Sentencia T-647 de 2017

T-647-17 Sentencia T-647/17 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es una de las modalidades de defecto procedimental que la jurisprudencia constitucional ha reconocido, y se presenta cuando una autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para darle eficacia al derecho sustancial, generando una denegación de justicia. CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia El defecto sustantivo se presenta excepcionalmente cuando existe un abuso de la autonomía en el marco de la función de las autoridades judiciales de interpretar el derecho. DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INCLUYENDO LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA-Nuevo marco jurídico en la ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios RESTITUCION Y FORMALIZACION DE TIERRAS COMO GARANTIA DE REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Ley 1448 de 2011 La restitución y formalización de tierras, por su parte, se configura como un derecho fundamental, enmarcado en la garantía del derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Así, el inciso 2° del artículo 27 señala que el derecho a la reparación integral incluye las medida de restitución, junto con las de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Por su parte, el artículo 28 de la citada Ley advierte en el numeral 9° que las víctimas tienen derecho a la restitución de la tierra cuando han sido despojadas de ella. FORMALIZACION DE TIERRAS-Figura especial para garantizar el restablecimiento de la relación jurídico formal de la víctima con el predio respecto del cual solicita la restitución La expresión formalización de tierras es utilizada por el Legislador con el fin de darle una connotación diferente a la usucapión ordinaria, partiendo de la necesidad de adoptar un proceso excepcional frente a la situación de violencia en que se enmarca el desplazamiento forzado. PROCESO DE RESTITUCION Y FORMALIZACION DE TIERRAS-Etapas ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por imponerle a la víctima una carga excesiva y desproporcionada en proceso de restitución y formalización de tierras El Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto derivado de haber requerido a la parte actora el cumplimiento de una norma procesal contenida en el Código General del Proceso, desconociendo que en su calidad de víctima del desplazamiento forzado es beneficiaria de las medidas especiales de la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo principal es la garantía y materialización de los derechos de este grupo poblacional, y en ese sentido, priorizó el cumplimiento de las normas procesales por encima del derecho sustantivo, por lo que afectó el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en defecto sustantivo por cuanto juez de restitución de tierras dejó de aplicar la Ley 1448 de 2011 como norma especial, como parte del derecho de reparación integral en cabeza de la actora, al ser víctima del conflicto armado Incurrió en un defecto material o sustantivo porque consideró que la norma aplicable en este caso era la del Código General del Proceso, desatendiendo las circunstancias fácticas del caso concreto, y dejando de aplicar la Ley 1448 de 2011 como norma especial, al considerar que la pretensión de declaración de pertenencia acumulada a la de restitución de tierras despojadas, debía tramitarse de forma aislada con base en la regulación ordinaria, omitiendo que, dicha declaración es la fase jurídica de la restitución de tierras, como parte del derecho de reparación integral en cabeza de la actora, al ser víctima del conflicto armado. Como se señaló previamente, la Corte Constitucional ha establecido que la Ley 1448 de 2011 es una norma especial, que prevé la formalización de la tierra como una medida para garantizar jurídicamente la restitución, y en ese sentido es fundamental que los jueces de restitución se pronuncien no sólo respecto de la entrega material de los bienes despojados, sino que además resuelvan lo necesario para garantizar la formalización Referencia: Expediente: T-6.131.736 Acción de tutela instaurada por María, representada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta. Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017) La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Carlos Bernal Pulido, el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de abril de 2017, que confirmó la decisión de primera instancia de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dictada el 28 de febrero de 2017, en la acción de tutela instaurada por María[1] por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante Unidad de Restitución de Tierras), contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad, la privacidad y la protección de datos personales. I. ANTECEDENTES La Corte Constitucional, mediante Auto del 30 de junio de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Seis[2], seleccionó el expediente T-6.131.736 para revisión, con base en los criterios de selección objetivos relativos a la necesidad de proteger un derecho fundamental y de asunto novedoso. A continuación se exponen los hechos relevantes y las decisiones de instancia. 1. Recuento de hechos previos a la interposición de la tutela 1.1. La señora María, recibió en 2001 un predio mediante donación realizada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Recuerdo de la ciudad de Cúcuta, en la cual realizó mejoras consistentes en la construcción de una casa de tabla, con techos de zinc, un baño con servicios sanitarios, un tanque de reserva y la siembra de árboles frutales. 1.2. El 7 de diciembre de 2012, la accionante presentó declaración ante la Dirección Territorial Norte de Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de ser inscrita en el Registro Único de Víctimas, en la cual afirmó que durante 2004 y 2005 vendía tintos en el paradero de buses del Barrio Recuerdo, donde fue testigo de cómo 5 hombres de un grupo paramilitar se llevaron por la fuerza a otro vendedor de tintos. Dado que trató de interceder por su compañero, recibió amenazas del grupo paramilitar y por ello, abandonó esta actividad y continuó viviendo en el barrio. 