Sentencia T-642 de 2015

T-642-15 Sentencia T-642/15 LEGITIMACION POR ACTIVA Y LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Requisitos generales de procedencia PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia En consideración al particular estado de vulnerabilidad de la población desplazada, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, por una parte, porque a pesar de que existen otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta oportuna, completa e integral frente a las víctimas del desplazamiento forzado, con ocasión de la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran; y por la otra, porque en virtud de los principios de inmediatez, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que caracterizan al amparo constitucional, no es posible exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios, pues en tratándose de la población desplazada prevalece la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos materiales que se encuentran comprometidos. Esta posición de la Corte guarda concordancia con lo dispuesto en los principios rectores del desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la definición e interpretación de las normas jurídicas que se vinculan con las medidas de protección a favor de la población desplazada, en los cuales se demanda la existencia de un recurso judicial eficaz para garantizar los derechos de las personas víctimas del desplazamiento. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Alcance y contenido ACCESO A SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Evolución normativa SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE-Regulación DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS DESPLAZADAS-Responsabilidad de entidades territoriales en materia de subsidios de vivienda DERECHO A SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Orden a Fonvivienda que, en la próxima convocatoria que se desarrolle en la zona de residencia de la accionante, se incluya en el listado de potenciales beneficiarios Referencia: Expedientes T-4966615 y T-4976745 (acumulados) Acciones de tutela instauradas por la señora Juana contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda; y la señora Gloria Janet Posso Tuberquia contra esta última entidad Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos dictados por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el expediente T-4.966.615, y por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín en el expediente T-4.976.745. A continuación, se expondrán los antecedentes y las sentencias objeto de revisión de cada uno de los casos que se estudian en esta oportunidad. No obstante, como se verá más adelante, dado que en una de las tutelas se busca la protección del derecho a la vivienda digna de una señora, entre cuyos hechos se invocan datos sensibles relacionados con su salud[1], y en aras de proteger su privacidad, se emitirán respecto del asunto sometido a decisión dos copias del mismo fallo, diferenciándose en que se sustituirán los nombres reales en aquella copia que se publique en la Gaceta de la Corte Constitucional. I. EXPEDIENTE T-4.966.615 Acción de tutela interpuesta por la Defensora Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría del Pueblo, actuando como agente oficiosa de la señora Juana, en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda (en adelante Fonvivienda). 1.1. Antecedentes 1.1.1. Hechos Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron los siguientes: - La señora Juana fue víctima del delito de desplazamiento forzado hace 10 años, lo que la obligó a establecer su domicilio en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, en la residencia de su progenitora. Según se afirma en la demanda, es madre cabeza de familia con dos hijos menores de edad, carece de recursos económicos para su sostenimiento y padece de varias enfermedades, entre ellas, esquizofrenia y epilepsia. - En el año 2007, la señora Juana se postuló a la convocatoria de subsidio familiar realizada por Fonvivienda, para la adquisición de vivienda nueva o usada dirigida a la población desplazada. Como resultado de tal postulación, el hogar de la accionante fue calificado como “apto” para recibir el aludido subsidio en la Resolución No. 174 de 2007. Sin embargo, a la fecha de interposición de esta acción, esto es, el 29 de enero de 2015, la peticionaria no había recibido la suma correspondiente a dicho beneficio. - A través de la Defensoría del Pueblo, Regional Atlántico, se presentaron varias peticiones a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en las cuales se solicitó información sobre el pago del subsidio. En respuesta se informó que el hogar de la señora Juana se encuentra como “calificado” y que, para hacer efectivo el desembolso, es necesario que figure como “asignado”. En desarrollo de lo anterior, se explicó que las asignaciones se realizan en estricto orden de postulación y que la demora en su formalización tiene su causa en la gran cantidad de familias que esperan por este beneficio, respecto de la disponibilidad de recursos con los que se cuenta. 1.1.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en los hechos expuestos, se solicita el amparo de los derechos al mínimo vital y a la vivienda digna de la señora Juana y, en consecuencia, se ordene la pronta asignación del subsidio para la compra de vivienda. Adicionalmente, pide que sea incluida en programas de restablecimiento socioeconómico. 1.1.3. Contestación de la demanda 1.1.3.1. Contestación de Fonvivienda El 18 de febrero de 2015, el apoderado de Fonvivienda, allegó un oficio en el cual informó que el hogar de la peticionaria figura en las bases de datos como “calificado”, lo que significa que cumplió con los requisitos necesarios para acceder al subsidio de vivienda. Sin embargo, no ha sido posible incluirlo en las resoluciones de asignación, porque tal proceso se realiza luego de la calificación y priorización de los aspirantes y hasta agotar los recursos disponibles. Por lo demás, la entidad accionada anexa dos imágenes de la consulta en línea del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en las cuales se lee, por una parte, “calificado proceso bolsa desplazados y proceso de asignación”, y por la otra, “rechazado por no estar reportado en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD”. 1.1.3.2. Contestación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio En escrito del 10 de febrero de 2015, el apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que ha dado respuesta a la totalidad de las peticiones presentadas por la actora sobre su postulación, pese a que la entidad encargada de coordinar, otorgar, asignar y/o rechazar los subsidios familiares de vivienda es Fonvivienda. Aunado a lo anterior, hace una exposición del procedimiento y los requisitos de la política del subsidio de vivienda en especie, señalando que el hogar debe someterse a los procesos de postulación, previa verificación de datos, rechazo y validación, calificación y desembolso para recibir tal beneficio. Finalmente, cita providencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, en las cuales se concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales a los hogares con la condición de “calificados”. 