Sentencia T-442 de 2018

T-442-18 Sentencia T-442/18 SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Caso en que fallo de tutela fue seleccionado por error para revisión, en lugar de otro no seleccionado que tiene identidad de partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con este último CORTE CONSTITUCIONAL-Fallo o exclusión de revisión de proceso de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FRENTE AL PRINCIPIO FRAUDE LO CORROMPE TODO Este reconocimiento de escenarios en que la cosa juzgada cede frente a otros intereses constitucionalmente relevantes ha llevado a la Corte incluso a tener en cuenta información conocida con posterioridad a un fallo ejecutoriado. Tal es la situación que se ha presentado, por ejemplo, en casos en que esta Corporación ha encontrado que un fallo de tutela que no fue objeto de revisión es resultado de fraude. La jurisprudencia constitucional, en este sentido, en aplicación del principio según el cual “el fraude lo corrompe todo” (fraus omnia corrumpit), ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias de tutela y de actuaciones realizadas dentro del trámite de un recurso de amparo, para “revertir o detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden” contenida en tales providencias. De nuevo, en dichos casos se ha encontrado que la necesidad de aplicar el principio mencionado para evitar que se causen perjuicios a terceros y a la comunidad como resultado de un proceso fraudulento prima sobre el principio de cosa juzgada. ERROR EN SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Corresponde determinar si existe afectación sustantiva y material de derechos o intereses constitucionalmente relevantes, que amerite reabrir proceso de tutela cuyo expediente ha sido descartado Cuando la Corte Constitucional tiene conocimiento cierto e indiscutible de que un fallo de tutela fue seleccionado por error para revisión de esta Corporación, en lugar de otro no seleccionado que tiene identidad de partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con este último, corresponde determinar si existe una afectación sustantiva y material de derechos o intereses constitucionalmente relevantes, que amerite reabrir el proceso de tutela cuyo expediente ha sido descartado. La regla descrita, que implica que la Corte haga un examen sustantivo previo del caso para determinar si procede su revisión, tiene carácter excepcional, pues solo aplica (i) en circunstancias en que sea evidente e innegable el error operativo que haya llevado a la Corporación a seleccionar un expediente equivocado; y (ii) siempre y cuando la Sala tenga conocimiento sobre tal falla con posterioridad al vencimiento del término para insistir en la selección del expediente. En caso de que dicho término no haya vencido, los magistrados y las demás entidades facultadas podrán insistir en la selección del expediente ante la Sala de Selección respectiva. ERROR EN SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Existencia de debate legítimo sobre los hechos del caso que no permite que la Corte constitucional proceda a revisar los fallos de tutela que no fueron formalmente seleccionados La Sala concluye que, en las condiciones concretas del presente caso, no se encuentra justificada la reapertura del debate que se estudió en los fallos correspondientes a la segunda acción de tutela del accionante, que no fueron formalmente seleccionados para revisión debido a un error en el trámite de selección. Tal conclusión se deriva de la existencia de una discusión legítima que deberá ser resuelta a través de los mecanismos ordinarios de defensa que el actor tiene a su disposición. Dada la existencia del debate mencionado, la Corte no puede establecer con toda la claridad y certeza que exista una vulneración arbitraria y material de los derechos fundamentales del accionante, que lleve forzosamente a reabrir un debate ya cerrado en detrimento del principio de cosa juzgada constitucional. PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto de tomador como de asegurador RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Las aseguradoras sólo podrán eximirse de la responsabilidad de realizar el pago de la indemnización, cuando se encuentre debidamente probada la mala fe del tomador DEBIDO PROCESO EN CONTRATO DE SEGUROS-Obligación de las aseguradoras de probar el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro CONTRATO DE SEGUROS-Argumento sobre ausencia de una incapacidad total y permanente se basa en una interpretación arbitraria e irrazonable de las condiciones de la póliza CONTRATO DE SEGUROS-Inexistencia de nexo causal entre preexistencia alegada por accionada y la pérdida de capacidad laboral de accionante JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita DERECHO AL MINIMO VITAL EN CONTRATO DE SEGUROS-Órdenes dirigidas a renegociar condiciones de pago de crédito adquirido por accionante y a evitar que en las condiciones actuales se emprenda o continúe, si ya se inició, cobro judicial o extrajudicial de la deuda DERECHO DE PETICION EN CONTRATO DE SEGUROS-En expediente cuyo fallo fue formalmente seleccionado, el derecho de petición del accionante debía ser protegido, como en efecto ocurrió ERROR EN SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Medidas y correctivos para evitar en el futuro la ocurrencia de hechos similares Referencia: expediente T-6.364.567 Acción de tutela instaurada por Yerlin Antonio Burbano Maya contra Seguros de Vida Alfa S A Vidalfa S A Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en el artículo 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de tutela adoptado por el Juzgado Setenta y Siete (77) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, D.C., que resolvió la acción de tutela interpuesta por Yerlin Antonio Burbano Maya contra Seguros de Vida Alfa S A Vidalfa S A.[1] I. ANTECEDENTES 1. Hechos y solicitud 1.1. El 10 de febrero de 2017, Yerlin Antonio Burbano Maya presentó acción de tutela contra Seguros de Vida Alfa S A Vidalfa S A (en adelante, “Vidalfa”). Afirmó que esta Aseguradora vulneró sus derechos fundamentales de petición y al mínimo vital, al no responder dos peticiones suyas con respecto a una póliza de seguro de accidentes personales para créditos de libranza.[2] El accionante ingresó a dicha póliza en calidad de asegurado, tras adquirir un crédito de ese tipo con el Banco de Bogotá, entidad que aparece como tomadora en la póliza correspondiente.[3] Solicita que se ordene a la accionada dar respuesta de fondo a sus peticiones. 1.2. Las peticiones que el accionante presentó ante la Compañía demandada responden a los siguientes hechos: 1.2.1. El accionante se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional.[4] 1.2.2. Adquirió un crédito de libranza con el Banco de Bogotá, cuya fecha de inicio, según las pruebas que constan en el expediente, fue el 9 de diciembre de 2015.[5] En esta misma fecha ingresó como asegurado, según Vidalfa le informó a la Sala, a una póliza de seguro de vida grupo deudores que el Banco de Bogotá, en calidad de tomador, tiene contratada con dicha Compañía Aseguradora.