Sentencia T-612 de 2017

T-612-17 Sentencia T-612/17 DERECHO A LA EDUCACION-Naturaleza jurídica DERECHO A LA EDUCACION-Tratamiento constitucional con doble connotación como derecho y como servicio DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental tanto para los menores de edad como para los adultos PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Concepto, alcance y contenido La autonomía universitaria es el derecho que le asiste a las instituciones de educación superior de auto determinar su ideología, forma de administración y sus estatutos, entre otros aspectos. Esta garantía se encuentra consagrada expresamente en el artículo 69 de la Constitución, así: “[s]e garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. En desarrollo del mandato superior, los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 establecen el ámbito de aplicación de este derecho que permite a las instituciones de educación superior definir, por ejemplo, el proceso de selección y admisión de sus alumnos. CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Fundamento jurídico y jurisprudencia constitucional De acuerdo con el mandato de asegurar el acceso progresivo a la educación superior, el Estado ha desarrollado y adoptado una serie de medidas para destinar recursos y emplear mecanismos que permitan el ingreso de las personas a la formación de este nivel. Algunas de estas acciones, como la creación de cupos especiales, están enfocadas en sectores específicos de la población y pretenden garantizar la aplicación del principio de la diversidad étnica y cultural, asegurar la protección de derechos de grupos tradicionalmente marginados o discriminados e implementar beneficios para individuos con méritos particulares o diferenciales, como ocurre en el caso de los reservistas de honor o los deportistas con reconocimientos oficiales. CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Asignación CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Se exhorta a Universidad para que continúe con servicio de educación a joven medallista nacional, en caso que éste siga cursando el programa de medicina y acredite el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos Referencia: Expediente T-6.203.374 Acción de tutela interpuesta por Jorge Andrés Meneses García contra la Universidad del Quindío Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por el magistrado Alberto Rojas Ríos y las magistradas Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos emitidos el 10 de febrero de 2017 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío) y el 28 de marzo de 2017 por la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío), dentro de la acción de tutela promovida por Jorge Andrés Meneses García contra la Universidad del Quindío. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Seis, mediante auto del 30 de junio de 2017.[1] I. ANTECEDENTES El señor Jorge Andrés Meneses García, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la educación y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la Universidad del Quindío al negarle la admisión al programa de medicina dentro del cupo especial establecido para la población de deportistas con reconocimientos oficiales. A continuación, se exponen los antecedentes de la acción de tutela: 1. Hechos 1.1. El 28 de octubre de 2016, el señor Jorge Andrés Meneses García, de 18 años de edad,[2] pagó el valor correspondiente al pin de inscripción de pregrado de la Universidad del Quindío.[3] El 4 de noviembre del mismo año, completó los trámites para aspirar a un cupo dentro del programa de medicina (presencial-jornada diurna) bajo un régimen especial por ser medallista nacional.[4] 1.2. Junto con la solicitud de inscripción, el accionante aportó certificados expedidos por el Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío (INDEPORTES Quindío)[5] y la Liga de Baloncesto del Quindío.[6] En los documentos se indica que Jorge Andrés Meneses García forma parte de la selección departamental desde el 2012, además se hace mención a su trayectoria deportiva, su participación en el torneo nacional (categoría sub 20) realizado en Bogotá y su proceso en los juegos intercolegiados municipales y nacionales. 1.3. El Consejo Académico de la universidad expidió el Acuerdo 009 del 7 de octubre de 2009, “por medio del cual se fijan criterios para la asignación de cupos de aspirantes a ingresar a la Universidad del Quindío bajo regímenes especiales”[7]. El Acuerdo establece lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Quindío reservará tres (3) cupos por cada uno de los programas de pregrado que ofrece, para la población vulnerable (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas), bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte y Reservistas de Honor. PARÁGRAFO 1. Los aspirantes a ingresar a los programas de formación en pregrado en las condiciones de excepción a que se refiere este artículo, deberán realizar el proceso de inscripción y presentar las certificaciones correspondientes de la autoridad competente, de conformidad con lo que al respecto establezca el Consejo Académico. PARÁGRAFO 2. Cuando haya varios aspirantes por cada una de las condiciones de excepción establecidas en este artículo, se aplicará como criterio de selección el resultado de las pruebas de Estado. ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.” 1.4. El 17 de noviembre de 2016, la Universidad del Quindío publicó la lista de admitidos al programa de medicina. Los tres cupos para los regímenes especiales se otorgaron a un afrodescendiente, una víctima de desplazamiento forzado y un miembro de comunidad indígena. 1.5. El accionante manifestó que presentó una petición el 21 de noviembre de 2016, dirigida al Presidente del Consejo Superior de la Universidad del Quindío. Pese a que el accionante aportó el documento contentivo de dicha solicitud, el mismo no tiene sello de la institución educativa que acredite su radicación. En el escrito, el señor Meneses García solicitó un cupo especial en representación de los deportistas y aseveró que: (i) hay desigualdades en el proceso de selección y admisión de personas oriundas del Quindío, (ii) las transferencias del Departamento a la institución son cuantiosas, lo que obliga al Consejo a fijar políticas inclusivas para los bachilleres quindianos, (iii) aunque el Acuerdo 009 de 2009 quiere ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior a cinco sectores específicos de la población (indígenas, personas en situación de desplazamiento, afrodescendientes, deportistas de alto rendimiento y reservistas de honor), solo otorga tres cupos, lo que considera una conducta discriminatoria, y (iv) en su caso, se presentó al programa de medicina con el mejor puntaje en las pruebas de Estado (358 puntos) dentro de los deportistas de alto rendimiento, pero que los cupos fueron otorgados a aspirantes que estaban en otros grupos, excluyendo los deportistas, conducta que considera discriminatoria y que se genera por una interpretación equivocada del Acuerdo 009 de 2009.