Sentencia T-234 de 2025

T-234-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-234/25 DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Vulneración por EPS cuando niega transporte a pacientes o a sus acompañantes COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración parcial (...) se configura la cosa juzgada parcial, en la medida que están acreditados los tres elementos enunciados, respecto de una de las pretensiones de la accionante. ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia porque no se actuó de mala fe DERECHO A LA SALUD-Flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción de tutela cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional ACCIÓN DE TUTELA-Hecho superado por prestación del servicio de salud COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDAD-Diferencias PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Importancia de la labor del juez al momento de interpretar la demanda JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Alcance DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Principios rectores DERECHO A LA SALUD-Protección por el Estado y los particulares PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Derechos y deberes de las personas PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Casos en que procede la orden de tratamiento integral DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Aplicación del principio de integralidad para garantizar la prestación de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación para paciente y un acompañante DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Tratamiento integral REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-234 DE 2025 Expedientes AC: T-10.796.030, T-10.797.895, T-10.816.320, T-10.822.096 Asuntos: acciones de tutela de Lina contra EPS Sanitas, David contra la Nueva EPS, Marcela contra la Nueva EPS y Manuela contra Salud Total EPS. Magistrada sustanciadora: Diana Fajardo Rivera. Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela emitidos por: (i) El Juzgado 036 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá el 24 de febrero de 2025, que, en segunda instancia, confirmó la Sentencia del 1 de noviembre de 2024 dictada por el Juzgado 112 Penal Municipal de conocimiento de Bogotá, mediante la cual resolvió la acción de tutela presentada por Lina en contra de la EPS Sanitas (expediente T-10.796.030). (ii) El Juzgado 004 Penal Municipal con función de conocimiento de Cúcuta el 25 de noviembre de 2024, mediante el que resolvió la acción de tutela presentada por David en contra de la Nueva EPS (expediente T-10.797.895). (iii) El Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Campoalegre (Huila) el 15 de noviembre de 2024, mediante el que resolvió la acción de tutela presentada por Marcela, en representación de su hijo Antonio, contra la Nueva EPS (expediente T-10.816.320). (iv) El Juzgado 017 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla el 3 de diciembre de 2024, mediante el que resolvió la acción de tutela presentada por Manuela, en representación de su hijo Sebastián, contra Salud Total EPS (expediente T-10.822.096). Aclaración previa. En la Circular Interna n.º 10 de 2022, la Corte Constitucional estableció algunos lineamientos para la protección de datos personales en las providencias que sean publicadas y que hagan referencia a la historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica de los accionantes. Así, con el fin de proteger el derecho a la intimidad de los accionantes, la Sala no mencionará sus nombres reales ni ninguna otra información que conduzca a su identificación. La Corte toma esta medida porque la Sentencia incluye información relacionada con la historia clínica de los accionantes y se refiere a dos niños, uno de 11 y otro de 6 años de edad. Por consiguiente, la Corte emitirá dos providencias, una de ellas para ser comunicada a las partes del proceso y a los vinculados, que incluirá los nombres reales; y la otra, para ser publicada, que tendrá nombres ficticios en cursivas. Síntesis de la decisión La Sala Tercera de Revisión analizó cuatro casos en los que los accionantes solicitaron a sus respectivas EPS la cobertura de los gastos de transporte para municipios en los que no viven y a los que deben trasladarse con el objetivo de recibir servicios de salud. Adicionalmente, en dos de los casos, relacionados con niños, uno de 11 y otro de 6 años de edad, las accionantes solicitaron también el tratamiento integral. Antes de realizar el estudio de fondo de los cuatro asuntos, la Sala verificó dos consideraciones previas. La primera se refirió a la carencia actual de objeto en el expediente T-10.797.895 y arrojó como resultado que se declarara la existencia de tal fenómeno procesal por hecho superado, teniendo en cuenta que el accionante asumió por su cuenta el gasto de transporte; no obstante, se decidió estudiar el caso de fondo al evidenciar que la EPS es renuente respecto del cumplimiento de la jurisprudencia constitucional en materia de transporte. La siguiente analizó las figuras de cosa juzgada y temeridad en el expediente T-10.816.320, evidenciando la configuración parcial de cosa juzgada respecto de una pretensión. La Sala reiteró la jurisprudencia constitucional sobre cobertura de los servicios de transporte, alimentación y alojamiento de pacientes ambulatorios y un acompañante. En concreto, señaló que el transporte puede constituir una barrera para acceder efectivamente al servicio de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, motivo por el cual el transporte intermunicipal de pacientes y acompañantes debe ser asumido por la EPS, sin que importe la capacidad económica del usuario; mientras que, el transporte intramunicipal, que no hace parte del Plan Básico de Salud, debe ser cubierto por la EPS cuando el paciente no tenga los recursos para sufragarlo y el tratamiento sea necesario para proteger su salud. Además, reiteró que no se requiere prescripción médica ni solicitud previa dirigida a la EPS para que esta asuma los costos de transporte, pues una vez aquella autoriza un servicio en un municipio diferente al del domicilio del paciente, debe ordenar automáticamente dicha cobertura. En cuanto al transporte para un acompañante, reiteró que este se justifica cuando el paciente depende totalmente de un tercero, requiere atención permanente para proteger su integridad o realizar sus labores cotidianas, y su núcleo familiar carece de los medios económicos para cubrir el traslado. A su vez, en cuanto a los servicios de alojamiento y alimentación para el paciente, y en algunos casos, para el acompañante, reiteró que este resulta procedente si se cumplen tres condiciones: (i) el paciente ni su red de apoyo tienen capacidad económica para asumir los costos, (ii) implicaría un peligro para la vida, la integridad física o el estado de salud del paciente no financiar el gasto de estos servicios y, (iii) la atención médica en el lugar de remisión exige más de un día de duración. De acuerdo con las subreglas decantadas jurisprudencialmente y el material probatorio allegado en cada caso, la Sala concluyó que (i) en el expediente T-10.796.030, la