Sentencia T-421 de 2019

T-421-19 NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 524A del 24 de septiembre de 2019, el cual se anexa en la parte final, la Sala Tercera de Revisión dispuso corregir la fecha de suscripción de la presente sentencia, en el sentido de indicar que corresponde al día 10 de septiembre de 2019, y no al 12 del mismo mes y año, como erradamente se registró. Sentencia T-421/19 DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA-Jurisprudencia constitucional sobre reubicación y restitución de tierras DERECHO AL RETORNO Y A LA REUBICACION DE LA POBLACION DESPLAZADA-Restitución de la tierra como mecanismo de estabilización socioeconómica DERECHO AL RETORNO Y A LA REUBICACION DE LA POBLACION DESPLAZADA DERECHO AL RETORNO Y A LA REUBICACION DE LA POBLACION DESPLAZADA-Vulneración por omisión de seguimiento posterior a la adjudicación del proyecto productivo a víctimas del conflicto armado DERECHO AL RETORNO Y A LA REUBICACION DE LA POBLACION DESPLAZADA-Orden a la ANT proceda a adjudicarle al accionante un subsidio para la compra de un terreno en el cual pueda ejercer un proyecto productivo Referencia: Expediente T-6.885.576 Acción de tutela instaurada por el señor Jhon Alexander Zúñiga Polania contra la Agencia Nacional de Tierras Magistrado ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá DC, doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, dentro de la acción de amparo constitucional promovida por el señor Jhon Alexander Zúñiga Polania contra la Agencia Nacional de Tierras. I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El accionante es desplazado por la violencia por hechos ocurridos en el municipio del Líbano (Tolima) en el año 2007 y está inscrito en el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV). Manifiesta que su familia la conforman él, su esposa y tres hijos, uno de ellos mayor de edad. 1.1.2. Relata que, como consecuencia del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, ocuparon temporalmente un espacio al sur de la ciudad de Bogotá, junto con otras familias campesinas en su misma situación de desarraigo[1], como forma de protesta por no haber recibido soluciones por parte del Estado para volver al campo y acceder a proyectos productivos. 1.1.3. El demandante sostiene que el 24 de agosto de 2009 se adelantó una reunión con autoridades del orden nacional y distrital, en la que se adquirieron por parte de estos, compromisos dirigidos a solucionar la problemática en la que estaban dichas familias, por carecer de oportunidades para regresar al campo y desarrollar una actividad productiva. Concretamente, una de las obligaciones que asumieron las autoridades consistió en el acompañamiento y apoyo a las familias campesinas (víctimas de desplazamiento), para presentarse a las convocatorias de subsidios para la compra de predios y desarrollo de proyectos productivos. 1.1.4. El 24 de marzo de 2011, mediante Resolución No. 0698, el INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras[2], dio apertura a la Convocatoria Pública SIT-01-2011 para el “Otorgamiento del Subsidio Integral para la Compra de Tierras a la Población Campesina, Víctimas del Desplazamiento, Mujeres Víctimas del Desplazamiento, Negros, Indígenas, ROM, Profesionales y Expertos en las ciencias Agropecuarias”. Los términos de referencia de la citada convocatoria exigían que los predios objeto de compra tuvieran una superficie aprovechable del 80%[3]. 1.1.5. El accionante y su esposa, junto con 18 familias más, se presentaron a la referida convocatoria a través de la Asociación de Campesinos Desplazados con Reubicación al Campo (ASOCAR), con un proyecto identificado con el número D1-CUN-006 denominado “Sostenimiento de 13.3715 HA de caña panelera variedad POJ-2878, sostenimiento de 4.4325 HA de café variedad castillo y el establecimiento 24.0675 HA de café variedad castillo y 5.6 HA de caña panelera variedad POJ-2878”, para cuyo desarrollo propusieron cuatro predios rurales ubicados en el municipio de Villa Hermosa, departamento del Tolima. 1.1.6. Por medio de la Resolución No. 8243 de 2014 el INCODER adjudicó el Subsidio Integral de Tierras al proyecto D1-CUN-006 para beneficio de las 19 familias que lo integraban, como miembros de ASOCAR. Dicho apoyo se otorgó, por una parte, por un valor de $ 460.000.000 para la compra en común y proindiviso de los predios rurales propuestos por los beneficiarios[4] y, por la otra, con una suma de $ 142.469.600 para apoyar el proyecto productivo. 1.1.7. El acto administrativo en mención fue modificado al año siguiente mediante la Resolución No. 901 de 2015, toda vez que tres beneficiarios renunciaron o tuvieron algún impedimento para recibir el apoyo estatal. En consecuencia, se dispuso que cada uno de los titulares del subsidio tendría 1/16 parte del predio, a la vez que se redujo equitativamente el monto destinado al financiamiento parcial del proyecto productivo. En este orden de ideas, el total del subsidio otorgado correspondió a $ 579.974.400, de los cuales $ 460.000.000 debían ser destinados a la compra de la tierra y $ 119.974.400 para apoyar las labores a ejecutar sobre ella. 1.1.8. Con posterioridad, el 8 de abril de 2015, los vendedores de los predios ubicados en el municipio de Villahermosa y los 16 beneficiarios otorgaron la escritura pública de compraventa del inmueble en común y proindiviso. Según el relato del accionante, la división material de los terrenos se hizo por sorteo y la cuota parte que le correspondió a su familia era “loma” y en ella sembraron una hectárea de café. 1.1.9. Asevera que, el 21 de junio de 2016, cuando estaban en las labores para expandir sus cultivos dentro el área asignada por sorteo, la Coordinación del Medio Ambiente del municipio de Villahermosa del departamento de Tolima, por solicitud de la comunidad, realizó una visita a su parte del predio y allí levantaron un acta en la que se dejó constancia que a él le correspondió "la parte alta de la montaña[,] siendo un lugar de reserva forestal, área protegida donde nacen las quebradas y microcuencas que abastecen la vereda (…)”[5], por lo que no puede realizar ninguna actividad de tala. 1.1.10. Más adelante, el municipio dio traslado de dicha diligencia a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (en adelante CORTOLIMA), la cual, en informe de visita técnica del 19 de julio del mismo año, emitió concepto ambiental. En él se precisó que al accionante le adjudicaron parte de la zona boscosa, lo que hace imposible autorizar la tala de árboles para ampliar la explotación agrícola. 