Sentencia T-076 de 2026

T-076-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-076/26 DERECHO A LA EDUCACIÓN-Fundamental que garantiza el debido proceso en trámites disciplinarios en instituciones educativas (...) se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Santiago, pues se impuso una sanción disciplinaria materializada en una calificación numérica final de 1.0 en el componente actitudinal sin que esté acreditado, con soportes institucionales verificables, que se hubiera adelantado el procedimiento mínimo exigido por el Manual de Convivencia y por las garantías que rigen las medidas escolares con efectos disciplinarios. DEBIDO PROCESO-Procedimiento adecuado en institución educativa (...) la calificación del componente actitudinal, en sí misma, no constituye una sanción disciplinaria ni activa automáticamente un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, cuando dicha calificación se utiliza como vehículo para materializar una consecuencia negativa derivada de un reproche actitudinal, como ocurrió en este caso, pierde su carácter evaluativo y adquiere naturaleza materialmente sancionatoria. En ese escenario, no resulta jurídicamente admisible sustraerla de las garantías propias del debido proceso bajo la sola invocación de su carácter pedagógico. PRINCIPIO DEL RESPETO A LAS OPINIONES DEL NIÑO-Alcance/INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Obligación de adoptar medidas para promover el bienestar de los niños DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Proporcionalidad en la sanción DERECHO DE PETICIÓN-Vulneración por falta de respuesta oportuna y de fondo DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Procedencia de la acción de tutela para su protección/DERECHO DE PETICIÓN-Protección mediante acción de tutela HECHO SUPERADO-Caso en que no se configuró INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Concepto/INTERES SUPERIOR DEL NIÑO-Triple dimensión INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Protección constitucional e internacional DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Concepto DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Aplicación en el ámbito escolar DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia MANUAL DE CONVIVENCIA-Naturaleza MANUAL DE CONVIVENCIA-Límites legales y constitucionales CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia sobre ámbito de aplicación del debido proceso (...) cuando una medida escolar afecta derechos, el estándar de debido proceso no se atenúa por tratarse de un entorno educativo, sino que se fortalece como condición indispensable para proteger la dignidad, la igualdad y el desarrollo integral del estudiante. PROCESO EDUCATIVO-Evaluación del alumno DERECHO A LA EDUCACIÓN-Contenido, desarrollo jurisprudencial y naturaleza DERECHO A LA EDUCACIÓN-Componentes DERECHO A LA EDUCACIÓN-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad DERECHO A LA EDUCACIÓN-Deberes de la Institución educativa AUTONOMIA DE INSTITUCION EDUCATIVA-Alcance DERECHO A LA EDUCACION DE JOVEN HIPERACTIVO-Responsabilidad DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE JOVENES O NIÑOS HIPERACTIVOS O CON DEFICIT DE ATENCION-Jurisprudencia constitucional AUTONOMIA DEL PROFESOR-Límites ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION-Desarrollo normativo ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION-Obligaciones DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA-Implica que el sistema educativo se adapte a las necesidades especiales o dificultades de aprendizaje del estudiante, al igual que responda a las distintas categorías del enfoque diferencial REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera de Revisión SENTENCIA T –076 DE 2026 Referencia: expediente T- 11.379.434 Asunto: acción de tutela interpuesta por Iván en representación de su hijo Santiago en contra del Colegio Azul y la docente Fabiola Magistrada sustanciadora: Natalia Ángel Cabo. Bogotá D.C., 9 de abril de 2026. La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y por los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Esta providencia se dicta en el proceso de revisión de los fallos proferidos en primera instancia por el Juzgado (A) Civil Municipal de Bogotá y en segunda instancia por el Juzgado (C) Civil del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Iván en representación de su hijo Santiago, en contra del Colegio Azul y la docente Fabiola. Aclaración Previa Dado que este proceso involucra la situación de un niño y aspectos sensibles de su vida, la Sala Primera reservará la identidad de las partes y de aquellos datos que permitan identificarlas[1]. Para ello se reemplazarán sus nombres reales. En consecuencia, se suscribirán dos providencias. La primera, que será comunicada a las partes del proceso, incluirá los nombres reales. La segunda, que será publicada por la relatoría de la Corte Constitucional, tendrá nombres y lugares ficticios. Síntesis de la Decisión La Corte estudió el caso de Santiago, un adolescente de sexto grado que tiene el sueño de poder estudiar algún día en “una universidad muy, muy, muy buena… por ejemplo, en Barcelona o en otro país”. En sede de revisión, la Sala le dio un lugar central a su voz, lo invitó a participar y Santiago lo hizo activamente, contando con sus propias palabras cómo vivió la valoración actitudinal y el impacto que tuvo en su vida escolar. Y así llegó Santiago a la justicia constitucional, buscando que su historia no quedara reducida a una cifra ni a una lectura apresurada de su comportamiento. El 1 de abril de 2025, Santiago recibió una calificación de 1.0 en el componente actitudinal de Pensamiento Lógico Matemático. Su padre pidió al Colegio Azul la explicación detallada de los criterios y soportes que justificaban esa valoración y solicitó activar las instancias internas de revisión. Ante la falta de una respuesta clara y verificable, acudió a la acción de tutela. En primera instancia, el Juzgado (A) Civil Municipal de Bogotá amparó el derecho de petición, pero consideró improcedentes los cargos relativos al debido proceso y a la educación, señalando que debían agotarse primero las rutas previstas en el Manual de Convivencia. El Juzgado (C) Civil del Circuito de Bogotá confirmó esa decisión. En sede de revisión, la Corte advirtió que este no era simplemente un desacuerdo escolar, sino la historia de un estudiante cuya trayectoria podía verse condicionada por una calificación utilizada como sanción. La Sala entendió que detrás del 1.0 había un niño que buscaba ser escuchado, una familia que pedía reglas claras y una institución llamada a actuar con especial cuidado cuando sus decisiones inciden en el aprendizaje y la confianza del estudiante. Por lo anterior, la Sala examinó si la medida se impuso respetando el debido proceso y el derecho a la educación o si, por el contrario, se emplearon mecanismos que, bajo una apariencia pedagógica, terminaron produciendo efectos sancionatorios sin las garantías correspondientes. Para resolver el caso, la Corte analizó el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). Identificó que el Manual autoriza que determinadas conductas