Sentencia T-363 de 2025

T-363-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-363/25 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por cuanto se afecta en su componente de habitabilidad al encontrarse en riesgo vivienda del accionante HABITABILIDAD DE VIVIENDA ADECUADA-Prevención de riesgos estructurales y garantía de la seguridad física de los ocupantes (la entidad accionada) vulneró el derecho fundamental a la vivienda digna en su faceta de habitabilidad y petición (...), al no generar un diagnóstico técnico claro y oportuno sobre el origen del daño estructural derivado de las filtraciones de agua que afectan su vivienda, pese a tener conocimiento de la situación desde septiembre de 2024. La entidad incurrió en una dilación injustificada al efectuar múltiples visitas técnicas que, lejos de esclarecer la situación, presentaron discrepancias relevantes entre sí. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia de la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable pese a existir otro medio de defensa judicial DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza y alcance DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Habitabilidad/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Elementos que configuran la habitabilidad DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA PARA POBLACION VULNERABLE, PERSONAS EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA O SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Importancia RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES-Obligaciones frente a la población localizada en zonas donde se puedan presentar desastres REUBICACION DE HOGARES CUANDO SUS VIVIENDAS NO CUMPLEN REQUISITOS DE HABITABILIDAD-Municipios tienen competencia en la atención y prevención de desastres SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-Mecanismos de prevención y atención de emergencias DERECHO DE PETICION-Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva PRESUNCION DE VERACIDAD EN TUTELA-Instrumento para superar el desinterés o la negligencia de una autoridad pública o un particular REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-363 de 2025 Referencia: expediente T- 11.057.521 Asunto: acción de tutela instaurada por Santiago, contra Agua Kpital Cúcuta S.A. Magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas. Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA Aclaración previa En este caso, se hará referencia a la esfera íntima y familiar del accionante. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63[1] del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 01 de 2025) y la Circular 10 de 2022[2], se considera necesario suprimir de esta providencia y de toda futura publicación, su nombre y el de sus familiares, así como cualquier otro dato o información que permita individualizarlos. Por eso se expedirán dos providencias, una donde se modificarán los nombres por unos ficticios y otra que contendrá los nombres reales de las partes. I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La Sala Novena de Revisión estudió la acción de tutela que presentó el señor Santiago en contra de la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. A la Corte Constitucional le correspondió determinar si dicha empresa y la Alcaldía Municipal de Cúcuta, vulneraron los derechos fundamentales a la vivienda digna en su faceta de habitabilidad y al derecho de petición, al no ofrecer una solución efectiva frente a las filtraciones y al deterioro progresivo de la vivienda del accionante, a pesar de conocer el riesgo estructural que enfrenta y su situación de vulnerabilidad. Por lo anterior, correspondió a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: "¿[v]ulneraron Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. y la Alcaldía Municipal de Cúcuta los derechos fundamentales a la vivienda digna en su faceta de habitabilidad y petición del señor Santiago y los sujetos de especial protección que habitan la vivienda, al no responder a los requerimientos ni adoptar medidas efectivas y oportunas frente a las filtraciones y deterioro progresivo de la vivienda, pese a conocer la situación de riesgo estructural?". Para ello, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a una vivienda digna, con énfasis en el deber de asegurar condiciones de habitabilidad adecuadas, especialmente cuando están comprometidos la salud, la seguridad o la integridad de personas pertenecientes a grupos de especial protección constitucional. También se refirió a la obligación de las autoridades locales en la gestión del riesgo de desastres y al contenido del derecho fundamental de petición, que exige una respuesta clara, de fondo, suficiente, oportuna y congruente. La Corte consideró que la acción de tutela cumplió con los requisitos de procedibilidad. En particular, concluyó que se acreditó el requisito de subsidiariedad dado que el señor accionante persona de la tercera edad, cabeza de familia y residente con menores de edad y una hija con discapacidad, no contaba con un mecanismo ordinario eficaz para proteger sus derechos ante una situación de urgencia. También consideró cumplido el requisito de inmediatez y constató la legitimación por activa y por pasiva. Al examinar el caso concreto, la Sala concluyó que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Identificó que la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. no emitió un diagnóstico técnico claro ni ejecutó una intervención definitiva, a pesar de contar con información desde el año anterior sobre las humedades y el deterioro progresivo de la vivienda. Tampoco practicó análisis físico-químicos ni bacteriológicos del agua, y no entregó una respuesta que permitiera al accionante comprender la situación y las acciones a seguir. La Corte también identificó una omisión institucional por parte de la Alcaldía Municipal de Cúcuta. A pesar de haber recibido información sobre el caso, no adelantó acciones orientadas a verificar la situación estructural ni articuló mecanismos de respuesta frente a los riesgos evidentes. Esta omisión resultó incompatible con sus deberes constitucionales en materia de prevención del riesgo y garantía del derecho a la vivienda digna. Por lo anterior, la Corte revocó el fallo que declaró improcedente la tutela y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna y al derecho de petición del señor Santiago y su núcleo familiar. Ordenó a la empresa accionada realizar un estudio técnico detallado, que incluya pruebas con geófono y análisis de la calidad del agua, y emitir una respuesta completa en un plazo de diez (10) días, si el problema se origina en la red pública de acueducto y alcantarillado, corresponderá a la empresa de servicios públicos realizar las intervenciones necesarias. También ordenó a la Alcaldía de Cúcuta verificar, dentro