Sentencia T-118 de 2025

T-118-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-118/25 ACCION DE TUTELA CONTRA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial en desvinculación de funcionario por haber cumplido la edad de retiro forzoso REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión SENTENCIA T-118 de 2025 Referencia: expediente T-10.480.594 Asunto: acción de tutela presentada por Andrés contra la Procuraduría General de la Nación. Tema: derechos al mínimo vital y al trabajo de una persona en edad de retiro forzoso. Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera Bogotá, D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el 22 de mayo de 2024, y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de julio de 2024, dentro del proceso de acción de tutela promovido por Andrés contra la Procuraduría General de la Nación. ACLARACIÓN PREVIA Teniendo en cuenta que en el presente caso se hace referencia a la historia clínica del accionante, en la versión de esta providencia disponible al público, el nombre del actor será reemplazado por uno ficticio que se escribirá en letra cursiva[1]. La versión con sus datos de identificación solo estará destinada a integrarse al expediente de tutela, para que se ejecuten las decisiones proferidas dentro del fallo. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN Le correspondió a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Andrés contra la Procuraduría General de la Nación, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna. Lo anterior debido a que la Procuraduría dispuso su retiro del servicio por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, pese a que su situación pensional no había sido definida, al encontrarse en curso una demanda ordinaria contra Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colfondos) y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en virtud de la cual se buscaba la nulidad o ineficacia de su afiliación en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En el análisis de procedencia de la acción de tutela, la Corte encontró que la tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales del actor, y porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. En efecto se evidenció que, en sede de revisión, Colpensiones le reconoció al accionante la pensión de vejez; con lo cual se concluyó que actualmente cuenta con recursos económicos suficientes para solventar sus necesidades básicas, mientras adelanta, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Debido a la improcedencia de la acción de tutela, la Corte se abstuvo de analizar si en el caso concreto se presentó una carencia actual de objeto por cuenta del reconocimiento pensional. En ese orden de ideas, la Corte confirmó los fallos de instancia que declararon la improcedencia del amparo constitucional, por falta de subsidiariedad. I. ANTECEDENTES 1. Hechos jurídicamente relevantes descritos en la acción de tutela 1. El 14 de mayo de 2024[2], Andrés interpuso acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, donde se desempeñaba como funcionario de carrera administrativa, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna; invocando para el efecto su calidad de sujeto de especial protección constitucional por su condición de adulto mayor. 2. Lo anterior debido a que la Procuraduría dispuso su retiro del servicio por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, pese a que su situación pensional no había sido definida, al encontrarse en curso, ante el Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil, una demanda ordinaria laboral que interpuso contra Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colfondos) y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que se declarara la nulidad o ineficacia de su afiliación en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). 3. Con la acción de tutela, el accionante pretende obtener la protección de sus derechos fundamentales y que la Procuraduría General de la Nación se abstenga de solicitar el reconocimiento de su pensión y de retirarlo del servicio por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, hasta tanto se resuelva la demanda ordinaria laboral y se verifique su inclusión en la nómina de pensionados. Además, solicita que se suspendan los efectos del acto administrativo por medio del cual se dispuso su retiro del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso. 4. Para fundamentar sus pretensiones, el accionante, de 70 años, indica que trabajó por más de tres décadas al servicio de la Procuraduría General de la Nación en la carrera administrativa y que el último cargo que desempeñó fue el de profesional universitario grado 15, en la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil. 5. Señala que, en el mes de marzo de 2023, cuando tenía 68 años, presentó una demanda ordinaria laboral para que se declarara la nulidad de su traslado desde el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y la ineficacia de su afiliación a Colfondos; demanda que al momento de la interposición de la acción de tutela, aún se encontraba en curso ante el Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil[3]. 6. El 22 de abril de 2024 la Procuraduría le informó que si no solicitaba su pensión, adelantaría el trámite en su nombre. El accionante respondió el día siguiente, solicitando su permanencia en el cargo hasta que se resolviera su demanda laboral. Sin embargo, mediante Decreto 0561 del 25 de abril de 2024, la accionada dispuso su retiro del servicio a partir del 5 de julio de 2024 por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso. 7. Alega que no puede finalizar el trámite de su pensión hasta que se decida la demanda de nulidad o ineficacia de afiliación en el RAIS porque, de lo contrario, se frustrarían sus pretensiones. Añade que su salario es su único ingreso, que vive en arriendo y que está a cargo de su núcleo familiar, integrado por su esposa de 65 años, quien no cumple el mínimo de semanas cotizadas, y por cinco gatos y un perro. Manifiesta que es paciente psiquiátrico, y que esta situación de incertidumbre afecta su salud mental. 