puedan reflejarse en la calificación del componente actitudinal, pero exige que toda consecuencia disciplinaria expresada como nota esté precedida de un procedimiento claro, documentado y con participación del estudiante. A su vez, el SIEE establece que la evaluación debe ser un proceso formativo, objetivo, verificable y susceptible de revisión, con criterios previamente definidos y mecanismos institucionales que permitan comprender y controvertir las valoraciones asignadas. Con ese marco, la Sala constató que no existía ningún soporte institucional que permitiera reconstruir el trámite previo a la calificación. No se identificaron criterios previamente definidos ni reglas claras que explicaran cómo determinadas conductas daban lugar a la reducción de puntos, ni se aportaron registros que permitieran verificar el proceso evaluativo o activar los mecanismos de revisión. Si bien la docente indicó que el sistema de “pérdida de puntos” había sido explicado al inicio del año, no obra evidencia escrita que permita constatar su contenido ni sus condiciones de aplicación. Adicionalmente, las conductas que daban lugar a la reducción de la nota no fueron precisadas de manera clara ni exhaustiva, lo que convirtió el mecanismo en un esquema indeterminado, difícil de controlar y de controvertir. La Corte concluyó que, aunque no toda calificación del comportamiento activa un procedimiento disciplinario, cuando se utiliza para imponer una consecuencia negativa derivada de un reproche conductual, como ocurrió en este caso, adquiere una naturaleza materialmente sancionatoria y queda sometida a las garantías del debido proceso. En este caso, la calificación funcionó como una sanción impuesta sin reglas claras, sin trazabilidad y sin un espacio real de contradicción, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso. La Corte también analizó el derecho a la educación, en particular su dimensión de adaptabilidad. La Sala observó que, pese a que el colegio contaba con información relevante sobre dificultades de atención y comportamiento del estudiante, no adoptó medidas pedagógicas flexibles ni ajustó su respuesta para mitigar los efectos adversos que la calificación estaba generando en su proceso formativo. En lugar de ello, el colegio mantuvo un esquema rígido que desvirtuó la finalidad formativa de la convivencia escolar. A partir de este análisis, la Corte revocó parcialmente las decisiones de instancia, declaró que se vulneraron los derechos de Santiago al debido proceso y a la educación y confirmó la vulneración del derecho de petición. La Corte ordenó activar un trámite interno de revisión de la calificación que garantice espacios reales de escucha y contradicción para el estudiante y su acudiente, y dispuso que la Secretaría de Educación acompañe y haga seguimiento a su cumplimiento. Como reflexión final, la sentencia recuerda que la convivencia escolar requiere diálogo, claridad y apoyo, y no castigos encubiertos. Ninguna nota debería pesar más que la posibilidad de aprender, y ninguna sanción debería imponerse de un modo que apague la voz del estudiante y cierre caminos que apenas empiezan. I. ANTECEDENTES 1. El 1 de abril de 2025, Santiago, estudiante de sexto grado (curso 601) del Colegio Azul y quien actualmente tiene 12 años de edad, recibió una calificación de 1.0 en el componente de comportamiento del área de Pensamiento Lógico Matemático por parte de la docente Fabiola, lo que incidió en que su nota final para el periodo fuera de 3.49[2]. 2. El 7 de abril, el padre del estudiante el señor Iván solicitó por correo electrónico a la docente (con copia a coordinación y rectoría del colegio) información sobre el plan de aula, los criterios específicos de evaluación, las evidencias que sustentaran la nota y pidió que se adelantara una reunión con la coordinación académica, de convivencia y orientación[3]. 3. El 20 de abril de 2025, la docente respondió por correo electrónico, indicando que ciertos comportamientos (llamados de atención, retardos, uso del celular, no portar correctamente el uniforme, entre otros) afectarían la calificación con descuentos de “5 puntos por cada falta”[4]; no obstante, la respuesta no precisó hechos concretos ni soportes individualizados referidos específicamente a Santiago[5]. 4. El 21 de abril de 2025, el señor Iván remitió una comunicación, manifestando que el correo electrónico del 20 de abril no atendía de manera concreta las inquietudes, insistiendo en la necesidad de un informe individualizado, con fechas, contextos y evidencia objetiva que justificara la calificación, y solicitando una reunión con directivos para aclarar el proceso[6]. 5. En ausencia de una respuesta, el 21 de mayo de 2025, el señor Iván, en representación de Santiago, interpuso acción de tutela en contra del Colegio Azul y la docente Fabiola, alegando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y de petición, y solicitando, entre otras medidas, la entrega de un informe detallado e individualizado del proceso evaluativo y la revisión de la calificación [7]. 6. El 22 de mayo de 2025, la docente remitió respuesta donde citó al acudiente a una reunión presencial para el 26 de mayo. 1.2. Respuesta a la acción de tutela 7. El 26 de mayo de 2025, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá[8] respondió a la acción de tutela en representación del Colegio Azul[9]. La entidad sostuvo que no existió vulneración a los derechos fundamentales del estudiante, pues verificó que tanto el Colegio Azul como su respectiva dirección local actuaron dentro de sus competencias, brindaron acompañamiento al menor de edad y dieron respuesta a las comunicaciones enviadas por el padre. En particular, la entidad indicó que no existía registro de la petición radicada por el accionante ante la Dirección Local, que la docente Fabiola remitió respuestas escritas los días 20 de abril y 22 de mayo de 2025; que el estudiante continuó asistiendo normalmente a clases y que se elaboró una ficha pedagógica con estrategias de aula diseñadas para atender el potencial diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (en adelante “TDAH”) de Santiago[10]. 8. Al respecto la Secretaría adjuntó una comunicación del 19 de mayo, remitida por la orientadora de secundaria donde le informaba al rector que el 7 de abril de 2025, la madre de Santiago solicitó por correo una citación para tratar asuntos relacionados con el estudiante[11]. La reunión se programó para el 11 de abril de 2025, fecha en la cual la acudiente presentó un soporte médico que incluía resultados de una valoración neuropsicológica elaborada el 5 y 23 de abril de 2024. Dicho informe registraba un coeficiente intelectual dentro del promedio alto, explicaba que la hipótesis de TDAH seguía en estudio y recomendaba una revaloración posterior a un periodo de más de 12 meses[12]. Asimismo, la Secretaría precisó que el Manual de Convivencia contempla rutas internas para la revisión de calificaciones que no fueron agotadas por el acudiente[13]. Por estas razones, la Secretaría solicitó “declarar improcedente” la acción de tutela. 