Sentencia T-375 de 2021

T-375-21 Sentencia T-780/10 Sentencia T-375/21 DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y A LA PERSONALIDAD JURÍDICA-Vulneración por anular documentos de identidad, sin controvertir la veracidad de los hechos denunciados, ni escuchar descargos de la persona afectada (…), la Registraduría …, no efectuó las averiguaciones pertinentes a efectos de establecer la veracidad de los hechos denunciados por los testigos presentados por la accionante al momento de efectuar la inscripción extemporánea de su registro civil, ni comprobó la identidad de los otorgantes (padres), lo que constituyó una omisión de la Administración, de la cual se desprenden los perjuicios que actualmente afectan los derechos de la peticionaria. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Reglas jurisprudenciales PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Flexibilidad ante la eminencia de un perjuicio irremediable (…) la accionante está a punto de sufrir un perjuicio irremediable al no contar con una identidad que le permita actuar en sociedad, y ejercer sus derechos y obligaciones, y, en consecuencia, amerita una respuesta institucional urgente. DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Contenido y alcance ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD-Nombre, capacidad, estado civil, domicilio, nacionalidad y patrimonio DERECHO A LA NACIONALIDAD-Atributo de la personalidad y derecho fundamental autónomo/DERECHO A LA IDENTIDAD Y PERSONALIDAD JURIDICA-Precedente jurisprudencial (…), el Estado tiene el deber de protección de la situación jurídica de las personas en su territorio para (i) prevenir, evitar y reducir la apatridia y (ii) brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley sin discriminación. REGISTRO CIVIL-Importancia en el ejercicio del derecho a la personalidad CEDULA DE CIUDADANIA-Importancia y funciones que cumple (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia. NACIONALIDAD COLOMBIANA POR NACIMIENTO-Requisitos para registro extemporáneo de nacimiento de hijos de padres colombianos nacidos en el exterior DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance y contenido DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN LAS ACTUACIONES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Aspectos básicos DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Límite jurídico al ejercicio de las potestades administrativas DEBIDO PROCESO-Derecho a contar con una oportunidad para ser oído antes de la cancelación de la cédula Referencia: Expediente T-8.193.214 Acción de tutela instaurada por June Darlyn Archbold Berry en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes Cuartas y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de las decisiones judiciales proferidas en primera instancia por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020) y en segunda instancia por el Tribunal Superior del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso de tutela de la referencia. La acción de amparo fue seleccionada para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional[1] mediante auto proferido el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), notificado por estado el quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). I. ANTECEDENTES La señora June Darlyn Archbold Berry, mediante apoderado judicial, formuló acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud y la vida, así como, «los consagrados en los artículos 13, 23, 24, 48 de la Constitución Política»[2], por cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil[3] mediante acto administrativo resolvió anular su registro civil de nacimiento con fundamento en los numerales 4 y 5 del artículo 104 del Decreto 1260 de 1970[4] y ordenó la cancelación de su cédula de ciudadanía, actuación administrativa de la cual no tuvo conocimiento ni fue oída con el fin de ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas necesarias para probar su nacionalidad. 1. La demanda En síntesis, en la tutela, el apoderado de la accionante expone que: i) La señora June Darlyn Archbold Berry nació el 20 de junio de 1961 en San Andrés Isla[5], sus padres fueron los colombianos raizales Francisco Archbold Martínez y Maud Berry Taylor. Años después de su nacimiento, la accionante fue llevada por su padre a Nicaragua y regresó a su isla natal (San Andrés) «durante la época de la guerra que imperaba en ese país». ii) El 19 de enero de 1965, un incendio acabó con la Notaría Única y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del archipiélago; suceso que «cambió no solo la titulación de las propiedades de inmuebles en el departamento, sino que también arrasó el incendio con los Registros Civiles de nacimiento e incluso de defunción, entre otros documentos que para esa época existían en esas oficinas, ante lo cual hubo la necesidad y un periodo legal establecido para la reinscripción de tales documentos y de quienes tenían copia de los mismos»[6]. iii) El 29 de abril de 2014, las señoras Casma Rosa Archbold Bryan y Marves Forbes Mc.Lean de Santoya, en calidad de testigos, comparecieron ante la Registraduría Especial del Estado Civil de San Andrés, con el objeto de rendir declaración juramentada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento de la señora June Darlyn Archbold Berry. Lo anterior, con el fin de obtener la expedición del registro civil de nacimiento extemporáneo, en aplicación del artículo 50 del Decreto 1260 de 1970[7], modificado por el artículo 1 del Decreto 999 de 1988 y reglamentado por el Decreto 2188 de 2001. iv) El 2 de mayo de 2014, la RNEC expidió el registro civil de nacimiento de la accionante con NIUP 1.123.634.329 e indicativo serial 39920711. Con lo anterior, se le reconoció a la señora June Darlyn Archbold Berry la nacionalidad colombiana y se le expidió la cédula de ciudadanía con número 1.123.634.329. v) El 13 de octubre de 2020, la accionante se enfermó y al acudir al centro asistencial «Clarence Lynd Newball Memorial Hospital» se le informó que no era posible brindarle los servicios en salud. Por lo anterior, se acercó a su entidad promotora de salud (Nueva EPS) con el fin de verificar si se trataba de un problema en el pago de aportes por parte de su empleador. No obstante, la EPS le comunicó que «su servicio se encontraba al día en cuanto al pago por parte de su empleador; pero que tenía que acercarse a la Registraduría del Estado Civil para ver qué problemas tenía con su cédula[8]» vi) El 20 de octubre de 2020, la Registraduría del Estado Civil de San Andrés informó a la señora June Darlyn Archbold Berry que mediante resolución No. 5573 del 31 de mayo de 2019 se ordenó la anulación, entre otros, de