EPS Sanitas autorizó servicios médicos a la accionante en un municipio distinto al de su residencia; la afiliada se encuentra en situación de discapacidad, por lo que depende de un tercero para su desplazamiento y ejecución de actividades cotidianas; pero no se demostró que la atención médica en el lugar de remisión exigiera más de un día de duración. (ii) En el expediente T-10.797.895, la Nueva EPS autorizó servicios médicos al accionante en un municipio diferente al de su residencia, para realizar seguimiento a una enfermedad grave; el accionante requiere de un tercero para movilizarse, con ocasión de su edad y el desgaste físico y emocional que puede padecer por su enfermedad y la duración del traslado; y que la EPS debe asumir los gastos de alojamiento y alimentación para el paciente y un acompañante, cuando el tratamiento implique que pase más de 1 día fuera de su municipio de residencia, en atención a la especial protección y vulnerabilidad socioeconómica del accionante. (iii) En los expedientes T-10.816.320 y T-10.822.096, la Nueva EPS y Salud Total EPS, respectivamente, autorizaron servicios médicos a los niños en municipios diferentes al de su residencia; los dos niños requieren acompañamiento permanente de un tercero, por su edad y diagnóstico; las EPS deben asumir los gastos de alojamiento y alimentación cuando el tratamiento requiera que las partes actoras permanezcan más de un día fuera de su municipio de residencia, dado que las familias no cuentan con la capacidad económica para asumir tales gastos, y brindar tratamiento integral con ocasión de la especial protección de los pacientes y la negligencia de la entidad en la autorización y materialización del servicio de transporte. En consecuencia, la Sala ordenó (i) en el caso del expediente T-10.796.030 que se cubran los gastos de transporte intermunicipal; (ii) en el caso del expediente T-10.797.895 que se cubran los gastos de transporte intermunicipal, alojamiento y alimentación; (iii) mientras que en los casos de los expedientes T-10.816.320 y T-10.822.096 dispuso que se cubran los gastos de transporte intermunicipal, alimentación y alojamiento, y se brinde tratamiento integral. I. ANTECEDENTES 1.1. Expediente T-10.796.030 1.1.1. Hechos que motivaron la tutela 1. La señora Lina[1], adulta de 27 años, residente en Soacha, Cundinamarca, presenta alteraciones en las funciones neuromusculoesqueléticas que comprometen seriamente su movilidad y le impiden realizar actividades básicas de la vida diaria, como caminar, sentarse, cambiar de postura y trasladarse[2]. Por esta razón y los hechos que se narran a continuación, interpuso acción de tutela en nombre propio contra la EPS Sanitas, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y el mínimo vital[3]. 2. Del escrito de tutela, así como de la contestación remitida por la accionante en sede de revisión, se extrae que, la señora Lina, debido a su diagnóstico, utiliza silla de ruedas propulsada por acompañante y sufre desmayos y convulsiones; recibe atención médica en las IPS Health & Life (3 veces a la semana), Horizontes Aba Terapia Integral Ltda. (2 veces a la semana), Maple Respiratory (1 vez al mes), Instituto Roosevelt (1 vez al mes), Clínica nuestra señora de la Paz (1 vez al mes), y Centro médico Chico Navarra de Sanitas (1 vez al mes), ubicadas en Bogotá, y en el Centro médico Soacha (1 vez al mes); el 16 de agosto de 2023 le solicitó a la EPS Sanitas que reconociera el servicio de transporte; el 27 de agosto siguiente, la EPS Sanitas dio respuesta negativa a la petición de la actora, argumentando que debía enviar el fallo de tutela taxativo para transportes[4]; y que la paciente no cuenta con prescripción del servicio de transporte, pues solo ha sido una recomendación de la fisioterapeuta de la IPS[5]. Con base en lo expuesto, la convocante solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la EPS Sanitas suministrar el servicio de transporte ida y vuelta, junto con un acompañante, para acceder al tratamiento prescrito por los médicos tratantes y cumplir las citas médicas[6]. 1.1.2. Trámite de instancia y contestación de las entidades 3. El proceso de amparo le correspondió al Juzgado 112 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, que mediante Auto del 21 de octubre de 2024 admitió la acción contra la EPS Sanitas y dispuso la vinculación de Health & Life IPS[7]. 4. Contestación de la EPS Sanitas. Surtido el traslado correspondiente, la EPS Sanitas se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que ha brindado a la accionante los servicios médicos asistenciales que ha requerido y se encuentran dentro de las coberturas del Plan de Beneficios en Salud (PBS)[8]. Además, señaló que la solicitante no cuenta con orden médica que indique la necesidad del servicio de transporte y omitió demostrar la carencia económica[9]. 5. Contestación de Health & Life IPS. La entidad vinculada señaló que ha realizado las gestiones necesarias para asegurar la atención médica integral a la señora Lina[10], y que no es la llamada a garantizar el servicio de transporte, por tratarse de trámites y procedimientos a cargo de la EPS. En consecuencia, solicitó su desvinculación de los efectos del fallo de tutela[11]. 1.1.3. Decisiones de instancia 6. Sentencia de primera instancia. En sentencia del 1° de noviembre de 2024, el Juzgado 112 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá negó el amparo porque la accionante no acreditó la existencia de orden médica que prescribiera el servicio solicitado, ni la incapacidad propia o de sus familiares cercanos para sufragar los gastos de traslado; por el contrario, indicó que con la narración de la EPS Sanitas y Health & Life IPS se demostró que se han brindado los servicios requeridos por la actora, incluso de manera domiciliaria[12]. 7. Impugnación. Para la accionante, el juez de instancia desconoció que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios que requieran para conservar su salud; las EPS están en el deber de garantizar dicha prerrogativa sin importar si los servicios requeridos se encuentran o no en un plan de salud; y que, ha tenido dificultades económicas para movilizarse a las diferentes clínicas de la ciudad de Bogotá donde recibe tratamiento multidisciplinario[13]. 8. En Auto del 6 de diciembre de 2024, el Juzgado 112 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá concedió la impugnación presentada por la señora Lina y dispuso la remisión del expediente a los Juzgados Penales del Circuito de Conocimiento de Bogotá[14]. 9. Sentencia de segunda instancia. Por reparto, el conocimiento de la segunda instancia le correspondió al Juzgado 051 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá; sin embargo, el despacho se encontraba sin designación de juez por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial, por lo cual, el expediente se devolvió a la Oficina de Apoyo Judicial – Paloquemao para que fuera reasignado[15]. Hecho el segundo reparto, el expediente fue remitido al Juzgado 036 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá[16], que resolvió confirmar la decisión de primera instancia[17]. El despacho señaló que, pese a la condición de sujeto de especial protección de la accionante, no existe una orden médica que justifique los servicios solicitados, el juez constitucional no es el competente para valorar la necesidad de un servicio o procedimiento, y que no se probó la carencia de recursos económicos para sufragar los gastos de traslado[18]. 