de los diez (10) días siguientes, el estado estructural del inmueble y adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo, sin superar un plazo máximo de un (1) mes. Las entidades accionadas deberán presentar un informe de cumplimiento ante el juez de primera instancia. Se ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigue a la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A ante su falta de respuesta oportuna. Por último, se solicitó a la Defensoría del Pueblo brindar acompañamiento y asesoría al accionante atendiendo a las particularidades del caso. II. ANTECEDENTES 1. El 24 de febrero de 2025, el señor Santiago, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la dignidad humana, a la vida, a los derechos de los niños y de los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional. Esto como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la entidad para realizar reparaciones en su inmueble debido a humedades presentadas en la tubería de aguas. Para fundamentar la solicitud de amparo, narró los siguientes: 1. Hechos[3] 2. El accionante manifestó tener 74 años de edad, estar casado con la señora Mariana quien también tiene 74 años y vivir con ella en una vivienda, de la cual afirmó ser propietario desde hacía aproximadamente 42 años[4]. El actor se encuentra activo en el régimen subsidiado en salud como cabeza de familia. 3. El señor Santiago afirmó que además de vivir con su esposa, vivían con su hija con discapacidad[5], su bisnieto Camilo de 11 meses, su nieto Miguel de 12 años y cuatro personas adultas en condición de arrendatarios[6]. 4. El actor afirmó que desde septiembre de 2024, se presentó una humedad en una pared de la sala de su vivienda, la cual fue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar casi la mitad de la pared y varias zonas del inmueble. Por ello, adelantó diferentes gestiones ante las entidades accionadas para resolver la problemática. El siguiente cuadro detalla estas actuaciones: Tabla 1. Fecha Hechos ocurridos Octubre de 2024 El señor Santiago realizó llamadas a Aguas Kpital de Cúcuta S.A. E.S.P. a través de las líneas telefónicas, con el fin de reportar la situación y solicitar atención técnica. Aseguró que a pesar de que recibió códigos de radicado, las visitas de funcionarios o contratistas no ofrecieron solución, ya que le manifestaron que el daño correspondía a una tubería ajena a la red y que debía ser intervenido por un técnico especializado, cuyo servicio tendría un costo de $150.000 por hora[7]. El señor manifestó estar dispuesto a cubrir dicho costo, pero ningún técnico acudió al domicilio y el problema persistió Finales de noviembre 2024 El accionante informó que comenzó a brotar agua desde una esquina del piso de la sala, generando un cráter de aproximadamente 40 centímetros de profundidad y un metro y medio de largo. Desde entonces, el accionante y su familia empezaron a absorber esa agua con esponjas, recolectando cerca de un galón cada dos horas y arrojándola a la calle, debido a que salía sucia tras pasar por el subsuelo. El ciudadano aclaró que el agua era limpia, pero se contaminaba al atravesar el suelo, y expresó su preocupación por el debilitamiento del terreno, ya que también comenzó a salir agua por la cocina. Diciembre de 2024 El actor aseguró que se evidenció justo enfrente de su casa como brotaba agua en la vía pública. A comienzos del mes, el actor volvió a comunicarse con la empresa para reiterar la situación y fue atendido por el funcionario, quien le asignó el radicado No. 8523996. En dicha oportunidad, los operarios acudieron y repararon un tubo suelto localizado debajo de la carretera. Los funcionarios le recomendaron al accionante continuar insistiendo para que se enviara un técnico especializado, pero, pese a las llamadas, nunca fue enviado personal profesional para revisar el interior del inmueble[8]. 5. Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, el 24 de febrero 2025, el accionante no había recibido visita alguna por parte de un técnico enviado por Aguas Kpital de Cúcuta S.A. E.S.P. 6. Señaló que su vivienda se continuaba deteriorando por causa de la humedad, con paredes greteadas, columnas despegadas, pintura dañada y baldosas partidas. El accionante aportó las siguientes imágenes de su vivienda[9]: 7. En consecuencia, el señor Santiago solicitó que se le ordenara a la entidad accionada: “enviar a su equipo técnico y/o profesional para estos casos para que ubiquen y reparen el daño que tanto daño le ha causado a mi vivienda y que pone en peligro los derechos fundamentales propios, de mis bisnietos menores de edad y de mi esposa”[10]. 2. Trámite procesal 8. Mediante auto del 27 de febrero de 2025, el Juzgado 007 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta avocó conocimiento de la acción, le corrió traslado a la entidad accionada y vinculó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y a la Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos de la Alcaldía de San José de Cúcuta. 3. Respuesta de las accionadas y vinculadas 9. Aguas Kpital Cúcuta S.A. ESP[11]. El 4 de marzo de 2025, informó que, en atención al reporte realizado por el accionante, se generó la solicitud No. 8622650, con base en la cual la Dirección de Mantenimiento y el Centro de Negocio de Acueducto ordenaron pruebas técnicas orientadas a determinar el origen de una filtración de agua en el predio del accionante. Estas labores se ejecutaron el 3 de marzo de 2025, incluyendo pruebas de geofonía sobre el trazado de la red (Acta de Reparación No. 346320), y geofonía punto a punto en los medidores de viviendas vecinas (Acta de Reparación No. 346317), lo que permitió identificar una fuga en el predio, situado en la parte posterior y más alta del inmueble del accionante. 10. La entidad aseguró que al ingresar a ese predio, se evidenció derrame de agua potable por fallas en el sistema de almacenamiento, el cual escurría sin canalización adecuada hacia el solar posterior del accionante. También se intentó realizar toma de muestra del agua para verificar sus características físico-químicas, pero la labor no pudo completarse debido al mínimo caudal observado. Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P también reportó que, en el pasado, atendió dos daños en las redes 3 en las cercanías del predio (el 14 de diciembre de 2024 y el 24 de enero de 2025), y que en el año 2020 se reparó un daño en la acometida del inmueble del accionante. 11. Con base en las inspecciones técnicas, concluyó que la filtración no provenía de la red pública, sino que tenía origen en un daño interno o mal manejo del recurso hídrico por parte de un predio vecino. Finalmente, invocando el artículo 21 del Decreto 302 de 2000, señaló que el mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los propietarios de los inmuebles, por lo cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al no haberse configurado vulneración de derechos fundamentales atribuible a su actuación[12]. 