Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y

que su objeto es "Emitir los parámetros institucionales para el servicio en manifestaciones, control de disturbios, de tal manera que se protejan por igual los derechos fundamentales de las personas que ejercen el derecho a reunirse y a manifestarse de forma pública y pacíficamente y de quienes no lo hacen y establecer actividades que permitan una acertada intervención para el restablecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana cuando el ejercicio ha este derecho pueda ser alterado". 20. Que la Directiva 0008 del 27 de marzo de 2016 "Por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a los delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta socia!", expedida por el Fiscal General de la Nación, en el punto 8.1. dispone "La protesta pacífica no puede ser objeto de investigación penal bajo ninguna circunstancia. 11 21. Que en la Sentencia de Tutela T-456 del 14 de julio de 1992, la honorable Corte Constitucional interpretó que "Como la Constitución no determinó en forma expresa los valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al derecho de reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio, será tarea de los jueces estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás". 5 22. Que en la Sentencia de Constitucionalidad C-024 del 27 de enero de 1994 la honorable Corte Constitucional interpretó que "La policía, en sus diversos aspectos, busca entonces preservar el orden público. Pero el orden público no debe ser entendido como un valor en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El orden público, en el Estado social de derecho, es entonces un varar subordinado al respeto a la dignidad humana, 5 Colombia, Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-456 del 14 de julio de 1992, magistrados ponentes Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz, Expediente T-1778. OO3 DE 2020 ------------------- DECRETO NÚMERO ,. PÁGINA 7 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" por lo cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos. "6 23. Que en la Sentencia de constitucionalidad C-742 del 26 de septiembre de 2012, la honorable Corte Constitucional interpretó que "4.3. Por lo demás, la Constitución Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente tanto en una dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, pues así se deriva de la expresión "toda parte del pueblo". Todo ello, sin otra condición distinta, a que sea pacífico, o sea, sin violencia, armas ni alteraciones graves del orden público. Esto significa que sólo la protesta pacífica goza de protección constitucional. Así, aun reconociendo la tensión que surge entre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica y el mantenimiento del orden público, no puede el legislador desbordar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al hacer uso del margen de configuración o establecer restricciones cuya vaguedad conduzca a impedir tal derecho". Así mismo, resaltó lo siguiente: "(.. .) La Constitución rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposición, la revocatoria de mandato, el principio de la soberanía popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, o las manifestaciones pacíficas, pierden sustento los posibles motivos usados para legitimar la confrontación armada o las actitudes violentas de resistencia a la autoridad. "7 24. Que en la Sentencia de constitucionalidad C-281 del 3 de mayo de 2017 la honorable Corte Constitucional expuso "3.4. El nuevo Código de Policía, además de ajustar estas normas al marco constitucional, busca establecer un nuevo paradigma de la actividad de policía, en el cual el concepto de referencia de esta actividad ya no es el antiguo orden público sino la convivencia ciudadana. El giro lingüístico indica un giro en la forma de concebir la relación entre la ciudadanía y las autoridades de policía, donde la imposición de órdenes da lugar a la mediación, a la conciliación y a mecanismos dirigidos a mantener y restablecer el tejido social. A este cambio en la concepción de la actividad de policía lo acompañan cambios en el lenguaje legislativo que se utiliza para regularla. Así, el Código de Policía ya no habla de contravenciones y sanciones, sino de comportamientos contrarios a la convivencia y medidas correctivas. Este lenguaje legislativo enfatiza que las autoridades de policía dirigen su actuación a restablecer la convivencia y, ante todo, a prevenir el escalamiento de los conflictos sociales a escenarios judiciales e incluso a la violencia." Así mismo, 6 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-024 de 27 de enero de 2017, magistrado ponente Alejandro Martinez Caballero, Expediente D-350 7 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26 de septiembre de 2012, magistrado ponente María Victoria Calle Correa, Expediente D-8991. DECRETO NÚIVlERO OO3 DE 2020 ------------------- PÁGINA 8 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" resolvió lo siguiente: "En aplicación del principio de conselVación del derecho, se declarará la constitucionalidad condicionada, estableciendo requisitos precisos para la disolución de las manifestaciones. En ese sentido, la norma será declarada exequible en el entendido de que (i) las alteraciones deberán ser graves e inminentes y (ii) no exista otro medio menos gravoso para el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica. El contenido de este condicionamiento se explica a continuación. 5.6.3. 1. Las alteraciones deben ser graves, lo que quiere decir que no toda situación que pueda calificarse como una alteración de la convivencia de acuerdo con el Código de Policía es suficiente para disolver una reunión o manifestación. La gravedad, en este contexto, implica una vulneración o amenaza intensa de un derecho fundamental, cuya protección en el caso concreto sea de mayor importancia que la protección constitucional del derecho de reunión y manifestación. En este sentido, afectaciones leves como los ruidos y las molestias causadas por las manifestaciones, y otras consecuencias incómodas de las mismas, no pueden ser razón suficiente para tomar la medida de disolverlas. Tampoco pueden serlo incidentes específicos y concretos que reflejan el comportamiento de individuos manifestantes pero no un riesgo de la reunión o manifestación como un todo. 5.6.3.2. Las alteraciones deben ser inminentes, lo que quiere decir que no procede disolver las reuniones que planteen alteraciones a la convivencia eventuales o remotas. El requisito de inminenciá exige verificar comportamientos actuales que lleven objetivamente a inferir vulneraciones graves de derechos fundamentales. No será posible, entonces, disolver reuniones y manifestaciones respecto de las cuales solo se pueda predicar una probabilidad o posibilidad de que alteren la convivencia. 