1.2. Expediente T-10.797.895 1.2.1. Hechos que motivaron la tutela 10. El señor David[19], adulto mayor de 78 años, residente en Cúcuta, Norte de Santander, presenta hiperplasia de próstata, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica Etapa IV[20]. Por esta razón y los hechos que se narran a continuación, interpuso acción de tutela en nombre propio contra la Nueva EPS por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, la vida, el bienestar y la dignidad humana[21]. 11. El accionante afirmó que el 11 de septiembre de 2024, la doctora María de los Ángeles Roversi Alvarado, adscrita a la Sociedad de Urólogos de Norte de Santander le prescribió “consulta por primera vez por especialista en urología por enfermedad renal crónica Etapa IV”; el 30 de septiembre de 2024, la Nueva EPS emitió autorización para el servicio requerido, en la Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lule de Floridablanca; la Clínica Carlos Ardila Lule agendó la cita requerida para el 13 de noviembre de 2024; presentó ante la Nueva EPS una solicitud de viáticos de viaje en avión Cúcuta – Bucaramanga, alojamiento, alimentación y transporte urbano para él y un acompañante, por ser incapaz de movilizarse por sí mismo; y que la Nueva EPS resolvió de forma negativa su solicitud de viáticos para acudir a la cita programada en Floridablanca[22]. 12. Como consecuencia de lo expuesto, el señor David solicitó al juez de tutela, como medida provisional, ordenarle a la Nueva EPS emitir autorización para viáticos (pasajes en avión ida y vuelta, hotel, alimentación y transporte urbano terrestre) para él y un acompañante. Como pretensiones de fondo, el convocante reiteró su solicitud de viáticos y procuró la concesión de tratamiento integral[23]. 1.2.2. Trámite de instancia y contestación de las entidades 13. El proceso de amparo le correspondió al Juzgado 004 Penal Municipal de Conocimiento de Cúcuta que en Auto del 8 de noviembre de 2024 admitió la acción contra la Nueva EPS, dispuso la vinculación de la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila Lule de Floridablanca, la Sociedad de Urólogos de Norte de Santander (Uronorte), la Superintendencia Nacional de Salud, Julio Alberto Rincón (interventor de la Nueva EPS) y la ADRES; y concedió la medida provisional en favor del señor David, ordenando a la Nueva EPS autorizar los viáticos para el accionante y un acompañante, en transporte urbano terrestre[24]. 14. Contestación de la Nueva EPS. Surtido el traslado correspondiente, la Nueva EPS afirmó que ha asumido todos los servicios que ha requerido el usuario desde su afiliación y se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que (i) no existía perjuicio irremediable, por cuanto el accionante no había solicitado con anterioridad a la presentación de la tutela los servicios complementarios; (ii) los gastos de traslado no corresponde al SGSSS; (iii) no se cumplen los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para trasladar al SGSSS los gastos de alojamiento y alimentación; (iv) el accionante no contaba con autorizaciones de servicios médicos para una IPS ubicada en un lugar diferente a su lugar de domicilio; (v) no existe orden médica que prescriba el servicio de transporte requerido; y que (vi) la atención integral se refiere a servicios futuros e inciertos[25]. 15. Contestación de Uronorte. La entidad vinculada señaló que es una IPS y no un ente asegurador del accionante, prestó el servicio de urología al señor David el 31 de julio de 2024, es ajena a la controversia ocurrida entre el convocante y la Nueva EPS, y que no le corresponde asumir el pago de viáticos y traslados a la ciudad de Floridablanca. En consecuencia, solicitó su desvinculación de la demanda de tutela[26]. 16. Contestación de la Superintendencia Nacional de Salud. El ente de control solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que no tiene a su cargo el aseguramiento de los usuarios del sistema ni la facultad de prestar servicios de salud. Además, destacó que solamente puede ejercer las facultades que le han sido asignadas por la ley, las cuales, corresponden a la inspección, vigilancia y control; y que no es superior jerárquico de los agentes interventores designados en las EPS[27]. 17. Contestación de la ADRES. La oficina jurídica de la entidad solicitó negar el amparo en lo relacionado con la ADRES porque de los hechos descritos y el material probatorio anexo no se desprende ningún tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor; y los servicios, medicamentos o insumos en salud necesarios se encuentran garantizados plenamente, a través de la UPC o de los presupuestos máximos[28]. 1.2.3. Decisión de única instancia 18. En Sentencia del 25 de noviembre de 2024, el Juzgado 004 Penal Municipal de Conocimiento de Cúcuta negó el amparo por considerar que la Nueva EPS no vulneró los derechos fundamentales al accionante, sino que fue el mismo actor que por desconocimiento u omisión, no realizó los trámites pertinentes de solicitud de viáticos. Respecto del tratamiento integral indicó que no hay evidencia sobre la negación de servicios de salud al accionante por parte de la Nueva EPS. Finalmente, el despacho destacó que la sobrina del accionante informó que él ya había asistido a la cita[29]. 1.3. Expediente T-10.816.320 1.3.1. Hechos que motivaron la tutela 19. La señora Marcela, en representación de su hijo Antonio[30], presentó acción de tutela contra la Nueva EPS por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida y la dignidad humana del niño[31]. De la demanda se extrae que Antonio tiene 11 años, padece el síndrome del abdomen de ciruela pasa, y reside en el municipio de Campoalegre, Huila. 20. La accionante afirmó que, durante un control de nefrología pediátrica realizado el 3 de octubre de 2024 en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, el especialista tratante determinó que su hijo requería una “evaluación pretrasplante renal al receptor con donante” y recomendó que se realizara en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. En respuesta a esta indicación, dicha institución agendó la cita para el 18 de octubre de 2024. A su vez, el 9 de octubre de 2024, la accionante radicó ante la Nueva EPS una solicitud de viáticos para su hijo y un acompañante. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la entidad, tuvo que asumir personalmente los gastos de traslado y permanencia en Bogotá, donde el niño permaneció hospitalizado hasta el 30 de octubre de 2024. Además, señaló que, al momento de presentar la acción de tutela, la Nueva EPS no había dado respuesta a la solicitud radicada el 9 de octubre. Finalmente, manifestó que su familia no cuenta con la capacidad económica para cubrir los gastos derivados de la enfermedad de su hijo[32]. 