1.1.11. Relata que, mediante escrito presentado en ejercicio del derecho de petición[6], solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT) una visita de verificación de las condiciones del predio, para determinar cuáles actividades productivas se podían realizar. En escrito del 13 de junio de 2017 sin responder la solicitud del accionante, la Agencia le indicó cuál era el procedimiento para continuar con el seguimiento y posterior cierre financiero y administrativo del proyecto. 1.1.12. Ante la ausencia de solución de la problemática planteada, el accionante y su esposa solicitaron el 21 de diciembre de 2017 a la ANT ser reubicados, con fundamento en que no pueden talar la zona boscosa para cultivar dentro del predio que les fue asignado. En este escrito, además, pusieron de presente que para iniciar los trabajos de agricultura en la zona de su propiedad adquirieron dos créditos, sin saber que la tierra no era apta para tal fin y sin que dicha situación fuera advertida por el INCODER. 1.1.13. En respuesta a la anterior solicitud, el 31 de enero de 2018, la ANT señaló que no era posible acceder a lo solicitado, ya que de conformidad con la Ley 1753 de 2015[7], en la cual se creó el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) y el Acuerdo 05 de 2016[8] expedido por la Agencia Nacional de Tierras, la reubicación no procede por solicitud de parte sino, excepcionalmente, por una sentencia judicial que así lo disponga. En relación con las acreencias financieras que menciona en su escrito, de forma genérica, la Agencia les indicó cuál era la ruta para el pago de créditos bancarios con las sumas de dinero reconocidas para el apoyo parcial de los requerimientos financieros de la iniciativa productiva. 1.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en lo anterior, el 25 de abril de 2018, el señor Jhon Alexander Zúñiga Polania instauró acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de obtener la protección de sus derechos de petición, debido proceso, mínimo vital, vida digna y los derechos de las víctimas del conflicto armado. En consecuencia, pide que se ordene a la citada entidad que proceda a reubicarlo, respetando los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, con la carga de asegurar su participación dentro del proceso. Sobre el particular, aduce que, aunque existen otros medios para satisfacer su pretensión, ellos no son lo suficientemente expeditos como para evitar que se cause en su contra un perjuicio irremediable. Por último, hace énfasis en que es una víctima del conflicto armado, por lo cual goza de especial protección. 1.3. Contestación de la demanda El 11 de mayo de 2018, el representante legal de la Agencia Nacional de Tierras indicó que el 31 de enero del año en cita, la Subdirección de Acceso a Tierras y Zonas Focalizadas, dio respuesta a la petición presentada por el accionante, de manera que, a su juicio, se está en presencia de un hecho superado. Con fundamento en lo anterior, solicitó al juez que declare que la Agencia no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor. 1.4. Pruebas relevantes aportadas al proceso - Acta de acuerdo entre la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el INCODER, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá y los representantes de las familias campesinas en condiciones de desplazamiento ubicadas temporalmente en un barrio al sur de la ciudad de Bogotá, suscrita el 24 de agosto de 2009. En ella constan los compromisos asumidos por las autoridades involucradas en beneficio de las mencionadas familias, los cuales se relacionan con el acceso a subsidios para la compra de tierras y para el desarrollo de proyectos productivos. - Resolución No. 8243 del 8 de septiembre de 2014, en la que el INCODER adjudica el Subsidio Integral para la Compra de Tierras a 19 familias, entre ellas la del accionante. - Resolución No. 901 del 24 de marzo de 2015, por medio de la cual se modifica la anterior resolución, en el sentido de retirar como beneficiarios del subsidio a tres familias. - Escritura Pública No. 306 otorgada el 8 de abril de 2015 ante el Notario del municipio de El Líbano, en la que está contenido el contrato de compraventa de los terrenos objeto de subsidio. - Acta suscrita el 21 de junio de 2016 por el Coordinador de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Villahermosa – Tolima, en la que se consigna que se realizó una visita a los predios objeto de un subsidio otorgado por el INCODER. En el acta se deja constancia que la parte de tierra que les correspondió a unos beneficiarios, entre ellos el señor Jhon Alexander Zúñiga Polania, corresponde a la parte baja de la montaña, zona en la que no se puede ejercer actividad agrícola. - Informe de visita realizado el 23 de junio de 2016 por CORTOLIMA al predio del accionante. En el documento consta la advertencia realizada a él y a otros propietarios sobre la imposibilidad de usar todo el terreno asignado, por cuanto una parte de este está cubierto por bosque. En esa visita se recomendó al señor Zúñiga Polania acudir al INCODER para que este le dé una solución a la problemática derivada de la imposibilidad de cultivar en el terreno asignado. - Oficio del 13 de junio de 2017 dirigido al señor José Guillermo Díaz Plaza, en el que la ANT le informa cuál es la ruta para el desembolso de los recursos para el apoyo a la implementación del proyecto productivo. - Escrito presentado el 19 de junio de 2017 por la esposa del accionante, en el que pone en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los inconvenientes que se han presentado con la puesta en marcha del proyecto productivo D1-CUN-006, concretamente por las zonas no aprovechables de algunas partes de las tierras que se adquirieron con el dinero del subsidio otorgado por el INCODER. Con fundamento en lo anterior, solicitan que se realice una visita a los predios objeto del problema. - Respuesta suscrita por el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras del 4 de agosto de 2017, en el que, respecto de la petición reseñada en el numeral anterior, informa que solicitó al Procurador 20 Judicial II Agrario y Ambiental de Ibagué que realice la requerida visita y remita un informe sobre las actuaciones efectuadas y las recomendaciones o sugerencias que