5.6.3.3. Por último, la medida deberá ser necesaria. Esto quiere decir que las autoridades tienen el deber de verificar y evaluar la eficacia de otros medios de policía que puedan interferir en menor medida con el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. La disolución de las reuniones en ningún caso debería ser la primera opción.'~ 25. Que en la Sentencia de constitucionalidad C-OOg del 7 de marzo de 2018, la honorable Corte Constitucional interpretó, que "[' ..J el artículo 37 de la Constitución somete la protección de estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así, además de los mencionados elementos que son aplicables al artículo 37 de la Constitución (subjetivo, temporal, finalístico y real), el ejercicio de estos derechos solo se permite en esas condiciones. En concordancia, cabe enfatizar en que el elemento finalístico reseñado, exige la licitud del objetivo de la reunión o manifestación, lo cual refuerza la condición de que los derechos se ejerzan de forma pacifica. Tal condición constituye un presupuesto del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca, si como un exceso a lo que comenzó en términos pacíficos o como el 8 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 3 de mayo de 2017, magistrado ponente Aquiles Arrieta Gómez, Expediente D-11670 DECRETO NÚMERO ---~~.--~~--------OO3 DE 2020 PÁGINA 9 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" objetivo de una manifestación particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno materia/". 9 26. Que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General 37 relativa al Derecho de Reunión Pacífica, consagrado en el Articulo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emitida el17 de septiembre del 2020, recuerda a los Estados y el conjunto de sus agentes del orden, las obligaciones internacionales, indicando que el derecho interno debe establecer claramente los deberes y responsabilidades de todos los funcionarios públicos competentes, asegurar la conciencia pública sobre toda la normatividad que deben seguir las autoridades responsables y quienes deseen ejercer su derecho. Dicha observación recuerda, lo siguiente: "15. Una reunión "pacífica" es lo contrario de una reunión que se caracterice por una violencia generalizada y grave. Por lo tanto, los términos "pacífica" y "no violenta" se utilizan indistintamente en este contexto. El derecho de reunión pacífica, por definición, no se puede ejercer mediante la violencia. En el contexto del artículo 21, la "violencía" suele implicar el uso por los participantes de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. ( ... ). (... ) 23. La obligación de respetar y garantizar las reuniones pacíficas impone a los Estados deberes negativos y positivos antes, durante y después de su celebración. El deber negativo implica que no haya injerencias injustificadas en las reuniones pacíficas. Los Estados tienen la obligación, por ejemplo, de no prohibir, restringir, bloquear, dispersar o perturbar las reuniones pacíficas sin una justificación imperiosa ni sancionar a los participantes o los organizadores sin una causa legítima. 24. Además, los Estados partes tienen determinados deberes positivos para facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos 23. Por lo tanto, los Estados deben promover un entorno propicio para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación y establecer un marco jurídico e institucional en el que se pueda hacer efectivo. A veces puede ser necesario que las autoridades adopten medidas específicas. Por ejemplo, tal vez tengan que cerrar calles, desviar el tráfico o garantizar la seguridad. Cuando sea preciso, los Estados también deben proteger a los participantes contra posibles abusos por parte de agentes no estatales, como la injerencia o la violencia de otros 9 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 7 de marzo de 2018, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, Expediente D-11747 y D-11755 (acumulados). DECRETO NÚMERO" OO3 --~-------------- DE 2020 PÁGINA 10 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y pasten'ores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" ciudadanos2, los contramanifestantes y los proveedores de seguridad privada, (... ) 74. Los agentes del orden que participan en la vigilancia de las reuniones deben respetar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los organizadores y los participantes, protegiendo al mismo tiempo a los periodistas, los observadores, el personal médico y otros miembros del público, así como la propiedad pública y privada, de cualquier dañ0102. El enfoque básico de las autoridades debería ser, cuando sea necesario, tratar de facilitar las reuniones pacíficas." 27. Que en cumplimiento del literal b. del ordinal Quinto de la Sentencia de Tutela de segunda instancia STC7641-2020 del 16 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, Radicado 11001-22-03-000-2019-02527-02, el Gobierno Nacional convocó a una Mesa de Trabajo para expedir el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 28. Que el señor presidente de la República, la ministra del Interior, el ministro de Defensa Nacional y el director general de la Policía Nacional convocaron a los accionantes, al procurador general de la Nación, al contralor general de la República, al fiscal general de la Nación, al defensor del Pueblo y a toda persona interesada en participar en la Mesa de Trabajo mediante un Aviso publicado el día sábado 10 de octubre de 2020 en el diario El Tiempo, para participar en la Mesa de Trabajo el día 14 de octubre a las 2:00 p.m., con asistencia presencial y virtual. 29. Que el señor presidente de la República, la ministra del Interior, el ministro de Defensa Nacional y el director general de la Policía Nacional convocaron a los accionantes, al procurador general de la Nación, al contralor general de la república, al fiscal general de la Nación, al defensor del Pueblo y a toda persona interesada a participar en la Mesa de Trabajo mediante un Aviso publicado el día domingo 11 de octubre de 2020 en el diario El Espectador, para participar en la Mesa de Trabajo el día 14 de octubre a las 2:00 p.m., con asistencia presencial y virtual. 30. Que el 9 de octubre de 2020 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República creó el correo electrónico mesasentenciatutela7641­ DECRETO NÚMERO \.. OO3 DE 2020 ------------------ PÁGINA 11 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" [email protected] para que las personas interesadas en participar en la Mesa de Trabajo se registren, creación que consta en el Memorando MEM20­ 000-18950 IIDM 13083003 del 15 de octubre de 2020 suscrito por el coordinador Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda de la Presidencia de la República. 