Sentencia T-737 de 2017

T-737-17 Sentencia T-737/17 PROPIEDAD COLECTIVA DE PUEBLOS INDIGENAS-Protección internacional DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Reconocimiento constitucional El territorio colectivo indígena fue elevado a rango constitucional, con un régimen especial que protege el derecho de los pueblos indígenas a utilizar las tierras que han ocupado ancestralmente, de tal manera que puedan ejercer libremente sus usos, costumbres y tradiciones, como garantía del principio de diversidad étnica y cultural (art. 7°, C.P.). DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE GRUPOS ETNICOS SOBRE TERRITORIOS-Marco normativo DERECHOS AL TERRITORIO COLECTIVO Y AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, EN EL MARCO DE PROCESOS DE CONSTITUCION DE RESGUARDO INDIGENA-Jurisprudencia constitucional DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y AL TERRITORIO COLECTIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Vulneración por haberse incurrido en una dilación injustificada en proceso de constitución de resguardo ordenado por el INCODER Las entidades accionadas, violaron el derecho al territorio colectivo, en su faceta relativa al deber del Estado de entregar tierras que le permita a la comunidad indígena desplazada subvenir sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y AL TERRITORIO COLECTIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Orden a la Agencia Nacional de Tierras finalizar proceso de constitución de resguardo promovido a favor de la comunidad Embera Katío Referencia: Expediente T-6.221.151 Acción de tutela interpuesta por el señor Dilio Dovigama, líder “Jaibaná” de la comunidad indígena Embera Katío del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV). Magistrado sustanciador: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA 1. El señor Dilio Dovilgama, líder “Jaibaná” de la comunidad indígena Embera Katío del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (en adelante, la “UARIV”), con el fin de que se amparen los derechos a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad alimentaria, al territorio colectivo y a la etnoeducación de los miembros de su comunidad. Adujo el actor que los derechos mencionados han sido vulnerados por las entidades accionadas al postergar de manera indefinida el proceso de constitución de resguardo indígena. 2. En consecuencia, solicitó al juez de tutela, primero, que ordene a la entidad competente realizar los trámites administrativos tendientes a la adquisición del inmueble denominado “El Porvenir” o de otro predio de características similares, que garantice los derechos de la comunidad indígena Embera Katío del municipio de Puerto Boyacá; y segundo, que ordene a las autoridades responsables brindar todas las condiciones para garantizar la integridad de los miembros de su comunidad en cualquier proceso de reubicación o desplazamiento a otro predio, de conformidad con lo previsto en la Ley 1448 de 2011. B. HECHOS RELEVANTES 3. El señor Dilio Dovigama manifestó que, en el presente proceso, actúa en calidad de Jaibaná, líder espiritual y representante legal de la comunidad Embera Katío, asentada en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá)[1]. 4. El accionante manifestó que los miembros de su comunidad son víctimas del desplazamiento forzado, pues en el año dos mil dos (2002) el conflicto armado interno los obligó a dejar su territorio y ubicarse en el municipio de Puerto Boyacá. Indicó que, en el periodo comprendido entre los años dos mil cuatro (2004) y dos mil siete (2007), el alcalde de dicho municipio les asignó un terreno en la zona rural para que fuera compartido con la comunidad Embera Chami; sin embargo, por las diferencias culturales entre ambas comunidades, se presentaron conflictos que derivaron en el asesinato del “Jaibaná” de la comunidad Embera Katío, en el año dos mil trece (2013)[2]. 5. Por lo anterior, señaló que el pueblo Embera Katío, con ayuda de funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, fue reubicada en el predio del señor Alfredo Espitia Villa, ubicado en el municipio de Puerto Boyacá, vereda Puerto Romero, en el sector La Fiebre, predio El Porvenir[3]. Afirmó que, en este predio (i) la comunidad construyó casas con plástico y madera, y sembró matas de plátano para garantizar su subsistencia; (ii) los niños y las niñas tenían la posibilidad de asistir a una escuela cercana; y (iii) la Administración local instaló tanques para el suministro de agua potable. 6. Mediante auto del cinco (5) de octubre del año dos mil quince (2015), la Subgerencia del INCODER resolvió “iniciar el procedimiento de constitución de resguardo indígena La Fiebre del pueblo Embera Katío, ubicado en el municipio de Puerto Boyacá”. Para tal efecto, entre otras cosas, ordenó la práctica de una visita al predio mencionado los días seis (6) a nueve (9) de noviembre del mismo año, a fin de verificar la viabilidad de la constitución del resguardo, comprometiéndose de esta manera a levantar un acta del trabajo de campo y, a continuar con las etapas subsiguientes de dicho procedimiento[4]. 7. El actor alegó que la entidad mencionada no ha concluido el proceso de adquisición del predio, lo cual ha generado que el propietario desista del negocio y solicite su desalojo. 8. Frente a esta situación, el veintitrés (23) de mayo de 2016[5], el señor Dilio Dovilgama, en representación de los miembros de la comunidad indígena Embera Katío ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, presentó acción de tutela contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UARIV, solicitando la protección de los derechos de su comunidad, los cuales considera vulnerados con ocasión de la dilación en el proceso de constitución del resguardo indígena. 9. Manifestó que la situación de desarraigo en la que han permanecido los miembros de la comunidad desde que arribaron al municipio les ha impedido establecer una conexión con la tierra, y gestionar proyectos productivos, cultivar su propia comida y desarrollar programas de vivienda. Adujo que, en la medida en que el territorio es un elemento material y espiritual de los pueblos indígenas, la situación de desplazamiento continuo ha generado problemas en la determinación de su identidad cultural y étnica, que amenazan con la pérdida de las costumbres, lengua, rituales y demás aspectos que los caracterizan. 