Sentencia T-402 de 2025

T-402-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-402/25 DERECHO A LA SALUD-Vulneración ante la negativa de las EPS de suministrar servicios médicos o medicamentos (...) La accionada violó el derecho a la salud, vida y dignidad humana al no garantizar el acceso al medicamento de forma oportuna y continua. FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Improcedencia por no cumplirse con el presupuesto de legitimación en la causa por activa (...) Los accionantes no están legitimados en la causa por activa para solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la toma de posesión de EPS SANITAS. Esto, porque, se reitera, en la sentencia SU-277 de 2025 la Corte Constitucional señaló que quienes estaban legitimados para solicitar la protección del derecho al debido proceso, derivada de las resoluciones de intervención, eran: (i) los socios de la EPS SANITAS y (ii) quien fungía como representante legal de la EPS al momento de la intervención. LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia dada la menor eficacia del mecanismo judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud previsto en la ley 1122 de 2007 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Reiteración de jurisprudencia SUMINISTRO DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD-Financiación DERECHO A LA SALUD-Atención oportuna como característica del servicio prestado por la EPS/PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Alcance PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Pago de cuotas moderadoras REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-402 DE 2025 Expediente: T-10.981.717 Acción de tutela interpuesta por la Asociación de Usuarios Sanitas y otros en contra de la Superintendencia Nacional de Salud Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Juan Jacobo Calderón Villegas (e), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA[1] Síntesis de la decisión La acción de tutela. La Asociación de Usuarios Sanitas, Amalia, María, José y Elías, presentaron acción de tutela en contra de la Superintendencia Nacional de Salud. Argumentaron que la accionada vulneró sus derechos fundamentales, y los de todos los usuarios de EPS Sanitas, a la salud, a la vida y a la dignidad humana. Fundamentaron su solicitud de amparo en, principalmente, tres argumentos: (i) la toma de posesión de la EPS Sanitas, efectuada por la accionada mediante la Resolución No. 2024160000003002-6, fue arbitraria y desconoció el debido proceso; (ii) luego de la toma de posesión, la EPS Sanitas ha desmejorado de forma “significativa la prestación del servicio de salud”; y (iii) la EPS Sanitas ha incumplido con el suministro de servicios y tecnologías en salud a los accionantes. Examen de procedibilidad. La Sala Séptima concluyó que los accionantes no estaban legitimados en la causa por activa para solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la toma de posesión de EPS SANITAS. Esto, porque en la sentencia SU-277 de 2025 la Corte Constitucional señaló que quienes estaban legitimados para solicitar la protección del derecho al debido proceso en el proceso de intervención de la EPS Sanitas eran: (i) sus socios y (ii) sus representantes legales al momento de la intervención. Además, la Sala encontró que no era posible identificar una relación directa entre la actuación de la Superintendencia de Salud y la presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana de los accionantes. En tal sentido, la Sala consideró que (i) la Asociación de Usuarios Sanitas no estaba legitimada en la causa por activa y (ii) Amalia, María, José y Elías, estaban legitimados en la causa por activa únicamente para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana, presuntamente vulnerados por el (i) eventual incumplimiento en el suministro oportuno de servicios y tecnologías en salud, (ii) las barreras en el agendamiento de citas y (iii) el cobro indebido de cuotas moderadoras. Examen de fondo. En cuanto al examen de fondo sobre la presunta violación de los derechos a la salud, vida y dignidad humana, la Sala concluyó lo siguiente: (i) La EPS Sanitas vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud de los accionantes Amalia, María, Elías y José. Esto, porque no acreditó haber suministrado a los accionantes los medicamentos prescritos en los meses en que señalaron no haberlos recibido. (ii) La EPS Sanitas no vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud de los accionantes Amalia y José en relación con las supuestas barreras relativas al agendamiento de citas médicas. Esto último, porque no existe evidencia de que esto hubiera afectado o incidido en la continuidad de la prestación del suministro de servicio y tecnologías en salud; (iii) La EPS Sanitas no vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud de la accionante Amalia en relación con el cobro de cuotas moderadoras por el servicio de toma de laboratorios clínicos. Órdenes y remedios. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala amparó los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud de Amalia, María, Elías y José. Asimismo, ordenó a la EPS Sanitas suministrar los medicamentos que no habían sido entregados a los accionantes y la conminó para que, en lo sucesivo, preste los servicios en salud conforme a los principios de oportunidad, continuidad e integralidad previstos en la Ley 1751 de 2015. Por último, la Sala remitió el expediente de tutela a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 para que tenga conocimiento de las problemáticas estructurales en la prestación del servicio de salud advertidas por las accionantes y, en el marco de su competencia, tome las determinaciones que considere pertinentes. I. ANTECEDENTES 1. Hechos: la toma de posesión de EPS Sanitas 1. El 1 de abril de 2024, la Superintendente Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante, la “Delegada”) recomendó “ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S., debido al estado actual de la EPS y del riesgo en la prestación de servicios de salud con oportunidad y calidad a sus afiliados”[2]. 2. El 2 de abril de 2024, la Delegada presentó ante el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud un concepto técnico sobre la situación de EPS Sanitas[3]. El concepto concluía que: “En cuanto a los tres indicadores de condiciones financieras y de solvencia evaluados se identifica que la EPS únicamente presenta incumplimiento del indicador de Patrimonio Adecuado para el cierre de la vigencia 2023. Frente al Capital Mínimo, Sanitas cumple este indicador en todas las vigencias evaluadas. Finalmente, respecto del indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica, la entidad no cumple desde el cierre de la vigencia 2020 a 2023. (…) Los resultados del indicador de siniestralidad PBS financiada con la UPC del Régimen Contributivo y la Movilidad del Régimen Subsidiado entre el cierre de la vigencia 2019 a 2023 aumentó en 11%, pasando del 92,9% al 103,9%. (…) Con corte a enero de 2024 EPS SANITAS posee una tasa de reclamaciones en salud de 26.07 acumulada a enero de 2024, así mismo se presenta 15.070 reclamaciones que corresponden al mes de enero 2024. En el marco de la auditoría realizada para verificación de la Resolución número 497 de 2021, Nueva EPS cumplió con el 57.6% de los estándares de habilitación y permanencia y registró 17 hallazgos”. 