21. Como consecuencia de lo expuesto, la señora Marcela solicitó al juez de tutela el amparo de los derechos fundamentales de su hijo y que se ordenara a la Nueva EPS garantizar los viáticos para los servicios autorizados fuera del municipio de Campoalegre, Huila. Además, pidió que se disponga la prestación de tratamiento integral para su hijo y la exoneración de copagos y cuotas moderadoras[33]. 1.3.2. Trámite de instancia y contestación de las entidades 22. El proceso de amparo le correspondió al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Campoalegre, Huila, que mediante Auto del 6 de noviembre de 2024 admitió la acción contra la Nueva EPS, y dispuso la vinculación del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, la ADRES y la Fundación Cardioinfantil[34]. 23. Contestación de la Nueva EPS. Surtido el traslado correspondiente, la Nueva EPS, primero, manifestó que la accionante está actuando de manera temeraria porque el Juzgado 005 Administrativo de Neiva en proceso radicado 41001333300520240000000[35] ordenó a la Nueva EPS exonerar del pago de cuotas moderadoras y copagos al niño Antonio; luego, entre otras cosas, afirmó que (i) ha asumido todos los servicios que ha requerido el usuario desde su afiliación, lo cual se acredita con la ausencia de cartas de negación de servicios de salud en el expediente; (ii) no existe orden médica que prescriba los servicios o tecnologías solicitados; (iii) el usuario debe soportar que realizó el trámite de radicación de órdenes médicas o historia clínica; (iv) en los soportes allegados con la tutela no se observa constancia de radicación de la solicitud de traslados y viáticos; (v) se deben acreditar los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para acceder a la autorización de transporte para un acompañante, dado que la familia es el primer responsable de atender las necesidades de uno de sus miembros; (vi) la tutela no es el mecanismo para debatir la exoneración de cuotas moderadoras o copagos, por tratarse de un resarcimiento de tipo económico; y que (vii) la justificación para requerir el tratamiento integral giró en torno a dificultades para sufragar el costo de los desplazamientos y no en la ausencia de tratamiento. Consecuencia de lo narrado, la Nueva EPS solicitó negar el amparo[36]. 24. Contestación del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. La entidad vinculada solicitó ser exonerada de toda responsabilidad, dada la falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no es el sujeto procesal llamado a responder por lo requerido. Para lo pertinente, recordó que es una IPS contratada por las EPS para cumplir con los planes y servicios que aquellas ofrecen a sus usuarios, pero que son las EPS las que cancelan todos los gastos médicos que sus pacientes generen a las IPS[37]. 25. Contestación de la ADRES. La oficina jurídica de la entidad solicitó negar el amparo en lo relacionado con la ADRES, porque de los hechos descritos y el material probatorio anexado no se desprende ningún tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor; y los servicios, medicamentos o insumos en salud necesarios se encuentran garantizados plenamente, a través de la UPC o de los presupuestos máximos[38]. 26. Contestación de la Fundación Cardioinfantil. La IPS presentó las recomendaciones de egreso con las que salió de la Clínica el niño Antonio el 30 de octubre de 2024; e indicó que ha brindado al paciente una atención eficiente, oportuna y con la idoneidad técnico científica que su cuadro clínico amerita. Así mismo, sostuvo que la Nueva EPS debe autorizar, brindar y suministrar los procedimientos y medicamentos que sean necesarios para salvaguardar la integridad física del niño[39]. 1.3.3. Decisión de única instancia 27. En Sentencia del 15 de noviembre de 2024, el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Campoalegre, Huila, declaró improcedente el amparo por desconocer el requisito de subsidiariedad, toda vez que, (i) la accionante no acreditó el agotamiento de los mecanismos directos que tenía a su alcance para lograr el suministro de los servicios que pretende con el amparo constitucional[40], (ii) la solicitud radicada ante la Nueva EPS tenía por objeto el suministro de transporte para el 18 de octubre de 2024 y no para las sucesivas que se llegaran a requerir; (iii) la convocante no presentó ninguna solicitud ante la accionada respecto del tratamiento integral; y que (iv) el Juzgado 005 Administrativo de Neiva mediante Sentencia del 1 de agosto de 2025, proferida en el proceso radicado 41001333300520240000000, ordenó a la Nueva EPS exonerar del pago de cuotas moderadoras y copagos a Antonio[41]. 1.4. Expediente T-10.822.096 1.4.1. Hechos que motivaron la tutela 28. La señora Manuela, en representación de su hijo Sebastián[42], presentó acción de tutela contra Salud Total EPS por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida y la dignidad humana del niño[43]. De la demanda se extrae que Sebastián tiene 6 años, padece trastorno del espectro autista y reside en Soledad, Atlántico. 29. La accionante afirmó que desde el 2023, tras una hospitalización, los médicos tratantes ordenaron como tratamiento para su hijo 16 terapias mensuales en el centro CISADDE ubicado en Barranquilla; los desplazamientos de Soledad a Barranquilla ascienden a la suma de $800.000 mensuales, lo cual es insostenible para su economía familiar[44]; solicitaron a Salud Total el auxilio de transporte para su hijo, pero recibieron respuesta negativa con el argumento de que los cupos de transporte ya estaban ocupados en el centro CISADDE[45]. 30. Como consecuencia de lo expuesto, la señora Manuela solicitó al juez de tutela, amparar los derechos fundamentales de su hijo y ordenar a Salud Total EPS autorizar y sufragar los gastos de transporte intermunicipal necesarios para que el niño y un acompañante puedan asistir a las sesiones de terapia programadas en el centro CISADDE, y brindar tratamiento integral[46]. 1.4.2. Trámite de instancia y contestación de las entidades 31. El proceso de amparo le correspondió al Juzgado 017 Penal Municipal de garantías de Barranquilla, que mediante Auto del 21 de noviembre de 2024 admitió la acción contra Salud Total EPS, y dispuso la vinculación del centro CISADDE, la Secretaría de salud del Atlántico, la Secretaría de salud de Barranquilla, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud[47]. 32. Contestación de Salud Total EPS. Surtido el traslado correspondiente, Salud Total EPS se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó negar el amparo de los derechos fundamentales requerido y el tratamiento integral, y declarar improcedente el amparo respecto de los gastos de transporte[48]. Como sustento de sus peticiones señaló que, (i) el paciente ha recibido la atención requerida por parte de los médicos tratantes de manera adecuada, oportuna y pertinente; (ii) los gastos de transportes y viáticos deben ser asumidos por el usuario y/o su familia, por no estar contemplados dentro del PBS; y que (iii) el accionante no cuenta con orden médica que respalde sus pretensiones ni con solicitud ingresada a través de la plataforma MIPRES para darle trámite a las tecnologías que están fuera del PBS[49]. 