Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.

Una vez haya entrado en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, corresponderá a la Sala de Amnistía e Indulto resolver solicitudes de puesta en libertad de cualquier persona a la le alcancen los efectos de la amnistía o indulto. La resolución emitida de obligatorio cumplimiento forma inmediata por las autoridades competentes para ejecutar la puesta en libertad y contra la misma no cabrá recurso alguno. CAPiTULO V Efectos de la amnistía

l-?e.I"?""" de la amnistía. La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada la acción de 17 repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. En todo caso, lo dispuesto en este artículo no tendrá efectos sobre la acción de extinción de .dominio, ejercida por el Estado de conformidad con las normas vigentes, sobre bienes muebles o inmuebles apropiados de manera ilícita. En caso de que el bien inmueble afectado por la extinción de dominio sea propiedad del padre, madre, hermano o hermana o cónyuge del amnistiado y se hubiere destinado de forma prolongada y habitual desde su adquisición a su vivienda fami'liar, la carga de la prueba de la adquisición ilícita corresponderá al Estado. En el evento de que ya se hubiera extinguido el dominio sobre dicho inmueble antes de la entrada en vigor de esta ley y la decisión de extinción de dominio hubiere calificado el bien como adquirido con recursos provenientes de actividades de las FARC-EP, y el antiguo propietario declare bajo gravedad de juramento que el bien lo obtuvo con recursos lícitos, este podrá solicitar la revisión de la sentencia en la que se decretó la extinción de dominio, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito judicial competente según el lugar donde esté ubicado el inmueble o ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según el caso. Si la sentencia de revisión no ha sido proferida en el término de un año, deberá ser adoptada en dos meses con prelación a cualquier otro asunto. La solicitud de revisión podrá instarse en el término de dos años desde la entrada en vigor de esta ley. Toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un plenipotenciario que hubiere firmado el Acuerdo Final de Paz. Parágrafo. Si por los hechos o conductas objeto de las amnistías o indultos previstos en esta Ley hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, las amnistías o indultos previstas en esta ley las cobijarán; el funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. En caso de que esto último no ocurra en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el interesado podrá solicitar la extinción de la acción o sanción ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales que considere.

Efectos de la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal extingue la acción y la sanción penal, así como la acción de indemnizació~ de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad derivada de Ila acción de repetición. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en 18 concordancia con la ley 1448 2011. ello sin perjuicio de las! obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No por los hechos o conductas objeto de la renuncia a la persecución penal hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de mismas, la renuncia cobijará; el funcionario tanto la competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que como la a través mecanismos jurídicos correspondientes. caso de que último no ocurra en un plazo tres meses contados a partir la entrada en vigencia de la presente ley, el interesado podrá solicitar la extinción de la acción o sanción ante la Sala de Definición Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de leaal€IS que otros recu rsos o

Efectos de la cesación de procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. la de procedimiento, la suspensión de la de la pena y demás resoluciones o decisiones para definir la situación jurídica no extinguen la de la anterior o la acción cuando de perjuicios. Se as! se acuerde de forma expresa por la Sala de Defincion de Situaciones Jurídicas, la cual también deberá pronunciarse sobre la extinción de la responsabilidad disciplinaria y fiscal. IV TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES DIFERENCIADOS PARA AGENTES ESTADO CAPiTULO I Competencia y funcionamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tendrá función de a del renuncia a persecución como uno los mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado, acuerdo con lo establecido en la presente ley. las competencias de la de Definición Situaciones Jurídicas en el Título 111 esta ley se aplicarán en lo pertinente a los agentes Estado para hacer efectivo lo establecido en presente Título. CAPiTULO 1I Mecanismos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado Artículo Mecanismos tratamiento diferenciado para agentes del .Estado. la Sala de Definición de..Situaciooes ,h lrídicas de la Jurisdicción lQ Especial par~ la Paz, en aplicación del principio de favorabilidad regulado en esta ley, aplicará cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica a los agentes del Estado, entre ellos la renuncia a la persecución penal, a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, de conformidad con los criterios establecidos en el siguiente artículo.

