Sentencia C-250 de 2025

C-250-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-250/25 DECRETO LEGISLATIVO EXPEDIDO EN DESARROLLO DEL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO-Inexequible DECRETO LEGISLATIVO EXPEDIDO EN DESARROLLO DEL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO-No cumple el requisito formal que exige la firma del Presidente y de todos los ministros El Decreto 136 de 2025 no cumplió la condición relativa a la debida suscripción de las firmas. Dos de los funcionarios que concurrieron a firmarlo no ostentaban la condición de ministros en la fecha de su expedición y publicación, esto es, el 5 de febrero de 2025. Tal circunstancia impone declarar su incompatibilidad con la Constitución. ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR-Alcance ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR-Requisitos de orden formal SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD-Efectos inmediatos En esta oportunidad la Corte encuentra que se impone seguir la regla general y, en esa dirección, la decisión de inexequibilidad tendrá efectos inmediatos y hacia el futuro. No obstante, en atención a que la regulación examinada implica la apropiación y ejecución de recursos públicos, resulta relevante precisar las consecuencias específicas de esta decisión. Bajo esa perspectiva la Corte advierte (i) que todo cambio de destinación o modificación presupuestal que todavía no haya sido comprometida deberá ser reincorporada a la destinación inicialmente prevista. De ello se sigue (ii) que las entidades del orden territorial podrán continuar la ejecución de los contratos que hayan sido celebrados y cuya ejecución se encuentre en curso al momento de la notificación de esta sentencia, bajo la condición de que guarden una relación clara, objetiva y verificable con los fines autorizados por la Sentencia C-148 de 2025. Si tales condiciones no se cumplen (iii) las entidades del orden territorial deberán proceder, conforme con la normativa vigente, a la terminación anticipada o liquidación concertada de los contratos, procurando la protección del interés general, la estabilidad institucional y los derechos adquiridos de buena fe. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-250 de 2025 Referencia: expediente RE-376. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 136 del 5 de febrero de 2025, “Por el cual se establecen medidas relacionadas con el Sistema General de Participaciones, para impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público en el marco del Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinticinco (2025) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el numeral 7 del artículo 241 y el numeral 6º del artículo 214 de la Constitución Política, una vez cumplidos los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Síntesis de la decisión Le correspondió a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 136 de fecha 5 de febrero de 2025, expedido por el presidente de la República invocando para ello las facultades previstas en el artículo 213 de la Constitución, cumplía las condiciones formales y materiales de validez previstas en la Carta Política y en la Ley 137 de 1994. La Sala encontró que la lectura conjunta de los artículos del decreto examinado y de las consideraciones invocadas para su expedición, permitía concluir que a pesar de que su texto no enunciaba de manera específica los supuestos que condujeron a la Corte a declarar la exequibilidad parcial del Decreto 062 de 2025, podía constatarse una relación directa con la decisión adoptada en la sentencia C-148 de 2025. A juicio de este tribunal, los fines a cuya consecución deben dirigirse los recursos de propósito general a los que se refiere el decreto, se encuentran enlazados con las materias que fueron precisadas por la Corte en la referida providencia. La Corte estableció, siguiendo la razón de la decisión contenida en la sentencia C-207 de 2025, que para el 5 de febrero de 2025 la competencia prevista en los artículos 213 y 214.1 de la Constitución Política para suscribir los decretos legislativos de desarrollo y asumir la responsabilidad que de ello se deriva, según lo prescrito en el artículo 214.5, se encontraba radicada en la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas, y en la Ministra encargada del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ana María Zambrano Solarte. A pesar de ello tales funcionarias no suscribieron el decreto. Para la Corte dicha deficiencia implicaba la inconstitucionalidad del Decreto 136 de 2025 debido al incumplimiento de una de las condiciones constitucionales para su existencia. La Corte declaró la inexequibilidad el Decreto Legislativo 136 del 5 de febrero de 2025 y le confirió a esa decisión efectos inmediatos y hacia el futuro. Señaló que, teniendo en cuenta que la regulación examinada implicaba la apropiación y ejecución de recursos públicos, resultaba relevante precisar las consecuencias específicas de la decisión. Bajo esa perspectiva la Corte advirtió (i) que todo cambio de destinación o modificación presupuestal que todavía no haya sido comprometida deberá ser reincorporada a la destinación inicialmente prevista. De ello se sigue, destacó, (ii) que las entidades del orden territorial podrán continuar la ejecución de los contratos que hayan sido celebrados y cuya ejecución se encuentre en curso al momento de la notificación de esta sentencia, bajo la condición de que guarden una relación clara, objetiva y verificable con los fines autorizados por la Sentencia C-148 de 2025. Si tales condiciones no se cumplen, (iii) las entidades del orden territorial deberán proceder, conforme con la normativa vigente, a la terminación anticipada o liquidación concertada de los contratos, procurando la protección del interés general, la estabilidad institucional y los derechos adquiridos de buena fe. I. ANTECEDENTES 1. El Gobierno Nacional, invocando las facultades previstas en el artículo 213 de la Constitución Política, expidió el Decreto 062 del 24 de enero del año en curso, por medio del cual declaró el estado de conmoción interior, por el término de 90 días, “en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. 2. En desarrollo de lo anterior, expidió el Decreto Legislativo 136 del 5 de febrero de 2025 “Por el cual se establecen medidas relacionadas con el Sistema General de Participaciones, para impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público en el marco del Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. 3. El 6 de febrero de 2025 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 136 del 5 de febrero de 2025. A su vez, por reparto realizado en sesión virtual de la Sala Plena del día 6 de febrero de 2025, le correspondió al magistrado ponente el conocimiento del control de constitucionalidad del referido decreto de desarrollo. 