1.1.4. Pruebas aportadas al proceso Para acreditar los hechos narrados en el expediente obran los siguientes documentos relevantes: a) Petición dirigida a Fonvivienda en la cual la madre de la accionante solicita información sobre la asignación del subsidio de vivienda, la cual fue radicada el 23 de julio de 2013 ante Combarranquilla[2], con miras a que sea remitida al citado fondo. b) Respuestas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del 24 de marzo de 2011, 29 de octubre y 14 de noviembre de 2013, en las cuales se informa a las señoras Juana y a su progenitora, que su hogar se encuentra en estado “calificado” y que, para hacer efectivo el desembolso del subsidio, es necesario que figure como “asignado”, lo cual tan sólo ocurrirá cuando se produzca su inclusión en una resolución con tal fin. c) Oficio del 30 de septiembre de 2013 de la Regional Atlántico de la Defensoría del Pueblo, en el que se informa al Subdirector del Subsidio Familiar de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la situación referente al subsidio de vivienda de la accionante y se solicita comunicar a dicha entidad las gestiones adelantadas al respecto. d) Escritos de la Defensoría del Pueblo del 25 de julio de 2014, dirigidos a Combarranquilla, a la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social del Ministerio de Vivienda y a la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del citado Ministerio, en los cuales solicita un informe del estado en el que se encuentra el desembolso del subsidio a la señora Juana. e) Respuesta de Combarranquilla a la Defensoría del Pueblo, con fecha del 8 de agosto de 2014, en que se informa que el hogar de la accionante se encuentra “calificado” y que no ha sido posible realizar la asignación, puesto que la misma se somete a un estricto orden hasta agotar los recursos disponibles. f) Certificación del 19 de junio de 2013 del médico psiquiatra del Hospital Universitario CARI de Barranquilla, en la que consta que la señora Juana asistió hasta el 6 de junio de 2012 a dicha institución a citas de control por psiquiatría y neurología, con diagnóstico de epilepsia y otros trastornos mentales. g) Historia clínica de la accionante, del 24 de junio de 2014, en la que se establece como diagnóstico “deterioro neurológico”, “síndrome convulsivo”, “epilepsia” y “esquizofrenia”. h) Registro civil de nacimiento de una hija de la accionante nacida el 7 de mayo de 2003, así como registro de un hijo nacido el 19 de noviembre de 2004. i) Finalmente, aparecen: registro civil de nacimiento de la accionante, copia de su carné de afiliación a la EPS Caprecom y copia de su cédula de ciudadanía. 1.2. Sentencia objeto de revisión y actuaciones adelantadas en dicha sede 1.2.1. Primera instancia En sentencia del 10 de febrero de 2015, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que el hogar de la accionante figura como “calificado” en la convocatoria de subsidios de vivienda a desplazados del año 2007, lo que implica que se encuentra en el trámite de un proceso que no ha concluido, lo que descarta la violación de sus derechos. No obstante, exhortó a las accionadas para que, si no lo han hecho, se pronuncien sobre las peticiones formuladas por la señora Juana. No consta en el expediente que esta decisión haya sido impugnada. 1.2.2. Actuaciones en sede de revisión 1.2.2.1. En Auto del 23 de julio de 2015, por Secretaría General de esta Corporación, el despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que se librara oficio a la señora Juana, con el fin de que diera respuesta al siguiente cuestionario: (i) de qué actividad deriva su sustento económico y en qué consiste; (ii) cuántas personas componen su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué forma proveen sus necesidades básicas; (iii) a cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda, transporte, salud, etc.; (iv) qué enfermedades sufre o afectan a su núcleo familiar, y qué limitaciones les generan; y (v) dónde y con quién reside actualmente, esto incluye si debe pagar arrendamiento o convive con algún familiar. Sobre el particular, se destaca que el oficio enviado a la accionante fue devuelto por la Oficina de Correo 472 con la anotación de “desconocido”. 1.2.2.2. En el mismo Auto de la referencia, se le pidió a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que informara si la señora Juana se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV), de ser así, indicara cómo está compuesto su núcleo familiar y si ha sido beneficiaria de algún programa de restablecimiento socioeconómico. En escrito enviado el 31 de julio de 2015, la Directora de Registro y Gestión de la Información dio respuesta al requerimiento realizado por esta Corporación, en el que se señaló que al consultar el número de identificación de la señora Juana en el Registro Único de Víctimas, éste arroja como resultado su “no inclusión”, decisión que fue adoptada en la Resolución No. 2013-309028 del 25 de noviembre de 2013. Expresamente, en la citada Resolución se observa la negativa a su inclusión como víctima por el delito de desaparición forzada de su esposo[3]. Sin embargo, se señala que: “se realizó la consulta de la declarante y su hogar en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), hoy Registro Único de Víctimas (RUV), se encontró a la deponente y su hogar, en una declaración anterior CÓDIGO SIPOD 416144 rendida en la Personería de Malambo (Atlántico) el día 21 de noviembre de 2005; declaración por la cual se emitió un concepto de INCLUSIÓN”. 1.2.2.3. Finalmente, en la misma providencia en cita, se le pidió a Fonvivienda que informara en cuánto tiempo –aproximadamente– se realizará la asignación del subsidio para la adquisición de vivienda nueva o usada a favor de la señora Juana, cuyo hogar aparece como “calificado” en la convocatoria del año 2007. Por lo demás, se solicitó poner de presente cuándo se expedirán las próximas resoluciones de asignación destinadas a población residente en el área metropolitana de Barranquilla. En escrito del 12 de agosto de 2015, el Director Ejecutivo de Fonvivienda indicó que la señora Juana se postuló a la Convocatoria Desplazados 2007 para subsidio en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada y su estado actual es “calificado”. Alegó que dicha entidad no puede señalar una fecha concreta para la asignación del subsidio, pues el otorgamiento del mismo depende del cumplimiento de los puntajes y del presupuesto disponible. Al margen lo anterior, y respecto del caso concreto, señaló que una vez se incluye un hogar en el listado de potenciales beneficiarios, éste debe realizar las gestiones de postulación. Así las cosas, visto el asunto sub-judice, se encontró que la accionante fue habilitada como potencial beneficiaria de dos proyectos ubicados en Malambo y Soledad. Sin embargo, no llevó a cabo el citado proceso de postulación, lo que le impidió ser reconocida como beneficiaria en el listado definitivo. Por último, puntualizó que no se tienen previstas nuevas asignaciones en el municipio de residencia de la peticionaria. 