31. Que mediante Resolución 391 del 24 de septiembre del 2020 expedida por el procurador general de la Nación, se designó al procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, como (i) coordinador de las acciones a cargo del Ministerio Público en relación con el cumplimiento de la Sentencia de segunda instancia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, y (ií) delegado para participar en la instancia o escenario que el Gobierno nacional establezca para la elaboración del Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO, Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PAciFICA CIUDADANA". 32. Que la Mesa de Trabajo se instaló y sesionó el día 14 de octubre de 2020 en el Auditorio Virgilio Barco del Archivo General de la Nación, ubicado en la Carrera 6 No. 6-91 de Bogotá D.C., Mesa que sesionó de manera presencial y virtual simultáneamente, y asistieron cincuenta y ocho (58) personas. 10 Se conectaron virtualmente treinta y un (31) personas 11 Asistieron presencialmente veintisiete (27) personas. 33. Que los participantes en la Mesa de Trabajo celebrada el 14 de octubre de 2020 acordaron trabajar nueve (9) semanas, sobre los siguientes temas del Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO, Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PAcíFICA CIUDADANA": Semana Semanas Semanas Semanas Semana 10 1. 2 Y 3. 4,5 y6: 7y8 9 Generalidades Acciones Preventivas Acciones Concomitantes Acciones Posteriores Redacción 'final 31 personas asistieron virtualmente + 27 personas asistieron presencialmente = 58 11 Ibidem. DECRETO NÚMERO OO3 DE 2020 ------------------ PÁGINA 12 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTA TUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGfTlMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 34. Que la Mesa de Trabajo acordó crear una Comisión Logística la cual se reunió el día viernes 16 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m. en el Salón Ejecutivo de la Presidencia de la República, ubicado Carrera 8 No. 7-26 de Bogotá D.C., con asistencia presencial y virtual. 35. Que en cumplimiento de lo acordado por la Mesa de Trabajo en la sesión del 14 de octubre de 2020 y por el Comité Logístico en la sesión del 16 de octubre de 2020, el señor presidente de la República, la ministra del Interior, el ministro de Defensa Nacional y el director general de la Policía Nacional convocaron a los accionantes, al procurador General de la Nación, al contralor general de la República, al fiscal general de la Nación, al defensor del Pueblo ya toda persona interesada a participar en la Mesa de Trabajo; y publicaron el Cronograma de Trabajo acordado por la Mesa de Trabajo, para lo cual se publicó el 21 de octubre de 2020 en el diario El Tiempo el siguiente Aviso: Dii_ CONVO(.AfOti Af'AJmClP"ltDl U\ IltUAPI TlAUJO PAIlA ISl.Uct1JRAJII J...U pmtC't1JCtt . JI!:\.ACJOHA.D.IJlCOfIlUU¡gDUAR11n.A'I!DI'T'lAMANIif'aTAOONESPAd1'll,;A' fi1tutI""'II_c.l.\otrH!i(~~tnMl!tmitl.dd'f>f,'Uwmodtl:!~if61"'St,.nd.dtr~M~~ rn:;Mf'lIl20lItIlli!lt~6f1(pa~~jI6Ill~"'61c..wd:lfto.'<It\t~C~(~6r~ ~"' !'OOI·a:t-O~fll!HmH!'L" $t1tfit tttfllmt, ~ .. ~u. ~ NW¡j!'$~ ~ ~ ~ a.. Qfh"H :)Ii"'¡'~;:n~:;:==;=='l':~t!:...~r::=',"·~~,:: Gmwa!6fblUdót\.~~lIr!W'UIItIiO,~~~~.~tltotml~~IKcft!toro'Im~~JJ oY>t1'_... b~JttflUf,~~,.It~df~~tW",~ti",t.i~)~.co;n~ioI' ~6tiMM~l)'oit1\ItItO!l,,"~,tiltf~'ft9IIkIt.a>n>lff'l~~.. dfI'YHMJón·tflI'l'rJ'~ f.fi.bfft.l»dclf~c.(.t~~,~~tf!~tt<ItMeumrtll>#l.<:N~~"'Nfft>~~~ .MI"""'*"1~ÓI~lIt<1mO~.""'_!tO"<I~1+Io1·1Il"~lIII ... JUJl"'"~Il''''' «.Of~t\'~."""",MfWot-.w4~¡",¡wdI\'lIIt.tl*'l'lU""'~ b_~'.(~<lV!.ilp_"'(""'II'_<:an~.l'Iftbl ...~""""'I\IÍ~ót~ .. ~fort..1ti~~;td~I_odt.. .... r.dI",¡J6o"Hotr..~.,......IP'h.~!Wtdf<.~ ¡1"~l--§:r~::i';¿=¡::::-f:~:T~f~ª~:; : :=~ ~ :Y~==1:E·t::::I,t;=t~tt:~'¡¡ , ¡~::==-~;::I~,'!:I~:==::;:='¡ !! "~.. :,~,:!=I o\c'I:I"!'IC'fro<l1ffb1' i '.~ft2tW.~fM!\,"'OOpll'l r hfrt~t.&fll"l.t41W/l L.....~.M .....:.~"-~.~ L!!~~U'(l""«I,·6ójl"/I'Il ... 1.01iI~ .. . _ _ ,..'~¡llfIilIoío.*'f,.¡",p:¡~~o!_~ _~;$4I~'P".nI 36. Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República habilitó el 21 de octubre de 2020 la página web de la Mesa de Trabajo, página la siguiente URL: web que tiene https:l/mesatrabajosentenciacsj.presidencia.gov.co/ 37. Que la Mesa de Trabajo se reunió los días 23, 28, Y 30 de octubre de 2020, y los días 4,6, 11, 18 Y 25 de noviembre de 2020, y el 2, 9 Y 16 de diciembre de 2020, en cumplimiento del cronograma acordado. Todas las reuniones fueron simultáneamente presenciales y virtuales. 38. Que la Mesa de Trabajo acordó que una Comisión de la Mesa de Trabajo integrada por representantes de los accionantes, el Ministerio Público, DECRETO NÚMERO __,-~_ _ O_O_~_i___ DE 2020 PÁGINA 13 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" representantes del Gobierno Nacional -Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la de Presidencia de la República- y representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se reuniera para determinar lo acordado y no acordado por la Mesa de Trabajo en cuanto al título del Protocolo, la competencia para expedir el Protocolo, los considerandos del acto administrativo y el articulado del mismo. 39. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo se reunió y sesionó día 25 de octubre de 2020, los días 20, 27 Y 29 de noviembre de 2020 y los días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 Y 29 de diciembre de 2020. Las reuniones fueron simultáneamente presenciales y virtuales 40. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo se reunió los días 30 y 31 de diciembre de 2020 y realizó la revisión final de Proyecto de acto administrativo a expedir por el Gobierno nacional. 41. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo logró consenso total sobre el título del Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 42. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo no logró consenso sobre las competencias del señor Presidente de la República para expedir el Protocolo. 43. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo logró consenso sobre los considerandos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55. 44. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo logró consenso parcial sobre los considerandos 7,10,16, 17y26. 45. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo tuvo disenso sobre los considerandos 18,19y25. DECRETO NÚMERO _"'_'_....;;.0_0_·:.:'_)_ _ _ DE 2020 PÁGINA 14 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posten'ores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 46. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo logró consenso sobre los artículos 1, 2, 3, 4, 5, incisos primero y segundo del artículo 6, artículos 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, parágrafos 1, 2 Y 3 del artículo 21, artículos 22, 24, 25, 26, 27,28,29, 30, 40, 41,42,43,44 Y 45. 47. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo logró consenso parcial sobre los artículos 10,17, 23,31,32,33,34,35,37,38 Y 39, 48. Que la Comisión de la Mesa de Trabajo tuvo disenso sobre el inciso tercero del artículo 6, el artículo 8, el inciso primero del artículo 21, y el artículo 36, 49. Los accionantes presentaron propuestas de articulado sobre (i) las causales, procedimientos y verificación en los casos de traslados por protección y capturas en las manifestaciones, y la participación de las organizaciones de Derechos Humanos en la verificación de las condiciones de detención; (ií) la participación en el Puesto de Mando Unificado - PMU de los convocantes las movilizaciones y de los organizaciones de Derechos Humanos, (iii) la modificación de la Resolución 3002 del 29 de junio de 2017 "Por la cual se expide el Manual para el Servicio en Manifestaciones y Control de Disturbios para la Policía Nacional", expedida por el Director General de la Policía Nacional, (iv) el establecimiento de criterios sobre la utilización de gases lacrimógenos y escopeta calibre 12, y (v) el establecimiento de criterios claros y completos sobre la elaboración de informes de los miembros de la Policía Nacional, (vi) la rendición de cuentas del señor presidente de la República ante la opinión pública cuando se presenten hechos relevantes de carácter nacional donde resulten lesionadas la vida e integridad de las personas por el uso de la fuerza, y la presencia del señor presidente de la República en la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas. Los representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Mesa de Trabajo le solicitaron al Gobierno nacional la inclusión de (í) canales de comunicación entre el Puesto de Mando Unificado y representantes de la sociedad civil, tal y como lo establece la Resolución 1190 de 2018 expedida por el Ministerio del Interior; y (ií) lineamientos respecto a los traslados por protección, en los términos indicados por la Corte Constitucional en jurisprudencia pacífica, especialmente la Sentencia C-281 de 2017. n DECRETO NÚMERO --~o--~o~.~-----n :i DE 2020 PÁGINA 15 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGfTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 50. El Gobierno nacional no acogió las propuestas de los accionantes relacionadas en el Considerando anterior12 por las siguientes razones: (ij las causales, procedimientos y verificación en los casos de traslados por protección y capturas en las manifestaciones, y la participación de las organizaciones de Derechos Humanos en la verificación de las condiciones de detención; no fueron incluidas porque la Sentencia de Tutela de segunda instancia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, de la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Radicado 11001-22-03-000-2019-02527-02, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona,13 en el ordinal Sexto de la parte resolutiva se ordenó "( ... ) a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las (sic) ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.", (ií) la participación en el Puesto de Mando Unificado de los convocantes las movilizaciones y de los organizaciones de Derechos Humanos, no se incluyó porque el Puesto de Mando Unificado - PMU es una instancia interinstitucional de toma de decisiones estratégicas y operacionales, y que el Protocolo creó las Mesas de Coordinación -artículo 12- Mesas en las cuales hay una participación activa de los organizadores de la manifestación, de las organizaciones de Derechos Humanos y de las Comisiones de Verificación - CV, espacio en el que se puede sugerir a las autoridades administrativas acciones que permitan la protección de los derechos individuales y colectivos; (iií) la modificación de la Resolución 3002 del 29 de junio de 2017 "Por la cual se expide el Manual para el Servicio en Manifestaciones y Control de Disturbios para la Policía Nacional", expedida por el Director General de la Policía Nacional, no se incluyó porque dicho acto administrativo regula asuntos relacionados con el servicio de la policía en manifestaciones públicas y control de disturbios, y no establece criterios frente al uso de la fuerza; (iv) el establecimiento de criterios sobre la utilización de gases lacrimógenos y escopeta calibre 12, no se incluyó porque el uso de ·gases lacrimógenos está regulado en la Ley 525 de 1999 "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción" hecha en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)", Ley declarada exequible por la honorable Corte Constitucional en Sentencia de constitucionalidad C-328 del 22 de marzo de 2000 14 y respecto al uso de la escopeta calibre 12, su uso se encuentra suspendido por decision del director general de la Policía Nacional desde el 14 de enero de 2020; y (v) el establecimiento de criterios claros y completos sobre la elaboración de informes de los miembros de la Policía Nacional y la rendición de cuentas por parte del Presidente de la República, no se incluyeron porque los informes se presentan cuando se hace uso de la fuerza, y de conformidad con el artículo 166 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 12 Considerando 49. 13 Ibídem. 14 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-328 del 22 de marzo de 2000, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, Revisión LAT-160. DECRETO NÚMERO OO3 ------~~--------- DE 2020 PÁGINA 16 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" Convivencia Ciudadana", estos informes deben contener las circunstancia de tiempo, modo y lugar en el que se realizó el uso del medio de policía, y el desenlace de los hechos; en lo que respecta al actuar de la Policía Nacional son los Gobernadores y Alcaldes como primeras autoridades de policía los competentes para dar explicaciones públicas sobre el desarrollo de la actividad de policía en su respectiva jurisdicción-artículo 42; y (vi) la presencia del señor presidente de la República en la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas, no se consideró pertinente incluir porque la finalidad de la mesa determina que está conformada, entre otros por el ministro del Interior, ministro de Defensa Nacional en representación del gobierno Nacional. Las propuestas presentadas por los representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá no fueron acogidas por las razones expuestas en los apartes (i) y (ií) de este Considerando. 51. Que el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" tiene cuatro (4) Capítulos: 1. 11. 111. IV. Generalidades Protocolo de acciones preventivas Protocolo de acciones concomitantes Protocolo de acciones posteriores Vigencia artículos 1 a 4 artículos 5 a 24 artículos 25 a 36 artículos 37 a 44