De la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal es un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera. I Este mecanismo no procede cuando se trate de: 1. Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudicial~s, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia : sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma . 2. Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta cqn el conflicto armado. 3. Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

Procedimiento para la aplicación de la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a petición del interesado o de oficio, resolverá la situación jurídica del agente del Estado con la aplicación o no de la renuncia a la persecución penal. El agente del Estado que solicite la aplicación de este mecanismo deberá acompañar su solicitud de informes, providencias judiciales, disciplinarias, administrativas, fiscales o actos administrativos que den cuenta de su situación jurídica y permitan establecer que su conducta fue cometida por causa, con ocasión o en ¡relación directa o indirecta con el conflicto armado. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reqaudará los elementos de juicio que considere necesarios para determinar que la conducta fue cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Determinado; lo anterior, la sala ordenará la renuncia a la persecución penal siempre qu~ no se trate de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad, él genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privació~ grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la I 20 desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme a lo establecido en Estatuto de delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Militar. Una vez proferida resolución que otorgue la renuncia a persecución penal, será remitida a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal, para que dé cumplimiento a lo decidido por la Sala Definición de Situaciones! penal, de la. Jurídicas y materialice los efectos extinción de la responsabilidad penal y de la sanción según corresponda.

Otros de la renuncia a persecución penal. La renuncia persecución penal también genera los siguientes efectos: 1. Impide que se inicien nuevos procesos por estas conductas. 2. Hace tránsito a cosa juzgada material y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz. Elimina los antecedentes penales de las de datos. 4. Anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal. 5. Impide el ejercicio de la acción de repetición y del llamamiento en garantía contra los agentes del sin perjuicio del deber del de el derecho víctimas a reparación integral.

Recursos contra resoluciones de Sala de Definición Situaciones Jurídicas. Las resoluciones adoptadas por Sala de Definición de Situaciones Jurldicas podrán ser recurridas en reposición ante la misma Sala, y I en apelación la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Pazl únicamente a solicitud del de,stinatario de resolución.

Contribución a la satisfacción los derechos de las víctimas. La adopción alguno de los mecanismos de tratamiento especial diferenciado agentes del Estado que trata Título IV la presente no exime del nOI"",o,, de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o 21 del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y;No repetición. Si durante la vigencia de la Jurisdicción especial para la paz, los beneficiarios de mecanismos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado de que trata el, Título IV de la presente ley, se rehusaran a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación 'de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, perderán el derecho a que se les apliquen los beneficios previstos en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo. Parágrafo. El Estado realizará los cambios institucionales y de política pública que garanticen la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como mecanismo de protección prevalente para las víctimas. CAPiTULO 111 Régimen de libertades

Libertad transitoria condicionada y anticipada. La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera. Este beneficio se aplicará a los agentes del Estado, que al momento de entrar en vigencia la presente ley, estén detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecución penal. Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en caso de que no haya entrado en fuhcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. El otorgamiento de la libertad transitoria, condicional y anticipada es un beneficio que no impli~a la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción ~special para la Paz.

De los beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Se entenderán sujetos beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado que cumplan los siguientes requisitos: 1. Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. 2. Que no se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igualo superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz. 3. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. 4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del sistema. 0 21 En dicha act~ deberá dejarse constancia expresa de la autoridad judicial que conoce la causa penal, del estado del proceso, del delito y del radicado de la actuación.

Procedimiento para la libertad transitoria condicionada y anticipada; El Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad tr~nsitoria condicionada y anticipada. Para la elaboración de los listados se solicitará información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, las que deberán dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles. Una vez con~olidados los listados serán remitidos al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz quien verificará dichos listados o modificará los mismos en caso de creerlo necesario, así como verificará que se haya suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo anterior. El Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma. El incumplimiento de lo aquí dispuesto constituye falta disciplinaria

Supervisión. Los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de donde saldrá el personal beneficiado de la libertad transitoria condicionada y anticipada, ejercerá supervisión sobre este hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine lo de su competencia, utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para La Paz. I