12. Por otro lado, tanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[13] como la Alcaldía de San José de Cúcuta y su Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos Domiciliarios solicitaron su desvinculación del proceso, al considerar que no tienen legitimación en la causa por pasiva. La Superintendencia indicó que, tras revisar su sistema de gestión documental (CRONOS), no encontró registro alguno de peticiones del accionante y que no se allegó prueba de trámite previo ante dicha entidad; además, explicó que su función se limita a la inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios, sin intervenir directamente en la prestación del servicio. Por su parte, la Alcaldía[14] y su Subdirección de Gestión aclararon que los hechos relatados en la tutela corresponden exclusivamente a la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P., con quien el accionante mantiene una relación directa como usuario. En ese sentido, señalaron que no tienen competencia en la prestación del servicio ni han recibido peticiones relacionadas con los hechos que motivan la acción. 4. Sentencias objeto de revisión 13. Primera instancia. En sentencia del 11 de marzo de 2025, el Juzgado 007 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta declaró improcedente la acción de tutela. Indicó que el accionante contaba con otros medios judiciales y administrativos para reclamar sus derechos, entre ellos acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Resaltó que, según el informe de la empresa, las inspecciones realizadas descartaron que la filtración proviniera de la red pública y, por el contrario, sugirieron que el daño era interno o atribuible a predios vecinos, cuyo mantenimiento corresponde a sus propietarios conforme al artículo 21 del Decreto 302 de 2000. 14. Por último, el despacho desvinculó del proceso a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Alcaldía de San José de Cúcuta y a su Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos, por no evidenciarse vulneración o amenaza de derechos fundamentales atribuibles a estas entidades. 15. El accionante no impugnó la decisión de instancia. 5. Pruebas que obran en el expediente Junto con el expediente se anexaron las copias de: i) Documento de identidad del accionante. ii) Documentos de identidad de las personas que habitan el inmueble. iii) Álbum fotográfico de la vivienda. iv) Copia del recibo de Pago de Aguas Kpital Cúcuta S.A. v) Copia del certificado de existencia y representación legal de Legal de Aguas Kpital Cúcuta S.A ESP. vi) Poder Especial de Aguas Kpital Cúcuta S.A ESP. vii) Actas de reparación No. 346320 – 346317 – 306318. viii) Copia acta de visita del 4 de julio 2025 No. 355430. ix) Contrato de Operación 030 de 2006. x) Procedimiento MPT-ACU-P-01. xi) 18 actas técnicas correspondientes a visitas y reparaciones. xii) El informe de muestras de laboratorio de agua. xiii) Informe reporte Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P 6. Actuaciones en sede de revisión[15] 16. La Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional mediante auto del 30 de mayo de 2025 seleccionó este expediente para revisión. Por sorteo, el asunto fue repartido a la Sala Novena de Revisión presidida por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas. 17. Mediante auto del 27 de junio de 2025, el magistrado sustanciador consideró necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión definitiva. 18. En concreto, el despacho solicitó a las partes involucradas que le informaran a la Corte sobre: (i) la situación socioeconómica actual del accionante y los hechos que podrían comprometer su vivienda; (ii) los procedimientos adelantados por Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. para evaluar el nivel de riesgo del inmueble, incluyendo si ha habido modificaciones en sus estudios posteriores a la presentación de la acción de tutela; y (iii) las acciones adelantadas, omitidas o proyectadas por parte de las autoridades locales respecto de las condiciones habitacionales del inmueble, así como la existencia de medidas de articulación interinstitucional con la empresa prestadora del servicio o con otras entidades. En sede de revisión, se ordenó la vinculación de la Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos Domiciliarios, la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 7. Respuestas recibidas en sede de revisión Tabla 2. Respuestas recibidas que obran en el expediente de tutela Accionante El accionante relató que era una persona de 74 años, perteneciente a la tercera edad, sin pensión ni contrato laboral estable. Señaló que se dedicaba a trabajos esporádicos de albañilería y reparaciones de vivienda, únicamente cuando conocidos o familiares lo contrataban. Como ingreso mensual relativamente constante, recibía cerca de $900.000 por el arrendamiento de tres habitaciones en su vivienda ubicada en el barrio Bogotá, comuna 3 de Cúcuta. Uno de los arrendatarios era su nieto, quien vivía con su pareja y su familia. Indicó que su nivel educativo era bajo, pues solo cursó hasta tercer grado de primaria, aunque sabía leer y escribir. Estaba afiliado al régimen subsidiado en la Nueva EPS y al Sisbén, pero consideraba que la clasificación asignada como “no vulnerable” era equivocada, ya que no reflejaba su realidad actual. Informó que algunos de los habitantes de la vivienda tenían clasificación A1 pobreza extrema. Agregó que había solicitado “sin éxito apoyos institucionales tanto del Sisbén como de Prosperidad Social, siendo excluido él, su esposa y su hija de los programas de ayuda”. El actor informó que en su casa vivían nueve personas, incluidos su esposa, su hija con discapacidad, su nieto, la pareja de este, dos menores de edad, su exnuera y un adulto adicional sin parentesco. Aclaró que su esposa e hija dependían económicamente de él, y que en el grupo familiar coexistían personas en condición de especial protección, como adultos mayores, personas con discapacidad y niños. Aunque afirmó que no habían padecido enfermedades físicas o mentales a causa de las humedades y filtraciones, indicó que la situación generaba una constante zozobra. Manifestó su temor ante un eventual desalojo o colapso del inmueble. Señaló que la vivienda no hacía parte de ningún programa de interés social. Describió un deterioro grave del inmueble: grietas generalizadas, paredes húmedas hasta media altura, pisos fracturados y desplazamiento de la estructura hacia el frente. El ciudadano manifestó que para evitar un colapso, tuvieron que instalar palos gruesos que sostuvieran el segundo piso. Explicó que no se habían hecho reparaciones porque el daño persistía y consideraba necesario que primero se intervinieran