Sentencia T-435 de 2025

T-435-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-435/25 DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Disimetría de género en la distribución del trabajo (actividad de cuidado personal) SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Desafiliación irregular del beneficiario (...), la desafiliación de la accionante del servicio de salud se fundamentó en una valoración errónea de su situación económica por parte de entidad demandada, al atribuirle la presunta solvencia económica a unas cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social. Esto, sin consideración alguna sobre el contexto en el que se efectuaron dichos pagos (ni muchos menos su rol como mujer cuidadora de Guillermo), y a pesar de que informó oportunamente de circunstancias que permitían inferir razonablemente que ni el monto de la cotización, ni la supuesta calidad de cotizante “independiente”, daban cuenta de situación socioeconómica. FUNCION JURISDICCIONAL POR SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-No desplaza a juez de tutela cuando se trata de proteger el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia dada la menor eficacia del mecanismo judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud previsto en la ley 1122 de 2007/ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional DERECHO A LA SALUD-Alcance y contenido/DERECHO A LA SALUD-Interpretación a la luz de los tratados internacionales DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Principios rectores de accesibilidad, solidaridad, continuidad e integralidad PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ADULTO MAYOR-Diferencia ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección en el ordenamiento interno y en ámbito internacional DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Protección constitucional especial (...), este grupo debe ser protegido de manera prevalente para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente cuando las capacidades físicas o psíquicas se vean disminuidas, recayendo en el Estado una obligación de brindar apoyo cuando el núcleo familiar no pueda asumir dicha responsabilidad. DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Alcance y contenido DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Evolución jurisprudencial DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Fases DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Dimensiones DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Estándar de protección ACTIVIDAD DE CUIDADO PERSONAL-Características de la prestación (remunerada o no remunerada) DERECHO AL CUIDADO DE HIJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Feminización de la labor de cuidado familiar (trabajo no remunerado), mediante reproducción de estereotipos de género ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-Debe orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Séptima de Revisión de Tutelas Sentencia T-435 de 2025 Expediente: T-11.073.655 Acción de tutela interpuesta por Martha, actuando en nombre propio y en representación de Guillermo contra la Universidad Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha dictado la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos dictados el 10 de febrero de 2025 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de oralidad de Santiago de Cali y del 17 de marzo de ese mismo año, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santiago de Cali que confirmó la sentencia de primera instancia. I. SINTESIS DE LA DECISIÓN Martha interpuso acción de tutela contra la Universidad debido a que dicha institución la desafilió del servicio especial de salud y esta situación, en su concepto, afectaba no solo su salud, sino que impactaba la relación de cuidado que tiene con su hijo en situación de discapacidad. La institución accionada adujo que esta determinación se fundamentó en que la demandante venía realizando cotizaciones como independiente al sistema de seguridad social, circunstancia que desvirtuaba la dependencia económica de su esposo –en condición de pensionado– y, por ende, el incumplimiento del requisito para ostentar la calidad de beneficiario. El juez de primera instancia declaró la improcedencia del amparo al considerar que la accionante podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la decisión adoptada por la Universidad. Además, advirtió que no se probó la existencia de circunstancias que permitieran inferir un perjuicio irremediable. La decisión fue confirmada en su integridad por el juez de segunda instancia. Luego de estudiar la procedencia de la acción de tutela y delimitar el objeto del debate, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional relacionada con la garantía de los derechos a la salud y al cuidado. Al resolver el caso concreto, encontró que la entidad accionada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al desafiliarla del servicio especial de salud con fundamento en una valoración de su situación económica que no se acompasaba con su realidad socio económica. Además, concluyó que dicha decisión desconoció e invisibilizó su rol como mujer cuidadora de una persona con una condición de discapacidad. En consecuencia, la Sala resolvió ordenar la afiliación de la accionante como beneficiaria de Pedro en el servicio especial de salud. Así mismo, exhortó a la entidad accionada, a los jueces de instancia y, en general, a las autoridades administrativas y judiciales para que garanticen la equidad de género y la no discriminación en el análisis y resolución de los procedimientos administrativos y las causas judiciales que conozcan en desarrollo de sus labores. II. ANTECEDENTES 1. Afiliación de la demandante al servicio de salud de la Universidad. Según se expone en la acción de tutela, la accionante (de 71 años) y su hijo (de 42 años) se afiliaron al servicio de salud de la Universidad desde el 1 de enero de 1982, en calidad de beneficiarios del grupo familiar de Pedro su esposo. Este último, laboró en dicha institución y se pensionó como trabajador de la institución educativa[1]. 2. Desarrollo de labores de cuidado. Martha afirma que ha dedicado su vida al cuidado de su hijo Guillermo, quien fue diagnosticado desde temprana edad con trastorno del espectro autista. Por esta razón, afirmó que no ha percibido ingresos laborales independientes. Además, señaló que no ha cotizado al sistema general de seguridad social en pensiones, razón por la que no se le ha reconocido ninguna pensión. 