10. Por último, alegó que la inactividad de las autoridades estatales deriva en una violación de los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad, entre los cuales se encuentran personas de la tercera edad, madres gestantes y lactantes, además de niños, niñas y adolescentes. Por estas razones, solicitó al juez de tutela que conceda el amparo sobre los derechos vulnerados, y en efecto, acceda a las pretensiones formuladas en la demanda de tutela (ver supra. numeral 2). C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y DE LOS TERCEROS VINCULADOS Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 11. El Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó la desvinculación del presente proceso, bajo el argumento de que no tiene la competencia legal para dar trámite a lo solicitado por el accionante. Manifestó que, pese a que ejerce control de tutela sobre las entidades adscritas, como el INCODER -en liquidación, no es posible impartirle a aquellas entidades órdenes que invadan su autonomía administrativa y presupuestal[6]. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -en liquidación (INCODER) 12. El Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad manifestó que el amparo solicitado no procede en razón a la falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que la entidad encargada de adquirir el predio que reclama el actor en favor de su comunidad no es el INCODER, sino la Agencia Nacional de Tierras (en adelante, la “ANT”)[7]. Agencia Nacional de Tierras 13. El Jefe de la Oficina Jurídica de la ANT, solicitó no tutelar los derechos invocados por el actor, en razón a que: (i) la comunidad indígena no ha agotado el procedimiento administrativo de constitución de resguardo; y (ii) no se encontraba demostrado que la entidad hubiese causado un perjuicio irremediable. Además, expuso el marco normativo que regula las funciones de dicha entidad[8], para señalar que si bien le correspondía adelantar el proceso de constitución de resguardo, no era posible en el momento de la presentación del informe (veintidós (22) de julio de 2016) continuar con el mismo, por cuanto, se encontraba en curso el proceso de empalme con el INCODER en liquidación[9]. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 14. El asesor de dicha agencia invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en efecto, solicitó al juez de tutela que no la tenga en cuenta como parte en el proceso[10]. Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (DPS) 15. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó la desvinculación del presente proceso, en razón a que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1448 de 2011, dicha entidad no es competente para resolver la cuestión planteada por el actor, puesto que corresponde a la UARIV la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV)[11]. Ministerio del Interior 16. La asesora de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de este Ministerio, solicitó la exoneración de cualquier responsabilidad por no tener competencia para adquirir los predios. Con relación a la situación de la comunidad Embera Katío del municipio de Puerto Boyacá, indicó que no tenía conocimiento del estado actual del proceso de constitución de resguardo, e informó que, el catorce (14)[12] y quince (15)[13] de abril de dos mil dieciséis (2016) se hizo visita de verificación al predio y reunión del Comité Territorial de Justicia Transicional[14], con el fin de diseñar el plan de choque para la atención de la comunidad indígena. En esa medida, se ofició al INCODER -en liquidación para que adelantara las gestiones necesarias para la adquisición del predio[15]. Ministerio de Defensa 17. La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de ese Ministerio, solicitó la desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva[16]. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18. La apoderada de la entidad solicitó negar la tutela, por considerar que se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva[17]. Ministerio de Educación Nacional 19. La asesora del mencionado Ministerio solicitó la desvinculación del trámite de tutela, invocando la falta de competencia para pagar ayudas humanitarias de la población desplazada. Agregó que, en relación con las víctimas, su responsabilidad se limita a brindar asistencia técnica al departamento o municipio para fortalecer al ente territorial en la prestación del servicio de educación[18]. Alcaldía de Puerto Boyacá (Boyacá) 20. El Alcalde del municipio coadyuvó la solicitud de amparo, al considerar que es urgente y necesario que las autoridades competentes adopten las medidas definitivas en relación con la ubicación y adquisición de un predio en el que la comunidad indígena pueda desarrollar su cultura y, de esta manera, garantizar sus derechos fundamentales. 21. Ratificó la veracidad de los hechos que expuso el actor en la demanda de tutela e indicó que ha venido prestando apoyo al proceso de constitución del resguardo, al suministro de alimentación y al acceso a los servicios públicos domiciliarios de la comunidad indígena. Afirmó que, en reuniones con otras entidades estatales, se ha puesto de presente que el problema con la adquisición del predio obedece a la entrada en liquidación del INCODER. 22. Por otro lado, informó que, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se efectuó la reubicación de la comunidad Embera Katío a un predio de propiedad del municipio, denominado “Casa Loma”, el cual “cuenta con las condiciones mínimas para subsistir, pero que su grado de vulnerabilidad es menor” [19]. Así mismo, se adelantaron las gestiones necesarias para incluir en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a los miembros de la comunidad[20]. Gobernación de Boyacá 23. La apoderada sustituta de la Gobernación de Boyacá se limitó a manifestar que los hechos no le constaban, por lo tanto, deben ser probados en el proceso[21]. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF 24. La Coordinadora del Grupo Jurídico Regional Caldas solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva con relación a dicha entidad. Lo anterior, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 1573 de 2015, que modificó los artículos 47 y 65 de la Ley 1448 de 2011, y con base en lo establecido por la Resolución 351 de 2015, la UARIV es la única responsable de pagar el componente de alimentación a las víctimas del desplazamiento forzado.