[6] Dentro de las coberturas de la póliza, se incluye, además de la muerte accidental del asegurado, su “incapacidad total y permanente”. En caso de que este siniestro ocurra, las condiciones de la póliza incluidas en el formato de solicitud de seguro y certificado individual que el accionante firmó establecen que Vidalfa “reconocerá a favor del beneficiario la suma asegurada”. Igualmente, se aclara que la “incapacidad deberá estar fundamentada en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS o ARL, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, el cual deberá ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%)”. La fecha de ocurrencia del siniestro, según el texto de las condiciones, se entiende “como la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de capacidad laboral u ocupacional”. En la póliza se anota, además, que “bajo este amparo se cubren miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.[7] 1.2.3. El 10 de mayo de 2016, una Junta Médico-Laboral de la Policía Nacional determinó que el actor tenía una pérdida de capacidad laboral del cincuenta y tres con veinte por ciento (53.20 %).[8] La afección fue clasificada como “incapacidad permanente parcial”. Se estableció igualmente que el accionante era “no apto” y se incluyó la leyenda “no se sugiere reubicacion [sic] laboral”. Dentro de las conclusiones reseñadas en el acta, se mencionan “secuela fractura escafoides derecho”, así como los diagnósticos de trastorno de ansiedad (debido a “problemas relacionados con desaveniencias [sic] con el jefe y sus compañeros de trabajo-ataque de pánico sin agorafobia”) y parálisis facial de Bell. Con respecto a la secuela de la fractura del escafoides derecho, la Junta encontró que esta lesión ya había sido calificada por otra Junta Médico-Laboral que se reunió el 18 de noviembre de 2014 y aclaró, por consiguiente, que “no se asignan índices lesionales” frente a este diagnóstico. La Junta del 18 de noviembre de 2014, cuya acta fue allegada en copia por el accionante, estableció un cero por ciento (0 %) de disminución de la capacidad laboral, determinó que el accionante era apto para la actividad policial y definió que el caso no ameritaba “asignacion [sic] de indice [sic] lesional”.[9] El accionante aportó copia de su historia clínica registrada, por un lado, durante un periodo de hospitalización en la Unidad Mental del Hospital Departamental María Inmaculada E. S. E. ubicado en Florencia (Caquetá) entre el 10 y el 21 de diciembre de 2015.[10] En esta historia clínica, la entrada del 10 de diciembre de 2015 indica que se trata de un “paciente vinculado a la Policía Nacional con antecedentes de tratamiento psiquiátrico por presentar episodio de ansiedad y depresión con ataque de pánico”.[11] Se agrega que el actor presentaba “adherencia al tratamiento formulado” y que acudió al servicio de urgencias “por cuadro clínico manifestado por múltiples somatizaciones, inquitud [sic] motora, insomnio, ideas de desesperanza y de suicidio poco elaboradas”.[12] Al reseñar la anamnesis, se señala que el motivo de la consulta es que el paciente refirió que “esta [sic] mal de la cabeza, con la ansiedad”.[13] El análisis reportado menciona que el cuadro clínico detectado es de un (1) día y que el actor se encontraba “en control previo con psiquiatria [sic]” y que presentaba “agudizacion [sic] de su enfermedad”.[14] Por otro lado, se allegó copia de la historia registrada por el médico psiquiatra que lo ha tratado. En el expediente se encuentran registros ingresados entre el 4 de marzo y el 14 de octubre de 2016, que se refieren al diagnóstico de trastorno de ansiedad secundario a problemas laborales.[15] En estos últimos, el médico psiquiatra tratante anota, entre las medidas a tomar, “no porte de arma, […] no conducir vehículos”. 1.2.4. Como consecuencia de esta calificación, el accionante fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional y la Entidad le reconoció pensión de invalidez “equivalente al 50% del sueldo básico de un Patrullero”.[16] 1.2.5. Con base en el dictamen mencionado, el señor Burbano presentó una solicitud inicial ante el Banco de Bogotá para que la Entidad realizara “todos los trámites correspondientes para reclamar” la póliza de seguro.[17] Según relata el accionante, el Banco de Bogotá le manifestó que la Entidad “no es la encargada d [sic] esos trámites, [y] que el que debe [debía] realizar la reclamación” era el actor mismo. Así las cosas, el demandante presentó dos solicitudes ante Vidalfa, pero no recibió respuesta alguna, por lo que decidió interponer la acción de tutela de la referencia.[18] 2. Decisión de instancia 2.1. El juez de tutela decidió conceder el amparo.[19] Cabe aclarar que aunque en el expediente no consta una contestación de Vidalfa a la acción de tutela, en el fallo que aquí se revisa se hace referencia a una serie de manifestaciones de la “Representante Legal de [sic] para asuntos judiciales” de la Compañía.[20] Según la Sentencia, la persona mencionada indicó que las coberturas de la póliza de seguro no se habían activado en el presente caso, en la medida que “el actor venía con las preexistencias que generaron la disminución de su capacidad laboral”.[21] Se indica igualmente que la accionada sostuvo que no había vulnerado derecho alguno del señor Burbano, “pues con la presente acción de tutela busca garantizar el reconocimiento del pago de la presunta indemnización causada”.[22] En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, según quedó consignado en el fallo aquí revisado. El Juez de Instancia consideró que las causas del recurso de amparo no habían cesado, “dado que no se ha resuelto la petición incoada por el accionante, aun cuando la entidad accionada adjunta copia de la respuesta emitida a la entidad financiera, la misma no es garantía de que se haya dado respuesta al señor Burbano Maya, situación con la cual se hace notoria la afectación al derecho de petición del aquí demandante”.[23] En el expediente no se encuentra respuesta alguna de Vidalfa al Banco de Bogotá, documento al que parece hacer referencia el fallo de instancia. La autoridad judicial ordenó a Vidalfa que respondiera la petición del señor Burbano.[24] El fallo no fue impugnado.[25] 3. Actuaciones en sede de revisión 3.1. La Sala tuvo conocimiento sobre una segunda acción de tutela que el accionante presentó por hechos relacionados con el trámite de la referencia 3.1.1. Con base en un escrito de insistencia que la Defensoría del Pueblo presentó ante esta Corporación, la Sala se enteró sobre hechos nuevos ocurridos después del momento en que se dictó el fallo que se revisa.[26] De igual manera, ya en sede de revisión, el accionante presentó un escrito al que anexó, entre otros documentos, copia del escrito que presentó ante la Defensoría del Pueblo para solicitar que dicha Entidad presentara insistencia ante la Corte.