4. Mediante Auto del 11 de febrero de 2025 el magistrado ponente asumió el conocimiento del decreto, comunicó el inicio del proceso de revisión a la Presidencia de la República y a los ministerios que conforman el Gobierno Nacional, decretó la práctica de pruebas, ordenó la oportuna fijación en lista e invitó a participar en el proceso a organizaciones, universidades y diferentes entidades. Adicionalmente dispuso el traslado al Procurador General de la Nación. 5. Posteriormente, en providencias de fecha 3 de marzo, 21 de marzo y 3 de abril de 2025, el magistrado ponente -después de evaluar las respuestas y medios de prueba recaudados- dispuso insistir en la remisión de la información solicitada, así como solicitar el envío de otros documentos relevantes para emprender el control de constitucionalidad. Luego de ello, mediante auto de fecha 9 de abril de 2025, ordenó continuar el trámite del asunto según lo previsto en la providencia que avocó conocimiento. II. TEXTO DEL DECRETO OBJETO DE REVISIÓN DECRETO 136 DE 2025 (febrero 05) Por el cual se establecen medidas relacionadas con el Sistema General de Participaciones, para impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público en el marco del Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, y CONSIDERANDO: Que el artículo 213 de la Constitución Política confiere al presidente de la República la facultad para decretar el Estado de Conmoción Interior en todo o en parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, pudiendo adoptar las medidas necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Que en desarrollo del artículo 213 de la Constitución Política y de conformidad con lo previsto en la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción -LEEE-, el Gobierno Nacional puede dictar Decretos Legislativos que contengan las medidas destinadas a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, siempre que: (i) se refieran a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Conmoción Interior; (ii) su finalidad esté encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos; (iii) sean necesarias para alcanzar los fines que motivaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior; (iv) guarden proporción o correspondencia con la gravedad de los hechos que se pretenden superar; (v) no entrañen discriminación alguna fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica; (vi) contengan motivación suficiente, a saber, que el Gobierno nacional presente razones suficientes para justificar las medidas; (vii) cuando se trate de medidas que suspendan leyes se expresen las razones por las cuales son incompatibles con el Estado de Conmoción Interior y (viii) no contener medidas que impliquen contradicción específica con la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia ni la Ley 137 de 1994. Que, de igual manera, en el marco de lo previsto en la Constitución Política, la LEEE y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo no pueden: (i) suspender o vulnerar los derechos y garantías fundamentales; (ii) interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado; (iii) suprimir ni modificar los organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento; y (iv) tampoco restringir aquellos derechos que no pueden ser restringidos ni siquiera durante los estados de excepción. Que mediante el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declaró el Estado de Conmoción Interior, por el término de 90 días, “en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. Que el Estado de Conmoción Interior fue decretado por el Gobierno nacional con el fin de conjurar la grave perturbación del orden público que de manera excepcional y extraordinaria se está viviendo en la región del Catatumbo -y cuyos efectos y consecuencias se proyectan sobre las demás zonas del territorio delimitadas en la declaratoria de Conmoción Interior- derivada de fuertes enfrentamientos armados entre grupos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente. Que en atención a la gravedad de la situación que se vive en la región del Catatumbo, excepcional y extraordinaria, caracterizada por el aumento inusitado de la violencia, una crisis humanitaria desbordada, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, el Gobierno nacional se ha visto obligado a la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como, garantizar el respeto de los derechos fundamentales, en dicha región, así como en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del César. Que el artículo 36 de la Ley 137 de 1994 establece que el Gobierno nacional podrá suspender las leyes incompatibles con el estado de Conmoción Interior. Por lo que, tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Es decir que, los decretos expedidos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado. Que el artículo 38 de la mencionada Ley 137 de 1994, señala las facultades que tendrá el Gobierno nacional para adoptar medidas durante los estados de conmoción interior. En particular, el literal II) de la mencionada norma permite al Gobierno nacional “[m]odificar el Presupuesto, de lo cual deberá rendir cuenta al Congreso en un plazo de cinco días para que este pueda derogar o modificar disposiciones según su competencia”. Que el artículo 45 de la Ley 137 de 1994 establece la garantía de los derechos de las entidades territoriales. Así, supone que los recursos o ingresos ordinarios pertenecientes a estas entidades no podrán afectarse durante la Conmoción Interior, salvo lo dispuesto por las normas constitucionales. No obstante, existe la posibilidad de constituir especiales controles en la administración de los recursos referidos. Que, mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, adoptado por la Ley 2294 de 2023, se diseñó, bajo el eje transformador de Seguridad Humana, la política pública de la Paz Total, entendida como la apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para la consolidación de una paz estable y duradera en todo el territorio nacional y, particularmente, en los territorios más afectados por el conflicto armado, como la región del Catatumbo. Que el Sistema General de Participaciones (SGP) está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la Ley. Que el artículo 3° de la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, define las participaciones del Sistema General de Participaciones, entre ellas la Participación de Propósito General. Que el artículo 4° de la Ley 715 de 2001, indica, que el monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 715 de 2001 y los parágrafos transitorios 2° y 3° del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007, se distribuirá entre las