[22] 25. Por otro lado, la UARIV, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Agencia Agraria de Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Salud y Protección Social, pese a que fueron notificados y vinculados al presente proceso de tutela, no emitieron pronunciamiento. D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Primera instancia: Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, el trece (13) de junio de dos mil dieciséis (2016) 26. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas resolvió amparar los derechos a la vida, a la igualdad, a la protección, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, en conexidad con las prerrogativas de la seguridad alimentaria y territorio que le asisten a la comunidad indígena Embera Katío. 27. El a quo reconoció que el ente territorial y otras entidades estatales han hecho esfuerzos para apaciguar la situación de vulnerabilidad de dicha comunidad. Sin embargo, consideró que era necesario adoptar las medidas y decisiones efectivas que permitieran solucionar de manera definitiva el problema de asentamiento, como, por ejemplo, disponer la adquisición del predio para constituir el resguardo. Para ello, señaló que es indispensable el trabajo conjunto de las autoridades que fueron vinculadas al proceso, las cuales en ejercicio de sus competencias tienen la obligación de atender las necesidades de educación, seguridad, salud, entre otras, que tenga la comunidad indígena víctima de desplazamiento forzado. 28. Con base en lo anterior, resolvió, en primer lugar, ordenar que, en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación del fallo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en asocio con la UARIV, realicen todos los trámites administrativos y legales, tendientes y necesarios para la adquisición del predio denominado “El Porvenir” u otro con características similares, el cual será asignado a la comunidad indígena Embera Katío, ubicada en el municipio de Puerto Boyacá. En segundo lugar, ordenar que, en el caso de que el empalme de los procesos que venía adelantando el INCODER en liquidación respecto del presente asunto no se haya efectuado en su totalidad, dicha entidad estará en la obligación de hacer lo posible dentro de sus facultades y competencias para que este proceso se realice de manera ágil, célere y eficaz, en garantía de la protección de los derechos fundamentales que le asisten a la comunidad. Por último, en tercer lugar, decidió exhortar a diversas autoridades, para que, en el marco de sus competencias normativas, desarrollen un trabajo armónico y colaborador en aras de garantizar y proteger los derechos fundamentales de la comunidad, en el proceso de reubicación y asentamiento en un territorio acorde a su cultura, necesidades y a la situación de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado interno. Impugnación 29. El Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que el control de tutela que ejerce sobre las entidades adscritas y vinculadas, no le permite intervenir en la aprobación y autorización de los actos administrativos que adopte el INCODER en liquidación, o la ANT, en ejercicio de sus competencias[23]. Segunda instancia: Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)[24] 30. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, al considerar que no fue demostrado al interior del proceso que el actor u otro miembro de la comunidad indígena hubiere impulsado ante las autoridades competentes el trámite de constitución de resguardo. 31. De otra parte, el ad quem señaló que la demanda de tutela no supera el análisis del requisito de subsidiariedad, comoquiera que la acción popular es el mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos de carácter colectivo, tal y como ocurre en el caso concreto, con la solicitud de protección del derecho al territorio indígena. E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS REACAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN 32. Mediante auto de fecha diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Magistrado sustanciador, con fundamento en lo estipulado en el artículo 64 del Reglamento interno de la Corte Constitucional, decretó pruebas en sede de revisión, con el fin de allegar al proceso elementos de juicio relevantes para éste. En consecuencia, en dicha providencia se resolvió que, por Secretaría General de esta Corporación, se oficiara a la UARIV, a la ANT, a la Alcaldía del municipio de Puerto Boyacá, a la Confederación Indígena Tayrona -en calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a la Unidad de Restitución de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que rindieran informe sobre los hechos que motivaron la presentación de la acción de tutela y respondieran unas preguntas específicas sobre la forma en la que se estaba adelantando el procedimiento de constitución de resguardo indígena de la comunidad Embera Katío asentada en el municipio de Puerto Boyacá. Así mismo, solicitó el Magistrado sustanciador a dichas entidades informar que, en el marco de sus competencias, en qué condiciones han estado prestando los servicios básicos a dicha comunidad (salud, alimentación, educación, vivienda, entre otros)[25]. 33. Mediante oficio del veintiséis (26) de octubre del 2017, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó y remitió al Magistrado sustanciador las respuestas a las pruebas solicitadas en el auto de fecha diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Con el propósito de evaluar en detalle todos los documentos allegados por las entidades requeridas, la Sala dispuso, mediante auto del veintiséis (26) del mismo mes y año, suspender los términos del proceso por un período de un (1) mes, contado a partir de la fecha de dicha providencia. A continuación, la Corte procedió a resumir las pruebas que le fueron remitidas. 34. Respuesta del accionante Dilio Dovigama Santos (líder indígena “Jaibaná”), coadyuvado por José Vicente Chalarca (Cabildo Mayor Indígena), Bernardo Restrepo Serna (Gobernador Cabildo Indígena) y Adán Restrepo Guasicama (Secretario): Manifestaron el accionante y los coadyuvantes que la Alcaldía de Puerto Boyacá desconoció la realidad de la comunidad Embera Katío porque se ha negado a registrarlos como cabildo. Aunado a ello, adjuntaron copia del “censo” actualizado[26]. 