1.3. El 22 de febrero de 2010, según afirma la accionante, llegaron 5 hombres armados a su casa, quienes sin identificarse, le exigieron desalojar el predio que habitaba y le advirtieron que no podía regresar al Barrio Recuerdo. 1.4. La señora María se desplazó hacia la ciudad de San Antonio del Táchira en la República de Venezuela, donde permaneció hasta octubre de 2012, fecha en la que tuvo la necesidad de regresar a Cúcuta por motivos de salud. De regreso en Colombia, la accionante decidió visitar su casa y encontró que estaba siendo habitado por el señor Pedro, quien a su vez le había vendido una parte del predio al señor Alonso. Según afirma la actora, estas personas la amenazaron cuando decidió iniciar los trámites para acceder a la restitución de su propiedad. 1.5. El 3 de abril de 2013, la Dirección Territorial Norte de Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, inició el estudio formal de la solicitud de restitución de tierras despojadas presentada por la señora María el 7 de diciembre de 2012, respecto del predio urbano ubicado en el Barrio Recuerdo del corregimiento Vetusta en el municipio de Cúcuta, el cual se encuentra inmerso en un predio de mayor extensión de propiedad de Eduardo. Mediante Resolución RNR No. 0043 del 21 de junio de 2013, dicho trámite fue excluido del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente porque el predio objeto de la solicitud se encontraba en una zona no microfocalizada. 1.6. La accionante presentó una nueva solicitud el 21 de marzo de 2014, la cual fue adicionada a la anterior, mediante Resolución No. RN 0724 del 5 de agosto de 2015, acumulando el material probatorio recaudado en la primera diligencia, y se llevaron a cabo las diligencias de comunicación de las resoluciones correspondientes a las personas interesadas en el trámite. En consecuencia, el señor Pedro alegó su calidad de poseedor del predio. Una vez analizados los medios probatorios recaudados, la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución concluyó que, las pruebas aportadas por el tercero interviniente no eran suficientes para desvirtuar el derecho alegado por la solicitante, ni los hechos declarados por ella, por lo que estimó necesario acudir a la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras para que declarase por vía judicial, en caso de hallarse probados los elementos necesarios, la restitución impetrada por la señora María. 1.7. Agotada la etapa administrativa, la Unidad de Restitución de Tierras presentó la acción judicial de restitución y formalización de tierras ante los Jueces Civiles Especializados en Restitución de Tierras de Cúcuta, el 18 de diciembre de 2015. Según afirma la apoderada de la accionante, las principales pretensiones de dicha acción fueron: “PRIMERA: PROTEGER el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de la solicitante [María], identificada con la cédula de ciudadanía No. (…) en calidad de poseedora al momento de los hechos victimizantes por el abandono y despojo del predio urbano ubicado en (…), municipio de Cúcuta, Norte de Santander, el cual hace parte de un predio de mayor extensión identificado con cédula catastral (…) ligado al folio de matrícula inmobiliaria No. (…), en los términos establecidos por la Corte Constitucional mediante sentencia T-821 de 2007 y auto de seguimiento 008 de 2007. (…) CUARTA: Que en los términos del inciso del artículo 74 y el literal g) del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, se restituya y formalice la relación jurídica de la víctima con el predio urbano ubicado en (…) municipio de Cúcuta, Norte de Santander, el cual hace parte de un predio de mayor extensión identificado con cédula catastral (…) ligado al folio de matrícula inmobiliaria No. (…) del círculo de Cúcuta, cuyos linderos y extensión indican en el Informe Técnico de Georreferenciación anexado y presentando como prueba pericial. Pretensión adicionada a la solicitud mediante memorial presentado al Despacho Judicial el día 22 de enero de 2016, que señala lo siguiente: // FORMALIZAR la relación jurídico material de la reclamante con el predio y en consecuencia DECLARAR la prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio sobre el predio urbano ubicado en (…) municipio de Cúcuta, Norte de Santander, con un área georreferenciada de 676 m² inmerso en un predio de mayor extensión identificado con cédula catastral (…) y folio de matrícula inmobiliaria No. (…), a favor de la señora [María], identificada con la cédula de ciudadanía (…).”[3] 1.8. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, el cual mediante Auto del 2 de febrero de 2016, admitió la solicitud de restitución de tierras y dispuso la publicidad de la providencia para los fines señalados en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011[4]. Asimismo, se admitió la solicitud de declaración de pertenencia, y en consecuencia, el mencionado juzgado ordenó fijar el edicto correspondiente por el término de 20 días en un lugar visible en Secretaría y su publicación en un diario de amplia circulación de la localidad, dos veces con intervalos no menores de 5 días calendario dentro del mismo término, y por medio de una radiodifusora de Cúcuta, en las horas comprendidas entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. 1.9. La apoderada de la accionante afirma que, en cumplimiento de lo ordenado por el Juez de Restitución, allegó a su despacho judicial mediante oficio URT-DTNC-2016-0435 del 31 de marzo de 2016, el edicto publicado en el diario El Tiempo el 21 de febrero de 2016. No obstante, el juez mediante Auto del 19 de abril de 2016, dispuso que debido a que no se allegaron las publicaciones restantes del edicto del 10 de febrero de 2016, que comunica el proceso de pertenencia, dio por no publicado el mismo y ordenó por Secretaría la elaboración de un nuevo edicto para su respectiva publicación, el cual fue expedido el 29 de abril del mismo año. 1.10. El 29 de julio de 2016, la apoderada de la accionante, presentó memorial URT-DTNC-2016-1126 con el fin de allegar los edictos publicados en los diarios El Tiempo y La Opinión el 12 y 17 de julio de 2016, junto con las certificaciones radiales emitidas por Radio Monumental, según la cual los días 3 y 10 de julio de la misma anualidad se transmitió el edicto. 