3. Desvinculación de la accionante del servicio de salud de la Universidad. Mediante comunicación del 12 de diciembre de 2024[2], remitida vía correo electrónico, la Universidad le informó a la demandante que sería retirada del servicio de salud que presta dicha institución, debido a que se encontró que había realizado algunos aportes como independiente al sistema general de seguridad social. Dicha circunstancia, en criterio de la Universidad, acreditó que no dependía económicamente de nadie. Por ello, en concordancia con lo dispuesto por el parágrafo primero del artículo 21 del Decreto 2353 de 2015, manifestó que esa situación era «incompatible con la calidad de beneficiario en el Servicio de Salud de la [Universidad], por lo que a partir del 1 de enero de 2025 se realizará el retiro como beneficiaria en el grupo familiar y se dará un periodo de cobertura de un mes, para que pueda tramitar su afiliación como cotizante a la EPS de su elección»[3]. 4. Recurso de reposición. Por medio de escrito del 18 de diciembre de 2024, Martha interpuso un recurso de reposición, y en subsidio de apelación, contra la decisión adoptada por la Universidad. Fundamentó su oposición en las siguientes razones[4]. Primero, los ingresos que, en opinión de la Universidad devengaba y, por lo tanto, sirvieron de fundamento para la desvinculación del servicio de salud no acreditarían su independencia económica porque se trata de «ingresos por arriendos de bienes adquiridos por mi marido […] que, por solidaridad y reconocimiento a mi trabajo como cuidadora [Guillermo], han sido registrados a nombre de los dos». 5. Segundo, si bien es cierto que ha venido realizando aportes al sistema general de seguridad social en salud, esto no obedece a que devengue recursos propios que acrediten su aparente independencia económica. Adujo que ello ocurrió porque recibía en su cuenta de ahorros el usufructo destinado al cuidado y apoyo de Guillermo, razón por la que fue requerida por la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales –DIAN– para que efectuara dichos pagos, desconociendo que esto pudiere afectar su calidad de beneficiaria en el servicio especial de salud[5]. 6. Tercero, los ingresos por concepto de arriendos no reflejarían su situación económica real, esto es, no dan cuenta de su independencia económica porque estos son utilizados para el cuidado y sostenimiento de Guillermo. Adujo que dichos recursos no constituían ingresos propios, circunstancia que le impedía, de manera autónoma, procurarse «[…] un servicio equivalente que no present[e] regresividad en su prestación»[6]. 7. Cuarto, la decisión también afecta los derechos fundamentales de Guillermo «a recibir de su madre cuidadora la mejor atención posible; más ahora que su dependencia y necesidades son aún mayores y mis afectaciones de salud física y emocional, pueden ser más profundas»[7]. 8. Respuesta al recurso de reposición. Mediante comunicación del 16 de enero de 2025[8], la Universidad confirmó la decisión adoptada el 12 de diciembre de 2024. La institución educativa concluyó que no había lugar a modificar dicha determinación, con fundamento en los siguientes argumentos: (i) de acuerdo con el parágrafo segundo, literal c. del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la calidad de afilados al servicio de salud solamente la ostentan los miembros del personal académico, los empleados y trabajadores, los pensionados y jubilados de la Universidad; (ii) el artículo 165 de la Ley 2294 de 2023 faculta «a los regímenes especiales decidir si recibe o no cotizaciones de beneficiarios con relación laboral o ingresos adicionales que le obligan a cotizar al sistema general en salud»[9]. En el caso de la Universidad, «la Junta de Administración del Servicio de Salud, determinó no recibir cotizaciones de beneficiarios en el marco de su autonomía, sostenibilidad financiera y de conformidad con el concepto del Ministerio de Salud del 12 de diciembre de 2024». Respecto de la solicitud subsidiaria de apelación formulada por la accionante, la entidad no emitió ninguna respuesta, bien fuera negando o concediendo el recurso de alzada ante el superior jerárquico. 9. Trámite de la acción de tutela. El 29 de enero de 2025[10], Martha, actuando en nombre propio y en representación de Guillermo, interpuso acción de tutela contra la Universidad, por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital. Adujo que se desconocieron tales prerrogativas porque perdió la calidad de beneficiaria del servicio especial de salud de la Universidad, a partir del 1º de enero de 2025, en razón a que, de acuerdo a dicha institución, estaría realizando aportes como independiente[11]. En cuanto al impacto que genera la decisión de desvincularla del servicio de salud de la Universidad, afirmó en el escrito que se ve reflejado en que no recibirá «un servicio de salud equivalente al que me ha prestado desde el año 1982 el Servicio de Salud de la [Universidad] que no presente regresividad en su prestación y me permita continuar con mi tarea de cuidadora de [Guillermo] en las condiciones físicas y emocionales que esta tarea requiere»[12]. 10. En consecuencia, solicitó ordenar a la Universidad dejar sin efecto la decisión del 12 de diciembre de 2024 y restablecer la prestación del servicio especial de salud en su favor. Además, solicitó dictar una medida provisional consistente en suspender la decisión de la Universidad para que se garantice su cobertura mientras se resuelve la acción de tutela. 11. Admisión y respuestas a la acción de tutela. El 30 de enero de 2024, el Juzgado Tercero Civil Municipal de oralidad de Santiago de Cali admitió la demanda de tutela, corrió traslado a la entidad accionada y vinculó al trámite a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en lo sucesivo, Adres) y a la Superintendencia de Salud –en adelante, SNS–. Así mismo, negó la medida provisional solicitada, «comoquiera que del estudio de las pruebas acompañadas con el escrito de la referencia, no se evidencia, que en la misma, se configure la existencia de un perjuicio irremediable que requieran de una atención previa a la decisión de fondo»[13]. A excepción de la Superintendencia de Salud, la Adres y la Universidad contestaron la demanda, en los términos que se sintetizan a continuación: Parte Respuesta Universidad[14] Solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela. Adujo que la entidad ha garantizado el derecho de contradicción de la accionante, resolviendo oportunamente los recursos (sin precisar cuál o cuáles) impetrados contra la decisión de desvinculación del servicio de salud. También esgrimió que ha garantizado el término prudencial y legal de protección para que la accionante efectúe la afiliación como cotizante al sistema general de salud. Además, precisó que la accionante puede acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la legalidad del de la decisión, proceso en el que puede solicitar la adopción de medidas cautelares o previas para garantizar su protección. Así mismo, sostuvo que no se evidenció un perjuicio irremediable, toda vez que contaba con el periodo de protección que garantizaba la continuidad el tratamiento médico mientras se afiliaba a una EPS. Por último, resaltó que en relación con la afiliación de su hijo Guillermo, «la Universidad no ha notificado o retirado al mismo, teniendo en cuenta que cuenta con una situación de discapacidad que permite su condición de