Sentencia T-095 de 2026

T-095-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-095/26 DERECHO A LA IGUALDAD Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN-Actos y escenarios de discriminación/EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA-Límites al ejercicio de la libertad contractual (...) el hecho de que (la empresa de medicina prepagada) negara la afiliación de la menor de edad sin presentar siquiera un argumento objetivo, más allá de ampararse en el principio de voluntad contractual, se traduce en un acto de discriminación fundado en un criterio sospechoso (...) y, en consecuencia, concreta la vulneración del derecho a la salud en su dimensión de accesibilidad y también de los derechos a la igualdad y no discriminación. CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad de adoptar de oficio medidas provisionales/MEDIDAS PROVISIONALES-Procedencia según Decreto 2591/91 artículo 7 CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Configuración y características/CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente ACCIÓN DE TUTELA-Carencia actual de objeto por hecho superado (...) se realizó la intervención quirúrgica que el representante solicitó en la acción de tutela. Además, la EPS autorizó la internación hospitalaria de la niña en la Clínica ... y, según lo manifestado por el accionante y por la EPS, la niña continúa en el Programa de Hospitalización Domiciliaria (...) CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones ACCION DE TUTELA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA-Procedencia excepcional /DERECHO A LA SALUD DE ENFERMO DE CANCER-Procedencia de tutela para evitar perjuicio irremediable DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Naturaleza y contenido DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU ACCESO PREFERENTE AL SISTEMA DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A LA SALUD DE MENOR DE EDAD CON CANCER-Protección constitucional especial PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD-Dimensiones IGUALDAD-Triple naturaleza constitucional, valor, principio y derecho fundamental/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que comprende/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Dimensiones PROHIBICION DE DISCRIMINACION Y CRITERIOS SOSPECHOSOS-Reiteración de jurisprudencia PLANES ADICIONALES DE SALUD-Naturaleza jurídica PLANES ADICIONALES DE SALUD-Límites en aplicación del principio de buena fe contractual y la protección del derecho a la salud CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Reglas jurisprudenciales sobre su celebración y ejecución CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA-Límites a la autonomía de la voluntad REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Cuarta de Revisión- T-095 DE 2026 Referencia: expediente T-11.573.793 Asunto: acción de tutela presentada por Octavio, en representación de su hija Victoria, contra Colsanitas S.A. – Medicina Prepagada y la EPS Sanitas S.A.S. Tema: negativa de afiliación de menor de edad a un plan de medicina prepagada Magistrado sustanciador Juan Carlos Cortés González Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiséis (2026) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela dictados, en primera instancia, por el Juzgado 014 Civil Municipal de Bogotá, el 24 de julio de 2025 y, en segunda instancia, por el Juzgado 040 Civil del Circuito de Bogotá, el 29 de agosto de 2025, con ocasión de la solicitud de amparo promovida por Octavio en representación de su hija Victoria, en contra de Colsanitas S.A. – Medicina Prepagada y la EPS Sanitas S.A.S. Aclaración previa[1] El 28 de noviembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Once ordenó la anonimización de las partes y de cualquier otro dato que permita su identificación. En consecuencia, la presente providencia se registrará en dos versiones. La primera, con los nombres reales de la parte accionante, en especial de la menor de edad representada, y la segunda, con nombres ficticios en la que se hará referencia a la parte accionante en calidad de representante legal con el nombre de Octavio y a la niña con el nombre de Victoria. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN ¿Qué estudió la Corte? La Sala Cuarta de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por un padre actuando en representación de su hija menor de edad, diagnosticada con cáncer cerebral y otras patologías, en contra de Colsanitas por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad y a la salud, así como el principio del interés superior del niño, esto tras la cancelación unilateral del contrato de medicina prepagada de la menor de edad debido a una mora transitoria en los pagos y la posterior negativa de la empresa de suscribir el contrato de medicina prepagada, argumentando el ejercicio de la autonomía de su voluntad privada. ¿Qué consideró la Corte? La Corte Constitucional constató que (i) la EPS Sanitas no vulneró los derechos fundamentales de la menor de edad porque garantizó de manera continua la atención médica requerida. Sin embargo, debido a que, en una primera oportunidad la entidad negó una autorización para la intervención quirúrgica, la Sala consideró que se generó una barrera administrativa que pudo afectar el ejercicio efectivo de los derechos de la menor de edad. Respecto al actuar de Colsanitas, la Sala determinó (ii) con la cancelación del contrato de medicina prepagada, no hubo una vulneración de los derechos a la salud, vida digna ni del principio de continuidad de la menor de edad, ya que la terminación del vínculo obedeció a las condiciones pactadas ante la mora comprobada. Además, la menor no recibía tratamientos a cargo de la entidad de medicina prepagada al momento de la cancelación del contrato y su atención en salud fue garantizada por la EPS Sanitas. Por otra parte, respecto a la negativa de Colsanitas de volver a afiliar la menor de edad al plan de medicina prepagada, la Sala consideró que, (iii) aunque la empresa cuenta con el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, este no es absoluto pues debe respetar los derechos y principios constitucionales. En concreto, la Sala concluyó que en este caso la negativa estuvo fundada en un acto discriminatorio sustentado en un criterio sospechoso de discriminación como el estado de salud de la menor de edad, lo que impuso una barrera al acceso al portafolio de servicios de salud derivados del contrato. En consecuencia, la Corte concluyó que Colsanitas vulneró los derechos a la salud, en su dimensión de accesibilidad, así como de los derechos a la igualdad y no discriminación de la niña. ¿Qué decidió la Corte? En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión revocó la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado 040 Civil del Circuito de Bogotá y en su lugar negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la salud -principio de continuidad- de la menor de edad. Por otro lado, amparó el derecho fundamental a la salud – en su dimensión de accesibilidad, así como los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la menor de edad como sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia, ordenó a Colsanitas que revise nuevamente la solicitud de afiliación al plan de medicina prepagada y adopte una decisión motivada bajo criterios razonables y no discriminatorios, teniendo en cuenta que tal pedimento se realiza en favor de una menor de edad, sujeto de especial protección constitucional. Finalmente, la Sala conminó a la EPS Sanitas para que en el futuro no incurra en conductas que puedan afectar los derechos fundamentales de la niña. I. ANTECEDENTES 1. Hechos 1. De acuerdo con la acción de tutela, Octavio[2] afilió a su hija, Victoria, a un plan de medicina prepagada con Colsanitas S.A. (en adelante Colsanitas) en agosto de 2015, sin que para dicha fecha existiera algún diagnóstico o antecedente clínico que impidiera la suscripción del contrato. 