1.11. El despacho por medio de Auto del 31 de agosto de 2016, requirió al extremo solicitante para que acreditara el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 375 del Código General del Proceso[5], en relación con la instalación de una valla como parte del emplazamiento, cuyo contenido incluyera el nombre del demandante y la identificación del predio, entre otros datos[6]. En concreto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta dispuso: “Requiérase a la apoderada judicial del solicitante para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso.”[7] 1.12. En respuesta, la accionante envió un oficio el 6 de septiembre de 2016, por medio del cual informó que el emplazamiento del que trata el numeral 7° del artículo 375 del Código General del Proceso, no se adelantó porque consideró que la exigencia de cumplimiento de dicha norma desconoce los derechos de las víctimas, como beneficiarias de la política de restitución de tierras, especialmente en lo relacionado con la reserva y el manejo de la información. Ello debido a que la valla exigida para el emplazamiento, según la citada disposición, debe incluir los datos relativos al proceso de pertenencia y la identificación del demandante, que en este caso es la víctima. 1.13. El 11 de octubre de 2016, el Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, emitió un auto en el cual advirtió que el requerimiento del 31 de agosto se refiere al proceso de pertenencia que se tramita en conjunto con la solicitud de restitución y que no ha incurrido en vía de hecho con dicha providencia[8]. En este sentido, señaló: “(…) este Despacho advierte que el requerimiento efectuado en auto de 31 de agosto de la anualidad que avanza, nada tiene que ver con la publicación del edicto que comunica la admisión de la solicitud de restitución y formalización de tierras que prevé la ley 1448 de 2011, toda vez, que lo allí ordenado es con relación al proceso de pertenencia que se tramita conjuntamente con la referida solicitud, trámite de pertenencia que se debe a unas disposiciones especiales para su procedimiento (…); sin embargo cabe resaltar que la valla de que trata el numeral 7 del artículo 375 del C.G.P. deberá elaborarse omitiéndose los datos de la solicitante, precisamente en acatamiento de la obligación de la no afectación de la reserva de la información en aras de garantizar los derechos de las víctimas, en todo caso deberá insertarse en lugar de tales datos, que la pertenencia se adelanta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Norte de Santander. Por lo anterior REQUIÉRASE a la apoderada de la parte solicitante, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento lo ordenado en el inciso final del auto de 31 de agosto de la anualidad que avanza.”[9] 1.14. Posteriormente, el Juzgado accionado emitió un Auto del 1º de febrero de 2017 en el cual señaló[10]: “REQUIÉRASE a la apoderada de la parte solicitante, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo ordenado en el inciso final del auto de 31 de agosto de 2016, atendiendo los parámetros establecidos en el auto de 11 de octubre de la anualidad que avanza.”[11] 1.15. El 17 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, emitió un Auto en el cual señaló[12]: “REQUIÉRASE a la apoderada de la parte solicitante, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo ordenado en el inciso final del auto de 31 de agosto de 2016 reiterado mediante el inciso final de la providencia de 1º de febrero de 2017.”[13] 2. Acción de tutela 2.1. El 16 de febrero de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la señora María, interpuso acción de tutela contra los autos del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016 emitidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, dentro del proceso de restitución y formalización de tierras abandonadas forzosamente que adelanta. La parte actora consideró que dichas providencias vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y privacidad de la señora María como víctima del conflicto armado. En consecuencia, solicitó dejar sin efecto dichos autos, y en su lugar ordenar la emisión de una nueva providencia que se ajuste al trámite procesal contenido en la Ley 1448 de 2011. 2.2. En cuanto al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la apoderada de la accionante consideró que resulta procedente, por las razones que se mencionan a continuación: (i) El presente caso tiene relevancia constitucional, en tanto las decisiones cuestionadas por medio acción de tutela, no se ajustan a los lineamientos de la Ley 1448 de 2011 en relación con la reserva de la identidad de las víctimas, que se debe aplicar a las actuaciones administrativas y judiciales; y, adicionalmente, es necesario que se definan los requisitos de publicidad en el marco de un proceso de restitución y formalización de tierras. (ii) En relación con el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, las decisiones judiciales dieron pie a la consumación de un perjuicio irremediable en relación con la protección de la integridad de la demandante y faltaron al deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del conflicto armado, por lo que esta situación le fue puesta de presente al juez instructor por medio de dos escritos, en los que se señaló que la Ley 1448 contiene un procedimiento especial que subsume al proceso de pertenencia. (iii) Frente al requisito de inmediatez, advierte que desde el pronunciamiento más reciente del juez de restitución ha transcurrido “menos de un mes”[14], y que la vulneración de los derechos de la víctima persisten hasta la actualidad. (iv) La irregularidad procesal en que incurrió la autoridad judicial accionada, consiste en la exigencia de una publicación que no está contenida en la Ley 1448 de 2011, lo cual está impidiendo la continuación del trámite dirigido a la restitución y formalización de tierras. (v) En el escrito de acción de tutela se identifican de forma clara los hechos que generaron la vulneración, los cuales además, fueron advertidos previamente. (vi) En este caso las providencias reprochadas no son sentencias de tutela. 