beneficiario, sin importar su edad y que no cuenta con ingresos propios que lo obliguen a cotizar al sistema»[15]. Adres[16] Solicitó su desvinculación. Para sustentar tal pretensión, señaló que la entidad no tiene competencia para la afiliación o desafiliación de usuarios del sistema de salud, pues tal competencia le fue atribuida a las EPS según lo dispone el Decreto 780 de 2016. También mencionó que no ejerce vigilancia y control sobre dichas entidades, pues tal función es ejercida por las entidades territoriales y la SNS. 12. Sentencia de primera instancia. Mediante sentencia del 10 de febrero de 2025[17], el Juzgado Tercero Civil Municipal de oralidad de Santiago de Cali declaró la improcedencia del amparo. La decisión fue dictada con fundamento en los siguientes argumentos[18]: (i) la demandante plantea una controversia de índole legal, que carece de relevancia constitucional, y que debe ser dirimida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) la accionante no ha ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) para la fecha en que emitió la sentencia, la demandante y su hijo todavía gozaban de los servicios de salud de la Universidad, circunstancia que, concluyó, descarta la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 13. Decisión de segunda instancia. Por medio de providencia emitida el 17 de marzo de 2025[19], el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santiago de Cali confirmó la sentencia impugnada. Para esto, reiteró los argumentos del juez de primera instancia. 14. Tramite de selección para revisión. Agotadas las instancias, y en acatamiento de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente de la referencia fue escogido para su eventual revisión, mediante auto del 30 de mayo de 2025, dictado por la Sala de Selección Número Cinco de 2025. En cumplimiento de dicha providencia, el expediente en cuestión fue remitido al despacho de la magistrada ponente, a quien le correspondió el expediente por sorteo público. 15. Solicitud de medida provisional. Mediante escrito del 17 de junio de 2025, la demandante solicitó la adopción de una medida provisional, consistente en que se deje sin efecto la decisión de desafiliarla del sistema de salud de la Universidad. Sustentó su pedimento en las siguientes razones[20]: (i) tiene 71 años y padece enfermedades crónicas que han venido siendo tratadas por el Servicio de Salud de la Universidad; (ii) no cuenta con dicho servicio de salud desde el 7 de abril de este año; (iii) su médico tratante le prescribió medicamentos que no puede sufragar sin ostentar la calidad de beneficiaria de dicho régimen especial de salud; (iv) no ha podido acceder a citas de control con las especialidades de ginecología y endocrinología ordenadas por su médico tratante en el servicio de salud de la Universidad; (v) no tiene una pensión y los ingresos que recibe su marido se emplean en el cuidado y sostenimiento de Guillermo[21]. 16. Resolución de la medida provisional. Mediante el Auto 1148 de 2025, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional negó la medida provisional. La Sala concluyó que no se cumplían las exigencias para acceder a dicha solicitud. En concreto, la Sala sostuvo que no infería una apariencia de buen derecho porque las circunstancias fácticas expuestas no denotaban, prima facie, la adopción de una decisión arbitraria por parte de la entidad accionada. Además, argumentó que no se advertía la necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables, pues no se acreditaba el presunto un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la demora en el tiempo. Esto, por las siguientes dos razones: (i) no hay ningún riesgo asociado a la garantía de los derechos fundamentales de Guillermo pues él continua y continuará afiliado al servicio de salud de la Universidad; (ii) la accionante se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud, en Suramericana EPS, entidad a la que puede acudir con el fin de solicitar los medicamentos y citas de control que requiera para el tratamiento de sus patologías, mientras se resuelve la acción de tutela. 17. Autos de pruebas. Mediante providencia del 24 de julio de 2025, la magistrada sustanciadora requirió a la accionante para que aportara información sobre la composición de su núcleo familiar, así como su situación económica y laboral. También ofició a la Universidad para que aportara información acerca de la situación pensional de Pedro. Por último, requirió a la EPS para que informara sobre la prestación de los servicios de salud a la demandante en la actualidad. Con posterioridad, mediante auto del 22 de agosto de 2025, se requirió a Suramericana EPS para que cumpliera el requerimiento efectuado el 24 de julio de 2025. También se solicitaron informes adicionales a las partes, comoquiera que resultaba necesario esclarecer lo ocurrido con las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social en salud, así como con la decisión adoptada por la Universidad de no recibir cotizaciones de beneficiarios. 18. Respuestas a los autos de pruebas. En el siguiente cuadro se resumen las respuestas recibidas: Entidad Respuesta Universidad[22] En respuesta al auto dictado el 24 de julio de 2025, informó que si bien Pedro laboró en la entidad hasta el 1 de abril de 2016, el reconocimiento de su pensión estuvo a cargo de Colpensiones, entidad que debe pronunciarse sobre el requerimiento efectuado por esta Corte. Más adelante, en relación con el informe requerido mediante auto del 22 de agosto de 2025, remitió las planillas de autoliquidación de aportes pagadas por la accionante desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025. En relación con la información sobre la decisión adoptada por la Universidad para no recibir cotizaciones de beneficiarios, precisó las normas que fundamentan la prestación del servicio especial de salud por parte de instituciones educativas estatales (i.e. Leyes 30 de 1992, 647 de 2001 y 1443 de 2011). En seguida, indicó que la decisión de no recibir cotizaciones de beneficiarios se justificó en la sostenibilidad financiera del sistema, toda vez que «la Universidad no recibe del ADRES financiación mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a pesar de que su Plan de Beneficios en Salud (PBS) es idéntico al del régimen general y está sometido a las mismas reglas de atención previstas en el literal d) del artículo 57 de la Ley 30 de 1992»[23]. Además, esta determinación se fundamentó jurídicamente en que el parágrafo 1 del artículo 163 de la Ley 100 de 1993 dispone que «la condición de beneficiario sólo procede cuando existe una dependencia económica», esto es, «que dicho beneficiario no perciba ingresos que le generen la obligación de aportar al sistema»[24], circunstancia que no se presenta en el caso de Martha. Además, señaló que el artículo 165 de la Ley 2294 de 2023[25], «de manera inconsistente y en contravía de la propia Ley 30 de 1992, abre la posibilidad de afiliar a los cónyuges de