2. En septiembre de 2015, a Victoria se le diagnosticó cáncer cerebral (meduloblastoma) con metástasis en la columna vertebral, lo que dio lugar a la realización de intervenciones neuroquirúrgicas, quimioterapia y seguimiento médico especializado. Aunque el diagnóstico se realizó después de la afiliación, Colsanitas lo consideró como una preexistencia y restringió parte de la cobertura, limitando algunos servicios. Los servicios excluidos los asumió la EPS Sanitas. 3. Según el actor, durante más de 9 años Colsanitas prestó una atención médica integral y continua a su hija a través de su equipo médico pediátrico y neurológico. Afirmó que se “consolidó un vínculo terapéutico esencial para el bienestar físico, emocional y neurológico de la [niña]”[3]. Sin embargo, en febrero de 2025, Colsanitas canceló unilateralmente el contrato de medicina prepagada debido a la mora en el pago de dos mensualidades (enero y febrero). El representante alegó que no puedo cancelar las cuotas como consecuencia de dificultades económicas transitorias. 4. El 28 mayo de 2025[4], una vez superado el impase económico, el representante de la menor de edad solicitó la afiliación de la niña. No obstante, el 8 de junio de 2025[5], Colsanitas rechazó su solicitud con fundamento en la autonomía de su voluntad y su naturaleza privada. El 12 de junio de 2025[6], el representante de la menor presentó una solicitud de reconsideración ante Colsanitas y una petición ante la Superintendencia Nacional de Salud[7] y requirió la intervención de esta entidad frente a la negativa de afiliación. 5. El 13 de junio de 2025[8], la Superintendencia Nacional de Salud requirió a Colsanitas y lo conminó a “garantizar el derecho dando cumplimiento a la orden médica y/o servicios requeridos por el usuario y/o relacionada con el RECLAMO número 0000 y expedida a favor del usuario Victoria”. En la misma fecha Colsanitas respondió de forma negativa a la solicitud de reconsideración, con fundamento en los mismos argumentos del rechazo (§4)[9]. 6. De acuerdo con el representante de la niña, Victoria presenta otros diagnósticos médicos: “epilepsia secundaria, hemiparesia derecha, parálisis cerebral infantil, hidrocefalia, neumopatía crónica exacerbada y episodios recurrentes de falla respiratoria aguda”[10]. Además, explicó que los médicos implantaron en su cráneo una válvula de Hakim que se encuentra expuesta, lo que genera un riesgo de infección intracraneal y de complicaciones neurológicas. 2. Fundamentos de la acción de tutela 7. Acción de tutela. El 17 de julio de 2025[11], Octavio, como representante legal de su hija Victoria de 16 años[12], diagnosticada con cáncer cerebral y otras patologías, interpuso acción de tutela en contra de Colsanitas S.A. – Medicina Prepagada y la EPS Sanitas. Esto por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida digna y el desarrollo integral e interés superior de su hija, como consecuencia de la cancelación y posterior negativa de afiliación a un plan de medicina prepagada. 8. Pretensiones. El actor solicitó: (i) la afiliación inmediata al plan de medicina prepagada sin exclusiones, restricciones, ni periodos de carencia por preexistencias. Asimismo, que se decrete como medida provisional urgente: (ii) una valoración médica integral e interdisciplinaria a la niña en la Clínica Pediátrica de Colsanitas, con el fin de establecer la necesidad de una eventual intervención neuroquirúrgica, dada la exposición de la válvula de Hakim; (iii) si los especialistas de Colsanitas deciden no realizar la cirugía, se autorice una segunda opinión médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá para determinar la procedencia de la intervención neuroquirúrgica; (iv) si la Fundación Santa Fe emite un concepto favorable sobre la cirugía, se ordene a la EPS Sanitas autorizar y asumir los costos de la intervención quirúrgica en dicha institución; y (v) que tanto la valoración como la intervención quirúrgica no generen ningún costo para los representantes legales de la niña. 9. Adicionalmente, el representante legal solicitó: (vi) garantizar la continuidad del vínculo terapéutico con el equipo médico de la Clínica Pediátrica de Colsanitas y, como pretensión subsidiaria, (vii) se continue con el Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD) asumido por la EPS Sanitas[13]. 3. Trámite de la acción de tutela 10. Admisión de la tutela. El 18 de julio de 2025[14], el Juzgado 014 Civil Municipal de Bogotá (i) avocó conocimiento de la acción de tutela; (ii) vinculó al trámite a la Superintendencia Nacional de Salud; (iii) corrió traslado del auto y notificó a las partes inicialmente accionadas; y (iv) negó la medida provisional solicitada, al considerar que no se cumplió con el requisito de acreditación sumaria de la apariencia de buen derecho o “fumus boni iuris” porque la solicitud de la asignación de consulta para evaluar la necesidad de una eventual intervención quirúrgica de la menor de edad, partía de la simple afirmación del solicitante sin ningún soporte médico[15]. 