2. Actuación procesal y respuestas a la acción de tutela 8. El asunto fue asignado, por reparto, a la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil[4]. El 18 de enero de 2024[5], la Sala admitió la acción de tutela y dispuso la vinculación de la procuradora general de la Nación, del jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación, de Colfondos, de Colpensiones, del Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil y de la Clínica San Pablo de Bucaramanga. Además, mediante Auto del 20 de mayo de 2024[6], el juzgado le hizo un requerimiento al accionante, en relación con sus antecedentes psiquiátricos. 9. Contestaron al requerimiento del juez de instancia, el Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil, la Clínica San Pablo de Bucaramanga, Colfondos, el jefe de la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación y Andrés. Por su parte, Colpensiones guardó silencio. 2.1. Respuesta del Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil 10. El 16 de mayo de 2024[7], el Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil allegó el expediente correspondiente a la demanda ordinaria laboral presentada por Andrés contra Colfondos y Colpensiones, y rindió informe sobre el proceso. 11. Indicó que, el 24 de mayo de 2024, recibió la demanda procedente del Juzgado 001 Laboral del Circuito de Bucaramanga, el cual se abstuvo de avocar conocimiento de la acción por razón de competencia territorial. El 5 de junio de 2023, admitió la demanda y que, el 21 de marzo de 2024, decretó la nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación del auto admisorio a Colfondos, y ordenó tenerlo por notificado por conducta concluyente. El 16 de abril de 2024, ordenó tener por contestada la demanda por parte de Colfondos y en proveído del 25 de abril de 2024, aceptó el llamamiento en garantía de AXA Colpatria Seguros S.A., Seguros Bolívar S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., encontrándose pendiente su notificación personal; carga procesal a cargo de Colfondos. 2.2. Respuesta de la Clínica San Pablo de Bucaramanga 12. El 16 de mayo de 2024[8], la gerente de la Clínica San Pablo de Bucaramanga señaló que a nombre del accionante no se registra ninguna atención en la institución y que en sus expedientes no reposa historia clínica alguna; lo que les impide referirse sobre la situación de salud mental de Andrés. 2.3. Respuesta de Colfondos S.A. 13. El 17 de mayo de 2024[9], el apoderado judicial de Colfondos contestó que el accionante promovió demanda ordinaria laboral ante el Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil, tendiente a lograr la nulidad y/o ineficacia de la afiliación efectuada del RPM al RAIS; y que no existe solicitud de reconocimiento pensional radicada ante ese fondo de pensiones. 14. No obstante, advirtió que, de existir una solicitud de reconocimiento pensional, ésta sería improcedente hasta tanto se resuelva la controversia planteada ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, pues dependiendo de donde se defina la afiliación del accionante, seria competente el fondo respectivo para el reconocimiento y pago de la prestación. 15. Además, solicitó la improcedencia de la acción de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la entidad no ha incurrido en acción u omisión que atente contra los derechos fundamentales invocados por el accionante. 2.4. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación 16. El 17 de mayo de 2024[10], el jefe de la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre los hechos expuestos en la acción de tutela y, con su respuesta, allegó informes de la División de Gestión Humana y del Grupo de Gestión de Nómina, Afiliaciones y Pensiones de la entidad, de los que se desprende lo siguiente. 17. El accionante ingresó al servicio de la Procuraduría el 24 de enero de 1994, se encuentra afiliado a Colfondos S.A. desde el 1° de febrero de 2002 y ha cotizado 1.552 semanas; con lo cual, ya cumplió los requisitos para obtener su pensión de vejez en el RAIS[11]. Por lo tanto, su situación pensional ya se encuentra definida y puede empezar a recibir el pago de su pensión una vez presente la solicitud en el régimen al cual se encuentre afiliado. 18. Al accionante le realizaron exámenes médicos ocupacionales periódicos y en ellos se identificaron patologías osteomusculares en rodilla y hombro y alteración de la presión arterial. Sin embargo, no se han emitido recomendaciones médico-laborales que permitan establecer una condición de salud que implique limitación funcional para el desempeño de sus funciones y tampoco se encuentra pendiente la evaluación de una posible calificación de origen laboral. 19. La División de Gestión Humana, mediante comunicación del 16 de abril de 2024, le ofreció al accionante acompañamiento y asesoría frente a los trámites de carácter pensional. Frente a la solicitud que el accionante radicó el 23 de abril de 2024, en la que pidió que no se inicien los trámites para obtener el reconocimiento de su pensión hasta que la Jurisdicción Ordinaria Laboral resuelva lo pertinente, la Procuraduría informó que, a la fecha, aún se encontraba en términos para contestar[12]. 20. Además, manifestó que la tutela es improcedente por falta de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el accionante tiene a su disposición los medios ordinarios de defensa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, entre los cuales cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como con la posibilidad de solicitar medidas cautelares y la suspensión provisional del acto administrativo. Añadió que tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que habilite el amparo transitorio, ya que el accionante cuenta con la posibilidad de reclamar sus cesantías y en ese sentido, no hay un riesgo inminente o grave a su mínimo vital. 21. Finalmente, afirmó que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante y que la decisión de retirarlo del servicio tuvo como fundamento: (i) la Ley 1821 de 2016[13] que dispone, en su artículo 1°, que la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de 70 años y que, una vez cumplidos, “se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia”; y (ii) el Decreto Ley 262 del 2000[14] que establece, en su artículo 158, que el retiro definitivo de un servidor de la Procuraduría General de la Nación, se produce, entre otras cosas, por edad de retiro forzoso. 