[8] 1.6. El 23 de enero de 2017, Jorge Mario Meneses Marín, padre del actor, presentó petición en la que solicitó a la universidad que se le adjudicara un cupo a su hijo en la facultad de medicina (periodo académico 2017-1), dentro del régimen especial de los bachilleres con méritos deportivos. Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la lista de admitidos a la institución de educación superior no se benefició a ningún inscrito en esta categoría de excepción.[9] 1.7. El 31 de enero de 2017, la universidad rechazó por improcedente la solicitud del cupo en el programa de medicina (primer semestre del año 2017) para Jorge Andrés Meneses García.[10] Explicó que el actor concursó como aspirante regular, con un puntaje en las pruebas de Estado de 358 y que el cierre para el programa al que se presentó fue de 408, “quedando el aspirante en LISTA DE ESPERA a 216 posiciones abajo del último candidato admitido en el tipo de prueba por el cual concursó”. Adicionalmente, señaló que el accionante concursó dentro del régimen especial para medallistas nacionales y que “con más de un aspirante inscrito en los diferentes tipos de pruebas de estado (sic) en los distintos tipos de Regímenes especiales, se eligieron a los tres mejores puntajes”. Sobre el proceso de selección, se lee lo siguiente: “[L]a asignación de los tres (3) cupos para aspirantes reconocidos en cinco (5) tipos de RÉGIMEN ESPECIAL, se llevan a cabo por el resultado de las pruebas de estado en donde se eligen los tres (3) mejores puntajes (de mayor a menor), un criterio imparcial y ajeno de cualquier injerencia del alma mater que garantiza la transparencia y aplicabilidad inmediata de la selección. De ninguna forma es posible asignar un (1) cupo para cada tipo de RÉGIMEN ESPECIAL y que cada uno de los aspirantes reconocido en cualquiera de los cinco (5) tipos de régimen participa en igualdad de condiciones y tiene la misma relevancia y oportunidad de acceso a ser elegido en el proceso de selección de la Universidad, es una necesidad elegir de los aspirantes reconocidos como RÉGIMEN ESPECIAL (sin importar cuál sea) aquellos que tengan los mejores tres (3) puntajes en las pruebas de estado.” Precisó que en el texto del artículo 1° del Acuerdo 009 de 2009 se resaltó que la denominada “población vulnerable” está compuesta por (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas). Añadió que se encerró la información en paréntesis como una “interrupción para incluir un inciso aclaratorio que EXPLIQUE mejor qué abarca”, por lo que debe entenderse que dentro de la población vulnerable existen tres regímenes diferenciables, sumados al de los medallistas nacionales y los reservistas de honor. Para terminar, la institución educativa informó que el accionante ocupó el puesto número 30 dentro de los inscritos en las condiciones de excepción y que, de esta manera, no era posible asignarle un cupo.[11] 1.8. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la educación. En consecuencia, pidió que se inaplicara la expresión “tres (3)”, contenida en el Acuerdo 009 de 2009, que se refiere al número de cupos especiales que pueden ser otorgados a personas dentro de las siguientes 5 categorías: miembros de comunidades indígenas, personas en situación de desplazamiento, afrodescendientes, deportistas de alto rendimiento y reservistas de honor. Asimismo, instó porque el artículo primero del Acuerdo de 2009 fuera interpretado con arreglo a los postulados constitucionales, de manera que no existiera discriminación. Para sustentar sus pretensiones el accionante expuso lo siguiente: “Los cupos especiales aprobados por el acuerdo 009 dan una interpretación ambigua ya que en su parte considerativa busca reconocer cinco sectores específicos de la población con sustento legal para otorgar cupo en cada uno de los programas de la Universidad y enumera la población comunidades negras, desplazados por la violencia, bachillerees con méritos de acuerdo a la ley estatutaria del deporte y reservistas de honor, y en su parte resolutiva del mencionado acuerdo solo otorga tres cupos de los cinco regímenes especiales”.[12] Adicionalmente, el señor Meneses García aseveró que una interpretación del Acuerdo es que los cupos especiales deben distribuirse de manera que se asigne uno solo a la población vulnerable (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas), dado que ese grupo se encerró en paréntesis dentro del texto original y los dos restantes a un inscrito en el régimen especial de los medallistas nacionales y otro al de los reservistas de honor. En palabras del actor: “Se dice que de forma ambigua porque también se puede dar una segunda interpretación en el artículo primero cuando dice que se reservará tres cupos para cada uno de los programas de pregrado y menciona abriendo “PARANTESIS” para la población vulnerable (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas), lo que encierra el paréntesis sería un (1) cupo, bachilleres con mérito de acuerdo con la ley estatutaria del deporte (ley 181 de enero 1995), este sería el segundo cupo (2) y reservistas de honor tercer cupo (3). Quedando siempre dos poblaciones por fuera de los cupos, especial hecho que constituye una verdadera discriminación por cuanto si la constitución y la ley les ha querido dar una protección y reconocimiento especial, como si ocurre en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la mayoría de universidades del país”.[13] Finalmente, el señor Jorge Andrés Meneses García solicitó que se adoptara una medida provisional, debido al inicio del calendario académico para el primer semestre del 2017. 2. Traslado y contestación de la demanda 2.1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío), mediante auto del 31 de enero de 2017, admitió la acción de tutela y ordenó vincular a la Gobernación del Departamento del Quindío, la Secretaría de Educación Departamental, el Ministerio de Educación Nacional y a INDEPORTES Quindío. A su vez, negó la medida provisional ya que no estaba probada la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable dada “la falta de sustento probatorio que permita al despacho colegir el escalafón logrado por el promotor de la vía resultados de la prueba de Estado, respecto de otros aspirantes con condiciones semejantes, máxime cuando podría verse comprometida la salvaguarda de derechos fundamentales de terceros aspirantes”.