Sentencia T-477 de 2014

T-477-14 Sentencia T-477/14 ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Caso en que se pide cancelar anotación en folio de matrícula inmobiliaria Por tratarse de un acto de revocatoria directa contra la Resolución No. 2910 de 2012, no procedía recurso administrativo alguno, tal y como lo expresa el tercer artículo de la misma (folio 60). Y, aunque no se tiene noticia de que se haya cuestionado su validez ante la jurisdicción contencioso administrativa, la situación de desplazamiento del actor exige a la Corte evaluar el principio de subsidiariedad en el preciso contexto que se encuentra quien interpone esta acción. En este sentido, se observa que el estado de especial vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada requiere una pronta respuesta para evitar que la dilación de los mecanismos ordinarios constituya un factor de revictimización de esta población; máxime, cuando, como en este caso, la vulneración proviene de una situación que se ha extendido por un largo período de tiempo LEGITIMACION POR ACTIVA DE VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO-Caso en que se levantó medida de protección de predio abandonado a causa del desplazamiento forzado Se verifica que el reclamo constitucional se dirige a cuestionar una actuación administrativa derivada del contrato de compraventa de dicho inmueble, por lo que el actor cuenta con legitimación por activa. Del mismo modo, la Sala observa que el actor dirige la acción contra las entidades competentes para determinar el levantamiento de la medida de protección de predios abandonados a causa del desplazamiento forzado, así como contra las actuaciones del Registrador de Instrumentos Públicos, quien es el competente para hacer anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria de la finca Las Margaritas. En tal virtud se constata la legitimación por pasiva LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Instrumento jurídico principal para garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas del despojo de tierras DERECHO AL DEBIDO PROCESO AL ORDENAR LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE PROTECCION PARA INMUEBLES DESPOJADOS POR LA VIOLENCIA BIENES ABANDONADOS A CAUSA DEL DESPLAZAMIENTO-Ruta de protección prevista/REGISTRO UNICO DE PREDIOS Y TERRITORIOS ABANDONADOS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS-Obligaciones en materia de anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria NORMAS QUE REGULAN EL REGISTRO Y CANCELACION DE ANOTACIONES EN FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA DE UN BIEN INMUEBLE El registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público, que tiene por finalidad hacer oponible a terceros los actos o decisiones que modifican la situación jurídica de un inmueble. Esto implica el registro de actos, contratos y providencias judiciales, así como de su respectiva cancelación. De conformidad con el artículo 2º de la Ley 1579 de 2012 (actual estatuto registral), los objetivos que busca cumplir la función de registro de instrumentos son: a) servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil; b) dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces; y c) revestir de mérito probatorio los instrumentos públicos sujetos a inscripción. Los principios que rigen esta actividad están consignados en el artículo 3º de la Ley 1579 de 2012 ZONA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA-Contexto sociopolítico existente en la zona de donde se vio obligado a salir el actor y su familia Constituye un hecho notorio que nuestro país desde hace algunas décadas ha estado sumido en una situación de violencia generalizada proveniente de los distintos actores armados: guerrilla, autodefensas, bandas criminales y las fuerzas armadas regulares que actúan para combatir la insurgencia. Por lo tanto, la construcción y análisis de contextos en los que se cometen las conductas delictivas no puede ser ajeno a la protección de los derechos de las víctimas. Al respecto, la Corte ha examinado en varias sentencias el contexto cuando los hechos guardan una relación de conexidad suficiente con la dinámica del conflicto armado en el que se ven vulnerados los derechos, como consecuencia de situaciones de violencia generalizada. Esta metodología de contexto fue aplicada por la Corte a partir de la Sentencia C-781 de 2012 APLICACION DE INSTRUMENTOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA-Leyes 387/97 y 1448/11 crearon instituciones jurídicas para ser aplicadas a estas circunstancias excepcionales en las que juridicidad ordinaria cede ante justicia transicional La Sala resalta que las órdenes proferidas mediante la Resolución No. 2910 de 2012 del INCODER, esto es la inscripción de dicho acto en el folio de matrícula inmobiliaria –anotación N. 14, por la que se restablece la medida de protección-, y la cancelación de la anotación correspondiente al levantamiento de la medida de protección –anotación N. 11-, ya fueron realizadas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y sin embargo el inmueble continua a nombre de un tercero. En este orden, es perceptible que en el marco del conflicto armado se han dado circunstancias en las que aplicar el derecho civil, administrativo o notarial creado para situaciones de regularidad no es del todo ajustado a contextos irregulares que requieren en protección de los derechos de las víctimas la aplicación de instrumentos de justicia transicional. Esto se presenta cuando se trata de inmuebles que han sido despojados mediante actos de violencia, lo que corresponde a una de las practicas más utilizadas por grupos armados al margen de la ley, quienes en muchos casos, además de acudir a medios violentos para usurpar las tierras, se valen de medios “legales” de tradición, cesión, transacción u otra modalidad para quedarse con los bienes, revistiendo sus operaciones de una apariencia de legalidad en la que las diversas instituciones del Estado terminan por reconocer el derecho de propiedad, en absoluto menoscabo de los derechos de las víctimas. Es precisamente por ello que la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011 crearon instituciones jurídicas para ser aplicadas a estas circunstancias excepcionales en las que la juridicidad habitual u ordinaria cede ante la justicia transicional. En particular, el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 establece que en tratándose de los bienes objeto de medida protección inscritos en el RUPTA, se presume que los actos de enajenación que se realicen durante su vigencia son nulos de pleno derecho MEDIDA DE PROTECCION PARA INMUEBLE DESPOJADO POR LA VIOLENCIA-Caso en que el INCODER no podía levantarla ya que requería voluntad expresa del titular De acuerdo con la Ley 387 de 1997, el Incoder no podía levantar la medida de protección sobre el inmueble, ya que ello requiere la voluntad expresa del titular y, a