Sentencia T-419 de 2019

T-419-19 Sentencia T-419/19 REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Caso en que se niega inscripción en el RUV como víctima del delito contra la libertad y la integridad sexual, en desarrollo del conflicto armado REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Inscripción en el Registro Único de Víctimas como derecho fundamental de la población desplazada al reconocimiento de su especial condición INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Finalidad DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA MOTIVACION DE LOS ACTOS QUE RESUELVEN SOLICITUDES DE INCLUSION EN EL RUV La Corte considera que las decisiones sobre solicitudes de inclusión en el RUV deben ser motivadas por expresa disposición del Decreto compilador 1084 de 2015 y que este deber, en esos casos, implica que el funcionario no se limite a negar la pretensión de la persona por la mera valoración de la declaración realizada para la inscripción, sino que su determinación encuentre sustento en material probatorio suficiente. RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY-Jurisprudencia constitucional La Constitución y varios instrumentos internacionales establecen obligaciones para la prevención y protección del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional advierte que no se conoce exactamente la dimensión del enlistamiento de menores por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, lo que se explica por la falta de denuncia y reporte de este delito. Este Tribunal también destacó que las víctimas de reclutamiento forzado provienen de sectores sociales pobres, analfabetas y rurales, su enlistamiento se da por razones de tipo económico, social, cultural, político, psicológico o emocional y que este hecho afecta directamente los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la educación, a la salud, a la familia y a la recreación. MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO-Ámbito de protección en la jurisprudencia constitucional Esta Corporación ha reconocido que existen problemas para que las mujeres denuncien y pongan en conocimiento los delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual, lo que ocurre, entre otras cosas, por desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia, el miedo, porque son objeto de amenazas, el sentimiento de vergüenza, la estigmatización, la inexistencia de sistemas oficiales de atención a las víctimas, la falta de acercamiento y acompañamiento institucional y la deficiencia en la formación de funcionarios públicos para que entiendan el manejo y el acompañamiento necesario en la atención de las víctimas de violencia sexual. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Orden a la UARIV incluir a accionante en el RUV, como víctima de violencia en desarrollo del conflicto armado Referencia: Expediente T-7.268.208 Acción de tutela interpuesta por Valentina contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido el 18 de enero de 2019 por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Villavicencio (Meta), dentro de la acción de tutela promovida por Valentina contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Cuatro mediante auto del 10 de abril de 2019, notificado el 2 de mayo del mismo año.[1] I. ANTECEDENTES Aclaración preliminar La presente acción de tutela fue presentada por una persona que solicita la protección de sus derechos fundamentales ya que asegura ser víctima de la violencia por los hechos victimizantes de reclutamiento forzado y abuso sexual. En aras de proteger su privacidad e intimidad, esta Sala suprimirá los datos que permitan su identificación. Con tal finalidad su nombre y los de sus familiares serán remplazados por unos ficticios que se escribirán en letra cursiva. La anterior decisión se adopta conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional[2] y el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.[3] Solicitud La señora Valentina, quien actúa en nombre propio, interpuso acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y a la vivienda digna en su condición de víctima del conflicto armado, presuntamente vulnerados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que le negó la inscripción en el RUV y no reconoció los hechos victimizantes que declaró. La accionante puso en conocimiento de la entidad demandada que en el año 1999 fue abusada sexualmente por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el municipio de Tibú (Norte de Santander). También declaró que, en el año 2001 fue reclutada de manera forzada por el mismo grupo armado organizado al margen de la ley a sus 14 años de edad. Por su parte, la UARIV negó la inscripción en el RUV y el reconocimiento de los hechos victimizantes bajo el argumento que la peticionaria se desvinculó de las Autodefensas Unidas de Colombia cuando era mayor de edad, de manera que no se cumplía lo dispuesto el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. A continuación, se exponen los antecedentes de la acción de tutela: 1. Hechos 1.1. La señora Valentina nació el 12 de abril de 1987 en el municipio de Tame (Arauca), por lo que actualmente tiene 32 años de edad.[4] 1.2. La accionante manifestó que el 19 de agosto de 1999 residía con su mamá y su hermana en la finca llamada “El alto de las águilas”, ubicada en la vereda “Los Cocos” del municipio de Tibú (Norte de Santander). Añadió que ese día fueron abordadas por miembros de las “Autodefensas campesinas Córdobas de Urabá” quienes abusaron sexualmente de ellas. 1.3. La actora aseguró que el 9 de agosto de 2001 regresaba a su casa con una amiga y fueron abordadas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes las subieron a una camioneta y las reclutaron de manera forzada. 1.4. Resaltó que no pudo escapar o desmovilizarse porque quienes optaban por esa salida en el grupo organizado al margen de la ley eran asesinados y que su mamá no denunció el reclutamiento forzado debido a que fue amenazada. 1.5. Expuso que su permanencia en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia se extendió hasta el 5 de diciembre de 2005 y que salir de esta situación fue posible dado el proceso de desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley. 1.6. El 18 de abril de 2018, la señora Valentina rindió declaración ante la Defensoría de Villavicencio para ser incluida en el Registro Único de Víctimas en los términos del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.