3. El 2 de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución No. 2024160000003002-6, por medio de la cual ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y, la intervención forzosa administrativa para administrar la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S identificada con el NIT 800251440-6, por el término de un (1) año”[4]. Consideró que la EPS Sanitas estaba incursa en las causales de toma de posesión de entidades vigiladas previstas en los literales (e) y (i) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero[5]: Causal (e): “Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley” La Superintendencia Nacional de Salud consideró que EPS Sanitas estaba “vulnerando el contenido esencial o mínimo del derecho a la salud fijado en el segmento inicial del artículo 6° de la Ley 1751 de 2015: donde la continuidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, actúan como principios fijados para la actividad que ejerce el particular como asegurador”. Fundamentó su conclusión en los siguientes datos: - El porcentaje de los “estándares de cumplimiento” ascendía a tan sólo el 28.6%. - “[L]a prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud muestra solo un 25% de cumplimiento y la red de prestadores de servicios de salud muestra un 0% de cumplimiento”. - “[L]os resultados de los indicadores de contratación y pago de tecnologías en salud de la entidad muestra un cumplimiento del 40% en la política de contratación y pagos”. - Existe “[u]n incremento progresivo en la tasa de siniestralidad desde 2019 hasta 2023 ubicándose encima del 100% indicando un crecimiento en la proporción de los costos de salud frente a los ingresos operacionales, lo que infiere que la EPS no logra equilibrar su operación corriente”. - Se reporta “[u]na alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS SANITAS S.A.S. durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional”. Causal (i) “Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento” La Superintendencia Nacional de Salud consideró que EPS Sanitas estaba incumpliendo los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento, de acuerdo con el estudio técnico realizado por la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud. Fundamentó su conclusión en los datos contenidos en el siguiente gráfico: 2. Trámite de tutela 2.1. La acción de tutela 4. El 5 de febrero de 2025, la Asociación de Usuarios Sanitas[6], Amalia, María, José y Elías, presentaron acción de tutela en contra de la Superintendencia Nacional de Salud. Argumentaron que la accionada vulneró sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, así como los de “todos los demás usuarios de EPS Sanitas”. Fundamentaron la solicitud de amparo en, principalmente, tres argumentos: (i) la toma de posesión de la EPS Sanitas fue arbitraria y desconoció el debido proceso, (ii) luego de la toma de posesión, la EPS Sanitas ha desmejorado de forma “significativa la prestación del servicio de salud” y (iii) la EPS Sanitas ha incumplido con la entrega oportuna de medicamentos y la prestación de servicios de salud que fueron ordenados por los médicos tratantes de los accionantes: 5. Primero. La toma de posesión de la EPS Sanitas fue arbitraria y desconoció el debido proceso. Esto, porque: - La Resolución No. 2024160000003002-6 “[n]o se dio con el propósito de mejorar la garantía del derecho a la salud, sino más bien como una retaliación política por la caída de la reforma a la salud”[7]. Según los accionantes, así lo demuestran los trinos del Presidente de la República en la plataforma “X”, horas después de que la Comisión Séptima del Senado de la República no aprobara la reforma. En estos trinos, el primer mandatario señaló que Keralty, principal accionista de la EPS Sanitas, lo había “derrotado” en el Congreso de la República. - Las situaciones de riesgo financiero de la EPS Sanitas no “tienen que ver con su gestión o administración de los recursos”. Por el contrario, son el resultado de las “fallas que ha presentado el Ministerio de Salud y Protección Social en el cumplimiento de sus deberes legales para fijar la UPC como fuente de financiación principal de las EPS”. La insuficiencia y desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha sido constatada por la Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008. En concreto, los accionantes refirieron que por medio del auto 007 de 2025, la Sala de Seguimiento declaró “el incumplimiento general en relación con el componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes”[8]. - La “medida de toma de posesión se adoptó sin considerar y ponderar la existencia de otros mecanismos de control como los planes de recuperación [o] el plan de reorganización radicado ante la misma Superintendencia o la vigilancia especial”. Estas medidas perseguían el mismo fin y “resultaban menos lesivas de los derechos fundamentales”[9]. - La Resolución 2024160000003002-6 “presenta incongruencias que permiten cuestionar su legitimidad”[10]. Los accionantes resaltaron que, en el acápite de antecedentes fácticos, la resolución hizo referencia al concepto técnico que presentó la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud ante el Comité de Medidas Especiales el 2 de abril de 2025, el cual contiene conclusiones que “no corresponden a EPS Sanitas pues dentro de las mismas se hace referencia a Nueva EPS”[11]. Asimismo, afirmaron que “carece de sentido que, si el Comité de Medidas Especiales rindió concepto en sesión del 2 de abril, la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, en sesión del Comité de Medidas Especiales del 1 de abril de 2024, recomendara la intervención forzosa administrativa de Sanitas, pues esto supone que se tomó la decisión de forma arbitraria sin los elementos fácticos y técnicos requeridos”. 6. Segundo. Los accionantes argumentaron que todas las EPS intervenidas y en particular, la EPS Sanitas, han presentado una “desmejora significativa en la prestación del servicio de salud”. Según los accionantes, esta desmejora se evidencia en (i) el aumento sustancial en las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) radicadas ante la Superintendencia Nacional de Salud, luego de las intervenciones y (ii) el aumento en la presentación de acciones de tutela contra las EPS intervenidas. Para sustentar su afirmación, aportaron los siguientes gráficos con el comparativo de las PQRD presentadas antes y después de las intervenciones, así como el número de tutelas radicadas: 7. En criterio de los accionantes, estas estadísticas demuestran una violación del derecho a la salud, así como una regresión en el nivel de prestación y cobertura, que contraría el principio de progresividad. El “deterioro de los indicadores de atención en salud” evidencia una afectación diferenciada y desproporcionada a la “población más vulnerable, como los pacientes crónicos, de enfermedades huérfanas y catastróficas”. 