11. Respuestas de las partes y entidades vinculadas. A continuación, la Sala presenta una síntesis de las respuestas emitidas por las partes y entidades vinculadas ante el juez de primera instancia: Tabla 1 Respuestas obtenidas por el juez de primera instancia el trámite de la acción de tutela Parte o entidad vinculada Respuesta Accionante[16] El representante informó la ocurrencia de hechos clínicos relevantes. En particular señaló que: (i) el 21 de julio de 2025, previa autorización de la EPS Sanitas, la niña fue intervenida quirúrgicamente para el retiro de la válvula de Hakim debido a una infección activa[17]; (ii) al 22 de julio de 2025, la niña estuvo hospitalizada bajo vigilancia médica intensiva; (iii) por criterio médico no se implantó la válvula, dada la persistencia del riesgo infeccioso. Además, solicitó: (i) oficiar a la Clínica Pediátrica Colsanitas para que remita la historia clínica y los documentos de la hospitalización y cirugía de la niña; (ii) exhortar a EPS Sanitas y a Colsanitas a abstenerse de trasladar de clínica a la niña y a garantizar la continuidad del manejo posquirúrgico. Asimismo, reiteró que se debe ordenar la afiliación al plan de medicina prepagada de Colsanitas y, de forma subsidiaria, continuar con la prestación del PHD. Colsanitas – Medicina prepagada[18] La accionada solicitó declarar la improcedencia de la acción manifestando que: (i) el contrato de medicina prepagada fue cancelado por mora y la terminación fue notificada oportunamente; (ii) Colsanitas, como entidad privada, se rige por el principio de la autonomía de la voluntad privada, razón por la cual tiene la facultad de aceptar o rechazar nuevas solicitudes de afiliación; (iii) se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la sociedad emitió respuestas claras, congruentes y de fondo los días 8[19], 13[20] y 25[21] de junio de 2025, atendiendo cada una de las peticiones del actor; (iv) la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver controversias derivadas de contratos de medicina prepagada, pues tienen naturaleza civil y comercial y deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria; (v) no se configura un perjuicio irremediable, toda vez que la niña se encuentra activa en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el servicio de salud está garantizado por su EPS. Finalmente, la accionada solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, al considerar que no vulneró derechos fundamentales. EPS Sanitas Guardó silencio en el trámite. Superintendencia Nacional de Salud Guardó silencio en el trámite 4. Decisiones judiciales objeto de revisión 12. Decisión de primera instancia[22]. El 24 de julio de 2025, el Juzgado 014 Civil Municipal de Bogotá negó el amparo. Sostuvo que el conflicto respecto de la afiliación al plan de medicina prepagada es contractual y debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria porque no se acreditó un perjuicio irremediable, dado que la niña recibe atención en salud por parte de la EPS en la que se encuentra afiliada. Declaró la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que la niña fue intervenida quirúrgicamente el 21 de julio de 2025 para el retiro de la válvula. 13. Impugnación[23]. La parte accionante argumentó que: (i) el fallo desconoció el carácter prevalente de los derechos fundamentales de los niños; (ii) la negativa de afiliación al plan de medicina prepagada implica una ruptura injustificada del vínculo terapéutico que surgió desde 2018 con el equipo médico especializado en la Clínica Pediátrica de Colsanitas; y que (iii) el despacho desconoció la historia clínica de la niña, así como el principio de continuidad en la atención médica, debido a que la niña contaba con un equipo especializado que seguía su caso. Asimismo, el actor indicó que la válvula fue retirada por infección de “staphylococcus aureus multirresistente” y la niña se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Pediátrica de Colsanitas, por lo que requiere una tercera cirugía para reimplantar la válvula de derivación. 14. Decisión de segunda instancia[24]. El 29 de agosto de 2025, el Juzgado 040 Civil del Circuito de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Ese despacho reiteró que la medicina prepagada es un servicio opcional y privado regido por la autonomía de la voluntad privada de los contratantes. Asimismo, determinó que no se probó una vulneración actual de derechos, pues EPS Sanitas garantizó las intervenciones quirúrgicas y el PHD y no se demostró la interrupción o negativa de algún servicio de salud a la paciente, por lo que no existe un perjuicio irremediable. 5. Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional 15. Selección y reparto[25]. El 28 de noviembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Once de la Corte Constitucional seleccionó el expediente T-11.573.793 bajo el criterio objetivo de necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y por el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental[26]. Por sorteo, el expediente se asignó a la Sala Segunda[27] de Revisión[28]. El 15 de diciembre siguiente[29], la Secretaría General de esta corporación remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia. 16. Autos de pruebas[30]. El 16 de enero y el 5 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas y ofició: (i) al accionante con el propósito de constatar el estado actual de salud y de afiliación de la niña; (ii) a las accionadas para que presentaran información y documentación sobre las acciones adelantadas para la protección de los derechos de la menor[31]; y (iii) ordenó consultar la información de la accionante en bases de datos públicas (SISBEN, ADRES, RUAF, entre otras). 17. Respuestas al auto de pruebas. A continuación, la Sala sintetiza las respuestas obtenidas de las partes, las entidades vinculadas o requeridas dentro del trámite de revisión: Tabla 2 Respuestas recibidas el trámite de revisión de la acción de tutela Parte o entidad vinculada Respuesta Accionante[32] El accionante informó que (i) en julio de 2025, la niña fue sometida a neurocirugía de reimplantación de válvula de derivación en la Clínica Pediátrica Colsanitas. Posteriormente, permaneció con dependencia tecnológica por gastrostomía y oxígeno domiciliario, riesgo respiratorio infeccioso recurrente y requerimiento de manejo multidisciplinario; (ii) la niña cuenta con el PHD; (iii) entre el 19 y el 21 de enero de 2026, la niña presentó un episodio respiratorio agudo con taquicardia, dificultad respiratoria y desaturación, manejado en domicilio mediante oxígeno de alto flujo e inhaloterapia dentro del PHD; (iv) la mora en enero y febrero de 2025 fue consecuencia de un evento económico transitorio y que afectó gravemente la continuidad asistencial; (v) actualmente, la niña no se encuentra afiliada a un plan de medicina prepagada; (vi) no están programadas nuevas intervenciones quirúrgicas. Finalmente, el accionante solicitó a la Corte disponer una modalidad de afiliación condicionada al plan de medicina prepagada bajo un esquema de solvencia sanitaria y coordinación inter-aseguradores (EPS–prepagada). Colsanitas – Medicina prepagada[33] En respuesta al primer auto de pruebas, Colsanitas informó: (i) Victoria estuvo afiliada a Colsanitas entre el 1° de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2024 (último día cubierto por el último pago realizado por la contratante) con varias preexistencias: “tumor maligno de cerebelo, epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales (…)[34]”; (ii) durante 2023 y 2024 se presentaron múltiples suspensiones del servicio por mora, las que fueron informadas; (iii) previo a la cancelación de la póliza durante enero y febrero de 2025 se realizaron múltiples intentos de contacto con el titular; (iv) en vigencia de la relación contractual Colsanitas autorizó y prestó múltiples servicios médicos; (v) Victoria no tiene relación contractual con la Compañía, por lo que no existe cobertura de servicios de salud; (vii) Colsanitas en virtud de su naturaleza privada