[14] 2.2. Para terminar, ordenó notificar a la institución educativa demandada para que en el término de dos días, contados a partir del recibo de la comunicación, ejerciera su derecho a la defensa, aportara la documentación de soporte del proceso de inscripción y selección de los aspirantes al programa de medicina para el periodo 2017-01, así como el listado de los “aspirantes descritos con identificación de la modalidad en la que se presentaron (aspirantes ordinarios o de grupos minoritarios), con el respectivo puntaje de pruebas de Estado por ellos obtenido”.[15] 2.3. Respuesta de la Secretaría de Educación Departamental de Quindío[16] 2.3.1. Mediante escrito del 1 de febrero de 2017, el Secretario de Educación Departamental[17] contestó la acción de tutela y aseguró que la entidad no ha vulnerado los derechos del accionante pues no tienen competencia legal dentro del asunto solicitado. 2.3.2. Expuso que los Departamentos, a través de sus Secretarías de Educación, “gozan del reconocimiento y certificación para la prestación del servicio educativo, correspondiente a la administración del mismo en los niveles de básica primaria, secundaria y media vocacional”.[18] Advirtió que en el nivel superior, el servicio es prestado por las instituciones autorizadas para tal efecto y que el ejercicio de inspección y vigilancia de las mismas corresponde, de manera exclusiva al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación.[19] 2.3.3. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, “teniendo en cuenta que no existe amenaza o vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo solicita el accionante, originados con ocasión de acción u omisión de esta entidad pública”.[20] 2.4. Respuesta de la Universidad del Quindío 2.4.1. El rector encargado de la Universidad del Quindío[21] se pronunció con respecto a la acción de tutela, mediante escrito del 3 de febrero de 2017. Señaló que no se está ante la posible configuración de un perjuicio irremediable dado que el accionante no ha elevado solicitud formal ante la institución. Precisó que la única petición estudiada fue la del padre del actor, quien radicó la misma pese a que, para la fecha, su hijo ya era mayor de edad. 2.4.2. Reiteró que aunque existen 5 regímenes especiales, la universidad solo asigna 3 cupos para el programa de medicina a los inscritos con los mejores puntajes en las pruebas de Estado en dichas categorías. Resaltó que el actor participó en igualdad de condiciones pero el beneficio se otorgó a otros, de acuerdo al mérito académico. 2.4.3. Precisó que el Consejo Superior de la Universidad estableció los criterios de inscripción y admisión de aspirantes a sus programas,[22] que en el artículo 9 del Acuerdo N°066 del 2000 se consagró que el ingreso está sometido a las pruebas de Estado y que ACADEMUSOFT es el sistema a través del cual se determina cuáles son los mejores inscritos. 2.4.4. Finalmente, consideró que el estado del accionante dentro del proceso de selección continúa siendo “NO ADMITIDO” y que una interpretación diferente podría vulnerar derechos de otros aspirantes. Por lo anterior, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela puesto que el accionante cuenta con la acción de nulidad simple o nulidad y restablecimiento de derecho para resolver su controversia. 2.5. Respuesta de INDEPORTES Quindío La jefa de la oficina jurídica del Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío[23] contestó la acción de tutela, mediante escrito del 6 de febrero de 2017. Señaló que la entidad no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues la Universidad del Quindío es la única encargada de pronunciarse respecto del proceso de inscripción y admisión de estudiantes para los programas de pregrado que oferta. Por lo anterior, solicitó que se desvinculara al instituto dentro del trámite la acción de amparo. 2.6. Respuesta del Ministerio de Educación Mediante escrito del 6 de febrero de 2017, la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación contestó la acción de tutela y solicitó ser desvinculada del trámite de tutela de la referencia. En el escrito hizo alusión al principio de autonomía universitaria, que se deriva del artículo 69 de la Constitución Política y que fue desarrollado por la Ley 30 de 1992, y a las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio sobre las instituciones de educación superior. 3. Decisiones judiciales objeto de revisión 3.1. Decisión de primera instancia 3.1.1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío), mediante sentencia del 10 de febrero de 2017, tuteló el derecho fundamental a la educación en conexión con los principios de buena fe y confianza legítima de Jorge Andrés Meneses García. En consecuencia, ordenó al representante legal de la Universidad del Quindío que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, realizara las actuaciones administrativas tendientes a la inclusión y formalización del ingreso del accionante al grupo de admitidos para el programa de medicina (primer semestre del año 2017), sin que fuera posible la desestimación de cupos ya conferidos a otros estudiantes. Finalmente, ordenó que se brindara acompañamiento pedagógico, docente y psicosocial, de manera que se realizara un proceso de empalme al accionante debido a que ya se había dado inicio a las clases del programa. 3.1.2. El juez mencionó que no había encontrado un precedente jurisprudencial que hubiera resuelto un caso similar al de la referencia, por lo que era necesario adoptar una decisión basada en principios y reglas constitucionales. Aseveró que dada la ineficacia de los medios ordinarios, la tutela procedía de manera principal y definitiva. 3.1.3. Sostuvo que el problema objeto de estudio se puede resolver de acuerdo al apego a la literalidad de la norma. El juzgado señaló que el artículo primero del Acuerdo 009 de 2009 estableció la reserva de tres cupos en cada programa de la universidad, “para la población vulnerable (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas), bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte y Reservistas de Honor”.