2.3. En el escrito de tutela, se manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en las siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: defecto procedimental, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente. Sin embargo, la parte actora sólo sustentó el defecto procedimental, como se señala a continuación. La Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la señora María, sostuvo que los pronunciamientos del juez adolecen de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto conforme ha señalado la jurisprudencia constitucional, los jueces en materia de restitución de tierras, deben tomar decisiones orientadas a evitar la identificación de la víctima con el fin de evitar su revictimización. Así, advirtió que la víctima al acudir a la acción de restitución lo hace bajo el convencimiento de que su participación se desarrollará en el marco del ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 1448 de 2011, que como parte de la justicia transicional permite la flexibilización de las normas de derecho civil tradicionales. En este sentido, la parte actora consideró que, la exigencia de una valla para proceder con el proceso de pertenencia, va en contravía del propósito con que se expidió la Ley 1448 de 2011, esto es la garantía de protección de los derechos de la población víctima de abandono y despojo de tierras en Colombia. Advirtió la apoderada: “(…) el requerimiento de una valla publicitaria en el proceso bajo estudio desconoce en cierta medida que el proceso de Restitución y Formalización de Tierras tiene una forma propia y un procedimiento ya reglamentado; toda vez que este derecho fundamental debe observarse no en una forma sesgada o dividida como lo hace el operador judicial sino en un sentido transformador que permita la posibilidad de abarcar el derecho a la tierra (…).”[15] Adicionalmente mencionó que: “(…) no se encuentra el sentido de la utilización de una figura procedimental propia de una jurisdicción rigurosa como lo es la civil dentro del proceso de Restitución y Formalización de Tierras, toda vez que por ese mismo exceso de formalismo entre otros aspectos fue que el Estado Colombiano creó un procedimiento especial donde no se estipuló incluso la Segunda Instancia, buscando entre otros aspectos, que en un tiempo prudencial la población víctima de abandono o despojo viera materializado su derecho de manera célere y efectiva. De no ser así se desnaturalizaría el proceso de restitución de tierras y podría llegarse a confundirse con las acciones civiles que como es de conocimiento público, en múltiples casos se perpetúan en el tiempo.”[16] 2.4. En el mismo sentido, la Unidad de Restitución de Tierras consideró que proceder como lo indica el juez puede inducir en error a los destinatarios de los emplazamientos realizados cuando dicha entidad funge como mandataria de la solicitante y no como promotora de la acción de restitución. Adicionalmente, señaló en el escrito de tutela que los funcionarios de ésta entidad, desempeñan su trabajo en terreno en complejas condiciones de seguridad, de forma que todas las diligencias obligan a los funcionarios y reclamantes a contar con acompañamiento de la Fuerza Pública. 2.5. En el escrito de tutela se adjuntaron como pruebas, fotocopias de los siguientes documentos: - Auto del 31 de agosto de 2016 emitido por el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta[17]. - Auto del 11 de octubre de 2016 emitido por el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta[18]. - Contestación del requerimiento realizado mediante auto del 31 de agosto de 2016, emitido por la Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Norte de Santander, con fecha del 6 de septiembre de 2016[19]. 3. Contestación de la acción de tutela 3.1. Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta. La autoridad judicial accionada afirmó mediante comunicación del 21 de febrero de 2017, que los derechos de la señora María no han sido conculcados toda vez que el trámite de la solicitud de restitución y formalización de tierras, y las pretensiones conexas, se han adelantado bajo la normatividad vigente. Adicionalmente, advirtió que el derecho a la protección de datos personales no ha sido amenazado, en tanto mediante Auto del 11 de octubre de 2016, se dispuso que en la valla de que trata el numeral 7º del artículo 375 del Código General del Proceso se omitiera el nombre de la solicitante como medida de prevención y protección, según lo dispone el artículo 31 de la Ley 1448 de 2011, y en su lugar se ordenó señalar que el proceso de pertenencia se adelanta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Norte de Santander, teniendo en cuenta que conforme al numeral 5º del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, una de sus funciones es tramitar dichos procesos en nombre de los titulares de la acción. En este sentido, sostuvo que las decisiones contenidas en los autos del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016, y del 1º y 17 de febrero de 2017, no imponen cargas a la víctima, pues la orden se dirigió hacia la apoderada judicial de la solicitante y adscrita a la Unidad de Restitución de Tierras. Finalmente afirmó que: “(…) las actuaciones surtidas se han rituado conforme a la normatividad vigente aplicable al caso, brindando a los intervinientes las debidas garantías procesales y constitucionales en aplicación de los principios generales del derecho de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa e igualdad (…).”[20] 3.2. El señor Eduardo allegó un escrito[21], mediante apoderado judicial, el 21 de febrero de 2017, por medio del cual señaló que las pretensiones de la accionante elevadas por medio de tutela no resultan jurídicamente viables, toda vez que el Juzgado accionado actuó conforme a la normatividad vigente y por lo tanto no se violaron los derechos al debido proceso. Por el contrario, mencionó que ha acudido de forma oportuna ante las autoridades competentes y que no es promotor ni ejecutor de desplazamiento forzado. 4. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela 4.1. Primera instancia. El 17 de febrero de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos que dieron origen a la acción. El 28 de febrero de 2017, el a quo decidió tutelar el derecho al debido proceso de la señora María, y dejó sin valor ni efecto parcial la providencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta emitió el 11 de octubre de 2016, en relación con la publicación de la valla, para lo cual le confirió a la autoridad judicial 48 horas para proferir una nueva decisión. En primer lugar, respectó de la procedencia de la acción de tutela consideró que, si bien la apoderada de la accionante no recurrió las decisiones del juez en el término establecido, en casos similares la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando del caso se desprenden aspectos de trascendencia constitucional, se puede pasar por alto dicha omisión con el fin de darle prevalencia al derecho fundamental en riesgo. Una vez agotado el análisis de procedencia, advirtió que el juzgado accionado incurrió en yerros desde el inicio de las actuaciones, por lo que deberían dejarse sin efecto las decisiones originadas desde su admisión, sin embargo al tratarse de un trámite preferente y especialísimo, dispuso ajustar el procedimiento ordenado frente a la declaratoria de pertenencia a lo establecido en el artículo 375 del Código General del Proceso, garantizando los derechos de las víctimas en los términos de la Ley 1448. Teniendo en cuenta además que, las solicitudes de declaración de pertenencia que se tramitan simultáneamente con el proceso de restitución de tierras, deben adelantarse con sujeción al ordenamiento civil, conforme a lo señalado en el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011. Así, indicó que el juez accionado no excedió las ritualidades con la exigencia de que trata el numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso, ya que la norma especial, esto es la Ley 1448 de 2011, advirtió que estos asuntos se deben adelantar “(…) en los términos señalados en la ley.”[22], por lo que todos los requisitos legales deben ser acatados en su integridad para garantizar los derechos de terceros que puedan resultar afectados. Agregó que, la misma ley previó además, que las autoridades competentes pueden adoptar medidas para garantizar la protección integral a las víctimas, lo cual implica el carácter de reserva y confidencialidad de la información de quienes acuden a este tipo de trámites. En este sentido, si bien el juez de instrucción adoptó como medida de protección para la víctima, que la publicación indique como parte demandante a la Unidad de Restitución de Tierras, ello no resulta viable pues induciría en error a quienes pretendan intervenir en la actuación, por lo que el Juez de tutela consideró que la publicación de la valla deberá hacerse omitiendo los nombres de identificación de los ciudadanos atendiendo al artículo 31 de la Ley 1448, y decidió dejar sin valor ni efecto la providencia del 11 de octubre de 2016. 4.2. Impugnación. El 6 de marzo de 2017, la parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Consideró que la decisión proferida fue desacertada toda vez que, igual que las providencias contra las cuales se dirige la acción de tutela, desconoce el principio de legalidad porque en materia de emplazamiento existe una norma especial regida por la Ley 1448 de 2011, y por ello no le son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso que rigen la acción de pertenencia en situaciones de normalidad. En este sentido, agregó que, las providencias del 31 de agosto y del 11 de octubre de 2016 emitidas por el Juez Segundo Civil de Restitución de Tierras de Cúcuta, no tuvieron en cuenta los principios de sostenibilidad fiscal y prevalencia del derecho constitucional en el marco de la justicia transicional, en los términos de los artículos 8, 9 y 73 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Señaló además, que la disposición que rige lo relativo al emplazamiento, es la publicación de que trata el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448de 2001, ya que tienen la misma finalidad de enterar a los terceros para que asistan a hacer valer sus derechos en el trámite. Así, concluyó que las providencias atacadas por medio de la acción de tutela, padecen del defecto material o sustantivo por la ausencia de aplicación de la norma jurídica pertinente, desconociendo que la norma especial prima sobre la norma general. En este sentido, consideró que ello implica la creación de nuevas erogaciones que atentan contra el principio de sostenibilidad fiscal; y que se vulneraron los principios de celeridad y legalidad. 4.3. Sentencia de segunda instancia. El 6 de abril de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del a quo, con base en las siguientes consideraciones. Primero, respecto del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, advirtió que si bien en este caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque no se interpusieron los medios de impugnación respectivos contra las providencias del juez de restitución, es evidente que el fallador incursionó en un defecto procedimental que habilita la intervención del juez de tutela. Ello teniendo en cuenta que, al momento de la presentación de la solicitud de restitución, la parte activa pidió que se omitieran los datos de identificación de la accionante y de su núcleo familiar. No obstante, en las providencias en cuestión no se dispuso nada sobre dicho aspecto de reserva y confidencialidad, lo que dio lugar a ordenar la instalación de la valla incluyendo el nombre de la actora, como lo dispone el artículo 375 del Código General del Proceso en su numeral 7°, desconociendo el mandato contenido en el inciso 1° del artículo 31 de la Ley 1448 de 2011, según la cual las autoridades deben adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras. En consecuencia, el ad quem consideró que la intervención del juez de tutela resulta imperativa para conjurar la transgresión de las garantías superiores de la accionante en relación con la medida de protección de reserva y confidencialidad de los datos de identificación de la solicitante. Por otra parte, la Sala de Casación Civil agregó que, no le asiste razón a la impugnante cuando señala que no es procedente la instalación de la valla en los términos del numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que el artículo 72 de la Ley 1448 en su inciso 4 advierte que, en el caso del restablecimiento del derecho de posesión, este podrá ir acompañado con la declaración de pertenencia “(…) en los términos señalados en la ley.”