y del principio de autonomía de la voluntad privada, puede aceptar o rechazar solicitudes de afiliación al servicio de medicina prepagada, facultad que se encuentra prevista en el documento “Solicitud De Contratación”, sin obligación de justificar las razones de su decisión. Por lo expuesto, la empresa solicitó se confirme el fallo de primera y segunda instancia y se declare improcedente la acción de tutela. Respecto al segundo auto de pruebas dijo que tras la búsqueda realizada no fue posible localizar el contrato original, pero procedió a su reconstrucción[35]. Además, precisó que no se solicitó reactivación de un contrato, sino que se presentó una nueva solicitud de afiliación, la cual fue rechazada en ejercicio de su autonomía de la voluntad privada. Señaló que, conforme a sus políticas internas, no realizó valoración médica directa a la niña, sino que realizó la codificación de preexistencias con base en su historia clínica. EPS Sanitas[36] La EPS informó que (i) Victoria tiene afiliación vigente; (ii) según la última valoración médica realizada a la niña, esto es, el 23 de enero de 2026, el diagnóstico de la menor de edad es: Tumor Maligno de Cerebelo; (iii) la historia clínica evidencia un plan de manejo médico orientado al soporte de las actividades diarias, que incluye el suministro de insumos médicos y tratamiento farmacológico esencial; (iv) la última intervención quirúrgica fue la “Derivación Ventrículo Peritoneal Derecha, válvula de Hakim” con posterior mejoría en su estado neurológico; (v) la IPS Clínica Pediátrica de Colsanitas no hace parte de la red de prestadores de EPS Sanitas; (vi) se cuenta con autorizaciones vigentes para el servicio de PHD. Finalmente, indicó que (vii) no hay nuevas órdenes de procedimientos médicos o quirúrgicos para la niña. 18. Consulta en bases de datos. El 21 de enero de 2026[37] se realizaron las consultas en bases de datos de información utilizando el documento de identidad de la menor de edad representada. Los resultados de estas consultas fueron los siguientes: Tabla 3 Resultados de consulta en bases de datos públicas Sisbén Estado de Afiliación en el SGSSS Afiliaciones al Sistema de Protección Social y vinculación a programas de asistencia social El número de identificación no se encuentra en la base de datos del Sisbén IV. Activa en el régimen contributivo como beneficiaria en EPS Sanitas. Sin reconocimiento de pensiones o vinculaciones a programas de asistencia social. 19. Una vez recibidas las pruebas, la Secretaría corrió traslado de aquellas a las partes y vinculados. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 20. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela seleccionados, con fundamento en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política. 2. Primera cuestión previa: respuesta a la solicitud de medidas provisionales 21. Solicitud de medidas provisionales. El 24 de marzo de 2026, esto es, con posterioridad al registro de proyecto de fallo realizado el 13 de marzo de 2026, mediante correo electrónico, Octavio, como representante legal de su hija Victoria, presentó solicitud de medidas provisionales, en cuanto ordenar a la EPS Sanitas S.A.S y a la Clínica Pediátrica de Colsanitas garantizar la continuidad del tratamiento de la menor de edad en dicha institución, evitando su traslado, salvo que exista una justificación médica debidamente soportada. Además, de requerirse manejo de UCI, solicitó que se verifique la disponibilidad del servicio en la misma Clínica. Igualmente, pidió que se ordene a EPS Sanitas S.A.S y a la Clínica Pediátrica de Colsanitas que se abstengan de incurrir en prácticas que afecten la continuidad del servicio de salud. 22. Como fundamento de su solicitud, el accionante expuso un riesgo “cierto, actual e inminente”. Indicó que la menor de edad se encuentra hospitalizada en la Clínica Pediátrica de Colsanitas por un cuadro de neumonía bacteriana y que tiene una evolución clínica favorable, sin requerir manejo en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Sin embargo, afirmó que la Clínica ha gestionado el traslado a la UCI de la Clínica Pediátrica Colsubsidio, lo cual fue rechazado por los padres de la menor, al considerar que no existía una justificación médica, hay indicios de la existencia de una cama UCI en la misma institución y que la negativa estaría asociada a un asunto administrativo derivado de la autorización de la EPS. 23. Medidas provisionales en la acción de tutela. El artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 faculta a los jueces constitucionales para decretar medidas provisionales, a solicitud de parte o de oficio, con el fin de “proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”[38]. Además, dichas medidas provisionales “(…) no sólo se orientan a proteger los derechos de los ciudadanos, sino que también propenden por asegurar el cumplimiento de la futura decisión que se profiera en el proceso. Luego, resulta improcedente toda medida provisional que exceda el objeto de la solicitud de tutela”[39]. 24. Sobre este punto, es importante precisar que por regla general la facultad de adoptar medidas provisionales está habilitada hasta antes de dictar sentencia. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que la solicitud de medidas provisionales puede ser analizada dentro de la propia sentencia cuando se estima más adecuado emitir una decisión definitiva que resolver la solicitud de medida provisional de manera independiente[40], atendiendo a criterios como la celeridad, la economía procesal y el análisis integral del caso[41]. 25. En el caso concreto, la Sala estima que la medida provisional solicitada no guarda relación con la protección reclamada en la acción de tutela y resulta improcedente. La Sala advierte que (i) la medida se solicitó luego del registro del proyecto de fallo y aunque la Corte puede pronunciarse sobre la medida provisional, como en este caso, la presente sentencia resuelve el asunto de manera definitiva; (ii) no se evidencia una relación directa entre la medida provisional solicitada por el accionante y las pretensiones principales de la solicitud de amparo orientadas a que Colsanitas S.A. afilie a la niña al plan de medicina prepagada, sin exclusiones, restricciones, ni periodos de carencia por preexistencias y a que EPS Sanitas garantice la continuidad de la niña en el Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD) (§9). Por lo tanto, la solicitud de medida provisional excede el objeto de la acción y como lo ha sostenido esta corporación, resulta improcedente (§23). 3. Segunda cuestión previa: verificación de la configuración de carencia actual de objeto 26. La Sala estudiará como segunda cuestión previa la configuración de carencia actual de objetivo debido a que el juez de primera instancia la declaró por hecho superado, al considerar que Victoria fue intervenida quirúrgicamente el 21 de julio de 2025 en la Clínica Reina Sofía para el retiro de la válvula (§12). 