su registro civil de nacimiento y procedió a notificarle personalmente el referido acto administrativo. Asimismo, la entidad accionada le comunico que, con base en el citado acto administrativo, se expidió la resolución No. 22092 de 2019 por medio de la cual se ordenó cancelar su cédula de ciudadanía por «falsa identidad». Así las cosas, la señora June Darlyn Archbold Berry, mediante apoderado judicial, formuló la presente acción de tutela al argumentar que con la decisión unilateral adoptada por la entidad accionada quedó «civilmente inexistente, sin reconocimiento de su personalidad, y además no podrá ejercer ninguna clase de derechos o actos o incluso obtener atención médica y estando en medio de una pandemia[9]». Adicionalmente, en el escrito de tutela se señala que, aun cuando la ley contempla algunos recursos que pueden formularse en contra de la resolución No. 5573 de 2019, la presente acción de tutela resulta procedente, pues «en medio de una pandemia como lo es la Covid-19, se ha procedido a dejar a mi mandante sin posibilidades de atención médica (sic) entre otros aspectos; poniendo en riesgo su salud (atención médica) y comprometiendo la vida misma del cual la primera es núcleo fundamental», teniendo en cuenta que «una vez su empleador tenga información de su situación de inexistencia jurídica» probablemente «también la despida o desvinculen laboralmente[10]». Así mismo, en la tutela se afirma que (i) la resolución No. 5573 de 2019 indica como causal de anulación del registro civil de nacimiento lo dispuesto en el artículo 104 (numerales 4 y 5) del Decreto 1260 de 1970, sin embargo, «la resolución en comento no señala específicamente las razones de la anulación del registro civil de nacimiento de mi mandante, lo cual tampoco permite una verdadera defensa frente a lo señalado como causa» y (ii) dentro del proceso administrativo que culminó con la resolución No. 5573 de 2019 no se respetó el debido proceso de la demandante, pues «nunca fue escuchada, ni tuvo la oportunidad de defenderse, ni controvertir o solicitar pruebas». Por todo lo anterior, en la acción de amparo se solicitó: «1. Que se le ampare el derecho fundamental al debido proceso, el debido proceso (sic); a la salud, la vida, por parte de la accionada, entre otros derechos fundamentales de la señora JUNE ARCHBOLD BERRY, los consagrados en los artículos 29, 13, 23, 24, 48 de la Constitución Política. Vulnerado por la Registraduria (sic) del Estado Civil». 2. Como consecuencia de lo anterior: i) que se ordene rehacer el trámite administrativo que dio nacimiento a la resolución 5573 de mayo 31 de 2019, y específicamente con relación a la decisión tomada frente a JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY en dicho acto administrativo y que tenga oportunidad de defensa y contradicción a mi mandante, por haberse violado el debido proceso. 3. Que se ordene a la accionada que emita orden de levantar el impedimento o la invalidez del registro civil de nacimiento y la cedula (sic) de mi mandante a fin de que pueda hacer uso de tales documentos y que consecuencialmente le permita contar con el servicio de salud, por cuanto se encuentra necesitada de atención médica y esa orden se emitió sin estar ejecutoriada la resolución 5573 de mayo 31 de 2019, no obstante, en la misma resolución se expresa que rige a partir de la ejecutoria y solo fue notificada a mi mandante el día 20 del discurrente (sic) mes y año»[11]. 2. Contestación de la demanda Mediante Auto del 4 de noviembre de 2020, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó correr traslado a la RNEC para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la demanda. En cumplimiento de lo ordenado en la citada providencia, se recibió la siguiente respuesta: 2.1. Registraduría Nacional del Estado Civil El Jefe de la Oficina Jurídica de la RNEC se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela y solicitó «DENEGAR lo pretendido frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que la Entidad (sic) no ha realizado ninguna acción u omisión que vulnere o ponga en peligro derechos fundamentales constitucionalmente protegidos»[12]. En síntesis, el representante de la entidad accionada afirmó que: Sobre la expedición de la resolución No. 5573 de 2019 i) El 19 y 20 de febrero de 2018, la Oficia de Control Interno de la RNEC ejecutó una auditoria en la Registraduría Especial de San Andrés, en la que se halló un «posible incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la inscripción extemporánea de registro (sic) civiles de nacimiento», entre los que se encontró el registro civil de nacimiento indicativo serial No. 39920711, correspondiente a la accionante, inscrita el 2 de mayo de 2014 a la edad de 53 años, pues no contaba con soportes para su inscripción. ii) De acuerdo con lo anterior, se solicitó a la Registraduría Especial de San Andrés copia de «los documentos antecedentes de la inscripción» del registro civil de nacimiento serial No. 39920711 de la accionante. Sin embargo, la referida entidad manifestó que en esa dependencia «no se encontraron documentos de antecedentes del mismo». iii) Una vez verificada la inscripción del mencionado registro, la misma resulta «apócrifa», pues se comprobó que se trata de una persona mayor de 18 años con «inconsistencias en la relación con los otorgantes (padre y madre) presuntamente de nacionalidad colombiana a nombre de BERRY TAYLOR MAUD JULETT y el señor ARCHVOLD (sic) MARTÍNEZ FRANCISCO, quienes en el mencionado registro aparecen sin información de documentos de identificación, sin cumplir con el artículo 3 de la Ley 43 de 1993[13]». iv) Consultado la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil, la RNEC evidenció que el registro civil de la señora June Darlyn Archbold Berry se adelantó mediante «documento antecedente TESTIGOS» y sin cumplir con los requisitos de ley para este tipo de inscripción en el registro civil colombiano, es decir, «que las personas tuvieron que presenciar el hecho o que hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando datos indispensables para la inscripción[14]». Adicionalmente, el Jefe de la Oficina Jurídica de la RNEC manifestó que, en virtud del debido proceso y con el fin de que la accionante ejerciera su derecho de defensa y contradicción, la Dirección Nacional de Registro Civil expidió la comunicación No. 064 de 2018 mediante la cual se informó el inicio de la actuación administrativa tendiente a «determinar o no la nulidad de la inscripción de registro civil de nacimiento». En esa medida, solicitó a la Registraduría Especial de San Andrés comunicar a los inscritos del inicio de aquella. En cumplimiento de lo anterior, la comunicación No. 064 de 