participaciones mencionadas en el artículo 3° de la Ley 715 de 2001, así: un 58,5% corresponderá a la participación para educación; un 24.5% corresponderá a la participación para salud; un 5.4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico; y un 11.6% corresponderá a la participación de propósito general. Que el artículo 77 de la Ley 715 de 2001 determina como beneficiarios de la Participación de Propósito General, a los municipios, distritos, y el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, conforme al artículo 310 de la Constitución Política. Que el artículo 78, de la Ley 715 de 2001 establece que los municipios clasificados en las categorías 4a, 5a y 6a, podrán destinar libremente, para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un cuarenta y dos por ciento (42%) de los recursos que perciban por la Participación de Propósito General. Que, asimismo, del total de los recursos de la Participación de Propósito General asignada a cada distrito o municipio, se debe descontar el monto de la destinación establecida para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, así como la asignación correspondiente a los municipios menores de 25.000 habitantes, definida en el inciso 3° del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007. Una vez restados dichos valores, tales entidades territoriales destinarán el ocho por ciento (8%) para deporte y recreación, el seis por ciento (6%) para cultura y el diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET. Los recursos restantes deben ser destinados a inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la ley. Que los recursos de la asignación de Propósito General, financian las inversiones que llevan a cabo las entidades territoriales en cumplimiento de las demás competencias que tienen estas entidades en materia de servicios públicos, vivienda, agropecuaria, transporte, ambiental, de centros de reclusión, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia restaurantes escolares y empleo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001. Que el Decreto Ley 28 de 2008 define “la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que ejecutan las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones (...)”. El artículo 7º de esta normativa, establece que el Departamento Nacional de Planeación es el responsable de la actividad de monitoreo y seguimiento de la asignación de Propósito General que se le realiza a las entidades territoriales. De igual manera, los departamentos acompañan esta estrategia integral en los municipios de su jurisdicción. Que se requiere que la destinación específica establecida en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 para la Participación de Propósito General sea modificada. con el objetivo de atender la crisis excepcional originada a partir de la Conmoción Interior que se declaró mediante el Decreto 062 del 24 de enero de 2025 y, con ello, poder solventar los recursos con los que cuentan las entidades territoriales, los cuales resultan insuficientes para impedir que los efectos derivados exclusivamente de esta situación se extiendan. Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-186 de 2020, afirmó que, con fundamento en la autonomía presupuestal, los gobernadores y alcaldes tienen la posibilidad de modificar y reasignar recursos de manera directa y expedita para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis, sin esperar la aprobación previa de los concejos y asambleas, y que tal facultad debe ser temporal, esto es, durante el período que dure el estado de excepción. Que, de conformidad con la sentencia anteriormente mencionada, los concejos municipales tienen la capacidad de ejercer un control posterior a través de los mecanismos legales pertinentes. En dicho pronunciamiento se indicó que la autorización para efectuar modificaciones presupuestales conferida a los mandatarios territoriales “no equivale a la total ausencia de controles. porque podrán activarse los judiciales, fiscales y disciplinarios correspondientes y, en el orden político, los que conciernen a asambleas y concejos, ya que las corporaciones territoriales de representación popular conservan la plenitud de sus competencias, sin perjuicio de las que en materia presupuestal el decreto objeto de control le atribuye a gobernadores y alcaldes”. Que mediante el Decreto Legislativo 062 de 2025 se declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, por el término de noventa (90) días, con el fin de atender la grave situación excepcional que se vive en la región, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, por lo que se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan impedir la extensión de los efectos derivados de tales circunstancias hacia el adecuado funcionamiento de las entidades del orden territorial afectadas. Que el mencionado Decreto de Conmoción Interior señala que “con el propósito de atender la situación descrita, se advierte que la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones (...) asignados para la presente vigencia fiscal al departamento de Norte de Santander, los municipios de Río de Oro y González del departamento del César, los que componen la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, está limitada por los requisitos, condiciones y procedimientos legales aplicables, por ejemplo, trámites de convocatoria, aprobación y distribución que impiden su uso inmediato”. Ante este presupuesto “es necesario adoptar medidas que faciliten el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (...) en el marco de los derroteros constitucionales vigentes”. Que dentro de las razones generales para la declaratoria del Estado de Conmoción Interior se incluyeron las siguientes: Que ante la necesidad de “proveer de recursos a las entidades del Estado que deben intervenir respecto de los actos que han dado lugar a la conmoción interior para impedir que se extiendan sus efectos” conforme a lo señalado en el Decreto 062 de 2025, se deben adoptar medidas extraordinarias que faciliten el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. En tal sentido, se habilitará el uso de los recursos de la participación de Propósito General sin las destinaciones señaladas en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001. Que resulta necesaria la expedición de este decreto legislativo al tratarse de una fuente de financiación específica, como lo es el Sistema General de Participaciones (SGP), en el que la Nación transfiere los recursos a las entidades territoriales con sujeción a lo dispuesto en los artículos 356 y 357 de la Constitución. Es por ello que, al ser el Propósito General una participación dentro del SGP, se requiere habilitar a las entidades territoriales a las que les es aplicable el Decreto 062 de 2025 para que puedan hacer uso de estos recursos, siempre y cuando correspondan a la vigencia en curso y a los saldos sin comprometer de vigencias anteriores; lo anterior, sin aplicar la destinación que el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 haya establecido para ello. En ese sentido, las entidades territoriales tendrán total libertad para poder destinar específicamente los recursos de Participación General del SGP, con la única finalidad de atender la Conmoción Interior declarada. Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, establece que las modificaciones en materia presupuestal deben ser tramitadas y aprobadas por el Congreso de la República. A su vez, el artículo 109 del mencionado Estatuto, indica que las entidades territoriales deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto al expedir las de su competencia. Por lo tanto, los estatutos presupuestales de las entidades territoriales actualmente establecen que las modificaciones presupuestales deberán ser tramitadas y aprobadas por las asambleas departamentales y los concejos municipales. Que, con el propósito de dar mayor capacidad de respuesta de las entidades territoriales enmarcadas en el Decreto 062 del 24 de enero de 2025 que declara la Conmoción interior, se hace necesario facultar a los mandatarios para que incorporen los recursos del balance del componente de SGP de Propósito General que no hayan sido comprometidos y destinar estos recursos únicamente para financiar las actividades pertinentes para atender la conmoción interior declarada, dentro de su jurisdicción. A su vez, autorizar a las entidades territoriales para que puedan modificar mediante el acto administrativo correspondiente el presupuesto de rentas y gastos, los planes de inversión y demás instrumentos que sean necesarios para superar la grave crisis humanitaria en la región. Que, en situaciones de anormalidad, es imperativo adoptar medidas urgentes para mitigar y evitar la expansión de los efectos derivados de la crisis de orden público. En este sentido, al habilitar la destinación de la Participación de Propósito General ya establecido para atender dichos efectos, es necesario facultar a los mandatarios de las entidades territoriales a las que les aplica el Decreto 062 de 2025 para realizar las modificaciones pertinentes a los planes expedidos de manera directa. Esto permitirá un acceso expedito a los recursos, sin necesidad de seguir el trámite ordinario ante los concejos municipales, el cual sería contraproducente para la atención del estado de excepción, en relación con lo dispuesto en la Sentencia C-186 de 2020. Que, dado el grado de gravedad de la perturbación en la región del Catatumbo, en los municipios del área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, es necesario tomar medidas extraordinarias, toda vez que esta situación supera las capacidades institucionales de manejo y acción de los mecanismos ordinarios previstos para evitar que los efectos derivados de la crisis de orden público se extiendan. En mérito de lo expuesto, y con el objetivo de impedir que se consolide la afectación de la estabilidad institucional, la seguridad de la región y la convivencia ciudadana que se ha visto agravada de forma inusitada e irresistible, el Gobierno nacional, DECRETA: Artículo 1º. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto adoptar medidas extraordinarias en materia del Sistema General de Participaciones (SGP), con el propósito de llevar a cabo las acciones pertinentes para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público que motivó la declaratoria del Estado de Conmoción Interior declarado mediante el Decreto 062 de 2025. Artículo 2º. Destinación extraordinaria de los recursos de la participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones. Las entidades territoriales a las que les es aplicable el Decreto 062 de 2025, podrán destinar libremente los recursos de la participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones (SGP), correspondientes a la vigencia en curso y a los que se encuentran sin comprometer de vigencias anteriores, con la única finalidad de llevar a cabo las acciones pertinentes para atender los hechos que motivaron la declaratoria de Conmoción Interior e impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público. Parágrafo 1. Para efectos de este artículo, se podrá cambiar la destinación de los recursos de Propósito General no ejecutados, no comprometidos en la vigencia 2024, esto es, los pertenecientes a recursos del balance; para lo cual, se autoriza a los alcaldes de los municipios amparados por la conmoción interior para incorporarlos directamente al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2025. Parágrafo 2. Para efectos de este artículo, se podrá cambiar la destinación de los recursos de Propósito General asignados a la actual vigencia, para lo cual se autoriza a los alcaldes de los municipios amparados por la conmoción interior para realizar las modificaciones al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2025, al Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2025 y demás instrumentos, únicamente en lo concerniente a las acciones en el marco del Decreto 062 de 2025. Artículo 3. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. Publíquese y cúmplase, Dado a 5 de febrero de 2025 Gustavo Petro Urrego El ministro del Interior. Juan Fernando Cristo Bustos La ministra de Relaciones Exteriores Laura Camila Sarabia Torres El ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Alejandro Guevara Castañeda La ministra de Justicia y del Derecho, Angela María Buitrago Ruíz El ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez El viceministro Desarrollo Rural del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las funciones del despacho de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Polivio Leandro Rosales Cadena El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez El viceministro de Empleo y Pensiones del ministerio del Trabajo encargado de las funciones del despacho de la ministra de Trabajo Iván Daniel Jaramillo Jassir El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández El ministro de Educación Nacional José Daniel Rojas Medellín La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible María Susana Muhamad González La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila El viceministro de Transformación Digital del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, encargado del empleo del despacho del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Belfor Fabio García Henao La subdirectora general de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, encargada del empleo del Despacho del ministro de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa Ulloa La ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos La ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación Angela Yesenia Olaya Requene La Ministra de Igualdad y Equidad Francia Elena Márquez Mina III. PRUEBAS 6. Teniendo en cuenta los diferentes medios de prueba aportados, en las tablas que se incluyen como anexo No. 1 al final de este documento, se sintetiza la información solicitada en cada una de las providencias, así como su ubicación en el expediente de acceso público. En cuanto ello se requiera para fundamentar la decisión de la Corte, se hará una referencia específica a su contenido. IV. INTERVENCIONES 7. A continuación, se sintetizan las intervenciones recibidas por la Corte en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuatro, cinco y seis del auto en el que avocó conocimiento. a) Intervenciones ciudadanas - Harold Eduardo Sua Montaña 8. El ciudadano interviniente no formuló una solicitud concreta en relación con la constitucionalidad del Decreto 136 de 2025. Sin embargo, advirtió que este pudo expedirse de manera irregular porque no era claro que el viceministro de Desarrollo Rural y el ministro de Comercio, Industria y Turismo ejercieran funciones ministeriales para la fecha en que suscribieron el decreto. Agregó que ese vicio podría subsanarse al comparar las constancias del día y la hora en que se firmó el Decreto 136 de 2025 con las constancias de la duración exacta de los encargos de las carteras ministeriales en cuestión. - Andrés Caro Borrero, en calidad de ciudadano y representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho 9. El ciudadano interviniente solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad del Decreto 136 de 2025, por los siguientes motivos. En primer lugar, afirmó que en el trámite de suscripción del decreto se incurrió en un vicio insubsanable, pues este no fue firmado por el presidente de la República y todos sus ministros. Al respecto, advirtió que el acto cuenta con la firma del viceministro de Desarrollo Rural Polivio Leandro Rosales Cadena en virtud del encargo que le fue otorgado y que estuvo vigente entre los días 2 y 4 de febrero de 2025. Sin embargo, para la fecha en que el decreto fue expedido y publicado -5 de febrero de 2025-, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural ya había retomado sus funciones y, por tanto, era ella quien debía suscribirlo. 10. En segundo lugar, el ciudadano argumentó que no se satisfacían los juicios de necesidad, proporcionalidad, motivación suficiente, incompatibilidad y conexidad material externa. Ello se debe, en general, a que no se justifica de qué manera las medidas contempladas en el Decreto 136 de 2025 y, en concreto, la flexibilización de la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones, contribuirían a afrontar la grave perturbación del orden público que motivó la declaratoria del estado de conmoción interior. Además, en la práctica, el decreto parece modificar el diseño constitucional del gasto público de las entidades territoriales para atender una problemática de carácter estructural, pues el Gobierno Nacional omitió explicar los motivos por los cuales las herramientas ordinarias resultan insuficientes para enfrentar el estado de conmoción interior. 11. Finalmente, destacó que la ejecución de las medidas a las que se refiere el Decreto 136 de 2025 podría comprometer el equilibrio institucional del Estado de Derecho y vulnerar los principios constitucionales de separación de poderes, planeación fiscal, transparencia y sostenibilidad macroeconómica. b) Intervenciones de autoridades públicas territoriales - Alcaldía Municipal de Ábrego 12. El ciudadano Robinson Verjel Ropero, invocando su condición de Secretario de Gobierno del Municipio de Ábrego, no formuló una solicitud concreta en relación con la constitucionalidad del Decreto 136 de 2025. Sin embargo, informó que la Alcaldía “no ha realizado modificaciones en el Presupuesto de Rentas y Gastos ni en el Plan Operativo Anual de Inversiones en el marco de dicho decreto, dado que, tras la evaluación correspondiente, se determinó que la situación administrativa y operativa de la entidad no requería la utilización extraordinaria de dichos recursos para contrarrestar la conmoción interior”[1]. - Alcaldía Municipal de González 13. La ciudadana Katherine Mora Rosado, invocando su condición de alcaldesa del municipio de González, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del Decreto 136 de 2025. Indicó que se ajusta a “los parámetros constitucionales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano (…) en atención a que la medida es proporcional y necesaria” y “busca impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público que motivó la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, al facilitar el acceso a los recursos del Sistema General de Participaciones, sin la necesidad de trámites adicionales que puedan retrasar la atención de la emergencia, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos en las zonas afectadas”[2]. c) Intervenciones de autoridades públicas nacionales - Defensoría del Pueblo 14. La ciudadana Mónica Alexandra Cruz Omaña, invocando su condición de Directora Nacional de Acciones y Recursos Judiciales de la Defensoría del Pueblo, solicitó a la Corte declarar inexequible el Decreto 136 de 2025 o, de manera subsidiaria, declararlo exequible “bajo el entendido que sus disposiciones deben garantizar que el flujo de recursos se destine con exclusividad a atender las necesidades y los derechos de las personas o grupos de personas afectados con la declaratoria de la conmoción interior y deben atenderse las normas que rigen la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones”[3]. 15. Sostuvo que se cumplían todos los requisitos formales para la expedición del Decreto 136 de 2025, pero que no ocurría lo mismo con los presupuestos materiales. En concreto, estimó que no se superaban los juicios de motivación suficiente, finalidad, necesidad y proporcionalidad. Al respecto, destacó que la amplitud y ambigüedad de las medidas contempladas en la norma objeto de revisión, daban cuenta de que el Gobierno Nacional no evaluó las necesidades específicas de las entidades territoriales y, por tanto, era incierto de qué manera dichas medidas se relacionaban directa y específicamente con la superación de la grave situación de orden público que se presenta en la región del Catatumbo. Agregó que la libre destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones podría afectar de manera grave e irreversible los derechos sociales y fundamentales protegidos con esos recursos, como el acceso al agua potable y el saneamiento básico. - Departamento Nacional de Planeación 16. La ciudadana Solunmty Campos Calderón, invocando su condición de apoderada del Departamento Nacional de Planeación, solicitó a la Corte declarar exequible el Decreto 136 de 2025. Indicó que este cumplía con todos los requisitos formales y materiales para su expedición, por lo que se ajustaba a la Constitución. Enfatizó en que las medidas allí contempladas eran necesarias, idóneas y razonables para garantizar una respuesta estatal oportuna a la grave situación de orden público que dio lugar a la declaratoria del estado de conmoción interior. En ese sentido, sostuvo que el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 establece una destinación específica de los recursos de propósito general del Sistema General de Participaciones, lo que impide atender de manera directa e inmediata las necesidades de la población en el marco del estado de excepción. 