1.3. Fallo de primera instancia 9. El Juzgado (A) Civil Municipal de Bogotá con sentencia del 5 de junio de 2025 amparó el derecho fundamental de petición del accionante, al comprobar que la respuesta brindada por la docente fue general y no cumplió con los criterios de claridad, precisión y especificidad exigidas por el artículo 23 de la Constitución y la Ley 1755 de 2015[14]. La jueza señaló que la institución debió entregar una respuesta de fondo y acompañada de los soportes solicitados por el accionante[15]. Sin embargo, el juzgado declaró improcedente la tutela respecto a los derechos al debido proceso y a la educación por tratarse de asuntos que debían tramitarse por los mecanismos internos previstos en el manual de convivencia del colegio[16]. 1.4. Impugnación 10. El 12 de junio de 2025, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que el fallo desconoció las pruebas que evidenciaban que el Colegio Azul incurrió en silencio administrativo al no responder oportunamente las solicitudes presentadas antes de la tutela y se abstuvo de adelantar las actuaciones requeridas[17]. Además, el señor Iván señaló que agotó el conducto regular, mediante correos dirigidos a la docente, la coordinación y la rectoría, sin obtener respuesta efectiva, e indicó que las reuniones convocadas por el colegio ocurrieron después de la interposición de la acción de tutela, como una reacción defensiva y no como parte de un verdadero proceso interno[18]. Así, el accionante pidió que el juez de segunda instancia se pronunciara expresamente sobre la vulneración de los derechos al debido proceso y a la educación, los cuales, a su juicio, fueron indebidamente desestimados en la primera decisión[19]. 1.5. Fallo de segunda instancia 11. El 9 de julio de 2025, el Juzgado (C) Civil del Circuito de Bogotá confirmó en su totalidad el fallo impugnado. A su juicio, el colegio no desconoció los derechos al debido proceso ni a la educación del estudiante[20] porque, aunque el accionante sí activó parcialmente el conducto regular al presentar sus solicitudes a la docente responsable, no agotó las demás instancias internas previstas en el Manual de Convivencia, como la coordinación de convivencia, el comité y el consejo directivo[21]. 1.6. Actuaciones en sede de revisión 12. Este expediente fue seleccionado para revisión mediante el Auto del 30 de septiembre de 2025 por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de 2025[22]. El 15 de octubre de 2025, el asunto fue asignado por reparto a la magistrada Natalia Ángel Cabo para su conocimiento y trámite. 13. Mediante Auto del 18 de noviembre de 2025[23], la magistrada sustanciadora decretó la práctica de pruebas, informó a Santiago sobre el trámite de tutela mediante una grabación en la que, en lenguaje accesible, se explicó la naturaleza del proceso, la importancia de su voz y las formas en que podía expresar su experiencia, y le remitió la herramienta lúdica y pedagógica ConstituCuentos junto con un formato de consentimiento informado para ser diligenciado por sus padres. Asimismo, la magistrada ordenó al Colegio Azul responder requerimientos específicos sobre el Manual de Convivencia, los criterios de evaluación del comportamiento, los mecanismos internos para reclamar calificaciones, los protocolos de atención a estudiantes con TDAH, entre otros. Adicionalmente, la magistrada requirió a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, al Ministerio de Educación Nacional y a la Defensoría del Pueblo remitir información sobre lineamientos y prácticas en materia de debido proceso escolar, evaluación del comportamiento, atención pedagógica de estudiantes con TDAH y tratamiento de datos sensibles en el contexto educativo. 14. Con Auto del 9 de febrero de 2026[24], la Sala Primera de Revisión decidió vincular a la docente Fabiola al trámite de revisión para que se pronunciara sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela y aportara la información que estimara relevante. En la misma decisión, se ordenó la suspensión de los términos por dos (2) meses con el fin de recaudar información probatoria relevante para el caso. 15. En la siguiente tabla se presenta una reseña con los principales puntos de respuesta allegados a la Corte en virtud de los requerimientos probatorios formulados. Tabla 1. Respuesta del auto de pruebas del 19 de noviembre de 2025 Santiago[25] Santiago informó, mediante una grabación, los hechos que vivió durante el periodo académico. El niño señaló que la docente de Matemáticas aplicaba un sistema de reducción de puntos por conductas que consideraba inadecuadas, como levantarse del puesto o hablar sin autorización. Según su relato, el método de “pérdida de puntos” únicamente fue explicado al final del periodo y después de que sus padres conversaran con la docente. Santiago relató que incluso cuando intentaba ayudar a un compañero, la docente le llamaba la atención y le descontaba puntos. En sus palabras, “yo terminaba y iba a ayudar a un amigo y me regañaba, me bajaba puntos”. El niño explicó que esta situación afectó la percepción que sus compañeros tenían sobre su desempeño escolar y lo hizo sentir aislado. Sobre este punto manifestó que “ya nadie quería estar conmigo porque veían que yo tenía muy malas notas”, a pesar de que sus calificaciones reales en el componente cognitivo oscilaban entre 4.4 y 5.0. Santiago indicó que el componente actitudinal lo perjudicó de manera decisiva y expresó que “el actitudinal me bajó mucho al caso de perder”. El niño afirmó que, con el tiempo, la docente lo “tomó entre ojos”, hasta el punto de responsabilizarlo por situaciones ajenas. Como ejemplo, Santiago mencionó que recibió una anotación el día en que no asistió al colegio. El niño, al dirigirse a la Corte, sostuvo que la docente tenía actos que hacían sentir mal a los estudiantes con bajo desempeño, como ponerlos al frente del salón y mostrar sus notas públicamente. Santiago indicó que estas prácticas también lo afectaron emocionalmente. Por esta razón, pidió que el resultado del proceso fuera equilibrado y razonable y expresó que “me gustaría que pasara lo más justo, que gane el que es el más justo”. El niño expresó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en su futuro académico, textualmente indicó: “si yo quiero unirme a una universidad muy, muy, muy buena, por ejemplo, en Barcelona o en otro país, esas notas no me podrían ayudar”. Finalmente, Santiago afirmó que prácticas como señalar a estudiantes frente al grupo o disminuir de manera excesiva la nota actitudinal no deberían repetirse, especialmente cuando un niño tiene un buen rendimiento académico. Iván En su respuesta, el padre del niño indicó varias circunstancias que, a su juicio, configuraron la vulneración de los derechos fundamentales de su hijo. Primero, explicó que el 1.