[5] La accionante relató en la diligencia que había sido abusada sexualmente y reclutada por miembros de las AUC de la siguiente manera: “Eso fue el 19 de agosto de 1999, cuando pasaron por la casa varios (grupo armado), no sé cuántos, pero a la casa entraron cinco hombres armados, golpearon a mi mamá. Ese día acabábamos de llegar del colegio con mi hermana, nos encerraron a las tres en una pieza, golpearon a mi mamá porque ella les pedía que no nos hicieran daño, que nosotras éramos unas niñas, le pegaban (…). Recuerdo que el día 9 de agosto de 2001, cuando regresaba a la casa, llegaron tres manes en una camioneta negra, yo iba con una amiga y a las dos nos alzaron y nos subieron a la camioneta, menos mal que mi hermanita no había llegado de la escuela y si no nos alzan a las dos. Ese día estaba mi mamá en la casa y esos hombres le dijeron que no fuera a decir nada porque si ella hablaba, nos mataban porque ya sabían a dónde quedaba la casa. Ese día me reclutaron con mi amiguita del colegio los (grupos armados) yo tenía 14 años y ese mismo día nos llevaron para Puerto Berrío Antioquia, allá me pusieron a un volteo terrible, recuerdo que lloraba y ellos me decían ‘(…)’. Ellos me tuvieron hasta el día 05 de diciembre del año 2005 que se (…), porque allá no podíamos pedir la baja porque nos mataban. Mi mamá no denunció cuando me reclutaron, porque le daba miedo, temor a que esos hombres vinieran y la mataran o se llevara a mis hermanos, pobrecita mi mamá sufrió mucho por todo lo que nos pasó y cuando me reclutaron ya mi mamá era madre cabeza de hogar, era sola para todo”.[6] Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018 1.7. Mediante Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se pronunció sobre la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas de la señora Valentina. 1.7.1.Inicialmente, en la resolución se expuso que la señora Valentina no había rendido declaración sobre los hechos victimizantes dentro del término establecido para tal efecto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011. 1.7.2.Dicho esto, la UARIV expuso las condiciones de vulnerabilidad psicosocial de las mujeres víctimas de hechos que atentan contra su vida, dignidad e integridad personal. La entidad se refirió al auto 009 de 2015[7] en el que la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 reconoció que las dificultades en la declaración y denuncia de delitos se agudizan tratándose de casos de violencia sexual y que los factores que influyen para que esto ocurra son: (i) la desconfianza de las mujeres en la capacidad del Estado, así como (ii) la prevalencia de factores socioculturales relacionados con la vergüenza y el estigma social. 1.7.3.Dado que la señora Valentina manifestó que no había realizado su declaración con anterioridad por miedo a que la asesinaran,[8] la UARIV encontró acreditada una circunstancia que permitía subsanar la extemporaneidad de la declaración. En consecuencia, consideró que procedía el análisis de los hechos victimizantes de (i) amenaza, hechos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal y tortura, ocurridos el 19 de agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú (Norte de Santander) y (ii) vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados ocurrido el 9 de agosto de 2001 en Villavicencio (Meta). 1.7.4.En la resolución se hace referencia al parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 que delimita el concepto de víctima y dispone que “[l]os miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”. La entidad manifestó que en los documentos anexos a la declaración “no se encontró alguno que dé cuenta que la deponente se haya desvinculado siendo menor de edad”.[9] 1.7.5.La entidad señaló que el 28 de mayo de 2018, como parte de las herramientas técnicas, consultó las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, indicó que en la Red Nacional de información se consultó en el Sistema de Información de Reparación Administrativa (SIRA), el Sistema de Información Víctimas de la Violencia (SIV), en el Registro Único de Víctimas (RUV), en el Registro Único de Población Desplazada y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y se encontró lo siguiente: - La señora Valentina se encuentra en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Declaración Nro. 199837 por “hecho acaecido en el municipio de Tibú (Norte de Santander), el 29 de septiembre de 2000”.[10] - La señora Valentina se encuentra relacionada en la base de datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) con código individual Nro. 20-01068, fecha de desmovilización el 14 de diciembre de 2005. 1.7.6.En consecuencia, se negó la inscripción en el RUV pues, aunque la accionante hacía parte de un grupo armado organizado al margen de la ley, su desmovilización se presentó cuando era mayor de edad, de manera que no se cumplía lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Sobre el particular, la entidad manifestó lo siguiente: “Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la deponente, hacía parte del grupo armado, por lo tanto, aunque la administración no desconoce las presuntas afectaciones que pudo tener, no es posible RECONOCER los hechos victimizantes declarados, ya que no cumple con los criterios establecidos en el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, se aclara que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), es la encargada de implementar, diseñar y ejecutar los beneficios sociales, económicos y jurídicos otorgados a la población desmovilizada de los grupos armados al margen de la ley a los cuales podría acceder la deponente”.[11] 1.7.7.Así pues, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas decidió no incluir a Valentina en el RUV y no reconocer los hechos victimizantes de amenaza; vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, tortura y hechos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad personal. Recurso de reposición y en subsidio de apelación 1.8. El 18 de julio de 2018, la señora Valentina presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018. 1.9. En el recurso advirtió que fue reclutada de manera forzada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Central Bolívar – Pablo Emilio Guarín) cuando era menor de edad y que no se desmovilizó del grupo armado antes de cumplir 18 años porque consideró que ponía en riesgo su vida y la de sus familiares. 