8. Tercero. Desde que la EPS Sanitas fue intervenida, ha incumplido con la entrega oportuna de medicamentos y la prestación de servicios de salud que fueron ordenados por los médicos tratantes de los accionantes. La siguiente tabla sintetiza los incumplimientos alegados: Amalia - Afiliada a la EPS Sanitas, tiene actualmente 60 años y fue diagnosticada con hipertensión arterial. Para el tratamiento de su enfermedad, el médico tratante le prescribió el medicamento Enalapril de 20 mg. Al momento de expedición de la Resolución No. 2024160000003002-6, la señora Montoya se encontraba en el “Programa de pacientes crónicos” de la EPS Sanitas, el cual garantizaba controles cada tres meses y gratuidad en cuota moderadora de los exámenes clínicos requeridos para el control de su enfermedad. - El 2 de mayo de 2024, la señora Montoya acudió a cita de control, en la que el médico tratante le informó que el programa de pacientes crónicos había sido cancelado. - El 25 de julio de 2024, la señora Montoya se practicó los exámenes clínicos necesarios para el control de su enfermedad. No obstante, la entidad llevó a cabo el cobro de la cuota moderadora, lo que implicó la pérdida del beneficio. Por otro lado, la accionante aseguró que fue “imposible agendar una cita de control en los plazos y facilidad con la que lo hacía anteriormente; pues antes podía agendar citas con hasta 3 meses de anticipación y ahora requieren que sea como mínimo con 1 mes de antelación, pero aún así, accediendo al sistema de la EPS no se encuentran citas disponibles”. María - Afiliada a la EPS Sanitas, tiene actualmente 24 años y fue diagnosticada con estreñimiento desde los 12 años. El médico tratante le prescribió tomar diariamente los medicamentos Farmalax Peg 3350 y Fybogel. - En abril de 2024, la señora Díaz Montoya solicitó la entrega de los medicamentos prescritos. Sin embargo, la EPS Sanitas se demoró más de 7 días en la entrega del medicamento, lo que agravó los síntomas de su patología. - En agosto de 2024, la señora Díaz Montoya se dirigió al dispensario de la EPS para solicitar la entrega de los medicamentos prescritos. Sin embargo, le indicaron que el medicamento Fybogel se encontraba agotado y que debía solicitar cambio de medicamento a su médico tratante. En los días siguientes, la señora Díaz Montoya acudió a su médico tratante, quién le manifestó que no era cierto que el medicamento Fybogel estuviese agotado. - La accionante asegura que ha tenido que “comprar con sus propios recursos este medicamento dado que las posteriores entregas hechas por el sistema no han cumplido con la cantidad que ella requiere para tratar su enfermedad”. A su juicio, “el solo hecho de que ella haya sido usuaria frecuente de este medicamento durante la última década, pero sea solamente hasta ahora, después de la intervención al sistema de salud, que se presenta una situación limitante para su acceso, demuestra que en su caso existe un retroceso injustificado”. Elías - Afiliado a la EPS Sanitas, tiene actualmente 79 años y fue diagnosticado con hipotiroidismo. Para el tratamiento de su enfermedad, el médico tratante le prescribió el medicamento Levotiroxina de 55 mg. Desde su diagnóstico, el señor Barreto venía recibiendo sus medicamentos con normalidad. - En el mes de mayo de 2024 solicitó la entrega del medicamento prescrito. Sin embargo, la EPS Sanitas no cumplió con la entrega, lo que agravó los síntomas de su patología por aumento de aproximadamente 5 kg en un mes, cansancio, fatiga constante y un incremento en su nivel de TSH. José - Afiliado a la EPS Sanitas, tiene 44 años y fue diagnosticado con hipotiroidismo e hiperuricemia. Para el tratamiento de sus enfermedades, el médico tratante le prescribió los medicamentos Levotiroxina de 50 mg y Alopurinol. Desde su diagnóstico, el señor Barreto venía recibiendo sus medicamentos con normalidad. - En el mes de mayo de 2024 solicitó la entrega del medicamento prescrito. Sin embargo, la EPS Sanitas no cumplió con la entrega del medicamento. El señor Barreto tuvo un agravamiento en su patología en el mes de junio de 2024 como consecuencia de la suspensión del consumo del medicamento Levotiroxina. 9. Con fundamento en estos argumentos, los accionantes formularon las siguientes pretensiones: 9.1. Tutelar los derechos fundamentales “a la salud, la vida y la dignidad humana de Amalia, María, Elías, José y de todos los demás usuarios de EPS Sanitas”[12]. 9.2. Prevenir a la Superintendencia Nacional de Salud para que “se abstenga de realizar intervenciones forzosas administrativas a Entidades Promotoras de Salud sin tener de presente la prohibición de regreso y las eventuales afectaciones a los derechos fundamentales de los usuarios a causa de la misma”. 9.3. Ordenar la “suspensión de la Resolución 2024160000003002-6 de 2024 por medio de la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa de la EPS SANITAS S.A.S.; como una medida transitoria hasta tanto la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo defina la legalidad del acto administrativo”. 9.4. En subsidio, “ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud la creación de un grupo de trabajo específicamente destinado a la revisión y seguimiento de la prestación de servicios de salud de EPS Sanitas”[13]. 9.5. Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud que, “dos (2) meses después de la primera entrega del informe inicial, realice y envíe un segundo informe en el que conste la misma información solicitada y adicionalmente indique qué cambios se han producido durante aquel periodo”. 9.6. Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud que, “si después de entregado el segundo informe no se evidencia en este una mejora significativa en los indicadores mencionados, se dé por terminada la intervención forzosa administrativa de la EPS SANITAS S.A.S. y, en su lugar, se dispongan otras medidas tendientes a mejorar la garantía del derecho a la salud de los afiliados de esta EPS”. 9.7. Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud y a Duver Dicson Vargas, agente interventor de EPS Sanitas, que “de manera inmediata se garantice la continuidad de entrega de las dosis mensuales”, dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud, de los siguientes medicamentos prescritos a los accionantes: - “Enalapril de 20 mg y cualquier otro medicamento que de aquí en adelante le sea ordenado por el médico tratante a Amalia para el tratamiento de su diagnóstico de hipertensión arterial”. - “Fybogel, Farmalax Peg 3350 y cualquier otro medicamento que de aquí en adelante le sea ordenado por el médico tratante a María para el tratamiento de su diagnóstico de estreñimiento”. - “Levotiroxina y cualquier otro medicamento que de aquí en adelante le sea ordenado por el médico tratante a Elías para el tratamiento de su diagnóstico de hipotiroidismo”. - “Levotiroxina, Alopurinol y cualquier otro medicamento que de aquí en adelante le sea ordenado por el médico tratante a José para el tratamiento de su diagnóstico de hipotiroidismo e hiperuricemia”. 