2018 fue publicada en la página web de la RNEC por el término de 10 días hábiles, con acta de fijación del 7 de noviembre de 2018 y acta de desfijación del día 16 del mismo mes y año. Así mismo, el 19 de noviembre de 2018 se realizó la notificación por aviso y se desfijó el 26 de noviembre del mismo año, pues «no se encontró en nuestras bases de datos en el Archivo Nacional de Identificación (MTR), la dirección de JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY». Sobre la notificación de la resolución No. 5573 de 2019 i) El 4 de julio de 2019, mediante despacho comisorio, se solicitó a la Registraduría Especial de San Andrés coadyuvar en el trámite de notificación de la resolución No. 5573 de 2019 a la accionante. Asimismo, se requirió el acompañamiento de la Personería municipal del archipiélago para garantizar el debido proceso, y a su vez «la colaboración para ubicar al (sic) inscritos con el fin de adelantar el proceso de notificación personal». ii) Teniendo en cuenta la trazabilidad del artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, el 7 de junio de 2019, la resolución No. 5573 de 2019 se publicó en la página oficial de la RNEC. Igualmente, se notificó por aviso con acta de fijación del 17 de junio de 2019 y acta de desfijación del 25 de junio del mismo año. Finalmente, el Jefe de la Oficina Jurídica de la RNEC manifestó que esa entidad siempre «respetó y garantizó» el debido proceso de la accionante, pues las resoluciones No. 5573 y 22092 del 2019 se encuentran motivadas y debidamente notificadas. No obstante, pese a las actuaciones administrativas adelantadas por esa entidad, «durante el trámite de notificación y publicación tanto de la comunicación previa (actuación administrativa que dio inicio al trámite) como de la resolución [5573 de 2019], la inscrita no se hizo presente, quedando ejecutoriada el 26 de junio de 2020[15]». 4. Sentencias objeto de revisión 4.1. Primera instancia El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en sentencia del trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020) tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, a la personalidad jurídica, a la seguridad social y a la salud de June Darlyn Archbold Berry. En esa medida, ordenó (i) dejar sin efectos las resoluciones No. 5573 y 22092 del 2019 proferidas por la RNEC, (ii) otorgar plena validez al registro civil de nacimiento y a la cédula de ciudadanía de la accionante y (iii) rehacer la actuación administrativa que culminó con la anulación del registro civil de nacimiento de la peticionaria, «permitiéndosele ser escuchada dentro del mismo y respetando su derecho constitucional al debido proceso»[16]. Para sustentar lo anterior, el juez de primera instancia argumentó que: La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar las razones jurídicas con base en las cuales se anuló el registro civil de nacimiento de la accionante, pues «del recuento de los hechos relacionados con el proceso de expedición de las mismas normas y su notificación, no podemos hacer reparos, en cuanto se apegan a las leyes y decretos que regulan la materia». Sin embargo, aclaró que, en el caso objeto de análisis, resultaba necesario determinar si a nivel constitucional «tales decisiones, su proceso de formación y su notificación no quebranto (sic) derechos fundamentales a la peticionaria», pues aun cuando la accionada alega que legalmente se cumplió con el proceso establecido para la expedición de los actos administrativos de anulación de registro civil de nacimiento y cancelación de cédula de ciudadanía, también reconoce que «desconoció todo el tiempo el paradero de la afectada con la decisión y le fue imposible notificar[la] del inicio y de la decisión a la misma (sic)»[17]. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina afirmó que la señora June Darlyn Archbold Berry «no pudo ser oída dentro del proceso, no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, no pudo aportar pruebas o cuestionar las existentes y más aun, no pudo recurrir la decisión, porque como consta en el acta de notificación personal, esta diligencia solo ocurrió hasta el año 2020»[18]. Así las cosas, el juez de primera instancia concluyó que, aunque en el presente caso se respetó el debido proceso formal, se dio una «clara violación al debido proceso constitucional y sustancial de la actora, con el agravante de que al afectar el debido proceso, se afectan los derechos constitucionales a la personalidad jurídica, la seguridad social y la salud, justo en un momento donde el pleno ejercicio de los derechos civiles es fundamental, en particular el de la salud por motivo de la pandemia COVID-19»[19]. 4.2. Impugnación El Jefe de la Oficina Jurídica de la RNEC presentó escrito de impugnación[20] contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al considerar que la referida decisión debía revocarse para, en su lugar, negar las pretensiones «por vulneración al principio de subsidiariedad y en virtud de que no se ha afectado ningún derecho fundamental a la accionante». En primer lugar, la accionada afirmó que la decisión de tutela adoptada en primera instancia «genera inquietudes frente a la correcta administración de justicia», pues el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina «no valoró de forma adecuada toda la argumentación» expuesta en la contestación de la acción de amparo referente a la inscripción irregular de un registro civil de nacimiento. En segundo lugar, la RNEC resaltó que, frente a la contumacia de la señora June Darlyn Archbold Berry, el acto administrativo No. 5573 de 2019 fue notificado en los términos que señala la ley. En esa medida, aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad procesal al momento de ordenar la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía de la accionante, toda vez que se garantizó su debido proceso administrativo. En tercer lugar, reitero las consideraciones expuestas en la contestación de la tutela frente a la expedición de la resolución No. 5573 de 2019 y su respectiva notificación mediante aviso. Finalmente, el Jefe de la Oficina Jurídica de la RNEC informó que, en cumplimiento de la sentencia del 13 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, procedió a expedir la resolución No. 9376 de 2020, por medio de la cual dejó sin efecto parcial la resolución No. 22092 de 2019, mediante la cual se canceló por falsa identidad la cédula de ciudadanía No. 1.123.634.329 a nombre de June Darlyn Archbold Berry. 