1.2.2.4. Teniendo en cuenta la información recibida en sede de revisión por parte de Fonvivienda, se profirió un nuevo Auto de pruebas el 4 de septiembre de 2015, en el que se le preguntó sobre la manera de llevar a cabo la publicación, comunicación o notificación de la lista de potenciales beneficiarios y la apertura de convocatorias para programas de vivienda gratuita. En respuesta del 16 de septiembre de 2015 se informó que: “[L]a entidad encargada de la publicación de los actos administrativos que otorgan el estado de potencial beneficiario es el Departamento Administrativo para la prosperidad –DPS, por ser la entidad que expide dicho acto administrativo, el cual es remitido con posterioridad al Fondo Nacional de Vivienda para que sea tenido en cuenta al momento de abrir la convocatoria para la postulación de hogares, teniendo en cuenta que de conformidad con las normas que regulan el Programa de Vivienda Gratuita, sólo podrán postularse los hogares habilitados por el DPS. No obstante lo anterior, una vez el DPS remite a Fonvivienda el acto administrativo que habilita a los hogares como potenciales beneficiarios, esta entidad envía la Resolución a la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar CAVIS UT, con la cual existe un contrato de encargo de gestión, para que, a través de las Cajas de Compensación Familiar se dé aviso a los hogares seleccionados y puedan realizar la respectiva postulación. Las resoluciones expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda que abren y cierran las Convocatorias para la postulación de los hogares, son publicadas en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional.” II. EXPEDIENTE T-4.976.745 Acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Janet Posso Tuberquia contra Fonvivienda. 2.1 Antecedentes 2.1.1. Hechos Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron los siguientes: - La accionante afirma ser desplazada, madre cabeza de familia y beneficiaria de un subsidio para la compra de vivienda nueva o usada reconocido conjunta-mente por Fonvivienda y el municipio de Medellín desde el 8 de junio de 2010. - Manifiesta que mediante Escritura Pública No. 979 del 5 de mayo de 2014 de la Notaría de Rionegro (Antioquia), se pactó la compraventa de un bien inmueble destinado a constituir su hogar, en el que se dispuso que la mitad de su valor se pagaría con el subsidio que cubriría Fonvivienda y la suma restante con el subsidio otorgado por el municipio de Medellín. - Señala que al momento en que se interpuso la presente acción de tutela, esto es, el día 28 de enero de 2015; Fonvivienda no había desembolsado el dinero correspondiente al beneficio ya reconocido, por lo que le adeuda al vendedor la mitad del valor del inmueble. - La accionante afirma que el 12 de noviembre de 2014 instauró una petición ante Fonvivienda, en la que solicitó el desembolso del subsidio o, en su defecto, se explicaran las razones por las cuales ello no ha ocurrido; sin que hasta el momento de interposición de la acción, se haya otorgado respuesta alguna. 2.1.2. Solicitud de amparo constitucional La peticionaria solicita que se proteja su derecho de petición y, en consecuencia, se ordene a Fonvivienda dar respuesta de fondo y concreta sobre el pago de su subsidio de vivienda, incluyendo la orden de realizar el desembolso respectivo. 2.1.3. Contestación de la demanda La entidad accionada no allegó respuesta en el término concedido por el juez de primera instancia. 2.1.4. Pruebas aportadas al proceso Para acreditar los hechos narrados en el expediente obran los siguientes documentos relevantes: (i) Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante; (ii) petición formulada el 12 de noviembre de 2014, en la cual se solicitó a Fonvivienda el desembolso del subsidio o, en su defecto, la explicación de las razones por las cuales no se ha realizado el mismo[4]; y (iii) escrito de petición con fecha del 29 de julio de 2014, en el cual la accionante relata su situación al Ministerio de Vivienda y solicita el desembolso del subsidio. Este documento no cuenta con sello o firma de recibido. 2.2. Sentencia objeto de revisión y actuaciones adelantadas en dicha sede 2.2.1. Primera instancia En sentencia del 10 de febrero de 2015, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que el asunto solicitado tiene un carácter meramente económico y que el amparo no es la herramienta judicial idónea para resolverlo. No consta en el expediente que esta decisión haya sido impugnada. 2.2.2. Actuaciones en sede de revisión 2.2.2.1. En Auto del 23 de julio de 2015, por Secretaría General de esta Corporación, el despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que se librara oficio a la señora Gloria Janet Posso Tuberquia, con el fin de que diera respuesta al siguiente cuestionario: (i) de qué actividad deriva su sustento económico y en qué consiste; (ii) cuántas personas componen su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué forma proveen sus necesidades básicas; (iii) a cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda, transporte, salud, etc.; (iv) qué enfermedades sufre o afectan a su núcleo familiar, y qué limitaciones les generan; y (v) dónde y con quién reside actualmente, esto incluye si debe pagar arrendamiento o convive con algún familiar. Sobre el particular, se destaca que el oficio enviado a la accionante fue devuelto por la Oficina de Correo 472 con la anotación de “no existe número”. 2.2.2.2. En el mismo Auto de la referencia, se le pidió a Fonvivienda que informara el estado en el cual se encuentra la postulación al subsidio para la adquisición de vivienda nueva o usada de la señora Gloria Posso Tuberquia y, en concreto, si resultó beneficiada y se dispuso a su favor la asignación y posterior desembolso del subsidio solicitado. En caso contrario, explicar las razones por las cuales dicho procedimiento no ha culminado. En escrito del 12 de agosto de 2015, el Director Ejecutivo de Fonvivienda indicó que la accionante resultó favorecida con un subsidio por valor de $ 15.450.000 pesos[5] y presentó solicitud de desembolso del mismo, el cual fue autorizado a la Fiduciaria Central quien maneja los recursos del proyecto Torres del Este, ubicado en Medellín. Verificado el avance del referido proyecto, se encontró que aún aparece en estado de construcción. 