17. Igualmente, la ciudadana explicó que las medidas del Decreto 136 de 2025 se fundamentaban en el principio de autonomía territorial y no alteraban asignaciones presupuestales ni modificaban el ordenamiento jurídico ordinario en lo relativo a la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones entre las entidades territoriales. En concreto, dichas medidas solo resultan aplicables de manera temporal a los recursos de propósito general de la vigencia en curso y a los saldos no comprometidos de vigencias anteriores. Agregó que, en todo caso, las decisiones adoptadas por las entidades territoriales en cumplimiento del Decreto 136 de 2025 estarían sometidas al control posterior que ejerzan los concejos municipales y los órganos de control fiscal, judicial y disciplinario. V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 18. El procurador general de la Nación, mediante concepto recibido el día 12 de mayo de 2025, solicitó declarar inexequible el Decreto 136 de 2025 dado que no se cumplió la exigencia constitucional que impone que aquel se encuentre firmado por el presidente de la República y todos sus ministros. Expuso que ese requisito está contemplado tanto en la Constitución como en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, y tiene como propósito compensar la falta de deliberación democrática propia de las funciones legislativas que ejerce el presidente en el marco de tales estados. 19. En concreto, señaló que dos de los funcionarios que suscribieron el decreto carecían de competencia para ello. Por un lado, para la fecha de expedición del acto -el 5 de febrero de 2025- Luis Carlos Reyes Hernández no se encontraba en ejercicio del cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo, pues se le concedió un permiso remunerado y se encargó de las funciones de dicho empleo a la funcionaria Ana María Zambrano Solarte. Por otro lado, el encargo de Polivio Leandro Rosales Cadena como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, finalizó el 4 de febrero de 2025, de manera que la suscripción del Decreto 136 de 2025 correspondía a la ministra titular, Martha Viviana Carvajalino Villegas. 20. Destacó que, en caso de que tal razón no condujera a declarar la inexequibilidad, el decreto “es constitucional bajo el entendido de que el cambio en la destinación de los recursos de propósito general del SGP esté encaminado a atender la crisis, únicamente en lo que tiene que ver con la financiación de las medidas que resulten útiles para el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria, los derechos y garantías fundamentales de la población civil”[4]. Igualmente indicó que “en atención a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-448 de 2020, la exequibilidad de la facultad conferida a los alcaldes para realizar modificaciones al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2025, estará condicionada a la autorización del concejo municipal”[5]. 21. Al respecto, señaló que el Decreto 136 de 2025 superaba los presupuestos materiales exigidos por la Constitución, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia de esta Corporación. Específicamente, las medidas establecidas en el decreto están encaminadas a permitir a las entidades territoriales atender la crisis de orden público, fortalecer la Fuerza Pública y garantizar los derechos y las garantías fundamentales de la población civil. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia 22. La Corte Constitucional es competente para juzgar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 136 de 2025, en virtud de lo dispuesto en los artículos 214.6 y 241.7 de la Constitución. 2. Cuestión previa. El Decreto 136 de 2025 está comprendido por la exequibilidad parcial del Decreto 062 de 2025 declarada en la sentencia C-148 de 2025 23. Según se desprende de lo dispuesto en los artículos 241.7 y 242 de la Constitución, así como del Decreto 2067 de 1991, el control judicial de los decretos legislativos a cargo de este tribunal se caracteriza por ser automático, posterior, integral, participativo y definitivo. 24. Bajo esa perspectiva, le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 136 de fecha 5 de febrero de 2025, expedido por el presidente de la República, invocando para ello las facultades previstas en el artículo 213 de la Constitución, cumple las condiciones formales y materiales de validez allí establecidas y en la Ley 137 de 1994. 25. Conforme se sigue de la jurisprudencia reciente de este Tribunal, cuando al juzgar el decreto declaratorio de un estado de excepción, la Corte ha fijado una condición bajo la cual dicho decreto es exequible, antes de emprender el control de validez formal y material de los decretos de desarrollo, es necesario establecer si estos se encuentran comprendidos por dicha condición[6]. En caso de concluir que tal vínculo es inexistente, la Sala Plena debe declarar la inconstitucionalidad por consecuencia. Si no es así, corresponderá iniciar el escrutinio de validez aplicable. 26. La sentencia C-148 de 2025 declaró la exequibilidad parcial del Decreto 062 de 2025 por medio del cual el presidente de la República declaró el estado de conmoción interior, por el término de noventa (90) días, en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. Tal circunstancia impone a la Corte la obligación de establecer si el Decreto 136 de 2025 se encuentra comprendido por la condición allí fijada y, en caso positivo, proceder con el examen de validez a cargo de la Corte. 