4.3. Segunda instancia El Tribunal Superior del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en fallo del quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021) revocó la sentencia proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en primera instancia y resolvió «denegar por improcedente» el amparo deprecado por la señora June Darlyn Archbold Berry [21]. El juez de segunda instancia advirtió que la resolución No. 5573 de 2019, proferida por el Director Nacional de Identificación, es un acto administrativo de contenido particular y concreto, como quiera que «modifica o produce la extinción de una situación jurídica en particular». Así mismo, señalo que la citada resolución encuentra sustento normativo en los numerales 4 y 5 del artículo 104 del Decreto-ley 1260 de 1970, que consagra: «(…) 4. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o éstos; 5. Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de ésta». Lo anterior, para concluir que, en el presente caso, se configuran las referidas causales, pues la anulación del registro civil de nacimiento de la accionante, inscrito extemporáneamente, se fundamentó en «inconsistencias en la relación con los padres otorgantes, quienes en el mencionado registro aparecen sin información de documentos de identificación, y por haberse expedido con base en testigos que no cumplían los requisitos legales, y que no presenciaron el hecho ni tuvieron noticia directa y fidedigna del mismo»[22]. De otro lado, el Tribunal Superior del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aseguró que a la accionante se le respeto el debido proceso administrativo, toda vez que la RNEC adelantó las actuaciones pertinentes para «poner en conocimiento de la actora las decisiones adoptadas dentro del trámite de nulidad de registros civiles determinados». Así, resaltó que la accionada, en aplicación del inciso 2 del artículo 69 del CPACA, notificó la resolución No. 5573 de 2019 mediante aviso publicado en su página web oficial y en la cartelera de esa entidad, tanto en la dependencia a nivel nacional como en la departamental ante la imposibilidad de ubicar a la accionante. Seguidamente, indicó que a partir del momento en que se notificó personalmente la resolución No. 5573 de 2019 (20 de octubre de 2020), surgió la oportunidad en cabeza de la usuaria de «controvertir el acto y ejercer su derecho en sede administrativa». Sin embargo, en el expediente «no obra prueba de haber ejercido la acción contenciosa de Nulidad y Restablecimiento a que hay lugar». Finalmente, el Tribunal Superior del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concluyó que «no se vislumbra afectación del derecho fundamental alegado en tal grado que amerite la intervención del juez constitucional», ni se allegaron elementos probatorios al expediente digital que «pudieran habilitar la procedencia de esta acción excepcional, en desplazamiento del mecanismo judicial ordinario referido ante la ausencia de perjuicio irremediable demostrado»[23]. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1. Esta Sala Séptima de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Invocación de la violación de un derecho fundamental 2. La accionante indica que con las actuaciones adelantadas por la RNEC en el trámite del proceso anulación «por falsa identidad» de su registro civil de nacimiento y cancelación de su cédula de ciudadanía, se desconocieron sus derechos al debido proceso, a la salud y la vida, así como, «los consagrados en los artículos 13, 23, 24, 48 de la Constitución Política». Legitimación en la causa por activa 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[24], está legitimada para actuar la persona cuyos derechos fundamentales presuntamente se encuentren amenazados o vulnerados. La señora June Darlyn Archbold Berry actuando mediante apoderado judicial se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales[25]. Legitimación en la causa por pasiva 4. La tutela se presentó contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, sujeto quien puede ser demandado mediante la acción de tutela en atención a lo dispuesto por los artículos 5 del Decreto 2591 de 1991[26] y, además, es la presuntamente responsable de la vulneración de los derechos invocados al haber ordenado la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía de la accionante. Inmediatez 5. Esta corporación ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[27], su interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[28]. Lo anterior, debido a que su finalidad es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. La Sala considera que este requisito se cumple en el presente asunto porque la acción de tutela fue presentada 3 de noviembre de 2020[29], esto es, trece (13) días después de que la RNEC le notificara personalmente a la accionante (20 de octubre de 2020) la resolución No. 5573 del 31 de mayo de 2019, proferida por el Director Nacional de Identificación. Para la Sala, este periodo de tiempo es prudencial y razonable, lo que acredita el presupuesto de inmediatez[30]. Examen de subsidiariedad[31] El carácter subsidiario de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional relativa a su procedencia respecto de actos administrativos. Reiteración de jurisprudencia 6. En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia constitucional se ha referido al carácter subsidiario de la acción de tutela[32] para indicar que este mecanismo no fue consagrado «para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos»[33]. Lo anterior, al reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos[34]. Así las cosas, esta corporación ha insistido en que la tutela no constituye «un medio alternativo, ni facultativo, que permita adicionar o complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por el Legislador»[35]. 7. La Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 2015 indicó que la exigencia de subsidiariedad se encuentra ligada, por un lado, a una «regla de exclusión de procedencia» según la cual se debe declarar la improcedencia de la acción cuando se verifique en el ordenamiento un medio judicial para defenderse de una agresión iusfundamental y, por otro, a una «regla de procedencia transitoria» que permite la admisión de la tutela cuando, a pesar de existir tales medios judiciales, tiene por objeto evitar un perjuicio irremediable. En la referida providencia, la Corte aclaró que, en atención al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la aplicación de la «regla de exclusión de procedencia» se supedita al deber del juez de apreciar, mediante un examen de aptitud abstracta e idoneidad concreta del medio, su eficacia y las circunstancias particulares del accionante. Asimismo, en la sentencia de unificación, esta corporación aclaró que la «regla de procedencia transitoria» permite que el juez de tutela se ocupe del problema iusfundamental antes de producirse el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción ordinaria o especializada competente, siempre y cuando se esté ante la configuración de un perjuicio irremediable. 