pesar de ello, dicha entidad con base en el contrato de transacción ordenó levantar la medida que luego revocó para proteger al accionante. Sin embargo, en ese interregno se registró la escritura pública que permitió el traspaso del bien y como quiera que lo que se revocó fue la cancelación de la medida de protección, de ello no se sigue que se cancelara la anotación No.13, la cual surtió efectos jurídicos haciendo oponible a terceros la adquisición del bien por parte del señor Londoño. Para no permitir que se consume una situación jurídica absurda, en la que deviene lógico que si se revocó el acto que permitió la libre negociación del bien, con mayor razón se debe anular la compraventa que se realizó mientras quedó desprotegido por una decisión errada del Incoder. En este caso lo que debe hacer el Incoder es revocar todos los actos surgidos como consecuencia del acto ilegal de despojo de las tierras, pues de lo contrario se consumaría una injusticia, habida cuenta que el origen de la transacción es ilícito, ya que la negociación se debió hacer para dar continuidad a los hechos violentos de los que fue víctima el accionante y su grupo familiar desde el año 2000 cuando un grupo armado al margen de la ley de manera violenta incursionó en el predio rural de su propiedad, los desplazo a él y a su familia tomando posesión del inmueble y manteniéndolo durante años mediante la perpetuación de actos de violencia y amedrentamiento a la población de esa zona del país. Los actos posteriores celebrados por el Incoder y el accionante son consecuencia de ese acto violento y, por tanto, no es posible predicar de ellos que fueron libres y, aun cuando aparece el acuerdo del actor para la venta del inmueble, se observa que es por un valor irrisorio, lo que es causado por el temor generalizado generado por parte de grupos armados al margen de la ley que de manera sistemática violaron los derechos humanos de las personas en esa región de las Sabanas de San Ángel ubicada en el departamento del Magdalena. DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE PERSONA DESPLAZADA DE SU PREDIO JUNTO CON SU FAMILIA POR LA VIOLENCIA-Caso en que se dejó en firme transferencia del inmueble pese a revocatoria del acto administrativo que sin consentimiento del accionante sirvió de fundamento En relación con el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución que rige toda actuación administrativa, la Sala resalta dos aspectos normativos esenciales. De una parte, que el acto administrativo por el cual el Incoder ordena el levantamiento de la medida de protección sobre el predio La Margaritas, omite del todo el estudio de si cesaron las condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad de las personas que allí residían antes de que los grupos armados ilegales incursionaran violentamente. La adopción de dicha decisión requería verificar si habían cesado las condiciones de vulnerabilidad. Y, de otra, que la decisión no fue notificada al accionante quien se mantuvo desplazado durante cinco años en la Ciudad de Maracaibo (Venezuela) conforme lo certifica mediante constancias de residencia en esa ciudad que obran a folios 116 y 314 del expediente. Todo lo anterior desemboca en que el Registrador de Instrumentos Públicos dejó en firme la transferencia de la Finca Las Margaritas (Anotación No. 13) pese a la revocatoria del acto administrativo que sin el consentimiento del accionante le sirvió de fundamento. Es decir, constituye una contradicción evidente que una vez solicitada por el Incoder la inscripción de la Resolución No. 2910 del 21 de diciembre de 2012, el 6 de marzo de 2013, el Registrador de Instrumentos Públicos los inscribió (Anotación No. 15), pero dejara incólume los actos inscritos con base en la cancelación de la medida de protección, con lo cual dejó en firme la Escritura Pública de Compraventa No. 2428 del 28 de diciembre de 2005 (Anotación No. 13). Esta Sala de Revisión estima que el Estado colombiano no puede quedarse impávido ante los hechos de violencia perpetuados por grupos al margen de la ley y que se han traducido en injusticia y sufrimiento para la población rural. DERECHO AL RETORNO DE PERSONA DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA-Restitución de la tierra como mecanismo de estabilización socioeconómica El contexto en el que está inmersa la situación del accionante permite concluir que el hecho del desplazamiento forzado al que fue sometido el actor y su familia lo puso en una situación de extrema vulnerabilidad, circunstancia que se ha mantenido desde el momento en que fue objeto de ese nefasto fenómeno hasta la actualidad y es constitucionalmente inadmisible que se perpetúe esa injusticia. En tal sentido, sobre el predio Las Margaritas pesaba una medida de protección al amparo de la Ley 487 de 1997 que impedía cualquier acto de enajenación transferencia del derecho de dominio. Todo ello entraña la consumación de una injusticia que conlleva a la responsabilidad del Estado, por tal razón, el predio deberá ser restituido a su legítimo propietario que es el acionante y para lo cual el Estado a través de todas sus instituciones deberá garantizar el derecho al retorno del accionante y su grupo familiar al predio las Margaritas, desplegando todas las medidas de protección que sean necesarias. DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE PERSONA DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA Y APLICACION DE PRESUNCION ARTICULO 77 LEY 1448/11/INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE SOLIDARIDAD POR PARTE DE AUTORIDAD PUBLICA Esta Sala de Revisión ordenará al INCODER realizar todas las actuaciones administrativas tendientes a solicitar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Plato Magdalena la cancelación de la anotación de la Escritura Pública 2824 de 28 de diciembre de 2005 mediante la cual fue traspasado el derecho de dominio del predio Las Margaritas al señor Carlos Arturo Londoño Acosta. Del mismo modo, se ordenará en protección del derecho fundamental al debido proceso del accionante y en aplicación de la presunción contemplada en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 “ Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. La ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en este numeral genera la inexistencia del acto o negocio de que se trate y la nulidad absoluta de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o una parte del bien.”, que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación integral del accionante por el despojo de tierras del que fue víctima, realice todas las actuaciones administrativas a que haya lugar para la devolución del predio al actor. El Incoder deberá tener en cuenta dos aspectos sustanciales. De una parte, que el accionante tiene 89 años de edad, en atención a ello todo procedimiento deberá realizarse de manera célere y eficaz. Y, de otra que deberá garantizar los derechos de los terceros adquirentes de buena fe, conforme lo establece el numeral 6º del artículo105 la Ley 1448 de 2011 DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION DE LAS VICTIMAS-Orden al INCODER de restituir predio rural al demandante Referencia: expediente T-4259761 Acción de tutela instaurada por Antonio María Rodríguez Acosta en contra del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Oficina de Instrumentos Públicos de Plato Magdalena y el señor Carlos Arturo Londoño Acosta. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de las providencias proferidas el 5 de agosto de 2013 por la Sala Civil-Familia- Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar y del 13 de noviembre de 2013 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de la acción interpuesta por Antonio María Rodríguez Acosta contra el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena) y el señor Carlos Arturo Londoño Acosta (tercero adquirente). La tutela fue seleccionada y repartida al despacho del Magistrado Ponente mediante Auto del 18 de marzo de 2013, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres, conformada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. I. ANTECEDENTES El 23 de julio de 2013, el señor Antonio María Rodríguez Acosta interpuso acción de tutela, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a las medidas de protección para bienes abandonados de la población desplazada, a la dignidad humana y a la vivienda digna, los cuales estima vulnerados por el Ministerio de Agricultura, el Superintendente de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la Oficina de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena) y el señor Carlos Arturo Londoño Acosta en su condición de tercero adquirente. De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, el accionante sustenta sus pretensiones en los siguientes 1. Hechos 1.1. La señora Margarita Felizzola de Rodríguez (quien falleció en condición de desplazada en el año 2006), propietaria del predio Las Margaritas ubicado en las Sabanas de San Ángel (Magdalena), adquirió un crédito hipotecario con la Caja de Fomento Agrario e Industrial, que posteriormente fue traspasado al Banco Agrario S.A., institución que fungía como acreedor de la obligación y beneficiario hipotecario sobre el inmueble dado en garantía crediticia. 1.2. Mediante oficio del (5) de octubre de 2000, la Señora Margarita Felizzola de Rodríguez comunicó a la Directora del Banco Agrario de Aracataca (Magdalena), que debido a problemas de orden público, le tocó abandonar sus tierras, en consecuencia desplazándose por la violencia. A pesar de lo anterior, en el año 2001 debido al incumplimiento en el pago de las cuotas de amortización del referido crédito, el Banco Agrario inició proceso ejecutivo hipotecario en contra de la señora Margarita Felizzola de Rodríguez (folio 162 cuaderno No. 1) -en adelante, a menos que se indique algo diferente, cuando se refieran folios del expediente deberá entenderse que pertenecen a este cuaderno-. Como consecuencia del proceso ejecutivo, la finca Las Margaritas fue rematada, adjudicada y registrada a favor del señor Carlos Arturo Londoño Acosta (folio 162). 1.3. Sin embargo, debido a un error en la notificación efectuada por el Banco Agrario a la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, por medio de la Sentencia T-640 de 2005 la Corte Constitucional ordenó que se rehiciera la actuación procesal (folio 163). 1.4. Mediante Oficio No. 3000 del 5 de septiembre de 2005 el Incoder le solicita al Registrador de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena), abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título del predio La Margaritas. 1.5. Ante esta situación el 28 de diciembre de 2005, la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, representada por su esposo Antonio María Rodríguez Acosta, -actual accionante de tutela-, el Banco Agrario y el señor Carlos Arturo Londoño Acosta (adjudicatario en el remate que la Sentencia T-640 de 2005 dejó sin efectos) celebraron un contrato de transacción (folio 163), en virtud del cual pactaron lo siguiente: (i) el Banco Agrario se comprometía a pagar la suma de veinte millones ($20.000.000) a la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, por concepto de los perjuicios que le ocasionó la indebida notificación en el proceso ejecutivo (dinero que sería entregado, mediante cheque de gerencia, a su cónyuge); (ii) el señor Carlos Arturo Londoño Acosta se comprometía a entregar veinte millones ($20.000.000) de pesos por concepto de la transferencia del derecho de dominio de la Finca Las Margaritas a la señora Margarita Felizzola de Rodríguez (dinero que le fue entregado por el Banco Agrario como indemnización por los perjuicios causados a raíz de la nulidad del remate); y, (iii) la señora Margarita Felizzola de Rodríguez se comprometió a transferir el dominio del predio Las Margaritas, estando expresamente estipulado en la cláusula octava del contrato de transacción que: “Las partes se comprometen a celebrar los actos y a otorgar los documentos necesarios para remover todos los obstáculos que puedan presentarse para el cabal cumplimiento de los fines de este contrato, a partir del mes de enero del año dos mil seis (2006) y a más tardar el treinta (30) de marzo del mismo año, y especialmente en lo que tiene que ver con la transferencia del derecho de dominio sobre el inmueble mencionado en la cláusula primera del presente acuerdo a favor del señor CARLOS ARTURO LONDOÑO ACOSTA.” (Folio 72). 1.6. Para el cumplimiento de las obligaciones referidas, la señora Margarita Felizzola de Rodríguez otorgó poder especial a su esposo el señor Antonio María Rodríguez Acosta. En el documento se estipula: “[a]demás, autorizo, de ser necesario, para que en mi nombre y representación, surta ante del –sic- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, o las instancias de que trata el decreto 2007 de 2001, si es del caso, los trámites pertinentes, a fin de obtener el levantamiento de las medidas de protección inscritas sobre el predio mencionado en el párrafo anterior, de conformidad con la Ley 387 de 1997 y demás normas concordantes y reglamentarias (…)” (folios 164 y 165). 1.7. Aproximadamente cuatro meses antes de la celebración del acuerdo de transacción referido, esto es el 19 de julio de 2005, la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, en su calidad de propietaria del predio Las Margaritas, solicitó fuera decretada la medida de protección prevista para los bienes abandonados por motivos de desplazamiento. Dicha medida, fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria el día 5 de septiembre de 2005. 1.8. La señora Margarita Felizzola de Rodríguez estuvo acompañada durante la celebración del contrato de transacción por el ahora accionante Antonio María Rodríguez Acosta, quien además fungía como su representante para efectos de la transferencia del derecho de dominio del mencionado predio. 