52. Que el Capítulo 1. "Generalidades" del Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" establece (i) el objeto del Decreto, (H) la primacía del diálogo Y la mediación como forma de intervención en las protestas, (iíi) los principios de órdenes de las autoridades, respeto y garantía de derechos, dignidad humana, enfoque diferencial, legalidad, necesidad, proporcionalidad, finalidad leg ítima en el uso de la fuerza, prevención, diferenciación, igualdad y no discriminación, y no estigmatización, en la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas en los términos del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016; y (iv) las definiciones de diálogo y mediación, uso de la fuerza, uso diferenciado de la fuerza, disuasión, pacifica, y acto de violencia física. DECRETO NÚMERO _...::..",_---If....L..'l.w:.O...... :1'----_ _ DE 2020 PÁGINA 17 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGfTlMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 53. Que el Capítulo 11. "Acciones preventivas" del Protocolo denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" establece (i) la noción de acciones preventivas, (ii) que a Policía Nacional a través de su ente rector de la educación, continuará con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas y dispositivos menos letales de todo el personal de la Institución, y demás temáticas que resulten afines y transversales a la manifestación pública y pacífica, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional; (iii) que el presidente de la República cuando lo considere necesario podrá convocar los comités, mesas de coordinación, comisiones de verificación, Puesto de Mando Unificado u otras instancias de articulación, a fin llevar a cabo los procesos de diálogo y toma de decisiones que permitan resolver las situaciones que se presenten en el desarrollo de la manifestación pública; (iv) que previo a la realización de la manifestación pública y pacífica, el departamento, distrito o municipio activará un Puesto de Mando Unificado - PMU, considerado como una instancia de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo articular, supervisar, tomar las acciones que considere necesarias para la garantía de los derechos ciudadanos tanto de aquellos que realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ella, (v) que el Puesto de Mando Unificado, estará integrado por representantes de las siguientes entidades: Gobernación, cuando aplique, Alcaldía, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería y Bomberos, (vi) la creación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas como un espacio de evaluación de los escenarios de manifestación pública, su conformación, convocatoria y funciones; (vii) la creación de las Mesas de Coordinación por parte de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales, previo al desarrollo de la jornada de manifestación, para atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica; su integración y funciones; (viii) la misión periodística y el derecho a la ciudadanía al registro y documentación de los hechos de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política y con artículo 21 de la Ley 1801 de 2016, (viii) el Diálogo con las organizaciones de derechos humanos que realizan observación en las manifestaciones públicas y pacíficas, (íx) las comisiones de verificación (CV) de la sociedad civil y sus funciones, (x) la verificación de identificación, dotación y órdenes de servicio por parte del Ministerio Público, (xi) que cuando se requiera cualquier participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD en eventos públicos se pondrá disposición del Defensor del Pueblo el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e igualmente la Policía Nacional deberá designar un oficial superior común que sirva de enlace entre los DECRETO NÚMERO ~",,",----I-n'-l..'GL..:;:'u;..)_ _ _ DE 2020 PÁGINA 18 DE 38 Contínuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" agentes y el Defensor del Pueblo, (xii) el aviso de la realización de una jornada de protesta o movilización por los organizadores o movimientos sociales convocantes en concordancia con las Sentencias de la honorable Corte Constitucional C-024 de 1994 y C-009 de 2018, la fecha, hora y sitio del lugar en donde se va a ejercer el derecho a la manifestación pública y pacífica, y el posible recorrido; (xiii) que después del aviso a la alcaldía de la realización de una manifestación pública y pacífica, la alcaldía deberá informar a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Policía Nacional para que activen sus protocolos internos de acompañamiento; y (ivx) que la primera autoridad de policía del departamento, distrito o municipio, procurará porque en el marco del Decreto 4366 de 2006 y el CONPES 3437 de 2006, se fortalezcan los Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad. 54. Que el Capítulo 111. "Acciones concomitantes" del Protocolo denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" establece (i) la noción de acciones concomitan, (ií) que los gobernadores,· alcaldes distritales y municipales, deberán disponer el acompañamiento de la movilización o concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación, a fin de generar la comunicación y la articulación con las autoridades en el desarrollo de las que cuando se manifestaciones para evitar situaciones de conflicto, (iíí) presenten actos de violencia que alteren el orden público y la convivencia que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes, la actuación de la Policía Nacional se realizará con la observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamenta río; (iv) la actuación de las autoridades de Policía ante la ocurrencia de actos de violencia, (v) las autoridades de gobierno y de Policía deberán dar aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional frente a actos de violencia, a las personas que están presentes en los lugares de las manifestaciones públicas, excepto en caso de inminente infracción penal o policiva, donde el policial debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario, (vi) las intervenciones diferenciales de la Policía Nacional; (vii) que el uso de la fuerza es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas; (viii) la actuación de la fuerza disponible de la policía, (ix) la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD, (x) la prohibición de armas de fuego para el personal uniformado de la Policía Nacional, que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, (xi) que las Fuerzas Militares no intervendrán en operativos de control y contención en el marco de las DECRETO NÚMERO .~. . OO3 DE 2020 ------------------- PÁGINA 19 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" manifestaciones públicas, salvo cuando se disponga la asistencia militar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. 55. Que el Capítulo IV. "Acciones posteriores" del Protocolo denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGfTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" establece (i) la noción de acciones posteriores, (ií) que las manifestaciones públicas terminarán cuando los manifestantes voluntariamente decidan retirarse de los espacios públicos en los que se han reunido y. la congregación de las manifestaciones vayan disminuyendo paulatinamente o en aquellas situaciones en que deban ser disueltas por presentarse actos de violencia que alteren gravemente el orden público y la convivencia, (iii) la presentación de informes y comunicaciones públicas, (iv) que las autoridades administrativas y de policía efectuaran análisis de los resultados de las movilizaciones, las acciones desplegadas para garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse pública y pacíficamente, así como el estado de las investigaciones adelantadas por el actuar de las autoridades de policía; (v) que el Alcalde o el Gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación de rendir en un plazo que no supere los tres (3) meses, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobernador y el Alcalde, y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco,de las manifestaciones públicas; así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas; (vi) la difusión de canales de denuncia, y (vii) que la Inspección General de la Policía Nacional en la rendición de cuentas anualmente presentará un informe acerca de las quejas recibidas, tramitadas y sanciones disciplinarias impuestas por actuaciones en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica. En mérito de lo expuesto, DECRETO NÚMERO OO3 DE 2020 ------------------- PÁGINA 20 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGfTJMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" DECRETA Capítulo 1. Generalidades