9.8. Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud y a Duver Dicson Vargas, agente interventor de EPS Sanitas, que de manera inmediata se garantice lo siguiente: - Los “controles con medicina interna a Amalia para el tratamiento de su diagnóstico de hipertensión arterial”. - Que el “agendamiento de las citas pueda realizarse cuando menos con 2 meses de antelación y que se garantice la disponibilidad de citas con el médico tratante”. - La suspensión del “cobro a Amalia de los laboratorios clínicos que requiera para el tratamiento de su diagnóstico de hipertensión arterial como paciente incluida dentro del plan de pacientes crónicos”. - La “continuidad de los controles con medicina interna a José para el tratamiento de su diagnóstico de hipotiroidismo e hiperuricemia” y que “el agendamiento de las citas pueda realizarse cuando menos con 30 días de antelación y que se garantice la disponibilidad de citas con el médico tratante”. 2.2. Admisión de la solicitud de tutela y escrito de respuesta 10. Admisión. El 5 de febrero de 2025, la juez Trece Administrativa de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, admitió la acción de tutela y corrió traslado a la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo, solicitó a Gloria Elena Quiceno Acevedo acreditar la representación legal de la Asociación de Usuarios Sanitas. 11. Escrito de respuesta. Mediante escritos del 5 y 7 de febrero de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, en subsidio, negar el amparo. 12. Sostuvo que la tutela era improcedente por incumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa, inmediatez y subsidiariedad. Lo primero -legitimación por activa-, porque los accionantes no son sujetos de la actuación administrativa que culminó con la Resolución 2024160000003002–6 de 2024[14]. En su criterio, “el legitimado para interponer la acción de tutela, obrando en representación de la EPS, es el actual representante legal, en este caso, el actual agente interventor”. Lo segundo -inmediatez-, porque la resolución cuestionada fue proferida el 2 de abril de 2024, esto es, 10 meses antes de la radicación de la tutela. Lo tercero -subsidiariedad-, dado que: (i) la resolución de intervención no estaba en firme y se encontraba en término para resolver el recurso de reposición, (ii) el juez natural para resolver la controversia sobre la legalidad del acto administrativo era la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y (iii) la parte accionante no acreditó enfrentarse al riesgo de un perjuicio irremediable. Por lo demás, refirió que “ya existen 3 procesos en el medio de control de nulidad contra [la Resolución No. 2024160000003002-6] ante el Consejo de Estado, litigios en los cuales se han negado las medidas cautelares de urgencia establecidas en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los que se están debatiendo precisamente diferentes argumentos que los tutelantes quieren traer erróneamente ante el Juez constitucional”[15]. 13. En cualquier caso, argumentó que la Resolución 2024160000003002–6 de 2024, mediante la cual se ordenó la intervención de EPS Sanitas, no vulneró el derecho al debido proceso. Enfatizó que la resolución se expidió en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 7 del Decreto 1080 de 2021 y se sustentó en el concepto técnico rendido por la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud. Destacó que el concepto constató el incumplimiento de (i) el indicador de Patrimonio Adecuado para el cierre de la vigencia 2023” y (ii) el indicador de inversiones de la reserva técnica[16]. Estos incumplimientos configuraban las causales de toma de posesión previstas en los literales (e) y (i) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Según la Superintendencia de Salud, en este escenario no estaba facultada para “abstenerse de tomar la decisión de intervenir debido a que, al estar configuradas las causales para su procedencia, no existe otra vía de actuación posible jurídica o fácticamente que proteja a los usuarios, los recursos del sistema y permita garantizar el servicio de salud”[17]. 2.3. Fallo de tutela de instancia objeto de revisión 14. El 18 de febrero de 2025, la juez Trece Administrativa de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, declaró la improcedencia de la tutela. De un lado, consideró que la Asociación de Usuarios Sanitas no estaba legitimada en la causa por activa “para buscar la protección de [los] derechos subjetivos de las personas naturales que conforman [la] persona jurídica”[18]. Por otra parte, consideró que la solicitud de amparo de los derechos fundamentales de María, Amalia, José y Elías, incumplía el requisito de subsidiariedad. Esto, porque la Resolución N° 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2025 “puede ser controvertida mediante los medios de control de anulación de actos administrativos previstos en el CPACA, particularmente el de nulidad simple”[19]. Además, indicó que en el caso concreto no se acreditó un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia excepcional de la tutela. Por el contrario, resaltó que la entidad accionada informó “que quienes figuran en el presente caso como accionantes no han presentado ninguna petición ante esa entidad por la inadecuada prestación del servicio de salud por parte de la E.P.S. SANITAS”[20]. 2.4. La sentencia SU-277 de 2025 15. El 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU-277 de 2025. En esta sentencia, la Sala Plena estudió en sede de revisión una acción de tutela que interpusieron la Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Keralty S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez (en nombre propio y en representación de EPS Sanitas) contra la Superintendencia Nacional de Salud. Los demandantes solicitaron (i) la suspensión de la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de EPS Sanitas, así como las resoluciones 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024 (que la corrigió); y (ii) la cesación inmediata de todas las medidas administrativas adoptadas en virtud de la resolución que ordenó la toma de posesión. 