1.9. La señora Margarita Felizzola de Rodríguez suscribió la Escritura Pública No. 2428 el 28 de diciembre de 2005, en la cual se formaliza el contrato de compraventa del predio Las Margaritas. 1.10. Mediante oficio del 21 de abril de 2006, el gerente del Banco Agrario, solicitó al INCODER en virtud del acuerdo de transacción celebrado que levantara la medida de protección existente sobre el predio Las Margaritas, solicitud a la que accedió el INCODER y que se reflejó en la anotación No. 11 del folio de matrícula inmobiliaria (folios 77 a 80). No obstante la solicitud elevada por el Banco Agrario ante el INCODER para la cancelación de la medida de protección, el ahora accionante Antonio María Rodríguez Acosta, en tanto el representante de la titular del bien, nunca solicitó su cancelación. 1.11. Una vez cancelada la medida de protección del predio Las Margaritas, fue registrada la escritura pública mediante la cual se realizó la transferencia del derecho de dominio del predio por parte de la señora Margarita Felizzola de Rodríguez al señor Carlos Arturo Londoño Acosta. Lo que se refleja en la anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria, cuya anulación es el objeto de la presente acción de tutela. 1.12. De acuerdo con lo manifestado en el escrito de la acción de tutela, el señor Antonio María Rodríguez Acosta, por motivos de violencia, en algún momento del año 2006 debió desplazarse a la ciudad de Maracaibo (Venezuela), ciudad en la que permaneció hasta el año 2011. 1.13. A inicio del año 2011, el señor Antonio María Rodríguez Acosta interpuso acción de tutela en contra del Ministerio de Agricultura, el INCODER y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato Magdalena, con el fin de dejar sin efectos la anulación de la anotación No. 11, por medio de la cual se canceló la medida de protección sobre el predio las Margaritas. Lo anterior con fundamento en que dicha decisión del INCODER desconoció su derecho al debido proceso, toda vez que la solicitud de cancelación no la había formulado la titular del derecho de dominio, es decir, la señora Margarita Felizzola de Rodríguez. En dicha oportunidad, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 29 de septiembre de 2011, confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Valledupar, mediante la cual decidió negar la solicitud de tutela, por considerar que no se presentaba una vulneración evidente de ninguno de los derechos del accionante, ya que el levantamiento de la medida de protección fue el resultado de las obligaciones derivadas del contrato de transacción que había suscrito de forma voluntaria la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, en compañía de su cónyuge, quien fungía como su apoderado para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de transacción. Remitida la acción de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, fue radicada con el número T-3255451. Mediante Auto del 15 de noviembre de 2011 se decidió no seleccionarla para revisión. 1.14. A través de derechos de petición del 19 y 31 de julio de 2012, el señor Antonio María Rodríguez Acosta solicitó al INCODER la revocatoria del acto administrativo por virtud del cual dicha entidad solicitó la cancelación de la medida de protección a la Oficina de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena), que corresponde a la anotación No. 11 en el folio de matrícula inmobiliaria. 1.15. El INCODER, por medio de Resolución No. 2910 del 21 de diciembre de 2012, revocó el acto administrativo por el cual se solicitó la cancelación de la medida de protección existente, hasta ese momento, sobre el predio Las Margaritas. Puntualmente, en el artículo 2º de la referida resolución, el INCODER ordenó que se inscribiera en el folio de matrícula inmobiliaria la medida de protección para predios abandonados por causa del desplazamiento, prohibición de enajenación que corresponde a la anotación No. 14. 2. Solicitud de Tutela En virtud de la acción de tutela objeto de revisión el señor Antonio María Rodríguez Acosta solicita que se deje sin efectos la anotación No. 13 en el folio de matrícula inmobiliaria, correspondiente a la inscripción de la escritura en que se registra la transferencia de dominio del predio Las Margaritas; adicionalmente, que se solicite al señor Carlos Arturo Londoño Acosta la devolución material del referido predio; y, finalmente, que se deje incólume la medida de protección sobre el predio, que prohibía su enajenación, la cual fue registrada el 5 de septiembre 2005 y que figuraba en la anotación No. 10 (folio 2). 3. Respuesta de las entidades accionadas 3.1. Respuesta del INCODER El representante legal de INCODER sostiene que la medida de protección para predios abandonados es solicitada por el titular del bien y, en consecuencia, es éste el único que puede pedir su cancelación, razón por la cual se produjo la Resolución 2910 de 2012, por medio de la cual se revoca la solicitud de cancelación de la medida de protección existente en 2006 y se ordena inscribir nuevamente la medida de protección sobre el predio Las Margaritas. Sin embargo, manifiesta que la acción interpuesta resulta improcedente en tanto que lo atacado es la anotación correspondiente a un contrato de naturaleza privada. De manera que, si lo que se pretende es la cancelación de la inscripción y la devolución material de la finca “…lo conducente fuera que hubiese acudido a las instancias judiciales o extrajudiciales conforme a lo pactado en el contrato de transacción” (folio 140). 3.2. Banco agrario de Colombia S.A. En su escrito de contestación, y luego de recordar los hechos que fueron reseñados en esta providencia, manifestó que el Banco Agrario no ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor Antonio María Rodríguez Acosta. En palabras de la representante del Banco, “[n]o hay que olvidar que el señor Antonio María Rodríguez Acosta, estuvo presente en todas las reuniones previas al acuerdo, fungió como apoderado de su señora esposa Margarita Felizzola, firmó el contrato de transacción, suscribió la escritura de venta del predio a favor del señor Londoño, y a pesar de todo ello, desconoció de tajo los compromisos adquiridos con apego a la ley y acudió a esa maniobra” (folio 167). 