33. Contestación del centro CISADDE. La entidad vinculada confirmó que el niño Sebastián recibe atención en CISADDE, asistiendo de martes a viernes de 3:00 pm a 5:30 pm a terapias de psicología, terapia física, fonoaudiología y terapia ocupacional; e indicó que la autorización de transporte especial o viáticos de transporte le corresponde a Salud Total EPS, que la falta de capacidad de pago debe ser acreditada por la parte tutelante, y que no existe vulneración de los derechos fundamentales del niño que le sean imputables. Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite[50]. 34. Contestación de la Secretaría de Salud de Barranquilla. La entidad territorial solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para lo pertinente, destacó que como el niño Sebastián se encuentra afiliado a Salud Total EPS, es aquella la responsable del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud, medicamentos, insumos, tecnologías y servicios POS y NO POS (sic) que requiera por su condición de salud y orden médica. Además, recordó que únicamente realiza inspección, vigilancia y control, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001[51]. 35. Contestación de la ADRES. La oficina jurídica de la entidad solicitó negar el amparo en lo relacionado con la ADRES, porque de los hechos descritos y el material probatorio anexo no se desprende ningún tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor; y porque los servicios, medicamentos o insumos en salud necesarios se encuentran garantizados plenamente, a través de la UPC o de los presupuestos máximos[52]. 36. Contestación de la Superintendencia Nacional de Salud. El ente de control solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que no tiene a su cargo el aseguramiento de los usuarios del sistema ni la facultad de prestar servicios de salud. Además, destacó que solamente puede ejercer las facultades que le han sido asignadas por la ley, las cuales corresponden a la inspección, vigilancia y control; y que no es superior jerárquico de los actores que hacen parte del SGSSS[53]. 1.4.3. Decisión de única instancia 37. En Sentencia del 3 de diciembre de 2024, el Juzgado 017 Penal Municipal de garantías de Barranquilla, declaró improcedente el amparo porque la parte accionante omitió allegar la historia clínica del niño Sebastián, la autorización de las terapias, certificado de discapacidad, copia de sus respectivos documentos de identidad y demás pruebas relacionadas en el escrito de tutela, pese a habérselas requerido en el Auto admisorio[54]. 2. Trámite de selección 38. Selección de los expedientes por la Corte Constitucional. El 31 de enero de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de 2025 seleccionó los expedientes de la referencia con fines de revisión, con base en los criterios objetivo de posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental, de acuerdo con los literales a) y b) del artículo 52[55] del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Además, resolvió acumularlos por presentar unidad de materia[56]. 39. Auto de pruebas. El 10 de marzo de 2025, la magistrada ponente decretó pruebas dirigidas a conocer el estado actual de los tratamientos de los accionantes, el medio de transporte utilizado para asistir a las IPS donde reciben atención médica, así como su situación socioeconómica; y aclarar el trámite de los servicios de salud que solicitaron en sus respectivas EPS. Asimismo, solicitó información a las EPS Sanitas, Nueva EPS y Salud Total; a las IPS Health & Life, Clínica Cardioinfantil de Bogotá y Centro CISADDE de Barranquilla, y al Juzgado 005 Administrativo de Neiva. 40. En virtud de ello, se obtuvieron las siguientes respuestas: Expediente Pronunciamiento de los sujetos procesales vinculados e intervinientes T-10.796.030 Lina (adulta de 27 años, diagnosticada con distonía, trastornos extrapiramidales y trastornos de ansiedad) contra la EPS Sanitas. La accionante, mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2025[57], informó los servicios médicos que recibe, con su respectiva frecuencia y desplazamientos que debe realizar[58]; e indicó que (i) no cuenta con prescripción médica para el servicio de transporte, (ii) la EPS Sanitas no ha sufragado los gastos de transporte de ella y su acompañante, (iii) en agosto de 2023 solicitó a la EPS Sanitas el servicio de transporte, respecto de lo cual recibió respuesta negativa, y que (iv) requiere servicio de cuidador, labor que desempeña su abuela materna, por falta de prescripción médica para tal servicio. Además, la accionante aportó su certificado de discapacidad, emitido el 17 de octubre de 2023. Este da cuenta que la señora Lina se encuentra en situación de discapacidad física, psicosocial y múltiple, y el nivel de dificultad en el desempeño de los dominios denominados cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades de la vida diaria y participación. Dominio Puntaje Cognición 33.33 Movilidad 70.00. Cuidado personal 62.50 Relaciones 55.00 Actividades de la vida diaria 81.25 Participación 75.00 Posteriormente, señaló que para asistir a las IPS que le prestan servicios utiliza dos medios de transporte, primero un “carrito” desde su domicilio hasta la estación de Transmilenio Autopista Sur, y luego Transmilenio. Por lo anterior, cada traslado es de aproximadamente 2 horas. Finalmente, la señora Lina manifestó que (i) reside en un apartamento estrato 2, ubicado en la zona urbana de Soacha, (ii) sus ingresos mensuales ascienden a $1.050.000 por concepto de incapacidades, (iii) sus gastos mensuales ascienden a $1.038.000, lo cual incluye aportes al Sistema General de Seguridad Social, transporte escolar de su hijo, mercado y gastos personales (productos de higiene personal); (iv) recibe apoyo económico de su esposo, quien se hace cargo de los gastos de manutención y servicios públicos de su familia, (v) tiene a su cargo a su hijo de 5 años, y que (vi) la falta de suministro de transporte por parte de la EPS ha perjudicado su mínimo vital, pues su único ingreso es el pago de las incapacidades. La EPS Sanitas, mediante comunicación del 4 de abril de 2025[59], indicó que la accionante ha estado afiliado a la entidad desde 2016 y, actualmente, recibe tratamiento de terapias a domicilio y ambulatorio por neurología, fisiatría y psiquiatría, así como manejo interdisciplinario en las IPS Health & Life e Instituto Roosevelt; la periodicidad de las valoraciones médicas de la señora Lina es de 3 a 6 meses, mientras que la de las terapias es de 3 veces por semana o 1 vez por semana; no existe concepto médico sobre la necesidad del transporte y la actora solamente ha solicitado tal servicio una vez, el 28 de agosto de 2023. La IPS Health & Life, a través de respuesta del 18 de marzo de 2025[60], precisó los diagnósticos de la paciente Lina, e informó que (i) ha prestado los servicios de terapia ocupacional (3 veces por semana), física (2 o 3 veces por semana), fonoaudiología (2 veces por semana) y psicología a la actora (1 vez por semana), (ii) todos los servicios se brindan en la sede de La Castellana, y que (iii) ninguno de los profesionales adscritos a la entidad ha prescrito los servicios de transporte, cuidador o