[23]. Por ello, el exigir el cumplimiento del requisito de la instalación de la valla emplazatoria, no resulta arbitraria o caprichosa, ni es el resultado de un criterio subjetivo que implique la desviación del ordenamiento jurídico y por ende lesione garantías superiores. Así, concluye que la protección de los derechos de la accionante está dada en los términos de la decisión del a quo, esto es, la instalación de la valla omitiendo los datos de la parte demandante. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer esta acción de tutela, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, 31 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del auto del 30 de junio de 2017 de la Sala de Selección de Tutelas Número Seis, que seleccionó el expediente para su revisión. 2. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 2.1. Con base en los antecedentes mencionados, le corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto material o sustantivo, desconociendo los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la señora María, al exigirle que aportara constancia de la instalación de una valla en los términos del numeral 7º del artículo 375 del Código General del Proceso, que es una norma general aplicable a los procesos de pertenencia ordinarios, en el marco del proceso de restitución y formalización de tierras en el cual actúa como demandante. 2.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se establecerá: (i) si la acción presentada cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, en caso afirmativo, (ii) si los autos proferidos el 31 de agosto y 11 de octubre de 2016, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, incurrieron en las causales específicas de procedencia que invocó la parte actora, como causantes de la vulneración de su derecho al debido proceso. 2.3. Así las cosas, la Sala considera necesario referirse a: (i) los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en la jurisprudencia constitucional; (ii) la especialidad del procedimiento de restitución y formalización de tierras en el contexto de la justicia transicional; y, finalmente (iii) abordará el análisis del caso concreto. 3. Reiteración de jurisprudencia: requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales La jurisprudencia constitucional ha señalado que conforme al artículo 86 de la Constitución Política la tutela tiene como objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Ello incluye en principio, los actos de los jueces y tribunales. No obstante, esta Corporación ha advertido que en general, la acción de tutela no es procedente contra decisiones judiciales, debido a que resultaría incompatible con: (i) la vocación que dichos actos tienen de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales, al ser proferidos por funcionarios formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) el valor de cosa juzgada que tienen las sentencias y el principio de seguridad jurídica; y, (iii) la autonomía e independencia que caracteriza a los jueces en el marco de un régimen democrático[24]. Sin embargo, ha reconocido que en ocasiones muy excepcionales la acción de tutela procede contra decisiones que amenazan o vulneran los derechos fundamentales, sólo si se cumplen determinados requisitos de procedibilidad de forma rigurosa, dentro de los cuales se distinguen unos generales y otros específicos. La Sentencia C-590 de 2005[25], señaló que los requisitos generales de procedencia son los siguientes: (i) que la cuestión resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios, ordinarios y extraordinarios, de defensa judicial al alcance de la persona afectada, excepto cuando se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, que se refiere a que la acción de tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración, con el fin de no sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia impugnada y afectar los derechos fundamentales de la accionante; (v) que la parte actora identifique razonablemente los hechos que generaron la vulneración, los derechos afectados y que dicha vulneración se hubiere alegado en el proceso judicial en tanto eso haya sido posible; y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, una vez superados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha sostenido que es necesario acreditar la existencia de los requisitos o causales especiales de procedibilidad, es decir, que se requiere que se presente al menos uno de los siguientes vicios o defectos: (i) defecto orgánico[26]; (ii) defecto procedimental[27]; (iii) defecto fáctico[28]; (iv) defecto material o sustantivo[29]; (v) error inducido[30]; (vi) decisión sin motivación[31]; (vii) desconocimiento del precedente[32]; y, (viii) violación directa de la Constitución Política[33]. Breve caracterización de los defectos invocados. Reiteración jurisprudencial En el asunto bajo estudio se alega la presunta ocurrencia de dos defectos: el procedimental por exceso ritual manifiesto y el material o sustantivo. Para ello, la Sala de Revisión entrará a hacer una breve caracterización de éstos defectos, a partir de los pronunciamientos jurisprudenciales pertinentes. (i) El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es una de las modalidades de defecto procedimental que la jurisprudencia constitucional ha reconocido[34], y se presenta cuando una autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para darle eficacia al derecho sustancial, generando una denegación de justicia[35], ya sea por: “(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.”[36] (Negrita fuera del texto original) La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”[37] Adicionalmente, la Corte Constitucional ha advertido que: “(…) no existen requisitos sacramentales ni inamovibles en materia probatoria o procesal, pues el juez debe valorar cual es el mecanismo más efectivo para proteger los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto[38].”