2.5. Respuesta del accionante 22. Los días 20 y 21 de mayo de 2024[15], el accionante respondió al requerimiento del juez de instancia allegando soportes documentales que sustentan sus antecedentes psiquiátricos y la atención recibida en la Clínica San Pablo de Bucaramanga, en el año 2013, donde habría sido diagnosticado con trastorno depresivo recurrente u episodio depresivo grave[16]; patología que según el accionante se ha agudizado debido a la actual situación de estrés y preocupación que le genera esta controversia. 23. Al respecto precisó que no cuenta con soportes documentales de seguimiento psiquiátrico posteriores al año 2013 y que, desde entonces, la patología la trata con medicamentos que adquiere directamente, dados los gastos que representa el traslado hasta Bucaramanga para adquirirlos. 24. Sobre los bienes de su propiedad mencionó un carro, la cuota sobre un predio rural y un predio urbano que adquirió por herencia de su padre, que no le generan ningún ingreso[17]. Añadió que fue incluido en el Registro Único de Víctimas, tras el asesinato de su padre[18]; lo que precisamente lo ha mantenido lejos de los referidos inmuebles. 25. Informó que desconoce el monto total de las cesantías que tiene y que, en todo caso, hace algunos años hizo un retiro parcial para pagar las matrículas universitarias de sus hijos. Además, indicó que vive con su esposa, quien depende económicamente de él, y que tiene dos hijos que trabajan pero que no aportan a los gastos del hogar. 26. Conforme lo indicó Colfondos, resaltó que en estos momentos sería improcedente la radicación de una solicitud de reconocimiento pensional hasta tanto se resuelva la controversia planteada ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, pues dependiendo de dónde se defina la afiliación del accionante, sería competente el fondo respectivo para el reconocimiento y pago de la prestación. 27. Aclaró que no esperó a cumplir más de 69 años para presentar la demanda ordinaria laboral; pues la misma fue radicada cuando tenía 68 años y precisamente fue al iniciar las gestiones relacionadas con el bono pensional y pedir la proyección de la mesada pensional, que se percató de las consecuencias de no haber recibido la asesoría necesaria y de la falta de información en el traslado de régimen. 3. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela 3.1. Sentencia de primera instancia 28. Mediante Sentencia del 22 de mayo de 2024[19], la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil declaró improcedente el amparo constitucional, por falta de subsidiariedad. Consideró que en el caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable y que el accionante podría solicitar la suspensión provisional del acto administrativo reprochado ante los jueces administrativos. Añadió que Andrés es abogado y, aunque podría presumirse que conoce la ley, solo intentó la nulidad de su traslado al RAIS hasta el mes de mayo de 2023, cuando contaba con 68 años. Frente a su salud mental señaló que no hay soportes posteriores a 2013. 3.2. Impugnación 29. El accionante impugnó la decisión de primera instancia[20]. Argumentó que es un sujeto especial protección constitucional por su calidad de víctima frente al homicidio de su padre en 2013. En su criterio, el mínimo vital es cualitativo, e implica tener en cuenta que su participación en los inmuebles y su automóvil no le producen ingresos. Aclaró que él corre con todos los gastos del arriendo, así su hijo viva con él. Para el señor Andrés, el Tribunal no tuvo en cuenta su salud debidamente, porque su condición mental es recurrente, y llegó a la conclusión sin fundamento de que él es abogado. Agregó que el derecho a demandar la ineficacia del traslado es imprescriptible. 3.3. Sentencia de segunda instancia 30. Por medio de Sentencia del 23 de julio de 2024[21], la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es el mecanismo idóneo y eficaz; y que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justifique conceder el amparo transitorio. 4. Trámite de selección y actuaciones en sede de revisión 31. Mediante Auto del 30 de septiembre de 2024[22], la Sala de Selección número Nueve escogió el expediente T-10.480.594, con fines de revisión, apoyando su decisión en el criterio objetivo (por la posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional) y en el criterio subjetivo (por la urgencia de proteger un derecho fundamental), y lo repartió al despacho de la suscrita magistrada[23]; quien, el 27 de enero de 2025, decretó la práctica de pruebas de oficio, con el propósito de contar con mayores elementos probatorios para efectuar la revisión de la decisión judicial de instancia[24]. 5. Respuestas de las autoridades accionadas y los vinculados 32. Contestaron al requerimiento de la magistrada sustanciadora el señor Andrés, la Procuraduría General de la Nación y Colfondos. Además, Colpensiones también se pronunció sobre la documentación allegada en sede de revisión. 5.1. Respuesta del accionante[25] 33. El 29 de enero de 2025, el accionante informó que en el mes de diciembre de 2024 logró su traslado a Colpensiones y que no ha podido acceder a su pensión de vejez, pues no aparecen en su historia laboral 427 semanas que cotizó, entre 1993 y el 2002, en la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), por lo que solo cuenta con 1.153 semanas. Debido a esto, el 7 de enero de 2025 solicitó la corrección de su historia laboral; trámite del que aún no ha recibido respuesta y que puede durar sesenta días, sin el cual no puede iniciar el trámite de solicitud pensional. Además, respondió al cuestionario contenido en el auto probatorio, en los siguientes términos. 34. Desde el 5 de julio de 2024, se encuentra desempleado y aún no ha podido acceder a su pensión. En la Procuraduría devengaba $6.439.128 y actualmente no cuenta con otros ingresos o rentas; vive de sus cesantías, que ascendieron a la suma aproximada de $70.000.000, y de la liquidación que recibió. Dinero que ya se le está acabando. No tiene ahorros y no es beneficiario de ningún programa social. Se encuentra afiliado a Sanitas EPS como beneficiario de su hija y frente a su profesión indicó que cursó estudios en derecho (sin grado). 35. Sobre los bienes muebles e inmuebles a su nombre y su condición de víctima del conflicto armado, reiteró lo explicado en el fundamento jurídico 21 de esta providencia. 