Objeto. En cumplimiento a la orden contenida en el literal b, del ordinal Quinto del resuelve de la Sentencia de Tutela de segunda instancia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, el cual se titula "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTll\IIA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA". El Protocolo "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA" establece directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.

Principios de la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas. Las actuaciones de las autoridades de policía en los términos del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, deberán soportarse en los siguientes principios: a. Órdenes de las autoridades. El gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio respectivamente, la Policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces, sin perjuicio del mando operativo que recae en los Comandantes de Metropolitana, Departamento y Estación de Policía, así como la obligación de intervenir frente a los casos de policia. DECRETO NÚMERO ~. 003 ------------------- DE 2020 PÁGINA 21 DE 38 Contínuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y . posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGfTlMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" b. Respeto y garantía de derechos. Toda intervención de las autoridades deberá estar encaminada a garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. El ejercicio de estos derechos es determinante en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo. c. Dignidad humana. Las autoridades que intervengan en el acompañamiento de las manifestaciones públicas desarrollarán sus funciones con observancia y respeto hacia la dignidad humana. d. Enfoque diferencial. Toda intervención de las autoridades reconocerá, protegerá y garantizará los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer - LGBTIQ+, comunidades étnicas, personas mayores y en situación de discapacidad. e. Legalidad. La intervención de las autoridades se realizará con fundamento en los procedimientos y medios reconocidos en la Constitución, la ley y los reglamentos. f. Necesidad. Las autoridades de policía en manifestaciones públicas aplicarán los medios consagrados en la ley indispensables e idóneos para la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, el restablecimiento del orden público y el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir el escalamiento de los conflictos sociales, de quienes se encuentran en riesgo determinable y solo cuando la aplicación de otros medios existentes resulten ineficaces e inoportunos para la debida garantía del ejercicio de los derechos, en el marco de la manifestación pública. g. Proporcionalidad. La aplicación de los medios de policía por parte de las autoridades de policía en manifestaciones públicas se sujetará a la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica. En todo caso el medio elegido por parte de la autoridad de policía para su aplicación, debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas. OO3 DE 2020 ------------------- DECRETO NÚIVlERO" PÁGINA 22 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGfTJMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" h. Finalidad legítima en el uso de la fuerza. La actuación de la Policía Nacional estará dirigida a la protección y garantía de derechos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las manifestaciones como de quienes no lo hacen. Su actuación está supeditada al marco constitucional, legal y reglamentario. En escenarios de perturbación de orden público,. dichas actuaciones estarán dirigidas a la contención o al restablecimiento de dicho orden. i. Prevención. Previamente a una manifestación pública y pacífica se planeará y organizará por parte de la Policía Nacional el servicio, de manera que se puedan prever aquellas situaciones que atenten o pongan en peligro la vida, bienes, e integridad personal de cualquier persona. La Policía Nacional en el ejercicio de la fuerza y de las armas, continuará recibiendo formación, capacitación y retroalimentación en el manejo de este contexto, aunado a lo anterior deberán estar dotados y capacitados con diversos métodos y tipos de armas y municiones que les permitan usar la fuerza de forma diferenciada. j. Diferenciación. La actuación de la Policía Nacional diferenciará entre quienes ejercen de manera pacífica y activa su derecho a la reunión y manifestación pública, y de quienes ejecuten actos de violencia, que pongan en grave peligro derechos fundamentales o cometan conductas punibles. Está diferenciación guiará la actuación policial y el excepcional uso de la fuerza, que deberá focalizarse y ejercerse exclusivamente contra estos últimos, y buscar la protección de todas las personas. k. Igualdad y no discriminación. La función legítima de las unidades de policía asignadas para la intervención de manifestaciones públicas, es proteger a todas las personas sin discriminación alguna y garantizar la seguridad pública actuando con imparcialidad en relación a todas las personas, sin importar su filiación política, identidad sexual y de género, raza, nacionalidad, vinculación étnica o el contenido de sus manifestaciones. 1. No estigmatización. Las autoridades de policía se abstendrán de realizar pronunciamientos o conductas que propicien prejuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho a manifestarse pública y pacíficamente. DECRETO NÚMERO ' () O3 DE 2020 ------------------- PÁGINA 23 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"\nArtículo 4°. Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptarán las siguientes definiciones: a. Diálogo y mediación. Consiste en acciones pacíficas, que privilegian la interlocución verbal, respetuosa y constante entre las autoridades, los organismos de control y los manifestantes, para la solución de los conflictos y desacuerdos, así como para la prevención de hechos de violencia y la contención del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. b. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley, en los términos del artículo 166 de la Ley 1801 de 2016. c. Uso diferenciado de la fuerza. Se presenta de acuerdo a los niveles de resistencia que puede ejercer la persona intervenida en un procedimiento, el uso diferenciado de la fuerza debe ser entendido de forma dinámica, pudiendo escalar o desescalar de acuerdo al nivel de resistencia. Su aplicación gradual se hará con base en los principios de legalidad, necesidad, racionalidad y proporcionalidad, de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. d. Disuasión. Es la acción de las autoridades direccionada a emplear medios integrales y adecuados que estén a su alcance, en el marco de la coordinación y corresponsabilidad para evitar el uso de la fuerza legítima, aunado a los medios dispuestos por las autoridades administrativas como el diálogo y la mediación con las personas involucradas. e. Pacífica. Es la calificación bajo la cual se presume la naturaleza de toda manifestación pública: f. Acto de violencia física. Es la acción a través de la cual un individuo o conjunto de individuos usan intencionalmente la fuerza física contra sí mismos, contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad, o contra bienes públicos y privados que tienen como consecuencia real o con alto grado de probabilidad, daños graves, ciertos y verificables. DECRETO NÚMERO O(} 3 DE 2020 ------------------- PÁGINA 24 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" Las alteraciones o molestias que no constituyan delitos o comportamientos contrarios a la convivencia, que se generen como consecuencia de las manifestaciones públicas, no se consideran actos de violencia 'física. Capítulo 11. Acciones Preventivas