[39] Lo contrario sucede cuando el juez incurre en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto toda vez que, olvida que el derecho procesal es solo un medio para la realización efectiva de los derechos fundamentales.[40] (ii) El defecto material o sustantivo, se da cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.”[41] En la Sentencia SU-416 de 2015[42], se advirtió que este defecto se puede dar en varios casos así: “(i) cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial; (iii) cuando no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) cuando la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso o (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto. Existe defecto sustantivo igualmente cuando (viii) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se afectan derechos fundamentales; (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial y, (x) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución.” (Negrita por fuera del texto original) Así, el defecto sustantivo se presenta excepcionalmente cuando existe un abuso de la autonomía en el marco de la función de las autoridades judiciales de interpretar el derecho[43]. 4. La restitución y formalización de tierras como garantía de reparación integral a las víctimas en el marco de la justicia transicional que fijó la Ley 1448 de 2011 La Ley 1448 de 2011[44], tiene como objeto establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, tanto individuales como colectivas, en beneficio de las personas que hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985 con ocasión del conflicto armado. Estas medidas se dan en el marco de la justicia transicional, con el objetivo de hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, a partir de su reconocimiento como víctimas y la materialización de sus derechos constitucionales en condiciones de dignidad[45]. Teniendo en cuenta el contexto de conflicto armado en que se da el despojo y desplazamiento de tierras, la Corte Constitucional ha indicado que: “(…) la Ley de víctimas y restitución de tierras hace parte de un conjunto de medidas de transición, caracterizadas por su carácter temporal y un objetivo específico; superar las consecuencias de la guerra, en un marco normativo respetuoso de los derechos de las víctimas, y consciente de la necesidad de medidas excepcionales para alcanzar los fines propuestos y principalmente, para asegurar a los colombianos una paz estable.”[46] La restitución y formalización de tierras, por su parte, se configura como un derecho fundamental, enmarcado en la garantía del derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Así, el inciso 2° del artículo 27 señala que el derecho a la reparación integral incluye las medida de restitución, junto con las de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Por su parte, el artículo 28 de la citada Ley advierte en el numeral 9° que las víctimas tienen derecho a la restitución de la tierra cuando han sido despojadas de ella. Específicamente, en los artículos 72 a 122 se presentan los elementos que desarrollan la restitución como el conjunto de medidas para el restablecimiento de la situación jurídica y material de las tierras de las personas que han sido víctimas de despojo y desplazamiento forzado. En ese sentido, la Corte Constitucional[47] ha señalado que la restitución de tierras implica la implementación y articulación de un conjunto de medidas, tanto administrativas como judiciales, cuyo objeto es el restablecimiento de la situación previa a las violaciones sufridas como consecuencia del conflicto armado interno. Así, la acción de restitución de tierras se desarrolla en un contexto de justicia transicional, y por ello, está dirigida a la dignificación de las víctimas que han sufrido múltiples violaciones de derechos humanos. En este sentido, la acción de restitución va más allá del derecho de propiedad en sí mismo. Es decir que, “(…) la acción de restitución, además del restablecimiento de condiciones materiales para la existencia digna de la persona, incide en una amplia gama de intereses, que tienen que ver con la comprensión individual del sentido de la existencia y con el concepto de sociedad construido colectivamente. Así las cosas, los jueces no se ocupan únicamente de asuntos de tierras; dentro de una visión de interdependencia e integralidad de los derechos de las víctimas, les corresponde contribuir a la paz y a la equidad social y propiciar la democratización del acceso a la tierra, elementos cardinales del orden constitucional de 1991.”[48] En la Sentencia C-715 de 2012[49] esta Corporación señaló que: “De los estándares internacionales, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la restitución de las víctimas como componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral se pueden concluir las siguientes reglas: (i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva. (ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que se (sic) las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios retornen o no de manera efectiva. (iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello. (iv) Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias. (v) [L]a restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a su situación anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes. (vi) [E]n caso de no se[a] posible la restitución plena, se deben adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de indemnización como compensación por los daños ocasionados. (vii) [E]l derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente.” De forma específica, en la Sentencia T-025 de 2004[50], la Corte Constitucional estableció que la población víctima de desplazamiento forzado se encuentra en una situación de grave y masiva vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que el proceso de restitución de tierras busca materializar la protección de algunos de esos derechos, a saber: “(i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a escoger el lugar del domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que enfrentan las víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales; y (vii) el derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie.”