las causas estructurales, especialmente las tuberías afectadas. Aclaró que no había humedad visible en la vía pública frente a su vivienda, pero sí en las paredes externas que colindan con ella, donde se observaban manchas y moho. Sobre el posible origen del daño, sostuvo que no existía certeza de que proviniera de un predio vecino. Aunque Aguas Kpital mencionó inicialmente un inmueble colindante como posible fuente de la filtración, los propios vecinos, tras conversar con él, mandaron a revisar sus tuberías sin que se encontrara relación alguna con el daño. Recalcó que la afectación no era un hecho aislado, ya que al menos otras tres viviendas del sector estaban en condiciones similares. Respecto a sus gestiones, explicó que había realizado múltiples llamadas a la línea de atención de Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P y acudido personalmente a la Alcaldía de Cúcuta, sin obtener soluciones. Desde la interposición de la tutela, refirió que su casa fue visitada en cuatro ocasiones por contratistas de la entidad accionada, quienes tomaron fotografías, elaboraron informes y prometieron enviar cuadrillas para atender el daño, sin que ello se materializara. La última visita tuvo lugar el 4 de julio de 2025, y al igual que las anteriores, concluyó sin intervención efectiva. El actor aportó el informe entregado el día 4 de julio de 2025 por un funcionario de la entidad Aguas Kpital quien refiere “se visitó, se miró la casa en compañía del señor y puedo mirar uno de los muros húmedo y es una humedad constante lo cual es causa de agua y hay que mirar si es daño interno o puede ser de una tubería principal, favor mirar de manera urgente este caso con geófono”. Aguas Kptital Cúcuta S.A Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. informó que, con posterioridad al 3 de marzo de 2025, ha realizado múltiples actuaciones técnicas tanto en el inmueble del señor Santiago, como en los predios colindantes. Las intervenciones se iniciaron con la solicitud No. 8622650, ejecutada el 3 de marzo de 2025, fecha en la cual se ordenó ubicar y reparar un posible daño. A partir de entonces, se efectuaron diversas visitas y pruebas, entre ellas una geofonía realizada el 3 de marzo de 2025 (acta 346317), que arrojó sonido frente al predio; al día siguiente, el 4 de marzo de 2025 (acta 346319), se ingresó nuevamente a la vivienda del accionante sin resultados concluyentes, y el usuario sugirió realizar una excavación por la parte posterior. El 5 de abril de 2025 (acta 345136), se informó que el predio estaba desocupado y no se pudo avanzar en las pruebas; el 6 de mayo de 2025 (acta 351187), se detectó filtración en un predio más bajo, sin hallazgos concluyentes en la geofonía; y el 21 de mayo de 2025 (acta 352325), se realizaron apiques sin localizar la fuga, por lo cual se adelantó prueba de trazado en el ramal principal para su posterior seguimiento. De la contestación se infiere que existieron reparaciones en la vía con fecha del 13 de junio de 2025 (acta 353732), se reportó que el daño ya había sido reparado y se procedió a cerrar el caso; el 14 de junio de 2025 se tapó la excavación; y el 18 de junio de 2025 (acta 354065), se terminó con el resane de la vía en concreto. Frente a la acción de tutela presentada el 24 de febrero de 2025, la empresa señaló que no se han registrado nuevas peticiones, quejas o reclamos del accionante. Asimismo, indicó que no se han efectuado muestreos físico-químicos ni bacteriológicos en el predio del señor Santiago ni en los inmuebles colindantes, aunque sí en el barrio Bogotá, donde en marzo de 2023 se tomó una muestra de agua cruda en otro predio, la cual fue analizada. En cuanto a los protocolos aplicados, señaló que se activó el procedimiento MPT-ACU-P-01, el cual contempla la atención de filtraciones que puedan comprometer estructuras, y que este fue aplicado en el presente caso conforme a lo descrito. Aguas Kpital también reconoció haber recibido reportes similares en el barrio Bogotá durante los años 2024 y 2025. En particular, el 14 de diciembre de 2024 se reportó un tubo roto frente al inmueble del accionante (acta 335608), lo cual fue atendido mediante excavación y reparación de la línea de 3” (acta del 16 de diciembre de 2024), y posteriormente, el 21 de diciembre de 2024 (acta 341476), se replanteó la calzada en concreto. Desde marzo de 2025, se identificó además una fuga o manejo inadecuado del recurso hídrico en el predio vecino, topográficamente más alto, donde se evidenciaron derrames y vertimientos de agua potable por fallas en el sistema de almacenamiento, sin conducción adecuada del efluente. Se realizaron pruebas de trazado para verificar si ese flujo llegaba al predio del accionante, sin que se lograra ubicar el origen exacto. La empresa informó verbalmente al residente del predio, aunque este se negó a entregar su identidad, y señaló que, por tratarse de un conflicto entre particulares, no puede imponer medidas correctivas. Tampoco ha emitido comunicaciones escritas al accionante ni a autoridades municipales, limitándose a explicaciones verbales. En cuanto al marco contractual, la empresa indicó que el Contrato de Operación 030 de 2006 no contempla cláusulas específicas sobre filtraciones ni atención diferenciada a población vulnerable, por lo que se remite al artículo 21 del Decreto 302 de 2000. Finalmente, precisó que antes del trámite de la tutela no tenía conocimiento de que en el predio habitaran personas pertenecientes a grupos de especial protección constitucional ni de afectaciones estructurales, motivo por el cual no se realizó una valoración anticipada del riesgo. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios La Superintendencia indicó que, tras revisar su sistema de gestión documental (CRONOS), no encontró registro alguno de peticiones del accionante y que no se allegó prueba de trámite previo ante dicha entidad; además, explicó que su función se limita a la inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios, sin intervenir directamente en la prestación del servicio. Superintendencia de Notariado y Registro La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos informó que no es posible identificar al propietario del inmueble únicamente con base en la dirección, dado que su sistema de información se organiza por número de matrícula inmobiliaria o por el nombre e identificación del propietario, y no por ubicación geográfica. Señaló que el Certificado de Tradición y Libertad solo puede generarse a partir del número de matrícula correspondiente, el cual no fue suministrado en el requerimiento. Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta La entidad vinculada fue notificada mediante auto del 27 de junio de 2025; no obstante, no remitió respuesta a lo requerido por esta Corporación. Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos Domiciliarios La entidad vinculada fue notificada mediante auto del 27 de junio de 2025; no obstante, no remitió respuesta a lo requerido por esta Corporación. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia 19. La Sala Novena de Revisión es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión 20. Con base en los antecedentes descritos y la información allegada, le corresponde a la Sala examinar la procedencia de la presente acción de tutela. En caso de que proceda, la Corte deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneraron Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. y la Alcaldía Municipal de Cúcuta los derechos fundamentales a la vivienda digna en su faceta de habitabilidad y petición del señor Santiago y los sujetos de especial protección que habitan la vivienda, al no responder a los requerimientos ni adoptar medidas efectivas y oportunas frente a las filtraciones y deterioro progresivo de la vivienda, pese a conocer la situación de riesgo estructural? 21. Por otra parte, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala ha constatado que el actor solicitó en múltiples ocasiones a la entidad accionada verificar su vivienda debido a las humedades presentadas. En ese sentido, aunque el accionante hizo mención al amparo de su derecho de petición no explicó específicamente en qué consistía dicha afectación. Por lo tanto, la Corte verificará si aquel fue vulnerado en atención a las facultades ultra y extra petita[16] del juez constitucional. En particular, se examinará si Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P lo desconoció al no suministrar al actor una respuesta clara, de fondo y suficiente sobre el origen del daño en su vivienda. 22. Con el fin de resolver la cuestión formulada, la Corte se referirá a: (i) la vivienda digna en su faceta de habitabilidad, (ii) las obligaciones de las autoridades locales frente al derecho a la vivienda digna ante riesgos de desastres, (iii) el derecho fundamental de petición, y (iv) principio de presunción de veracidad y la carga de la prueba en el proceso de tutela. Con fundamento en lo anterior, la Sala (v) estudiará el caso concreto. 3. El derecho a la vivienda digna en su faceta de habitabilidad[17] 23. El artículo 51 de la Constitución indica que “[t]odos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho”. El derecho a la vivienda también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[18], el cual reconoce en su artículo 11 el derecho de “(…) toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (…)” (negrilla no original). 24. En la jurisprudencia constitucional, la protección de este derecho ha pasado por dos etapas. En un primer momento el derecho a la vivienda se amparó a través del criterio de conexidad[19]. Luego, a partir de 2013, la Corte Constitucional lo reconoció como derecho fundamental autónomo. En la Sentencia T-163 de 2013, reiterada en la T-547 de 2019, expuso: “En resumen, (i) en un principio el derecho a la vivienda digna no era considerado fundamental por su contenido principalmente prestacional, (ii) para adquirir el rango de fundamental, debía estar en conexidad con un derecho fundamental, como por ejemplo la vida o el mínimo vital y, (iii) en la actualidad, esta Corte ha afirmado que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo, y lo determinante es su traducción en un derecho subjetivo y su relación directa con la dignidad humana” [20] (negrilla no original). 25. El carácter de fundamental de este derecho se presenta en casos particulares. La Corte lo ha protegido frente a la población desplazada[21], ante los proyectos de reubicación de familias en sectores vulnerables[22] o en casos de desalojo, frente a los cuales deben respetarse otras garantías como el debido proceso o la confianza legítima[23]. Sin embargo, no se ha desconocido su carácter prestacional y que se trata de un derecho económico, social o cultural que tiene un fuerte componente programático. 26. Ahora bien, las facetas que componen el derecho son las señaladas en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[24], la cual ha sido usada reiteradamente por esta Corporación para su comprensión y delimitación[25]. En ella se establecen siete elementos que deben ser tenidos en cuenta en cualquier contexto para garantizar el derecho a una “vivienda apropiada”. En concreto, sobre la faceta más relevante para el caso concreto se indica: “(…) d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas. (…)”. 27. Sobre la faceta de habitabilidad, la Corte ha considerado que la afectación de esta puede vulnerar otros derechos, como la seguridad o la integridad personal. Por lo anterior, se ha concluido que la habitabilidad se compone de dos elementos: (i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la garantía de la seguridad física de los ocupantes[26]. 28. Sobre este punto, en la Sentencia T-206 de 2019 se estableció que “el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa, a cargo del Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no estén amenazadas. Lo anterior, implica que las autoridades municipales deben (i) tener la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes; (ii) mitigar el riesgo generado por la inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas; y (iii) cuando los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas”[27]. 29. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el derecho a la vivienda digna adquiere un carácter reforzado cuando está en juego la situación de sujetos de especial protección constitucional. Así, en la Sentencia T-193 de 2025 se reiteró que este derecho supone asegurar un lugar seguro y adecuado para habitar y que el Estado tiene el deber de brindar una protección especial a quienes se encuentran en condiciones de indefensión o debilidad manifiesta, como las personas de la tercera edad, los niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad. En dicha providencia se enfatizó que las autoridades están obligadas a adoptar medidas prioritarias y diferenciadas para garantizar el goce efectivo de este derecho, pues en el caso de los menores de edad se trata de un presupuesto indispensable para su desarrollo integral. 30. En conclusión, se tiene que (i) la Constitución y el bloque de constitucionalidad reconocen este derecho; (ii) la jurisprudencia ha establecido que se trata de un derecho fundamental autónomo que no se afecta por su carácter prestacional y está estrechamente vinculado con el mínimo vital; (iii) se compone de diversos elementos que deben satisfacerse para que un lugar de habitación pueda considerarse una vivienda digna y (iv) existe una obligación en cabeza del Estado de garantizar la faceta de habitabilidad al asegurar la protección de la vivienda contra los riesgos potenciales. 