[27] Particularmente, a través de estos escritos este Tribunal supo de una segunda acción de tutela que el accionante presentó el 31 de mayo de 2017 contra Vidalfa, después de recibir la respuesta de la Aseguradora a sus peticiones. Habiendo tenido noticia de estos hechos y para tener conocimiento suficiente sobre el caso, la Magistrada Ponente decidió, por un lado, vincular al Banco de Bogotá y, por otro, oficiar a esta Entidad, a Vidalfa y al accionante para que se pronunciaran sobre los hechos del caso y aportaran las pruebas que consideraran relevantes. En el caso puntual del accionante, se le solicitó que allegara copia de los documentos que tuviera a su disposición en relación con la segunda tutela que presentó.[28] Asimismo, la Magistrada Ponente ofició al Juez de Primera Instancia de la tutela mencionada para que enviara a la Corte copia del expediente de esta.[29] Así las cosas, la Sala se ve obligada a estudiar hechos que van más allá de los estrictamente acreditados en el expediente que se revisa. 3.1.2. En consecuencia, la Sala ha tenido conocimiento sobre los siguientes hechos: 3.1.2.1. En atención a la orden del Juez de Instancia, Vidalfa respondió la petición del accionante.[30] En su respuesta, la Aseguradora le informa al actor que “el evento materia de reclamo carece de cobertura” y, por tanto, objeta la reclamación del señor Burbano, por tres razones. Primero, “se observa que la Incapacidad [sic] dictaminada al citado deudor corresponde a una Incapacidad Permanente Parcial con el 53.20% y no a una Incapacidad Total y Permanente, que es el amparo otorgado por la Compañía de Seguros a través de la póliza respectiva”. Segundo, “el dictamen [de la Junta Médico-Laboral de la Policía Nacional] cita antecedentes patológicos anteriores a la vigencia de la póliza, con fractura de escafoides derecho desde el año 2014, el cual determinó la pérdida de capacidad laboral en un 53.20%”. Tercero, la Aseguradora cita el Decreto 1796 de 2000, que contiene el régimen especial de disminución de capacidad laboral, incapacidades, pensión por invalidez y otros asuntos relacionados aplicable a “los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. El artículo 28 de este Decreto clasifica las incapacidades en dos categorías: temporales y permanentes parciales. Establece que “se considera inválida la persona cuando la incapacidad permanente parcial sea igual o superior al 75% de disminución de la capacidad laboral”. Esta norma lleva a la Compañía a afirmar que la pérdida de capacidad laboral del 53.20 % que le fue dictaminada al señor Burbano “según el régimen especial no genera ningún tipo de invalidez, se entiende que es una Limitación Permanente Parcial” (énfasis en el original).[31] 3.1.2.2. Como consecuencia de la respuesta de Vidalfa, el accionante decidió interponer la segunda acción de tutela aquí mencionada, esta vez contra la Aseguradora y el Banco de Bogotá.[32] En el escrito pidió que se protegieran sus derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, que consideró vulnerados por las Compañías accionadas. Señaló que, para el momento en que presentó este segundo recurso de amparo, su pensión de invalidez equivalía a ochocientos noventa y siete mil pesos ($897 000) y que la cuota mensual que debía pagar por el crédito adquirido era de setecientos cuarenta mil pesos ($740 000). Igualmente, anotó que con sus ingresos sostiene a sus dos padres, de la tercera edad,[33] y responde por su “propia subsistencia”. Solicitó que se ordenara a Vidalfa, por un lado, efectuar “el trámite necesario para pagar al BANCO BOGOTA [sic] como beneficiario de la póliza, el saldo insoluto adquirido por el suscrito”; y al Banco de Bogotá, por otro lado, “abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro judicial y/o extrajudicial”. Esta tutela fue negada tanto en primera como en segunda instancia.[34] 3.2. Intervenciones en sede de revisión 3.2.1. En sede de revisión, el accionante intervino tres veces.[35] Manifestó que, como consecuencia del crédito con el Banco de Bogotá, le son descontados cuatrocientos quince mil pesos ($415 000) de su mesada mensual y adjuntó los extractos de mesada pensional en los que se ve reflejada esa cifra.[36] Así las cosas, el valor neto que le ingresa al accionante es de aproximadamente quinientos mil pesos ($500 000), con los que, según indica, debe responder por sus necesidades y las de sus dos padres.[37] Adicionalmente, por medio de un nuevo dictamen, le fue calificada una disminución de su capacidad laboral del setenta y dos con ochenta por ciento (72.80 %).[38] El accionante relató que una compañía de cobranza lo ha contactado y le ha indicado que el Banco de Bogotá ha emprendido el cobro jurídico de su deuda.[39] Adjuntó copia de una comunicación en la que el Banco de Bogotá le informa que debe contactar al “call center de cobranzas” para llegar a una eventual negociación con respecto a la obligación pendiente y una captura de pantalla de un teléfono celular en la que constan los mensajes de texto que ha recibido, en los que se le informa que “su obligacion [sic] esta [sic] en cobro Juridico [sic]”.[40] 3.2.2. En respuesta al Auto de la Magistrada Ponente, Vidalfa insistió en los argumentos que defendió al objetar la reclamación del accionante.[41] Adicionalmente, la Compañía sostuvo “que el accionante presentó en dos ocasiones la misma acción constitucional en contra de las mismas partes, hechos y pretensiones, obrando con temeridad y peor aún, en la última acción de tutela atentó contra el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 (Juramento)”. (Énfasis en el original) Sostuvo que el mínimo vital del señor Burbano “no ha sido afectado por el no reconocimiento de la indemnización solicitada”, en la medida que “es policía de profesión, actualmente se encuentra pensionado por invalidez, es decir que continua [sic] percibiendo un salario”. Afirmó que no existe perjuicio irremediable en este caso y que la acción no cumple con el criterio de subsidiariedad, pues “el accionante cuenta con la vía civil, es decir que existen otros [sic] medias [sic] de defensa para que se debata el reconocimiento al [sic] derecho pretendido”. Insistió en los argumentos relacionados con la ausencia de una “incapacidad total y permanente” y alegó “que las patologías del accionante son anteriores al ingreso de la póliza, lo cual era de su pleno conocimiento”.[42] Concluyó que la Compañía ha actuado de acuerdo con la ley y con las condiciones del contrato de seguro, por lo que, según defendió, está “claro que esta Aseguradora no ha amenazado y mucho menos vulnerado un derecho fundamental que pueda afectar de manera alguna las condiciones de subsistencia mínima o el entorno social del Accionante”. Finalmente, señaló que la acción de tutela no es la vía adecuada para tramitar, como en su concepto ocurre en el presente caso, pretensiones que “tienen un carácter eminentemente económico que desborda sin lugar a dudas la naturaleza de protección inmediata de derechos fundamentales”. 3.2.3. Finalmente, el Banco de Bogotá informó a la Sala el estado de la obligación que el señor Burbano tiene pendiente con dicha entidad financiera.