servicios domiciliarios. T-10.797.895 David (adulto mayor de 79 años, diagnosticado con enfermedad renal crónica) contra la Nueva EPS Tanto el accionante, David, como la Nueva EPS guardaron silencio. T-10.816.320 Marcela, en representación de su hijo Antonio (niño de 11 años de edad, diagnosticado con síndrome del abdomen de ciruela pasa) contra la Nueva EPS La accionante, mediante documento allegado el 16 de marzo de 2025[61], precisó que su hijo padece múltiples comorbilidades, por lo que recibe diálisis 3 veces a la semana y está en estudio para trasplante; e indicó que Antonio (i) recibe tratamientos, terapias o servicios en la Clínica Davita de Neiva (3 veces por semana), el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (1 vez por semana), y la Fundación Cardioinfantil (1 vez al mes); (ii) siempre ha asistido a sus citas médicas, aunque eso implique conseguir dinero prestado, hacer rifas o pedir a algún familiar que los movilice; (iii) requiere acompañante permanente debido a su edad; y (iv) no cuenta con prescripción médica para el servicio de transporte. Además, manifestó que la Nueva EPS siempre ha negado los costos de transporte del niño y su acompañante, pese a varias solicitudes. Posteriormente, señaló que para asistir a las IPS que le prestan servicios a su hijo, utilizan transporte público, dado que el trayecto de Campoalegre a Neiva es de 1 hora a 1 hora y media. Asimismo, puso de presente que, durante el paro arrocero, tuvieron que trasladarse en moto hasta Neiva, lo cual implicó que se mojaran en el trayecto, el niño tuviera que recibir terapia en ropa interior y su salud se viera comprometida. Finalmente, la señora Marcela informó que (i) residen en el sector urbano de Campoalegre, Huila, en estrato 1, (ii) su núcleo familiar está conformado por sus 2 hijos (Antonio de 11 años y María José de 18 años), su esposo y ella; (iii) los ingresos de la familia ascienden a 1 salario mínimo, por concepto de salario de su esposo, quien se desempeña como vigilante en una empresa de seguridad; (iv) los gastos mensuales de la familia ascienden a $1.975.000, lo cual incluye el pago de un crédito bancario, arriendo, servicios públicos, alimentación, transportes médicos de su hijo Antonio, y otros; y que (vi) la falta de suministro de transporte por parte de la EPS, en varias ocasiones, ha implicado que la familia deje de lado algunas necesidades, para priorizar lo requerido por su niño. La Nueva EPS, el 11 de abril de 2025[62], afirmó que el niño Antonio está diagnosticado con enfermedad renal crónica en estadio 3A y múltiples comorbilidades, por lo que recibe hemodiálisis 3 veces a la semana y ha presentado infecciones urinarias recurrentes; recibe tratamiento en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Davita Colombia SAS de Neiva y la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Además, señaló que no ha recibido solicitudes de reembolso de dinero por concepto de transporte, alimentación y/o alojamiento, radicadas por la señora Marcela, y que en la página web de la Nueva EPS tiene publicada la carta de derechos y deberes de los usuarios, en la cual se encuentran las coberturas que el PBS realiza para los servicios complementarios de alojamiento, manutención y transporte no asistencial. La Fundación Cardioinfantil, el 18 de marzo de 2025[63], informó que Antonio recibe servicios por consulta externa y ha ingresado 2 veces a hospitalización en la entidad, siempre en compañía de su progenitora; la duración de la atención en consulta externa depende de la cantidad de valoraciones programadas, sin embargo, generalmente no excede algunas horas; ningún profesional adscrito a la Clínica ha prescrito el servicio de transporte; y que “la patología del niño requiere atención multidisciplinaria desde el nacimiento, con intervenciones dirigidas al manejo integral, para evitar complicaciones y un adecuado desarrollo del menor”. El Juzgado 005 Administrativo de Neiva, el 11 de marzo de 2025[64], remitió copia del expediente de tutela 41001333300520240000000, que promovió la señora Marcela Puentes, en representación de Antonio, contra la Nueva EPS. En la Sentencia del referido caso, se evidencia que la actora solicitó exoneración del copago para su hijo, a lo cual se accedió siempre y cuando se encuentren asociados a la patología denominada “síndrome de abdomen en ciruela pasa”, teniendo en cuenta que la enfermedad que padece Antonio es de alto costo. T-10.822.096 Manuela, en representación de su hijo Sebastián (niño de 6 de edad, diagnosticado con trastorno del espectro autista) contra Salud Total EPS La accionante, mediante documento del 17 de marzo de 2025[65], precisó que su hijo recibe terapias ocupacionales, psicológicas y de lenguaje en el Centro CISADDE, 4 veces por semana, a las cuales ha faltado en varias ocasiones por falta de recursos económicos para asumir el costo del transporte; e indicó que Sebastián (i) requiere acompañamiento permanente, lo cual hace ella, y (ii) no cuenta con prescripción para el servicio de transporte. Posteriormente, señaló que para asistir al Centro CISADDE utilizan taxi o un servicio particular solicitado por plataforma, teniendo en cuenta que el desplazamiento de Soledad a Barranquilla toma entre 1 y 2 horas, y el niño se estresa. Además, informó que Salud Total no ha sufragado los gastos de transporte, pese a sus solicitudes. Finalmente, la señora Manuela informó que (i) residen en Soledad, Atlántico, en estrato 2, (ii) su núcleo familiar está conformado por sus 2 hijos (Sebastián de 6 años y Benjamín de 15 años), su esposo y ella; (iii) los ingresos de la familia ascienden a 1 salario mínimo, por concepto de salario de su esposo; (iv) los gastos mensuales de la familia ascienden a $1.800.000 lo cual incluye arriendo, servicios públicos, alimentación y gastos de sus hijos; y que (v) la falta de suministro de transporte por parte de la EPS, en varias ocasiones, ha implicado que Sebastián no asista a sus terapias. Salud Total EPS, mediante comunicación remitida el 25 de marzo de 2025[66], afirmó que ha atendido al niño de manera adecuada, oportuna y pertinente, de acuerdo con lo que determinan sus médicos tratantes; ha brindado los servicios de consulta general, valoración integral para la promoción y mantenimiento de la salud, nutrición, pediatría, neurología pediátrica, terapias de rehabilitación, laboratorios y medicamentos; la frecuencia de las terapias a las que asiste Sebastián es de 4 veces por semana; los servicios prestados al niño se materializan en la IPS Virrey Solís, la Clínica Misericordia Internacional, el Centro CISADDE, Unión Vital y Audifarma; no hay concepto médico para el servicio de transporte a favor de Sebastián y su acompañante; y que la accionante solicitó el servicio de transporte en octubre de 2024, lo cual se resolvió de manera negativa porque el transporte urbano no hace parte del sistema obligatorio de salud y el paciente no amerita servicio de ambulancia. El Centro CISADDE, el 17 de marzo de 2025[67], informó que Sebastián se encuentra activo en la institución desde septiembre de 2024, recibiendo atención de terapias en psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional con una periodicidad de 4 sesiones por semana; y que la entidad no prescribe ordenes de transporte intermunicipal o interurbano a sus pacientes. Tabla 1. Respuestas al Auto de pruebas. 