los cotizantes»[26]. Por este motivo, la Universidad solicitó al Ministerio de Salud que se aclarara el alcance de la expresión «podrán» contenida en el parágrafo de dicha norma. A este respecto, aportó copia del concepto emitido por la cartera de salud en el que dicha entidad sostuvo lo siguiente: «el legislador en el parágrafo del artículo 165 de la Ley 2294 de 2023, al utilizar la palabra ‘podrán’, señaló que dicha afiliación constituye una facultad o posibilidad, pero no una obligación. Esto significa, que cada universidad tiene la libertad de decidir si incluye o no a los cónyuges como beneficiarios de su régimen especial, sin que exista una imposición normativa al respecto»[27]. Martha[28] En cumplimiento del auto dictado el 24 de julio de 2025, la accionante proporcionó la siguiente información: (i) Se encuentra afiliada a una EPS debido a que su hija se encuentra vinculada en la actualidad mediante un contrato a término fijo que le permite su afiliación como beneficiaria. (ii) Destacó que la terminación del vínculo con el servicio especial de salud de la Universidad «implicó romper con una atención que se extendió en el tiempo por más de 40 años, junto con la confianza y tranquilidad que se deriva de la relación con médicos que conocen mi historia clínica y la situación de mi grupo familiar»[29]. (iii) En cuanto a la prestación de los servicios de salud, manifestó lo siguiente: «no he recibido ningún servicio por parte de la EPS. Desde que el servicio médico me desafilió no he tenido seguimiento por los médicos tratantes para ninguna de mis patologías ni he recibido medicamentos por parte de la EPS»[30]. (iv) Respecto de la composición de núcleo familiar, informó que está conformado por su esposo, de 71 años, su hijo Guillermo, de 43 años, y su hija, de 35 años. (v) En relación con la situación económica del núcleo familiar, informó que su esposo percibe mensualmente $10.418.361 por concepto de pensión y su hija $10.591.200 por concepto de salario. En adición a esto, indicó que reciben $2.271.000, producto de usufructo de bienes inmuebles. A este respecto, precisó que ella y su esposo son propietarios de la casa en la que habitan, así como de dos apartamentos en Cali y uno en Medellín. Además, la demandante es copropietaria junto con sus hermanos de una finca y un lote en Guarne (Antioquia)[31]. (vi) En cuanto a los gastos mensuales para la manutención de Guillermo, señaló que estos ascienden a $4.350.118; resaltó que este monto puede ascender debido a que se realizan erogaciones adicionales con el fin lograr «una buena calidad de vida y socialización de una persona con autismo». Con posterioridad, en respuesta al auto dictado el 22 de agosto de 2025, la accionante relató las circunstancias por las cuales estuvo realizando aportes al sistema de seguridad de social hasta febrero de 2025. Informó que esto se debió a que su esposo solo contaba con una cuenta de pensionado que le impedía recibir ingresos que no provinieran de la mesada pensional. Por esto, acordaron que ella tendría una cuenta de ahorros para recibir los dineros correspondientes al usufructo de bienes inmuebles de propiedad de ambos. Más adelante, relató que «[e]n el año 2017, la DIAN me notificó que, debido a dichos ingresos por concepto de arriendos recibidos en mi cuenta, debía realizar aportes, […] que debía hacer un pago mensual al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, y que ello no afectaba mi condición de beneficiaria del servicio de salud»[32]. Por esta razón, adujo que desde dicha data ha venido pagando la planilla mensualmente y que fue solo hasta diciembre de 2024 que tal circunstancia generó inconvenientes con su afiliación al servicio especial de salud de la Universidad. De hecho, mencionó que «[l]uego que iniciara el proceso en curso con el Servicio de Salud de la Universidad del Valle, mi marido decidió abrir una nueva cuenta bancaria a su nombre, y desde enero de 2025 es él quien recibe esta suma correspondiente a arriendos. Desde ese momento yo no recibo ingresos en la cuenta bancaria a mi nombre. Por esta razón, desde febrero de 2025 no pago PILA»[33]. Por último, recalcó lo siguiente: «nunca fue mi intención cotizar como independiente al servicio de salud de la Universidad del Valle, sino cumplir con la obligación tributaria de efectuar aportes al FOSYGA, conforme a la orientación dada por la DIAN. Adicionalmente, los ingresos por arriendo que llevaron al pago de la PILA de ninguna manera representan los medios necesarios para mi congrua subsistencia, pues se dedican, en su mayoría, a financiar las necesidades de cuidado de nuestro hijo [Guillermo] que se acrecientan con el tiempo»[34]. 19. Vencido el término para contestar los autos de pruebas dictados el 24 de julio y el 22 de agosto de 2025, Suramericana EPS guardó silencio. 20. Intervención de la Defensoría del Pueblo. Mediante escrito del 11 de agosto de 2025, la Defensoría del Pueblo, a través del delegado para los asuntos constitucionales y legales, presentó un concepto en el que solicitó amparar los derechos fundamentales de la accionante. Justificó esta solicitud en las siguientes razones: (i) Martha es un sujeto de especial protección constitucional debido a que se encuentra ante diversas condiciones de vulnerabilidad asociadas a su edad, su estado de salud y su rol como madre cuidadora de Guillermo[35]; (ii) la acción de tutela es procedente debido a que la demandante se encuentra ante un perjuicio grave e inminente que demanda la acción inmediata del juez de tutela de forma simultánea que la acreditan como sujeto de especial protección constitucional[36]; (iii) el hecho de que Martha hubiese realizado cotizaciones como independiente en el sistema de seguridad social no da cuenta de su situación económica real[37]; (iv) la Universidad no tuvo en cuenta la condición de la accionante como sujeto de especial protección constitucional y adoptó una decisión que no consultó «las consecuencias que acarrearía no garantizar la continuidad del servicio de salud para la señora con sus médicos tratantes usuales»[38]. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia, estructura de la decisión y problema jurídico 21. Competencia. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos dictados en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 22. Estructura de la decisión y problema jurídico. Previo al examen del problema jurídico, en primer lugar, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela (sección II.2 infra). De encontrar acreditadas dichas exigencias, resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La Universidad, al desafiliar a Martha del servicio especial de salud de dicha institución, vulneró sus derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas y afectó la relación de cuidado que, en condición de cuidadora, sostiene respecto de su hijo, Guillermo? (sección II.3 infra) 2. Examen de procedibilidad 23. El artículo 86 de la Constitución Política (en adelante, CP) dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales» de las personas por medio de un «procedimiento preferente y sumario»[39]. En desarrollo de dicha disposición, el Decreto 2591 de 1991 dispuso los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa, por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de todos los requisitos de procedencia es una condición necesaria para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia judicial. 