[24] Añadió que lo que se encerró en el paréntesis hace parte de una sola categoría para abarcar a las personas que hacen parte de la población vulnerable, a la que se le debe entregar un único cupo para el inscrito con mejor puntaje en las pruebas de Estado. 3.1.4. Concluyó que del análisis hermenéutico del acuerdo se infiere que los tres cupos preferenciales para las personas que se encuentren en los regímenes especiales deben distribuirse de la siguiente manera: (i) Para la población vulnerable conformada por comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas, un cupo que deberá disputarse entre ellos. (ii) Para los bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte, un cupo que deberá disputarse entre ellos. (iii) Para los militares que sean reservistas de Honor, un cupo que deberán disputarse entre ellos. 3.2. Solicitud de aclaración, modificación y o adición 3.2.1. El 15 de febrero de 2017, el rector de la Universidad del Quindío[25] presentó solicitud de aclaración, modificación y o adición del fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío). Resaltó que Jorge Andrés Meneses García ocupó la posición número 30 dentro de las personas inscritas en los regímenes especiales. 3.2.2. Alegó que con la decisión del juez de tutela se vulneraron los derechos de 26 personas inscritas por las categorías de excepción, sin contar a las que se les asignó el cupo, o los 122 aspirantes regulares que tuvieron mejor puntaje en las pruebas de Estado que el peticionario y de las que no se dijo nada en la providencia.[26] Por lo anterior, solicitó que se aclarara, modificara o adicionara la providencia del 10 de febrero de 2017 ante la imposibilidad de cumplir con el numeral segundo de la parte resolutiva que ordenó la inclusión del actor en el programa de medicina “sin que sea dable para el efecto la desestimación de cupos ya conferidos a otros estudiantes que a la fecha han alcanzado derechos consumados y los cuales gozan de confianza legítima respecto de las actuaciones de la administración estatal, auspiciado por el respecto a los actos propios que de ellos se predica”.[27] 3.2.3. Mediante auto del 17 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío) negó la solicitud de aclaración de la sentencia del 10 de febrero de 2017. Consideró que la petición no se presentó por la existencia de aspectos confusos contenidos en la parte resolutiva o que influyan en ella y que, por el contrario, se refería al fondo de la decisión. Finalmente, sobre la situación de los estudiantes con mejor puntaje en las pruebas estatales que el actor, recordó que la acción de amparo tienen efectos inter partes. 3.3. Impugnación 3.3.1. El rector de la Universidad del Quindío[28] presentó escrito de impugnación el 17 de febrero de 2017. Comentó que el ingreso a la institución depende del resultado de examen de Estado, lo que en el caso analizado se dejó a un lado, pues el sistema de mérito no se tomó en consideración y se otorgó un derecho mediante la aplicación de la buena fe y la confianza legítima, decisión que damnificó a la universidad y a terceros. 3.3.2. Estimó que la interpretación que realizó el juez de instancia del Acuerdo 009 de 2009 “puso en un plano de desigualdad a los iguales” y que correspondía reconocer la existencia de 5 regímenes especiales, “con igualdad de condiciones, representación, importancia y acceso a la educación formal superior en el alma mater”.[29] 3.4. Decisión de segunda instancia 3.4.1. La Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío), mediante sentencia del 28 de marzo de 2017, confirmó la sentencia adoptada el 10 de febrero de 2017 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío), en primera instancia. 3.4.2. La Sala se refirió a la educación como un atributo con una doble dimensión derecho- deber. Por otra parte, advirtió que las universidades pueden regular las exigencias para la inscripción y admisión a sus programas ya que cuentan con autonomía que, aunque no es absoluta, comprende el “direccionamiento ideológico del centro y la implementación de estándares de idoneidad estudiantil y gestión”.[30] 3.4.3. Sobre el caso particular, señaló que el Acuerdo 009 de 2009 no contiene 5 categorías especiales sino 3, a saber: (i) la población vulnerable (comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas), (ii) bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte y (iii) reservistas de honor. Precisó que como el régimen especial de la población vulnerable se redactó en paréntesis, ello quería decir que todos los sujetos que se encontraban en dichas condiciones debían competir por un cupo. 3.4.4. Sostuvo que el accionante fue sometido a una denegación injustificada del acceso a una carrera profesional, que la decisión no desconoce los resultados de las pruebas de Estado, pues el accionante obtuvo el mejor puntaje en su categoría y que no hay discriminación respecto de otras personas que se postularon. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia y procedibilidad 1.1. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. 1.2. Legitimación en la causa por activa y pasiva 1.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o por quien actué legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.[31] 1.2.2. En el caso particular, los requisitos en mención se cumplen cabalmente pues la tutela fue interpuesta por Jorge Andrés Meneses García, actuando en nombre propio, quien para la fecha de la presentación de la demanda (30 de enero de 2017) era mayor de edad.[32] Por su parte, la acción de amparo se dirigió contra la Universidad del Quindío,[33] institución de naturaleza pública, con régimen especial, creada por el Acuerdo Municipal Nº 23 de 1960, adscrita al Departamento,[34] con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente. De esta manera, la entidad demandada está legitimada por pasiva en virtud de los artículos 86 de la Carta Política y 5 del Decreto 2591 de 1991. 1.3. Inmediatez 1.3.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”.[35] 1.3.2. En este caso, el acto que supuestamente vulneró los derechos fundamentales del accionante se dio con la publicación de la lista de admitidos al programa de medicina (periodo académico 2017-1), el 17 de noviembre de 2016, que excluyó a Jorge Andrés Meneses García de uno de los cupos especiales otorgados por la Universidad del Quindío. Por su parte, la acción constitucional se ejerció el 30 de enero de 2017, por lo que entre uno y otro evento transcurrieron solo 2 meses y 13 días, término que la Sala estima razonable. 1.4. Subsidiariedad 1.4.1. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, esta Corporación ha establecido que “un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”.[36] 1.4.2. En el caso que nos ocupa, la Universidad del Quindío manifestó en la contestación que la controversia del accionante podía ser resuelta a través del medio de control de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.[37] No obstante, para dar validez a tal aseveración es necesario identificar el acto o los actos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales del accionante y si efectivamente pueden ser objeto de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 1.4.3. La Sala encuentra que la posible amenaza de los derechos del tutelante se pudo presentar por: (i) el Acuerdo 009 de 2009, que fijó los criterios “para la asignación de cupos de aspirantes a ingresar a la Universidad del Quindío bajo regímenes especiales”, particularmente, la interpretación que hace la institución educativa del mismo, y (ii) por la lista de admitidos al programa de medicina (periodo académico 2017-1), mediante la cual no se otorgó uno de los cupos especiales al señor Meneses García. 1.4.4. En ese sentido, si la solicitud de la institución accionada estaba encaminada a que se declarara la improcedencia de la tutela dado que el actor no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para adelantar el control del Acuerdo 009 de 2009, la Sala debe advertir que dicho argumento no es admisible en virtud de la jurisprudencia de esta Corporación que ha sido enfática al declarar que la tutela es procedente para resolver los conflictos que se suciten por la asignación de cupos especiales en las universidades, dada la ineficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial. Sobre el particular, la sentencia T-441 de 1997,[38] reiterada en otras oportunidades, señaló lo siguiente: “[L]a existencia de otro mecanismo judicial sólo imposibilita el recurso a la acción de tutela cuando ese instrumento se demuestra como eficaz. La eficacia del recurso ordinario no se determina de manera general sino en relación con el caso concreto bajo análisis. (…) La situación descrita evidencia la importancia del factor tiempo para la realización del sueño de ingresar a la universidad. Ante este hecho y en vista del trámite prolongado que exigiría el mecanismo judicial ordinario, sólo puede concluirse que éste se demuestra en este caso como ineficaz, por cuanto la duración del proceso que inicia compromete seriamente las aspiraciones del demandante de absolver los estudios universitarios. Por lo tanto, y con miras a impedir un perjuicio irremediable para el actor, debe declararse que la demanda de tutela sí es procedente en este caso”.[39] 1.4.5. De otra parte, tanto la interpretación de la institución educativa del Acuerdo 009 de 2009 como la lista de admitidos al programa de medicina (periodo académico 2017-1) son actos académicos no susceptibles de ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos eventos, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional[40] y del Consejo de Estado,[41] la acción de tutela es el único mecanismo judicial para controlar estos actos. Sobre el particular, la sentencia T-341 de 2003[42] indicó lo siguiente: “La acción de tutela constituye mecanismo idóneo para controvertir los actos académicos de los establecimientos educativos en general, pues ‘en un Estado Social de Derecho las actuaciones de esa naturaleza no pueden sustraerse del respeto a los derechos fundamentales’[43]. Es la posición de la jurisprudencia, sostenida por ejemplo cuando las directivas escolares imponen sanciones disciplinarias sin garantizar el debido proceso[44] o cuando interpretan las normas de los reglamentos internos de manera que no se aviene a la Constitución.[45] Sin embargo, ha dejado claro la jurisprudencia que el juez constitucional debe respetar la autonomía de los docentes, salvo cuando advierta un ejercicio arbitrario de la misma, o la violación flagrante de garantías constitucionales”.[46] 1.4.5.1. Particularmente, en las sentencias T-187 de 1993[47] y T-052 de 1996,[48] esta Corporación revisó dos acciones de tutela en las que los accionantes cuestionaban los actos mediante los cuales se definía el proceso de admisión de aspirantes en programas de posgrado. En estas oportunidades, la Corte estimó que debido a que los actos objeto de controversia eran netamente académicos, la tutela era el mecanismo principal para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los actores. 1.4.5.2. En ese mismo sentido, mediante Auto del 19 de diciembre de 2014,[49] la Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la demanda que instauró un actor en la que solicitó la nulidad simple de 42 actas del Comité de Currículo de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entre las cuales se encontraba una que se refería la selección de aspirantes al programa. La Sección consideró que las actas no podían ser controvertidas por tratarse de actos de carácter académico. 1.4.5.3. Con posterioridad, mediante el Auto del 21 de abril de 2016,[50] la Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció con respecto la súplica presentada por el accionante contra el Auto del 19 de diciembre de 2014, antes enunciado. La Sección respectiva reiteró que las actas demandadas eran actos académicos por lo que no eran susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 1.4.6. Por tanto, bien sea porque el mecanismo judicial frente al primer acto es ineficaz o porque no existe un medio judicial frente al segundo, el amparo solicitado en el presente caso debe entenderse procedente. 2. Problema jurídico De acuerdo con los antecedentes expuestos con antelación, la Sala Séptima de Revisión considera que el problema jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente: ¿Vulnera una universidad pública (Universidad del Quindío) los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso de un deportista con reconocimientos oficiales (Jorge Andrés Meneses García), inscrito a uno de los programas ofertados por la institución, al establecer cinco regímenes especiales, como medida para ampliar el acceso a la educación superior, y reservar solo tres cupos para asignar entre los aspirantes dentro de las categorías de excepción que obtengan los mejores puntajes en las pruebas de Estado? Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán a continuación los siguientes temas: (i) el derecho a la educación y naturaleza jurídica, (ii) la autonomía universitaria, (iii) el fundamento jurídico y la jurisprudencia constitucional con respecto a la asignación de cupos especiales en las universidades, y (iv) se procederá a determinar si existió o no una vulneración de los derechos del accionante por la actuación de la universidad accionada. 