[43] De esta manera, la Sala conoció que el monto original del crédito que el accionante adquirió es de $40 378 280. Registra 230 días de mora a la fecha del escrito presentado por el Banco de Bogotá (7 de marzo de 2018) “y un saldo a capital en mora de $2.871.007.00”. El Banco sostuvo que “pese a las solicitudes que ha hecho el Banco de Bogotá al señor Yerlin Antonio Burbano Maya para que se acerque a esta Entidad Financiera y celebre un acuerdo de pago que atienda su capacidad económica, no se ha celebrado ningún acuerdo de normalización”. Agregó que “este Establecimiento Bancario generalmente adopta una posición de intermediación entre la reclamación que hace el cliente informando el siniestro y solicitando el pago de la respectiva indemnización y la compañía aseguradora, sin perjuicio de que se acuda directamente a esta última”. No obstante, indicó que en sus “bases de datos y archivos no se evidencian reclamaciones para la afectación de la póliza de SEGUROS ALFA S.A., por parte del señor Yerlin Antonio Burbano Moya [sic]”. Aclaró que (i) el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero[44] “establece que la actividad aseguradora está reservada únicamente para las compañías que tengan dentro de su objeto social exclusivamente el desarrollo de este tipo de operaciones” (énfasis en el original); (ii) sus clientes contratan seguros con Vidalfa “bajo su propia y exclusiva responsabilidad”, por lo que el Banco “conserva su calidad de acreedor y en consecuencia de ello, a pesar de las objeciones que pueda presentar la compañía de seguros contratada [sic] persiste para el deudor su deber de cumplir con las obligaciones que emanan del contrato de mutuo”; y (iii) Vidalfa “es una entidad autónoma, independiente y externa al Banco de Bogotá”, por lo que este último no responde por las decisiones de la Aseguradora. 3.3. La Sala conoció que la Corte Constitucional seleccionó el expediente equivocado debido a un error ocurrido al suministrarle la información correspondiente al accionante 3.3.1. El expediente de la segunda acción de tutela que presentó el actor fue descartado para revisión por la Sala de Selección Número Nueve de 2017 mediante Auto del 14 de octubre de ese año. Según manifiesta el accionante en escrito presentado ante la Corte en respuesta al Auto de pruebas que la Magistrada Ponente profirió,[45] fue por esta razón que tomó la decisión de acudir ante la Defensoría del Pueblo para solicitar que se insistiera en la selección del expediente del segundo recurso de amparo. La insistencia iba dirigida realmente a que esta Corporación seleccionara para revisión el expediente de la segunda acción de tutela. No obstante, el escrito de insistencia, que motivó la selección del expediente de la referencia y que se refiere a los hechos correspondientes a la segunda acción de tutela, citó el número del presente expediente, en el que se estudió única y exclusivamente la vulneración del derecho de petición del demandante, en la medida que Vidalfa no había respondido sus solicitudes. En otras palabras, se indicó un número de expediente errado. 3.3.2. El accionante explicó que “el error se presentó el día 05 de octubre de 2017 cuando me acerque [sic] a la corte [sic] constitucional [sic] para que me diera el radicado de la tutela en mención y el secretario de esta entidad me manifestó que en sistema no aparecía el radicado, que me dirija al juzgado diecisiete penal del circuito y solicite el oficio por el cual envía la tutela para una eventual revisión”.[46] El actor relata que solicitó copia del oficio correspondiente en el Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, D.C., que profirió la Sentencia de segunda instancia correspondiente a la segunda acción de tutela, “el cual lo presento ante el secretario de la corte [sic] y me da el radicado Nro. T 6364557 [sic] es así como la insistencia se hace con este número por equivocación del secretario y no con el expediente T-6.329.331 que es la tutela interpuesta el 31 de mayo de 2017”. [47] 3.3.3. El demandante aclaró entonces que “la acción de tutela que se insistió ante la DEFENSORIA [sic] DEL PUEBLO es la interpuesta el día 31 de mayo de 2017 ya que es la que estudio [sic] esta entidad y decidido [sic] insistir ante LA CORTE CONSTITUCIONAL”.[48] Resaltó, en consecuencia, “que el expediente que se debe revisar es el registrado en la corte [sic] constitucional [sic] con radicación Nro. T-6.329.331. El cual se insistió en el término establecido”.[49] Esta explicación del señor Burbano da cuenta de un error ocurrido en la Secretaría General de la Corte Constitucional en el momento de informarle el número del expediente. Este error ocasionó que la Defensoría del Pueblo, que no verificó si el dato entregado por el accionante era correcto, presentara un escrito de insistencia con el número de radicado incorrecto. De igual manera, la Sala de Selección Número Diez de 2017 seleccionó el expediente equivocado, a pesar de que el escrito de insistencia se refiriera a otros hechos distintos a los estudiados en el trámite de la referencia. Esta cadena de hechos llevó, finalmente, a que la Magistrada Ponente recibiera para revisión un expediente que no corresponde con el escrito de insistencia que motivó su selección, lo que la obligó a decretar las pruebas mencionadas y a tomar las medidas explicadas anteriormente. Esta situación es evaluada por la Sala en la parte motiva de esta providencia. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por las Salas de Selección de Tutelas y del reparto realizado en la forma que el reglamento de esta Corporación establece. 2. Cuestión previa: el proceso de selección del expediente se vio afectado por errores operativos no atribuibles al accionante, que podrían afectar el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia 2.1. Como se indicó anteriormente, en sede de revisión, la Sala tuvo conocimiento sobre nuevos hechos ocurridos después de proferido el fallo de instancia en el trámite de la referencia. Estos hechos incluyen una segunda acción de tutela que el accionante interpuso. La Corte conoció también que el escrito de insistencia que la Defensoría del Pueblo presentó y que motivó la decisión de la Sala de Selección de escoger el expediente para su revisión se refiere materialmente al expediente que corresponde a este segundo recurso de amparo. Es así como tal insistencia sintetiza los hechos del caso y las decisiones de instancia que fallaron esa segunda acción de tutela, no la primera.[50] Así las cosas, es evidente para la Sala que la Defensoría del Pueblo insistió materialmente en la selección de este segundo expediente, pero al citar el número de expediente equivocado, se refirió formalmente al primero que fue finalmente seleccionado. Esta desafortunada situación fue el resultado de una secuencia de hechos y confusiones. Como lo indicó el accionante, en un primer momento, dada la identidad de partes que existe entre las dos acciones de tutela (las dos enfrentan al señor Burbano y a Vidalfa, aunque en la segunda se incluye también al Banco de Bogotá como accionado), en la Secretaría General de la Corte Constitucional se le suministró el número errado de radicación. Por consiguiente, en adelante, ese fue el número de radicación del expediente que la Defensoría del Pueblo referenció en su escrito de insistencia, sin verificar que la información suministrada por el accionante fuera en efecto la correcta. La insistencia fue entonces conocida por la Sala de Selección, que se percató de esta inconsistencia, y seleccionó el caso que era de su competencia seleccionar para revisión: el expediente de la referencia. 