4. Obligaciones de las autoridades locales frente al derecho a la vivienda digna ante riesgos de desastres[28] 31. En varias oportunidades, la Corte ha delimitado el contenido del derecho a una vivienda digna y ha protegido a quienes habitan espacios que amenazan su integridad personal. De este modo, ha ordenado a distintas entidades adelantar gestiones para salvaguardar la seguridad de los residentes y garantizar una vivienda con las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su plan de vida. 32. El numeral 25 del artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 -por la cual “se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”- define el riesgo de desastres como aquellos “daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad”[29]. 33. A nivel interno, la obligación que tiene el Estado de velar para que cada persona tenga un lugar que le permita desarrollar sus actividades personales y familiares en unas condiciones mínimas de dignidad, se concentra en gran parte en cabeza de las administraciones locales. En particular, la Ley 388 de 1997 establece la obligación de las entidades territoriales de identificar las zonas de riesgo, implementar mecanismos que permitan el ordenamiento territorial y prevenir desastres en asentamientos de alto riesgo. 34. El artículo 3.° de esta normativa establece que el ordenamiento del territorio constituye, en su conjunto, una función pública para el cumplimiento de ciertos fines, entre ellos, el de mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. Seguidamente, el artículo 8.° enumera como una de las acciones urbanísticas de las entidades distritales o municipales “[d]eterminar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda”. Finalmente, el artículo 12 obliga a las entidades territoriales a incluir en el plan de ordenamiento “[l]a determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad”. 35. Por su parte, el artículo 76.9 de la Ley 715 de 2001- “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”- determina que corresponde a los municipios prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo[30] y reubicar los asentamientos que se encuentren en dichos lugares. 36. Según lo expuesto, los municipios están obligados a prevenir y atender los desastres que puedan presentarse. En efecto, la Corte ha establecido que aquellos entes territoriales están en la obligación de tener información clara y completa de las zonas de alto riesgo y adoptar las medidas necesarias de reubicación en los casos en que las personas se encuentren ubicadas en estas zonas y en los que se pongan en riesgo sus derechos por las condiciones del terreno o de insalubridad[31]. 37. Así pues, cuando la vivienda se encuentra en situación que ponga en peligro la vida de las personas, es necesario que “se proceda a la evacuación de las personas para proteger su vida y además será obligación del Estado efectuar los actos administrativos indispensables para que los afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que antes disfrutaban”[32]. 38. En la Sentencia T-175 de 2013 se indicó que las autoridades locales “tienen las siguientes obligaciones: (i) tener una información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes que se presentan en su municipio, y (ii) adoptar las medidas necesarias de reubicación en los casos en que personas se encuentren ubicadas en las zonas donde se ponga en riesgo sus derechos por las condiciones del terreno, por lo que es responsabilidad de la Administración ejecutar los actos necesarios para que los afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que antes disfrutaban”[33]. 39. Por otro lado, en la Sentencia T-384 de 2019, la Corte estudió el caso de una accionante que, desde el año 2016, informó a Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. acerca de unas filtraciones que se presentaban en el muro de la parte posterior de su vivienda. En 2018, la estructura colapsó y afectó gravemente el predio. Además, debido a lo ocurrido, las aguas residuales desembocaron en su inmueble, por lo que los malos olores y la proliferación de plagas pusieron en riesgo su salud y la de su familia. 40. Este Tribunal encontró que el origen de la problemática era, de un lado, los habitantes de las viviendas vecinas que construyeron bajo su cuenta y riesgo una red alterna de alcantarillado y, de otra, la calidad del suelo sobre el cual se encontraban la red alterna y la vivienda de la actora, cuyo deslizamiento y movimientos en masa provocaron la ruptura del tubo que desembocaba en su inmueble las aguas residuales provenientes de las unidades habitacionales vecinas. Ante esta situación, esta Corporación observó que la peticionaria no tenía garantizado su derecho a una vivienda digna. Esto, porque el inmueble se encontraba en zona de alto riesgo y se demostró el grave deterioro de las estructuras de la construcción en la parte posterior. 41. Por lo expuesto, concluyó que el municipio desconoció la obligación de adelantar las medidas necesarias para la prevención y atención de desastres, bajo el argumento de que no contaba con proyectos de vivienda debido a la situación financiera del municipio. También determinó que la entidad desconoció sus obligaciones establecidas en los artículos 365 de la Constitución y 5 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En consecuencia, la Sala ordenó al alcalde de San José de Cúcuta, Norte de Santander, adelantar las gestiones necesarias para verificar el riesgo real y actual que recaía sobre la vivienda y, consecuentemente, adoptar los mecanismos que garantizaran de manera oportuna la protección de los derechos fundamentales debatidos, dentro de los cuales debía contemplarse la reubicación de manera transitoria de la peticionaria y su familia hasta tanto cesara el riesgo o de manera definitiva, si el mismo no se lograba mitigar. 42. Lo anterior, porque las alcaldías tienen la obligación de identificar las zonas que presenten riesgos por amenazas naturales o que de otra forma presenten condiciones insalubres para las viviendas. También, deben prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicar los asentamientos que allí se encuentren. Asimismo, tienen la obligación de garantizar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 43. En conclusión, es claro que existen obligaciones en materia de prevención y mitigación de desastres[34] en cabeza de los municipios. 5. El derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia[35] 44. El artículo 23 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las diferentes autoridades por motivos generales o particulares y a obtener pronta respuesta a dichas solicitudes. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de petición es: “una garantía fundamental de las personas que otorga escenarios de diálogo y participación con el poder público y que posibilita la satisfacción de otros derechos constitucionales en el marco del Estado social de derecho”[36]. 