41. Adicionalmente, tanto las accionantes como las entidades que remitieron contestación a la Corte Constitucional, allegaron soportes adicionales relacionadas con la historia clínica de los pacientes. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia 42. La Corte Constitucional es competente para conocer las decisiones judiciales materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Análisis de procedibilidad de las acciones de tutela 43. Las acciones de tutela bajo revisión son procedentes, en la medida que cumple los requisitos exigidos por el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, como se explica a continuación. 2.1. Legitimación en la causa por activa 44. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política “toda persona” puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo de este mandato, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 define a los titulares de la acción de tutela, entre los que se encuentra la figura de la representación legal. Al respecto, en concordancia con el artículo 306 del Código Civil[68], la jurisprudencia ha explicado que los padres, como representantes legales, están legitimados en la causa por activa para promover la protección de los derechos fundamentales de sus hijos menores de 18 años[69]. 45. En el expediente T-10.796.030 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa porque la señora Lina, quien considera vulnerados sus derechos fundamentales por la EPS Sanitas, actúa en nombre propio. 46. En el expediente T-10.797.895 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa porque el señor David, quien considera vulnerados sus derechos fundamentales por la Nueva EPS, actúa en nombre propio. 47. En el expediente T-10.816.320 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa porque la señora Marcela actúa en representación de su hijo Antonio de 11 años, por considerar que la Nueva EPS vulnera los derechos fundamentales del niño. 48. En el expediente T-10.822.096 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa porque la señora Manuela actúa en representación de su hijo Sebastián de 6 años, por considerar que Salud Total EPS vulnera los derechos fundamentales del niño. 2.2. Legitimación en la causa por pasiva 49. En relación con la legitimación en la causa por pasiva, el artículo 86 constitucional dispuso que la acción de tutela puede ser interpuesta contra (i) autoridades públicas, (ii) particularidades, respecto de quienes el accionante se encuentre en un estado de indefensión o subordinación, y (iii) particulares que presten un servicio público, cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo. Por su parte, la Corte ha señalado que se refiere a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental[70]. 50. Teniendo en cuenta que las accionadas en los cuatro procesos bajo estudio son Entidades Promotoras de Salud (EPS), vale la pena recordar que el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 establece que las EPS son las responsables de la afiliación y el registro de los afiliados; y su función básica es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados. Por lo anterior, las accionantes y el accionante acertaron al dirigir su solicitud de amparo contra las entidades a las cuales se encuentran afiliados, como se explica a continuación. 51. En el expediente T-10.796.030 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva porque la EPS Sanitas presta el servicio público de salud y tiene la aptitud legal para controvertir las pretensiones que se dirigen en su contra, por ser la entidad a la cual se encuentra afiliada la señora Lina y de quien se alegan las omisiones. 52. No ocurre lo mismo respecto de la IPS Health & Life porque al tratarse de una IPS no tiene a su cargo la garantía del servicio de transporte a sus pacientes ni actúa como aseguradora directa de salud. Además, la Sala no encontró pruebas que pudieran acreditar alguna acción u omisión en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, y la señora Lina no le atribuyó, de manera directa, la vulneración de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, la Corte no dictará ninguna orden en contra de esta entidad. 53. En el expediente T-10.797.895 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva porque la Nueva EPS presta el servicio público de salud y tiene la aptitud legal para controvertir las pretensiones que se dirigen en su contra, por ser la entidad a la cual se encuentra afiliado el señor David y de quien se alegan las omisiones. 54. Por el contrario, respecto de la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila Lule de Floridablanca, la Sociedad de Urólogos de Norte de Santander (Uronorte), la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, entidades vinculadas en el trámite previo al de revisión, no se acredita la legitimación en la causa por pasiva porque las dos primeras son IPS que brindan los servicios médicos al señor David, sin injerencia en la definición de la provisión del servicio de transporte; la Superintendencia solamente ejerce funciones de inspección, vigilancia y control a los prestadores del servicio de salud[71], que no se cuestionan en el trámite; y la ADRES administra los recursos financieros del SGSSS y la base de datos de las afiliaciones, lo cual no es objeto de controversia. Por lo expuesto, la Sala no proferirá ninguna orden en contra de estas entidades. 55. En el expediente T-10.816.320 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva porque la Nueva EPS presta el servicio público de salud y tiene la aptitud legal para controvertir las pretensiones que se dirigen en su contra, por ser la entidad a la cual se encuentra afiliado el niño Antonio y de quien se alegan las omisiones. 56. Por el contrario, respecto del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y la Fundación Cardioinfantil no se acredita la legitimación en la causa por pasiva por tratarse de IPS que no tienen a su cargo la garantía del servicio de transporte a sus pacientes ni actúan como aseguradoras directas de salud. Lo mismo ocurre con la ADRES, dado que la controversia no se relaciona con las funciones de tal entidad[72]. Así, como la Sala no encontró pruebas que pudieran acreditar alguna acción u omisión en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora Marcela, en representación de su hijo Antonio, la Corte no dictará ninguna orden en contra de estas entidades. 57. En el expediente T-10.822.096 se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva porque Salud Total EPS presta el servicio público de salud y tiene la aptitud legal para controvertir las pretensiones que se dirigen en su contra, por ser la entidad a la cual se encuentra afiliado el niño Sebastián y de quien se alegan las omisiones. 