16. La Corte Constitucional concluyó que la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes y de EPS Sanitas al expedir la resolución acusada, pues interpretó el artículo 114 del EOSF sin valorar ni aplicar las órdenes impartidas por la Sala Especial de Seguimiento. La Sala Plena sostuvo que la insuficiencia de la UPC y la falta de reconocimiento oportuno y transferencia de los Presupuestos Máximos tenía un impacto transversal en los componentes financieros de la EPS intervenida. Asimismo, precisó que en este caso se evidenció una omisión absoluta y determinante por parte de la autoridad accionada de cara a considerar, valorar y aplicar los autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T-760 de 2008, cuyas órdenes a la Superintendencia Nacional de Salud guardan íntima relación con las causas en que se soportó la toma de posesión. 17. Con base en estas consideraciones, la Sala Plena amparó el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante y, como remedio constitucional, dejó sin efectos la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, la Resolución 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corrigió la anterior y la Resolución 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, que la prorrogó. Por último, remitió el expediente a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, para lo de su competencia. 2.5. Actuaciones judiciales en sede de revisión 18. Selección del expediente. El 29 de abril de 2025, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional seleccionó para revisión la acción de tutela T-10.981.717. Luego, el 13 de mayo de 2025, la Secretaría General repartió el expediente a la suscrita magistrada sustanciadora. 19. Solicitud de los accionantes durante el trámite de revisión. El 10 de julio de 2025, los accionantes señalaron que la sentencia SU-277 de 2025 concluyó que la toma de posesión fue contraria al debido proceso, por lo que decidió dejar sin efectos las resoluciones de intervención. En su criterio, esto implicaba que, en este caso, la Corte debía declarar la existencia de carencia actual de objeto por “daño consumado”, dado que la violación a sus derechos ya se había materializado. De otro lado, enfatizaron que esta sentencia protegió los derechos de los accionantes de la EPS Sanitas, pero no se pronunció sobre la violación de los derechos de los usuarios. En este sentido, sostuvieron que, pese a que las resoluciones cuestionadas ya no estaban surtiendo efectos, en todo caso un pronunciamiento de fondo era necesario por “la situación actual que atraviesa el sistema de salud en Colombia”, así como por la existencia de “10 EPS que a la fecha se encuentran con alguna medida de control por parte del Gobierno”[21]. 20. En tales términos, los accionantes solicitaron a la Sala que (i) “falle de fondo la presente acción de tutela en su integridad”, (ii) ordene a la Superintendencia Nacional de Salud que “se abstenga de incurrir en las mismas acciones en el futuro para proteger la dimensión objetiva del derecho a la salud”[22]; y (iii) adopte “las órdenes que correspondan constitucionalmente para la situación específica de cada uno de los accionantes”. 21. Auto de pruebas, vinculación de EPS Sanitas y suspensión de términos. Mediante auto del 24 de julio de 2025, la magistrada sustanciadora decretó pruebas con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela los elementos de juicio relevantes para adoptar una decisión. En concreto, requirió información sobre (i) las condiciones generales de prestación del servicio de aseguramiento en salud y (ii) la entrega de los medicamentos prescritos a Amalia, María, Elías, José. Asimismo, la magistrada sustanciadora vinculó al trámite de tutela a EPS Sanitas al considerar que tiene un interés en el resultado del proceso. 22. Por medio de auto del 12 de agosto de 2025, la Sala suspendió los términos por treinta (30) días calendario. La Sala consideró que en este caso era necesario decretar la suspensión de términos del proceso como medida excepcional dado que “en sede de revisión se realizó la vinculación al proceso de tutela de la EPS Sanitas, entidad responsable de la prestación de los servicios de aseguramiento en salud a los accionantes, y se le requirieron pruebas adicionales a las ya obrantes en el expediente de tutela, las cuales fueron allegadas al proceso el 5 de agosto de 2025”. A juicio de la Sala, era indispensable “contar con un término razonable para valorar las pruebas recientemente allegadas por la EPS Sanitas”. 23. Escritos de respuesta de EPS Sanitas. Mediante escritos del 5 y 12 de agosto de 2025, EPS Sanitas presentó escritos de respuesta al requerimiento probatorio. La vinculada allegó la historia clínica reciente de los accionantes y se refirió al Programa de Pacientes Crónicos de EPS Sanitas. Señaló que el programa tiene como objetivo general “lograr la intervención integral en salud de las patologías de riesgo cardio cerebro-metabólico- renal, desarrollando procesos para la prevención, diagnóstico temprano el seguimiento y control del progreso de la enfermedad”[23]. Asimismo, informó que el programa persigue los siguientes objetivos específicos: (i) “[i]ntervenir los factores de riesgo modificables asociados para enfermedad cerebro cardiovascular en los pacientes con HTA”; (ii) “[d]isminuir el número de eventos por enfermedad cerebro cardiovascular y renal prevenible”; (iii) “[a]umentar el empoderamiento del paciente en el manejo de su enfermedad”; (iv) “[e]stablecer estrategias para incrementar la adherencia farmacológica y a las actividades del programa; y (v) “[l]ograr el control de cifras tensionales en el 80 % de los pacientes en programa”. Por último, indicó que este programa “no ha cambiado en los últimos 24 meses Frente (sic) a las condiciones específicas de la prestación del servicio de aseguramiento en salud que la EPS Sanitas viene prestando”[24]. 24. Respecto de las estadísticas de las PQRS radicadas mensualmente por los afiliados al SGSSS, relacionadas con la prestación de servicios y tecnologías del Plan de Beneficios en Salud en los últimos 24 meses, la EPS Sanitas suministró los siguientes datos: 25. Asimismo, aportó los datos estadísticos del número de sentencias de tutela que mensualmente han declarado la vulneración del derecho a la salud de los afiliados al Plan de Beneficios en Salud de EPS Sanitas en los últimos 24 meses, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 2024 2025 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 2472 2547 2661 3321 3792 4483 II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 26. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. 2. Estructura de la decisión 27. La presente decisión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la Sala examinará si la tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad de las acciones de tutela (sección II.3 infra). En segundo lugar, estudiará si, tal y como alegaron los accionantes en sede de revisión, la expedición de la sentencia SU-277 de 2025 configuró un escenario de carencia actual de objeto por daño consumado (sección II.4 infra). En tercer lugar, de ser procedente, la Sala pasará al fondo y analizará si la EPS Sanitas vulneró los derechos fundamentales de los señores Amalia, María, Elías, José (sección II.5 infra). Por último, en caso de ser necesario, adoptará los remedios que correspondan para subsanar las violaciones a los derechos que encuentre acreditadas (sección II.6 infra). 