2.2.2.3. Teniendo en cuenta la información recibida en sede de revisión, el despacho del Magistrado Sustanciador profirió nuevo auto del 4 de septiembre de 2015, en el cual se dispuso lo siguiente: (i) que se librara oficio al Fondo Nacional de Vivienda para que emitiera un concepto, con fundamento en la regulación existente, sobre la posibilidad de revertir el desembolso de un subsidio en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada hecho a un proyecto en construcción, a través de una fiduciaria. Lo anterior, puesto que, en el caso sub-judice, la accionante encontró otra solución de vivienda, en la que cuenta con el apoyo del municipio de Medellín, y los recursos otorgados por Fonvivienda se encuentran en un proyecto que aparece en estado de construcción. Adicionalmente, (ii) se libró oficio a la Fiduciaria Central S.A, adjuntando copia de la acción de tutela, del auto admisorio y del fallo de instancia, para que se entendiera vinculada a este proceso y se pronunciara acerca los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de amparo. De igual manera, se le pidió informar el estado actual del proyecto de vivienda denominado Torres del Este, ubicado en el municipio de Medellín. Por último, (iii) se libró igualmente oficio a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama[6], adjuntando copia de la acción de tutela, del auto admisorio y del fallo de instancia, para que la citada entidad se entendiera vinculada a este proceso y se pronunciara acerca los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de amparo. 2.2.2.4. En escrito del 16 de septiembre de 2015, Fonvivienda se pronunció sobre la posibilidad de revertir el desembolso de un subsidio en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, realizado a un proyecto que se encuentra en estado de construcción, a través de una fiduciaria, en los siguientes términos: “La beneficiaria del subsidio, señora Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra en posibilidad de rescindir el contrato de promesa de compraventa que tiene con el oferente del proyecto Torres del Este (aclarando que esta es una relación contractual entre ellos ajena a Fonvivienda), trámite que podrá realizar demostrando que actualmente tiene adelantado el proceso de escrituración y registro con un nuevo oferente, de conformidad con lo indicado por ella en la acción de tutela, (…), particular con quien realizó el trámite de compraventa del inmueble usado. Posterior a ello, deberá tramitar con el oferente del proyecto Torres del Este de Medellín, la solicitud de traslado de los recursos del subsidio familiar de vivienda, de la fiduciaria al nuevo oferente, ya que ésta sería la encargada de consignarle el dinero al segundo oferente, con el cual la accionante realizó contrato de compraventa, por motivos de demora en el proyecto al cual aplicó inicialmente.” 2.2.2.5. En escrito del 11 de septiembre de 2015, el representante legal de la Fiduciaria Central S.A. dio respuesta al requerimiento realizado por la Corte e informó que el derecho de petición sobre el cual se invoca el amparo se dirigió a Fonvivienda, por lo que no le asiste ninguna responsabilidad respecto del derecho fundamental cuya protección se solicita. Frente a la solicitud de desembolso del subsidio, en virtud del respectivo contrato de encargo fiduciario, manifestó que el 30 de diciembre de 2013 se realizó el primer desembolso del 40% de los recursos girados por Fonvivienda por 84 subsidios, previa certificación de la ejecución del 100% de las obras de urbanismo básico y un avance de obra de construcción de las viviendas del 15.1%. Por lo demás, informó que los desembolsos restantes no se han realiza-do, pues no se han presentado los documentos necesarios para ello. Respecto de la solicitud de la accionante de desembolsar los recursos del subsidio con el fin de pagar una vivienda que no hace parte del proyecto Torres del Este, la Fiduciaria indicó que no es procedente si se tiene en cuenta que el encargo fiduciario se constituyó exclusivamente para dicho proyecto y que a la fecha no hay manifestación alguna por parte de Fonvivienda, en el sentido de proceder a la restitución de los recursos. De igual manera puso de presente que al 6 de julio del año en curso, el avance del proyecto era del 24% de ejecución. Por último, anexó el contrato de encargo fiduciario de administración de subsidios familiares de vivienda de interés social proyecto Torres del Este, en el cual figuran como constituyentes la Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias -FUNCODENT– e INSEREL Ingeniería en Servicios Eléctricos, de Comunicaciones y de Gas LTDA. 2.2.2.6. La Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA dio respuesta al requerimiento en escrito del 16 de septiembre de 2015, en el cual advirtió que la adjudicación del subsidio está a cargo de Fonvivienda, siendo su labor la de apoyar y colaborar en el proceso de postulación mediante la recepción de la documentación de los postulantes, la cual se envía a la citada entidad pública. En relación con el caso de la señora Posso Tuberquia, señala que fue beneficiaria del subsidio de vivienda y suscribió contrato de promesa de compraventa para el proyecto Torres del Este, circunstancia que condujo a que el subsidio fuese pagado anticipadamente a la Fiduciaria. Como la accionante también gestionó la compra de una vivienda usada con una persona natural, Comfama le devolvió los documentos que presentó para el pago del subsidio, explicándole que éste ya había sido desembolsado de forma anticipada a la fiduciaria para aplicarlo al proyecto Torres del Este. Finalmente, adjuntó copia del contrato de promesa de compraventa del fidei-comiso Torres del Este, en el cual la señora Gloria Janet Posso Tuberquia figura como prometiente comprador, la representante legal de la fiduciaria central como promitente vendedor, y vocera y administradora del Fideicomiso Torres del Este y los representantes legales de FUNCONDENT e INSEREL como fideicomitentes. El contrato fue firmado el 30 de octubre de 2012 y la fecha de entrega del inmueble se estipuló para diciembre de 2013. 2.2.2.7. Más adelante, la accionante hizo llegar al despacho del Magistrado sustanciador los siguientes documentos: (i) certificado de libertad y tradición de la vivienda usada adquirida por la accionante a la persona natural, en el cual figura como propietaria. Esta propiedad es distinta a la que consta en la promesa de compraventa del proyecto Torres del Este, cuya ejecución se encuentra en un 24% y respecto de la cual se realizó el giró del subsidio por Fonvivienda. (ii) Resolución No. 199 del 26 de febrero de 2014 del ISVIMED “por la cual se acepta la renuncia voluntaria a la asignación del subsidio de vivienda para el Proyecto Habitacional Torres del Este Etapa I de un grupo familiar beneficiario de la Organización Popular de Vivienda FUNCONDENT [el de la accionante] y en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución No. 1023 del 3 de octubre de 2012”. (iii) Comunicación de FUNCONDENT dirigida a la gerente regional de la Fiduciaria Central S.A. radicada el 24 de julio de 2014, en la cual le solicita el “cambio de proyecto a vivienda usada”, a favor de la señora Gloria Janet Posso Tuberquia. (iv) Comunicación de la asignación del subsidio familiar de vivienda por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la accionante y su grupo familiar con fecha del 8 de junio de 2010. (v) Comunicación dirigida a la accionante, en la cual ISVIMED informa que a través de la Resolución No., 1427 del 31 de agosto de 2015, se le ajustó el valor del subsidio familiar al 90% para la adquisición de vivienda usada. 