35. Afirmaron que su situación es precaria debido a que todos los miembros de la comunidad se encuentran durmiendo en plásticos, sin acceso a servicios públicos domiciliarios (agua potable, energía, etc), el servicio de educación no se presta en óptimas condiciones, el suministro de alimentos es escaso, y no cuentan con servicio de salud[27]. Unido a lo anterior, afirmaron que la demora en la entrega de los predios para constituir el resguardo también expone a los menores de edad miembros de este pueblo a peligros como la venta de drogas, así como, afecta la identidad del pueblo indígena por la adopción de costumbres ajenas a su cultura por la cercanía con población “blanca”, y también amenaza su arraigo cultural porque no pueden producir su propio alimento, limitándose a la elaboración de artesanías, extracción de carbón, labores en fincas y trabajos de construcción. 36. Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: El Coordinador del Grupo de Atención de Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de dicho Ministerio, rindió concepto sobre el procedimiento de constitución de resguardo indígena, las competencias de las entidades involucradas y demás aspectos relevantes en este tipo de procesos relacionados con indígenas víctimas del desplazamiento forzado. Por lo cual, el Ministerio advirtió la falta de injerencia que tiene respecto de sus entidades adscritas y vinculadas por la naturaleza del control de tutela que ejerce sobre las mismas. De este modo, señaló que no puede interferir en los actos administrativos que sobre la constitución de resguardos indígenas decida expedir la ANT (entidad adscrita). 37. Agencia Nacional de Tierras (ANT): La Directora de Asuntos Étnicos de la ANT, informó que: (i) no fue posible dar cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia que ordenó la adquisición del predio, debido a que este se encontraba gravado con una servidumbre de oleoducto y tránsito de ocupación permanente, con hipotecas por cancelar, a lo que se suma que el propietario desistió del proceso; (ii) en julio de dos mil dieciséis (2016) la ANT recibió del INCODER -en liquidación, los archivos del proceso de constitución de resguardo, por lo que fueron reactivadas las actuaciones administrativas; (iii) las comunidades Embera Katío y Chami, asentadas en Puerto Boyacá, son víctimas del desplazamiento forzado, razón por la cual es necesario finalizar el proceso de retornos y reubicaciones, así como la suscripción de las actas de voluntariedad de los miembros de la comunidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1448 de 2011; (iv) el veintiuno (21) abril de dos mil dieciséis (2016) realizó visita al “asentamiento” para identificar y atender las necesidades más urgentes de la comunidad Embera Katío; (v) en febrero de dos mil diecisiete (2017) la Alcaldía de Puerto Boyacá remitió a dicha agencia concepto técnico sobre un predio denominado “La Unión”, para que reemplazara los predios “El Mirador” y “El Porvenir”, por lo que se informó al accionante sobre los procedimientos y formatos de oferta requeridos para iniciar el proceso de adquisición, los cuales fueron finalmente presentados en septiembre de ese mismo año; y (vi) los días veinticuatro (24), veinticinco (25) y veintiséis (26) de octubre del 2017 fueron programadas reuniones interinstitucionales para atender la situación de la comunidad Embera Katío. 38. Por otro lado, manifestó que el procedimiento para la constitución de resguardo debe estar mediado de la titularidad de territorio. En esa medida, no es dado afirmar que, en el caso concreto, el INCODER hubiera iniciado dicho proceso, por cuanto la comunidad accionante no tenía la titularidad sobre el predio “El Porvernir”, dado que este fue calificado como no viable para ser adquirido. 39. En cuanto a los criterios de priorización para constitución del resguardo, señaló que no son óbice para que se realice la compra de los predios, advirtiendo que, en el caso concreto, por tratarse de víctimas no se solicita la priorización, dado que existe una mesa técnica en consorcio con la ANT-DAE, que realiza el seguimiento a dicho proceso y prioriza los casos más urgentes. 40. Respecto del presente asunto, informó que, en los términos de lo previsto en el Decreto 1071 de 2015, a la fecha se encuentra en proceso de adquisición del predio denominado “La Unión”, el cual, una vez adquirido, será objeto de la constitución del resguardo según la viabilidad de compra. En ese sentido, aclaró que no existe expediente del proceso de constitución de resguardo, sino de adquisición de predios. Para tal efecto, aportó los respectivos documentos, que esta Sala mencionará según su relevancia en el desarrollo del caso concreto. 41. Finalmente, manifestó que las razones por las cuales se ha dilatado el proceso de constitución obedecen a que la comunidad no cuenta a la fecha con territorio propio para tal fin, además de que no existen las actas de voluntariedad para la reubicación y el proceso de adquisiciones se ha visto afectado por la viabilidad de compra de los primeros predios ofertados, ocasionando con ello que hasta octubre de dos mil diecisiete (2017) quedaran radicadas las nuevas ofertas que sustituyen los primeros predios para la compra. 42. Defensoría del Pueblo: La Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales informó que en el municipio de Puerto Boyacá se encuentran asentadas dos (2) comunidades indígenas que, de acuerdo con el censo realizado en el año 2013, se encuentran conformadas así: (i) Embera Chami, que está integrada por un grupo entre 12 y 14 familias (entre 68 y 72 personas) que fueron ubicadas por la Alcaldía Municipal en un predio llamado “finca Pozo 2”, y que han recibido acompañamiento institucional para el desarrollo agrícola y la implementación de proyectos productivos auspiciados por distintas instituciones del nivel municipal y departamental; y (ii) Embera Katío, que está conformada por un grupo de 4 a 7 familias (entre 16 y 20 personas) que se encontraban ubicadas en una casa municipal abandonada denominada “Casa Loma”, ubicada a cinco (5) minutos del casco urbano. Indicó que estas cifras no son estáticas, dado que continuamente nuevas familias arriban al municipio y otros lo abandonan. 