1.9.1.Adujo que para ella es más importante que se le incluya en el RUV por el hecho victimizante de violencia sexual. Expuso que esto ocurrió en el año 1999, que fueron abusadas sexualmente su mamá, su hermana y ella, es una situación que no ha podido superar y olvidar y debido a esto se desplazaron a la ciudad de Villavicencio (Meta). 1.9.2.Añadió que luego de su desmovilización fue asesorada por la Agencia Colombiana para la Reintegración pero nunca se le informó que podía declarar como hecho victimizante el reclutamiento forzado. 1.9.3.Solicitó que se estudien todos los hechos victimizantes que declaró, especialmente el de violencia sexual, se revoque la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018 y se emita un nuevo acto administrativo mediante el cual se le incluya en el RUV. 1.9.4.Como anexo del escrito de reposición y apelación se presentó la declaración con fines extraprocesales rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio (Meta) por la señora Helena, madre de la accionante. La deponente puso de presente que el 19 de agosto de 1999 fueron abusadas sexualmente sus dos hijas, entre las que se encuentra Valentina y ella por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Indicó que luego de este hecho se trasladaron a Villavicencio (Meta) debido a que fueron amenazadas de muerte. También señaló que su hija Valentina fue reclutada por el Bloque Central Bolívar y que no denunciaron ese hecho por las amenazas de las que fueron objeto.[12] Resolución Nro. 2018-34360R del 31 de julio de 2018 (Reposición) 1.10. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas confirmó la decisión de no incluir a Valentina en el RUV a través de la Resolución Nro. 2018-34360R del 31 de julio de 2018. 1.10.1. La entidad advirtió que en la resolución recurrida se subsanó la extemporaneidad de la declaración y se valoraron los hechos victimizantes expuestos. Finalmente, concluyó que “no es viable proceder a revocar Resolución (sic) Nro. 2018-34360 de 28 de mayo de 2018, afirmando que el motivo por el cual no se reconocerán lo hechos victimizantes de Amenaza, vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, Tortura y Hechos que atentan contra la Vida, la Dignidad y la Integridad Personal a la señora [Valentina] en el Registro Único de Víctimas, se da por la incompatibilidad entre su situación particular y las situaciones jurídicas del artículo 3° Parágrafo 2° de la ley 1448 de 2011 contemplada para las personas víctimas del conflicto armado interno”.[13] 1.10.2. Con fundamento en lo anterior, la UARIV confirmó la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018. Resolución Nro. 201848050 del 10 de septiembre de 2018 (Apelación) 1.11. Por medio de la Resolución Nro. 201848050 del 10 de septiembre de 2018, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018 mediante la cual se decidió no incluir a Valentina en el RUV. 1.11.1. La entidad puso de presente como elemento de contexto, “para tener un conocimiento más amplio de cómo eran las expresiones de conflicto armado en la zona de ocurrencia de los hechos manifestados (…) en el municipio de Tibú Norte de Santander, el 09 de agosto de 2001 y 19 de agosto de 1999”[14] lo siguiente: “Según la publicación realizada por la Cruz Roja Colombiana con la Cruz Roja Española denominada ‘En Impacto Humanitario en Víctimas Civiles por la Contaminación por Armas en Colombia 1984-2014’, se establece que: ‘(…) En cuanto a asesinatos selectivos, entre 1981 y 2012, se ejecutaron indiscriminadamente 182 que dejaron como saldo 1.764 víctimas. De estos hechos 30 son atribuidos a organismos del Estado y Fuerza Pública, los cuales impactaron 142 víctimas. Los paramilitares cometieron 27 hechos con un total de 662 víctimas, mientras la acción conjunta de Paramilitares y Policía Nacional se adjudica un asesinato selectivo. Entre los grupos guerrilleros, FARC, ELN, ERP, la CGSB, Milicias Populares y Guerrilla No identificada, perpetraron 74 hechos victimizantes de este tipo con un total de 243 víctimas. Los asesinatos selectivos se realizaron mucho más en Cúcuta, Ocaña y la región del Catatumbo. Debe recordarse cómo esta región es una de las más azotadas por el conflicto teniendo en cuenta la presencia de varios GAO y su constante confrontación por el control de la zona en el cual residen muchos intereses geoestratégicos para estos. Entre los años 2000 y 2003 se realizaron en mayor cantidad asesinatos selectivos. Cabe recordar que para esta época los paramilitares incursionaron de una manera mucho más profunda en el territorio a través de sus diferentes bloques que hicieron presencia en el departamento. Todo lo anterior puede entenderse también debido a que … el principal factor generador de violencia (…) que ha incidido de manera determinante en la degradación del conflicto armado (en el departamento), lo constituye la disputa entre organizaciones armadas al margen de la ley por el control de las zonas estratégicas en el desarrollo de la confrontación. En esta competencia por el control de los territorios, estos pasan sucesivamente de manos de un actor armado a otro, sin que haya podido establecerse un control perdurable por alguno de ellos. Esto es lo que se observa en la zona del Catatumbo, donde los grupos ilegales han atacado con especial intensidad civiles inermes por medio de asesinatos selectivos y de masacres. Debe considerarse igual manea (sic) que los asesinatos perpetrados en el departamento tienen relación con ‘… la actuación de la delincuencia común y organizada… Para el año 2011 se registra la realización de 160 asesinatos selectivos, los cuales pueden deberse al fenómeno de los GAE, ya que según la base de datos del CNMH la mayoría de estos asesinatos fueron realizados por paramilitares o grupos armados no identificados. Los sectores de la población más afectados por estos asesinatos a lo largo de todos estos años han sido los sindicalistas, las autoridades públicas, los indígenas y los periodistas (…)’”.[15] 1.11.2. La entidad advirtió que el hecho victimizante de amenaza no cuenta con una definición concreta en las normas internacionales aunque “debe entenderse como una violación potencial que se presenta como inminente y próxima, llevando consigo dos aspectos, a saber: el derecho de seguridad personal y el deber de protección en cabeza del Estado a través de las autoridades competentes”.