58. En contraste, respecto de la IPS Centro CISADDE no se configura la legitimidad por pasiva porque al tratarse de una IPS no tiene a su cargo la garantía del servicio de transporte a sus pacientes ni actúa como aseguradora directa de salud. En igual sentido, como lo señaló el Juzgado 017 Penal Municipal de garantías de Barranquilla en su decisión del 3 de diciembre de 2024, tampoco se acredita la legitimación en la causa por pasiva por parte de la Secretaría de salud del Atlántico, la Secretaría de salud de Barranquilla, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, puesto que no son las llamadas a responder ante la solicitud hecha por la accionante, en representación de su hijo Sebastián. Por ende, la Corte no dictará ninguna orden en contra de estas entidades. 2.3. Inmediatez 59. Según lo dispuesto por el artículo 86 superior y el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier momento y lugar. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta debe ejercerse dentro de un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que originó la presunta amenaza o vulneración[73]. 60. Aunque ni la Constitución ni la ley establecen un término de caducidad, la jurisprudencia ha señalado que le corresponde al juez de tutela, en cada caso, verificar si la acción se interpuso de forma oportuna, teniendo en cuenta la situación personal del peticionario y las particularidades del caso concreto, pues en determinados eventos, tales como estado de indefensión, abandono, minoría de edad o incapacidad física, esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve[74]. 61. En el expediente T-10.796.030, la señora Lina presentó una petición solicitando el servicio de transporte el 16 de agosto de 2023, la cual se resolvió de forma negativa el día 27 del mismo mes y año; e interpuso la tutela el 21 de octubre de 2024. Como entre la presentación de la petición y la demanda transcurrió más de un año, pareciera que en principio la demanda se presentó en un tiempo superior a lo que la Corte ha entendido como razonable. No obstante, al revisar la historia clínica de la accionante, allegada en el trámite de revisión, se evidencia que la afectación es actual y continua, pues la peticionaria sigue asistiendo a terapias ocupacional, física y fonoaudiológica 2 o 3 veces por semana y psicología 1 vez por semana; circunstancia que pone de presente que la afectación a sus derechos fundamentales no fue un hecho aislado o puntual, sino que se ha prolongado en el tiempo y todavía produce efectos nocivos en su calidad de vida. En consecuencia, al mantenerse vigente la situación de vulneración, puede concluirse que el perjuicio persiste, lo cual habilita la presentación de la acción de tutela dada la actualidad de la presunta afectación de sus derechos fundamentales. Por ende, la demanda fue promovida de manera oportuna. 62. En el expediente T-10.797.895, el señor David recibió autorización por parte de la Nueva EPS para el servicio de urología en la Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lule el 30 de septiembre de 2024, e interpuso la tutela el 8 de noviembre de 2024, para conseguir la autorización de transporte aéreo de Cúcuta a Bucaramanga, teniendo en cuenta que la IPS le agendó la cita requerida para el 13 de noviembre de 2024 y la EPS no había dado respuesta a la solicitud presentada el 25 de octubre de 2025. En consecuencia, solo transcurrió algo más de 1 mes desde el momento en que se autorizó el servicio de urología en una ciudad diferente a la de residencia del convocante, por lo que el caso en examen satisface el requisito de inmediatez. 63. En el expediente T-10.816.320, la señora Marcela, en representación de su hijo Antonio, radicó ante la Nueva EPS una solicitud de transporte de Campoalegre, Huila a Bogotá el 9 de octubre de 2024, y la acción de tutela se radicó el 6 de noviembre siguiente. Así, el término entre la interposición de la tutela y la ocurrencia del hecho vulnerador no es excesivo ni irrazonable por cuanto solo transcurrió cerca de un mes entre la solicitud administrativa y la presentación de la acción de tutela, lo cual se ajusta al criterio de inmediatez establecido por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de este mecanismo de protección. Además, aunque con la petición se pretendía que la EPS autorizara los gastos de transporte para una cita programada para el 18 de octubre de 2024, del material probatorio allegado en sede de revisión se extrae la permanencia del presunto daño al derecho fundamental, pues debido a la patología del niño se han seguido agendando citas en Bogotá. 64. En el expediente T-10.822.096, la señora Manuela, en representación de su hijo Sebastián, solicitó a la entidad accionada la cobertura de transporte entre Soledad y Barranquilla para el niño y un acompañante el 16 de octubre de 2024. La solicitud fue respondida de forma negativa el 24 de octubre del mismo año, y la acción de tutela fue interpuesta el 21 de noviembre de 2024. Así, transcurrió menos de un mes entre la decisión adversa y la presentación de la demanda, lo que se enmarca en el criterio de término razonable del principio de inmediatez. Esta conclusión se refuerza al considerar que el paciente debe acudir a terapias 4 veces por semana para atender su padecimiento, lo que evidencia la continuidad del presunto perjuicio a sus derechos fundamentales. 65. Además de lo expuesto en cada caso, la Sala se permite concluir que la afectación a los derechos de los accionantes es actual y continua, dado que, por la gravedad de sus padecimientos, requieren la prestación permanente y eficiente de los servicios en salud. En otras palabras, la parte actora de cada uno de los cuatro casos en estudio no solo requiere el servicio de transporte en una ocasión, pues es necesario para la totalidad de consultas médicas o servicios prescritos a los pacientes, que sean autorizados en un municipio diferente al de su residencia. 2.4. Subsidiariedad 66. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual frente a los demás medios ordinarios de defensa judicial[75], de modo que solo procede en dos supuestos: (i) como mecanismo de protección definitivo, cuando los accionantes no dispongan de otro medio judicial idóneo y eficaz[76] o (ii) como mecanismo transitorio, en caso de que el accionante pretenda evitar un perjuicio irremediable[77]. 67. En los casos que involucran el derecho a la salud, la jurisprudencia de la Corte ha concluido que el proceso ordinario ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) no es idóneo ni eficaz para exigir la prestación de los servicios de salud[78]; de modo que, el amparo constitucional procede cuando: (a) exista riesgo a la vida, la salud o la integridad de las personas, (b) los peticionarios o afectados se encuentran en situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional, (c) se configure una situación de urgencia que haga indispensable la intervención del juez constitucional, o (d) se trata de personas que no pueden acceder a las sedes de la Superintendencia de Salud ni adelantar el procedimiento a través de internet[79]. 68. En concreto, las Salas de Revisión de la Corporación han destacado que (i) la SNS tiene una capacidad limitada respecto a sus competencias jurisdiccionales y enfrenta un déficit estructural[80] para solucionar las controversias de fondo en los términos del artículo 41 de la Ley 11...