Acciones preventivas. Se consideran acciones preventivas todos los actos ejecutados antes de una jornada de protesta orientados a garantizar su libre ejercicio. Dentro de estas se encuentran actividades de comunicación, organización y prevención entre las organizaciones o movimientos sociales convocantes a una protesta y las autoridades administrativas y de policía del orden territorial o local que deben garantizar el ejercicio de este derecho, la actividad de las veedurías por parte de la sociedad y el cumplimiento de la función de los órganos de control.

Formación y capacitación de la Policía Nacional. La Policía Nacional a través de su ente rector de la educación, continuará con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas Y dispositivos menos letales de todo el personal de la Institución, y demás temáticas que resulten afines y transversales a la manifestación pública y pacífica, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional. La Policía Nacional podrá coordinar con la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, el apoyo en los aspectos referentes a la capacitación en ética, Derechos Humanos, respeto a la comunidad y protección a la sociedad. La Policía Nacional a través de su ente rector de la educación, hará una verificación de las fichas académicas, alusivas a la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de dispositivos menos letales, y demás temas alusivos a los escenarios del servicio de policía en manifestaciones y control de disturbios. DECRETO NÚMERO _'_.'__O_C_l<-_1_ _ _ DE 2020 PÁGINA 25 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"\nArtículo 7°. De la convocatoria presidencial: El presidente de la República cuando lo considere necesario podrá convocar los comités, mesas de coordinación, comisiones de verificación, Puesto de Mando Unificado u otras instancias de articulación, a fin llevar a cabo los procesos de diálogo y toma de decisiones que permitan resolver las situaciones que se presenten en el desarrollo de la manifestación pública.

De los Puestos de Mando Unificados - PMU. Previo a la realización de la manifestación pública y pacífica, el departamento, distrito o municipio activará un Puesto de Mando Unificado - PMU, considerado como una instancia de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo articular, supervisar, tomar las acciones que considere necesarias para la garantía de los derechos ciudadanos tanto de aquellos que realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ella, deberá p~rmanecer en el antes, durante y después de la manifestación. El Puesto de Mando Unificado, estará integrado por representantes de las siguientes entidades: gobernación, cuando sea procedente, alcaldía, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería y Bomberos. Se podrá invitar a este Puesto de Mando Unificado - PMU a representantes de las siguientes entidades: Grupo de Atención Especial de Fiscalía para atención a eventos durante las manifestaciones, Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de casos de niños, niñas y adolescentes, y demás entidades que, en razón a la situación presentada, se consideren pertinentes.

Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas. La Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas es un espacio de evaluación de los escenarios de manifestación pública, que permite proponer acciones que conllevan a la garantía efectiva del ejercicio de este derecho.

Conformación y convocatoria de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. La Mesa Nacional de evaluación sesionará ordinariamente al menos una vez al año y de manera extraordinaria cuando se considere necesario, y será convocada por el Ministerio del Interior dentro del primer trimestre de cada año y estará conformada por: DECRETO NÚMERO .~..' 003 ------------------- DE 2020 PÁGINA 26 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" a) El Ministro del Interior o su delegado. b) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado. . c) El Director general de la Policía Nacional o su delegado .. d) El Director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres o su delegado. e) El Consejero Presidencial para los DDHH o su delegado. f) El Fiscal General de la Nación o su delegado. g) El Procurador General de la Nación o su delegado. h) El Defensor del Pueblo o su delegado. i) Tres delegados de las organizaciones o plataformas de derechos humanos. j) Tres delegados de los organizadores o movimientos sociales relevantes que convocan la manifestación pública y pacífica. Se podrán invitar las demás organizaciones y entidades que se consideren pertinentes.

Funciones de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas. La Mesa Nacional de evaluación tendrá las siguientes funciones: 1. Proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio de la manifestación. 2. Documentar las prácticas y lecciones aprendidas realizadas por las autoridades de policía, los manifestantes y la ciudadanía en manifestaciones públicas. 3. Realizar seguimiento a la implementación del presente Protocolo. 4. Promover y difundir el contenido del presente Protocolo. 5. Solicitar a las autoridades de gobierno y de policía, a las organizaciones que convocan y acompañan las manifestaciones públicas, exponer la información sobre su actuación en la garantía del derecho a las manifestaciones públicas; así como a las autoridades judiciales y disciplinarias información sobre el avance de las investigaciones por las presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas. 6. Las demás funciones que considere pertinente la Mesa para el cumplimiento de su tarea.

Mesas de Coordinación: Los Gobiernos departamentales, distritales y municipales, previo al desarrollo de la jornada de manifestación, deberán convocar y conformar una mesa de coordinación en la respectiva jurisdicción, para atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica, en pro de sugerir a la primera autoridad de policía, la l l r'"\ Ot_,.J_-_ _ _ DE 2020 DECRETO NÚMERO _ _ _ _ PÁGINA 27 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITtMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" toma de decisiones a que haya lugar para proteger los derechos individuales y colectivos. Esta mesa estará integrada por delegados de: a) Secretario de gobierno o de Seguridad Ciudadana y Convivencia b) Secretaria de salud departamental o municipal según sea el caso. c) La Oficina de Derechos Humanos o quien haga sus veces. d) Comando de la Policía Nacional de la respectiva jurisdicción. e) Un delegado de los organizadores que convocan la protesta pacífica f) Un delegado de las organizaciones de derechos humanos del orden territorial. g) Un delegado de las comisiones de verificación y veedurías. Se podrá invitar al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a representantes de los gremios del sector productivo, y cuando la situación lo amerite, se podrá convocar a las demás instancias que tengan competencia sobre el asunto.

Funciones de la mesa de coordinación: la mesa de coordinación adelantará las siguientes funciones: 1. Servir como instancia de coordinación de manera previa, concomitante y posterior entre las autoridades del orden ejecutivo, la Policía Nacional, los representantes u organizadores de la manifestación pública y demás entidades, a efectos de recomendar las medidas pertinentes para el ejercicio del derecho a manifestarse. 2. Proponer mecanismos de interlocución y articulación entre las diferentes instancias de coordinación del presente protocolo; y, entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil, sus líderes, inclusive de quienes no participan en la protesta. 3. Proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las diferentes instancias de coordinación del presente protocolo. Así como entre las autoridades administrativas, de policia y las organizaciones de sociales que ejercen el derecho a la manifestación. 4. Proponer medidas que propendan por mejorar el acompañamiento de las manifestaciones públicas, y garantizar el ejercicio de derechos y libertades de quienes participan o no en las movilizaciones, las cuales serán remitidas a los Puesto de Mando Unificados. DECRETO NÚMERO O{] 3 DE 2020 ------------------- PÁGINA 28 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGITiMA DEL ESTADO YPROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" 5. Mantener un enlace de coordinación con el Puesto de Mando Unificado, a través de las instituciones que hacen presencia simultánea allí y en las Mesas Coordinación.