45. En el marco del ejercicio de ese derecho fundamental, la autoridad encargada de responder la solicitud debe cumplir con ciertos requisitos[37]. Estos se explican a continuación. 46. La respuesta debe ser pronta y oportuna. Según el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por la Ley 1755 de 2015), toda petición de información se deberá responder dentro de los quince días siguientes a su recepción. Esta norma también prevé dos excepciones a ese término[38]. De no ser posible otorgar una respuesta dentro de ese plazo, las entidades deben señalar tanto los motivos que impiden contestar como el tiempo que emplearán para emitirla[39]. 47. Contenido de la respuesta. La jurisprudencia ha establecido que esta debe ser clara, esto es, que explique de manera comprensible el sentido y el contenido de la respuesta. Además, de fondo, o sea, que se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición y excluya las referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. A su vez, suficiente, porque debe resolver materialmente la petición y satisfacer los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario. Asimismo, efectiva, que soluciona el caso que se plantea. Por último, congruente, esto es, que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido[40]. 48. Este Tribunal ha precisado que la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado. De manera que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del derecho a lo pedido[41]. Este último se usa para destacar que: “el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal”[42]. 49. En suma, toda persona tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener respuesta de estas. La respuesta debe ser pronta, oportuna y de contenido cualificado, es decir, debe ser clara, de fondo, suficiente, efectiva y congruente. Si se incumple alguna de dichas exigencias, se entendería vulnerado el derecho fundamental de petición y se podrá acudir a la acción de tutela para reclamar su protección. Esto como el único mecanismo judicial idóneo y eficaz existente para ese propósito. 6. El principio de presunción de veracidad y la carga de la prueba[43]. 50. El artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que se presumen ciertos los hechos de la demanda de tutela en los casos en que, solicitada la información por parte del juez, la autoridad contra quien se hubiere hecho el requerimiento no rinda el informe en los plazos establecidos. Por consiguiente, la Corte ha señalado que la presunción de veracidad busca, de un lado, sancionar la negligencia de las entidades demandadas ante la presentación de una acción de tutela y, de otro lado, garantizar de forma eficaz, en aplicación de los principios de inmediatez, celeridad y buena fe, los derechos fundamentales alegados como vulnerados por quien ejerce la acción de tutela[44]. 51. Por tanto, la parte accionada en el proceso de tutela tiene el deber de responder los requerimientos que le haga el juez de forma completa. Cuando la parte pasiva (i) omite la rendición de la información solicitada, de manera parcial o total; (ii) entrega la información tardíamente, o (iii) da una respuesta de manera formal y no de fondo, los hechos de la demanda de tutela se consideran ciertos y el juez constitucional decide conforme a la citada presunción[45]. 7. Caso concreto 7.1 Requisitos formales de procedencia 52. Legitimación por activa. De manera reiterada esta Corporación ha indicado que la acción de tutela puede presentarse por: (i) la persona directamente afectada; (ii) su representante legal o judicial; (iii) un agente oficioso; y, (iv) las personerías municipales o la Defensoría del Pueblo[46]. En el asunto objeto de estudio, este requisito se cumple porque el señor Santiago presentó la acción de tutela en nombre propio y él es el titular de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados. Además, respecto de los demás miembros del grupo familiar en particular, su hija en situación de discapacidad, se configura una legitimación por vía de agencia oficiosa, en tanto el actor señaló expresamente su condición de vulnerabilidad y la imposibilidad de que ella promueva directamente la acción. En este escenario, la Corte ha reconocido[47] la procedencia de la tutela cuando una persona actúa como agente oficioso en favor de quien, por sus condiciones físicas, mentales o sociales, no está en capacidad de acudir directamente a la jurisdicción constitucional[48]. Por último, frente a los menores de edad que habitan en la vivienda, la legitimación también se configura, dado que otras personas pueden interponer acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, en virtud del principio de interés superior y su especial protección constitucional[49]. 53. Legitimación por pasiva. El artículo 86 constitucional señala que la acción de amparo procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares en los casos previstos en el ordenamiento jurídico. En el presente proceso, la acción de tutela se promovió en contra de la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P, empresa de servicios públicos[50] domiciliarios de naturaleza privada que presta el servicio público de acueducto y alcantarillado. Por tanto, está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, en la medida en que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión. En consecuencia, la Corte encuentra que se cumple este presupuesto. 54. Ahora bien, en cuanto a los demás sujetos vinculados al trámite de tutela, se advierte que también se cumple con el requisito de legitimación por pasiva sobre algunas entidades vinculadas. En efecto, no se acreditó respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[51], en su calidad de entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos, pues aunque puede ser llamada a responder por eventuales omisiones en el cumplimiento de sus funciones, cuando estas tengan una incidencia directa en la garantía de derechos fundamentales en este caso no se evidencia una acción u omisión por parte de la Superintendencia pues no se encontró registro alguno de peticiones del accionante y no se allegó prueba de trámite previo ante dicha entidad. Por otro lado, la Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos junto con la Alcaldía de San José de Cúcuta, por ser las autoridades territoriales competentes para coordinar medidas en materia de gestión del riesgo, vivienda y servicios públicos -tal y como se mostró en las consideraciones de esta providencia-, están legitimadas por pasiva, en tanto se les atribuye una omisión frente a las solicitudes de intervención realizadas por el accionante. 