27. Reiteración de la jurisprudencia sobre la carencia actual de objeto. Esta Corte ha afirmado que el propósito de la acción de tutela es asegurar de manera efectiva y clara la protección del derecho que se considera vulnerado o amenazado, lo que justifica la necesidad de que el juez tome una decisión sobre el particular. No obstante, si en el trámite de la acción la situación es solucionada o satisfecha de alguna manera, no tendría sentido el pronunciamiento de la autoridad judicial, dado que cualquier orden que emitiera no tendría ningún efecto. Esta es la base del fenómeno de carencia actual de objeto[42]. 28. La Sentencia SU- 522 de 2019 reiteró las modalidades en las que se puede presentar la carencia actual de objeto: (i) hecho superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente, precisando su contenido y efectos así: Tabla 4 Categorías carencia actual de objeto Categoría Descripción y deber de pronunciamiento Hecho superado Se configura como producto del obrar de la entidad accionada, es decir, lo que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo dicte una orden. En este caso, corresponde al juez verificar que lo pretendido efectivamente fue satisfecho por completo y que la accionada haya actuado (o cesado su actuar)[43] voluntariamente. La Corte puede a su discreción, decidir si emite un pronunciamiento e incluir en la sentencia llamados de atención o advertencias tendientes a que no se repitan situaciones como las que originaron la presentación de la acción de tutela, corregir decisiones judiciales, avanzar en la comprensión de derechos fundamentales o realizar un ejercicio de pedagogía constitucional[44]. Daño consumado Cuando se ha perfeccionado la vulneración que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo que no es factible que el juez dé una orden para retrotraer la situación[45]. En esta figura, si al momento de interponer la acción es evidente que el daño se generó, el juez debe declarar la improcedencia del amparo. Sin embargo, si el daño se consuma en el trámite judicial en cualquiera de las instancias o en sede de revisión, el juez debe emitir un pronunciamiento para evitar que el daño se proyecte hacia el futuro o implementar correctivos[46]. Situación sobreviniente Comprende aquellos eventos que no se enmarcan en un hecho superado o un daño consumado. Es “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”[47]. Sobre esta figura la Corte ha indicado que para que se configure debe analizarse: “(i) que exista una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que dicho cambio implique la pérdida de interés del accionante en que se acceda a sus pretensiones; o (iii) que las mismas no se puedan satisfacer”[48]. La Corte Constitucional ha identificado algunos escenarios en los que se puede configurar un hecho sobreviniente: (i) el actor es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; (iv) el actor pierde interés en el objeto original de la acción. En los casos de situación sobreviniente no es obligatorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. 29. De conformidad con lo anterior, la Sala analizará si en el caso concreto operó o no el fenómeno de carencia actual de objeto: Tabla 5 Estudio de configuración de una carencia actual de objeto Pretensión Hecho probado Primera. El actor solicitó que se ordene a Colsanitas S.A que afilie a la niña al plan de medicina prepagada, sin exclusiones, restricciones, ni periodos de carencia por preexistencias. De acuerdo con lo manifestado por las partes en el trámite de revisión (§17), la niña no se encuentra afiliada al plan de medicina prepagada de Colsanitas. Así, no opera la carencia actual de objeto respecto de esta pretensión. Segunda. Se ordene a Colsanitas S.A. – Medicina Prepagada y a la EPS Sanitas realizar una valoración médica integral e interdisciplinaria a la niña en la Clínica Pediátrica de Colsanitas con el fin de establecer la necesidad de una eventual intervención neuroquirúrgica urgente, dada la exposición actual de la válvula de Hakim implantada. Según el oficio allegado por el accionante durante el trámite de primera instancia (§11), el 17 de julio de 2025 a la niña se le practicó un examen de laboratorio microbiológico en la Clínica Colsanitas, cuyo resultado evidenció un crecimiento abundante de Staphylococcus aureus en la muestra de herida quirúrgica. Como consecuencia, Victoria fue intervenida quirúrgicamente el 21 de julio de 2025 en la Clínica Reina Sofía para el retiro de la válvula. Sobre esta pretensión opera la carencia actual de objeto. Tercera. En caso de que los especialistas de Colsanitas determinen no realizar intervención quirúrgica, se autorice una segunda opinión médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El 21 de julio de 2025 a la niña se le practicó una intervención quirúrgica para el retiro de la válvula. Esta información fue confirmada por la EPS Sanitas (§17). Sobre esta pretensión opera la carencia actual de objeto. Cuarta. En el evento de que la Fundación Santa Fe emita un concepto favorable sobre la cirugía, se ordene a la EPS Sanitas autorizar y asumir los costos de la intervención quirúrgica en dicha institución. El 18 de julio de 2025, la EPS Sanitas autorizó la “internación adultos complejidad mediana en habitación múltiple” en la Clínica Reina Sofía, lo que demuestra que la entidad asumió la atención hospitalaria de la niña y que, en consecuencia, no opera la carencia actual de objeto. Quinta. Que tanto la valoración médica como la eventual intervención quirúrgica se realicen sin que ello genere algún costo para los representantes legales de la niña y sea asumida transitoriamente por la EPS Sanitas De la información que reposa en el expediente no se evidencia que los procedimientos médicos practicados a niña hayan generado costos a cargo de sus representantes legales, por lo cual, la pretensión carece de objeto. Sexta. Se garantice la continuidad del vínculo terapéutico de la niña con el equipo médico de la Clínica Pediátrica de Colsanitas. Del material probatorio se desprende que la menor no ha sido atendida de manera continua por profesionales adscritos a la Clínica Pediátrica de Colsanitas. Asimismo, la EPS Sanitas informó que la Clínica Pediátrica de Colsanitas no hace parte de su red de prestadores (§17). Séptima. Se garantice la continuidad de la niña en el Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD) asumido por la EPS Sanitas. De acuerdo con lo manifestado por el accionante y por la EPS Sanitas en el trámite de revisión (§17), la niña actualmente se encuentra en el Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD) y que es asumido por dicha EPS. 30. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las pretensiones segunda, tercera, cuarta, y séptima. Lo anterior, debido a que se realizó la intervención quirúrgica que el representante solicitó en la acción de tutela. Además, la EPS Sanitas autorizó la internación hospitalaria de la niña en la Clínica Reina Sofia y, según lo manifestado por el accionante y por la EPS Sanitas, la niña continúa en el PHD a cargo de la EPS Sanitas. 