3. El derecho a la educación y su naturaleza jurídica 3.1. El artículo 44 de la Constitución Política establece que la educación es uno de los derechos fundamentales reconocidos a los niños. Por su parte, el artículo 67 Superior consagra que la educación tiene una doble connotación ya que “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, cuya responsabilidad está en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado. 3.1.1.A su vez, diversos instrumentos internacionales se han pronunciado sobre la protección de dicha garantía, a saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26),[51] la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26),[52] y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13).[53] De los instrumentos citados se desprende que todas las personas tienen derecho a la educación, que el Estado tiene el deber de adelantar las acciones progresivas para garantizar su gratuidad, efectividad, así como el acceso a la educación superior, que debe darse en términos de igualdad y teniendo en cuenta el mérito académico. 3.1.2.Adicionalmente, la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas establece que la educación, independientemente de su forma y nivel, debe contar con cuatro características interrelacionadas: (i) disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) aceptabilidad y (iv) adaptabilidad,[54] que se concretan en lo siguiente: “a. Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. b. Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. c. Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13). d. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.” 3.2. Por otra parte, la Corte Constitucional se ha referido a la naturaleza del derecho a la educación de mayores de edad. Sobre el particular, estableció en la sentencia T-329 de 1993[55] que la “doctrina constitucional afirma el carácter de derecho fundamental a la educación, con independencia de la edad del titular del derecho, por la estrecha vinculación existente entre la educación y los valores del conocimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura, entre otros”. Más adelante, esta Corporación reconoció que, tratándose de los adultos, dicha garantía era de carácter fundamental “puesto que la educación es inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la persona humana, además de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura”.[56] 3.2.1.Adicionalmente, existen pronunciamientos de esta Corporación que estiman que una vez se adquiere la mayoría de edad, el derecho a la educación deja de ser de aplicación directa e inmediata y pasa a ser meramente prestacional.[57] 3.2.2.Ahora bien, este Tribunal ha sostenido que debido a la estructura compleja los derechos constitucionales y que su eficacia depende de múltiples obligaciones, se hace necesario distinguir entre su fundamentalidad y justiciabilidad (posibilidad de exigencia judicial), que son cuestiones relacionadas pero independientes.[58] A partir de esta diferenciación, la Corte se refirió sobre la justiciabilidad de los derechos y estimó que la tutela es procedente, prima facie, en los siguientes eventos: “(i) salvaguardar todas las facetas negativas del derecho; (ii) garantizar aquellas facetas positivas que no suponen altas erogaciones; (iii) asegurar las dimensiones que han sido objeto de concreción normativa, bien sea por vía jurisprudencial, legal o reglamentaria; (iv) verificar si obligaciones de desarrollo progresivo son judicialmente exigibles, a partir de los mandatos de progresividad y –muy especialmente- en eventos en que se constate un retroceso injustificado en el nivel de eficacia de un derecho, o cuando la violación surja del desconocimiento del principio de igualdad y la prohibición de discriminación; y (v) analizar si, como juez de tutela, puede contribuir a la creación de garantías, cuando la regulación general es en principio adecuada, pero deja por fuera sujetos vulnerables, personas en condición de debilidad manifiesta, o facetas imprescindibles para la satisfacción de la dignidad humana”.[59] 3.2.3.Sobre el derecho a la educación, en la sentencia C-520 de 2016[60] se dejó claro que su carácter fundamental se predica de todas las personas, aunque, por ejemplo, “en materia de condiciones de acceso a la educación, tanto los tratados de derechos humanos como la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, han diferenciado entre obligaciones de aplicación inmediata y deberes progresivos, con base en parámetros de edad del educando y nivel educativo”. 3.3. Esta Corte también se refirió al derecho a la educación superior y su naturaleza.[61] Así pues, en la sentencia T-068 de 2012[62] la Sala Séptima resaltó que esta garantía goza de un carácter progresivo y es fundamental dada su relación estrecha con la dignidad humana. Asimismo, adujo que el núcleo esencial contiene “la garantía de que su goce efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que si bien éste último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo”.[63] 3.3.1.Posteriormente, esta Corporación consideró que la educación superior, excepcionalmente, adquiere el carácter de fundamental, que su protección se garantiza en lo concerniente a los componentes del acceso y permanencia, cuando se vulneren o amenacen otros derechos iusfundamentales[64] y reiteró que la obligación estatal presenta diferencias por nivel de enseñanza. 3.3.2.Además, en la sentencia C-520 de 2016,[65] este Tribunal resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º (parcial) del artículo 4º de la Ley 1678 de 2013, “por medio de la cual se garantiza la educación de Posgrados al 0.1% de los mejores profesionales graduados en las instituciones de educación superior públicas y privadas del país”, la Corte reiteró que en materia de educación superior “todos las obligaciones estatales para asegurar el acceso a los distintos niveles que la componen son de naturaleza progresiva y, a medida que se llega a las escalas más altas de la educación, es un principio aceptado en los ámbitos interno e internacional, el uso del mérito como criterio para la distribución de cupos y recursos”. 