2.2.2.8. Ante los documentos enviados, el despacho del Magistrado Sustanciador entabló comunicación con el Instituto de Vivienda de Medellín ISVIMED para que aportara al proceso la mencionada Resolución No. 1427 del 31 de agosto de 2015. Dicha entidad allegó el citado acto administrativo, en el cual se ajustó el valor del subsidio municipal asignado al grupo familiar de la accionante hasta el 90% del valor de la vivienda usada adquirida, en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 23 del Decreto Municipal 2339 del 21 de noviembre de 2013, el cual establece ese beneficio para las víctimas de desplazamiento urbano. El valor restante, esto es, el 10% del valor de la vivienda (que asciende a la suma de $ 3.200.000 pesos) deberá ser aportado por el grupo familiar beneficiario. III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. Los expedientes fueron seleccionados y acumulados por medio de Auto del 24 de junio de 2015 proferido por la Sala de Selección Número Seis. 3.2. Presentación de los casos, problema jurídico y esquema de resolución Dada la cantidad de información recaudada en sede de revisión que podría dar una nueva lectura de los hechos que dieron origen a las acciones de tutela aquí estudiadas, y que conduciría a una adecuación por parte del juez constitucional de los derechos objeto de amparo, esta Sala considera necesario hacer de nuevo una presentación de cada uno de los casos expuestos, previa identificación de los elementos fácticos narrados por las accionantes y de los hallados por esta Corporación[7]. 3.2.1. Expediente T-4.966.615: Acción de tutela promovida a favor de la señora Juana La accionante es víctima del desplazamiento forzado, madre cabeza de familia y padece de esquizofrenia y epilepsia. Según consta en el expediente, su hogar figura en la base de datos como calificado para acceder al subsidio de vivienda desde el año 2007. Sin embargo, no ha sido incluido en las resoluciones de asignación, pese a los distintos derechos de petición que con tal propósito se formularon por la accionante y su progenitora entre los años 2011 y 2014, tanto a Fonvivienda como al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con Fonvivienda, a pesar de que la accionante ha sido incluida en el listado de potenciales beneficiarios respecto de dos proyectos ubicados en los municipios de Malambo y Soledad, no ha realizado los trámites de postulación, que rigen actualmente el programa de subsidio familiar de vivienda en especie, lo cual le ha impedido aparecer en la lista definitiva de beneficiarios y, por ende, disfrutar del subsidio que reclama. Al parecer, según se infiere de los elementos de juicio que constan en el expediente, dicho trámite no se ha realizado por desconocimiento. A partir de lo anterior, esta Corporación solicitó a Fonvivienda informar la manera cómo se lleva a cabo el referido proceso de publicación, comunicación o notificación de la lista de potenciales beneficiarios y de la apertura de la convocatoria para programas de vivienda gratuita; frente a lo cual se otorgó la siguiente respuesta: “[L]a entidad encargada de la publicación de los actos administrativos que otorgan el estado de potencial beneficiario es el Departamento Administrativo para la prosperidad –DPS, por ser la entidad que expide dicho acto administrativo, el cual es remitido con posterioridad al Fondo Nacional de Vivienda para que sea tenido en cuenta al momento de abrir la convocatoria para la postulación de hogares, teniendo en cuenta que de conformidad con las normas que regulan el Programa de Vivienda Gratuita, sólo podrán postularse los hogares habilitados por el DPS. No obstante lo anterior, una vez el DPS remite a Fonvivienda el acto administrativo que habilita a los hogares como potenciales beneficiarios, esta entidad envía la Resolución a la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar CAVIS UT, con la cual existe un contrato de encargo de gestión, para que, a través de las Cajas de Compensación Familiar se dé aviso a los hogares seleccionados y puedan realizar la respectiva postulación. Las resoluciones expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda que abren y cierran las Convocatorias para la postulación de los hogares, son publicadas en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional.” De lo expuesto se infiere entonces que el asunto a definir en el caso sub-judice, no se relaciona con la falta de otorgamiento del subsidio o con la situación particular de la accionante para ser titular del mismo, sino con dificultades operativas que se han presentado y que la han llevado a no poder advertir ante las autoridades competentes su condición de potencial beneficiaria de dos proyectos de vivienda (Malambo y Soledad), frente a los cuales no realizó los trámites de postulación para que le sea otorgado de manera definitiva el citado subsidio. Así las cosas, se está en presencia de un problema vinculado con la realización del derecho a la vivienda digna de un sujeto de especial protección constitucional, pues pese a que la accionante tiene la condición de víctima del desplazamiento forzado, y su hogar se postuló desde la convocatoria de desplazados del año 2007, no ha podido acceder al subsidio de vivienda ofrecido por el Estado por inconvenientes meramente operativos. Finalmente, a pesar de que en la demanda se formula una pretensión encamina-da a que se incluya a la accionante en programas de restablecimiento socio-económico, debe manifestar la Sala que no observa en el expediente que se haya iniciado trámite alguno ante las entidades competentes para tal efecto, así como tampoco se alega la existencia de algún tipo de actuación que conduzca a entender que se ha presentado la violación de algún derecho fundamental, más allá de lo relacionado con el debate propuesto respecto del subsidio reclamado, por lo que el objeto de este amparo se circunscribe al problema relacionado con la defensa del mencionado derecho a la vivienda digna, como consecuencia del ejercicio de la atribución del juez constitucional de identificar el conflicto que se presenta y los derechos que se encuentran en riesgo[8]. 