36. La demanda ordinaria laboral la radicó en el año 2023, cuando se percató de que no había sido asesorado correctamente al momento de efectuar su traslado de régimen y que fue inducido a error por parte del fondo privado, pues no le proyectaron el monto de la pensión que eventualmente iba a recibir en el RAIS. La demanda laboral contra Colfondos no ha sido resuelta; después de que se declarara la nulidad de lo actuado y de varios requerimientos a Colfondos para que notificara a las llamadas en garantía, se ha fijado audiencia de conciliación para el mes de marzo de 2025. 37. Su núcleo familiar se compone de su esposa, quien depende económicamente de él, su hija que vive en Bucaramanga y su hijo que reside con él y que aporta $800.000 por el cuarto que ocupa. Por el arriendo del inmueble donde habita paga un canon de $1.300.000, más los gastos de servicios ($1.000.000 aproximadamente) internet y televisión ($300.000 aproximadamente) mercado y productos de aseo ($3.000.000), más vestido, transporte, medicamentos y recreación propios. También componen su núcleo familiar un perro y cinco gatos. 38. Sobre su estado de salud, manifestó que es el de una persona de 70 años; es hipertenso y toma medicamentos que compra por su cuenta; no continuó con el tratamiento psiquiátrico por lo engorroso de tener que sacar citas, largas colas y esperas. 39. Sostuvo que no acudió a los medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo porque sus pretensiones no están encaminadas a cuestionar la validez del acto administrativo que dispuso su retiro del servicio; sino a lograr su inaplicación transitoria, hasta que se resuelva lo concerniente al reconocimiento de su pensión. 5.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación 40. El 30 de enero de 2025, la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación remitió los informes presentados por la División de Gestión Humana y el Grupo de Gestión Nómina, Afiliaciones y Pensiones de la entidad[26], los cuales responden al cuestionario contenido en el auto de pruebas, en los siguientes términos. 41. Con respecto al procedimiento que se surte al interior de la entidad frente a los trabajadores próximos a la edad de retiro forzoso, informó que mensualmente se identifican en la planta de personal todos esos servidores y se profieren los respectivos actos administrativos con apego a lo dispuesto en la Ley 1821 de 2016[27]. Además, la entidad cuenta con: (i) el instructivo de retiro del servicio, código TH-I-21 del 19 de marzo de 2024, conforme al cual, previo a proyectar el acto administrativo de retiro, se debe verificar la ocurrencia de la causal de retiro del servicio y la existencia de estabilidad laboral reforzada si es del caso, o la situación especial de protección; y (ii) el procedimiento de retiro del servicio de talento humano, código TH-P-80 del 28 de noviembre de 2024, que contempla el paso a paso para el retiro de los servidores de la entidad, dentro del que se encuentra el retiro forzoso. 42. En el caso del accionante, la División de Gestión Humana mediante comunicación I-2024-001525 del 16 de abril de 2024, le solicitó informar si requería algún acompañamiento en el trámite de reconocimiento de su pensión o para la corrección de su historia laboral, ante el respectivo fondo de pensiones, pero el servidor nunca respondió. 43. Por sus labores al servicio de la entidad durante los últimos tres años, Andrés devengó un salario mensual de $6.439.128 e ingresos anuales equivalentes a $71.689.408 44. La Procuraduría no adelantó la solicitud de reconocimiento de pensión a nombre de Andrés, porque él no requirió el apoyo de la entidad. En todo caso informó que, consultada la página de Colpensiones, se descargó el certificado de afiliación en el que se indica que el accionante se encuentra afiliado a la mencionada administradora de pensiones del RPM, desde el 1° de diciembre de 2024; y que, según Colpensiones, el afiliado radicó solicitud de reconocimiento pensional el 15 de enero de 2025. 5.3. Respuesta de Colfondos[28] 45. Mediante escritos del 1° y 17 de febrero de 2025[29], Colfondos contestó que si un afiliado cursa un proceso ordinario laboral por nulidad de afiliación, no es procedente que realice el proceso de trámite pensional hasta que el proceso de nulidad de afiliación finalice o hasta que el afiliado desista voluntariamente del proceso, a fin de continuar con el trámite de definición pensional. 46. También señaló que el accionante suscribió formulario de afiliación al fondo de pensión obligatoria administrado por Colfondos S.A., con efectividad a partir del 1° de enero de 2002. Sin embargo, en la actualidad el estado de la cuenta es “trasladada a Colpensiones por ventana de oportunidad”. Al no presentar afiliación activa con Colfondos, la entidad no puede contemplar ningún tipo de cálculo para el señor Andrés, ya que no cuenta con información de los aportes pensionales y del bono pensional. 47. En cuanto al número de semanas cotizadas, resaltó que el señor Andrés contaba con 1.581,14 semanas acreditadas, al momento de su traslado al RPM[30]. 5.4. Respuesta de Colpensiones[31] 48. Mediante escritos del 11 y 17 de febrero de 2025, la directora de acciones constitucionales de Colpensiones le informó a la Corte que, tras actualizar la historia laboral del accionante, este radicó solicitud de reconocimiento pensional, el 10 de febrero de 2025; la cual fue resuelta en sentido afirmativo a través de la Resolución SUB 49242 del 14 de febrero de 2025, notificada en esa misma fecha[32]. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 1. Competencia 49. La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en virtud del Auto del 30 de septiembre de 2024, proferido por la Sala de Selección Número Nueve, que escogió el expediente para revisión. 