º de abril de 2025 se publicó en Google Classroom una calificación de 1.0 en el componente actitudinal sin criterios previamente informados, sin alertas ni registros institucionales que sustentaran una medida de esa naturaleza. Segundo, señaló que la docente no realizó llamados de atención, citaciones ni anotaciones en el observador, y que la calificación se basó en conductas menores que no habían sido documentadas ni acompañadas por medidas pedagógicas previas. Tercero, indicó que solicitó aclaraciones mediante Classroom, correos electrónicos y un derecho de petición, pero que las respuestas fueron imprecisas y no atendieron de fondo lo solicitado, lo que lo llevó a presentar la tutela. Cuarto, relató que el 11 de abril de 2025 entregaron al colegio un informe médico que daba cuenta de un proceso de revaloración por posible TDAH, y sostuvo que la institución ya conocía antecedentes clínicos relevantes del menor. Para sustentarlo, anexó el correo enviado el 3 de febrero de 2025 a la coordinación del colegio, en el que la madre solicitó un cambio de curso e informó que Santiago había sido diagnosticado desde los diez meses de edad con apnea–hipoapnea del sueño severa y que, como consecuencia de esa condición, se encontraba en proceso de estudio y seguimiento por un posible diagnóstico de TDAH[26]. Quinto, expuso que solo después de la presentación de la tutela la docente convocó una reunión en la que presentó una planilla manual de “puntos negativos” que no hacía parte del sistema oficial de evaluación, no había sido divulgada previamente y carecía de soporte verificable. Sexto, añadió que en esa reunión la docente reconoció que el menor no cometía faltas graves y reiteró que estaba en proceso de revaloración por posible TDAH. Finalmente, afirmó que, aun cuando Santiago había superado un plan de mejoramiento académico —en el cual obtuvo 4.8—, la institución no realizó un plan de mejoramiento en comportamiento, ni activó rutas de apoyo ni efectuó seguimientos acordes con sus antecedentes médicos, ni implementó ajustes razonables, afectando su proceso educativo[27]. Ministerio de Educación[28] El 25 de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional explicó que la evaluación del comportamiento y de la convivencia escolar debía enmarcarse en los criterios y orientaciones previstos en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1075 de 2015. La entidad indicó que estas normas otorgaban autonomía a las instituciones educativas para definir su Proyecto Educativo Institucional, su Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y sus criterios de valoración, siempre que estos fueran claros, previamente socializados y orientados por un enfoque formativo. La entidad señaló que la evaluación del comportamiento no podía adoptar una naturaleza punitiva ni convertirse en una asignatura calificada numéricamente, porque correspondía a un componente cualitativo que debía respetar el desarrollo, la dignidad y la subjetividad del estudiante, y cuyo propósito central consistía en acompañar y fortalecer los procesos educativos. En relación con los estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Ministerio indicó que de acuerdo con el Decreto 1421 de 2017 es necesaria la implementación de ajustes razonables, de estrategias de flexibilización curricular, del enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje, incluso en ausencia de diagnósticos médicos, cuando se evidencian barreras en el aprendizaje o en la participación. El Ministerio enfatizó que estos apoyos no podían supeditarse a la presentación periódica de valoraciones neuropsicológicas y recordó que la jurisprudencia constitucional había reiterado la obligación de adoptar medidas de prevención y de protección frente al riesgo de acoso escolar hacia estudiantes con TDAH. La entidad añadió que expidió orientaciones técnicas para la implementación del Decreto 1421 que precisaban los elementos de la valoración pedagógica, la construcción del PIAR y la responsabilidad conjunta de familias y docentes en el seguimiento. En cuanto al manejo de información médica, psicológica o psicopedagógica, el Ministerio explicó que estos datos tenían la naturaleza de reservados de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y señaló que el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) operaba bajo estrictos estándares de confidencialidad. Finalmente, el Ministerio indicó que contaba con lineamientos institucionales sobre tratamiento de datos personales y con orientaciones pedagógicas —incluida la Directiva 01 de 2022— destinadas a garantizar que las instituciones protegieran la intimidad y la dignidad de los estudiantes al gestionar información relacionada con diagnósticos o procesos de apoyo psicopedagógico. Defensoría del Pueblo[29] La Defensoría del Pueblo identificó un total de 67 registros relacionados con presuntas vulneraciones al derecho al debido proceso y a las garantías judiciales de niños y niñas desde el año 2021, de acuerdo con la información consolidada por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y el Sistema de Información Misional Visión Web. Adicionalmente, la entidad precisó que durante el año 2025 la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez gestionó 10 casos relacionados con el derecho a la educación, acoso escolar, convivencia escolar y presunta e inadecuada activación de rutas de atención, algunos de los cuales podrían involucrar eventuales afectaciones al debido proceso en escenarios educativos. En el plano normativo, la Defensoría reiteró que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes conforme al artículo 44 de la Constitución, que el derecho a la educación es un derecho fundamental autónomo estrechamente ligado a la dignidad humana y a la igualdad, y que todo proceso disciplinario en establecimientos educativos debe respetar estrictamente las garantías del debido proceso, incluida la comunicación formal de los cargos, el derecho de defensa, la motivación de las decisiones y la participación efectiva del menor, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional. 16. El Colegio Azul y la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, pese a haber sido debidamente requeridos dentro del trámite correspondiente, no remitieron respuesta alguna ni aportaron la información solicitada. Tabla 3. Respuesta del auto del 9 de febrero de 2025 Docente Fabiola[30] En su respuesta, la docente Fabiola sostuvo que no se configuró vulneración de derechos fundamentales y estructuró su defensa a partir del funcionamiento del sistema de evaluación, las conductas del estudiante y las actuaciones institucionales. Primero, en relación con el debido proceso, explicó que la evaluación se realizó conforme al SIEE, el cual “concibe la evaluación como un proceso formativo, integral, continuo y objetivo” y que “no es sancionatoria, sino pedagógica” . En particular, la docente señaló que “al inicio de cada periodo todos los estudiantes cuentan con una valoración base de 50 puntos, la cual deben mantener mediante el cumplimiento de normas básicas de convivencia”. Fabiola indicó que “cada incumplimiento de estas normas implica una disminución de -5 puntos” y que antes de aplicar el descuento “el estudiante recibe previamente al menos dos advertencias… si persiste… en el tercer llamado se realiza la anotación correspondiente y se aplica el descuento” . La docente añadió que el estudiante presentó “más de 15 llamados de atención”, lo que llevó a que obtuviera “una valoración de 10 en el componente actitudinal”, equivalente al mínimo permitido. Segundo, la docente señaló que el estudiante presentó conductas reiteradas que afectaban el