3.2.2. Expediente T-4.976.745: Acción de tutela promovida por la señora Gloria Janet Posso Tuberquia La señora Gloria Janet Posso Tuberquia es igualmente víctima del desplaza-miento forzado y madre cabeza de familia. A diferencia del caso anterior, ya es beneficiaria de un subsidio para la adquisición de vivienda nueva o usada otorgado por Fonvivienda, mediante la Resolución No. 750 de 2010, por un valor de $ 15.450.000. En sede de revisión se tuvo conocimiento de que el citado subsidio fue desembolsado el 20 de septiembre de 2013 para el proyecto de vivienda Torres del Este, a través de la Fiduciaria Central S.A[9]. De acuerdo con lo que se explica por Fonvivienda, se trató de un giro anticipado condicionado a la constitución de un encargo fiduciario para la administración de los recursos otorgados a través de un patrimonio autónomo, con el fin de brindar una solución de vivienda a la accionante, así como a otros sujetos beneficiarios de subsidios. Para el efecto, lo que se dispone es una relación en la que intervienen tres sujetos: (i) el titular del subsidio que escoge un proyecto de vivienda a cargo de un constructor, previa suscripción de un contrato de promesa de compraventa, a través de una fiduciaria, sometido a la entrega de la vivienda en una fecha determinada; (ii) la selección de una fiduciaria encargada del manejo de los recursos del subsidio y de formalizar su pago al constructor, en la medida en que se producen avances hasta la entrega final de la vivienda edificada; y (iii) finalmente, el constructor que realiza las obras, brinda la solución de vivienda y quien se relaciona directamente con la fiduciaria, para efectos de hacer la entrega de las soluciones habilitaciones construidas, así como para obtener el pago de los recursos que se administran por vía del encargo fiduciario, esto es, básicamente los subsidios girados de forma anticipada. En el asunto bajo examen, con miras a obtener una solución de vivienda, se encuentra que la señora Posso Tuberquia suscribió un contrato de promesa de compraventa el día 26 de noviembre de 2012, a través de la Fiduciaria Central, con el Fideicomiso Torres del Este. Según se señala en dicho contrato, el bien prometido sería entregado en diciembre de 2013. Previamente, el 16 de octubre de 2012, se había constituido el encargo fiduciario, por parte de la Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias (FUNCODENT) y la empre-sa de Servicios Eléctricos, de Comunicaciones y de Gas Ltda. (INSEREL), con los recursos provenientes de los subsidios otorgados por Fonvivienda, incluyen-do el dispuesto a cargo de la accionante. Tanto la FUNCODENT como INSEREL tenían a su cargo la construcción de la solución de vivienda, que había sido objeto de la citada promesa de compra-venta, para lo cual se dispuso en el encargo fiduciario una fórmula de entrega de los recursos administrados por la Fiduciaria Central[10]. De acuerdo con lo suscrito en la promesa de compraventa, el valor del inmueble objeto de este contrato se acordó en la suma de $ 39.669.000 pesos, cubierto básicamente con la suma del subsidio otorgado por Fonvivienda y con un subsidio adicional por la suma de $ 19.834.500 pesos, conferido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED[11]). No obstante lo anterior, no se produjo la entrega del bien en la fecha acordada, esto es, en diciembre de 2013, lo que condujo a que la accionante buscara otra alternativa para satisfacer su derecho a la vivienda digna y adecuada, incluso según comunicación de la Fiduciaria Central del 11 de septiembre de 2015, el proyecto Torres del Este en la actualidad presenta un porcentaje de avance del 24%. En el desarrollo del citado proceso, la señora Posso Tuberquia decidió adquirir una vivienda usada por un valor de $ 32.000.000 pesos, para lo cual suscribió una escritura pública de compraventa el 5 de mayo de 2014 en la Notaría Segunda de Rionegro (Antioquia). Por lo demás, la transferencia del dominio se hizo efectiva mediante la inscripción de la tradición en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el día 3 de junio del año en cita[12]. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, en la citada compraventa se estipuló que el valor del inmueble sería cancelado con el subsidio de Fonvivienda por la suma de $ 15.450.000 pesos, más el subsidio del municipio de Medellín. A pesar de ello, para la fecha de interposición de la acción de tutela, se adeudaba el valor correspondiente al apoyo económico otorgado por Fonvivienda. Bajo el escenario previamente reseñado se presentó el amparo constitucional, en el que se solicitó la protección del derecho de petición, pues la accionante había enviado un escrito a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 12 de noviembre de 2014, en el que no sólo pidió información sobre el estado del trámite del referido subsidio, sino que también reclamó que se hicieran “los desembolsos necesarios para cumplir con el contrato”. Aun cuando no aparece constancia de que el derecho de petición haya sido efectivamente resuelto por las entidades señaladas, lo que si observa en los escritos que fueron enviados en sede revisión, es que no existe la posibilidad de que Fonvivienda solicite el reintegro del subsidio y lo reasigne a la solución real de vivienda que tiene la señora Gloria Janet Posso Tuberquia. En este sentido, en escrito del pasado 16 de septiembre de 2015, se señaló que: “En conclusión, no existe posibilidad de que el Fondo Nacional de Vivienda, revierta el desembolso del subsidio familiar de vivienda, puesto que la normatividad vigente no lo permite. Necesariamente, los recursos se reintegrarían al tesoro nacional sin que la accionante ni Fonvivienda pueda disponer de ellos. Tal y como se expuso, habría una posibilidad de traslado de recursos por parte de la fiduciaria al nuevo oferente, con autorización claro está, de las partes contratantes; Sin embargo, es una actuación que no depende de esta entidad, por ser un acuerdo entre terceros”. Esta solución a la que se hace referencia, surgió como consecuencia de la pregunta realizada por esta Sala de Revisión, sobre la posibilidad de revertir el desembolso de un subsidio hecho a un proyecto en construcción, a través de una fiduciaria, para destinarlo a otra solución de vivienda. Al respecto, como se mencionó en el acápite de antecedentes, se expuso que: “La beneficiaria del subsidio, señora Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra en posibilidad de rescindir el contrato de promesa de compraventa que tiene con el oferente del proyecto Torres del Este (aclarando que esta es una relación contractual entre ellos ajena a Fonvivienda), trámite que podrá realizar demostrando que actualmente tiene adelantado el proceso de escrituración y registro con un nuevo oferente, de conformidad con lo indicado por ella en la acción de tutela, (…), particular con quien realizó el trámite de compraventa del inmueble