[51] Así las cosas, esta Corporación ha señalado que el proceso de restitución de tierras es un elemento para impulsar la construcción de la paz, al establecer reglas de un procedimiento especial y con efectos diferentes a los del régimen del derecho común, con el fin de restituir los bienes a las personas que han sido víctimas del conflicto armado y proteger sus derechos.[52] Así, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones[53] para resaltar el carácter especial que tiene este procedimiento, enfatizando en que, si bien se trata de un proceso breve, en el que el Legislador buscó armonizar los derechos de las víctimas con el derecho a la justicia. Para ello se establecieron garantías suficientes para que quienes tengan interés en el proceso, puedan intervenir, solicitar pruebas y controvertir las que se hayan presentado. Ahora bien, la Sala encuentra que, en primera medida, la Ley 1448 de 2011 contiene un procedimiento especial para la restitución de tierras de las víctimas de desplazamiento y despojo en el marco del conflicto armado. Una muestra de ello es que la duración prevista para el proceso es de 4 meses, es decir que se trata de un mecanismo rápido que no pone en riesgo los derechos de las víctimas, y que no perpetúa las vulneraciones que acompañan el desplazamiento. La tenencia de la tierra en Colombia es en su mayoría informal[54], lo cual facilitó que los actores del conflicto armado, se apropiaran de tierras ocupadas o poseídas por comunidades vulnerables. En consecuencia, muchas de las solicitudes de restitución de tierras recaen sobre derechos informales, respecto de los cuales no existen títulos que soporten la relación entre las víctimas y la tierra. Así, en la Ley se incluyó la expresión formalización, como una figura especial para garantizar el restablecimiento de la relación jurídico formal de la víctima con el predio respecto del cual solicita la restitución, es decir la titulación de la propiedad efectiva sobre la tierra. De esta forma, en los literales f y g del artículo 91, la Ley 1448 de 2011 señala que el juez de restitución de tierras puede pronunciarse sobre la declaración de pertenencia, y está facultado para ordenar al Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) la adjudicación de baldíos a que haya lugar. En ese sentido, esta Corporación advierte que, la declaración de pertenencia respecto de la cual el Juez de Restitución de Tierras está facultado para pronunciarse en el fallo que pone fin al proceso de restitución, hace parte también de este procedimiento especial, enmarcado en la justicia transicional. Así las cosas, de acuerdo con lo señalado en el inciso 4 del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, la restitución jurídica de los inmuebles despojados incluye el restablecimiento de los derechos de propiedad o de posesión, según cada caso. Agrega el Legislador que, en el evento del derecho de posesión, su restablecimiento se puede acompañar con la declaración de pertenencia. Es decir que, la declaración de pertenencia en el marco de un proceso de restitución implica la garantía jurídica de formalización de la relación de la víctima con el predio objeto de la solicitud, a partir de la titulación efectiva de la propiedad sobre la tierra. Como se señaló ut supra, el proceso de restitución está enmarcado en la justicia transicional, lo cual permite que se apliquen procedimientos excepcionales para garantizar la protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, y además, impone a los funcionarios el deber de aplicar una hermenéutica dirigida a garantizar la materialización de sus derechos. Es por eso que el proceso ordinario de pertenencia no puede equipararse con el proceso especial que se enmarca en la aplicación de la Ley 1448 de 2011. La jurisprudencia constitucional[55] ha entendido que el proceso de restitución de tierras se compone de dos etapas: (i) Etapa administrativa: su finalidad es que la Unidad de Restitución de Tierras incluya en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, la solicitud realizada por la víctima, siendo éste un requisito de procedibilidad para la acción de restitución. En esta etapa, dicha entidad comunica la iniciación del trámite al propietario, poseedor u ocupante que esté en el predio objeto de registro, con el fin de que aporte las pruebas documentales que acrediten su buena fe exenta de culpa. Ello, teniendo en cuenta que la Unidad de Restitución de Tierras tiene además, la obligación de recaudar todo el acervo probatorio para identificar el inmueble, la relación de la víctima con el predio y de quienes en ese momento tengan el dominio, la posesión y/o la tenencia del mismo, para tomar una decisión sobre la inscripción en el registro. Así, esta etapa finaliza cuando la Unidad mediante un acto administrativo motivado emite su decisión. (ii) Etapa judicial. Esta fase es el proceso judicial de restitución en sí mismo e inicia con la presentación de la demanda. Una vez se haya finalizado la etapa administrativa con la inclusión del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, el solicitante está habilitado para ejercer la acción de restitución que es de carácter real y prevalente, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011. Adicionalmente, conforme al artículo 91 de la misma ley, el Juez de Restitución de Tierras en la sentencia se pronunciará de forma definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda, y decretará las compensaciones a que haya lugar; y, además, deberá referirse a otros aspectos, entre ellos, la declaración de pertenencia. Así, en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 se estableció que, el auto que admite la solicitud de restitución debe disponer: (a) la inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; (b) la sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia; (c) la suspensión de los procesos declarativos de derechos reales, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepción de los procesos de expropiación; (d) la notificación del inicio del proceso al representante legal del municipio a donde esté ubicado el predio, y al Ministerio Público; y (e) la publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y los nombres e identificación de la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio cuya restituc...