8. En el caso específico de la acción tutela para cuestionar la validez o controlar los efectos de actos administrativos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que su procedencia es excepcional, pues el ordenamiento jurídico prevé medios ordinarios idóneos para adelantar su control judicial. En ese contexto, esta corporación afirma que la procedibilidad de la tutela depende de la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, evaluado en concreto y, cuya configuración exige[36]: «(i) La existencia de motivos serios y razonables que indiquen la posible violación de garantías constitucionales o legales. (ii) La demostración de que el perjuicio puede conducir a la afectación grave de un derecho fundamental. (iii) La verificación de que el daño es cierto e inminente –de manera que la protección sea urgente. (iv) Que se trate de derechos cuyo ejercicio se encuentre temporalmente delimitado. (v) Que los medios disponibles no sean lo suficientemente ágiles para juzgar la constitucionalidad y legalidad de los actos sancionatorios». 9. En este caso, la Corte Constitucional encuentra que la acción de amparo debe considerarse procedente y estudiarse de fondo, pues aun cuando contra la decisión de la RNEC es procedente interponer acciones contenciosas, la tutela se emplea para evitar un perjuicio irremediable.[37] 10. En efecto, en el presente caso, el perjuicio es más que inminente (es actual), porque hoy por hoy la señora June Darlyn Archbold Berry no es portadora de un documento de identidad válido que refleje los atributos de su personalidad. En esa medida, su derecho a la personalidad jurídica sufre una afectación continua y se deteriora progresivamente, pues legalmente no puede usar el nombre con el que se ha dado a conocer desde su infancia y con el que ha desarrollado las actividades propias de un plan de vida en libertad. Así, en cumplimiento de las decisiones adoptadas por la RNEC, en este momento la peticionaria no cuenta con un documento de identidad acorde con su propio reconocimiento y su realidad vivencial, por lo tanto, no puede actuar en sociedad con el nombre que la ha identificado siempre, mucho menos ejercer sus derechos ni obligaciones como ciudadana. 11. Ese perjuicio tiene la virtualidad de ser grave, toda vez que si se prolonga puede afectar no sólo su derecho a la personalidad jurídica, directamente relacionado con el registro civil de nacimiento, sino que dificulta en general su identificación, con lo cual se puede entorpecer de forma relevante el libre desarrollo de su personalidad, su relación con el Estado y con los demás particulares. Lo anterior por cuanto, el registro civil de nacimiento es definido como «el derecho a tener derechos»[38] y sustenta la alegación de la actora respecto de la violación de sus derechos a la salud y al trabajo, entre otros, como consecuencia de su actual situación, por lo que claramente afronta circunstancias graves que amenazan sus garantías fundamentales, de ahí que el caso amerita una respuesta institucional urgente e impostergable. 12. Con base en lo anterior es forzoso concluir que la tutela es el único camino que le queda a la peticionaria para proteger sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y al estado civil presuntamente vulnerados en circunstancias tan especiales. Si bien la decisión de la RNEC de anular el registro civil de nacimiento y cancelar la cédula de ciudadanía de la accionante, como acto administrativo que es, puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa, tal demanda, no obstante versar sobre una actuación violatoria de la Constitución, estaría llamada a no prosperar, pues la actuación de la entidad accionada encuentra respaldo legal en las normas que establecen: (i) la obligatoriedad de verificar la identidad de los padres otorgantes y (ii) que la declaración juramentada de los testigos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento de la inscrita se efectué en los términos que la ley demanda. Así las cosas, la vía contenciosa, como otro medio judicial de defensa, no sería eficaz, dado que la accionante está a punto de sufrir un perjuicio irremediable al no contar con una identidad que le permita actuar en sociedad, y ejercer sus derechos y obligaciones, y, en consecuencia, amerita una respuesta institucional urgente. Problemas jurídicos 13. De conformidad con lo anterior, le corresponde a la Sala Séptima de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos: 13.1. ¿La Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al efectuar la notificación por aviso de que trata el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 de la actuación administrativa No. 064 de 2018 y de las resoluciones No. 5573 y 22092 del 2019 mediante las cuales ordenó la anulación de su registro civil y la cancelación de su cédula de ciudadanía al argumentar la imposibilidad para efectuar la notificación personal por (i) no existir información de la accionante en las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación y (ii) ante la no comparecencia de la accionante luego de publicada la citación en la página web de la RNEC y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, en los términos del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011? 13.2. ¿La Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y al estado civil de June Darlyn Archbold Berry al ordenar anular el registro civil de nacimiento de la accionante y cancelar su cédula de ciudadanía por falta de información al momento de efectuarse la inscripción extemporánea del registro civil, sin tener en cuenta que tales irregularidades no fueron advertidas por la Registraduría Especial del Estado Civil de San Andrés, pese a que la ley determina que la autoridad competente se abstendrá de autorizar la inscripción en los casos en que exista duda razonable sobre la veracidad de los hechos denunciados? 