desarrollo de la clase, tales como “retardos especialmente al regresar tarde al salón después del descanso por permanecer jugando fútbol”, así como “permanecer fuera de su puesto interrumpiendo la dinámica de la clase, emitir gritos sin justificación… y participar constantemente en juegos con algunos compañeros” . De igual forma la docente, precisó que estas situaciones “no fueron registradas en el observador, dado que corresponden a situaciones propias de la cotidianidad del aula”, especialmente en estudiantes de sexto grado en proceso de adaptación. Tercero, respecto del derecho de petición y el debido proceso institucional, Fabiola sostuvo que sí se brindaron respuestas al acudiente del niño mediante correos y reuniones, y que existían mecanismos formales de reclamación que no fueron agotados. Indicó que el padre no siguió el conducto regular y en cambio optó por interponer una acción de tutela. Cuarto, la docente afirmó que no se afectó el derecho a la educación ya que el estudiante “asistió de manera normal a las clases, participó de las actividades” y posteriormente mostró un “proceso progresivo de mejoramiento académico”, pasando de 3.4 en el primer periodo a resultados superiores en los siguientes. Quinto, en relación con el enfoque diferencial y la alegada condición de TDAH, la docente sostuvo que al momento en que se realizó la evaluación del primer periodo la institución no contaba con información formal que permitiera identificar al estudiante como sujeto de atención diferencial. La docente explicó además que los soportes médicos fueron allegados con posterioridad —específicamente en abril de 2025—, por lo que cualquier medida de acompañamiento o ajuste pedagógico solo podía activarse desde ese momento, razón por la cual “las acciones orientadas a un posible enfoque diferencial fueron posteriores a los resultados académicos”. Finalmente, la docente concluyó que su actuación se ajustó al SIEE, respondió a criterios pedagógicos previamente establecidos y no configuró vulneración de derechos fundamentales. II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia 17. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 18. El artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991[31] y la jurisprudencia constitucional establecen que la procedencia de la acción de tutela se satisface con la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) legitimación en la causa por activa[32]; (ii) legitimación en la causa por pasiva[33]; (iii) inmediatez[34], y (iv) subsidiariedad[35]. A continuación, se analiza el cumplimiento de los mencionados requisitos en el caso concreto: Tabla 4. Análisis de los requisitos de procedibilidad Requisito Acreditación Legitimación en la causa por activa Se cumple. El señor Iván interpuso la acción de tutela como representante legal de su hijo Santiago, con el fin de proteger sus derechos fundamentales. Legitimación en la causa por pasiva Se cumple. La legitimación en la causa por pasiva se encuentra acreditada en el presente caso, en tanto la acción de tutela se dirigió contra el Colegio Azul, institución de carácter público encargada de la prestación del servicio educativo a Santiago, y contra la docente Fabiola, a quienes el accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales. La institución educativa, en su condición de prestadora de un servicio público, tiene a su cargo la garantía del derecho a la educación, mientras que la docente actuó en el marco de sus funciones como docente y encargada de dar cumplimiento al Manual de convivencia. En este contexto, la Corte Constitucional ha señalado que las instituciones educativas y su personal docente conforman una unidad institucional[36], de modo que las actuaciones de la persona jurídica se materializan a través de las conductas de sus directivos y docentes[37]. Además, con oficio del 26 de mayo de 2025, la Secretaría de Educación informó que ejercería la representación legal de la institución educativa el Colegio Azul. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estimó pertinente vincular a la docente accionada en sede de revisión, con el fin de garantizar plenamente su derecho de defensa y contradicción. Esto, dado que la acción de tutela fue dirigida de manera expresa también contra la docente y considerando que a ella se le atribuyen algunos de los hechos que habrían vulnerado los derechos fundamentales invocados. Inmediatez Se cumple. La acción de tutela fue interpuesta dentro de un plazo razonable. El padre de Santiago elevó su primer reclamo a la docente el 7 de abril, obtuvo respuesta el 20 de abril y, al día siguiente, solicitó formalmente las pruebas que sustentaban la calificación. Ante la falta de respuesta, interpuso la tutela el 21 de mayo del 2025. Subsidiariedad Se cumple. La Sala analiza la posible vulneración de los derechos al debido proceso y a la educación de un adolescente, y la posible vulneración del derecho de petición. En atención a la especial protección constitucional de los menores de edad y a la exigibilidad inmediata del derecho a la educación, la ausencia de un medio ordinario eficaz para brindar una protección oportuna conduce a que la tutela proceda como mecanismo principal. En ese sentido, la jurisprudencia ha precisado que las acciones dirigidas a salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen prevalencia y deben evaluarse bajo un estándar de eficacia real de los mecanismos ordinarios[38]. Además, conforme a la Sentencia T-230 de 2020, cuando lo que se cuestiona es la vulneración del derecho de petición, la tutela constituye el mecanismo idóneo y eficaz para su protección, al no existir en el ordenamiento jurídico otra vía que permita obtener su amparo inmediato. La Secretaría de Educación y la docente sostuvieron que el acudiente no agotó el conducto regular previsto en el Manual de Convivencia y en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), respectivamente. No obstante, al examinar dichos instrumentos, la Sala advierte, en primer lugar, que el Manual de Convivencia no regula ni contiene disposiciones específicas sobre el procedimiento para controvertir o solicitar la revisión de calificaciones académicas[39]. En segundo lugar, el SIEE sí prevé un esquema de reclamación estructurado bajo la figura del “conducto regular”, el cual exige la presentación de reclamos de forma verbal o escrita y establece una secuencia de instancias que inicia con el docente, continúa con la dirección de curso, la coordinación académica y, eventualmente, el Consejo Académico y la rectoría[40]. Sin embargo, la Sala advierte que este procedimiento no establece plazos, etapas claras ni criterios de decisión que aseguren una respuesta oportuna y de fondo. En este caso, la actuación institucional no fue oportuna. El acudiente formuló su solicitud inicial el 7 de abril de 2025 y aunque la docente emitió una respuesta el 20 de abril, esta no respondió las inquietudes planteadas ni aportó soportes individualizados. Posteriormente, el 21 de abril el acudiente insistió en su solicitud sin obtener una respuesta de fondo, y solo hasta el 22 de mayo se le citó a una reunión para el 26 de mayo. Es decir, más de seis semanas después del requerimiento inicial y cuando la acción de tutela ya había sido interpuesta el 21 de mayo. Así, se evidencia que los canales previstos no ofrecieron una respuesta eficaz y oportuna frente a la situación planteada. En ese contexto, no resulta exigible al acudiente agotar instancias cuya operatividad y oportunidad no se acreditan de manera suficiente, pues la sola existencia formal de un “conducto regular” no satisface el estándar constitucional de idoneidad y eficacia. La jurisprudencia constitucional ha señalado que los mecanismos ordinarios deben ser no solo existentes, sino materialmente aptos para brindar una protección oportuna y efectiva de los derechos fundamentales. Así, cuando estos no cumplen con tales condiciones, la acción de tutela procede como mecanismo principal. 