resulten pertinentes. - Petición del 29 de septiembre de 2017, formulada por el actor a la Agencia Nacional de Tierras, en la que solicita asesoría y orientación para afrontar la imposibilidad de continuar cultivando el terreno que le fue asignado. - Petición del 21 de diciembre de 2017, formulada por el accionante y su esposa a la Agencia Nacional de Tierras, en la que solicitan ser reubicados, comoquiera que la tierra que les fue asignada como parte del subsidio tiene una zona boscosa en la que no pueden cultivar. Adicionalmente, señalan que adquirieron algunos créditos sin conocer que no era posible poner en marcha el proyecto productivo, por la imposibilidad de adelantar actividades agropecuarias. - Respuesta del 31 de enero de 2018, en la que se informa por la ANT que no es posible proceder a la reubicación, pues para ello se requiere sentencia judicial que lo ordene. Por otra parte, en cuanto a los créditos, de forma genérica, se informó cuál era la ruta para el pago de créditos bancarios con las sumas de dinero reconocidas para el apoyo parcial de los requerimientos financieros de la iniciativa productiva. II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 2.1. Primera instancia En sentencia del 10 de mayo de 2018, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado. En primer lugar, al evaluar la posible vulneración del derecho de petición, consideró que la entidad accionada ha dado respuesta a las solicitudes presentadas por el demandante. En segundo lugar, respecto del posible desconocimiento de los derechos a la vida digna, al mínimo vital y a los derechos de las víctimas del conflicto armado, advirtió que no se acreditó fáctica ni jurídicamente que estos estén siendo afectados por la actuación de la Agencia Nacional de Tierras y que, en todo caso, existen otros mecanismos de defensa para satisfacer la pretensión de reubicación. 2.2. Impugnación En escrito del 24 de mayo de 2018, el accionante solicitó que se revoque el fallo del a-quo. Para el efecto, argumentó que la Agencia Nacional de Tierras no ha dado respuesta de fondo a la petición formulada, porque no se ha pronunciado sobre las irregularidades que se cometieron en la adjudicación del subsidio, concretamente respecto del estado del predio, así como tampoco le ha dado una solución para continuar con su proyecto productivo. Por lo demás, insistió en que los otros medios de defensa judicial a su alcance, no son lo suficientemente expeditos. 2.3. Segunda instancia En sentencia del 26 de junio de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió confirmar el fallo impugnado. Para el Tribunal, en este caso no existió violación del derecho de petición, pues al accionante se le informó por parte de la Agencia Nacional de Tierras la razón por la cual no era posible acceder a su solicitud de reubicación, de conformidad con el Acuerdo 05 de 2016. Por otro lado, mencionó que, si el actor considera vulnerado su derecho al mínimo vital, puede iniciar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el juez contencioso administrativo, cuestionando las resoluciones del extinto INCODER, que adjudicaron el subsidio integral para la compra de los predios respecto de los cuales el accionante cuestiona su idoneidad para llevar a cabo un proyecto productivo. III. CONSIDERACIONES 3.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 16 de agosto de 2018 proferido por la Sala de Selección Número Ocho. 3.2. Actuaciones en sede de revisión 3.2.1. En Auto del 22 de octubre de 2018, se requirió a la Agencia Nacional de Tierras para que resolviera los siguientes interrogantes: (i) qué criterios tuvo en cuenta el extinto INCODER para definir los predios que debían adquirir los beneficiarios del subsidio integral de tierras adjudicado mediante la Resolución 8243 de 2014, modificada por la Resolución 901 de 2015; (ii) cuál fue la actividad productiva para la cual el extinto INCODER adjudicó el subsidio integral de tierras referido en la pregunta anterior; (iii) en qué circunstancias y bajo cuáles condiciones procede la reubicación de beneficiarios de este tipo de ayudas estatales y (iv) cuál es el procedimiento para llevarla a cabo. 3.2.1.1. En escrito recibido el 30 de octubre de 2018, el Jefe encargado de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras resolvió los interrogantes planteados, así: (i) los criterios tenidos en cuenta por el extinto INCODER se encuentran consignados en los términos de referencia de la Convocatoria SIT 2011, la cual se adjuntó al escrito. Básicamente consisten en: a) ubicación: el predio debe estar en zonas aptas para la producción agropecuaria, pesquera o forestal, clasificadas como suelo rural; el terreno no puede estar en áreas de conservación y protección ambiental; no se considerarán tierras que presenten restricciones ambientales, de protección especial, de riesgos de desastres naturales, ni tampoco de explotación de recursos naturales no renovables, entre otras condiciones; b) precio: el valor máximo de negociación debe ser el que acuerden las partes y no puede ser superior al que fije el avalúo comercial; c) superficie agropecuaria utilizable: no puede ser inferior al 80% del área total del inmueble; d) disponibilidad de aguas: debe ser suficiente, permanente y accesible; e) clases agrológicas y topografía: el terreno debe tener la calidad mínima de los suelos, en términos de clases agrológicas[9] y de topografía requerida para el desarrollo del proyecto productivo; y f) valor de mejoras no útiles: no se considerarán inmuebles en los que el valor de dichas mejoras supere el 10% del precio total de la venta. 