2.2. Se debe resaltar, entonces, que el escrito de insistencia de la Defensoría del Pueblo se refiere en términos materiales a la segunda acción de tutela aunque, formalmente, solicita la selección del expediente de la referencia, que abarca únicamente la primera acción de tutela, precisamente por la confusión suscitada previamente, y que nunca fue resuelta o disipada. La primera acción de tutela enfrentó al Juez de Instancia a un típico caso en que se reclamó la garantía del derecho de petición y fue fallado a favor del accionante. El juez de única instancia ordenó a Vidalfa responder de fondo las peticiones del señor Burbano porque ese era el objetivo de la acción de tutela. Así, el caso finalmente seleccionado para revisión, aparte de la confusión, probablemente no habría sido seleccionado, por no cumplir con los criterios orientadores de selección establecidos en el artículo 52 del Reglamento Interno de esta Corporación (Acuerdo 02 de 2015).[51] La Sala de Selección escogió el expediente en virtud de los criterios de “desconocimiento de un precedente jurisprudencial” y “urgencia de proteger un derecho fundamental”, pensando en la otra controversia de tutela entre las partes a la que se ha hecho mención, que no fue seleccionada.[52] Pero tales criterios no se configurarían para el caso de la referencia, sobre el derecho de petición que el accionante consideró vulnerado en la primera acción de tutela. En el proceso de acción de tutela de la referencia el derecho de petición fue protegido porque Vidalfa no había respondido las solicitudes del actor en el momento en que presentó la primera acción. Es decir, la decisión de la referencia no incurre en desconocimiento del precedente constitucional ni tampoco conlleva la urgencia de proteger un derecho fundamental. El derecho de petición fue tutelado por el Juez de Instancia siguiendo la jurisprudencia constitucional aplicable. 2.3. En este orden de ideas, la Sala no está de acuerdo con Vidalfa cuando afirma que el accionante incurrió en una actuación temeraria, al presentar la segunda acción de tutela. Las tutelas versan sobre hechos distintos, contienen pretensiones diferentes e incluso no están dirigidos exactamente contra los mismos accionados,[53] por lo que no es posible sostener que sean “la misma acción de tutela”, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.[54] 2.4. Ahora bien, la Sala encuentra que conocer estos hechos nuevos, que no están en estricto sentido relacionados con el fallo de tutela que aquí se revisa, sino con otra acción de tutela que, en términos formales, fue descartada por la Sala de Selección Número Nueve de 2017 mediante Auto del 14 de octubre de ese año, podría desconocer el principio de cosa juzgada y, en consecuencia, el de seguridad jurídica. Tanto el fallo de primera instancia de ese expediente, que declaró improcedente la acción de tutela, como el de segunda, que confirmó esta decisión, hicieron tránsito a cosa juzgada. Este Tribunal ha aclarado que uno de los principales efectos de la decisión que la Corte toma en el sentido de no seleccionar una sentencia de tutela para revisión es la “ejecutoria formal y material de esta”, pues con tal determinación se activa el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.[55] De esta manera, la Corporación ha aclarado que, una vez la Corte ha fallado un proceso o descartado una sentencia para revisión y, en este último caso, cuando vence el término para que los autorizados insistan en su selección, la decisión queda en firme y no es posible reabrir el debate respectivo.[56] Por supuesto, la exclusión de selección de un caso por parte de la Corte, en modo alguno puede ser entendida como una confirmación o refrendación de la decisión que fue excluida de revisión. Aunque muchas sentencias pueden ser excluidas de revisión porque fueron decididas correcta y adecuadamente a la luz de la Constitución y la jurisprudencia, otras pueden ser descartadas, a pesar de ser decisiones que no siguen los precedentes establecidos (tal es el caso, por ejemplo, de una acción de tutela sobre salud que fue decidida por los jueces de instancia de forma errada pero luego, antes de la selección, la EPS informa a la Corte que ya prestó el servicio de atención negado). Consecuentemente, como cuestión previa, la Sala abordará un primer problema jurídico planteado en los siguientes términos: ¿Cuando la Corte Constitucional tenga conocimiento cierto e indiscutible de que un fallo de tutela fue seleccionado por error para revisión de esta Corporación, en lugar de otro no seleccionado que tiene identidad de partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con este último, la Sala de Revisión correspondiente debe limitarse a revisar el expediente de la sentencia efectivamente seleccionada, a pesar de tener noticia de que podría existir una afectación sustantiva y material de derechos o intereses constitucionalmente relevantes en el expediente no seleccionado? 2.5. Para responder este problema jurídico, la Sala llama la atención sobre la jurisprudencia en que, sin desconocer la importancia del principio de cosa juzgada y el valor que este tiene, se ha entendido que existen casos determinados en los que tal principio debe ceder frente a otros intereses o derechos constitucionales. Así, por ejemplo, la Corte les ha dado preponderancia a otros valores en materias como las siguientes: 2.5.1. Existe en la actualidad una línea jurisprudencial consolidada con respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la consecuente posibilidad de que un juez de tutela deje sin efectos una decisión judicial que vulnera, en una serie de escenarios estrictamente delimitados, el derecho al debido proceso de alguno de los involucrados en un proceso judicial.[57] Desde las sentencias que fundaron esta línea jurisprudencial, esta Corporación ha reconocido que en tales casos el juez constitucional debe actuar en protección de determinados derechos y principios constitucionales que priman sobre la cosa juzgada. Así, la Corte ha establecido desde sus inicios que la “certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales”.[58] 2.5.2. A través de su jurisprudencia, la Corte también ha reconocido la procedencia excepcional de solicitudes de nulidad de sus sentencias y, por consiguiente, la posibilidad, también extraordinaria, de que la Sala Plena de la Corporación anule sus fallos o los de las Salas de Revisión, ante vulneraciones indudables, ciertas, notorias y flagrantes del debido proceso. La Corte ha reconocido que esta alternativa puede poner en peligro el principio de cosa juzgada, así como los de seguridad jurídica, certeza y firmeza de las decisiones, entre otros, por lo que la ha sometido a limitaciones estrictas, que incluyen un término de tres (3) días para presentar la petición de nulidad, tras la notificación de la providencia atacada.