2.2 Problemas jurídicos y estructura de la decisión 19. El señor Iván en representación de su hijo Santiago, afirmó que el Colegio Azul y la docente del área de Pensamiento Lógico Matemático vulneraron los derechos al debido proceso, a la educación y de petición al imponer la calificación de 1.0 en el componente actitudinal de la materia mencionada, mediante un sistema de “descuento de puntos” no previsto en el Sistema Institucional de Evaluación ni en el Manual de Convivencia, sin criterios previamente conocidos, sin soportes verificables y sin activar de manera efectiva las rutas internas de revisión. 20. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá sostuvo que en el caso no se configuró vulneración de derechos fundamentales. La entidad afirmó que el Colegio Azul y la Dirección Local correspondiente actuaron dentro de sus competencias, brindaron acompañamiento al estudiante, realizaron seguimiento desde orientación escolar, programaron una reunión formal y elaboraron una ficha pedagógica relacionada con su potencial diagnóstico de TDAH. Los jueces que estudiaron la acción de tutela ampararon el derecho de petición sin analizar el posible desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la educación. 21. En consecuencia, a través de esta decisión se resolverán los siguientes problemas jurídicos: ¿Vulnera una institución educativa el derecho al debido proceso de un estudiante al imponer una calificación en el componente actitudinal, sin demostrar que dicha calificación se ajustó a los procedimientos internos y a lo provisto en el Manual de Convivencia? ¿vulnera la institución educativa el derecho fundamental a la educación de un estudiante cuando aplica una evaluación del componente actitudinal que produce consecuencias académicas relevantes sin considerar sus necesidades particulares y sin adoptar medidas de flexibilización para garantizar su participación y aprendizaje? 22. Para resolver estos problemas, después de evacuar la cuestión previa relacionada con la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, esta decisión seguirá el siguiente orden. En primer lugar, se hará referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes al principio del interés superior de la niñez y a su derecho a la participación. En segundo lugar, se examinará el derecho al debido proceso específicamente en el contexto escolar y en los sistemas de evaluación del comportamiento. En tercer lugar, se abordará el derecho a la educación, incluyendo sus dimensiones de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad y su impacto en los modelos de evaluación y convivencia en el entorno educativo. Finalmente, en cuarto lugar, se analizará el caso concreto. 2. 2 Cuestión Previa 23. De las pruebas obrantes en el expediente se advierte que Santiago adelantó un plan de mejoramiento académico en el área de Pensamiento Lógico Matemático, en el cual obtuvo una calificación de 4.8, por lo que se puede inferir que pudo recuperar la asignatura. En este escenario, corresponde analizar si dicho resultado configura la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del debate constitucional planteado. 24. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto tiene lugar cuando sobreviene una situación que torna inocuo el pronunciamiento del juez de tutela, al desaparecer o modificarse de manera sustancial las circunstancias que dieron lugar a la presunta vulneración de derechos fundamentales. La Corte ha precisado que esta figura comprende tres hipótesis: el hecho superado, el daño consumado y la situación sobreviniente[41]. 25. En particular, el hecho superado se configura cuando aquello que pretendía la persona mediante la acción de tutela se satisface antes del pronunciamiento judicial, como consecuencia de una actuación voluntaria de la parte accionada. Para su declaratoria, el juez debe verificar que: (i) las pretensiones de la tutela hayan sido plenamente cumplidas, y (ii) dicho cumplimiento derive de una actuación atribuible a la entidad demandada[42]. La sola modificación parcial de los hechos, la entrega incompleta de la información solicitada o la persistencia de efectos derivados de la presunta vulneración impiden la configuración del hecho superado. 26. En el caso concreto, si bien Santiago pudo haber recuperado su materia mediante el plan de mejoramiento académico, lo anterior no satisface las pretensiones del accionante ni elimina las circunstancias que originaron la acción de tutela. La calificación de 1.0 en el componente actitudinal se mantiene vigente, no ha sido objeto de revisión institucional, no cuenta con soportes individualizados y no fue acompañada de una respuesta clara y específica que permitiera comprender su fundamento. Además, el estudiante tuvo que asumir cargas adicionales —como adelantar el plan de mejoramiento— precisamente por la permanencia de esa calificación cuya justificación continúa sin esclarecerse. Del testimonio de Santiago se desprende, además, que el impacto de la actuación docente trascendió la calificación numérica, pues el sistema de descuentos aplicado, la exposición pública de resultados y el aislamiento generado entre sus compañeros produjeron afectaciones académicas, sociales y emocionales que impiden considerar agotado el objeto del proceso. 27. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura un hecho superado respecto del núcleo del debate constitucional. La recuperación académica de Santiago no implica que la entidad accionada haya satisfecho integralmente lo solicitado ni elimina los efectos negativos derivados de la valoración actitudinal. 2.3 Los niños y las niñas como sujetos de especial protección constitucional, la aplicación del principio del interés superior de la niñez y su derecho a la participación 28. El principio del interés superior ha sido entendido como un estándar constitucional que obliga a superar miradas centradas en los adultos y a adaptar los sistemas de justicia en favor de la niñez[43]. Este principio exige una mirada que sitúe a las niñas, los niños y los adolescentes en el centro del análisis. 29. Desde la Declaración de 1959 y, luego en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el interés superior fue concebido como un mandato destinado a impedir decisiones marcadas por percepciones adultas que desconocen la realidad concreta de las niñas, niños y adolescentes. Estos instrumentos establecen que toda medida que afecte a niñas, niños y adolescentes debe orientarse hacia aquello que, en términos sustantivos, maximice su desarrollo, su bienestar y su dignidad. 