3. Examen de procedibilidad 28. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la “protección inmediata de los derechos fundamentales” de los ciudadanos por medio de un “procedimiento preferente y sumario”[25]. De acuerdo con lo previsto por el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa -por activa y por pasiva-, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos es una condición para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo. A continuación, la Sala examinará si la presente solicitud de amparo satisface estos requisitos. 3.1. Legitimación en la causa (i) Legitimación en la causa por activa 29. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, el requisito general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa exige que la acción de tutela sea ejercida, bien directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales presuntamente violados[26]. El inciso 2º del artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 señala que la solicitud de amparo puede ser presentada, entre otras, mediante agente oficioso. La agencia oficiosa “es el mecanismo procesal que permite que un tercero (agente) interponga, motu proprio y sin necesidad de poder, acción de tutela en favor del titular de los derechos fundamentales (agenciado)”[27]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la procedencia de la agencia oficiosa en los procesos de tutela está supeditada al cumplimiento de dos requisitos[28]: (i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos[29]. Con todo, el segundo requisito puede suplirse con la ratificación del titular, la cual convalida la actuación del agente[30]. 30. La Corte Constitucional ha sostenido que es posible que por medio de la agencia oficiosa se solicite la protección de los derechos de un número plural de personas no individualizadas, siempre y cuando el grupo de sujetos sea determinado o determinable[31]. En contraste, ha dicho la Corte, la agencia oficiosa no será procedente si el grupo de sujetos es indeterminado[32]. Estas reglas de decisión han sido reiteradas en, entre otras, las sentencias T-381 de 2022 y T-428 de 2022 que, por su similitud con el presente caso, la Sala refiere a continuación: 31. T-381 de 2022. La Sala Octava de Revisión resolvió una acción de tutela que las señoras Cruz Leyda Córdoba, Yuleni Vergara Córdoba y Mercedes Mosquera presentaron en contra de la Superintendencia Nacional de Salud. Las accionantes sostenían que la intervención de la entidad accionada de la EPS AMBUQ violó, entre otros, los derechos de “los usuarios” de la EPS. La Sala Octava concluyó que las accionantes no estaban legitimadas por activa para solicitar la protección de sus derechos supuestamente violados por la intervención administrativa, dado que la tutela y las pretensiones “no evidencian de manera concreta el modo en que alguna posición iusfundamental fue interferida por el comportamiento de la entidad accionada. Dicho de otra manera, no es posible identificar una relación directa entre la actuación de la Superintendencia de Salud y los derechos fundamentales que invocan las accionantes”. Asimismo, la Sala Octava consideró que las accionantes tampoco estaban legitimadas para solicitar la protección de los derechos de todos los usuarios de la EPS porque “no actúan en nombre de las personas que estuvieron alguna vez afiliadas a AMBUQ, sino en su calidad de ‘asociadas’ de la EPS. Tampoco se aportó (i) poder otorgado por los usuarios, (ii) la coadyuvancia de estos; o (iii) cualquier manifestación de apoyo por parte de los ex afiliados de AMBUQ respecto de la acción”. Por último, enfatizó que no se cumplen los requisitos de la agencia oficiosa, “porque (i) en ningún momento se realizó la manifestación expresa de que se actuara de este modo y (ii) los ex afiliados a AMBUQ se encuentran en capacidad de presentar por sí mismos la acción de tutela. Incluso, destaca la Sala, la EPS participó en el trámite de revisión de la acción de tutela”. 32. T-428 de 2022. La Sala Sexta de Revisión de Tutela resolvió una acción de tutela que presentó la representante legal de la Clínica Central del Quindío S.A.S., Luz Marina Estrada Agudelo, en contra de la Secretaría de Salud del Quindío. La accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales de “todos los pacientes de la clínica que podían necesitar una cama”. La Sala Sexta de Revisión concluyó que la señora Estrada Agudelo carecía de legitimación para actuar en nombre de los pacientes que eventualmente podrían necesitar una cama en la institución que representaba, porque “(i) estos son sujetos indeterminados, es decir, no son personas individualizables que puedan acreditar un interés actual, razón por la cual no pueden otorgar poder a la accionante y (ii) en principio, tampoco se advierte que la solicitante cumpla con los requisitos para actuar como agente oficiosa de aquellos, pues no manifestó obrar en tal calidad, ni demostró por qué estos estarían en imposibilidad de procurar la defensa de sus propios derechos”. 33. Con fundamento en estas reglas de decisión, en la siguiente tabla, la Sala Séptima examina la legitimación en la causa por activa de: (i) la Asociación de Usuarios Sanitas y (ii) Amalia, María, José y Elías. Lo anterior, respecto de cada una de las pretensiones y los grupos de derechos presuntamente violados: Asociación de Usuarios Sanitas La Sala considera que la Asociación de Usuarios Sanitas no está legitimada en la causa por activa. Esto, por dos razones: 1. La Asociación de Usuarios Sanitas no es la titular del derecho al debido proceso presuntamente vulnerado con la toma de posesión de la EPS SANITAS. En la sentencia SU-277 de 2025, la Corte señaló que quienes estaban legitimados para solicitar la protección del derecho al debido proceso, derivada de las resoluciones de intervención, eran: (i) los socios de la EPS SANITAS y (ii) quien fungía como representante legal de la EPS al momento de la intervención. La Asociación de Usuarios Sanitas no aportó poder para representar los intereses de estos sujetos, quienes, además, no coadyuvaron la tutela. 