[59] 2.6. Este reconocimiento de escenarios en que la cosa juzgada cede frente a otros intereses constitucionalmente relevantes ha llevado a la Corte incluso a tener en cuenta información conocida con posterioridad a un fallo ejecutoriado. Tal es la situación que se ha presentado, por ejemplo, en casos en que esta Corporación ha encontrado que un fallo de tutela que no fue objeto de revisión es resultado de fraude. La jurisprudencia constitucional, en este sentido, en aplicación del principio según el cual “el fraude lo corrompe todo” (fraus omnia corrumpit), ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias de tutela y de actuaciones realizadas dentro del trámite de un recurso de amparo, para “revertir o detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden”[60] contenida en tales providencias.[61] De nuevo, en dichos casos se ha encontrado que la necesidad de aplicar el principio mencionado para evitar que se causen perjuicios a terceros y a la comunidad como resultado de un proceso fraudulento prima sobre el principio de cosa juzgada. 2.7. Así las cosas, la Sala estima que el presente caso ha puesto en conocimiento de la Corte una serie de hechos que podrían llevar a que el principio de cosa juzgada y otros relacionados, incluidos aquellos de seguridad jurídica, de certeza y de firmeza de las decisiones judiciales, deban ceder frente a otros intereses o derechos constitucionales que podrían estar en juego. Según el accionante, los nuevos hechos que no hacen parte del expediente que se seleccionó formalmente para revisión, específicamente la objeción de Vidalfa frente a su reclamación, comprometen sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana. La Corte reitera que el expediente en cuya selección insistió materialmente la Defensoría del Pueblo fue el relacionado con la segunda acción de tutela interpuesta por el actor, pero por un error operativo no atribuible a este último, que no fue verificado y corregido por las entidades involucradas, la insistencia se recibió formalmente en relación con el expediente de la referencia, en el que únicamente se analizó la vulneración inicial del derecho de petición del señor Burbano, que fue debidamente protegido. Sin tal insistencia, que materialmente, se recalca, se refiere a la segunda acción de tutela, la Sala de Selección no habría escogido el presente expediente. Por consiguiente, el mencionado error operativo obliga a la Sala a hacer una revisión material de los aspectos que tienen relevancia constitucional dentro de los hechos nuevos de los que tuvo conocimiento, para determinar si justifican la revisión del conflicto derivado de la segunda acción de tutela, incluso si se afecta el principio de cosa juzgada. Mal haría la Sala en ignorar los hechos que, en un primer momento, la Defensoría del Pueblo y el mismo accionante pusieron en su conocimiento, más aún cuando tales hechos involucran posibles vulneraciones de las garantías fundamentales del señor Burbano. Tal conducta equivaldría a pasar completamente por alto parte de la información que consta en el expediente. La Corte Constitucional no puede vendar sus ojos ante una situación de este tipo, pues estaría violando el encargo que expresamente le asignó la Constitución Política al confiarle la “guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”.[62] Consecuentemente, la Sala concluye que cuando la Corte Constitucional tiene conocimiento cierto e indiscutible de que un fallo de tutela fue seleccionado por error para revisión de esta Corporación, en lugar de otro no seleccionado que tiene identidad de partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con este último, corresponde determinar si existe una afectación sustantiva y material de derechos o intereses constitucionalmente relevantes, que amerite reabrir el proceso de tutela cuyo expediente ha sido descartado. La regla descrita, que implica que la Corte haga un examen sustantivo previo del caso para determinar si procede su revisión, tiene carácter excepcional, pues solo aplica (i) en circunstancias en que sea evidente e innegable el error operativo que haya llevado a la Corporación a seleccionar un expediente equivocado; y (ii) siempre y cuando la Sala tenga conocimiento sobre tal falla con posterioridad al vencimiento del término para insistir en la selección del expediente.[63] En caso de que dicho término no haya vencido, los magistrados y las demás entidades facultadas podrán insistir en la selección del expediente ante la Sala de Selección respectiva. 3. A pesar de que en el presente caso hay derechos constitucionales potencialmente en peligro, la Sala encuentra que existe un debate legítimo sobre los hechos del caso que no permite que la Corte Constitucional proceda a revisar los fallos de tutela que no fueron formalmente seleccionados En línea con lo expuesto anteriormente, para determinar si hay lugar a reabrir el trámite de la segunda acción de tutela, cuyos fallos de instancia fueron descartados para revisión por la Sala de Selección Número Nueve de 2017, le corresponde a la Sala hacer un análisis sustantivo de las circunstancias que esta Corporación ha conocido durante el trámite de revisión, con el objetivo de definir si ellas ameritan que se proceda de esa manera. Así las cosas, la Sala estudiará, en primer lugar, las condiciones actuales del actor y las razones por las que sostiene que sus derechos al mínimo vital y a la dignidad humana se encuentran en peligro. En segundo lugar, la presente Sentencia estudiará los argumentos con base en los que Vidalfa objetó la reclamación del accionante. En tercer lugar, la Sala llamará la atención sobre un debate legítimo que está pendiente por resolver en el presente caso en relación con las condiciones de salud del accionante en el momento en que ingresó a la póliza. Tal situación lleva a la Corte a concluir que no está justificada la reapertura del debate correspondiente a la segunda acción de tutela, pero que, en cualquier caso, la discusión pendiente podrá ser ventilada a través de los mecanismos ordinarios de defensa que el sistema jurídico pone a disposición del demandante. 3.1. El accionante es un sujeto de especial protección constitucional y su mínimo vital y el de sus padres se encuentran afectados 3.1.1. El señor Burbano fue inicialmente calificado con una pérdida de capacidad laboral del 53.20 % y en la actualidad tal porcentaje aumentó al 72.80 %. De acuerdo con lo alegado en la segunda acción de tutela que presentó, la cuota que le corresponde pagar mensualmente para cubrir el crédito adquirido con el Banco de Bogotá equivale a más del 80 % de su mesada pensional, que equivale, sin descuentos de ningún tipo, “al 50% del sueldo básico de un Patrullero”.[64] Con los descuentos que se aplican sobre su mesada, además de encontrarse en mora, pues no son suficientes para cubrir la cuota, le ingresan aproximadamente $500 000, es decir menos de un salario mínimo legal mensual vigente.[65] Señala que con estos ingresos debe responder por sus necesidades y las de sus dos padres, quienes viven con él y son personas de la tercera edad. Además de esto, dado que los descuentos no cubren la totalidad de la cuota, el Banco de Bogotá le ha comunicado que su deuda está en cobro jurídico. Estos hechos no fueron controvertidos o desvirtuados por Vidalfa ni por el Banco de Bogotá. 