3.2.1.2. Luego, en relación con la siguiente pregunta, referente a cuál fue la actividad productiva para la cual se adquirió el subsidio, se informó que (ii) ella se enfocó en la siembra de caña panelera y café variedad castillo. Para responder los interrogantes (iii) y (iv), sobre las circunstancias que permiten la reubicación y el procedimiento para tal efecto, mencionó que la normatividad vigente (Decreto Ley 902 de 2017[10]) no establece un proceso para la reubicación, por lo que, cuando un beneficiario anterior desee acceder a otro predio rural, debe acogerse a los programas que contempla el Decreto 902 de 2017. En resumen, explicó que existe un proceso único de ordenamiento social de la propiedad que se inicia con la etapa de inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (en adelante RESO), en el cual deben incluirse las personas y comunidades a las cuales les deben ser resueltas, tramitadas o gestionadas peticiones por la Agencia Nacional de Tierras. Quienes estén inscritos en el RESO tendrán un puntaje de calificación que les permitirá competir y tener acceso a la tierra; los factores de calificación, procedimiento y puntajes están regulados en el Decreto 902 de 2017 y en la Resolución 740 del mismo año[11] y la adjudicación de predios se efectuará en orden de mayor a menor puntaje. Expuso que una de las modalidades para acceder a una superficie agropecuaria consiste en el Subsidio Integral de Acceso a Tierras destinado a cubrir el 100% del valor del inmueble y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo. Respecto de esta modalidad de apoyo, se aclaró por la Agencia que, en la actualidad, se está surtiendo el procedimiento para expedir la normatividad que reglamente lo pertinente a su otorgamiento. Por último, agregó que la ANT está registrando en el RESO a las personas que fueron protegidas con un fallo judicial con posterioridad al 29 de mayo de 2017[12], para que puedan acceder a tierras mediante los mecanismos establecidos en la normatividad vigente. 3.2.2. En Auto del 19 de noviembre de 2018, el Magistrado Sustanciador dispuso que se oficiara a la Agencia Nacional de Tierras para que informara cómo se dividieron jurídica y/o materialmente los predios objeto de adjudicación dentro del proyecto D1-CUN-006, presentado en la Convocatoria SIT-2011 entre las 16 familias beneficiarias y para que allegara copia del certificado emitido por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, que sirvió de fundamento al INCODER para dar por cumplido el requisito consistente en que los terrenos objeto de adjudicación dentro del referido proyecto, no se encontraban en áreas protegidas, ni de manejo especial del Sistema Nacional de Parques, así como de ninguna área distinta de protección. En escrito del 30 de noviembre del año en cita, el Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, en primer lugar, informó que no se realizó división jurídica ni material de los terrenos, por cuanto el subsidio fue otorgado para la compra de la tierra, en común y proindiviso y, en segundo lugar, allegó un CD con todas las actuaciones surtidas dentro de la Convocatoria SIT-2011, que incluye un certificado expedido por CORTOLIMA del 20 de mayo de dicho año, en el que consta que los predios en cuestión no hacen parte de áreas incluidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, por lo que no existen restricciones para su explotación agrosilvopastoril. En todo caso, se consigna en dicho certificado una anotación sobre la existencia de un relicto boscoso y una quebrada que deben ser protegidos y conservados con su nacimiento y rondas hídricas[13]. 3.2.3. En Auto de la misma fecha, se dispuso oficiar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima para que allegara copia del certificado que emitió con destino al INCODER dentro de la Convocatoria SIT-2011, proyecto D1-CUN-006, en el que consta que los predios identificados con los números de matrícula inmobiliaria 364-22082, 364-5844, 364-6792 y 364-9981 ubicados en la vereda Primavera del municipio de Villahermosa (Tolima) no hacían parte de áreas protegidas, ni de manejo especial del Sistema Nacional de Parques, así como de ninguna área distinta de protección. En escrito recibido el 18 de enero del año en curso, un representante de la Corporación Autónoma del Tolima informó que, revisadas las bases de datos, no encontró información relacionada con la referida convocatoria. 3.2.4. Finalmente, en Auto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro para que allegara los certificados de libertad y tradición de los predios identificados con los números de matrícula inmobiliaria 364-22082, 364-5844, 364-6792 y 364-9981 ubicados en la vereda Primavera del municipio de Villahermosa (Tolima). Una vez concluido el término otorgado, no se recibieron los documentos requeridos. 3.3. Problema jurídico A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe determinar si se configura una violación de los derechos de petición, mínimo vital, vida digna, debido proceso y del derecho a la reubicación, este último derivado de la condición de víctima de desplazamiento forzado del señor Jhon Alexander Zúñiga Polania, como consecuencia de la negativa de la Agencia Nacional de Tierras de asignarle un nuevo predio que le permita ejecutar el proyecto productivo, para cuyo desarrollo le había sido adjudicado un subsidio en el año 2015. Así las cosas, con el fin de resolver el problema jurídico propuesto, en primer lugar, la Sala realizará el examen de procedencia de la acción de tutela; en segundo lugar, y si hay lugar a ello, se pronunciará sobre el derecho a la reubicación y restitución de la tierra de las personas desplazadas por la violencia como mecanismo para lograr la estabilización socioeconómica. Con fundamento en lo expuesto, resolverá el caso concreto. 3.4. De la procedencia de la acción de tutela 3.4.1. En cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. En el caso bajo examen, el accionante se encuentra legitimado para interponer la acción de tutela, porque se trata de una persona natural, que actúa a nombre propio y quien afirma estar siendo afectado en sus derechos de petición, mínimo vital, vida digna, debido proceso y del derecho a la reubicación, con ocasión de la negativa de asignarle a él y a su familia[14] un nuevo predio en el que pueda desarrollar un proyecto productivo. 3.4.2. Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley[15]. En este contexto, según lo señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que respecta a esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar dos requisitos, por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[16]. En el asunto objeto de estudio, no cabe duda de que la entidad demandada es una autoridad pública, ya que la Agencia Nacional de Tierras se categoriza en la ley como una agencia estatal especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural[17]. Por lo demás, la negativa de proceder a la reubicación del demandante en un predio en el que pueda ejecutar un proyecto productivo, como omisión que origina la presunta violación de los derechos alegados, se encuentra vinculada a las funciones de la ANT, la cual, luego de la supresión y liquidación del INCODER, quedó encargada de realizar el seguimiento a los procesos de acceso a tierras que ejecutó el mencionado Instituto[18]. De esta suerte, en el Decreto 2365 de 2015 se dispuso que todas las referencias que se hagan al INCORA o al INCODER, en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural, deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras[19]. 