30. El ordenamiento constitucional colombiano acogió plenamente esta visión. El artículo 44 de la Constitución reconoce la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y asigna obligaciones específicas a la familia, la sociedad y el Estado para garantizar su desarrollo integral. La Ley 1098 de 2006 no se limita a reiterar este mandato, sino que le otorga un alcance concreto. Por ejemplo, el artículo 6 ordena aplicar siempre la alternativa normativa más favorable al interés superior y el artículo 9 dispone que, frente a cualquier decisión que los afecte, los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben prevalecer como parámetro de interpretación, valoración y ejecución, incluso por encima de los intereses de otras personas. 31. Ahora bien, el interés superior de la niñez es un concepto complejo del que se desprenden diversas consecuencias jurídicas. Así, según el Comité de los Derechos del Niño, el interés superior de la niñez tiene una triple naturaleza: Tabla 5. Dimensiones del concepto de interés superior de la niñez Derecho Esta dimensión implica reconocer el concepto como el derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a que su interés superior sea considerado y se tenga en cuenta como elemento primordial en la toma de cualquier decisión que les afecte[44]. Principio Como principio, el interés superior del niño exige que, ante una disposición jurídica que admite más de una interpretación, se aplique aquella que garantiza de mejor manera la efectividad del interés superior de la niñez y sus derechos[45]. Norma de procedimiento En esta dimensión, el concepto implica que, siempre que se deba adoptar una decisión que afecte a niños, niñas o adolescentes se deben estimar las implicaciones (positivas y negativas) que la decisión tiene para ellos. Igualmente, la justificación de las decisiones debe mostrar que se tuvieron en cuenta los impactos que la medida tiene para los niños y por qué la decisión adoptada es la que garantiza de mejor manera su interés superior[46]. (Tabla extraída de la Sentencia T-232 de 2025) 32. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el interés superior del niño opera como un criterio de decisión general y determinó algunos criterios que deben ser considerados por los operadores jurídicos con el propósito de darle aplicación en casos particulares para: (i) garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes; (ii) asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos; (iii) protegerlos de riesgos prohibidos; (iv) equilibrar sus derechos y los derechos de sus familiares, teniendo en cuenta que si se altera dicho equilibrio, debe adoptarse la decisión que mejor satisfaga los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (v) garantizar un ambiente familiar apto para su desarrollo; (vi) justificar claramente la intervención del Estado en las relaciones familiares, y (vii) evitar cambios desfavorables en las condiciones de las o los niños involucrados[47]. Esto quiere decir que, la aplicación del principio de interés superior no funciona como una referencia abstracta, sino como el eje que orienta el método de revisión constitucional. 33. Ahora bien, en este contexto, el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes tiene especial relevancia. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 12 reconoce el derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los y las afecten, en particular, en los procedimientos judiciales o administrativos[48]. Dicha intervención puede realizarse de manera directa, y así lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño, siempre que se pueda[49]. El Comité denomina a este acto como uno de participación por cuanto busca forjar un intercambio sincero y horizontal de información. Por su parte, el Código de Infancia y Adolescencia prevé que en “toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta”[50]. 34. El derecho a la participación se proyecta también en el derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a la justicia[51]. Ambos derechos comparten la finalidad de asegurar que su voz sea reconocida y que las decisiones que los afectan se adopten con su participación efectiva[52]. La Corte Constitucional ha avanzado en acercar la justicia constitucional a la niñez[53]. Para este Tribunal, el acceso de los niños y niñas a la justicia requiere la adaptación de los sistemas judiciales a los niños, a su nivel de desarrollo y a sus necesidades particulares, a través de procedimientos comprensibles, entornos seguros, lenguaje adecuado y espacios reales para intervenir son condiciones indispensables para que su participación sea efectiva y no simbólica[54]. 35. Este mandato implica que, en sede de tutela, el juez puede promover espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes en los casos en los que resulten afectados por la decisión adoptada y garantizando que no se genere acción con daño. Cuando optan por hacerlo, la justicia constitucional debe reconocerlos como sujetos, no como receptores pasivos de decisiones ajenas de manera que deben ser incluidos en el proceso como actores capaces de aportar información relevante, expresar desacuerdos y contribuir a la comprensión del caso. 36. Hacer de la justicia un espacio verdaderamente accesible para la niñez significa asumir que escuchar a los niños no es un gesto, sino una obligación jurídica que fortalece la legitimidad y la calidad de las decisiones judiciales. Su opinión no sustituye la responsabilidad del juez, pero sí es un componente indispensable para construir decisiones que respondan a los efectos reales que las medidas pueden generar en su vida, en su desarrollo y en su dignidad. 37. Con base en lo expuesto, es posible sostener que el interés superior de la niñez es un estándar constitucional que obliga a superar miradas centradas en los adultos y a situar a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las decisiones que los afectan, priorizando su desarrollo, bienestar y dignidad. En el ordenamiento colombiano, este principio opera como derecho, principio y norma de procedimiento, y se articula con el derecho a la participación y al acceso a la justicia, que exige escucharlos de manera efectiva y adaptar los procedimientos para reconocerlos como sujetos activos en las decisiones que los involucran. 2.4 El derecho al debido proceso en el contexto escolar 38. El debido proceso es una garantía estructural del orden constitucional colombiano. El artículo 29 de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a un procedimiento ajustado a la legalidad, adelantado por autoridad competente y orientado por la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Este derecho comprende la posibilidad real de ser escuchado, la facultad de presentar y controvertir pruebas, el acceso a recursos que permitan la revisión integral de la decisión y la exclusión de cualquier prueba obtenida en desconocimiento de las garantías fundamentales. Estas exigencias se integran al bloque de constitucionalidad a través de tratados internacionales que imponen estándares reforzados cuando la decisión afecta a niños, niñas y adolescentes, quienes por su situación de desarrollo dependen especialmente de la protección contra la arbitrariedad. 