2. Presentación del caso 50. Le corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decidir sobre la acción de tutela interpuesta por un adulto mayor que trabajó por más de tres décadas al servicio de la Procuraduría General de la Nación en la carrera administrativa y que, tras cumplir la edad de retiro forzoso, fue retirado del servicio; pese a que no había finalizado su trámite de pensión, por encontrarse en curso una demanda ordinaria laboral instaurada contra Colfondos y Colpensiones, para que se declarara la nulidad o ineficacia de su afiliación en el RAIS. 51. Con la demanda, el accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales y que la Procuraduría se abstenga de solicitar el reconocimiento pensional en su nombre, hasta que se resuelva la demanda ordinaria laboral. Además, busca la suspensión de los efectos del acto administrativo por medio del cual se dispuso su retiro del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso. 52. De manera previa a la formulación del problema jurídico, la Sala deberá analizar si se satisfacen los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela. En caso afirmativo, deberá examinar si se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto por daño consumado, hecho superado o situación sobreviniente dado que durante el trámite de revisión Colpensiones informó que al actor le fue reconocida una pensión de vejez mediante Resolución SUB 49242 del 14 de febrero de 2025. 3. Análisis del cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela 3.1. Legitimación en la causa 53. En virtud del artículo 10° del Decreto 2591 de 1991[33], la legitimidad para interponer la acción de tutela la tiene, por regla general, el titular de los derechos afectados o amenazados. Excepcionalmente, los terceros tendrán legitimación en la causa para solicitar el amparo de los derechos de otra persona y solo cuando obren como representantes legales, como apoderados judiciales o como agentes oficiosos. Por su parte, el artículo 86 de la Constitución Política dispone que se encuentra legitimado en la causa por pasiva quien cuente con la aptitud o “capacidad legal” para responder a la acción y ser demandado, “bien sea porque es el presunto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o porque es el llamado a resolver las pretensiones”[34]. 54. En el caso concreto, se constata que Andrés fue la persona que instauró la acción de tutela, en nombre propio, para la protección de sus derechos fundamentales; por lo que el requisito de legitimación en la causa por activa se encuentra satisfecho. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación es la entidad de naturaleza pública que, con su accionar, habría vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, al proferir el acto administrativo mediante el cual fue retirado del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso; a pesar de que aún no había finalizado su trámite pensional, por encontrarse en curso una demanda ordinaria laboral contra Colfondos y Colpensiones, para que se declarara la nulidad o ineficacia de su afiliación en el RAIS. 55. Las otras entidades vinculadas en el presente trámite de tutela carecen de legitimación en la causa por pasiva, si se tiene en cuenta que no incidieron en la decisión de retirar del servicio al accionante. En ese sentido, en la parte resolutiva de esta providencia, se procederá a desvincular a Colfondos, a Colpensiones, al Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil y a la Clínica San Pablo de Bucaramanga. 3.2. Inmediatez 56. De la normativa que rige la acción de tutela se extrae que ésta debe ser interpuesta dentro de un plazo justo, que resulte razonable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. En efecto, el requisito de inmediatez ha sido previsto con miras a evitar que se desvirtúe la naturaleza célere y urgente de la acción de tutela o que se termine favoreciendo, a través de ella, la inseguridad jurídica; con lo cual, se garantiza el respeto de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable[35]. 57. La Sala considera que la tutela objeto de revisión es procedente porque el acto administrativo que dispuso el retiro del accionante, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, fue comunicado el 25 de abril de 2024[36]; por su parte, la acción de tutela fue interpuesta el 14 de mayo de 2024. De manera que, desde la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante y la interposición de la acción de tutela, transcurrió menos de un mes; tiempo que se estima justo y razonable, de cara al análisis del requisito de inmediatez. 3.3. Subsidiariedad 3.3.1. Consideraciones generales sobre el requisito de subsidiariedad 58. La acción de tutela es residual y subsidiaria, con lo cual, solo procede como mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, cuando el afectado no tiene otro recurso judicial dentro del ordenamiento jurídico o, pese a disponer del mismo, éste no resulte idóneo o particularmente eficaz para la defensa de los derechos amenazados o vulnerados. La jurisprudencia constitucional ha entendido que un mecanismo judicial ordinario es idóneo cuando aquel “es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”[37] mientras que, es eficaz siempre que sea “lo suficientemente expedito para atender dicha situación”[38]. 59. Por otro lado, la tutela procede como mecanismo transitorio de protección, cuando se demuestra que el medio ordinario no es expedito para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; el cual se caracteriza por la inminencia y la gravedad del daño, así como por la urgencia de adoptar medidas inmediatas para conjurar la amenaza y la impostergabilidad de la tutela. Por ejemplo, la vulnerabilidad económica del individuo es un factor que puede contribuir al riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, por la afectación al mínimo vital. 60. En cualquier caso, cuando el amparo es promovido por un sujeto de especial protección constitucional, como adultos mayores con problemas de salud y en precaria situación económica para satisfacer sus necesidades básicas, el análisis de procedencia debe flexibilizarse; lo que implica que el juez de tutela les debe garantizar “un tratamiento diferencial positivo y analizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez desde una óptica menos estricta, pues en estos casos el actor experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[39]. 