3.4.3. Como requisito de procedibilidad, la acción de tutela también exige que su interposición se lleve a cabo dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio de inmediatez. En relación con el caso objeto de estudio, la Corte observa que se cumple con el citado requisito, en tanto el actor interpuso la tutela el 25 de abril de 2018 y la negativa de reubicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras es del 31 de enero del mismo año, por lo que transcurrió menos de tres meses entre la fecha en que se presentó la vulneración alegada y el momento en que se acude a la acción, de manera que, a juicio de la Sala, se trata de un plazo razonable. 3.4.4. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de amparo constitucional solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[20]. Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”[21]. El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios de independencia y autonomía de la actividad judicial. 3.4.4.1. No obstante, aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así lo sostuvo la Corte, en la Sentencia SU-961 de 1999[22], al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo de protección definitiva de los derechos fundamentales[23]. Respecto de este último punto, este Tribunal ha entendido que el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho supuestamente comprometido. En este sentido, esta Corporación ha dicho que: “el requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal[24]. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[25]. 3.4.4.2. Dada la naturaleza de las entidades encargadas de otorgar y hacer seguimiento a los subsidios otorgados por el Estado a las víctimas del desplazamiento forzado, este Tribunal observa que existen mecanismos judiciales establecidos en la ley para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que estas profieren, los cuales se pueden iniciar ante el juez contencioso administrativo. Sin embargo, esta Corporación reiteradamente ha sostenido que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado, pues los medios ordinarios no responden a las necesidades derivadas de las especiales circunstancias que afronta esta población, la cual, por lo general, se ve sometida al fenómeno del desarraigo y a las dificultades económicas derivadas del mismo[26]. Además, en virtud de los principios de inmediatez, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que caracterizan al amparo constitucional, no es posible exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios, ya que en tratándose de la población víctima prevalece la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos materiales que se encuentran comprometidos[27]. Con fundamento en lo anterior, como reiteradamente lo ha señalado la Corte, cuando se está ante la posible vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, el juez de tutela no podrá desestimar la procedencia del amparo por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, cuando la pretensión que se invoca apunta precisamente a dar una solución a las circunstancias apremiantes que vive esta población. En este orden de ideas, debe señalarse que la vía judicial de lo contencioso administrativo, en casos como el expuesto, no es idónea para cuestionar un acto de la administración que presuntamente está generando una afectación de un derecho fundamental, incluso, cuando en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se puede solicitar la imposición de una medida cautelar. Lo anterior, por un lado, por cuanto para presentar una demanda de este tipo se requiere de un abogado, cuya contratación demanda recursos que se presumen ausentes o insuficientes debido a la condición de víctima del conflicto armado del accionante y, por el otro, porque contrario a la acción de tutela, una medida cautelar tiene naturaleza transitoria, ya que pretende conjurar situaciones urgentes, de manera que decretarla o no, parte de un estudio preliminar con los elementos dispuestos en la etapa inicial del proceso, los cuales no siempre son suficientes para brindar una defensa a la situación apremiante que reclaman las víctimas[28]. 3.4.4.3. Respecto del caso sometido a revisión, esta Corporación encuentra que el accionante es víctima del conflicto armado, quien se encuentra inscrito en el RUV como consecuencia del desplazamiento forzado que sufrió junto con su familia. Si bien esa inscripción se efectuó en el año 2008, lo cierto es que aún no ha superado las dificultades derivadas de dicho hecho victimizante, pues precisamente lo que cuestiona por vía de tutela es que no se le ha dado una solución integral a la carencia que presenta en relación con la posibilidad de realizar una actividad productiva, que le permita garantizar las condiciones mínimas de supervivencia a él y a su familia. Por lo demás, vistas sus condiciones particulares, no encuentra esta Sala que el actor tenga otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para obtener una solución a la problemática planteada ante la Agencia Nacional de Tierras. Ello es así, porque a través de la acción de tutela no se pretende la declaratoria de invalidez de los efectos de las resoluciones proferidas por el INCODER en los años 2014 y 2015, de suerte que no cabe el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho; así como tampoco se pretende la reparación económica por los daños causados como consecuencia de la adjudicación del subsidio, lo cual descarta la prosperidad de una pretensión de reparación directa. Nótese que la solicitud del accionante está dirigida a que se valoren los efectos individuales que generó dicha adjudicación en su caso concreto, esto es, la tenencia material de un terreno que no cuenta con las condiciones necesarias para adelantar un proyecto productivo. 