43. Señaló que, en el año 2015, el INCODER inició el procedimiento de constitución de resguardo indígena “La Fiebre del pueblo Embera Katío”, y que la Alcaldía Municipal ha destinado recursos en el Plan de Atención Territorial, en el componente de generación de ingresos, y se ha encargado de entregar alimentos a ambos asentamientos. Sin embargo, advirtió que se han presentado dificultades en el abordaje de las problemáticas de la comunidad, en tanto se ha omitido considerar que la situación de desplazamiento se ha perpetuado por más de quince (15) años. Agregó que las autoridades locales no han estudiado la posibilidad de implementar un plan de retorno al resguardo anterior o reubicación, y no se ha considerado la implementación de estrategias de reunificación entre los dos resguardos, sino que, por el contrario, se ha propuesto la creación de un nuevo resguardo de donde la población no es originaria. 44. En ese sentido, señaló que, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del Decreto Ley 4633 de 2011, la reubicación de la población Embera Katío no requiere de la constitución de un resguardo, sino que puede “llevarse a cabo un plan de reubicación cuya duración temporal o definitiva, será definida con las comunidades directamente afectadas”[28]. Resaltó que, en este caso, fueron presentadas solicitudes individuales de familias que no son originarias de esta zona, pero quieren seguir viviendo allí, situación que no se enmarca en los proceso de garantía de derechos de las víctimas. 45. Finalmente, aportó copia del informe de la situación encontrada en la comisión de servicios que se realizó en Barrancabermeja y Puerto Boyacá –Magdalena Medio, entre el veintidós (22) y veinticinco (25) de febrero de dos mil diecisiete (2017), y copia del oficio enviado a la Dirección de Asuntos indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en el que se plantearon inquietudes sobre el seguimiento a las órdenes del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional. Así mismo, informó que tenía programada reunión con el señor Dilio Dovigama para avanzar en la toma de la declaración colectiva de los hechos victimizantes. 46. Procuraduría General de la Nación: El Asesor de la Procuraduría para Asuntos Étnicos hizo un recuento de los fundamentos fácticos de la tutela, para luego resaltar la importancia de la protección a la identidad cultural, la diversidad étnica y el pluralismo de las comunidades indígenas. En ese orden, citó apartes de las sentencias T-433 de 2011 y T-052 de 2017, para explicar la relación entre el territorio colectivo y los pueblos indígenas. 47. Sobre el caso bajo análisis, manifestó que no puede concebirse la supervivencia de la comunidad Embera Katío sin un territorio donde pueda desarrollarse. Afirmó que “[s]ostener lo contrario es llevarla de manera inminente a su desaparición, dado el desplazamiento silencioso por no tener un lugar donde concretar su identidad de manera colectiva. Es allí donde el Estado debe trabajar a partir de sus fines para garantizar su existencia”. Por ello, consideró que se debe buscar y propender por garantizársele a la comunidad un territorio donde habitar, sin el riesgo de conflictos o hechos que la vuelvan a victimizar; en el caso contrario, se prolongaría su condición de vulnerabilidad extrema a causa del desplazamiento forzado. 48. Agencia Presidencial de Cooperación: La Asesora con funciones jurídicas de la entidad informó que el juez de tutela de segunda instancia ordenó su desvinculación del presente proceso. 49. Ministerio del Interior: El Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del mencionado Ministerio rindió informe sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas Embera Katío y Embera Chami asentadas en Puerto Boyacá. Para ello, expuso las actuaciones que adelantó dicho Ministerio a fin de coordinar esfuerzos con las autoridades municipales, departamentales y nacionales, que permitan superar los problemas con la adquisición del territorio necesario para la constitución del resguardo indígena del pueblo Embera Katío. Por este motivo, se conformó el Comité de Justicia Transicional, el cual se ha ocupado de vigilar el cumplimiento de las acciones y los planes que se han formulado entre diversas instituciones con el propósito de conseguir la reubicación de la comunidad a un predio que cumpla con las condiciones adecuadas para que vivan conforme a sus usos y costumbres. 50. Por último, aportó copia del acta de la reunión celebrada en Tunja (Boyacá) el veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017), con delegados de las entidades responsables de la atención a la comunidades indígenas, en la que se hizo un análisis de contexto del plan de retorno y reubicación, así como de las problemáticas internas de estos pueblos, entre otros temas. Como consecuencia de lo anterior, explicó que se acordó la creación de un plan de acción conjunto de restablecimiento de derechos de ambas comunidades indígenas, para lo cual se programó reunión con las autoridades indígenas, la Gobernación Boyacá, la Alcaldía de Puerto Boyacá, la ANT, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la UARIV. 51. Agencia de Desarrollo Rural –ADR: La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad manifestó que no tiene dentro de sus funciones las relacionadas con la adquisición de predios y su respectiva adjudicación, razón por la cual no está llamada a dar cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia. 52. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestó que no iba a pronunciarse sobre el caso. 53. Finalmente, la Secretaría General de la Corte Constitucional hizo constar que la UARIV, la Alcaldía del Municipio de Puerto Boyacá, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Unidad de Restitución de Tierras y la Confederación Indígena Tayrona no atendieron el requerimiento realizado por la Corte. Por esta razón, la Sala de Revisión, mediante dos (2) autos de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), resolvió prorrogar la suspensión de términos dictada en auto del veintiséis (26) de octubre del mismo año y, requerir nuevamente a la UARIV y a la Alcaldía de Puerto Boyacá, para que rindieran el respectivo informe. 54. Con base en lo anterior, mediante oficio del catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la Secretaría General de la Corte Constitucional informó que la UARIV y la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá no respondieron la nueva solicitud de pruebas, y remitió al Magistrado sustanciador los oficios allegados por la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo y por el Coordinador del Grupo de Atención de Procesos Judiciales del Ministerio de Agricultura[29]. 