3.3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural El Ministerio de Agricultura solicita que sea declarada improcedente la acción interpuesta, por considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Manifiesta que el problema jurídico en este caso se presenta respecto de los efectos que tiene la revocatoria directa de la solicitud de cancelación de la medida de protección por parte del INCODER, es un asunto que no puede implicar responsabilidad para el Ministerio: “ESTA ACCIÓN CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE frente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, toda vez que esta Entidad no ha conculcado ninguno de los derechos fundamentales con los que la Constitución Política ampara a los accionantes, puesto que en el presente caso EXISTE UN PROCEDIMIENTO QUE DEBE TRAMITARSE ANTE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTIOS PÚBLICOS DE PLATO, MAGDALENA.” (Folio 172) 3.4. Superintendencia de Notariado y Registro El representante de la Superintendencia de Notariado y Registro manifestó que la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos no realizó actuación alguna que hubiese vulnerado los derechos del accionante. Para tal efecto, explicó que en el año 2006 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos procedió a realizar la cancelación de la medida de protección “porque se le allegó la constancia expedida por el INCODER que así lo disponía, es decir el oficio 20062120848 de fecha 9 de mayo de 2006 que ordenaba la cancelación de la anotación de prohibición” (folio 248). En cuanto a la nueva medida de protección solicitada por el INCODER, señala: “más no le asiste competencia al Registrador para proceder a cancelar la anotación correspondiente a la compraventa realizada por escritura 2428 de fecha 28 de diciembre de 2005 de la Notaría Segunda de Valledupar, en atención a que dicho documento se publicitó en su momento por reunir el lleno de requisitos legales establecidos, queriendo ello decir que la anotación número trece (13) del folio de matrícula inmobiliaria 226-16254 goza de plena validez en virtud de los principios registrales de legalidad y legitimación, para lo cual la única forma de cancelarla es o por voluntad de las partes o por una orden judicial” (folio 248). Por esta razón, solicita se exonere a la Superintendencia de cualquier responsabilidad en este caso. 4. Decisiones judiciales objeto de revisión 4.1. Sentencia de Primera Instancia La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, mediante sentencia del 5 de agosto de 2013, negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Antonio María Rodríguez Acosta. El Tribunal consideró que la acción interpuesta contra la anotación No. 13, que publicita la escritura pública por la cual se transfirió el dominio de la finca Las Margaritas, está dirigida a cuestionar el contrato de compraventa, el cual debe controvertirse por los medios ordinarios que el ordenamiento otorga al demandante (folio 237). A pesar de lo anterior, el Tribunal se refiere a la situación de desplazamiento en que se encuentra el accionante desde el año 2000, sin embargo, sostiene que esta sola condición no hace que la tutela sea procedente. En efecto, señala que en el año 2011 tuvo la oportunidad de interponer tutela contra la anotación No. 11, así como también pudo atacar la existencia, la validez o la oponibilidad del contrato de compraventa, cuestión que no ha realizado hasta la fecha (folio 238). De otra parte, el Tribunal de primera instancia fundamenta su decisión en que no se cumple el requisito de inmediatez, toda vez que se pretende controvertir un acto que data del año 2006, con lo cual han transcurrido más de siete (7) años desde que se tuvo conocimiento y, por consiguiente, la oportunidad de controvertir el acto que presuntamente desconoce los derechos del actor (folio 240). Finalmente, el Tribunal aduce que, si la venta de la Finca Las Margaritas fue producto de la violencia de los grupos paramilitares, los jueces de restitución de tierras son la autoridad competente para ello, ya que son estos quienes conocen de inmuebles despojados a sus propietarios, asunto que está regulado en el ordenamiento a través de un procedimiento breve (folio 240). 4.2. Impugnación El accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Para tal efecto, manifestó que el Tribunal Superior de Valledupar desconoce la naturaleza del proceso de restitución de tierras, pues no le es aplicable a su caso, puesto que la acción de tutela no fue “presentada contra grupos paramilitares, sino contra entidades públicas que cancelaron en forma arbitraria una medida de protección en una actuación administrativa, en la que debían garantizar el derecho de defensa y el debido proceso” (folio 269). Adicionalmente, señala que la zona en que se ubica la finca Las Margaritas no se encuentra microfocalizada y, por ende, no se ha implementado el registro de tierras en dicha región, lo que impide que sea cobijada por la acción de los jueces de restitución de tierras. Del mismo modo, sostuvo que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta su situación de desprotección, pues es una persona desplazada, que tiene 87 años de edad y que, en el presente caso se alega la violación del derecho fundamental al debido proceso, “porque la medida de protección que prohibía la enajenación de la Finca ‘Las Margaritas’ fue cancelada de manera unilateral por el Registrador de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena), sin notificar a los terceros interesados en la actuación administrativa en la que se canceló esa medida” (folio 272). Por lo que, afirma que no busca dejar sin efectos la escritura pública, ni el contrato de transacción celebrado. Así mismo, recuerda que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato no podía cancelar la medida de protección, pues esta era una solicitud que sólo podía hacer la titular del dominio sobre el inmueble, es decir, la señora Margarita Felizzola de Rodríguez (folio 278). El accionante finaliza su extenso escrito reiterando que la cancelación de la medida de protección se realizó por mecanismos ilegales (folios 279 a 282). 4.3. Sentencia de Segunda Instancia La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 13 de noviembre de 2013, confirmó el fallo de primera instancia. Para adoptar la decisión se fundamentó en que el accionante Antonio María Rodríguez Acosta, en tanto representante debidamente facultado de su entonces esposa la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, participó en la negociación de la cual surgió la obligación de transferir el derecho de dominio del predio Las Margaritas y, así mismo, en que para inscribir dicho traspaso era necesario cancelar la medida de protección, por lo que ahora el actor “no puede pretender a través de esta acción constitucional, argumentar una actuación irregular en la inscripción de dicho registro y retrotraer unos actos jurídicos con consecuencias patrimoniales” (folio 11, cuaderno de segunda instancia). Con base en lo anterior, concluye que para lo pretendido debe utilizar el mecanismo de defensa judicial pertinente. Finalmente, resaltó, que el ser una persona de la tercera edad, no garantiza la prosperidad del amparo constitucional. 5. Pruebas relevantes obrantes en el expediente 5.1. Folio de matrícula inmobiliaria No. 226-16254, correspondiente al predio Las Margaritas, ubicado en la vereda las Sabanas de San Ángel, municipio de San Ángel, Departamento del Magdalena (folio 40). 