14. Para resolver el problema jurídico planteado, se llevará a cabo un análisis constitucional sobre (i) el derecho a la personalidad jurídica y sus atributos como elementos esenciales de la condición humana en el Estado de derecho; (ii) la importancia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía en el ejercicio de derechos; (iii) el atributo de la nacionalidad y los requisitos para inscripción extemporánea en el registro civil (vi) el derecho fundamental al debido proceso administrativo y su incidencia en las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, derecho de las personas a ser oídas dentro de las actuaciones administrativas y, por último, se efectuará el (v) análisis del caso concreto. Derecho a la personalidad jurídica y sus atributos como elementos esenciales de la condición humana en el Estado de derecho. Reiteración de jurisprudencia. Derecho fundamental a la personalidad jurídica y sus atributos en el ordenamiento constitucional 15. A nivel nacional, el derecho a la personalidad jurídica se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política[39]. A su vez, en el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP-[40] en su artículo 16 indica que «todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica» y el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[41] -CADH- sostiene que «toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica». 16. Desde sus inicios, la jurisprudencia de esta cooperación ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la personalidad jurídica al indicar que está directamente relacionado con el artículo 13 superior, pues por medio de esa garantía «todos los seres pertenecientes a la raza humana tienen igual tratamiento dentro del ordenamiento jurídico en cuanto a derechos y obligaciones»[42]. 17. Así, la Corte en la sentencia T-485 de 1992 afirmó que además de ser una disposición de rango supralegal es un axioma fundamental para la interacción de la persona humana con el mundo jurídico. Seguidamente, en la sentencia C-486 de 1993 explicó que, con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, «la personalidad jurídica pasó a indicar, en el caso de la persona natural, su idoneidad para ser titular de todas las posiciones jurídicas relacionadas con sus intereses y actividades». 18. En la misma línea, en la sentencia C-109 de 1995[43], esta corporación aclaró que la personalidad jurídica comprende la posibilidad que tiene todo ser humano de ostentar determinados atributos que constituyen su esencia y comprende las características propias de la persona. Lo anterior, fue confirmado en la sentencia C-591 de 1995, al establecer que el concepto jurídico de sujeto de derecho se relaciona directamente con la unidad de pluralidad de deberes, responsabilidades y derechos subjetivos. 19. Así las cosas, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 14 superior, 16 del PIDCP y 3 de la CADH, la Corte Constitucional ha decantado una serie de reglas sobre el derecho a la personalidad jurídica[44] para indicar que el mismo: (i) conlleva una especial trascendencia práctica de carácter legal, pues es el medio por el cual se reconoce la existencia a la persona humana dentro del ordenamiento jurídico; (ii) es de carácter fundamental y parte esencial en la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución; (iii) su materialidad conlleva a los atributos propios de la persona humana; y (iv) es propio de los sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico constitucional[45]. Atributos de la personalidad 20. A su vez, la Corte ha definido los atributos de la personalidad como aquella categoría autónoma del derecho civil que tienen por finalidad «vincular la personalidad jurídica de los seres humanos con el ordenamiento legal». En ese sentido, se entiende que el derecho a la personalidad jurídica «se materializa mediante estos atributos aun cuando algunos de ellos también gocen del carácter de derecho fundamental». Tales atributos hacen referencia a: (i) el nombre; (ii) la capacidad; (iii) el estado civil; (iv) el domicilio; (v) la nacionalidad; y (vi) el patrimonio. 21. Al referirse a los atributos a la personalidad, la Corte en la sentencia T-241 de 2018 reiteró que los mismos tienen por finalidad vincular a la personalidad jurídica con el ordenamiento jurídico mediante una relación sine qua non, toda vez que aquellos suponen el reconocimiento de la esencia de la personalidad e individualidad y son inseparables del ser humano. Específicamente, en la mencionada sentencia T-241 de 2018, esta corporación se refirió al derecho a la nacionalidad como un atributo de la personalidad de carácter fundamental para reiterar que «[n]o puede aceptarse, en efecto, un ser humano (…) que no tenga una nacionalidad, como generalmente acontece, salvo casos excepcionales»[46]. Así mismo, también indicó que la nacionalidad es un derecho autónomo en los términos del artículo 96 de la Constitución, en el cual se establecen las condiciones generales para su reconocimiento, y aclaró que, la nacionalidad colombiana se puede adquirir «por nacimiento o por adopción». Así, recordó que la Constitución Política prevé que son nacionales colombianos por nacimiento, entre otros[47], «a) los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento»[48]. 22. A su vez, la jurisprudencia constitucional, al examinar la constitucionalidad de normas referentes a la adquisición de la nacionalidad en Colombia, ha manifestado que «siendo la nacionalidad el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, se estructura como derecho con los siguientes componentes: el derecho a adquirir una nacionalidad, a no ser privado de ella y a cambiarla»[49]. 23. Para esta corporación, tal vínculo legal significa «la existencia jurídica del individuo y el disfrute de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, así como la delimitación de las responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto del Estado como de la persona. Lo anterior por cuanto, la nacionalidad se erige como un derecho fundamental en tres dimensiones: «(i) el derecho a adquirir la nacionalidad, (ii) el derecho a no ser privado de ella y (iii) el derecho a cambiarla»[50]. Adicionalmente, el reconocimiento de la nacionalidad permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política. 24. En síntesis, la «nacionalidad es un derecho humano y fundamental, que refleja un vínculo natural y jurídico entre una persona y un Estado, a partir del cual surge una relación de fidelidad y protección mutuas, y un conjunto de derechos y obligaciones»[51]. En esa medida, el Estado tiene el deber de protección de la situación jurídica de las personas en su territorio para (i) prevenir, evitar y reducir la apatridia y (ii) brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley sin discriminación. La importancia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía en el ejercicio de derechos 25. En múltiples oportunidades, esta corporación se ha referido a la importancia que tiene el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía en el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier persona. En cuanto al registro civil de nacimiento, la Corte ha manifestado que su inscripción es un procedimiento que «sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte»[52]. 