[16] 1.11.3. Tratándose del hecho victimizante de tortura, la entidad se refirió al artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la tipificación de este hecho punible contenida en la Ley 589 de 2000, por la cual se expidió el Código Penal. 1.11.4. Con respecto al hecho victimizante de lesiones, la UARIV citó el artículo 111 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expidió el Código Penal. También se refirió la Guía Interinstitucional para la Atención de las Víctimas del Conflicto Armado en la que se expone que la lesión psicológica se entiende en su acepción clínica como “la deficiencia, discapacidad o menoscabo que afecta la capacidad de adaptación de la víctima en sus diferentes áreas de funcionamiento (familiar, laboral, afectiva, social, educativa y de relaciones de pareja”.[17] 1.11.5. Sobre el hecho victimizante de reclutamiento forzado se hizo alusión a los Convenios de Ginebra y la Ley 1448 de 2011. Consideró que para incluirla en el RUV era necesario contar con un elemento técnico para demostrar el reclutamiento y la certificación expedida por el CODA, la cual no se encuentra dentro del expediente. 1.11.6. La entidad también mencionó el hecho victimizante de tortura y precisó que en un Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mencionan algunas conductas que pueden enmarcarse dentro de este hecho. Dicho esto, expuso lo que se cita a continuación: “Es importante señalar que para la fecha y lugar de los hechos se evidencian otros factores delincuenciales no necesariamente asociados al conflicto armado interno que vive el país, no existe denuncia ante autoridad competente por este hechos (sic), no se ha individualizado a los autores del hecho, como tampoco se ha podido establecer que fue perpetrado por grupos armados al margen de la ley”.[18] 1.11.7. La UARIV estimó que no procedía la solicitud de inclusión de la señora Valentina en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, aunque podía acudir a la justicia ordinaria para obtener verdad, justicia y reparación. Por lo anterior, confirmó la Resolución Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018. Solicitud de amparo constitucional 1.12. La señora Valentina aseguró en la demanda de tutela que la UARIV, dentro de los actos administrativos en los que le negó la inscripción en el RUV y no reconoció los hechos victimizantes puestos en conocimiento, determinó que su declaración se presentó de manera extemporánea y adujo que ello no es cierto de acuerdo con la Ley 387 de 1997. 1.13. En la demanda de tutela existen acápites relativos a (i) la especial protección constitucional de la población desplazada por la violencia, (ii) la ayuda humanitaria de emergencia para la población en situación de desplazamiento, (iii) el derecho a la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y (iv) el derecho a la igualdad de los desplazados en el pago de la ayuda humanitaria de emergencia y sus prórrogas, así como el deber de la administración de informar una fecha cierta dentro de un plazo oportuno y razonable para el suministro de dicho beneficio. La actora anexó copia simple de la tarjeta de identidad de Sofía que tiene 11 años de edad[19] y al parecer es su hija, así como el Registro Civil de su hijo Carlos que tiene 5 años de edad.[20] 1.14. La accionante expuso que “además de todos los sufrimientos que he pasado durante estos años, no es justo que no me incluyan en el registro único de víctimas y me nieguen por ende esa calidad, ya que en la actualidad todavía vivo con temor y angustia por todo lo sucedido. Es por eso Señor juez que le solicito interceder por mí y por mi familia”.[21] Finalmente, solicitó que se ordene a la entidad accionada reconocer y pagar las ayudas humanitarias a las que asegura tener derecho, en atención a que considera que es una persona protegida constitucionalmente. 2. Traslado y contestación de la demanda 2.1. Mediante auto del 14 de diciembre de 2018, el Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio (Meta) avocó conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que en el término de dos días, contados a partir del recibo de la comunicación, presentara la contestación de la acción constitucional, expusiera las razones de hecho y de derecho que considerara pertinentes, ejerciera su derecho de defensa y remitiera la documentación que soportara su respuesta. 2.2. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no se pronunció con respecto a la acción de tutela de la referencia. 3. Decisión judicial objeto de revisión 3.1. En sentencia del 18 de enero de 2019, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Villavicencio (Meta) determinó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la UARIV vulneró los derechos de la señora Valentina “al no incluirla como víctima en los términos de la Ley 1448 de 2011 y con ello, acceder a las ayudas humanitarias que en esta acción se reclaman”.[22] 3.2. La autoridad judicial realizó un examen del requisito de subsidiariedad y citó la sentencia T-332 de 2016[23] para referirse a la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que, por su naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad. 3.3. Señaló que la accionante ya agotó los recursos en sede administrativa y puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver su controversia mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, el juzgado declaró la improcedencia de la acción de tutela. 3.4. La anterior decisión no fue objeto de impugnación. II.CONSIDERACIONES 1. Competencia y procedibilidad 1.1. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. 1.2. Legitimación en la causa por activa y pasiva 1.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o por quien actúe legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.[24] 1.2.2. En la tutela de la referencia se cumplen cabalmente los requisitos en mención puesto que la acción constitucional fue interpuesta directamente por la señora Valentina para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y a la vivienda digna. 1.2.3. Asimismo, la acción de amparo se dirigió contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que expidió los actos administrativos mediante los cuales se resolvió la petición de la accionante y le negó la inclusión en el RUV. Por lo anterior, está legitimada por pasiva en virtud de los artículos 86 de la Carta Política y 5 del Decreto 2591 de 1991. 1.3. Inmediatez 1.3.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”.