5.2. Solicitud de inscripción del grupo familiar por desplazamiento forzado por la violencia elevado ante la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, el día 03 de octubre de 2000 (folio 61). 5.3. Oficio de solicitud individual de protección de un predio rural abandonado por causa de la violencia – Margarita Felizzola, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, del 27 de julio de 2005 (folios 64 a 67). 5.4. Contrato de transacción suscrito el 28 de diciembre de 2005, entre la señora Margarita Felizzola de Rodríguez y el Banco Agrario (folios 68 a 75). 5.5. Certificado de inclusión del grupo familiar del accionante en el registro único de población desplazada, expedido por Acción Social el 07 de noviembre de 2007 (folio 76). 5.6. Solicitud de levantamiento de la medida de protección de un predio rural abandonado, suscrito por Luz Amalia Pacheco Gaitán, en su condición de Subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad del INCODER –fecha ilegible-, mediante el cual se dirige a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato Magdalena (folios 77 a 80). 5.7. Oficio No. 20061118327 del 20 de abril de 2006, por medio del cual el Banco Agrario, a través de Juan Carlos Ospina, solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-, levantar la medida de protección (Decreto 2007 de 2001) sobre la Finca “Las Margaritas” (folios 81 a 99). 5.8. Oficio DSFSM No. 297 del 02 de febrero de 2005, suscrito por la Dirección Seccional de Fiscalías en Santa Marta, informando sobre las denuncias hechas por la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, en relación con la presencia de grupos paramilitares en la zona en que se encuentra la Finca Las Margaritas (folios 108 a 110). 5.9. Certificado de hospitalización de la Señora Margarita Felizzola de Rodríguez, expedido por el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá el 25 de mayo del año 2000. 5.10. Registro Civil de Defunción No. indicativo serial 5597458 del 26 de febrero de 2006 de la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, (folio 115). 5.11. Constancia de residencia del señor Antonio María Rodríguez Acosta en la ciudad de Maracaibo (República Bolivariana de Venezuela), expedida el 28 de agosto de 2000 (folio 116). 5.12. Resolución No. 2910 del 21 de diciembre de 2012, suscrita por el Subgerente de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, mediante la cual revoca el acto administrativo por el cual se solicitó levantar la medida de protección (folios 42 a 60). 5.13. Oficio O.A.J. 2047 de 31 de julio de 2013, suscrito por la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro (folios 243 a 257). 5.14. Oficio 2100 del 3 de julio de 2013 mediante el cual el INCODER se pronuncia en torno a la acción de tutela interpuesta por el accionante Antonio María Rodríguez Acosta (folios 128 a 161). 5.15. Oficio No. 1180 del 27 de junio de 2013 mediante el cual el Banco Agrario S.A. (folios 162 a 170) se pronuncia en torno a la acción de tutela interpuesta por el accionante Antonio María Rodríguez Acosta. 5.16. Oficio No. 20131100163591 de 31 de julio de 2013, suscrito por el coordinador de grupo de procesos judiciales del Ministerio de Agricultura (folios 171 a 179). II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para examinar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico y esquema de resolución En el presente caso, la Sala debe determinar si el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, al ordenar el levantamiento de la medida de protección para inmuebles despojados por la violencia que recae sobre el predio agrario “Las Margaritas” ubicado en las Sabanas de San Ángel (Magdalena). El levantamiento de la medida de protección prevista en el artículo 19 de la Ley 387 de 1997 y sus normas complementarias, dio lugar a que el registrador de instrumentos públicos de Plato (Magdalena), registrara la anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria mediante el cual se hizo oponible a terceros la compraventa perfeccionada mediante Escritura Pública No. 2428 del 28 de diciembre de 2005, no obstante, que el acto administrativo que ordenó el levantamiento de la medida fue posteriormente revocado por el Incoder el 21 de diciembre del año 2012. Para resolver la cuestión planteada, la Sala se pronunciará en torno a (i) la idoneidad de la presente acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas víctimas de desplazamiento forzado; (ii) la ruta de protección prevista para los bienes abandonados a causa del desplazamiento; (iii) las obligaciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en materia de anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria; (iv) el contexto socio–político existente en la zona de desplazamiento forzado por la violencia, de donde se vio obligado a salir el actor y su familia y, para finalizar, iv) se dará solución al problema jurídico planteado. 3. Procedibilidad de la acción de tutela interpuesta La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 es el instrumento jurídico principal para garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas del despojo de tierras. Puntualmente, los artículos 76 al 102 de ese cuerpo normativo regulan el procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros. En la Sentencia T-415 de 2013 la Corte Constitucional se pronunció en relación con el carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los procedimientos previstos en la Ley 1448 de 2011: “La acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que de las pruebas allegadas y los hechos comprobados, se colige que los accionantes pretenden que en sede de tutela se restablezca el derecho a la propiedad y se dejen sin efectos los actos administrativos y negocios jurídicos celebrados por terceros, sin agotar con anterioridad el mecanismo ordinario de defensa judicial previsto en la Ley 1448 de 2011, que resulta ser el medio idóneo y eficaz para garantizar el restablecimiento del derecho que ha sido presuntamente vulnerado, máxime, cuando queda demostrado que no media un perjuicio irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio de amparo. El proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, es el medio idóneo y eficaz para restablecer los derechos de la población víctima del despojo o abandono forzado de tierras. En consecuencia, cuando el actor no agote previamente este recurso ordinario de defensa judicial, la acción de tutela deberá ser declarada improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad.” Sin embargo, ante determinadas circunstancias en las que se pueda causar un perjuicio irremediable, la jurisprudencia[1] constitucional ha determinado que la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. A tal criterio procesal se ha llegado, debido a la grave situación humanitaria de las personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violación sistemática de