26. La Corte Constitucional en la sentencia T-090 de 1995[53] se refirió a la importancia y validez del registro civil de nacimiento y admitió la relación que existe entre el derecho constitucional al reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos jurídicos inherentes a la persona humana, como el estado civil de las personas. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que el estado civil comprende «un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la identifican y diferencian de las demás, y que la hacen sujeto de determinados derechos y obligaciones», y que su prueba se realiza por medio del registro civil de nacimiento. Así, señaló que negarle la validez al registro civil de nacimiento de una persona por un error imputable a la administración constituía una vulneración a su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, en la medida en que ello implicaba la negación de varios atributos de su personalidad como el nombre y la filiación. 27. Adicionalmente, esta corporación en la citada sentencia T-090 de 1995 concluyó que se violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la accionante «desde el momento en que en su registro civil se anotó la advertencia de ser este "inexistente"», pues «si el registro civil de una persona carece absolutamente de validez, entonces, para todos los eventos de especial relevancia, en los que aquél sea exigible como única prueba de las condiciones civiles, la persona carecerá del estado civil que conforme a la ley le corresponde». 28. De igual modo, la Corte en la sentencia C-004 de 1998[54] reiteró que el derecho a la personalidad jurídica tiene relación directa con el estado civil de las personas, permitiendo que los individuos sean titulares de atributos que son propios de la persona humana, además de ser una manifestación concreta «del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución». 29. Por otro lado, esta corporación en la sentencia C-109 de 2005 precisó que la filiación contenida en el registro civil de nacimiento es un atributo de la personalidad, «indisolublemente ligado al estado civil de la persona», pues, como atributo de la personalidad jurídica, constituye un derecho constitucional «deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica»[55]. En esa medida, la Corte insistió en que el registro civil de nacimiento es el instrumento por medio del cual se da cuenta de la existencia jurídica de las personas naturales en el territorio nacional, pues, aunque el ordenamiento jurídico reconoce la personalidad jurídica de las personas como elemento inherente de la existencia humana[56], es el registro civil el documento que contiene la información sobre el momento del nacimiento, así como otros datos de identificación que constituyen los demás atributos de la personalidad[57]. 30. Más adelante, la Corte Constitucional en la sentencia T-963 de 2001 reiteró que, doctrinalmente, se entiende que el estado civil «es un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad». Así mismo, en la referida oportunidad, se refirió al artículo 1 del Decreto 1260 de 1970, para señalar que «el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible». 31. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el registro civil de nacimiento es fundamental como requisito sine qua non para la expedición de la cédula de ciudadanía o de la tarjeta de identidad en el caso de menores de edad[58]. Por ello, la imposibilidad o anulación de la inscripción del nacimiento de una persona en el registro implica la negación de los atributos de la personalidad, e impide el ejercicio de otros derechos del individuo. 32. Respecto a la cédula de ciudadanía, la jurisprudencia ha señalado que solo con este documento «se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona. 33. La Corte en la sentencia C-511 de 1999 indicó que la Constitución y la ley asignan a la cédula de ciudadanía tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común. A saber: (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia. En ese sentido, esta corporación afirmó que «la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad»[59]. 34. Para esta corporación, la cédula de ciudadanía juega un papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años, y resulta un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Así como, para atestiguar la mayoría de edad y la capacidad civil total, física y mental, y permite ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles[60]. 35. Posteriormente, la Corte en la sentencia T-532 de 2001 afirmó que la cédula de ciudadanía también se encuentra vinculada al principio democrático de derecho y, por esa vía, a la legitimidad del Estado contemporáneo, toda vez que, al constituirse en un requisito para el ejercicio de los derechos políticos, se vincula directamente con la realización de la democracia, y por ende con la legitimidad del ejercicio del poder. Por lo tanto, precisó que la cedulación constituye un servicio público que «debe prestarse con especial interés pues no se trata sólo de la expedición de un documento público cualquiera sino de la concreción, para el ciudadano, de sus posibilidades de acceso a los derechos civiles y políticos reconocidos por el ordenamiento». El atributo de la nacionalidad y los requisitos para la inscripción extemporánea en el registro civil 36. El artículo 96 superior dispone que la nacionalidad colombiana puede ser por nacimiento o por adopción[61]. En cuanto a la primera de estas formas, la Constitución Política prevé que son nacionales colombianos por nacimiento, «a) los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y b) los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República». 37. Por otra parte, el Decreto 1260 de 1970[62] dispone que en el registro civil de nacimiento, además de los nacimientos que ocurran en el territorio nacional, también deberán inscribirse aquellos «ocurridos en el extranjero, de personas hijos de padre y madre colombianos»[63], esto dentro del mes siguiente a cuando ocurrió[64]. Igualmente, el artículo 50 del citado decreto prevé que cuando se solicite dicho registro «fuera del término prescrito», este debe ser acreditado con documentos auténticos, copia de las actas de las partidas parroquiales o con fundamento en declaraciones juramentadas presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos (2) testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él. 38. La inscripción extemporánea en el registro civil por parte de quienes si bien no nacieron en Colombia tienen a uno de sus progenitores de nacionalidad colombiana ha sido reglamentada por el Decreto 356 de 2017[65], en su artículo 2.2.6.12.3.1. La citada norma prevé que dicha solicitud que se adelanta ante el funcionario registral o consular y debe estar acompañada de los siguientes documentos: (i) Declaración bajo la gravedad de juramento de que la inscripción no se haya realizado previamente. (ii) Certificado de nacido vivo y en el caso de haber nacido en el extranjero, se requiere «el registro civil de nacimiento expedido en el exterior debidamente apostillado y traducido». (iii) Las partidas religiosas cuando corresponda. 