3.3.2. La procedencia excepcional de la acción de tutela en controversias relacionadas con la desvinculación del servicio público por cumplimiento de la edad de retiro forzoso 61. Según la jurisprudencia constitucional, contra los actos administrativos que disponen el retiro de los funcionarios públicos que han alcanzado la edad de retiro forzoso, la tutela procede, excepcionalmente: “(i) como mecanismo directo, cuando el mecanismo alternativo se torna ineficaz o inidóneo para proteger los derechos del accionante, máxime si el retiro del trabajo tiene como consecuencia directa generar una afectación al mínimo vital que exija un amparo preferente y definitivo; o (ii) como mecanismo transitorio, cuando exista la amenaza de la existencia de un perjuicio irremediable que sea inminente, grave y que exija medidas urgentes e impostergables”[40]. 62. Para estos efectos, la Corte ha considerado necesario acreditar que: “(i) al momento de su desvinculación, el funcionario no había logrado el reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al mínimo vital y que (ii) no cuenta con otra fuente de ingresos que le permita satisfacer sus necesidades básicas”[41]. 63. Ahora, en el análisis de estos requisitos, debe tenerse en cuenta que el derecho fundamental al mínimo vital “tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona”; como herramienta de movilidad social, este “debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de la manera más cómoda”[42]. 3.3.3. Improcedencia de la acción de tutela, en el caso concreto, por falta de subsidiariedad e inexistencia de un perjuicio irremediable 64. Bajo tal marco y aún bajo la flexibilización del requisito de subsidiariedad, la Sala estima que la acción de tutela objeto de análisis resulta improcedente, por las razones que se explican a continuación. 65. En primer lugar, es preciso anotar que la flexibilización del requisito de subsidiariedad procede en esta ocasión, teniendo en cuenta que el accionante puede ser calificado como un sujeto de especial protección constitucional, al tratarse de un adulto mayor de 70 años[43]. En ese sentido, corresponde aplicar un tratamiento diferencial positivo al analizar el cumplimiento de la subsidiariedad, como requisito general de procedencia de la acción de tutela; lo que implica abordar su estudio de forma menos estricta y sensible a las condiciones particulares del actor. 66. En segundo lugar, debe advertirse que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha sido considerado, por regla general, el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter particular que disponen el retiro de un servidor público y para lograr el reintegro al cargo[44]. 67. En el marco de ese proceso judicial se puede, no solo anular el acto administrativo de retiro, así como cuestionar su existencia, validez y eficacia, sino que también se puede reparar el daño generado por las actuaciones administrativas (idoneidad)[45]. Además, se pueden suspender los efectos de los actos que generen perjuicios irremediables a los demandantes y pueden solicitarse medidas cautelares ordinarias y de urgencia “para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”[46] (eficacia). 68. En ese orden de ideas y tomando en consideración que, con la acción de tutela, Andrés pretende la “inaplicación transitoria” del Decreto 0561 del 25 de abril de 2024 que dispuso su retiro del servicio, “hasta que se resuelva lo de su pensión”[47]; se advierte que, en el caso concreto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se erige como el remedio procesal más adecuado para lograr materializar sus pretensiones, al tiempo que propicia eficazmente la salvaguarda de sus derechos fundamentales, pues, como se verá enseguida, el actor cuenta con los recursos suficientes para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, soportar las cargas económicas propias del proceso y garantizar la cobertura de su mínimo vital mientras se emite un fallo definitivo. 69. En tercer lugar, se observa que en el contexto del caso bajo análisis no se presentan circunstancias que evidencien una afectación inminente de tal gravedad que configuren un perjuicio irremediable y que justifiquen admitir la procedencia de la acción de tutela, como medio transitorio, con miras a adoptar medidas urgentes de protección; pues el accionante dispone, actualmente, de otras fuentes de ingresos que le permiten cubrir sus necesidades básicas, sin que se vea afectado su mínimo vital mientras que accede a las vías judiciales ordinarias o mientras espera los resultados del proceso judicial iniciado ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral. 70. Es relevante señalar que el actor, al momento de la interposición de la tutela, tenía a su disposición una red de apoyo económico familiar que incluye a sus hijos adultos, quienes colaboran en su sostenimiento. En este sentido, la hija del accionante lo ha incluido como beneficiario en su EPS, y su hijo, por su parte, contribuye económicamente mediante el pago de la renta por el cuarto que ocupa en la casa de su padre. Estos factores contribuyen a desvirtuar la alegada situación de urgencia o perjuicio irremediable. 71. A este panorama debe sumarse la información relativa a la situación económica del accionante, quien, a lo largo de su vida productiva, trabajó formalmente en la Procuraduría General de la Nación, devengando un salario mensual que a la fecha de su retiro ascendía a $6.439.128. Además, es propietario de un vehículo y de dos inmuebles, lo que le proporciona una estabilidad económica adicional. En cuanto a sus recursos, cabe destacar que el accionante cuenta con una liquidación reconocida por la entidad demandada, así como con las cesantías correspondientes que, según lo manifestó en sede de revisión, ascenderían a la suma de $70.000.000; lo cual también refuerza la idea de que no se encuentra en una situación de desprotección económica. 72. Ahora, es pertinente señalar que, en el curso de la revisión, Colpensiones le reconoció al actor la pensión de vejez, por un monto mensual de $4.488.362, además de un retroactivo pensional de $35.969.900. Estos elementos robustecen la tesis de que el accionante tampoco se encuentra ante un perjuicio irremediable que le impida acceder a las vías judiciales ordinarias o que le permita justificar su intervención a través de un mecanismo como la acción de tutela, cuya naturaleza residual y subsidiaria exige que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial[48]. 