3.5. El derecho a la reubicación y restitución de la tierra de las personas desplazadas por la violencia como mecanismo para lograr la estabilización socioeconómica 3.5.1. El conflicto armado suscitó el desplazamiento de pobladores de zonas afectadas por la guerra, a otros pueblos o ciudades del territorio colombiano. Este fenómeno se tradujo en varias violaciones en materia de derechos humanos, las cuales han sido solventadas a través de políticas públicas, de normas y de decisiones judiciales, destinadas a proteger a las víctimas y a permitir la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, la cual, por lo demás, se logra, principalmente, a través de su reinserción plena en la sociedad, mediante la estabilización socioeconómica. 3.5.2. En un primer momento, el legislador expidió la Ley 160 de 1994[29], cuyo objeto era promover el bienestar de la población campesina, eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural, así como dotar de tierras a los campesinos de escasos recursos. Así pues, creó una herramienta para restituir tierras despojadas a los campesinos, indígenas, afros y a otros grupos étnicos, además de una reforma agraria, sustentada en un subsidio que permitiera una repartición más equitativa de las tierras rurales incluyendo a la población desplazada del campo de forma involuntaria[30]. Si bien en este primer momento la relación entre la adjudicación de terrenos y la realización de actividades agrícolas no fue expresa y evidente, esta se hizo más visible a través de las reformas introducidas por los Planes Nacionales de Desarrollo que se expidieron con posterioridad a esta ley[31]. Luego, se expidió la Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, la cual se ocupó directamente de responder al fenómeno de desplazamiento forzado que se presentaba en Colombia como consecuencia de la violencia. En esta ley se estableció como una de las obligaciones del Estado la estabilización socioeconómica de las víctimas, y se dispuso la realización de un Plan Nacional para atender a las personas en situación de desplazamiento. Dentro de los objetivos de dicho plan, se encontraban, entre otros: “Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización social” [32], al igual que se dispuso: “Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.”[33]. A partir de la ley en comento, se tornó visible la relación entre la adjudicación de tierras y la posibilidad de trabajarlas efectivamente, de hecho, el Decreto 2007 de 2001, mediante el cual se reglamentó parcialmente la Ley 387 de 1997, condicionó la entrega de predios a la presentación y aprobación de un proyecto productivo[34]. En este mismo sentido, cabe reseñar el Decreto 250 de 2005, que adoptó el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, en el que se resaltó que la estabilización socioeconómica no puede agotarse con la adjudicación de un lote, sino que requiere el acompañamiento institucional para el diseño y ejecución de un proyecto productivo[35]. Con posterioridad, en el año 2011 se expidió la Ley de Víctimas, en la que se establecieron una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en su beneficio, con miras a garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición. El capítulo III del título IV de esta ley instituyó la restitución de tierras como una de las medidas de reparación en favor de las víctimas, allí se dispuso que ellas tienen derecho a la devolución jurídica y material de sus predios y que, si ello no resulta posible, se deben ofrecer otras alternativas, como la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación. El retorno o reubicación, establece la ley, debe hacerse de forma voluntaria y en condiciones de dignidad, seguridad y sostenibilidad. Esta última condición, en palabras de esta Corporación, “quiere decir que antes de que el antiguo o nuevo predio sea adjudicado, debe haber certeza de que una vez la víctima llegue al territorio, va a tener la posibilidad de obtener de él lo que necesita para vivir y que no estará en riesgo de tener que desplazarse nuevamente, ahora por motivos económicos”[36]. Además, el artículo 75 de la citada ley, enlista 14 derechos que deben garantizarse en este tipo de procesos, dividiéndolos en prioritarios y complementarios. Los primeros corresponden a la salud, educación, vivienda, alimentación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional y atención psicosocial; mientras que, los segundos, incluyen las siguientes garantías: el acceso o restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo y fortalecimiento de la organización social. Cabe destacar dentro de este recuento el Decreto 2569 de 2014, que estableció los criterios para la entrega de atención humanitaria de emergencia y de transición y fijó los supuestos para evaluar la superación de la situación de vulnerabilidad que se genera como consecuencia del desplazamiento forzado cuando existe un proceso de retorno o reubicación. Este decreto adquiere especial importancia, en tanto determinó que el estado de vulnerabilidad se supera cuando la víctima logra la estabilización socioeconómica[37]. Posteriormente, con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades presidenciales para la paz, profirió el Decreto Ley 902 de 2017[38] para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral. Esta reforma busca cumplir con los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo final, esto es, intenta “sentar las bases para la transformación estructural del campo y establece como objetivos contribuir a su transformación estructural, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía; en aras de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”[39]. De esta manera, el citado decreto ley pretende beneficiar al trabajador del campo con el acceso a tierras y proyectos productivos, al punto que especifica que los programas de acceso a tierras deben contar con esquemas que permitan la incorporación de proyectos productivos que cumplan con condiciones de sostenibilidad social y ambiental, con asistencia técnica y que conduzcan a promover el bienestar de los adjudicatarios[40]. Cabe destacar que esta ley no está dirigida únicamente a la población rural victimizada, sino también a los campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras y población ROM. 3.5.3. La respuesta a la problemática generada como consecuencia del desplazamiento forzado igualmente se soporta en varios instrumentos internacionales que tienen como propósito orientar la labor de los Estados. Entre ellos se destaca los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, proferidos por las Naciones Unidas en el año 1998. En relación con el regreso, reasentamiento y reintegración de la población desplazada, el Principio 28 establece que: “1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte. 2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.” Por su parte, el artículo 29, abordando el mismo tema, dispone: “1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos. 2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.” 