39. Adicionalmente, el Decreto 356 de 2017 señala que en caso de no poder acreditarse el nacimiento con tales documentos, el solicitante o su representante, si fuese menor de edad, además de presentar una petición por escrito en donde relacione sus datos personales[66], «deberá acudir con al menos dos (2) testigos hábiles quienes prestarán declaración bajo juramento mediante la cual manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento del solicitante»[67]. 40. Así mismo, el artículo 2.2.6.12.3.2 del referido decreto dispone que cuando el nacimiento no ocurra en Colombia, es necesario que «al menos uno de los padres se encuentre debidamente identificado como nacional colombiano». 41. Esta corporación en la sentencia T-421 de 2017[68] reconoció la importancia de este registro, indicando que el mismo es «indispensable para que opere el reconocimiento estatal a la personalidad jurídica de todo ser humano y es, adicionalmente, la forma idónea para asegurar el ejercicio continuo y libre de muchos otros derechos». Lo anterior, al reiterar que «la forma idónea de asegurar que en efecto la persona sea alguien ante el Estado y de garantizar que pueda ejercer efectivamente sus derechos consiste en el registro civil de su nacimiento»[69]. Así, la Corte en la sentencia T-421 de 2017 concedió la protección de los derechos fundamentales a la nacionalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad, a la dignidad humana y a la salud de una persona adulta mayor a quien se le negó el trámite extemporáneo de inscripción del registro civil y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que permitiera su registro «de manera expedita como nacional (…), con base en declaraciones juramentadas rendidas por dos testigos ante Notario». Para sustentar lo anterior, señaló que el sistema registral preveía una solución que, si bien no era la regla general, era una «solución jurídica práctica» que permitía por vía de excepción la inscripción en el registro: la declaración juramentada de dos (2) testigos conforme con lo previsto en el artículo 50 del Decreto 1260 de 1970. Por lo demás, se indicó que la accionante no tenía por qué soportar tal situación, la cual implicaba «continuar sin la nacionalidad colombiana a la que ostensiblemente tiene derecho por el ius sanguinis, máxime habiendo regresado sus genitores a su patria, trayéndola con ellos». Finalmente, la Corte en la sentencia T-421 de 2017 aclaró que los adultos cuentan con la posibilidad de acreditar su nacimiento extemporáneo en la forma en la que lo indican tales disposiciones. Igualmente, resaltó que «el registro adquiere también una connotación fundamental puesto que implica la posibilidad de ejercer otros derechos del individuo dirigidos a adquirir y desplegar garantías y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política»[70]. 42. En conclusión, en la Constitución se prevé la nacionalidad colombiana por nacimiento, dentro de la que se encuentran los nacidos en el exterior con al menos un padre de nacionalidad colombiana. A su vez, la legislación dispone que la nacionalidad debe probarse con la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad o el registro civil de nacimiento y, siendo este último, el medio a través del cual se pueden ejercer efectivamente otros derechos. 43. En cuanto al registro civil de nacimiento, los colombianos por nacimiento que hayan nacido en el exterior pero que al menos uno de sus progenitores sea colombiano, la ley prevé en cuanto a la acreditación de su nacimiento, el acta de nacimiento apostillada y, en caso de no ser posible, la presentación de dos (2) testigos que den fe del hecho. La jurisprudencia constitucional al estudiar asuntos en los cuales se niega la inscripción extemporánea por falta de apostilla ha concedido la protección para los derechos fundamentales a la nacionalidad y a la personalidad jurídica toda vez que la norma prevé la forma de suplir la ausencia de apostilla con los testigos. Derecho fundamental al debido proceso administrativo y su incidencia en las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, derecho de las personas a ser oídas dentro de las actuaciones administrativas. Reiteración de jurisprudencia 44. Con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho fundamental al debido proceso no se limita a las acciones propias del ámbito judicial, sino que también se hace extensivo a las actuaciones que adelanta la Administración. 45. En ese sentido, esta corporación en la sentencia C-214 de 1994 definió el debido proceso como «el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción». 46. A su vez, la Corte en la sentencia T-455 de 2005 estableció que el derecho al debido proceso administrativo lleva aparejado las siguientes garantías: «i) La necesidad que la actuación administrativa se surta sin dilaciones injustificadas. ii) De conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas. iii) Ante la autoridad competente. iv) Con pleno respeto de las formas propias de la actuación administrativa previstas en el ordenamiento jurídico. v) En acatamiento del principio de presunción de inocencia. vi) De garantía efectiva de los derechos a ser oídos, a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en la actuación administrativa, a impugnar las decisiones que contra ellos se profieran, a presentar y a controvertir las pruebas y a solicitar la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso». 47. En lo que se refiere al debido proceso administrativo en actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta corporación en la sentencia T-308 de 2012 se pronunció sobre el derecho a la personalidad jurídica de una peticionaria a quien esa entidad le había cancelado su cédula de ciudadanía por haber sido reportada como fallecida. Al resolver el asunto, la Corte concluyó que la accionante no debía soportar la carga de restablecer los atributos de la personalidad jurídica ante las fallas y deficiencias de la Administración, quién aduciendo su fallecimiento había cancelado erróneamente su documento de identidad. Al respecto, precisó: «Cuando la Administración realiza una determinada actividad sin verificarla en debida forma y su ejecución origina la vulneración de los derechos fundamentales, en ella recaen las consec...