3.1.2. Las circunstancias referidas, que según el recuento que se hizo arriba de los antecedentes y de las pruebas que constan en el expediente, están debidamente acreditadas, permiten llegar a dos conclusiones de relevancia constitucional frente al caso. En primer lugar, el accionante es un sujeto de especial protección constitucional. Tal calidad le es reconocida dada su pérdida de capacidad laboral del 72.80 %, sumada a la circunstancia particular de que esta fue adquirida mientras se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional, es decir, como miembro de la Fuerza Pública. La jurisprudencia constitucional ha determinado que las personas a quienes les ha sido dictaminada una disminución de su capacidad laboral de este grado tienen el estatus mencionado y que tal protección especial adquiere un valor particular cuando se trata de un miembro de la Fuerza Pública.[66] En segundo lugar, es clara la afectación al mínimo vital del demandante y de sus padres, personas de la tercera edad y, por consiguiente, también protegidos constitucionalmente. Como resultado de la disminución de su capacidad laboral, sus ingresos mensuales se redujeron a la mitad, pues su pensión de invalidez equivale al 50 % del salario que recibía como patrullero. Lo anterior, aunado a los descuentos que son aplicados cada mes sobre su mesada pensional, genera que reciba menos de un salario mínimo legal mensual vigente para responder por su sostenimiento y el de sus dos padres. Adicionalmente, dado que no puede cubrir la totalidad de las cuotas mensuales para pagar el crédito, su monto puede aumentar con el paso del tiempo, como resultado de los intereses moratorios aplicables. 3.1.3. Con estas dos conclusiones en mente, la Sala estudiará algunas particularidades del caso que tienen relevancia constitucional, para determinar si procede o no la reapertura del debate relativo a la segunda acción de tutela del señor Burbano contra Vidalfa y el Banco de Bogotá. La Sentencia abordará, a continuación, los dos argumentos en los que la Sala encuentra que se sustenta la objeción de Vidalfa a la reclamación del accionante: (i) la supuesta falta de configuración de una incapacidad total y permanente, que es el riesgo asegurado, y (ii) la presunta existencia de una preexistencia no informada por el accionante. Como se explica en las dos secciones siguientes, la Sala considera que tales argumentos no son válidos en el marco del presente caso. No obstante, la Corte hará referencia a un debate legítimo que no ha sido resuelto y que no le permite revisar en detalle los fallos que no fueron formalmente seleccionados. 3.2. El argumento de Vidalfa sobre la ausencia de una “incapacidad total y permanente” se basa en una interpretación arbitraria e irrazonable de las condiciones de la póliza 3.2.1. La Corte ha reconocido de manera reiterada la importancia del principio de buena fe en el marco del vínculo jurídico que el contrato de seguro plantea entre una compañía aseguradora y sus usuarios o beneficiarios, así como las correlativas limitaciones a la libertad contractual en estos escenarios. El lugar central que tal principio tiene en dichas relaciones ha llevado a que la Corte proteja los derechos fundamentales de los asegurados en casos como el presente, cuando la objeción de la aseguradora se basa en actuaciones arbitrarias que carecen de justificación.[67] Así, una objeción de la aseguradora no se puede basar, por ejemplo, en una interpretación arbitraria e irrazonable de las condiciones de la póliza. Si el juez de tutela encuentra una interpretación de este tipo que resulta en la vulneración de derechos fundamentales, en principio, debe proceder a protegerlos, pues como se dijo anteriormente, el litigio se sale del ámbito de una pretensión estrictamente económica y toma relevancia constitucional. 3.2.2. Uno de los argumentos de Vidalfa para objetar la reclamación del señor Burbano se refiere a que no se configura en el presente caso una incapacidad total y permanente, que es el riesgo que cubre la póliza a la que ingresó el accionante en calidad de asegurado. Este argumento se basa en el hecho de que la Junta Médico-Laboral cuyo dictamen motivó la solicitud del actor determinó una pérdida de capacidad laboral del 53.20 %, que la llevó a establecer la existencia de una “incapacidad permanente parcial”[68]. La Aseguradora, entonces, cita el Decreto 1796 de 2000, que contiene el régimen especial aplicable al accionante por tratarse de un miembro de la Policía Nacional y que indica que “se considera inválida la persona cuando la incapacidad permanente parcial sea igual o superior al 75% de disminución de la capacidad laboral”.[69] Este régimen no prevé expresamente una incapacidad clasificada como “total y permanente”, sino que clasifica las incapacidades en temporales y permanentes parciales —las últimas son las que generan la “invalidez” de la persona en los términos de la norma—. Así, Vidalfa concluye que el señor Burbano no tiene una incapacidad total y permanente que active la aplicación de la cobertura. 3.2.3. La Sala encuentra que tal interpretación de las condiciones de la póliza es arbitraria e irrazonable por las siguientes razones. En primer lugar, como se indicó anteriormente, la póliza dispone que el dictamen de pérdida de capacidad laboral en el que se base la reclamación correspondiente “deberá ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%)”[70]. En relación con este requisito, las condiciones ofrecidas por Vidalfa, que fueron aceptadas por el accionante, establecen expresamente que “bajo este amparo se cubren miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional”[71]. El señor Burbano es un miembro de la Policía Nacional. La póliza a la que ingresó como asegurado no solo indica que se considera incapacidad total y permanente la derivada un dictamen que defina una disminución de la capacidad laboral mayor al 50 %, sino que cubre expresamente bajo este amparo a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La Corte, por consiguiente, considera que la interpretación que Vidalfa defiende en este caso es arbitraria e irrazonable, pues se sale de la literalidad de las condiciones que la misma Compañía ofrece para que sus usuarios o clientes se adhieran a ellas. No es razonable, entonces, que la Aseguradora niegue la indemnización a la que hay lugar como resultado de la póliza por no configurarse la pérdida de capacidad laboral que, en los términos del Decreto 1796 de 2000, lleva a que un miembro de la Policía Nacional se considere inválido. 3.2.4. No es razonable esta interpretación, en segundo lugar, en la medida que el régimen especial aplicable a una persona como el accionante, definido en el Decreto mencionado, no prevé una incapacidad catalogada como “total y permanente”, sino que las clasifica únicamente en temporales y permanentes parciales. Sería abusivo, entonces, si Vidalfa pretende sustentar su objeción en esta norma, que ofreciera sus pólizas a miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, por ejemplo, pues nunca se darían las condiciones necesarias para activar la cobertura contratada. 