24. Legitimación en la causa por activa. El requisito de legitimación por activa exige que la acción sea ejercida por quien tenga un interés cierto, directo y particular en la solución de la controversia[40]. Al respecto, el artículo 86 de la CP dispone que «[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales». 25. En complemento a dicha disposición constitucional, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la solicitud de amparo puede ser interpuesta a nombre propio o través de un tercero[41]. En este último supuesto, la acción de tutela puede ser ejercida mediante las siguientes figuras: (i) representación legal; (ii) apoderamiento judicial; (iii) agencia oficiosa; (iv) ejercicio directo por el defensor del Pueblo o los personeros municipales[42]. En tales términos, la Corte Constitucional ha indicado que el requisito de legitimación en la causa por activa exige que la acción de tutela sea ejercida, bien sea directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados[43]. 26. La representación legal en el trámite de la acción de tutela. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la representación legal se ejerce para actuar en nombre de una persona que, por expresa disposición legal, no puede promover el amparo[44]. Tal es el caso de los menores de edad[45], quienes pueden acudir a la acción de tutela a través de sus padres en ejercicio de la patria potestad[46], o de las personas jurídicas, cuya representación recae en el representante legal[47]. Cabe anotar que, si bien la jurisprudencia constitucional reconocía que la representación legal también se podía ejercer respecto de personas mayores de edad consideradas como incapaces absolutas o declaradas interdictas, la Ley 1996 de 2019 reconoció la capacidad legal plena de las personas con discapacidad y proscribió la interdicción, así como toda forma de suplantación de la voluntad de tales personas. 27. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. Esto, por cuanto se acredita que la accionante presentó la acción de tutela a nombre propio y es la titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados por la Universidad. Ahora bien, aunque Martha afirma que actúa en nombre propio y en representación de Guillermo, lo cierto es que las pretensiones se dirigen a la protección de los derechos de aquella. Esto, por cuanto la accionante solicita su reintegro al servicio de salud. De hecho, conviene destacar que desde que ella elevó la reclamación por esta causa, la Universidad ha dejado claro que él continúa en el servicio de salud como beneficiario dependiente de Pedro. En ese sentido, al constatarse que los derechos de Guillermo no son directamente objeto de discusión en esta controversia, se acredita el requisito de legitimación por activa únicamente respecto de Martha, comoquiera que se constata su interés cierto, directo y particular en la solución de la controversia. 28. Lo anterior no significa que, atendiendo a la situación familiar de Martha, se desconozca que parte de su reclamación se funda en el impacto que su situación de afiliación a salud puede tener en su relación de cuidado con su hijo, Guillermo, por lo cual, atendiendo a la formulación del problema jurídico, este asunto, de superarse el examen de procedibilidad, será analizado específicamente desde el extremo de la cuidadora. 29. Legitimación en la causa por pasiva. El requisito de la legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra de la autoridad o el particular presuntamente responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o, en su defecto, contra aquel o aquellos que cuenten con la aptitud o capacidad legal para responder a las pretensiones[48]. 30. Acreditación de la legitimación en la causa por pasiva en el caso sub examine. La Sala encuentra que la Universidad está legitimada en la causa por pasiva por las siguientes razones: (i) de acuerdo con la Ordenanza número 12 del 11 de junio de 1945, expedida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, la Universidad es una institución pública de educación superior con régimen especial, personería jurídica y autonomía académica, administrativa y financiera del orden territorial; (ii) el artículo 69 de la CP reconoció la autonomía de las institución pública de educación superior; (iii) en desarrollo de dicha autonomía, el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 previó que las instituciones de educación superior públicas se organizarían como entes universitarios autónomos con régimen especial, que pueden establecer su propio régimen especial de seguridad social en salud[49]. Teniendo en cuenta que en el caso sub examine, el hecho al que se atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales fue la desvinculación de la accionante del servicio de salud de la Universidad, dicha institución es la llamada a responder por las pretensiones formuladas por la demandante. 31. Ahora bien, respecto de la Adres y la SNS, la Sala no encuentra fundamento alguno para acreditar su legitimación por pasiva. Como quedó establecido con anterioridad, la controversia objeto de estudio se enmarca en la afiliación de la accionante a un régimen especial de salud ofertado por la Universidad. Como consecuencia de esto, la Sala dispondrá la desvinculación de estas entidades en la parte resolutiva de la presente providencia judicial. 32. Inmediatez. El artículo 86 superior dispone que la acción de tutela se puede interponer «en todo momento y lugar». Por esta razón, la Corte ha entendido que no tiene un término de caducidad[50]. No obstante, ha advertido que la solicitud de tutela se debe presentar en un tiempo razonable y proporcionado, a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales[51]. 33. La acción de tutela satisface el requisito de inmediatez. Por una parte, el hecho generador de la presunta transgresión tuvo lugar el 16 de enero de 2025[52], fecha en la que la Universidad confirmó la decisión adoptada el 12 de diciembre de 2024, en la que le informó a la demandante que sería retirada del servicio especial de salud prestado por dicha institución. Por otra parte, el amparo se promovió el 29 de enero de 2025[53]. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el requisito de inmediatez, comoquiera que la accionante interpuso el amparo en un lapso que no superó los dos meses. Dicho término, a la luz de la jurisprudencia constitucional, se considera razonable. 