55. Requisito de inmediatez. De conformidad con el artículo 86 superior, la acción de tutela pretende la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados. De acuerdo con este precepto, esta Corte ha indicado que la procedencia de la actuación constitucional está supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Lo expuesto implica que, por regla general, para que proceda la acción de tutela no puede transcurrir un periodo de tiempo excesivo, irrazonable o injustificado, después de la actuación u omisión que dio lugar al menoscabo de derechos[52]. 56. No obstante, esta Corporación ha aclarado, que la exigencia del principio de inmediatez debe ser menos estricta cuando la vulneración es permanente en el tiempo. Así, cuando a pesar de que el hecho presuntamente desconocedor de derechos sea antiguo respecto de la fecha de presentación de la acción de tutela, si la situación generada por el desconocimiento de sus prerrogativas permanece, se debe concluir cumplido este requisito[53] . 57. La jurisprudencia constitucional ha señalado los criterios que permiten establecer, en cada caso, el cumplimiento del requisito de inmediatez: “(i) la situación personal del peticionario, que puede hacer desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) el momento en el que se produce la vulneración, ya que pueden existir casos de violación permanente de derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración, pues la demora en la presentación de la tutela puede estar relacionada, precisamente, con la situación que, según el accionante, vulnera sus derechos fundamentales; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela, ya que si se trata de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima de que se proteja su seguridad jurídica”[54]. 58. En el asunto bajo estudio, el accionante en diciembre de 2024 presentó petición ante la entidad accionada donde solicitó reparaciones a su inmueble debido a las humedades. La acción de tutela fue presentada el 24 de febrero de 2025, pasaron así dos meses entre ambas actuaciones lo que se evidencia como un término razonable. El peticionario ha realizado conductas diligentes en aras de intentar satisfacer su necesidad de reparar su vivienda, pues confió en que la entidad accionada daría una solución a los problemas de humedad, que con el pasar del tiempo solo empeoró y se mantiene vigente la afectación. 59. En consecuencia, esta Corporación encuentra que la presunta vulneración de los derechos a la vivienda digna y a la vida se ha dado de manera continua en el tiempo, al existir el peligro de la ocurrencia de un daño inminente, grave y actual, el cual hasta el momento de interposición de la acción de tutela no había cesado. 60. Subsidiariedad. Según el juez de instancia, la presente acción de tutela no era procedente, en razón a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa que pudo utilizar el actor sin que hubiese recurrido a ellos. Específicamente, señaló que el accionante contaba con otros medios judiciales y administrativos para reclamar sus derechos, entre ellos acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, ello, sin explicar cuáles eran las herramientas procesales de las que podía hacer uso el accionante. 61. En lo relativo a la procedencia de la acción de tutela la Sentencia T-268 de 2024 recordó que para proteger la vivienda digna es importante resaltar que está dentro del catálogo de los derechos económicos, sociales y culturales[55]. Adicionalmente, ha tenido distintos enfoques en la jurisprudencia constitucional[56], al punto de ser valorada como un derecho autónomo que puede ser objeto de amparo a través de la acción de tutela, en cuanto se ponga en riesgo o se vulnere su contenido fundamental[57]. Lo anterior se relaciona con “la posibilidad real de gozar de un espacio material delimitado y exclusivo, en el cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo los respectivos proyectos de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como individuos dignos, integrados a la sociedad”[58]. 62. Cuando la acción de tutela es presentada por sujetos de especial protección constitucional como niños, niñas y adolescentes, personas en condición de discapacidad, cabeza de familia, adultos mayores o población desplazada, entre otros, el análisis de procedencia debe flexibilizarse, sin perder rigor, mediante una interpretación más amplia de los requisitos. En garantía del derecho fundamental a la igualdad, se impone un tratamiento diferenciado favorable que permita valorar la procedencia de la acción desde una perspectiva menos estricta[59]. Esto obedece a que quienes se encuentran en dichas condiciones no están en posibilidad de asumir las cargas y tiempos procesales de los mecanismos ordinarios en igualdad de condiciones frente al resto de la población. Por ello, el estudio de la subsidiariedad no puede hacerse de manera general y abstracta, pues ello conduciría a considerar cualquier medio judicial como eficaz. En cambio, debe verificarse la idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario a partir de las condiciones particulares del caso concreto[60]. 63. En el caso bajo estudio, la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad pues el derecho a la vivienda digna, cuyo amparo se solicita, es fundamental y autónomo, susceptible de protegerse a través del mecanismo de amparo. Si bien, ante la falta de respuesta de las entidades accionadas, el actor podía acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, este mecanismo no resulta idóneo ni eficaz en el caso concreto atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Además, los trámites administrativos ante dicha entidad tienen una duración que no se compadece con la urgencia manifiesta acreditada. Es relevante resaltar que, el accionante, su núcleo familiar y las demás personas que habitan la vivienda enfrentan una situación de urgencia manifiesta, toda vez que la estructura del inmueble presenta un riesgo conforme a las imágenes allegadas al expediente. Esta circunstancia impone al juez constitucional la adopción inmediata de medidas que prevengan la vulneración de derechos fundamentales. A ello se suma que varios de los habitantes se encuentran clasificados en el Sisbén en condición de pobreza extrema o moderada; además, en el inmueble residen menores de edad[61], personas de la tercera edad y una persona en situación de discapacidad, lo cual refuerza la necesidad de una protección reforzada y una intervención judicial oportuna. 7.2 Aclaración previa. Sobre el origen del daño que ocasiona el deterioro de la vivienda 64. En el presente caso, la Sala Novena de Revisión enfrenta una dificultad probatoria relevante: como lo señalaron tanto la empresa en su última visita al inmueble el 4 de julio de 2025 “se visitó, se miró la casa en compañía del señor Santiago y puedo mirar uno de los muros húmedo y es una humedad constante lo cual es causa de agua y hay que mirar si es daño interno o...