3.5.4. Finalmente, en lo que hace referencia a la jurisprudencia nacional, esta Corporación se ha pronunciado en distintos momentos sobre el derecho de las personas desplazadas a la reubicación o restitución y a la estabilización socioeconómica consecuencia de este, a través del adelantamiento de proyectos productivos. La Sentencia más relevante, por ser aquella que declaró el estado de cosas inconstitucional respecto de la violación masiva, prolongada y reiterada de los derechos de las personas en condición de desplazamiento, es la T-025 de 2004[41], en ella la Corte resaltó que es deber del Estado apoyar la estabilización socioeconómica de tales víctimas, para lo cual se torna indispensable su identificación inmediata respecto a sus capacidades personales para extraer conclusiones que faciliten la creación de oportunidades de estabilización, que respondan a sus condiciones reales, y que les permitan subsistir de forma autónoma. Precisamente, en el seguimiento de esta sentencia se han expedido distintos autos, a través de los cuales la Sala Especial que se conformó para el efecto, se ha ocupado de evaluar el componente de retornos y reubicaciones. Por ejemplo, en el Auto 394 de 2015[42], se solicitó información a las autoridades responsables de ejecutar este componente, para así realizar un diagnóstico de cumplimiento. En la parte considerativa de esta providencia, se referenció un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que destacó la necesidad de fortalecer la sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, concretamente en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda y la generación de ingresos, ya que, de no hacerlo, se pueden generar nuevos desplazamientos, por la falta de garantías para la reconstrucción de proyectos de vida digna. Asimismo, se hizo alusión a un informe de la Defensoría del Pueblo, en el que se advierte que en los procesos de reubicaciones y retornos, los derechos que tienen mayores barreras o dificultades son el de vivienda, generación de ingresos y acceso a tierras, a pesar de ser de aquellos que tienen mayor relevancia para la estabilización socioeconómica y la satisfacción del principio de dignidad. En esta providencia también se hizo referencia concreta a los programas del INCODER para acceso a predios, entre ellos, el Subsidio Integral de Tierras. Sobre este tipo de programas se anotó que persisten problemas en su ejecución, entre los que se destacan la afectación de inmuebles por protecciones medio ambientales y la adjudicación de predios bajo esquemas de propiedad en común y proindiviso. Concretamente, en relación con este último punto, se señala que la titulación de predios bajo dicha modalidad crea incertidumbre sobre derechos y linderos individuales, lo que genera conflictos entre los comuneros. Del mismo modo, en el marco de este seguimiento, la Sala Especial profirió el Auto 373 de 2016[43], en el que, luego de analizar la información remitida por las autoridades involucradas en el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, concluyó que la política actual de retornos y reubicaciones no permite que esos procesos se consoliden, lo cual hace que no representen una solución sostenible para el fenómeno de desplazamiento forzado. Asimismo, se denunció que la generación de ingresos y de empleo, como componentes de la estabilización socioeconómica, son los más rezagados y tienen altos niveles de inobservancia, lo cual es el resultado de la ausencia de un marco normativo y de política pública actualizado y cohesionado, y ello se materializa en “una dispersión de programas desarticulados entre sí, sin enfoque diferencial, con poca cobertura y con resultados prácticos que no son siempre tangibles” y “en la imposibilidad de hacerle un seguimiento a la situación de la población desplazada en los distintos momentos de la ruta de estabilización socio económica, que permita establecer cuántas víctimas han hecho el tránsito de un momento al otro.” Este Tribunal también se ha pronunciado sobre casos concretos en los que se discute la necesidad de reubicar a personas o familias desplazadas en otros predios. En el año 2008, la Corte conoció una tutela interpuesta por los representantes de nueve familias víctimas del desplazamiento forzado, a las cuales el INCODER les adjudicó un terreno que no era apto para el desarrollo de proyectos productivos, pues el suelo era infértil, pedregoso y no tenía una fuente hídrica susceptible de consumo humano. Para la Corte, la adjudicación realizada no respondió a las necesidades de los hogares desplazados, por cuanto no se les garantizó el derecho a un nivel de vida adecuado y, además, la tierra no tenía la vocación agropecuaria requerida para poder ejecutar un proyecto productivo. Si bien en otra sentencia de tutela se les había adjudicado un nuevo predio, en tal proceso no se tuvo en cuenta el criterio de las familias, ni la seguridad que debe existir en la entrega de estos subsidios, porque no se les informó en debida forma a qué título iban a ser entregados los bienes inmuebles, así como tampoco se les dio a conocer que este espacio debían compartirlo con otras personas en proceso de desmovilización, lo que podría ocasionar conflictos por la convivencia entre víctimas y posibles victimarios. De ahí que, este Tribunal ordenó reubicar a todas las familias afectadas en un nuevo terreno “que tenga condiciones de habitabilidad, agua potable y posibilidades de establecer cultivos que les permitan obtener una subsistencia digna, pero que también tenga vocación agropecuaria que asegure su estabilización socioeconómica”[44], para lo cual se otorgó a la autoridad demandada un plazo de seis meses. Años más tarde, en la Sentencia T-528 de 2010[45], este Tribunal estudió el caso de una persona que fue víctima de desplazamiento forzado, a quien el INCORA le adjudicó un terreno que no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad, ya que no contaba con agua ni con una tierra apta para cultivar y, sumado a ello, no reunía las condiciones necesarias de seguridad para él ni para