3.4. En suma, el derecho a la educación, por disposición expresa del texto constitucional es fundamental en el caso de niños. No obstante, esta Corporación, de la lectura armónica de la Carta Política y los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, reconoció su carácter fundamental cuando se trata de adultos, ya que es inherente al ser humano y dada su relación estrecha con la dignidad humana. 3.4.1.Dicho esto, debe resaltarse que el carácter fundamental del derecho a la educación implica la existencia de obligaciones en cabeza del Estado, las cuales pueden ser de aplicación inmediata o de carácter progresivo, lo que depende de la edad de la persona o del nivel educativo del que se trate. Adicionalmente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el principio de progresividad “(i) cuestiona la inacción estatal, (ii) ordena dar pasos adelante o la adopción de medidas constantes; (iii) prohíbe –prima facie– los retrocesos, y (iv) exige que las medidas respeten el principio de igualdad y el mandato de no discriminación”.[66] 3.4.2.En el caso de la educación superior, la Corte reconoció su fundamentalidad, y en varias ocasiones amparó el componente de acceso y la permanencia de las personas en la educación de este tipo como expresión del principio de progresividad. 4. Autonomía Universitaria 4.1. Habiendo establecido los aspectos esenciales del derecho a la educación, esta Sala abordará el tema de la autonomía universitaria, su concepto, finalidad y alcance. 4.2. La autonomía universitaria es el derecho que le asiste a las instituciones de educación superior de auto determinar su ideología, forma de administración y sus estatutos, entre otros aspectos.[67] Esta garantía se encuentra consagrada expresamente en el artículo 69 de la Constitución,[68] así: “[s]e garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. En desarrollo del mandato superior, los artículos 28[69] y 29[70] de la Ley 30 de 1992 establecen el ámbito de aplicación de este derecho que permite a las instituciones de educación superior definir, por ejemplo, el proceso de selección y admisión de sus alumnos. 4.3. En la sentencia T-180 de 1996[71], la Corte Constitucional se refirió a la finalidad y a los límites de la autonomía universitaria en los siguientes términos: “La finalidad de la autonomía universitaria es la de evitar que el Estado, a través de sus distintos poderes, intervenga de manera ilegítima en el proceso de creación y difusión del conocimiento. Con ello se asegura un espacio de plena autonomía en el que el saber y la investigación científica se ponen al servicio del pluralismo y no de visiones dogmáticas impuestas por el poder público, que coartarían la plena realización intelectual del ser humano e impedirían la formación de una opinión pública crítica que proyecte el conocimiento en el proceso de evolución social, económica y cultural. (…) Los altísimos fines que persigue la autonomía universitaria no pueden servir de excusa a los centros docentes para que, prevalidos de esa valiosa garantía institucional, vulneren los principios y derechos en los que se apoya el ordenamiento jurídico. De igual manera, no puede predicarse como correlato de la garantía institucional consagrada en el artículo 69 de la Carta, la inmunidad judicial de los actos de las Universidades que sean susceptibles de vulnerar los derechos fundamentales de sus estudiantes. Sin embargo, la intervención del juez debe limitarse a la protección de los derechos contra actuaciones ilegítimas, sin que le esté dado inmiscuirse en el ámbito propio de libertad de la Universidad para fijar sus políticas académicas e investigativas”. 4.4. La Corte estableció algunas subreglas con respecto a la autonomía universitaria que se resumen de la siguiente manera: “a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común.[72] b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado.[73] c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución.[74] d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior.[75] e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo.[76] f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque es una garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como quiera que involucra otros derechos de las personas.[77] g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual.[78] h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria.[79] i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa.[80]”[81] 4.5. Adicionalmente, esta Corporación reconoció que la autonomía universitaria protege, de manera amplia, la independencia de las instituciones de educación superior de interpretar sus reglamentos y que la intervención del juez constitucional en estos casos depende de que la interpretación no se ajuste a la Constitución o afecte derechos fundamentales.[82] 4.6. En suma, en virtud de la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior están facultadas para determinar libremente los procedimientos y criterios para la selección y admisión de sus alumnos, así como para interpretar sus reglamentos. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoce que dicha autonomía está limitada por la Constitución y los derechos fundamentales. 5. Fundamento jurídico y jurisprudencia constitucional con respecto a la asignación de cupos especiales en las universidades 5.1. De acuerdo con el mandato de asegurar el acceso progresivo a la educación superior, el Estado ha desarrollado y adoptado una serie de medidas para destinar recursos y emplear mecanismos que permitan el ingreso de las personas a la formación de este nivel. Algunas de estas acciones, como la creación de cupos especiales, están enfocadas en sectores específicos de la población y pretenden garantizar la aplicación del principio de la diversidad étnica y cultural, asegurar la protección de derechos de grupos tradicionalmente marginados o discriminados e implementar beneficios para individuos con méritos particulares o diferenciales, como ocurre en el caso de los reservistas de honor o los deportistas con reconocimientos oficiales. 5.1.1.En sintonía con lo antes expuesto, el artículo 2 de la Ley 14 de 1990[83] establece que el “Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez, ICETEX, deberá destinar anualmente un cinco por ciento (5%) de los créditos para estudios en el país, y un mínimo de tres (3) cupos de las becas disponibles anualmente para especializaciones en el exterior, a fin de atender las solicitudes que sobre estos beneficios presenten los "Reservistas de Honor". A su vez, la Ley 70 de 1993[84] dispuso en su artículo 37 la obligación del Estado de adoptar medidas para que las comunidades negras conozcan sus derechos en materias como el trabajo, la educación y la salud, entre otros. Aunado a lo anterior, el artículo 40 de la misma ley se refiere a la obligación estatal de destinar partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de estas comunidades. 