27. La decisión antes referida estableció que la exequibilidad del Decreto 062 de 2025, únicamente comprendía algunos de los hechos y de las medidas que el Gobierno Nacional había tomado en consideración al declarar la conmoción interior. Según la parte resolutiva de la sentencia su alcance es el siguiente: Sentencia C-148 de 2025 Hechos y consideraciones comprendidos por la declaratoria de exequibilidad parcial y condicionada 1. Intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y otros GAOr 2. Ataques y hostilidades dirigidos de forma indiscriminada contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC 3. Crisis humanitaria derivada de desplazamientos forzados -internos y transfronterizos- y confinamientos masivos que ha desbordado la capacidad institucional del Estado para atenderla. Medidas comprendidas por la declaratoria de exequibilidad parcial y condicionada Aquellas medidas que, relacionadas con los hechos y consideraciones declarados exequibles, sean necesarias para: 1. El fortalecimiento de la fuerza pública 2. La atención humanitaria 3. Los derechos y garantías fundamentales de la población civil 4. La financiación para esos propósitos específicos. Tabla 1. Hechos, consideraciones y medidas comprendidos por la declaratoria de exequibilidad parcial y condicionada del Decreto 062 de 2025. Sentencia C-148 de 2025 Hechos y consideraciones comprendidos por la declaratoria de inexequibilidad 1. Presencia histórica del ELN, los GAOr y GDO 2. Concentración de cultivos ilícitos 3. Deficiencias e incumplimientos en la implementación del PNIS 4. Necesidades básicas insatisfechas de la población por insuficiencia en la política social 5. Daños a la infraestructura energética y vial, así como las afectaciones a las operaciones del sector de hidrocarburos Tabla 2. Hechos y consideraciones comprendidos por la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 062 de 2025. 28. Con el propósito de establecer si el decreto de desarrollo bajo examen está comprendido por la exequibilidad parcial de la sentencia C-148 de 2025, la Sala caracterizará el Decreto 136 de 2025 con el fin de identificar su alcance (2.1). Luego de ello, establecerá si guarda relación o conexidad con los hechos comprendidos por la decisión de exequibilidad parcial y las medidas que allí fueron establecidas (2.2). 2.1. El objetivo y las medidas del Decreto 136 de 2025 29. El Decreto 136 de 2025 se encuentra integrado por tres disposiciones. El artículo 1º establece que tiene como fin la adopción de medidas extraordinarias en materia del Sistema General de Participaciones (SGP) a efectos de llevar a cabo las acciones pertinentes para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de los efectos, derivados de la situación de orden público que motivó la declaratoria del estado de conmoción interior. 30. Con fundamento en ello, el artículo 2º (i) habilita a las entidades territoriales comprendidas por el Decreto 062 de 2025, para destinar libremente los recursos de la participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones, que correspondan a la vigencia en curso y a los que se encuentren sin comprometer de vigencias anteriores. Esta competencia (ii) puede ejercerse con la exclusiva finalidad de llevar a cabo las acciones pertinentes para atender los hechos que motivaron la declaratoria de conmoción interior e impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público. En desarrollo de ello, el parágrafo primero (iii) permite cambiar la destinación de los recursos de propósito general no ejecutados y no comprometidos durante la vigencia 2024, al tiempo que autoriza a los alcaldes para incorporarlos directamente al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2025. Igualmente, el parágrafo 2º de la misma disposición (iv) permite el cambio de destinación de los recursos de propósito general asignados a la actual vigencia, habilitando a los alcaldes para realizar las modificaciones al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2025, al Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2025 y a los demás instrumentos en que ello se requiera, únicamente en lo concerniente a las acciones en el marco del Decreto 062 de 2025. Finalmente, el artículo 3º (v) establece la vigencia del decreto previendo que rige a partir de su publicación. 31. Según los considerandos del Decreto 136 de 2025, las medidas adoptadas tienen por objeto eliminar transitoriamente la restricción que, para la destinación de los recursos de propósito general, se encuentra establecida en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001. Tal como lo advierte la motivación del decreto, al referirse a la destinación que actualmente tienen tales recursos, de su monto total “se debe descontar el monto de la destinación establecida para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, así como la asignación correspondiente a los municipios menores de 25.000 habitantes, definida en el inciso 3º del artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007”, luego de lo cual “tales entidades territoriales destinarán el ocho por ciento (8%) para deporte y recreación, el seis por ciento (6%) para cultura y el diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET”. A su vez, precisa, “[l]os recursos restantes deben ser destinados a inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la ley”. De conformidad con ello, el objetivo del decreto de desarrollo consiste en eliminar transitoriamente la restricción fijada en el referido artículo 78 de la Ley 715 de 2021. 2.2. Las medidas previstas en el Decreto 136 de 2025 están comprendidas por la exequibilidad parcial declarada en la sentencia C-148 de 2025 32. El Decreto 136 de 2025, conforme se desprende de lo indicado, habilita el empleo de los recursos del sistema general de participaciones a fin de que los municipios emprendan “las acciones pertinentes para atender los hechos que motivaron la declaratoria de Conmoción Interior e impedir la extensión de los efectos derivados de la situación de orden público”. 33. Se trata de un objetivo relativamente genérico para cuya precisión resulta necesario apoyarse en las motivaciones del decreto. En esa dirección, allí se señala “[q]ue se requiere que la destinación específica establecida en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 para la Participación de Propósito General sea modificada con el objetivo de atender la crisis excepcional originada a partir de la Conmoción Interior” y ello, en particular, para “solventar los recursos con los que cuentan las entidades territoriales, los cuales resultan insuficientes para impedir que los efectos derivados exclusivamente de esta situación se extiendan”. Precisamente en tal sentido, las consideraciones señalan que, según el decreto que declaró la Conmoción Interior, “con el propósito de atender la situación descrita, se advierte que la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones (...) asignados para la presente vigencia fiscal al departamento de Norte de Santander, los municipios de Río de Oro y González del departamento del César, los que componen la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, está limitada por los requisitos, condiciones y procedimientos legales aplicables, por ejemplo, trámites de convocatoria, aprobación y distribución que impiden su uso inmediato”. Y, en consecuencia, “[a]nte este presupuesto es necesario adoptar medidas que faciliten el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (...) en el marco de los derroteros constitucionales vigentes”. 