39. La Corte Constitucional aplica de manera consistente las garantías del debido proceso a decisiones escolares que producen efectos disciplinarios o comprometen la trayectoria educativa del estudiante[55]. En la Sentencia T-094 de 2025, este Tribunal precisó que la reglamentación disciplinaria debe prever, como mínimo, la comunicación formal de la apertura del proceso, la formulación clara y precisa de los cargos con indicación de las normas presuntamente infringidas y su calificación provisional, el traslado íntegro de las pruebas, la concesión de un término para ejercer el derecho de defensa y contradicción, la adopción de una decisión motivada y congruente por la autoridad competente, la imposición de sanciones proporcionales y la posibilidad de controvertir las decisiones mediante los recursos correspondientes[56]. La omisión de cualquiera de estas garantías configura una vulneración del derecho fundamental al debido proceso y puede dar lugar a la inaplicación del reglamento disciplinario por inconstitucionalidad. 40. En el contexto escolar, las garantías del debido proceso se concretan a través de los instrumentos normativos mediante los cuales las instituciones educativas ejercen su potestad disciplinaria. En particular, los manuales de convivencia constituyen el marco regulatorio que define las reglas de comportamiento, los procedimientos aplicables y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, razón por la cual su contenido y aplicación resultan determinantes para evaluar la conformidad constitucional de las decisiones disciplinarias adoptadas en el ámbito educativo[57]. 41. En este sentido, la jurisprudencia constitucional reconoce que los manuales de convivencia cumplen una triple función: (i) operan como contratos de adhesión; (ii) establecen las reglas mínimas de convivencia escolar y (iii) expresan los valores, principios y acuerdos de la comunidad educativa[58]. No obstante, la facultad de las instituciones para definir su contenido no es absoluta, pues se encuentra sujeta a los límites impuestos por la Constitución y la ley. En particular, el derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución se aplica de manera íntegra a los trámites disciplinarios adelantados por instituciones educativas públicas y privadas, lo que exige que sus garantías se reflejen tanto en el diseño de los reglamentos como en la forma en que dichas entidades ejercen su potestad disciplinaria[59]. 42. La Corte reconoce que los procedimientos disciplinarios escolares no deben replicar de manera estricta las reglas del proceso penal, dado que su finalidad no es sancionatoria sino esencialmente pedagógica y formativa. En este marco, el principio de proporcionalidad adquiere una relevancia central en el ejercicio de la potestad sancionatoria de las instituciones educativas, especialmente cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes[60]. Para este Tribunal, si bien los establecimientos pueden imponer sanciones para preservar la convivencia y la disciplina, estas deben estar orientadas a fines pedagógicos y no pueden implicar restricciones arbitrarias al derecho a la educación ni conducir a la desescolarización del estudiante[61]. 43. Desde esta perspectiva, la proporcionalidad exige evaluar el grado de reproche atribuible al alumno atendiendo, entre otros criterios, su edad y nivel de madurez, el contexto de la conducta, sus condiciones personales y familiares, la existencia de medidas preventivas al interior del colegio, los efectos que la sanción puede generar sobre su trayectoria educativa y la obligación estatal de garantizar su permanencia en el sistema educativo[62]. En consecuencia, las medidas disciplinarias deben articularse con los fines formativos de la institución y ajustarse a la especial protección constitucional que ampara a los niños, niñas y adolescentes. 33. En este marco, se puede afirmar que bajo la jurisprudencia constitucional toda medida adoptada como sanción disciplinaria, con independencia de su denominación o tipificación, se encuentra sujeta al cumplimiento de garantías mínimas del debido proceso, como límite necesario al ejercicio de la potestad sancionatoria de las instituciones educativas. 34. Esta perspectiva encuentra respaldo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha afirmado que toda medida adoptada por instituciones educativas que afecte el acceso, permanencia o beneficios educativos debe observar reglas claras, no ser arbitraria y garantizar instancias mínimas de defensa. Así lo sostuvo la Corte Interamericana en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador al declarar que la exclusión escolar por razones de salud sin un procedimiento justo violó el derecho a la educación y la igualdad[63] y la CIDH en sus Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria subrayó que las decisiones institucionales deben estar fundadas en criterios objetivos y garantizar el debido proceso[64]. 35. Esta visión se alinea también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en casos como Campbell and Cosans v. United Kingdom de 1982[65] y Ali v. United Kingdom de 2015[66] ha sostenido que las instituciones educativas deben actuar conforme a reglas claras, evitar arbitrariedad y garantizar instancias mínimas de defensa cuando una medida tiene naturaleza sancionatoria o afecta el acceso, la permanencia o los beneficios educativos. Otros tribunales han adoptado criterios similares. Por ejemplo, en Canadá, cortes regionales han señalado que las decisiones disciplinarias escolares requieren equidad procedimental cuando generan consecuencias significativas[67]. En España, el Tribunal Supremo ha reiterado que cualquier corrección disciplinaria que pueda incidir en el expediente académico exige audiencia previa y motivación suficiente[68]. Estos ejemplos permiten resaltar que cuando una medida escolar afecta derechos, el estándar de debido proceso no se atenúa por tratarse de un entorno educativo, sino que se fortalece para evitar la arbitrariedad. 36. La experiencia comparada confirma la importancia de esta regla. En Italia, la legislación sobre evaluación del comportamiento (en particular la Ley 169 de 2008, el d.P.R. 122 de 2009 y el D.M. 5 de 2009) prevé que el voto de conducta, atribuido colegiadamente por el consiglio di classe, concurra a la evaluación global del estudiante y, cuando es inferior a seis décimos, pueda determinar su no admisión al año siguiente o al examen final[69]. Sobre esta base, la jurisprudencia administrativa ha sostenido que dicho voto adquiere también una dimensión sancionatoria y, por tanto, debe ser adoptado mediante deliberación colegiada, estar adecuadamente motivado, fundarse en hechos comprobables y respetar las garantías mínimas de defensa. Así lo reiteró, por un lado, el Tribunal administrativo regional de Campania (TAR Campania, sede de Nápoles), Sección Cuarta, al examinar un 7/10 en conducta impuesto a raíz de episodios de acoso a través de...