5.1.2.En el caso de los deportistas, la Ley 181 de 1995[85] contempla en su artículo 43 que “[l]as universidades públicas o privadas establecerán mecanismos de estímulo que faciliten el ingreso de los deportistas colombianos con reconocimientos deportivos oficiales a sus programas académicos”. 5.1.3.Además, el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011[86] ordena a las instituciones de educación superior que, en el marco de su autonomía, fijen procesos de selección, admisión y matrícula que permitan a las víctimas de la violencia el acceso a los programas ofertados, “especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en condición de discapacidad”. 5.2. Dicho esto, corresponde hacer un análisis de la jurisprudencia constitucional que se ha pronunciado sobre la creación y asignación de cupos especiales por parte de las universidades, en virtud de la autonomía que la Constitución les ha conferido. 5.2.1.Inicialmente, en sentencia T-441 de 1997[87], la Sala Tercera de Revisión estudió el caso de un accionante que presentó el examen de admisión para la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena. El peticionario indicó que ocupó el puesto 87 y que no fue admitido pues de los 100 cupos disponibles, 70 se asignaron dentro del plan normal de admisiones y los 30 restantes, de acuerdo al reglamento de la universidad, se destinaron a los hijos de profesores, empleados y cónyuges; bachilleres provenientes de los municipios del sur de Bolívar y San Andrés y Providencia; deportistas y reinsertados. El actor señaló que los cupos especiales son prohibidos a la luz de la Constitución Política, que los beneficiaros de los mismos tuvieron peores puntajes en el examen de admisión que él y, por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales y que se declarara la nulidad del acto administrativo que estableció estos cupos y aquel que asignó los mismos dentro del programa para el que se presentó. 5.2.1.1. La Sala tuteló los derechos a la igualdad y a la educación del actor. Para arribar a tal decisión, estableció que los cupos en las universidades públicas, y particularmente, los cupos especiales dispuestos para determinados grupos de individuos se deben ver como bienes escasos, razón por la cual, su adjudicación debe ceñirse a criterios objetivos que garanticen la imparcialidad, transparencia e igualdad en dichos procesos. Asimismo, dejó claro que aunque el mérito es la vía principal para la asignación de cupos universitarios, es posible la utilización de otros criterios. Sobre el particular se determinó lo siguiente: “[E]l criterio esencial de asignación de los cupos sí debe ser el mérito académico. Es decir, este es el parámetro que debe regir el proceso general de distribución de estos bienes escasos. Sin embargo, es aceptable que las universidades utilicen otros criterios que flanqueen el parámetro básico de adjudicación de los cupos, cuando, por ejemplo, se persigue contrarrestar las condiciones desiguales con las que arriban a los exámenes de admisión los distintos aspirantes a ingresar a la universidad, o se procura dar cumplimiento a los fines de la institución universitaria. Con todo, estos criterios adicionales no pueden desvirtuar el procedimiento general de otorgamiento de los cupos y deben tener en cuenta el merecimiento académico. Ello significa, por una parte, que el número de plazas de estudio por asignar de acuerdo con estos criterios será reducido con respecto al total de los cupos. Y, por la otra, que en el procedimiento de admisión de alumnos a través de estos criterios se debe tener en cuenta la capacidad académica de los aspirantes”.[88] 5.2.1.2. Adicionalmente, la Sala adelantó un análisis de cada uno de los cupos especiales existentes para el ingreso a la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena y concluyó que las plazas destinadas a los hijos y el cónyuge o compañero(a) permanente de los profesores, empleados, ex-profesores, ex-empleados y jubilados de la Universidad; los bachilleres de los municipios de Mompóx y Magangué; y deportistas, eran inconstitucionales y que el acto que consagraba dichos privilegios debía ser inaplicado. Ahora bien, debido a que el asunto de los deportistas guarda relación con el caso sub examine, se traerá a colación lo expresado respecto de los cupos especiales para dicho grupo, a saber: “[E]l fomento del deporte contribuye de manera importante al desarrollo de una formación humanística e integral (…). Sin embargo, el hecho de que la universidad deba comprometerse con la promoción del deporte no constituye una razón suficiente para crear un cupo especial para favorecer el acceso de los deportistas a los estudios superiores. Si bien no se niega que la presencia en la universidad de deportistas de alto rendimiento puede constituir un estímulo para la práctica de las actividades de recreación física, este objetivo puede lograrse a través de medidas menos lesivas de los intereses de los otros aspirantes a acceder a la universidad.”[89] 5.2.2.Posteriormente, mediante la sentencia T-531 de 1998,[90] la Sala Segunda revisó la acción de tutela interpuesta por una madre en representación de su hija, quien se presentó al programa de química y farmacia de la Universidad del Atlántico (1998-1) y no fue admitida, pese a tener mejor puntaje que uno de los aceptados, ya que este era beneficiario de un cupo establecido en favor de miembros de comunidades indígenas. La Sala reiteró lo expuesto en la sentencia T-441 de 1997 (antes reseñada) sobre el mérito académico y la posibilidad de establecer cupos especiales cuando se quiere contrarrestar situaciones de desigualdad. No obstante, el amparo solicitado se negó en atención a que el último puntaje ponderado fue de 289.30 y el de la accionante fue de 283.30 por lo que ni siquiera hizo parte de la lista de preseleccionados. Sumado a eso, la Sala advirtió que sí existió un admitido con un puntaje en las pruebas ICFES inferior al de la demandante, pero que estaba cobijado por un cupo especial. 5.2.3.En la sentencia T-1340 de 2001,[91] la Sala Octava amparó los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la educación de una joven indígena a quien, debido a la decisión adoptada por la Universidad de Nariño, se le revocó la asignación del cupo especial al que había accedido pues, después de iniciado el semes...