Libertad definitiva e incondicional. La autoridad judicial ordinaria que esté conociendo de la causa penal cumplirá la orden de libertad inmediata, incondicional ,y definitiva del beneficiado con la renuncia a la persecución penal proferida por Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. CAPiTULO IV Privación de la libertad en unidad militar o policial para integrantes de las fuerzas militares y policiales en el marco de la jurisdicción especial para la paz

Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales. La Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial par~ integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz es un beneficio expresión del tratamiento penal especial diferenciado propio del sistema integral, necesario para la construcción I 24 de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz y duradera. Fuerzas Militares y Policiales Este beneficio se aplicará a los integrantes detenidos o condenados manifiesten o acepten su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo respetando lo establecido en código! penitenciario y carcelario respecto a otros servidores públicos. Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el Secretario para la Paz, en caso de que no hayan Ejecutivo de la Jurisdicción entrado en funcionamiento órganos de Jurisdicción. La decisión sobre la privación de la libertad en Unidad Militar o Policial no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la

los beneficiarios de la privación de la libertad en Unidad Militar o Policial integrantes las Fuerzas Militares y Policiales. Los integrantes de las Militares y Policiales al momento de entrar en vigencia la ley lleven privados de libertad menos de cinco (5) años, conforme a lo establecido las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial la continuarán privados la libertad en Unidad Militar o Policial, siempre que cumplan los siguientes requisitos concurrentes: 1. estén condenados o procesados por cometido conductas punibles por causa, con o en relación directa o indirecta con conflicto armado interno. 2. Que se de delitos lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, desplazamiento forzado, del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto Roma.' 3. Que solicite o libre y voluntariamente la intención de acogerse al de la Jurisdicción Especial para la Paz. 4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del sistema.

Procedimiento para la privación la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes las Fuerzas Militares y Policiales. El Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la sustitución de la privación de libertad intramural por la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial a que se refiere el artículo anterior. Para la elaboración los listados se solicitará información al Inpec, institución que deberá dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles. Una vez consolidados listados serán remitidos al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la verificará o modificará comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la sustitución de la privación de la libertad intramural por la Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial a que se refiere el artículo anterior, funcionario, quien de manera inmediata, adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma. Parágrafo. En caso de que el beneficiado incumpla alguna de las obligaciones contraídas e~ el compromiso o desatienda su condición de privado de la libertad, se le revocará el beneficio de la privación de la libertad en Unidad I Militar. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas. '

Supervisión. El Director del centro de reclusión militar o policial, o en su defecto el Comandante de la Unidad Militar o Policial donde vayan a continuar privados de la libertad los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales, ej~rcerá control, vigilancia y verificación del personal beneficiado de la privación de la libertad en Unidad Militar o Policial, utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para La Paz. TITULO V DISPOSICIONES FINALES SISTEMA DE DEFENSA

Sistema de defensa jurfdica gratuita. El Estado ofrecerá un sistema de asesoría y defensa gratuita para los beneficiarios de esta ley que aleguen carecer de recursos suficientes para una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas en ella, sistema que será integrado por abogados defensores d~bidamente cualificados. A decisión del interesado se podrá acudir a los sistemas de defensa judicial ya existentes en Colombia, a abogados miembros de la fuerza pública, empleados civiles del ministerio de defensa,"a los servicios jurípicos de las organizaciones de derecnos humanos que brindan asistencia a personas acusadas o condenadas por 'hechos o conductas relacionadas con el conflicto o a los servicios jurídicos de las organizaciones de derechos humanos que hayan brindado la asistencia jurídica al beneficiario durante su proceso penal o su condena. El Estado establecerá los necesarios convenios de financiación con las organizaciones de derechos humanos designadas por los beneficiarios con el fin de que todos los destinatarios de esta ley disfruten de un sistema de defensa con la misma idoneidad. I . Parágrafo. Los miembros de la Fuerza Pública, podrán acudir, además, al Fondo de Defensa Técnica Fondetec o a abogados miembros de la Fuerza Pública. I VIGENCIA