[25] 1.3.2. Al respecto se tiene que la UARIV negó la pretensión de la accionante de ser incluida en el RUV y de reconocer los hechos victimizantes declarados mediante las resoluciones (i) Nro. 2018-34360 del 28 de mayo de 2018, (ii) Nro. 2018-34360R del 31 de julio de 2018 (Reposición) y (iii) Nro. 201848050 del 10 de septiembre de 2018 (Apelación). Por su parte, la señora Valentina presentó la tutela el 13 de diciembre de 2018. 1.3.3. Para la Sala se cumple el requisito de inmediatez pues entre la fecha en que se expidió el último acto administrativo mediante el cual se negó la inclusión en RUV a la accionante (10 de septiembre de 2018) y la interposición de tutela (13 de diciembre de 2018) transcurrieron 3 meses y 3 días, término que la Sala estima prudencial. 1.4. Subsidiariedad 1.4.1. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, esta Corporación ha establecido que “un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”.[26] 1.4.2. En el asunto objeto de análisis, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Villavicencio (Meta) declaró que la señora Valentina podía acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver su controversia a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 1.4.3. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha señalado que resulta desproporcionado exigir a una víctima el agotamiento de los recursos en sede contencioso-administrativa y, por este motivo, declarar la improcedencia de la acción de amparo.[27] Además esta Corporación considera que la tutela es el mecanismo idóneo para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado “cuando su satisfacción depende de la inclusión en el Registro Único de Víctimas”.[28] 1.4.4. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta eficaz tratándose de casos en los que se cuestiona la inclusión en el RUV de personas que manifiestan ser víctimas del conflicto armado interno. 1.4.5. Con relación a lo anterior, diferentes salas de revisión han considerado que (i) la resolución de una controversia en la jurisdicción contencioso administrativo puede prolongarse considerablemente, lo que desconoce la urgencia que requieren las decisiones sobre los derechos de las víctimas del conflicto[29] y (ii) que las medidas cautelares que podrían solicitarse en ese tipo de procesos pueden resultar improcedentes para la protección de garantías fundamentales, en casos en los cuales “la actuación administrativa acusada pueda tener apariencia de validez porque existe una disposición legal que le sirva de sustento, pero dicha disposición se opone a normas sobre derechos fundamentales con rango constitucional”.[30] 1.4.6. Adicionalmente, la Sala Octava de Revisión en la sentencia T-290 de 2016[31] se pronunció acerca de la procedencia de la tutela para controvertir la motivación de los actos administrativos proferidos por la UARIV en los siguientes términos: “[S]i bien podría sostenerse que la acción de tutela es improcedente por cuando para cuestionar la motivación del acto administrativo expedido por la UARIV el afectado puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, debe considerarse que en estos casos el ciudadano que acude a la jurisdicción constitucional es sujeto de especial protección, y dado que la inclusión en el registro permite acceder a medidas asistenciales o de reparación por los hechos violentos victimizantes, para la Sala de Revisión es claro que el mecanismo ordinario de defensa antes mencionado no resulta eficaz para la protección oportuna de los derechos de las víctimas que acuden a pedir el amparo”. 1.4.7. Particularmente, en las sentencias T-301 de 2017,[32] T-299 de 2018[33] y T-211 de 2019[34] diferentes salas de revisión se pronunciaron de fondo frente a tutelas en las que los accionantes solicitaron la inclusión en el RUV y declaraban, entre otros, los hechos victimizantes de reclutamiento forzado y violencia sexual. En las providencias se estimó que el requisito de subsidiariedad debe flexibilizarse tratándose de víctimas del conflicto y dentro de su análisis es necesario considerar que el medio de nulidad y restablecimiento del derecho y las medidas cautelares dentro del mismo no son eficaces, a lo que se suma que los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede tardarse mucho y requieren de la asesoría de un abogado, contrario a lo que ocurre con la acción de amparo. 1.4.8. En el asunto de la referencia, los actos administrativos por medio de los cuales la UARIV negó la inclusión de Valentina en el RUV y no reconoció los hechos victimizantes declarados son susceptibles de ser controlados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, la Sala considera que la tutela procede de manera definitiva dada la ineficacia del mecanismo de defensa judicial para garantizar el amparo de los derechos de la accionante. 2. Problema jurídico De acuerdo con los antecedentes expuestos con antelación, la Sala Séptima de Revisión considera que el problema jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente: ¿La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso y a ser incluida en el RUV, cuando mediante actos administrativos negó la inscripción en esta herramienta por el hecho victimizante de abuso sexual bajo el argumento que su desmovilización se presentó cuando ya había cumplido la mayoría de edad, de manera que no se cumplía lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y al no pronunciarse respecto del hecho victimizante de reclutamiento forzado que declaró? Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala estudiará a continuación las siguientes temáticas: (i) el derecho fundamental de las víctimas a la inclusión en el RUV, (ii) el derecho al debido proceso administrativo, así como la motivación de los actos que resuelven solicitudes de inclusión en el RUV, (iii) el marco jurídico y jurisprudencial en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y (iv) la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado por violencia sexual y otros hechos victimizantes. 3. El derecho fundamental de las víctimas a la inclusión en el RUV[35] 3.1. La Corte Constitucional sostiene que “la condición de víctima del conflicto armado interno genera el derecho a la inclusión en el RUV de forma individual o con su núcleo familiar”.