3.3. No existe un nexo causal entre la preexistencia alegada por Vidalfa y la pérdida de capacidad laboral del accionante 3.3.1. Como consecuencia de la aplicación del mencionado principio de buena fe al contrato de seguro y, además, del derecho al debido proceso, la Corte ha entendido que, en casos como el que se estudia, “la aseguradora y el banco deberán evaluar las pruebas aportadas a la reclamación efectuada por el tomador del seguro o el usuario financiero, con el fin de determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual o de la procedencia de la indemnización”.[72] En este sentido, la Corte ha establecido que, al alegar la configuración de reticencia del asegurado derivada de una presunta preexistencia, la carga de la prueba recae en la aseguradora, que debe probar de manera clara y precisa un nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la condición médica que genera el siniestro.[73] En otras palabras, en un caso como este, al afirmar que existe reticencia, la compañía debe acreditar que existe un vínculo entre la preexistencia que afirma no fue informada por el asegurado y la pérdida de capacidad laboral que motiva la reclamación correspondiente. La Corte ha entendido, de hecho, que la aseguradora tiene una doble carga que se traduce en el deber de probar dos elementos: (i) uno objetivo, que equivale a la mencionada “relación inescindible entre la condición médica preexistente y el siniestro acaecido”; y (ii) uno subjetivo, consistente en “que el tomador actuó de mala fe, y que voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición”.[74] 3.3.2. Pues bien, la Sala encuentra que en el presente caso Vidalfa no acreditó ninguno de estos dos elementos. El segundo argumento en el que basa su objeción frente a la reclamación del accionante consiste en que existe una preexistencia que el actor no informó en el momento de ingresar a la póliza: una fractura del hueso escafoides derecho que una Junta Médico-Laboral de la Policía Nacional estudió en noviembre de 2014 y para la que determinó que no existía pérdida de capacidad laboral alguna.[75] En este orden de ideas, la Sala concluye, por un lado, que Vidalfa no acreditó ni el vínculo entre esta supuesta preexistencia y la condición médica que motivó la calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante, en la que basó su reclamación; ni tampoco probó la mala fe del señor Burbano. Pero además, por otro lado, la Sala encuentra que dicho vínculo no existe. Como ya se dijo, la Junta Médico-Laboral que estudió esta lesión no determinó ninguna disminución de la capacidad laboral del demandante. De hecho, la Junta del 10 de mayo de 2016, que emitió el dictamen que el accionante adjuntó a su reclamación, determinó no asignar “índices lesionales” con respecto a tal condición, dado que ya había sido estudiada por una Junta previa. La pérdida de capacidad laboral del 53.20 % que la Junta de 2016 decidió establecer se derivó de los diagnósticos de trastorno de ansiedad y parálisis facial de Bell. Por estos motivos, para la Sala no está acreditado un vínculo entre la preexistencia alegada por la accionada y la condición que motivó la reclamación del accionante. 3.4. La Sala encuentra que existe un debate legítimo referido a los antecedentes de ansiedad del accionante, que no le permite asumir la revisión de los fallos que no fueron formalmente seleccionados por esta Corporación 3.4.1. A pesar de que los argumentos de Vidalfa, estudiados anteriormente, no están llamados a prosperar, la Sala observa que, en el presente caso, existe un debate legítimo que debe ser resuelto a través de los mecanismos ordinarios de defensa que el actor tiene a su disposición. Como se anotó en la sección I de esta Sentencia, la historia clínica del señor Burbano registrada entre el 10 y el 21 de diciembre de 2015 durante el periodo que estuvo hospitalizado en la Unidad Mental del Hospital Departamental María Inmaculada E. S. E. de Florencia (Caquetá) menciona “antecedentes de tratamiento psiquiátrico por presentar episodio de ansiedad y depresión con ataque de pánico”.[76] La Corte estima que este tipo de información podría tener relevancia a la hora de determinar si Vidalfa incumplió el contrato de seguro al objetar la reclamación del accionante, teniendo en cuenta que el señor Burbano ingresó a la póliza de seguro de vida grupo deudores el 9 de diciembre de 2015. No obstante, este debate deberá ser ventilado a través de los mecanismos ordinarios, pues de su resolución podría depender la definición sobre el presunto incumplimiento contractual de Vidalfa, más allá de la discusión puramente constitucional. Específicamente, según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, como regla general, el mecanismo judicial ordinario para litigar causas relativas a un contrato de seguros es el proceso ordinario adelantado ante la Jurisdicción Civil.[77] Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 24 del Código General del Proceso,[78] así como el artículo 57 del Estatuto del Consumidor[79] le asignan a la Superintendencia Financiera facultades jurisdiccionales que le permiten conocer, a prevención y a través del proceso verbal o verbal sumario,[80] “de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público” (énfasis añadido).[81] Al referirse a esta segunda alternativa, este Tribunal ha anotado que “se entiende que existe una alternativa adicional a la cual pueden acudir los tomadores o beneficiarios de un seguro, para lograr la protección y el restablecimiento de sus derechos, la cual garantiza el conocimiento técnico y especializado que demandan los litigios y controversias que surgen de una relación de aseguramiento, con una amplia potestad de definición”.[82] La Sala aclara, en cualquier caso, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido escenarios en los que, a pesar de que existen mecanismos ordinarios de defensa, estos no resultan idóneos y/o eficaces para contrarrestar la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, por lo que la acción de tutela puede resultar procedente. Esta, de cualquier manera, es una conclusión que debe estar precedida de un análisis de las circunstancias particulares de cada caso.[83] En contextos específicos, la Corte ha entendido de manera excepcional que la acción de tutela es procedente para reclamar el pago de pólizas de seguros.[84] 3.4.2. Así las cosas, la Sala concluye que, en las condiciones concretas del presente caso, no se encuentra justificada la reapertura del debate que se estudió en los fallos correspondientes a la segunda acción de tutela del señor Burbano, que no fueron formalmente seleccionados para revisión debido a un error en el trámite de selección. Tal conclusión se deriva de la existencia de una discusión legítima que deberá ser resuelta a través de los mecanismos ordinarios de defensa que el actor tiene a su disposición. Dada la existencia del debate mencionado, la Corte no puede establecer con toda la claridad y certeza que exista una vulneración arbitraria y material de los derechos fundamentales del accionante, que lleve...