sus derechos humanos y que ha exigido del Estado considerarlos como sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta: i) la situación de extrema vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos; y ii) la necesidad proteger sus derechos fundamentales ante una actuación omisiva o ilegítima de las autoridades encargadas de protegerlos. Este criterio jurisprudencia fue vertido en las consideraciones de la Sentencia T-565 de 2011: “La regla que establece la subsidiariedad de la acción de tutela no puede aplicarse de manera automática, literal y con excesivo rigorismo formal, sino teniendo en cuenta, tanto la situación personal del solicitante, como el contexto de la realidad social y política circundante, con la finalidad de permitir la realización de derechos fundamentales dentro de los que se encuentran la igualdad real y efectiva, el debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso efectivo a la administración de justicia.” Recientemente, T-347 de 2014 la Corte se pronunció en el sentido de que las personas víctimas de desplazamiento forzado se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad. En palabras de esta Corporación: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, pues fueron sometidos a la pérdida de la tierra, de su vivienda, al desempleo, a la pérdida del hogar, entre otros, lo cual se agrava cuando la situación se vuelve permanente como consecuencia de la omisión del Estado en realizar acciones encaminadas a la superación.” Precisamente, las entidades accionadas se pronunciaron respecto de los hechos en el sentido de afirmar que si el accionante considera que la Resolución 2910 de 2012 debió ordenar la cancelación de la anotación No. 13, y por consiguiente dejar sin efectos la inscripción de la escritura que contiene el acuerdo de compraventa del referido predio, ha debido acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para cuestionar la omisión en que incurrió dicho acto administrativo. Y en ese mismo sentido sostienen que si el accionante considera que no debió registrarse la Escritura Pública NO. 2428 de 28 de diciembre de 2005, con base en que nunca ha debido cancelarse la medida de protección existente sobre la finca Las Margaritas, en tanto hubiese tenido oportunidad (tomando en consideración la situación de desplazamiento en que se encuentra) podría haber solicitado a) la nulidad del contrato de compraventa (para que en un proceso con plenitud de garantías procesales, se determine la validez o no del referido acuerdo); o b) la reparación de los perjuicios causados por el acto de la administración que, en el año 2006, ordenó la cancelación de la medida de protección. De la situación fáctica descrita se desprende que el señor Antonio María Rodríguez Acosta, esposo de la señora Margarita Felizzola de Rodríguez, quien le otorgó poder para llevar a cabo las actuaciones tendientes a la transferencia del derecho de dominio del predio rural Las Margaritas, es una persona de la tercera edad[2] que en la actualidad tiene 89 años y se encuentra inscrito en el registro de población desplazada, como consecuencia de acciones violentas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en dicho inmueble. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra respecto de la procedibilidad de la acción interpuesta, en primer término que se cumple el requisito de la subsidiariedad, en atención a que se trata de una persona en condición de debilidad manifiesta y la imposibilidad de esperar las resultas de un proceso judicial prolongado que haga más difícil su situación. Además de lo anterior, por tratarse de un acto de revocatoria directa contra la Resolución No. 2910 de 2012, no procedía recurso administrativo alguno, tal y como lo expresa el tercer artículo de la misma (folio 60). Y, aunque no se tiene noticia de que se haya cuestionado su validez ante la jurisdicción contencioso administrativa, la situación de desplazamiento del actor exige a la Corte evaluar el principio de subsidiariedad en el preciso contexto que se encuentra quien interpone esta acción. En este sentido, se observa que el estado de especial vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada requiere una pronta respuesta para evitar que la dilación de los mecanismos ordinarios constituya un factor de revictimización de esta población; máxime, cuando, como en este caso, la vulneración proviene de una situación que se ha extendido por un largo período de tiempo. En segundo lugar se verifica que el reclamo constitucional se dirige a cuestionar una actuación administrativa derivada del contrato de compraventa de dicho inmueble, por lo que el actor cuenta con legitimación por activa. Del mismo modo, la Sala observa que el actor dirige la acción contra las entidades competentes para determinar el levantamiento de la medida de protección de predios abandonados a causa del desplazamiento forzado, así como contra las actuaciones del Registrador de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena), quien es el competente para hacer anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria de la finca Las Margaritas. En tal virtud se constata la legitimación por pasiva. De manera puntual, el accionante sostiene que se le está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia de un acto administrativo proferido el 21 de diciembre de 2012 por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, así como de su presunto incumplimiento por parte del Registrador de Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena). El acto administrativo, así como las actuaciones realizadas en aplicación del mismo datan de diciembre 21 de 2012 y del 12 de marzo de 2013 (fecha en que se registra nuevamente la medida de protección y se anula la cancelación de que fue objeto la misma medida en el año 2006; anotación No. 14 y No. 15 respectivamente). Con posterioridad, el accionante ha solicitado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y a la Superintendencia de Notariado y Registro, que se lleve a cabo la cancelación de la anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria (una de cuyas solicitudes fue respondida por medio de Oficio O.A.J. 2047 de 31 de julio de 2013, tal y como se relaciona en el numeral 5.14 del acápite de pruebas). De acuerdo con lo anterior, la tutela fue interpuesta el 23 de julio de 2013 (folio 117), por lo que se cumple el requisito de inmediatez. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el año 2011 el señor Antonio María Rodríguez Acosta interpuso acción de tutela en contra del Ministerio de Agricultura, el INCODER y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato Magdalena, con el fin de dejar sin efectos la anulación de la anotación No. 11, por medio de la cual se canceló la medida de protección sobre el predio las Margaritas, podría inferirse que la acción de tutela objeto de revisión es temeraria. Al respecto, la Sala observa que la posible vulneración del derecho al debido proceso por parte del INCODER al ordenar la cancelación de la medida de protección, es un asunto que ya fue objeto de decisión definitiva en sede de tutela. En efecto, por medio de sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre de 2011, la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta, en la cual se negó el amparo solicitado por el señor Antonio María Rodríguez Acosta. Es decir, frente a una tutela previamente interpuesta por el mismo accionante (Antonio María Rodríguez Acosta), la jurisdicción constitucional determinó que no podía, por esta vía, cancelarse la anotación No. 11 del folio de matrícula inmobiliaria de la finca Las Margaritas. En aquella ocasión el señor Rodríguez Acosta interpuso acción de tutela en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el INCODER, el Banco Agrario de Colombia y la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Plato (Magdalena); en dicha oportunidad solicitó que se dejara sin efectos la anotación N. 11 del folio de matrícula inmobiliaria del referido predio; en palabras del juez de segunda instancia: “[a]l estimar que el INCODER, el Banco Agrario de Colombia S.A. y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato Magdalena vulneran los derechos fundamentales cuya protección invoca, pide dejar sin efecto la anotación No. 11 del folio de matrícula inmobiliaria No. 226-16254 y mantener vigente la medida de protección consistente ‘en la prohibición, abstención, inscripción de actos de enajenación o transferencia a cualquier título’” (folio 15, cuaderno de revisión de tutela). Lo alegado en aquella ocasión consistió en la presunta vulneración al debido proceso por parte del INCODER, por cuanto en el año 2006 ordenó el levantamiento de la medida de protección, sin que dicha acción hubiese sido solicitada por el titular del bien protegido. En la mencionada sentencia se dijo: “[p]ara efecto de inscribir la anterior transacción [compraventa de la finca Las Margaritas] era necesario levantar la medida de restricción de enajenación o transferencia del bien contenida en la anotación No. 10 [sic] del folio de matrícula inmobiliaria No. 226-16254, situación de la cual era consciente el accionante RODRÍGUEZ ACOSTA, no solo por haber participado en la negociación ya referida como apoderado de su cónyuge, sino porque lo había facultado para obtener el levantamiento de dicha inscripción. || En razón de lo anterior, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato –Magdalena-, a través de la anotación No. 11 en el citado folio de matrícula inmobiliaria de 17 de mayo de 2006 con radicado 2006-226-6-1067, registró el oficio de 9 de mayo del mismo año distinguido con el consecutivo 200621208488 emanado de la Oficina de Subgerencia de Ordenamiento Social del INCODER, conforme al cual se cancelaba la prohibición de enajenar el predio Las Margaritas e, incluso, en la misma fecha inscribió la compraventa arriba mencionada. (…) Como quiera que en este asunto no se acreditó que las autoridades accionadas hubiesen incurrido en actuación irregular, se está frente a un evento de ausencia de vulneración o amenaza de derechos fundamentales que torna improcedente la solicitud de amparo, (…)” –folios 25 y 26, cuaderno de revisión de tutela-. No obstante lo anterior, es necesario precisar con respecto a la posible temeridad de la acción, que no se configura tal circunstancia, como quiera que constituye un nuevo hecho la expedición de la Resolución No. 2910 del 21 de diciembre de 2012, por medio de la cual el INCODER revocó el acto administrativo por el cual se solicitó la cancelación de la medida de protección existente, hasta ese momento, sobre el predio Las Margaritas. Por virtud del artículo 2º de la referida resolución el INCODER ordenó que se inscribiera en el folio de matrícula inmobiliaria la medida de protección para predios abandonados por causa del desplazamiento, prohibición de enajenación que corresponde a la anotación No. 14. En este orden de consideraciones se concluye que la presente acción es procedente, razón por la cual esta Sala de revisión procederá al estudio de fondo. 4. Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-. El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA- es una base de datos[3] que opera como mecanismo de protección para las personas que se han visto obligadas a abandonar su lugar de origen por causa del desplazamiento forzado. Ante este fenómeno de abandono involuntario el registro tiene por finalidad garantizar los derechos de las víctimas sobre sus inmuebles para que no sean objeto de propiedad, ocupación, posesión, compraventa, mera tenencia o de transacciones ilegales. La inscripción del predio objeto de abandono por causa de la violencia debe solicitarse ante el Ministerio Público, autoridad que a su vez remite la solicitud a la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –INCODER-, entidad que se encarga de radicar e ingresar la información preliminar contenida en los formularios de solicitud en el RUPTA y de acopiar la información física y jurídica del predio a ser protegido para posteriormente enviarla a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente[4]. La oficina de registro procederá a hacer la respectiva inscripción de la medida de protección para impedir cualquier transacción o actos viciados por la fuerza. A su vez, esa información se incorpora en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-, que es administrado por el INCODER. Este sistema de registro de predios y territorios abandonados a causa de la violencia armada, está consagrado en el inciso cuarto del artículo 19 de la Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. El tenor literal de la norma es el siguiente: “ARTICULO 19. DE LAS INSTITUCIONES. Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 1. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará programas y procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por el desplazamiento forzado, así como líneas especiales de crédito, dando prelación a la población desplazada. El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos” (Negrillas fuera del texto) En complemento de esta normatividad, el Decreto 250 de 2005 prevé el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el cual establece acciones para consolidar el Registro Único de Predios -RUP-, con el fin de proteger[5]los inmuebles de la población rural objeto de desplazamiento o en riesgo. En especial, el artículo 2º del Decreto 250 de 2005 dispone: “Artículo 2º. Fuente de los recursos. 5.1.1 Acciones preventivas de protección. F. Protección de bienes. Con el propósito de proteger los bienes patrimoniales de la población rural desplazada o en riesgo de desplazamiento, mediante el aseguramiento jurídico e institucional de los bienes afectados y el fortalecimiento del tejido social comunitario, se desplegarán las s...