[36] 3.2. Asimismo, este Tribunal reconoce que la inscripción en el RUV constituye un derecho fundamental[37] dado que materializa el reconocimiento de las víctimas y el acceso a “los mecanismos de protección y garantía de atención, asistencia y reparación integral por vía administrativa, consagrados en la Ley 1448 de 2011”.[38] 3.3. Por su parte, la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” establece en su artículo 154 la responsabilidad de la UARIV del funcionamiento del Registro Único de Víctimas y que dicha herramienta estaría soportada en la información del antiguo Registro Único de Población Desplazada que manejaba la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 3.4. De igual forma, los artículos 155 y 156 de la ley antes enunciada disponen que la UARIV tiene 60 días para decidir sobre las solicitudes de inclusión en el RUV y que los funcionarios deben consultar las bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas y llevar a cabo la valoración de información contenida en la solicitud de registro, así como las pruebas recaudada en el proceso de verificación de acuerdo con los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. 3.5. Por su parte, el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015[39] define el RUV como “una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas” y que sirve como instrumento para (i) identificar la población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y (ii) como elemento para el diseño e implementación de políticas públicas, por lo que la inscripción no tiene efectos constitutivos con respecto a la calidad de víctima. 3.5.1.El artículo 2.2.2.1.4.[40] del mismo decreto señala que los servidores públicos deben interpretar las normas que los orientan teniendo en cuenta los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho, participación conjunta y los derechos a la confianza legítima, al trato digno y al hábeas data. Además, dispone que la UARIV tiene que adelantar “las medidas necesarias para que el Registro Único de Víctimas contribuya al conocimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica”. 3.5.2.A su vez, el artículo 2.2.2.3.5.[41] del decreto compilador determina que los servidores públicos encargados de recibir las solicitudes de registro deben “informar de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda ser víctima en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir para exigirlos” y tienen, entre otras, las siguientes responsabilidades: (i) garantizar la atención, preferente, digna y respetuosa de las personas que solicitan la inscripción, (ii) brindar orientación y (iii) recabar, en el Formato Único de Declaración, “la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como la caracterización socioeconómica del solicitante y de su núcleo familiar, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, desde un enfoque diferencial, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en el artículo 29 de la Ley 1448 de 2011”. 3.5.3.Finalmente, el Decreto 1084 de 2015 establece en el artículo 2.2.2.3.11.[42] que la verificación de los hechos victimizantes impone a la UARIV el deber de evaluar “elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le permitan fundamentar una decisión frente a cada caso particular” y realizar “consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes”. 3.6. El decálogo de artículos referenciados anteriormente contiene el estándar normativo impuesto a la UARIV y a los funcionarios de esta entidad cuando tengan que decidir sobre las solicitudes de inclusión en el RUV. Corresponde ahora hacer mención de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia para armonizar el análisis sistémico de las disposiciones antes reseñadas junto con la interpretaciones y decisiones contenidas en la jurisprudencia constitucional. 3.6.1.Además, esta Corporación ha sido enfática al sostener que el RUV es una herramienta de carácter técnico cuya inscripción no otorga la calidad de víctima pues se trata de un acto de carácter declarativo.[43] Sin perjuicio de lo anterior, reconoce que es un instrumento para identificar a los destinatarios de ciertas medidas de protección[44] y que “por su conducto (i) se materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso a planes de estabilización socio económica y programas de retorno, reasentamiento o reubicación y, (iii) en términos generales el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley”.[45] 3.7. Ahora bien, este Tribunal, dentro de la revisión de acciones de tutela, ha identificado falencias por parte de la UARIV al momento de llevar a cabo el proceso de valoración de las solicitudes de inclusión de personas en el RUV, dado el desconocimiento de los principios de carga de la prueba, buena fe y favorabilidad, además de la falta de motivación de dichos actos administrativos. Por lo anterior, y en aras de la protección de los derechos de las personas que pretenden ser registradas como víctimas del conflicto, la Corte reconoció que es posible ordenar la inscripción o la revisión de la declaración rendida cuando se verifique que la UARIV dentro de su actuación: “(i) ha efectuado una interpretación de las normas aplicables contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; (ii) ha exigido formalidades irrazonables o desproporcionadas o ha impuesto limitantes para acceder al registro que no se encuentran en las normas aplicables; (iii) ha proferido una decisión que no cuenta con una motivación suficiente; (iv) ha negado la inscripción por causas ajenas al solicitante; o (v) ha impedido que el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se halla en situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le niega la inscripción en el Registro”.[46] 3.8. Con respecto a la carga de la prueba y al principio de buena fe, la Corte ha sido enfática al reiterar que, en virtud del artículo 83 superior, se debe presumir la buena fe de las actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares. Al respecto, en la sentencia T-327 de 2001,[47] la Sala Sexta de Revisión analizó un caso en el que una persona solicitó la inscripción en el antiguo RUPD (Registro Único de Población Desplazada) y expuso que la presunción reconocida en la Constitución implica la inversión de la carga de la prueba y que “es a quien desea contradecir la afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia”. 3.8.1.A su vez, el proceso de valoración de solicitudes de inclusión en el RUV debe hacerse teniendo en cuenta que el Estado está obligado a respetar la presunción de buena fe, que las víctimas pueden acreditar el daño por cualquier medio aceptado y probar “de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba”.