2. La Asociación de Usuarios Sanitas no está facultada para solicitar la protección del derecho a la salud de “todos los demás usuarios de EPS Sanitas”. Esto, por dos razones: (i) los estatutos de la asociación no le confieren poder de representación judicial de sus miembros y, mucho menos, de “todos” los usuarios de EPS SANITAS y (ii) en este caso no se acreditan los requisitos de la agencia oficiosa. Esto, porque no se demostró la imposibilidad de los usuarios de EPS SANITAS de solicitar la protección de sus derechos de forma personal. Amalia, María, José y Elías La Sala considera que: 1. Los accionantes no están legitimados en la causa por activa para solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la toma de posesión de EPS SANITAS. Esto, porque, se reitera, en la sentencia SU-277 de 2025 la Corte Constitucional señaló que quienes estaban legitimados para solicitar la protección del derecho al debido proceso, derivada de las resoluciones de intervención, eran: (i) los socios de la EPS SANITAS y (ii) quien fungía como representante legal de la EPS al momento de la intervención. Además, en aplicación de la regla de decisión fijada en la sentencia T-381 de 2022, la Sala encuentra que no es posible identificar una relación directa entre la actuación de la Superintendencia de Salud y la presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana de los accionantes. 2. Los accionantes sólo están legitimados para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud, presuntamente vulnerados como consecuencia, exclusivamente, de (i) la supuesta falta de entrega o entrega tardía de los medicamentos que fueron prescritos por los médicos tratantes; (ii) los obstáculos administrativos relacionados con el agendamiento de las citas para controles médicos; y (iii) los cobros de cuotas moderadoras presuntamente irregulares por la toma de exámenes de laboratorio clínico. 34. En síntesis, la Corte considera que (i) la Asociación de Usuarios Sanitas no está legitimada en la causa por activa y (ii) Amalia, María, José y Elías están legitimadas en la causa por activa para solicitar la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana presuntamente vulnerados por (i) la falta de entrega de los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes; (ii) los obstáculos administrativos relacionados con el agendamiento de las citas para controles médicos; y (iii) los presuntos cobros irregulares de cuotas moderadoras por la toma de exámenes de laboratorio clínico. En consecuencia, la Sala sólo examinará el resto de los requisitos de procedibilidad respecto de estos asuntos[33]. (ii) Legitimación en la causa por pasiva 35. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, el requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto -autoridad pública o privado- que cuenta con la aptitud o capacidad legal[34] para responder a la acción y ser demandado[35]. 36. La Sala considera que la Superintendencia Nacional de Salud está legitimada en la causa por pasiva, porque fue la autoridad administrativa que profirió los actos administrativos que, según los accionantes, vulneraron sus derechos fundamentales: (i) la Resolución 2024160000003002-6 de 2024 y (ii) la Resolución 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024. Asimismo, la Sala constata que EPS Sanitas se encuentra legitimada por pasiva porque fue vinculada al trámite de revisión, luego de que la sentencia SU-277 de 2025 dejara sin efectos la toma de posesión. Además, es la EPS a la que los accionantes se encuentran afiliados por lo que, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, tiene la función de organizar y garantizar la prestación del servicio de salud. Por último, la Sala reitera que algunas de las pretensiones de la tutela solicitan que se ordene la entrega de tecnologías en salud que fueron prescritas por médicos tratantes que forman parte de su red de prestadores. 3.2. Inmediatez 37. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, el requisito de procedencia de inmediatez exige que la acción de tutela sea presentada en un “término razonable”[36] respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales[37]. La razonabilidad del término de interposición debe examinarse en cada caso concreto en atención a, entre otros, los siguientes criterios: (i) las circunstancias personales del actor, (ii) su diligencia y posibilidades reales de defensa[38], (iii) la posible afectación a derechos de terceros derivada de la interposición tardía de la tutela y (iv) los efectos del hecho vulnerador, esto es, si se trata de una vulneración continuada o permanente[39]. 38. La Sala considera que la tutela satisface el requisito de inmediatez. Esto es así, porque la presunta vulneración de los derechos a la salud, vida y dignidad humana inició en mayo de 2024 y, de acuerdo a lo expuesto por los accionantes, se prolongó hasta el momento de radicación de la tutela: Presuntos hechos vulneradores Entrega inoportuna de los medicamentos Los accionantes afirman que a partir del mes de mayo de 2024 se empezaron a presentar demoras en la entrega de los medicamentos[40], problemática que habría continuada hasta octubre del mismo año. Barreras para el agendamiento de citas Los accionantes señalan que “desde mayo de 2024 han presentado inconvenientes para agendamiento de citas”[41]. Asimismo, señalaron que “ahora requieren que sea como mínimo con 1 mes de antelación”[42]. Pago de exámenes de laboratorios clínicos La accionante Amalia señaló que el 25 de julio de 2024 tuvo que incurrir en pagos de cuotas moderadoras para la toma de exámenes de laboratorio clínico. En su criterio, estos pagos son irregulares dado que formaba parte del programa de pacientes crónicos que la exoneraba de estos pagos[43]. 39. En este caso, la acción de tutela se presentó el 5 de febrero de 2025. Esto es, menos de 4 meses después del último presunto hecho vulnerador invocado por los accionantes, el cual habría tenido lugar en octubre de 2024. En criterio de la Sala, este término para la interposición de la tutela es razonable. En cualquier caso, la Sala advierte que, al menos parcialmente, la presunta violación a los derechos de los accionantes es continua y permanente puesto que, conforme a las pruebas que reposan en el expediente, la EPS Sanitas no ha entregado ni prestado los medicamentos y servicios prescritos por sus médicos tratantes. 3.3. Subsidiariedad 40. El artículo 86 de la Constitución Política prescribe que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa judicial. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela sólo procede en dos supuestos[44]. Primero, como mecanismo de protección definitivo, si no existe un medio de defensa judicial o el existente no es idóneo y eficaz. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial ordinario es idóneo si “es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”[45]. Por su parte, es eficaz, si “está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”[46] (eficacia en abstracto) en consideración de las circunstancias en que se encuentre el solicitante (eficacia en concreto)[47]. Segundo, como mecanismo de protección transitorio si, a pesar de existir medios ordinarios idóneos y eficaces, la tutela es interpuesta para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[48]. 