usado. Posterior a ello, deberá tramitar con el oferente del proyecto Torres del Este de Medellín, la solicitud de traslado de los recursos del subsidio familiar de vivienda, de la fiduciaria al nuevo oferente, ya que ésta sería la encargada de consignarle el dinero al segundo oferente, con el cual la accionante realizó contrato de compraventa, por motivos de demora en el proyecto al cual aplicó inicialmente.” Ante las dificultades planteadas, según pudo conocer esta Sala de Revisión, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) expidió la Resolución No. 00001427 del 31 de agosto de 2015, en la que teniendo en cuenta que la señora Gloria Janet Posso Tuberquia también había sido víctima de desplazamiento intraurbano, se decidió ampliar el valor del subsidio munici-pal inicialmente concedido, para cubrir el 90% de la suma total de la vivienda objeto de adquisición. De esta manera, se otorgó un subsidio de $ 28.800.000 pesos, sobre un valor total de la vivienda de $ 32.000.000, dejando un remanente de $ 3.200.000 pesos. Para hacer efectiva esta operación, previamente se había aceptado el retiro voluntario de la accionante del proyecto Torres del Este por parte de FUNCODENT, circunstancia que fue puesta de presente a la Fiduciaria Central, según consta en escrito recibido el día 24 de julio de 2014. De lo expuesto se infiere que si bien la tutela se motivó en un supuesto desconocimiento del derecho de petición, ese no es realmente el problema que se plantea, sino una eventual infracción al mínimo vital y a la vivienda digna, por cuanto no ha sido posible utilizar el subsidio reconocido por Fonvivienda a la accionante en su condición de víctima, para pagar el remanente de la vivienda que ya fue adquirida, y frente a la cual, su antiguo propietario, según se expone en la demanda, le exige el pago de intereses que no puede cubrir, pues es madre cabeza de familia con dos niños a cargo. 3.2.3. Problema jurídico y esquema de resolución 3.2.3.1. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de las acciones de tutela, esta Corporación debe determinar si se configura por parte de Fonvivienda una vulneración de los derechos de las accionantes al mínimo vital y a la vivienda digna en su condición de víctimas del desplaza-miento forzado, en primer lugar, por no constatar en el caso de la señora Juana que haya sido efectivamente comunicada de las listas de potenciales beneficiarios en los dos proyectos en los que resultó elegida y en los cuales finalmente no se postuló; y en segundo lugar, en el caso de la señora Gloria Posso Tuberquia, por no solicitar el reintegro de un subsidio desembolsado a su favor para un proyecto de vivienda, luego de que ésta tuviera que, por la demora en su entrega y su bajo nivel de ejecución, aplicarlo a la compra de otro inmueble, circunstancia para la cual contó con el apoyo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), al otorgarle un subsidio para cubrir inicialmente un poco más del 50% de su valor total y al final asumir el 90% del mismo. 3.2.3.2. Con el fin de resolver este problema jurídico, en primer lugar, la Sala realizará el examen de procedencia de las acciones de tutela y reiterará la jurisprudencia sobre el alcance del principio de subsidiariedad en relación con la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. En segundo lugar, se pronunciará sobre el derecho a la vivienda digna respecto de dicha población, acápite en el que se explicará su alcance y contenido, la evolución normativa en materia de subsidios de vivienda de interés social y el procedimiento para su asignación. Una vez agotado el examen de los temas propuestos, se procederá a la resolución del caso concreto. 3.3. De la procedencia de las acciones de tutela 3.3.1. En cuanto a la legitimación por activa, por regla general, conforme se establece en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela podrá ser interpuesta por los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. En el caso del expediente T-4.976.745, la señora Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra legitimada para interponer la presente acción, no sólo porque actúa directamente, sino también porque solicita la protección de su derecho a la vivienda digna en su condición de víctima del desplazamiento forzado. Ahora bien, no sobra recordar que la regulación sobre la legitimación por activa también consagra algunas situaciones particulares[13], en las cuales terceras personas se encuentran facultadas para solicitar el amparo de los derechos de otras, como ocurre con la atribución para que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales puedan presentar la acción de tutela. Esta facultad se origina en el mandato consagrado en el numeral 3 del artículo 282 del Texto Superior, que faculta al Defensor para interponer acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, como expresión de su deber institucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. En desarrollo de lo expuesto, el Decreto 2591 de 1991 dispone que: “Artículo 46. Legitimación. El Defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión. (…)” Como se deriva de lo expuesto, siempre que actúe a través de dicha autoridad, ya sea directamente o por intermedio de alguno de los funcionarios habilitados para tal fin[14], es preciso que se cumpla con una de dos condiciones: (i) que el titular de los derechos haya solicitado actuar en su representación; o (ii) que la persona se encuentre desamparada e indefensa, esto es, que carezca de medios físicos y/o jurídicos, en aras de evitar o resistir la amenaza o violación de sus derechos fundamentales[15]. Bajo el panorama expuesto, la Sala estima que en el expediente T-4.966.615, la Defensora Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría del Pueblo está legitimada para interponer la acción de tutela a favor de la señora Juana, con miras a obtener el amparo de su derecho a la vivienda digna y adecuada, básicamente por la situación de desamparo e indefensión en la que se encuentra, pues se trata de una persona que presenta un diagnóstico de salud de deterioro neurológico, síndrome convulsivo, epilepsia y esquizofrenia, cuya situación justifica el acompañamiento que le brinda el Estado, a través de la autoridad competente en materia de derechos humanos, en especial cuando se afirma que tiene la condición de madre cabeza de familia a cargo de dos hijos menores de edad y que carece de recursos económicos para autosostenerse. Por lo anterior, en el citado caso, también se satisface el requisito de legitimación por activa. 3.3.2. Respecto de la legitimación por pasiva[16], se advierte que en cada caso se cuestiona el comportamiento del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), por distintas razones vinculadas con la salvaguarda del derecho a la vivienda digna de víctimas del delito de desplazamiento forzado. En este sentido, como se trata de un fondo con personería jurídica adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio las tutelas son procedentes, ya que –en los términos del numeral 7 del artículo 150 del Texto Superior– se está en presencia de una autoridad pública del orden nacional. 