34. Con fundamento en esta premisa, el Decreto 136 de 2025 indica que se trata de una regulación necesaria “al tratarse de una fuente de financiación específica, como lo es el Sistema General de Participaciones (SGP), en el que la Nación transfiere los recursos a las entidades territoriales con sujeción a lo dispuesto en los artículos 356 y 357 de la Constitución”. Precisamente por ello “al ser el Propósito General una participación dentro del SGP, se requiere habilitar a las entidades territoriales a las que les es aplicable el Decreto 062 de 2025 para que puedan hacer uso de estos recursos, siempre y cuando correspondan a la vigencia en curso y a los saldos sin comprometer de vigencias anteriores”. Así las cosas, indica el Decreto, las entidades territoriales podrán destinar tales recursos “con la única finalidad de atender la Conmoción Interior declarada”. 35. La lectura conjunta de los artículos del decreto examinado y las consideraciones invocadas para su expedición permite concluir que, a pesar de no referir de manera específica los supuestos que condujeron a la Corte a declarar la exequibilidad parcial del Decreto 062 de 2025, existe una relación directa con la decisión adoptada por la Corte en la sentencia C-148 de 2025. En efecto, los fines a cuya consecución deben dirigirse los recursos de propósito general a los que se refiere el decreto, se encuentran enlazados con las materias que fueron precisadas por la Corte en la referida providencia. 36. De este modo, al integrar el Decreto 136 de 2025 con la decisión de la Corte, se puede concluir que su contenido no se encuentra afectado por la inconstitucionalidad por consecuencia, en tanto debe entenderse que la habilitación prevista se refiere exclusivamente a aquellas materias vinculadas con (i) la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y otros GAOr; (ii) los ataques y hostilidades dirigidos de forma indiscriminada contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC; y (iii) la crisis humanitaria derivada de desplazamientos forzados -internos y transfronterizos- y confinamientos masivos que ha desbordado la capacidad institucional del Estado para atenderla. Igualmente, esa lectura conjunta permite concluir que los recursos cuya apropiación y ejecución se autoriza deben destinarse por las autoridades territoriales para alcanzar los propósitos específicos establecidos en la sentencia C-148 de 2025, esto es, para financiar la atención humanitaria o la protección de los derechos y garantías fundamentales de la población civil. 37. De lo expuesto se desprende, en suma, que el Decreto 136 de 2025 no queda comprendido por la inconstitucionalidad por consecuencia. Su alcance general permite establecer, en las condiciones expuestas, el vínculo que lo conecta con el Decreto 062 de 2025 en aquello que fue declarado exequible por la Corte. 3. Los presupuestos formales para la expedición de los decretos legislativos y, en particular, el relativo a su debida suscripción 38. La jurisprudencia constitucional ha identificado los requisitos formales que deben cumplir los decretos legislativos. En esa dirección, ha establecido que la validez formal de tales instrumentos depende del cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) suscripción por el presidente de la República y todos sus ministros; (ii) expedición en desarrollo del estado de excepción y durante el término de su vigencia; y (iii) existencia de motivación. Asimismo (iv) en los casos en los cuales la declaratoria del estado de excepción haya comprendido únicamente determinado ámbito territorial, debe comprobarse que los decretos de desarrollo no lo excedan. 39. La primera de tales condiciones se encuentra prevista en los artículos 213 y 214.1 de la Constitución, así como en el artículo 34 de la Ley 137 de 1994. Se trata, como lo ha dicho la Corte, de un “requisito formal indispensable para predicar la existencia de una medida legislativa adoptada en el marco de un régimen normativo de excepción”[7]. Tal exigencia tiene importancia no solo porque contribuye a enfrentar las deficiencias deliberativas que el estado de excepción supone, sino también porque garantiza la responsabilidad jurídica y política del presidente de la República y de sus ministros en los casos previstos por la Constitución. 40. Refiriéndose a la primera dimensión, la Sala Plena ha sostenido “que su propósito es contrarrestar el déficit de deliberación democrática que caracteriza la expedición de los decretos legislativos, al tiempo que evitar la consolidación de facultades omnímodas en cabeza del presidente (…)”[8]. Según la Corte, ello es así “habida consideración de que en los estados de excepción se modifica transitoriamente la técnica de legitimidad que rige en épocas de normalidad”[9] dado que “primero se adopta la medida que se incorpora en un decreto legislativo y luego, por la vía de los controles político y jurídico (Congreso y Corte Constitucional), se busca el consenso democrático”[10]. 41. A su vez, sobre la segunda justificación de esta exigencia formal, la Corte ha indicado que ella “tiene que ver con la responsabilidad política del Gobierno Nacional en su conjunto, esto es, que el Presidente y sus ministros se hallen políticamente comprometidos no solo con el contenido de la declaratoria, sino también con el desenvolvimiento de las medidas legislativas vinculadas directa y específicamente con el estado de emergencia, ‘para deducir de ello las responsabilidades que la propia Constitución les asigna por la utilización de dicha situación exceptiva’ (…)”[11]. 42. La Corte encuentra que esta exigencia formal, además, asegura la cohesión del presidente con su gabinete ministerial, reforzando la unidad de dirección política y administrativa en el ejercicio del poder excepcional. Según se indicó, en contextos de conmoción interior, la firma de todos los ministros garantiza una deliberación interna robusta y un control horizontal dentro del Ejecutivo, lo cual impide que decisiones extraordinarias sean adoptadas de manera fragmentaria o unilateral. Esta exigencia también fortalece la legitimidad democrática de las medidas y permite su control posterior por parte del Congreso y de los órganos de control. 4. El Decreto Legislativo 136 de 2025 no cumplió el requisito de la debida suscripción por el presidente de la República y todos sus ministros 43. Teniendo en cuenta que el Decreto que ahora revisa la Corte es, desde el punto de vista de...