55. Cabe anotar que, el veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Secretaría General de la Corte remitió al despacho del Magistrado sustanciador el informe que la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá envió por fuera del término fijado por el auto de pruebas. En dicho documento puso de presente, en primer lugar, las actuaciones que ha adelantado, con la colaboración de otras entidades, para apoyar el proceso de constitución de resguardo indígena; en segundo lugar, en cuanto a la situación de la comunidad Embera Katío, informó que tiene un patrón de poblamiento disperso y expansivo, limitación de recursos económicos, pérdida de cosmovisión y/o desarraigo de la cultura Embera, no auto productividad, y presenta desplazamientos masivos, indigencia y conflictos internos. Así mismo, indicó que este pueblo actualmente se encuentra ubicado en un predio de propiedad del municipio, situado en la vereda Puerto Niño, en el cual se garantiza el servicio de agua y de alimentación, se está gestionando la prestación del servicio de luz y se facilita el acceso a la atención en salud, a través del régimen subsidiado; en tercer lugar, adujo que la comunidad recibe alimentación escolar y que sus veintidós (22) estudiantes reciben el servicio de educación en los institutos educativos del municipio, cercanos al asentamiento, a los cuales fue vinculado, provisionalmente, un docente etnoeducador por disposición de la Gobernación de Boyacá. Por último, manifestó que el proceso de constitución de resguardo y perjuicios de la comunidad Embera Katío están bajo conocimiento y competencia del Ministerio del Interior[30]. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 56. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Siete de la Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de primera y segunda instancia. B. CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 57. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia[31] y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[32]. 58. Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá primero a verificar si esta cumple los requisitos de procedibilidad. Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto 59. Legitimación por activa: Al regular la acción de tutela, la Constitución establece quiénes son los legitimados para interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (subrayas fuera del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en la causa por activa. En este caso concreto, observa la Sala que el señor Dilio Dovigama, invocando su condición de miembro y “Jaibaná” o líder espiritual, interpone acción de tutela en representación de los miembros de la comunidad Embera Katío, asentada en el municipio de Puerto Boyacá. 60. Al respecto, vale resaltar que en el expediente reposa un oficio por medio del cual cincuenta y siete (57) personas mayores de edad de la comunidad indígena Embera Katío, asentada en el municipio de Puerto Boyacá, respectivamente identificados con su cédula de ciudadanía, manifestaron que respaldan la acción de tutela presentada por el señor Dilio Dovigama[33]. Así mismo, la Sala encontró que en los documentos relativos a las actuaciones administrativas tendientes a solucionar el problema con la constitución del resguardo indígena, el señor Dovigama ha sido reconocido por las entidades estatales y por la misma comunidad indígena como su representante y líder espiritual o “Jaibaná”. Adicionalmente, en sede de revisión ante la Corte, el accionante presentó escrito reclamando la protección de los derechos fundamentales de la comunidad Embera Katío, coadyuvado por José Vicente Chalarca, en calidad de miembro del Cabildo Mayor Indígena[34]. 61. Por lo anterior, y en la medida que esta situación se encuentra en los preceptos contenidos en el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la Sala concluye que en el presente caso existe legitimación en la causa por activa. 62. Legitimación por pasiva: El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. En el caso estudiado, al dirigirse la solicitud de amparo contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UARIV, la Sala entiende acreditado este requisito, en tanto se trata de entidades públicas del orden nacional susceptibles de ser demandadas a través del medio constitucional de amparo. Cabe mencionar que, en el trámite de las instancias y en sede de revisión ante la Corte, se dispuso la vinculación de las entidades que, por sus funciones constitucionales y legales, tienen un interés legítimo en el resultado del presente proceso. Entre estas, se encuentran: el INCODER –en liquidación; la Agencia Nacional de Tierras; la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social; los Ministerios del Interior, de Defensa, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Educación Nacional, de Vivienda, Ciudad y Territorio y el de Salud y Protección Social; la Alcaldía de Puerto Boyacá (Boyacá); la Gobernación de Boyacá; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); la Comisión Nacional de Territorios Indígenas; la Agencia Agraria de Desarrollo Rural; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Unidad de Restitución de Tierras. 63. Inmediatez: El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar”. La jurisprudencia constitucional ha entendido que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad, pues ello sería contrario al artículo citado[35]. Con todo, ha aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello pondría en riesgo la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida, según el propio artículo 86, como un mecanismo de “protección inmediata” de los derechos alegados. 64. Por lo anterior, a partir de una ponderación entre la no caducidad y la naturaleza de la acción, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente[36]. No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que al juez constitucional le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un plazo oportuno. Esto implica que la acción de tutela no puede ser rechazada con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez estudiar las circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término para interponerla[37]. 65. En un caso análogo al que ocupa la Sala, la Corte estudió la acción de tutela que interpuso el Gobernador del resguardo indígena Marimba Tuparro, perteneciente al pueblo Sikuani y Mapayerry del Vichada, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER, por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la identidad étnica y cultural de dicho pueblo, por el retardo injustificado en el adelantamiento del proceso de constitución de resguardo. En lo que respecta al análisis de procedencia formal, este Tribunal determinó que la solicitud de amparo superaba el requisito de inmediatez, al considerar que dicha conducta de la Administración mantenía en el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad.[38] 66. De acuerdo con lo anterior, en el asunto sub examine, la Sala concluye que la demanda de tutela fue interpuesta dentro de un término razonable respecto del presunto momento en el que se causó la vulneración, por cuanto la mora en la realización del proceso de constitución de resguardo ha ocasionado que se prolongue en el tiempo la afectación de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena Embera Katío, asentada en el municipio de Puerto Boyacá. Cabe anotar que esta situación adquiere significativa importancia en la acreditación del requisito de inmediatez, si se tiene en cuenta que a la fecha de dictar esta providencia el proceso mencionado aún no ha concluido y las circunstancias en las que vive este pueblo indígena se mantienen iguales. 67. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable. 68. La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[39]. 69. La idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por sentadas ni ser descartadas de manera general sin consideración a las circunstancias particulares del caso sometido a conocimiento del juez[40]. En otros términos, no puede afirmarse que determinados recursos son siempre idóneos y efectivos para lograr determinadas pretensiones sin consideración a las circunstancias del caso concreto. 70. Entre las circunstancias que el juez debe analizar para determinar la idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial se encuentra la condición de la persona que acude a la tutela. En efecto, según la jurisprudencia, la condición de sujeto de especial protección constitucional y la de debilidad manifiesta del accionante y de la comunidad, son relevantes para analizar si los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y efectivos, lo cual no indica que el requisito de subsidiariedad se desplace, sino que por el contrario su valoración se flexibiliza, lo cual implica que “se hace más flexible para [dicho] sujeto pero más riguroso para el juez”[41]. 71. La Corte ha tenido en consideración varios factores que permiten colegir la procedencia de la acción de tutela en este tipo de casos, a saber: (i) la especial protección que predica la Constitución hacia los pueblos indígenas; y (ii) la barrera de acceso a la propiedad colectiva por el retardo en el proceso de constitución de resguardo indígena, entendido como un problema de orden jurídico-administrativo que, eventualmente, puede comprometer la eficacia de los derechos fundamentales de cada miembro de la comunidad, por ejemplo, la salud, la vida, la identidad cultural y étnica, el debido proceso administrativo, entre otros. De este modo, diferentes Salas de Revisión han concluido que “la tutela es, por regla general, el mecanismo judicial de protección más adecuado para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas”[42]. 72. En ese marco, la Corte Constitucional ha determinado que procede la acción de tutela como mecanismo definitivo de amparo, en casos donde el retardo injustificado en el procedimiento de constitución, ampliación, restructuración y/o saneamiento del resguardo indígena, podría derivar, prima facie, en la violación de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad. Tal criterio, por lo menos, ha sido aplicado por la Corte en las sentencias T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-079 de 2001, T-433 de 2011, T-009 de 2013 y T-379 de 2014, al estudiar las solicitudes de amparo elevadas por diversos pueblos indígenas contra entidades como el INCORA y el INCODER (hoy, ANT), por la violación de sus derechos a la propiedad colectiva sobre sus territorios habitados ancestralmente, a la diversidad cultural y étnica, al debido proceso administrativo, entre otros, como consecuencia de la dilación en el adelantamiento de las etapas de los procesos administrativos relacionados con la constitución de resguardo indígena. 73. Con base en lo anterior, y contrario a lo sostenido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el fallo de segunda instancia, la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que la acción de tutela es el medio idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad Embera Katío, asentada en el municipio de Puerto Boyacá. Ello, no solo por lo dispuesto en casos similares por la jurisprudencia constitucional, sino también porque en el proceso de amparo, las autoridades intervinientes demostraron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los integrantes de este pueblo indígena, incluidos los menores de edad y personas de la tercera edad miembros de dicha comunidad. Frente a este panorama, en el que, a juicio del tutelante, se restringe el goce y ejercicio de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, la Constitución y la jurisprudencia pacífica de este Tribunal han establecido que, tanto el juez de tutela, como el de la acción popular, deben actuar en defensa de las garantías iusfundamentales de las comunidades indígenas, pero con respeto por las competencias asignadas a las demás autoridades que participan en el proceso de constitución de resguardo. 74. Por último, advierte la Sala que no le asiste la razón al juez de tutela de segunda instancia cuando afirma que la solicitud de amparo es improcedente porque ni siquiera se han iniciado actuaciones tendientes a la constitución del resguardo. Por el contrario, las pruebas aportadas al proceso demuestran que la comunidad indígena ha trabajado internamente y con las entidades estatales con el fin de obtener la titulación colectiva, al punto que el INCODER, mediante resolución del cinco (5) de octubre de dos mil quince (2015), resolvió dar inicio al procedimiento de constitución de resguardo, programando las visitas y adelantando los estudios correspondientes[43]. 75. Por lo expuesto, esta Corte considera que, al haber sido acreditado el requisito de subsidiariedad, procede la acción de tutela como mecanismo definitivo de amparo para estudiar la violación de los derechos que fueron invocados por el accionante, en representación de la comunidad indígena de la que hace parte. C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 76. De manera previa, la Sala advierte que, a pesar de que no fue invocado por el accionante, resulta necesario que se incorpore al análisis del caso la posible violación del derecho fundamental al debido proceso administrativo[44]. Ello en la medida que la queja constitucional radica en el incumplimiento de los tiempos previstos para finalizar el proceso de constitución de resguardo. 