, así como matrimonios forzados y uniones tempranas que afectan especialmente a niñas, adolescentes y jóvenes en zonas rurales y con baja cobertura institucional. Estas prácticas perpetúan el control sobre el cuerpo y la vida de niñas y mujeres, vulnerando su autonomía, salud y desarrollo. Este panorama exige el fortalecimiento urgente de una respuesta intersectorial con enfoque de género, étnico-cultural, de interseccionalidad, discapacidad y curso de vida, que garantice la implementación efectiva de protocolos, la formación continua del talento humano de los sectores de salud, educación, justicia, protección, y el fortalecimiento de redes comunitarias de apoyo y refugio. Asimismo, se requiere avanzar en la implementación de mecanismos de justicia restaurativa y reparación integral, garantizar sistemas de información desagregados, e incorporar marcos normativos y pedagógicos que erradiquen estereotipos y legitimen el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia y coerción sexual o reproductiva. 5. Barreras para el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la atención integral en salud sexual y salud reproductiva afectando especialmente a poblaciones vulnerables, en zonas rurales o dispersas y/o pertenecientes a grupos étnicos. Garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a la atención integral en salud sexual y salud reproductiva continúa siendo un reto estructural para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

A pesar de los avances normativos y programáticos, persisten múltiples barreras -económicas, territoriales, socioculturales y administrativas- que obstaculizan la atención oportuna en temas clave como el acceso a la anticoncepción, a la atención preconcepcional, prenatal, del parto y puerperio, la prevención y tratamiento de ITS, incluido el VIH/sida, el cuidado menstrual, el cuidado durante el climaterio, menopausia y postmenopausia, el embarazo adolescente, la atención en procesos de afirmación de género y el acceso seguro a la IVE. Estas brechas se profundizan en contextos rurales, territorios con limitada capacidad institucional y escenarios de movilidad humana, donde el acceso a las atenciones en salud materna y la capacidad para atender las emergencias obstétricas siguen siendo deficientes. La persistencia de causas prevenibles de mortalidad materna da cuenta de la fragilidad del sistema en la garantía del acceso universal a la atención integral en salud de todas las mujeres con intención reproductiva a corto plazo, las mujeres gestantes, en parto RESOLUCIÓN NÚMERO 001350 DE 10 JU1 2026 HOJA No 58 y posparto, con un impacto desproporcionado sobre mujeres que residen en áreas rurales dispersas, adolescentes, jóvenes y personas que pertenecen a pueblos étnicos. Aunque no se trata de un asunto que solo afecte el contexto colombiano, y por el contrario es un problema generalizado, los sesgos de género, que han centrado los estudios clínicos, investigaciones y avances científicos se han centrado en los hombres, limitando así el conocimiento sobre las necesidades específicas de salud de mujeres y otras poblaciones.