su familia, pues allí era sujeto de amenazas, al parecer, por parte de grupos armados al margen de la ley. Ante este panorama y debido a la falta de respuesta por parte de la autoridad administrativa demandada, el accionante decidió renunciar al beneficio otorgado, hecho que le generó la imposibilidad de acceder a un nuevo subsidio de vivienda, toda vez que, por errores no atribuibles a él, el predio quedó a su nombre, lo cual lo descalificaba para obtener otras ayudas estatales. En este caso, la Corte encontró que la adjudicación de la tierra desconoció el derecho a la reubicación del actor, pues los hechos denunciados, que se concretan en la falta de condiciones de habitabilidad, de seguridad y de imposibilidad de adelantar un proyecto productivo, no permitieron que se cumpliera con los parámetros mínimos para lograr el restablecimiento de sus derechos y los de su familia. También concluyó que se desconoció el derecho al habeas data del accionante, por cuanto en las bases de datos manejadas por las autoridades encargadas, él aparecía como propietario de un predio al que había renunciado. En vista de lo anterior, este Tribunal amparó los derechos fundamentales del actor y le permitió elegir entre la asignación de un subsidio de vivienda o la reubicación en un predio que “tenga condiciones de habitabilidad, agua potable y posibilidades de establecer cultivos que le permitan obtener una subsistencia digna y que tenga vocación agropecuaria a fin de asegurar su estabilización socioeconómica”, la cual debería hacerse efectiva en el término de cuatro meses. La Sala Novena de Revisión, en la Sentencia T-076 de 2011[46], abordó el caso de un grupo de campesinos que, pese a haber sido desplazados de su tierra por paramilitares, decidieron regresar a trabajarla, pero que no pudieron hacerlo porque el INCODER decidió dejar sin efectos una resolución que había declarado la extinción de dominio a favor de la Nación. Para la Corte, la revocatoria adoleció de errores materiales y formales que hacían imperiosa la necesidad de establecer la situación jurídica del bien. En esta oportunidad, la Corte sostuvo que el desplazamiento forzado “implica, de manera necesaria, el desarraigo de los afectados del lugar que ocupan. En ese sentido, los derechos fundamentales interferidos por ese despojo son, sin duda alguna, los que primero se ven afectados por el hecho del desplazamiento. De forma correlativa, la restitución en el acceso a la tierra es un elemento central e ineludible para la reparación integral de las víctimas”. En criterio de esta Corporación, los derechos comprometidos respecto de la población campesina, se concretan básicamente en (i) la afectación al mínimo vital, pues el sustento de dicha población depende de la explotación económica de la tierra y (ii) el acceso a una vivienda digna, ya que, además de que dicho espacio es el que provee el sustento, también es el que asegura el derecho a la habitabilidad conforme a las condiciones del sujeto al que se dirige. Ese mismo año, la Corte profirió la Sentencia T-159 de 2011[47], en la que se pronunció sobre el caso de una familia de desplazados que se vio obligada a abandonar una tierra que habían adquirido por ser beneficiarios de un subsidio, como consecuencia de constantes amenazas de grupos armados al margen de la ley. Según su relato, el demandante puso en conocimiento de la situación al INCODER, solicitándole que le permitiera vender el bien o que lo reubicara en un nuevo. Según se afirmó, su solicitud no se respondió favorablemente. En este caso, la Sala de Revisión consideró que la falta de acompañamiento y orientación al accionante, sumado a la exigencia desproporcionada de trámites para poder vender el bien inmueble o recibir uno nuevo, desconoció sus derechos a la vivienda digna y al mínimo vital. Con fundamento en lo anterior, ordenó la reubicación del actor en un predio con vocación agrícola, suministros básicos de agua potable y energía, condiciones de habitabilidad y saneamiento básico. Para efectos del cumplimiento de la orden, se otorgó un plazo de seis meses. Luego, en el año 2014, la Sala Segunda de Revisión conoció el caso de 26 familias campesinas desplazadas por la violencia, a quienes el INCODER les asignó tres fincas para el desarrollo de un proyecto productivo, el cual se interrumpió por incursiones violentas de grupos armados al margen de la ley que ponían en peligro su vida e integridad física, lo que las llevó a abandonar esos terrenos, sin que, dos años después de esos hechos, fueran reubicadas en un nuevo predio. Al resolver el caso sometido a estudio, la Corte consideró que el INCODER y la UARIV habían vulnerado los derechos de las familias beneficiarias del subsidio a la reubicación y a la vida digna, al haber dilatado en el tiempo la adopción de una medida que solucionara su situación y, en consecuencia, ordenó a las autoridades accionadas que, en un término de cuatro meses, garantizaran la reubicación de los accionantes[48]. En ese mismo año, la Sala Quinta de Revisión decidió en la Sentencia T-971 del año en cita[49], un caso en el que 25 familias desplazadas, adjudicatarias de un bien rural, no podían explotar el bien inmueble de la forma prevista, por cuanto carecían de agua para consumo humano, así como de ayudas de bombeo hidráulico para acceder a la misma. Al abordar el asunto en concreto, la Corte advirtió que, en efecto, el predio no tenía las condiciones mínimas necesarias para asegurarle a los hogares desplazados un nivel de vida adecuado, por lo que ordenó al INCODER reubicar a las 25 familias en un terreno que, además de tener agua potable, permitiera establecer cultivos de cacao y ganadería de doble propósito. En este caso, este Tribunal dio un término de un mes para cumplir lo ordenado, atendiendo a que verificó que ya estaba en curso el proceso de reubicación. Por otra parte, la Corte aseguró que el desarraigo del lugar de origen afecta el sustento de las familias campesinas, pues usualmente la consecución de los elementos necesarios para su subsistencia está relacionada con la productividad de sus tierras, razón por la cual la autoridad administrativa debe velar porque los predios entregados en el marco de procesos de adjudicación de subsidios, cuenten con las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto productivo. Más recientemente, en el año 2015, la Corte conoció dos casos relacionados con adjudicatarios de bien...