73. En conclusión, la tutela no puede ser empleada como un remedio inmediato ante situaciones que, como la que nos ocupa, pueden ser debidamente atendidas a través de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que se cause un perjuicio irremediable al actor. En ese contexto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho le ofrece al accionante una protección jurídica integral. Asimismo, no se ha acreditado una situación de vulnerabilidad o de urgencia que justifique el uso de este mecanismo extraordinario, de forma transitoria. Por ende, debe prevalecer el principio de subsidiariedad de la tutela, permitiendo que el accionante agote los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico ante el juez administrativo. 74. Finalmente, cabe destacar que si bien el reconocimiento pensional que tuvo lugar en sede de revisión es una cuestión que podría ser abordada a la luz de la figura de la carencia actual de objeto -pues las circunstancias que motivaron la acción de tutela cambiaron y ésta podría haber perdido su razón de ser[49]-, lo cierto es que no hay lugar a su examen dado que no se superaron la totalidad de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela[50]. 4. Determinaciones a adoptar 75. Por las razones expuestas, la Sala confirmará los fallos dictados por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el 22 de mayo de 2024, y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de julio de 2024, que declararon la improcedencia de la acción de tutela promovida por Andrés contra la Procuraduría General de la Nación. 76. Además, desvinculará del trámite de tutela a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colfondos), a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil y a la Clínica San Pablo de Bucaramanga, por haberse acreditado que no tienen legitimación en la causa por pasiva. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR las sentencias proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el 22 de mayo de 2024, y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de julio de 2024, que declararon la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por Andrés contra la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO. DESVINCULAR del trámite de tutela a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colfondos), a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al Juzgado 001 Laboral del Circuito de San Gil y a la Clínica San Pablo de Bucaramanga. TERCERO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE Magistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General [1] En cumplimiento de la Circular Interna n.º 10 de 2020 de la Corte Constitucional, por medio del cual se establece que “se deberán omitir de las providencias que se publican en la página web de la Corte Constitucional los nombres reales de las personas en los siguientes casos: a) Cuando se haga referencia a su historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica. b) Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, salvo aquellos datos de naturaleza pública. c) Cuando se pueda poner en riesgo el derecho a la vida e integridad personal o el derecho a la intimidad personal y familiar”. [2] Expediente digital, archivo “0001Demanda.PDF”. [3] Con el radicado n.° 68679310500120230007100. [4] Expediente digital, archivo “0003ActaReparto.PDF”. [5] Expediente digital, archivo “03AutoAdmisorio”. [6] Expediente digital, archivo “0021AutoRequierePruebas”. [7] Expediente digital, archivo “0007RptaJuz01LabCtoSanGil.PDF”: [8] Expediente digital, archivo “0014RptaClinicaSanPablo.PDF”. [9] Expediente digital, archivo “0018RptaColfondos.PDF”. [10] Expediente digital, archivo “0019RptaProcuraduriaGenNacion.PDF”. [11] Toda vez que “ya cumplió las semanas suficientes para obtener la garantía de pensión mínima de vejez en caso de que su capital no sea suficiente para obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo”, en los términos previstos en los artículos 64 y 65 de la Ley 100 de 1993. Expediente digital, archivo “0019RptaProcuraduriaGenNacion.PDF”. [12] Sin embargo, en sede de revisión, no se aportó copia de esa respuesta. [13] “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas”. [14] “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”. [15] Expediente digital, archivos “0020SMemorialAccionantePruebas.PDF” y “0023MemorialAccionante.PDF”. [16] Los documentos aportados son: (i) la autorización de cita de control y orden médica, con fecha del 5 de agosto de 2013, emitidas por el médico tratante especialista en psiquiatría; (ii) la autorización de servicios de Salud Coop EPS, con fecha del 22 de agosto de 2013, para acudir a la cita de control por psiquiatría en la Clínica San Pablo; y (iii) fórmula médica, con fecha del 8 de noviembre de 2013, de dos medicamentos. [17] Con su escrito aporta copia del certificado de la Superintendencia de Notariado y Registro, donde constan los tres bienes bajo su propiedad. Agregó que el Batallón de Infantería García Rovira de Pamplona ha intentado despojarlo de la propiedad del predio rural. Para el efecto, aporta copia de la reclamación que presentó en el año 2023 ante la Superintendencia de Notariado y Registro, porque el Registrador de Instrumentos Públicos de Pamplona, Norte de Santander, asociado con el Comandante del Batallón de Infantería, habría registrado una escritura de actualización de linderos, para despojarlo de su predio. Expediente digital, archivo “0023MemorialAccionante.PDF”. [18] Aporta constancia de su inscripción en el Registro Único de Víctimas, desde el 12 de noviembre de 2013, por el hecho victimizante de homicidio. Expediente digital, archivo “0023MemorialAccionante.PDF”. [19] Expediente digital, archivo “0024SentenciaTutela.PDF”. [20] Expediente digital, archivo “0026Impugnacion.PDF”. [21] Expediente digital, archivo “0008Sentencia.pdf”. [22] Expediente digital, archivo “001 SALA A - AUTO SALA SELECCION 30-SEPT-2024 NOTIFICADO 15-OCT-2024”. [23] El 19 de noviembre de 2024, la magistrada presentó impedimento para conocer del asunto invocando la causal prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 19918, relativa a “tener interés en la decisión”; el cual fue declarado infundado mediante Auto del 20 de enero de 2025. Expediente digital, archivos “003 Informe_Reparto_Auto_30_Sep_2024_Mag_Diana_Fajardo_Rivera” y “T-10480594 - AUTO 004-2025 IMPEDIMENTO INFUNDADO”. [24] En consecuencia, ofició: (i) al accionante, para que respondiera un cuestionario relacionado con su situación socioeconómica y de salud actual; (ii) a la