34. Subsidiariedad. Según los artículos 86 de la CP y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es excepcional y complementaria[54] —no alternativa— a los demás medios de defensa judicial[55]. En virtud del requisito de subsidiariedad, la acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales[56]: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo[57] y eficaz[58], caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable[59], evento en el que el amparo procede como mecanismo transitorio. 35. En este sentido, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como una instancia judicial adicional[60]. La inobservancia del requisito de subsidiariedad es causal de improcedencia de la tutela[61], y la consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede decidir de fondo el asunto planteado. Sin embargo, la Corte ha establecido que la eficacia de los mecanismos de defensa ordinarios solo se puede escrutar en función de las características y exigencias de cada caso concreto, de modo que se logre la finalidad de «brindar plena y además inmediata protección a los derechos específicos involucrados en cada asunto»[62]. 36. Ahora bien, conviene destacar que los artículos 148 de la Ley 446 de 1998 y 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019, disponen que las controversias entre los afiliados y las EPS sobre la cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el PBS deben ser resueltas, de manera preferente, en el proceso ordinario que se debe adelantar ante la SNS. Cabe aclarar que, en el caso sub examine, la entidad accionada no es una EPS del régimen general de salud, sino un administrador de un sistema especial de salud. En ese sentido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, la SNS también ejerce la inspección, vigilancia y control sobre «las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud». De ese modo queda claro que, aunque la norma se refiere expresamente a controversias entre afiliados y EPS, por analogía, la SNS también sería competente para conocer las controversias entre afiliados y administradores de regímenes especiales en salud. 37. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha concluido que este mecanismo ordinario no es idóneo ni eficaz, por dos razones. Por una parte, debido a que la SNS tiene una «capacidad limitada respecto a sus competencias jurisdiccionales»[63] y se encuentra en una imposibilidad de tramitar las solicitudes en el término de diez días previsto en la ley. Por otra parte, porque esta normativa no define un término para resolver el recurso de apelación ni prevé un mecanismo para garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión. 38. En tal sentido, la Corte ha señalado que, mientras dichas situaciones no se resuelvan, este mecanismo jurisdiccional «no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del [Sistema General de Seguridad Social en Salud] y, en consecuencia, la acción de tutela será el medio adecuado para garantizar dichos derechos»[64]. 39. En el caso sub examine, el referido mecanismo jurisdiccional resulta ineficaz en concreto, habida cuenta de la situación particular de la accionante. Al respecto, la Corte ha precisado que este recurso no es eficaz en concreto cuando (i) «exista riesgo en la vida, la salud o la integridad de las personas»[65]; (ii) los peticionarios o afectados «se encuentren en situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional»[66], y (iii) se configure una «situación de urgencia que haga indispensable la intervención del juez constitucional»[67]. 40. Para esta Sala, en el expediente objeto de revisión, se acredita la concurrencia de los supuestos antes expuestos. Primero, la accionante enfrenta situaciones de riesgo debido a las patologías que venían siendo tratadas por el servicio de salud de la Universidad. La interrupción en la prestación de los servicios a la accionante, además de que en la actualidad no se le hayan prestado los servicios de salud que requiere en la EPS en la que se afilió[68], dan cuenta del riesgo que se cierne sobre su vida, su salud e incluso su integridad. 41. Segundo, la accionante es un sujeto de especial protección constitucional. A este respecto conviene recordar que esta corporación «ha asignado la categoría de ‘sujetos de especial protección’ a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que amerita un actuar reforzado de parte del Estado»[69]. Esta Corte también ha reconocido las dificultades que enfrentan las personas que se dedican a labores de cuidado, rol que históricamente ha sido asumido por las mujeres. Muestra de lo anterior se evidencia en el rol de cuidado de personas en condición de discapacidad, respecto del cual ha reconocido que «las labores de cuidado de personas con discapacidad recaen históricamente sobre las mujeres, principalmente debido a estereotipos de género y a la exclusión que ejerce la sociedad capacitista sobre la diversidad funcional»[70]. 42. De acuerdo con las circunstancias fácticas expuestas con anterioridad, se advierte que la accionante es una mujer de 71 años, que no cuenta con ingresos propios y que se ha dedicado al cuidado de su hijo Guillermo, quien fue diagnosticado con síndrome del espectro autista. La concurrencia de estas circunstancias permite inferir que la accionante, debido a su avanzada edad y a su estado de salud, así como su rol como mujer cuidadora de Guillermo, es un sujeto de especial protección constitucional. 43. Tercero, al constatarse el riesgo a la vida, la salud y la integridad, además de la calidad de sujeto de especial protección constitucional, se infiere la existencia de una situación de urgencia que requiere de una intervención especial del Estado para garantizar sus derechos fundamentales. 44. Visto lo anterior, la Sala concluye que la intervención inmediata del juez de tutela es necesaria con el objeto de brindar una protección urgente, expedita e integral a los derechos fundamentales alegados, por encontrarse verificado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Así, la Sala de Revisión procederá en seguida a exponer las consideraciones que fundamentarán la solución del caso concreto. 3. El derecho fundamental a la salud: Componentes esenciales, acceso y principio de oportunidad 45. Alcance constitucional y convencional. El artículo 49 de la CP reconoce el derecho a la salud y establece que la atención en salud constituye un servicio público a cargo del Estado, que debe prestarse conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[71]. Este derecho también está proclamado en diversos instrumentos internacionales que, de acuerdo con el artículo 93.1 de la Carta Política, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En particular, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 10) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) reafirman la protección internacional de este derecho. 