[48] 3.8.2.De esta manera, “en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante. En este sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así; los indicios deben tenerse como prueba válida; y las contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el solicitante falte a la verdad”.[49] 3.9. En suma, de acuerdo con el marco jurídico y la jurisprudencia constitucional, el RUV es una herramienta administrativa cuya inscripción no tiene efectos constitutivos de la calidad de víctima por ser un acto meramente declarativo, debe contribuir a la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica y permite, entre otras cosas, la identificación de los destinatarios de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011. 3.10. Por su parte, dentro del proceso de verificación para la inscripción en el mencionado registro, los funcionarios de la UARIV pueden acudir a bases de datos, a los sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas o a otras fuentes y deben valorar la información teniendo en cuenta la dignidad humana los principios de buena fe, confianza legítima, la prevalencia del derecho sustancial. Además, sus decisiones, necesariamente, tienen que evaluar elementos jurídicos, técnicos y de contexto. 4. El derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que resuelven solicitudes de inclusión en el RUV[50] 4.1. La Constitución Política contempla en su artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso que se aplica indistintamente a las actuaciones judiciales y administrativas. La Corte Constitucional reconoció desde sus inicios que esta garantía es una manifestación del Estado Social de Derecho que permite la protección de las personas frente a las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones[51] y cuya finalidad es salvaguardar la seguridad jurídica.[52] 4.2. Por su parte, la Corte Constitucional definió el derecho fundamental al debido proceso administrativo como la “regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos”.[53] De la misma manera, este Tribunal determinó que el debido proceso se aplica durante toda la actuación administrativa e involucra los principios de legalidad, competencia, publicidad, y los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria y de impugnación.[54] 4.3. Asimismo, esta Corporación reconoció que la motivación en la Constitución Política de 1991 es expresión del principio de publicidad que se consagró en el artículo 209 superior, el cual establece que “[l]a función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)” y que el Estado Colombiano se encuentra sometido al derecho, tal como se desprende del artículo 1 superior, por lo que la motivación “le da una información al juez en el instante que pase a ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si corresponde a los fines señalados en el mismo”.[55] 4.4. La Corte también señaló que el deber enunciado evita posibles abusos o arbitrariedades de la entidad que profiere el acto administrativo y asegura las condiciones sustanciales y procesales para que el administrado ejerza la defensa de sus derechos al controvertir la decisión que le es desfavorable.[56] 4.5. Ahora bien, esta Corporación recalcó que el deber de la UARIV de motivar las decisiones que resuelven solicitudes de inclusión en el RUV se reforzó por el artículo 42 del Decreto 4800 de 2011 (artículo 2.2.2.3.16. del Decreto compilador 1084 de 2015) que dispone que dicho acto administrativo deberá contener, entre otras cosas, “[l]a motivación suficiente por la cual se llegó a la decisión de no inclusión”, de manera que el administrado conozca las razones por las cuales se adoptó la determinación y cuente con elementos de juicio suficientes para controvertirla.[57] 4.5.1.Sobre el hecho victimizante de desplazamiento este Tribunal advirtió que “en caso de existir duda sobre las declaraciones de los solicitantes, se entiende que la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la negativa a la inscripción en el RUV”[58] y que, por tratarse de un instrumento de carácter fundamental que permite la identificación de los destinatarios de la política pública en materia de desplazamiento, los “pronunciamientos sobre el reconocimiento del registro deben ser responsables y acertados para cada caso en particular.[59] 4.5.2.En este mismo sentido, la Corte reconoció que “el acto administrativo por el cual se niega la inclusión en el RUV debe contar con motivación suficiente, por lo que la mera contradicción [con] la declaración de una persona no puede dar lugar a que se profiera una decisión en sentido negativo. En este escenario, la entidad, dentro de sus competencias, debe asumir la carga probatoria y demostrar que no se cumplen los supuestos para acceder a la solicitud de inscripción”.[60] 4.6. En este punto, es necesario hacer referencia a la sentencias T-163 de 2017[61] y T-149 de 2019,[62] en las que las salas Quinta y Segunda de Revisión, respectivamente, ordenaron a la UARIV que realizara las “gestiones administrativas necesarias para capacitar a los funcionarios encargados de resolver las peticiones y solicitudes relacionadas con la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), en relación con los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (tanto en sede de control abstracto de constitucionalidad como de revisión de tutelas). 4.7. En suma, este Tribunal reconoce que el derecho al debido proceso administrativo representa un límite al ejercicio del poder público y garantiza que las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones respeten los derechos de los involucrados, por lo que los procedimientos se deben adelantar con sujeción a los principios de legalidad, competencia, publicidad, y los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria y de impugnación, que hacen efectiva la intervención y defensa del administrado. 