Diálogo con organizaciones sociales y ciudadanos convocantes. Dentro de las acciones previas a las manifestaciones, como primera acción, se deberá realizar labores de diálogo, interlocución y reconocimiento de las personas convocantes a movilizaciones de carácter nacional, regional y local.

De la mlslon periodística y el derecho a la ciudadanía al registro y documentación de los hechos. De conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia, el ejercicio del oficio periodístico se constituye como una importante labor de veeduría durante el desarrollo de las manifestaciones públicas. De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política, las autoridades de policía garantizaran el ejercicio periodístico en los escenarios de manifestación para el acceso a información pública de hechos que se desarrollen durante la misma. De igual manera, las personas tienen el derecho a registrar y documentar los hechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1801 de 2016.

Diálogo con las organizaciones de derechos humanos que realizan observación en las manifestaciones públicas y pacíficas. Las autoridades administrativas y de policía, a través de las mesas de coordinación, deberán mantener permanente diálogo con las organizaciones de Derechos Humanos, que realizan la función de observación en las manifestaciones públicas y pacíficas, como garantes de la sociedad civil del derecho a la protesta.

Sobre las Comisiones de Verificación - CV de la sociedad civil. Las Comisiones de Verificación están conformadas por organizaciones de derechos humanos o demás organizaciones que propendan por la promoción y protección de los derechos humanos en la manifestación pública y pacífica. Parágrafo. Con el fin de generar mayor coordinación e interlocución con las autoridades encargadas de garantizar las manifestaciones y protestas pacíficas, DECRETO NÚMERO _ _ _0_0_"3_-_ _ _ _ DE 2020 PÁGINA 29 DE 39 Continuación del decreto: Por el cual se expíde el Protocolo de accíones preventivas, concomitantes y posteriores, denomínado "ESTATUTO DE REACCIÓN, I,lSO y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGfTlMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" las personas integrantes de estas Comisiones deben estar identificadas mediante un distintivo de carácter visible.

Funciones de las Comisiones de Verificación ~ CV de la sociedad civil. Las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil tendrán las siguientes funciones: 1. Podrán observar, dialogar y mediar en el marco del ejercIcIo de la movilización, en coordinación con las autoridades administrativas, de policía y demás actores que intervienen en el ejercicio del derecho a la movilización. 2. Solicitar reuniones extraordinarias de la mesa de coordinación antes de la realización de movilizaciones públicas de connotación o asistencia significativa, o aquellas que por las situaciones que generan sean solicitadas por las Comisiones de Verificación, las autoridades de policía o los organizadores de la movilización. 3. Para la realización de su mlSlon, quienes hagan parte de la Comisión de Verificación, podrán hacer la verificación in situ y en tiempo real del desarrollo de las movilizaciones. De esta manera, la CV designarán a sus delegados para la participación en las mesas de coordinación. La verificación de los delegados de las CV se realizará conforme a lo contemplado en este Protocolo. 4. Las Comisiones de Verificación podrán solicitar la participación de los órganos de control, con el fin de verificar los elementos de dotación con los que cuentan los policiales asignados para el acompañamiento e intervención de las movilizaciones, en aras de evitar el porte de armas letales que pongan en riesgo la vida y la integridad de los manifestantes. 5. Si durante el desarrollo de las movilizaciones se presentan actos de violencia que ameriten la intervención de la fuerza pública, las Comisiones de Verificación podrán en coordinación con los gestores de convivencia del municipio o quien haga sus veces, promover el dialogo y la mediación con el fin de garantizar el derecho a la protesta y movilización social, así como las garantías de los demás actores que participen o se vean afectados por la movilización. 6. Las Comisiones de Verificación observarán que el derecho al ejercicio de la misión periodística y el derecho deber de los ciudadanos a informar, registrar y documentar situaciones que se susciten en el marco del ejercicio del derecho a DECRETO NÚMERO OO3 ----~~~-------- DE 2020 PÁGINA 30 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGfTlMA DEL ESTADO YPROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA" la manifestación pacífica sea debidamente respetado y garantizado por las autoridades de policía en los términos del artículo 21 de la Ley 1801 de 2016. 7. Al finalizar la protesta, las Comisiones de Verificación podrán hacer entrega a la mesa de coordinación de un informe con las observaciones sobre el desarrollo de las movilizaciones. Dicho informe, reunirá también observaciones sobre las buenas prácticas de los diferentes actores en las movilizaciones y será compartido, a su vez, con las autoridades, el Ministerio Público, y la Policía Nacional. 8. Formular solicitudes a los funcionarios de la Policía Nacional, Ministerio Público y representantes del gobierno local, con el fin de solventar dificultades o de obtener garantías para los manifestantes y para sí mismos.

Verificación de identificación, dotación y órdenes de servicio por parte del Ministerio Público. Los integrantes o delegados del Ministerio Público, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de acuerdo con sus directrices institucionales, a iniciativa propia o a solicitud podrán realizar verificaciones previas de la identificación y los elementos de dotación con los que cuentan los policías asignados para el acompañamiento de las movilizaciones, así como de las órdenes de servicio.

Listado de enlaces y mandos policiales. Cuando se requiera cualquier participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD en eventos públicos, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición del Defensor del pueblo el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e igualmente la Policía Nacional deberá designar un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el Defensor del Pueblo.

Aviso de la realización de una jornada de protesta o movilización. Los organizadores o movimientos sociales convocantes de una protesta o movilización, avisarán a la alcaldía de la jurisdicción de conformidad con lo señalado en las Sentencias de constitucionalidad de la honorable Corte Constitucional C-024 de 1994 y C-009 de 2018, la fecha, hora y sitio del lugar en donde se va a ejercer el derecho a la manifestación pública y pacífica, y el posible recorrido. Este aviso también podrá contener medios de contacto efectivos con los convocantes a la protesta, como correos electrónicos y número de teléfono. DECRETO NÚMERO ") -1 " U (J .) ------~~~------ DE 2020 PÁGINA 31 DE 38 Continuación del decreto: Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTA TUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"