31. Por otro lado, en relación con la pretensión quinta, dado que de la información que reposa en el expediente no se evidencia que los procedimientos médicos practicados a la niña -en particular la valoración médica como la intervención quirúrgica- hayan generado costos a cargo de los representantes legales, no se advierte una vulneración actual que haga necesario un pronunciamiento de esta corporación. En consecuencia, se concluye que la pretensión también carece de objeto. 32. En este contexto, dado que existen pretensiones que requieren un pronunciamiento (primera -afiliación de la menor al plan de medicina prepagada y sexta -continuidad de la vinculación terapéutica de la menor con el plan de medicina prepagada-), la Sala continuará con el estudio del caso. Para el efecto analizará la procedencia de la acción y, de superarse dicho análisis, entrará a examinar el fondo del asunto. 4. Análisis de procedencia de la acción de tutela 33. La Sala Cuarta de Revisión considera que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia conforme al artículo 86 de la Constitución Política y 10° del Decreto Ley 2591 de 1991, tal como se detalla a continuación. Tabla 6 Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción Legitimación en la causa por activa[49] La acción de tutela cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa. En este caso, la Sala considera satisfecho este presupuesto. En efecto, la acción de tutela fue interpuesta por Octavio, padre de Victoria, quien actúa en calidad de representante legal de su hija menor de edad, con el propósito de solicitar la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, el desarrollo integral y el interés superior del menor, derechos de los que es titular Victoria. Legitimación en la causa por pasiva[50] La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. La acción de tutela se dirigió contra Colsanitas- Medicina Prepagada y EPS Sanitas. Asimismo, el juez de primera instancia vinculó a la Superintendencia Nacional de Salud. En consecuencia, se procederá con el estudio del requisito para las partes accionadas y la entidad vinculada Colsanitas – Medicina prepagada Está legitimada en la causa por pasiva porque: (i) las empresas de medicina prepagada actúan dentro de un sistema organizado para la gestión de la atención médica y la prestación de los servicios de salud, por lo que prestan un servicio público[51] y (ii) las acciones u omisiones alegadas por el representante se originan en dicha entidad, pues fue aquella la que retiró a Victoria del plan de medicina prepagada y, posteriormente, negó su afiliación, causa de la presunta violación de los derechos fundamentales. EPS Sanitas Está legitimada en la causa por pasiva por cuanto es la entidad a la cual se encuentra afiliada Victoria como beneficiaria en el régimen contributivo (§18). Además, la acción de tutela pretende la continuidad del programa de Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD). De igual forma, dicha entidad podría resultar afectada por la decisión que eventualmente se adopte en el marco de este trámite constitucional. Superintendencia Nacional de Salud El juez de instancia vinculó a la Superintendencia Nacional de Salud (§10). Sobre esta entidad, la Sala encuentra configurado el requisito de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la entidad tiene a su cargo vigilar los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia y control[52] . Asimismo, de acuerdo con el Decreto 780 de 2016, que se ocupa del sector salud y protección social, “[l]as entidades que pretendan prestar servicios de medicina prepagada, estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud”[53]. En este mismo sentido, como lo ha sostenido esta corporación “debe hacer seguimiento al efectivo funcionamiento de las EPS, las compañías de medicina prepagada, hospitales y clínicas e identificar fallas y garantizar que sean corregidas” [54]. Por esas razones, y porque podría resultar afectada por las órdenes que se profieran en este asunto, la Superintendencia Nacional de Salud también está legitimada en la causa por pasiva. Inmediatez [55] La acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez. Está acreditado que tras la cancelación del contrato de medicina prepagada el representante solicitó nuevamente la contratación del servicio con Colsanitas, solicitud que fue negada el 8 de junio de 2025 (§4). El 12 de junio siguiente el accionante presentó una petición de reconsideración ante dicha entidad y Colsanitas reiteró su negativa el 13 y el 25 de junio de 2025. Finalmente, el 17 de julio de 2025 el accionante interpuso la presente acción de tutela, es decir, dentro de un plazo razonable. Con todo, las presuntas barreras administrativas para la contratación del servicio de medicina prepagada para Victoria se mantienen, por lo que la vulneración alegada persiste. Subsidiariedad Los artículos 86 de la Constitución y 6° del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, es decir, que sólo se puede utilizar cuando no exista otro medio de defensa judicial disponible en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, si existiera otro mecanismo el juez constitucional deberá analizar si este medio es eficaz e idóneo, de conformidad con las especiales circunstancias del caso que se estudia. Igualmente, la tutela procederá como mecanismo transitorio cuando se presente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo la afectación de los derechos fundamentales del peticionario. Ahora, esta corporación ha sostenido que en los casos que se plantean discusiones sobre planes adicionales de salud o de medicina prepagada, ni el mecanismo jurisdiccional o proceso ordinario ante la Superintendencia Nacional de Salud (artículo 41 de la Ley 1122 de 2007) ni la acción resolutiva o de cumplimiento (artículo 1546 del Código Civil), constituyen un mecanismo idóneo o eficaz para exigir la prestación de los servicios de salud[56]. Sobre el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia, la Corte ha considerado que existen condiciones estructurales y normativas que impiden atribuirle dichas características[57]. Por ello, para esta Corte “mientras persistan las dificultades para el ejercicio de dichas facultades, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, la acción de tutela será el medio adecuado para garantizar dichos derechos”[58]. Posición que, además, fue reiterada en Sentencia SU-508 de 2020, en la cual la Corte indicó que “el juez de tutela deberá verificar varios elementos: a) si la función jurisdiccional es idónea y eficaz; b) si el asunto versa sobre la negativa o la omisión en prestación de servicios y tecnologías en salud y; c) la posible afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección, como los niños y los adultos mayores”[59]. La acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad. En el caso concreto, se evidencia que Victoria es una menor de edad y, por tanto, un sujeto de especial