3.3.3. En relación con el cumplimiento del principio de inmediatez[17], en el expediente T-4.966.615, se observa que la Defensora Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría del Pueblo promovió la acción de tutela a favor de la señora Juana el día 29 de enero de 2015, momento para el cual había transcurrido un poco más de cuatro meses desde que Combarranquilla, como entidad encargada de la gestión operativa de los subsidios otorgados por Fonvivienda, le informó a la actora que se encuentra calificada como apta en su estado de postulación al subsidio de vivienda 100% gratuita desde el 5 de agosto de 2007[18]. Por ello, a juicio de esta Sala de Revisión, se trata de un término razonable para interponer el amparo. Por su parte, en lo que respecta al expediente T-4.976.745, la última actuación adelantada corresponde al derecho de petición formulado por la señora Gloria Janet Posso Tuberquia el día 12 de noviembre de 2014 y dirigido a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el que solicitó los “desembolsos necesarios” para poder cumplir con las obligaciones asumidas en la compraventa de la vivienda usada. En la medida en que la acción se interpuso hasta el 28 de enero de 2015, esto es, cerca de tan sólo dos meses con posteriori-dad a la citada actuación, en criterio de esta Sala de Revisión, su ejercicio se realizó en un plazo razonable. 3.3.4. Finalmente, en lo que atañe al carácter subsidiario de la acción de tutela, es preciso recordar que el artículo 86 de la Constitución Política señala que el amparo constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[19]. Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”[20]. El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios de independencia y autonomía de la actividad judicial. No obstante, aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo suficiente-mente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así lo sostuvo la Corte, en la Sentencia SU-961 de 1999[21], al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo de protección definitiva de los derechos fundamentales[22]. Respecto de este último punto, este Tribunal ha entendido que el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprome-tido. En este sentido, esta Corporación ha dicho que: “el requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal[23]. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[24]. Ahora bien, en consideración al particular estado de vulnerabilidad de la población desplazada, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales[25], por una parte, porque a pesar de que existen otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta oportuna, completa e integral frente a las víctimas del desplazamiento forzado, con ocasión de la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran[26]; y por la otra, porque en virtud de los principios de inmediatez, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que caracterizan al amparo constitucional, no es posible exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios, pues en tratándose de la población desplazada prevalece la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos materiales que se encuentran comprometidos[27]. Esta posición de la Corte guarda concordancia con lo dispuesto en los principios rectores del desplaza-miento interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la definición e interpretación de las normas jurídicas que se vinculan con las medidas de protección a favor de la población desplazada[28], en los cuales se demanda la existencia de un recurso judicial eficaz para garantizar los derechos de las personas víctimas del desplazamiento[29]. 3.3.4.1. En cuanto al expediente T-4.966.615, la Corte encuentra que la señora Juana es víctima del desplazamiento forzado aproximadamente desde hace cerca de diez años[30], lo que si bien puede ser un indicativo de que se han superado las consecuencias adversas del desarraigo latentes en los primeros años, no deja de ser cierto que continua en un estado de indefinición en lo que respecta a la solución sobre su vivienda, a pesar del prolongado tiempo transcurrido desde que debió abandonar su casa y enceres para huir de la violencia, de manera que no resulta proporcionado exigirle que acuda ante el juez contencioso administrativo, más aún cuando la controversia que se plantea lejos de pretender cuestionar la legalidad de un acto de la administración, lo que demanda es una respuesta definitiva frente a su derecho a la vivienda digna y adecuada (CP art. 51), como consecuencia de la falta de asignación de un subsidio por parte de Fonvivienda, siendo que su hogar fue calificado como apto para tal efecto desde la convocatoria realizada en el año 2007. Por lo anterior, es claro que resulta procedente el amparo propuesto, en especial si se tiene en cuenta que la accionante es una persona en una precaria condición de salud (deterioro neurológico, síndrome convulsivo, epilepsia y esquizofrenia), que carece de recursos económicos y que tiene la condición de madre cabeza de familia a cargo de dos hijos menores de edad. 3.3.4.2. En lo que respecta al expediente T-4.976.745, a pesar de que la señora Gloria Janet Posso Tuberquia es beneficiaria de un subsidio otorgado por Fonvivienda desde el año 2010, al día de hoy no ha podido hacer uso del mismo para pagar el remanente del precio de una vivienda usada que adquirió con el apoyo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), entidad que asumió el 90% del valor del inmueble[31]. Aun cuando, en principio, podría considerarse que la disputa que se plantea es de carácter económico, no se puede omitir ni dejar a un lado la consideración de que el subsidio se reconoció para permitir la satisfacción de un derecho, como lo es la vivienda digna y adecuada (CP art. 51), por la condición de víctima del desplazamiento forzado que tiene la accionante, lo que le otorga al caso sometido a revisión un acercamiento distinto al meramente patrimonial y, por el contrario, lo vincula con la obligación del Estado de asegurar un sitio apropiado para vivir dignamente, para quien se ha visto forzado a abandonar su hogar y propiedades. Respecto de este asunto, el amparo constitucional tiene la entidad suficiente para brindar una respuesta completa e integral, diferente al examen meramente procedimental de las reglas que permiten el reintegro de los subsidios. Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que el antiguo propietario, según se expone en la demanda, le exige a la accionante el pago de intereses que no puede cubrir, pues es madre cabeza de familia con dos niños a cargo. 3.4. De...