46. El derecho a la salud no se limita a la preservación de la «normalidad orgánica funcional, física y mental»[72]. En concordancia con la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (a partir de ahora, Comité DESC), su alcance incluye una variedad de factores socioeconómicos, bienes y servicios que permiten a las personas disfrutar de una vida sana y digna[73]. En este sentido, el derecho a la salud implica el acceso a las facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el «más alto nivel posible de salud»[74] y, en consecuencia, una vida digna. 47. El contenido del derecho fundamental a la salud ha sido desarrollado, principalmente, en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 (en adelante, LES). Según esta ley y la jurisprudencia constitucional, el ámbito de protección del derecho a la salud incluye: (i) cuatro componentes esenciales, a saber, accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad[75]; (ii) diversos derechos específicos de los usuarios del SGSSS, de acuerdo con el artículo 10 de la LES; (iii) obligaciones del Estado de proteger, respetar y garantizar el derecho a la salud, conforme al artículo 5 de la LES; y (iv) los principios fundamentales del SGSSS, como lo establece el artículo 6 de la LES. 48. Integralidad en la prestación del servicio de salud. Esta corporación ha entendido la integralidad en la prestación de los servicios de salud como «la obligación de asegurar la disponibilidad de todos los tratamientos, medicamentos e intervenciones necesarias para garantizar la plenitud física y mental de los individuos»[76]. Por esta razón, el artículo 8 de la LES dispone que «los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa», con el fin de «prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el [L]egislador». 49. A su turno, la Corte ha dicho que la integralidad implica que «el servicio de salud prestado por las entidades del Sistema debe contener todos los componentes que el médico tratante establezca como necesarios para el pleno restablecimiento del estado de salud»[77], o, de ser el caso, para «la mitigación de las dolencias del paciente, sin que sea posible fraccionarlos, separarlos o elegir cuál de ellos aprueba en razón al interés económico que representan»[78]. Además, ha precisado que «en los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud» diagnosticada por el médico tratante[79]. 50. La accesibilidad como componente esencial del derecho fundamental a la salud. Según la jurisprudencia constitucional y las observaciones generales del Comité DESC, el principio de accesibilidad exige que los establecimientos, bienes y servicios de salud estén disponibles para todas las personas, sin discriminación. La accesibilidad se compone de cuatro dimensiones[80]: igualdad y no discriminación[81], accesibilidad física[82], accesibilidad económica[83] y acceso a la información[84]. 51. La garantía de continuidad en la prestación del servicio de salud. De acuerdo con el artículo 6 de la LES «[l]as personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas». A este respecto, conviene destacar que esta corporación ha reconocido que el principio de continuidad «favorece el inicio, desarrollo y terminación de los tratamientos médicos de forma completa […], en procura de que tales servicios no sean interrumpidos por razones administrativas, jurídicas o financieras»[85]. 3.1. Derecho a la salud de sujetos de las personas de la tercera edad 52. En atención a las circunstancias fácticas del caso sub examine, la Sala estima pertinente detenerse en el estudio específico de las personas de la tercera edad, como sujetos de especial protección constitucional. La condición de vulnerabilidad de estos sujetos da lugar a la exigencia de una atención diferenciada y prioritaria por parte del Estado y de la sociedad, con el fin de garantizar sus derechos a la salud y a una vida digna. A continuación, se abordará el desarrollo normativo y jurisprudencial que sustenta esta protección reforzada. 53. El inciso primero del artículo 46 superior establece que el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber conjunto de proteger y asistir a las personas de la tercera edad, promoviendo su integración a la vida activa y comunitaria. Ahora bien, resulta pertinente resaltar la distinción entre persona de la tercera edad, que es aquella «que ha superado la esperanza de vida»[86] y adulto mayor que es «aquel que cuenta con sesenta (60) años de edad o más y, excepcionalmente, a la persona mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen»[87]. Por tanto, «no todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor»[88]. 54. Los adultos mayores han sido considerados por esta corporación como sujetos de especial protección, en atención a que «se trata de sujetos que se encuentran en condiciones de desventaja con relación a los demás, en virtud de su estado de vulnerabilidad, por razón de la edad, luego se hace necesario proteger el derecho [a la salud] en forma prevalente para, con base en la diferenciación, hacer efectivo el principio de igualdad como presupuesto constitucional»[89]. En el mismo sentido, la Corte ha reconocido que debido a que los adultos mayores han tenido que «afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del organismo y consecuente con ello al advenimiento de diversas enfermedades propias de la vejez»[90], se les «deberán garantizar todos los servicios relativos a salud que ellos requieran»[91]. 55. Así mismo, la Corte ha reconocido que, históricamente, los adultos mayores han tenido que soportar «la discriminación sistémica […] derivada de estereotipos edadistas y paternalistas» que en consecuencia «hacen que […] sean discriminados y percibidos como una carga para sus familias y para la sociedad»[92]. 56. Adicionalmente, la Corte ha hecho énfasis en «la protección especial de quienes además de no contar con ingresos suficientes se encuentran en una edad avanzada»[93] y «cuando además de las condiciones de pobreza las capacidades físicas o psíquicas que permiten la autodeterminación de la persona en estado de [pobreza] se han visto disminuidas, surge un deber de atención a esta por parte del Estado de dirigir su conducta al apoyo de este miembro de la sociedad»[94]. 57. Finalmente, es pertinente recordar que la Ley 2055 de 2020 incorporó a la legislación nacional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington D.C. el 15 de junio de 2015[95]. El artículo 12 de la Convención dispone lo siguiente: Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión. 58. Síntesis. Las personas de la tercera edad son reconocidas por la Corte como sujetos de especial protección constitucional debido a su vulnerabilidad, lo que exige un trato diferenciado y priorizado. La jurisprudencia subraya que, además de su deterioro físico natural, enfrentan discriminación sistémica derivada de estereotipos etarios. En ese sentido, este grupo debe ser protegido de manera prevalente para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente cuando las capacidades físicas o psíquicas se vean disminuidas, recayendo en el Estado una obligación de brindar apoyo cuando el núcleo familiar no pueda asumir dicha responsabilidad. 