protección constitucional. Además, padece de un delicado cuadro clínico -cáncer cerebral (meduloblastoma) con metástasis en la columna vertebral, entre otras patologías – que exige una atención continua. En este contexto, una eventual negativa o interrupción en la continuidad de la prestación de los servicios de salud podría comprometer sus derechos fundamentales. Por ello, esta circunstancia resulta relevante y justifica flexibilizar el requisito de subsidiariedad de la acción, incluso ante la existencia de otros medios ordinarios para controvertir asuntos relacionados con el contrato de medicina prepagada, como se pasa a explicar. Exigir que la menor acuda a un procedimiento ante la Superintendencia o a la acción civil resulta desproporcionado. Con todo, y como se mencionó en los antecedentes, el accionante presentó una PQRD ante la Superintendencia Nacional de Salud solicitando su intervención para que Colsanitas reconsiderara la negativa de afiliación de la niña al plan de medicina prepagada[60]; sin embargo, dicha actuación no resultó eficaz. En efecto, mediante comunicación del 13 de junio de 2025 (§5), la aludida Superintendencia ordenó a Colsanitas “garantizar el derecho dando cumplimiento a la orden médica y/o servicios requeridos por el usuario y/o relacionada con el [reclamo] número 0000 y expedida a favor del usuario [Victoria]”[61]. La Sala observa que dicha orden no guarda relación con la solicitud del accionante, consistente en la afiliación de Victoria al Plan de Medicina Prepagada de Colsanitas. Esta circunstancia pone de presente que no se efectuó un análisis del caso ni se valoró la condición de salud de la niña, sujeto de especial protección constitucional, lo que refuerza el hecho de que actualmente acudir a la Superintendencia no resulta un medio idóneo ni eficaz para la protección de sus derechos fundamentales. Esta circunstancia refuerza la conclusión de que acudir al medio judicial ante la Superintendencia carecía de eficacia, pues una simple petición no fue respondida de manera congruente. Ahora, sobre la acción civil, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, si bien los planes de medicina prepagada se enmarcan en una relación contractual entre particulares, no puede pasarse por alto que (i) involucran la prestación del servicio público de salud, (ii) los usuarios de las empresas que prestan los servicios adicionales de salud se encuentran en estado de indefensión frente a estas entidades, en la medida que dichas empresas tienen bajo su control los mecanismos que determinar el acceso a servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y asistenciales, al punto de que “en la práctica, son ellas las que deciden de manera concreta si cubren o no el respectivo gasto en cada momento de la ejecución del contrato”[62], (iii) en el caso de planes de medicina prepagada e incluso de pólizas de salud, los contratos se consideran de adhesión, lo que implica que las cláusulas son redactadas por las empresas y rara vez son discutidas con el contratante, situación que ubica en una posición de desventaja y lo convierte en la parte débil de la relación contractual[63] y (iv) cuando se habla de sujetos en condición de vulnerabilidad, no puede considerarse el asunto como una simple controversia contractual[64]. Por el contrario, la discusión involucra la amenaza de derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad de sujetos de especial protección constitucional, de tal manera que adjudicarle la carga de acudir a la jurisdicción civil a una persona en situación de vulnerabilidad sería desproporcionado, máxime cuando se trata de una niña con una grave condición de salud. En consecuencia, la Sala encuentra que se satisface el requisito de subsidiariedad toda vez que los mecanismos ordinarios disponibles no son un medio idóneo ni eficaz para la protección de los derechos fundamentales de Victoria. Por lo anterior, verificada la procedencia de la acción, la Sala procederá a emitir un pronunciamiento de fondo sobre el asunto. 5. Planteamiento del problema jurídico y metodología de decisión 34. Delimitación del caso. Octavio, actuando en representación de su hija Victoria de 16 años y diagnosticada con cáncer cerebral y otras patologías, interpuso una acción de tutela en contra de Colsanitas – Medicina Prepagada por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad y a la salud, con fundamento en el principio del interés superior del niño. Lo anterior por cuenta de la cancelación unilateral del contrato de medicina prepagada de la menor de edad debido a una mora transitoria en los pagos y la posterior negativa de la empresa de suscribir el contrato con fundamento en su autonomía de la voluntad privada. 35. La Sala, en ejercicio de su facultad para interpretar la acción y precisar los hechos y los derechos fundamentales cuya afectación se alega, enfocará su estudio[65] en la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad y a la salud, con fundamento en el interés superior de Victoria. Además, la Sala analizará si la EPS Sanitas vulneró el derecho a la salud de la menor de edad por la eventual falta de continuidad en el PHD, aun cuando el accionante no aludió expresamente a esta circunstancia. 36. Asimismo, teniendo en cuenta que el juez de tutela está habilitado para emitir fallos extra y ultra petita[66], la Sala estudiará si a partir de los hechos expuestos la negativa de celebrar un contrato con los representantes de la menor de edad, sin expresar razones para el efecto, configura una vulneración del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, en sus facetas de continuidad y acceso a los servicios de salud, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. 37. Planteamiento de los problemas jurídicos. Una vez determinada la procedencia de la presente acción y delimitado el caso, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿Vulneró la EPS Sanitas los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la salud de Victoria por la eventual falta de continuidad en el Programa de Hospitalización Domiciliaria? ¿Vulneró Colsanitas- Medicina Prepagada los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, el derecho a la salud -en sus facetas de continuidad y accesibilidad- así como los derechos a la igualdad y no discriminación de una menor de edad al cancelar unilateralmente el contrato que la cubría por mora y luego negarse a afiliarla a un plan de medicina prepagada en salud, alegando el principio de la autonomía de la voluntad privada? 38. Metodología de decisión. Para resolver los problemas jurídicos referidos esta Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, en sus facetas de continuidad y acceso a los servicios de salud, en especial respecto de quienes padecen de cáncer, así como el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Seguidamente, se pronunciará sobre: (ii) la naturaleza jurídica de los planes adicionales de salud, el contrato de medicina prepagada y los límites del principio de autonomía de la voluntad privada. Y con base en el análisis anterior, procederá a (iii) resolver el caso concreto. 6. Derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, en sus facetas de continuidad y acceso a los servicios de salud, en especial respecto de quienes padecen de cáncer, así como el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. 39. La Carta Política en su artículo 49 dispone que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Por su parte, el artículo 44 establece que “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (…)” y consagra la prevalencia de estos frente a los derechos de los demás. 40. Al respecto, esta Corte, en la Sentencia C-313 de 2014, señaló que “[e]ste predominio se justifica, entre otras razones, por la imposibilidad para estos sujetos de participar en el debate democrático, dado que sus derechos políticos requieren para su habilitación de la mayoría de edad. Esta consideración de los derechos del niño, igualmente encuentra asidero en el principio rector del interés superior del niño, el cual, ha sido reconocido en la Convención de los derechos del niño, cuyo artículo 3, en su párrafo 1, preceptúa que en todas las medidas concernientes a los niños, se debe atender el interés superior de estos (…)”. 41. Como se indicó, la Corte Constitucional ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional[67], lo cual implica que la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de “asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”[68]. En este sentido, se ha considerado que si los prestadores de servicios de salud no orientan su actuación a la protección prioritaria de salud de un niño y con ello ponen en riesgo o vulneran sus derechos, no solo van en contra de la Constitución, sino también de las normas de derecho internacional aplicables a la materia[69]. 42. En concordancia con la anterior, la garantía del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes se ve reforzada por el marco previsto en el ordenamiento jurídico. La Ley Estatutaria de Salud - Ley 1751 de 2015 reconoce que la atención de esta población gozará de especial protección por parte del Estado y prevé la obligación para este último de implementar medidas concretas y específicas en aras de garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes[70]. 43. De manera más específica, el legislador también ha previsto medidas de protección para determinadas condiciones de salud, como el cáncer. Así, la Ley 2360 de 2024[71], que modificó y adicionó la Ley 1384 de 2010[72], también reconoce como sujetos de especial protección constitucional a quienes tengan sospecha o sean son diagnosticados con cáncer. Asimismo, la Ley 2026 de 2020[73] establece que la atención a niños con cáncer deberá prestarse de manera integral, preferente y continua. De igual forma, esta corporación ha reiterado la protección especial constitucional para las personas con cáncer [74], dado que su tratamiento “no puede sujetarse a dilaciones injustificadas ni prestarse de forma incompleta”[75]. 44. En este contexto, son relevantes los principios de continuidad del servicio de salud y de accesibilidad. Sobre la continuidad, el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015 establece que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Así, una vez inicia la prestación del servicio, este no puede interrumpirse por razones de índole administrativo o económico, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional como los son las niñas, los niños y los adolescentes. 45. Sobre este principio, la Corte Constitucional ha reiterado que las razones de carácter económico o administrativo no constituyen una justificación válida para negar, suspender o interrumpir la prestación del servicio de salud, incluso cuando la suspensión del servicio no resulte arbitraria o intempestiva[76]. Asimismo, dado que las empresas de medicina prepagada participan en la prestación del servicio público de salud, se encuentran sujetas al principio de continuidad, por lo que los servicios adicionales de salud que ofrecen también deben garantizarse de manera ininterrumpida y oportuna[77]. 46. Bajo esta línea, la Corte ha precisado que no solo en los eventos en que la suspensión del servicio ocasione la muerte, el deterioro de la salud o la afectación de la integridad física permite calificar que la prestación del servicio es necesaria. Este tribunal también ha reconocido que existen situaciones “que desmejorar inmediata y gravemente las condiciones de una vida digna” [78], lo que da lugar a ordenar la continuidad del servicio. 47. Ahora, en relación con el principio de accesibilidad, la Ley Estatutaria de Salud prevé que “los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural”[79]. 48. Conforme a lo reconocido por esta corporación, la accesibilidad comprende cuatro dimensiones: (i) la no discriminación, (ii) la accesibilidad física, (iii) la accesibilidad económica (asequibilidad) y (iv) el acceso a la información[80]. Para los efectos de la presente providencia, adquiere especial relevancia el análisis de la dimensión de no discriminación, la cual será analizada a propósito del análisis de los principios de igualdad y no discriminación. 49. De acuerdo con la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, la dimensión de no discriminación supone que “los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos”[81]. 50. En este mismo sentido, es importante resaltar que en materia de salud esta corporación ha reconocido que el derecho a la igualdad desde su triple rol de valor, principio y derecho puede ser alegado en cualquier trato diferenciado y aplicado en distintos ámbitos o quehaceres del ser humano. Asimismo, en lo que corresponde a la igualdad de trato, comporta dos supuestos de hecho: “(i) el de dar un mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no haya razones suficientes para darles un trato diferente; y (ii) el de dar un trato desigual a supuestos de hecho diferentes”[82]. 51. Bajo dicho marco, esta Corte también ha reconocido que del artículo 13 de la Constitución Política se derivan una serie de mandatos entre ellos, la prohibición de discriminación, “previsión que dispone que las actuaciones del Estado y los particulares no deban, prima facie, prodigar tratos desiguales a partir de criterios definidos como “sospechosos” [83], referidos -entre otros- a motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”[84]. 52. En desarrollo de lo anterior, esta corporación ha precisado que los actos discriminatorios son aquellas conductas o actitudes que pretenden “consciente o inconscientemente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que traen como resultado la violación de sus derechos fundamentales”[85]. Los actos discriminatorios requieren además del trato desigual, que dicha actitud sea injustificada[86]. 53. Asimismo, ha señalado la jurisprudencia que el uso de criterios sospechosos para establecer diferencias de trato genera la presunción de discriminación y vulneración del derecho a la ig...