41. La Sala considera que la solicitud de tutela del derecho a la salud, vida y dignidad humana de los accionantes satisface el requisito de subsidiariedad. La Sala reconoce que el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 -modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019- dispone que las controversias entre los afiliados y las EPS relacionadas con el suministro de insumos, servicios y tecnologías en salud deben ser resueltas preferentemente por medio del proceso ordinario ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, este mecanismo ordinario no es idóneo ni eficaz. En la sentencia SU-508 de 2020, la Corte Constitucional resaltó que existen situaciones estructurales y normativas que hacen que el recurso ante la SNS no sea idóneo ni eficaz. De un lado, las “situaciones normativas” están asociadas, entre otras, a la indefinición del término para resolver la apelación y a la falta de un mecanismo para garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión. La “situación estructural”, por su parte, alude a la imposibilidad institucional de tramitar dichas solicitudes en el término de 10 días, así como a los déficits “logísticos” y “organizativos” de la SNS. En este sentido, la Corte señaló que mientras estas situaciones no se resuelvan, este mecanismo jurisdiccional “no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del [SGSSS] y, en consecuencia, la acción de tutela será el medio adecuado para garantizar dichos derechos”[49]. 42. La Sala constata que, a la fecha, estas situaciones normativas y estructurales no han sido resueltas. En efecto, no existe ninguna decisión de unificación en la que la Corte haya constatado la superación de las barreras que fueron identificadas en la sentencia SU-508 de 2020. Por lo tanto, ante la inexistencia de un medio de defensa idóneo y eficaz, la tutela satisface el requisito de subsidiariedad. 43. Conclusión de procedibilidad. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la presente acción de tutela satisface de forma parcial los requisitos generales de procedibilidad. En concreto, sólo procede formalmente como mecanismo definitivo de protección respecto de la presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana de Amalia, María, José y Elías. En contraste, la tutela es improcedente por falta de legitimación en la causa por activa respecto de (i) la Asociación de Usuarios Sanitas y (ii) las pretensiones relacionadas con la presunta violación a los derechos derivada de las resoluciones que ordenaron la toma de posesión de EPS Sanitas. 4. Carencia actual de objeto 44. La Sala estudiará si en este caso se configuró carencia actual de objeto como consecuencia de la expedición de la sentencia SU-277 de 2025. Esto, porque (i) esta sentencia dejó sin efectos las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud que los accionantes cuestionaban mediante la acción de tutela y (ii) los accionantes solicitaron a la Corte declarar que en este caso tuvo lugar una carencia actual de objeto por daño consumado. 45. La carencia actual de objeto es un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se extingue o “ha cesado”[50]. Cuando esto ocurre, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”[51]. La Corte Constitucional ha identificado tres hipótesis en las que se presenta la carencia actual de objeto en los procesos de tutela: (i) daño consumado, (ii) hecho superado y (iii) situación sobreviniente: Daño consumado Ocurre cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”[52]. Hecho superado Se configura en aquellos eventos en los que la “pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable[53]. Hecho sobreviniente Se presenta cuando sucede una situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones”[54] y que no “tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela”[55]. 46. La Sala considera que en la tutela sub examine no se presenta el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto respecto de ninguno de los grupos de pretensiones. De un lado, como se explicó en la sección 3.1. supra, (i) los accionantes no están legitimados en la causa por activa para solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso que habría sido presuntamente vulnerado por la toma de posesión de EPS Sanitas, efectuada mediante la Resolución No. 2024160000003002-6 de la Superintendencia Nacional de Salud. El examen de carencia actual de objeto es un examen del fondo de la controversia, por lo que, ante la falta de acreditación de legitimación en la causa por activa, no es procedente que la Corte emita ningún pronunciamiento sobre el particular. 47. Por otra parte, la Sala estima que no se configura carencia actual de objeto frente a las pretensiones relacionadas con la eventual vulneración de los derechos a la salud, vida y dignidad humana de los accionantes, derivada de (i) la falta de entrega o entrega inoportuna de los medicamentos prescritos por los médicos tratantes, (ii) el cobro de las cuotas moderadoras y (iii) las barreras para el agendamiento de citas. Esto, porque no existe certeza de que los presuntos incumplimientos de la EPS Sanitas en el suministro y prestación de estos servicios y tecnologías hayan cesado y, aun si se concluyera que los accionantes compraron los medicamentos por sus propios medios o ya no los necesitan, el juez de tutela estaría en todo caso habilitado para dictar órdenes de protección y restablecimiento de derechos (ver sección 6 infra). 5. Examen de fondo 48. Para resolver la presente tutela, la Sala Séptima seguirá la siguiente metodología. En primer lugar, reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamental a la salud, con especial énfasis en (i) los principios de oportunidad y continuidad en la prestación de servicios y tecnologías en salud y (ii) las reglas legales y reglamentarias sobre el pago de las cuotas moderadoras (sección 5.1 infra). En segundo lugar, con fundamento en tales consideraciones, resolverá el caso concreto. En esta sección, la Sala resumirá las posiciones de las partes y planteará un problema jurídico independiente para las pretensiones de cada uno de los accionantes (5.2 infra). Por último, en caso de encontrar acreditada alguna vulneración de derechos fundamentales, adoptará los remedios que correspondan para subsanarla (sección 6 infra). 5.1. El derecho fundamental a la salud. Reiteración de jurisprudencia 49. El artículo 49 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la salud. Asimismo, dispone que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado que debe ser prestado conforme a los principios de “eficiencia, universalidad y solidaridad”[56]. El derecho a la salud también se encuentra consagrado en instrumentos internacionales que, conforme al artículo 93.1 de la Constitución, forman parte del bloque de constitucionalidad. En particular, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 50. El derecho a la salud no es simplemente un derecho a estar sano[57] o a preservar la “normalidad orgánica funcional, física y mental”[58]. De acuerdo con la Corte Constitucional y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Comité DESC”), la protección a la salud abarca...