Procuraduría, para que respondiera un cuestionario orientado a conocer el procedimiento interno que se surte frente a los trabajadores próximos a cumplir la edad de retiro forzoso; y (iii) a Colfondos, para que respondiera si tiene políticas para las solicitudes de reconocimiento pensional de personas que tienen en curso procesos judiciales. [25] Con su respuesta, allegó: (i) las fotos que muestran el estado de las humedades en el apartamento de su propiedad; (ii) copia de las reclamaciones del predio “El Arenal”; (iii) escrito con fecha del 7 de enero de 2025, en el que Colpensiones le informa que se estudiará su solicitud de corrección de historia laboral, la cual será respondida dentro de los sesenta días posteriores a su radicación; (iv) copia de su historia laboral unificada, actualizada el 5 de enero de 2025, donde se reportan sus aportes desde el 1° de febrero de 2002 y un total de 1.153, 43 semanas cotizadas; (v) certificación electrónica de tiempos laborados expedida por la Procuraduría General de la Nación el 23 de enero de 2023, donde consta que cotizó a Cajanal entre el 28 de octubre de 1993 hasta el 31 de enero de 2002; (vi) oficio con fecha del 22 de marzo de 2024, donde la Unidad de Víctimas le informa que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas desde el 12 de noviembre de 2023, por el hecho victimizante de homicidio. Expediente digital, archivo “Respuesta2025_31938_2025_1_8_7_33_23”. [26] Expediente digital archivos “Anexo 1 - Informe Division Gestion Humana” y “Anexos 2 Grupo de Gestion Nomina, Afiliaciones y Pensiones”. [27] Norma que la entidad “acata en forma irrestricta dándole al servidor un tiempo prudencial para organizar su situación pensional, la cual para ese momento debería estar resulta”. Expediente digital, archivo “Anexo 1 - Informe División Gestión Humana”. [28] Expediente digital, archivos “0002141993” y “RESPUESTA A REQUERIMIENTO CORTE CONSTITUCIONAL”. [29] Expediente digital, archivo “0002141993-1”. [30] Con su respuesta allegó la historia laboral del accionante. Expediente digital, archivo “0002141993-1”. [31] Expediente digital, archivo “ad97c3ec-f940-45a3-a049-8fe0b527db8f.pdf”. [32] Con el escrito, Colpensiones allegó copia de: (i) carta de aceptación de tiempos públicos en la historia laboral firmada por el accionante, donde manifiesta que está de acuerdo con los tiempos públicos que se visualizan en su historia laboral; (ii) certificación de no pensión suscrita por el accionante; (iii) formato de información de EPS, donde consta que el accionante se encuentra afiliado en EPS Sanitas S.A., en el régimen contributivo, en calidad de beneficiario, (iv) formato de solicitud de prestaciones económicas, radicado el 10 de febrero de 2025, donde el accionante solicita el reconocimiento de la pensión de vejez; y (v) oficio BZ20252036744-0420013 del 10 de febrero de 2025, mediante el cual Colpensiones le confirma al afiliado la recepción de su solicitud pensional; (vi) Resolución SUB 49242 del 14 de febrero de 2025 “Por medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones en el régimen de prima media con prestación definida”, que reconoció a favor de Andrés el pago de la pensión de vejez, por valor de $4.721.757 y un retroactivo pensional de $35.969.900 [33] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [34] Corte Constitucional, Sentencia T-326 de 2024. [35] Corte Constitucional, Sentencia T-087 de 2018. [36] Expediente digital, archivo “0002AnexosDda”. [37] Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019. [38] Ibidem. [39] Corte Constitucional, Sentencia T-326 de 2024. [40] Corte Constitucional, sentencia T-360 de 2017; en referencia a la Sentencia T-016 de 2008. [41] Corte Constitucional, Sentencia T-521 de 2024; en referencia a las sentencias T-865 de 2009 y T-360 de 2017. [42] Corte Constitucional, Sentencia T-548 de 2017. [43] “El concepto adulto mayor fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela a la noción de vejez propia del sistema de seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros vida. De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de desgaste físico, vital y psicológico que así lo determinen”. Corte Constitucional, Sentencia T-013 de 2020; reiterada en la Sentencia SU-109 de 2022 y T-077 de 2024, entre otras. Por su parte, el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por medio de la Ley 2055 de 2020, definió a la persona mayor como “[a]quella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor”. En la Sentencia C-395 de 2021, que realizó el control de constitucionalidad de la norma mencionada, se estableció que “las personas mayores de 60 años se encuentran cobijadas por una protección constitucional, legal e internacional especial, dado que, en razón a los cambios fisiológicos que se generan por el paso del tiempo en el cuerpo humano, podrían tener barreras para el ejercicio y materialización de algunas garantías esenciales para desarrollar su vida activa en la sociedad”. [44] Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-691 de 2017, T-381 de 2022, T-521 de 2024, entre otras. [45] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 138: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. [46] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 229. [47] Expediente digital, archivo “Respuesta2025_31938_2025_1_8_7_33_23”. [48] De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, la Corte Constitucional tiene libertad probatoria y puede fundamentar su decisión en cualquier elemento de juicio que resulte pertinente en la solución del caso. En ese sentido y si bien, en principio, el examen de procedibilidad debe realizarse atendiendo las particularidades del caso al momento en que se interpuso la demanda, la Corte puede tener en cuenta circunstancias más actuales probadas en sede de revisión. Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-026 de 2021; T-353 de 2021; SU-388 de 2022; T-044 de 2025, entre otras. [49] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019. [50] El análisis sobre la carencia actual del objeto ha sido abordado por la Corte Constitucional como una cuestión previa, después de superar los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-668 de 2017, T-061 de 2018, T-068 de 2019, T-302 de 2020, T-209 de 2024, T-125 de 2023, T-505 de 2024, entre otras.