4.7.1.A su vez, la motivación es la expresión del principio de publicidad contenido en el artículo 209 superior y, de acuerdo con la jurisprudencia, evita abusos o arbitrariedades, permite al administrado conocer los motivos de una decisión administrativa que lo afecta para ejercer la defensa de sus derechos e intereses y hace posible que los funcionarios judiciales adelanten el control jurídico del acto. 4.7.2. Particularmente, la Corte considera que las decisiones sobre solicitudes de inclusión en el RUV deben ser motivadas por expresa disposición del artículo 2.2.2.3.16. del Decreto compilador 1084 de 2015 y que este deber, en esos casos, implica que el funcionario no se limite a negar la pretensión de la persona por la mera valoración de la declaración realizada para la inscripción, sino que su determinación encuentre sustento en material probatorio suficiente. 5. Marco jurídico y jurisprudencial en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley 5.1. El artículo 44 de la Constitución política dispone que los niños deben ser protegidos “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” y que existe una obligación en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado de asistirlos y protegerlos “para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 5.2. También existen varios instrumentos internacionales que se refieren al reclutamiento de niños y contienen las obligaciones de los Estados sobre la materia. 5.2.1.El artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, establece que “los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”. 5.2.2.Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en el numeral 3 del artículo 38 que los estados partes se deben abstener de “reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad”. 5.2.3.El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados en su artículo 3 se refiere a la edad para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas de los Estados parte. A su vez, el artículo 4 señala que “[l]os grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años” y la obligación de los Estados de adoptar medidas tendientes a impedir el reclutamiento de niños. 5.2.4.El artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional consagra que dentro de los crímenes de guerra se encuentra el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o la utilización de estos para participar activamente en las hostilidades. 5.2.5.Finalmente, en el artículo 3 del Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil se delimita la expresión “las peores formas de trabajo infantil” y se incluyó “todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. 5.3. Por otra parte, el numeral 7 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser protegidos, de manera que no resulten reclutados y utilizados por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. En el mismo sentido se encuentra el numeral 30 del artículo 40 de la ley que dispone la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes “contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley”. 5.4. La Ley 1448 de 2011, tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas. 5.4.1.El artículo 3 define quiénes se consideran víctimas para efectos de la ley y en el parágrafo 2 precisa que “[l]os miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”. 5.4.2.Por su parte, el artículo 181 establece que los niños, niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización y precisó que cuando se trata de “reclutamiento ilícito, deben haber sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad para acceder a la indemnización”. 5.5. La protección del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes también se ha desarrollado a nivel jurisprudencial. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional se han preocupado por la delimitación de esta práctica generalizada en el conflicto armado colombiano y por la adopción de medidas para su prevención. 5.6. Así pues, en la sentencia C-172 de 2004[63] se realizó la revisión de Constitucionalidad de la Ley 833 de 2003, por medio de la cual se aprobó el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados”. En esta oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad del protocolo teniendo en cuenta que su contenido se adecua y desarrolla los preceptos constitucionales. Sobre la protección de los niños y adolescentes frente al reclutamiento advirtió lo siguiente: “[E]n situaciones de conflicto armado los niños y niñas resultan ser blanco de hostilidades y los efectos sicológicos y sociales son profundos. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a la confrontación armada vulnera sus derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la educación, a la salud, a la familia y a la recreación, entre otros”. 5.7. En la sentencia C-203 de 2005[64] la Corte se pronunció sobre el proceso de juzgamiento de los menores desmovilizados de grupos armados ilegales. La providencia realizó un análisis con respecto a las causas, las razones y los efectos del fenómeno del reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos al margen de la ley. 5.7.1.Dentro de las consideraciones, la Sala Plena mencionó que las víctimas de reclutamiento forzoso “provienen de sectores sociales pobres, analfabetas y rurales”, su incorporación puede presentarse de manera forzada, aparentemente “voluntaria” y, excepcionalmente, de forma voluntaria y responde a motivos o presiones de tipo económico, social, cultural, político, psicológico o emocional. La Corte indicó que dentro del conflicto armado los niños y adolescentes cumplen tanto roles principales como de apoyo y que la “definición de ‘menor combatiente’ debe incluir a todos los menores que no cumplen funciones de combate propiamente dicho pero sí llevan a cabo alguno de los distintos roles de apoyo que pueden desempeñar en torno a las hostilidades”. 5.7.2.Para terminar, este Tribunal aseguró que “[l]os menores de edad son objeto de protección especial por el Derecho Internacional Humanitario, a varios niveles que resultan relevantes para conflictos internos tales como el colombiano; así, (i) en primer lugar los menores son protegidos como parte de la población civil, (ii) además reciben especial protección por tratarse de miembros particularmente vulnerables de la población civil, y (iii) cuandoquiera que participan directamente en las hostilidades, son beneficiarios de disposiciones protectivas específicas para su situación”. 5.8. En el Auto 251 de 2008, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional analizó la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. En la providencia se deja claro que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que toman parte del conflicto armado en Colombia y, dado su alto riesgo, constituye una de las principa...