77. Por lo anterior, y acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar si, en el presente caso, las autoridades accionadas vulneraron los derechos al debido proceso administrativo, a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad alimentaria, al territorio colectivo y a la etnoeducación de la comunidad Embera Katío, asentada en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), por las presuntas dilaciones en la tramitación del proceso de constitución de su resguardo indígena. 78. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala: (i) analizará el régimen de protección al territorio colectivo de los pueblos indígenas; (ii) examinará la jurisprudencia constitucional dictada en relación con el alcance del derecho al debido proceso administrativo en el marco de los procesos de constitución de resguardo indígena; y (iii) procederá a resolver el caso concreto. D. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Reconocimiento internacional 79. En razón a la importancia que tiene el territorio colectivo para la permanencia y existencia de los pueblos indígenas y tribales, y teniendo en cuenta que la ocupación de dichas tierras se ha visto amenazada por diversas situaciones de índole social, político, económico, administrativo, entre otros, la comunidad internacional ha producido normas que reconocen y protegen el derecho de estos pueblos a habitar sus territorios, entre las cuales vale destacar los Convenios 107 y 169 de la OIT. 80. El Convenio 107 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 31 de 1967, se ocupa de lo relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otros grupos tribales en los países independientes. En sus artículos 11, 12, 13 y 14, el Convenio prescribe: (i) el deber de reconocer el derecho de propiedad colectiva a favor de los pueblos indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos; (ii) la prohibición de trasladar estas comunidades de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, y en caso de resultar necesario por razones de seguridad nacional, entre otras, restituirlas en tierras de iguales o mejores condiciones; (iii) el respeto por los usos y costumbres dado por las comunidades indígenas a sus territorios con el deber estatal de emitir medidas legislativas que las protejan de intervenciones arbitrarias de terceros; y (iv) el deber de que los programas agrarios nacionales garanticen a las comunidades indígenas la asignación de territorios adecuados para su subsistencia. 81. En consideración a la evolución del derecho internacional desde la adopción del Convenio 107 (en el año de 1957) y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, la OIT, en el año de 1989, expidió el Convenio 169, el cual fue aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991. Este convenio se ocupó de revisar lo dispuesto en el convenio que le antecedía (107) y cambió la concepción respecto de la protección de los pueblos indígenas. 82. En lo atinente a la tierra, el Convenio 169, en el artículo 13, numeral primero, establece que los Estados tienen el deber de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”; y en el numeral segundo, aclara que “La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 83. Por su parte, el artículo 14 del Convenio 169 se ocupa de señalar los deberes que tienen los Estados en materia de acceso de los pueblos indígenas a sus territorios. En concreto, la norma establece: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. (Negrilla fuera del original). 84. Cabe anotar que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas también ha sido desarrollado en otros instrumentos de derecho internacional, que por su naturaleza han servido a esta Corte como criterios auxiliares de interpretación judicial, por ejemplo: (i) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General mediante Resolución 61/295 de 2007, en particular sus artículos 3, 4, 5, 26 y 27; y (ii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el alcance del derecho a la propiedad privada contenido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[45]. Reconocimiento constitucional 85. Este Tribunal ha precisado que el precitado Convenio 169 influyó en el diseño de las normas constitucionales que establecen la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, específicamente en lo relacionado con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. 86. El artículo 63 de la Constitución reconoce el derecho inalienable, imprescriptible e inembargable de las comunidades indígenas al territorio, al establecer que “[l]os bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Negrilla fuera del original). 87. El artículo 286 de la Carta reconoce al territorio indígena como entidad territorial al disponer que “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley” (Negrilla fuera del original). 88. Así mismo, el artículo 329 Superior establece que “la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará (…) con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. // Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”. // La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte” (Negrilla fuera del original). 89. En ese orden, el artículo 330 de la Carta dispone que los territorios indígenas estén gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades, de conformidad con la Constitución y la ley. 90. En esos términos, el territorio colectivo indígena fue elevado a rango constitucional, con un régimen especial que protege el derecho de los pueblos indígenas a utilizar las tierras que han ocupado ancestralmente, de tal manera que puedan ejercer libremente sus usos, costumbres y tradiciones, como garantía del principio de diversidad étnica y cultural (art. 7°, C.P.). Reconocimiento legal 91. En lo que respecta al desarrollo normativo, el Estado colombiano ha expedido diversas normas que han ido transformando el concepto y alcance del territorio colectivo indígena. De los cuerpos normativos creados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, vale destacar: 92. La Ley 135 de 1961, por medio de la cual se introdujo el primer reconocimiento...