4. El derecho fundamental al cuidado 59. Concepto. El cuidado, propio o ajeno, es un rasgo definitorio del ser humano que surge de la simple necesidad de supervivencia. Por esto, la Corte ha entendido «que, como resultado de la actividad de cuidado, se tejen las relaciones interpersonales, familiares y comunitarias que sostienen el núcleo relacional que da lugar al estado social de derecho»[96]. Desde esta perspectiva, en el estado social de derecho, fundado en el principio de solidaridad, el cuidado ha de entenderse como el «conjunto de actividades en las que participan el Estado, los particulares y la sociedad para mantener y recuperar el bienestar físico y emocional de las personas»[97]. 60. Evolución jurisprudencial. En la Sentencia C-269 de 2025, esta corporación se pronunció sobre el contenido y alcance del derecho fundamental al cuidado, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el parágrafo 4º (parcial) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que dispone los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por hijo o hija con discapacidad. En dicha oportunidad, la Sala indicó que el cuidado, como objeto de protección, es un derecho fundamental innominado de origen jurisprudencial. Al analizar la evolución de este derecho en la jurisprudencia constitucional, indicó lo siguiente: Inicialmente, la Corte estudió el cuidado en relación con otros derechos, pero luego amplió su alcance para reconocerlo en sí mismo como un derecho fundamental, que a su vez implica responsabilidades para las familias, la sociedad y el Estado. Si se insiste en que se trata de una jurisprudencia en construcción es porque esta Corporación reconoce que todavía se están entendiendo las dinámicas y los efectos de las relaciones de cuidado[98]. 61. En línea con lo expuesto, en la Sentencia T-226 de 2025, la Sala Tercera de Revisión conoció el caso de una mujer en condición de discapacidad, que padecía distintas patologías y que fue abandonada por su familia biológica. Para el momento en que se interpuso la acción, la agenciada se encontraba a la espera de un cupo para ser ingresada en un centro donde se prestan servicios a personas en condición de discapacidad que no cuentan con una red de apoyo. La Sala concluyó que el distrito accionado vulneró los derechos fundamentales de Carolina a la vida digna y al cuidado. Esto, por cuanto resultaba inadmisible que no hubiese valorado la grave situación de vulnerabilidad que afrontaba la demandante para gestionar su ingreso en el referido centro. Además, no le brindó ninguna alternativa que pudiere mitigar los efectos de dicha situación de vulnerabilidad. 62. Al abordar el estudio del derecho fundamental al cuidado, la Sala destacó que la evolución de este derecho en la jurisprudencia constitucional ha tenido distintas fases: (i) el cuidado como un objeto de protección enmarcado en la garantía de otros derechos, principalmente, en cabeza de los niños, niñas y adolescentes[99]; (ii) ampliación de la garantía del cuidado a las personas de la tercera edad como una dimensión de la dignidad humana[100]; (iii) el cuidado como una faceta prestacional del derecho al acceso a la salud; (iv) el derecho al cuidado como un derecho fundamental autónomo[101]. 63. Dimensiones del derecho al cuidado. Esta Corte ha establecido que el derecho al cuidado comprende tres dimensiones que pueden sintetizarse en las siguientes acciones: cuidarse, cuidar y ser cuidado[102]. La primera, el autocuidado, que se refiere a la facultad de que cada persona procure su propio bienestar físico, biológico, ecológico y emocional. La segunda, cuidar a otros, que se relaciona con la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia de garantizar el bienestar de quienes lo requieren, ya sea a través de cuidados directos o indirectos, según la necesidad de interacción entre quien brinda el cuidado y la persona destinataria. La tercera, ser cuidado, que corresponde al derecho a recibir apoyo y asistencia, cuya titularidad no depende de la existencia de recursos económicos ni de vínculos afectivos con quien los preste[103]. Conviene resaltar que esta Corte ha concluido que «[l]as tres dimensiones del cuidado como derecho están conectadas y pueden concurrir en la persona que cuida, como en la que es cuidada. Se trata de una situación relacional, que revela las profundas implicaciones personales y sociales del derecho al cuidado»[104]. 64. Estándar jurisprudencial de protección. A partir de lo expuesto hasta este punto es posible inferir que el derecho al cuidado es una prerrogativa de carácter relacional, en tanto procura por la protección del vínculo entre quien ejerce la labor de cuidador y el cuidado. Por lo anterior, la Sala Plena ha concluido que el derecho al cuidado debe protegerse mediante esquemas relacionales en los que concurran el estado, la sociedad y la familia: La jurisprudencia constitucional y los instrumentos de derechos humanos que reconocen al cuidado como derecho han delineado un estándar de protección que no debe entenderse como taxativo, pero si orientador en la forma en la que es necesario concretarlo: i. El Estado debe promover sistemas de cuidado que garanticen su disfrute y ejercicio y que evalúen su desarrollo progresivo. // ii. El cuidado como derecho fundamental promueve en el trabajo políticas de conciliación de la vida personal, con las responsabilidades familiares y el bienestar cotidiano. // iii. Quienes cuidan deben tener alguna formación y capacitación para hacerlo, tanto desde el ámbito físico como psicosocial. // iv. Los cuidadores deban contar con los elementos necesarios para llevar a cabo sus labores de cuidado; sean estos, elementos de tipo médico, sanitario, de infraestructura, transporte y movilidad, y demás. // v. El cuidado debe tener como propósito no sólo la subsistencia de la persona a quien se cuida, sino la realización de la persona y la consecución de su propio proyecto de vida. // vi. El cuidado debe valorarse socialmente, esto fortalece los lazos esenciales del afecto, la dignidad, y la interdependencia humana. // vii. El cuidado debe ser asumido socialmente, a través de la corresponsabilidad entre familia, Estado y particulares. Esto conduce a que las políticas que desarrolle deban contar con enfoques diferenciales y de género, entendiendo que ha sido realizado mayoritariamente por mujeres[105]. 65. Derechos de las personas que realizan labores de cuidado desde una perspectiva de género. La Corte Constitucional ha reconocido[106] que «las labores de cuidado de personas con discapacidad recaen históricamente sobre las mujeres, principalmente debido a estereotipos de género y a la exclusión que ejerce la sociedad capacitista sobre la diversidad funcional»[107]. Por esta razón, ha concluido que, a pesar de tratarse de labores transversales a la sociedad colombiana, estas han sido tradicionalmente invisibilizadas. Ello se debe a «una noción cultural y social que vincula l...