Sentencia T-350 de 2024

T-350-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-350/24 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inexistencia de defecto procedimental por haberse seguido el procedimiento establecido en la ley/RECURSO DE APELACION-Declaración de desierto por no sustentación (...) por el hecho de haber declarado desierto el recurso de apelación el tribunal accionado no incurrió en un exceso ritual manifiesto, sino que aplicó el estándar del Legislador en relación el deber de sustentar el recurso de apelación en los términos del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia APELACION DE SENTENCIAS-Trámite del recurso de apelación en el Código General del Proceso DERECHO DE DEFENSA Y RECURSO DE APELACION-Instrumento para remediar errores judiciales SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION-Aplicación y alcance de los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Octava de Revisión Sentencia T-350 de 2024 Referencia: expediente T-9.835.248 Accionante: Angélica María Caicedo Téllez Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Civil Magistrada ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las magistradas Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto de 2023, que revocó la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia el 26 de julio de 2023, autoridad que había amparado los derechos fundamentales invocados por la accionante. En su solicitud de amparo, la ciudadana Angélica María Caicedo Téllez alegó que la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Síntesis de la decisión La Sala Octava de Revisión conoció la acción de tutela presentada por Angélica María Caicedo Téllez contra la providencia proferida el 25 de mayo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, con la cual declaró desierto el recurso de apelación presentado por ella, en el marco de un proceso verbal de responsabilidad civil médica. La accionante consideró que la decisión cuestionada incurrió en un exceso ritual manifiesto y, por tanto, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto el recurso de apelación ya lo había sustentado ante el juez de primera instancia. Por lo que, a su juicio, haberlo declarado desierto con fundamento en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 constituyó una aplicación en extremo rigurosa y desproporcionada de esta norma, en contravía del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Formulado el problema jurídico y expuestas las respectivas consideraciones, la Sala Octava evidenció que la Sentencia SU-418 de 2019, a la luz del Código General del Proceso, había concluido que exigir la sustentación del recurso de apelación en audiencia y ante el superior jerárquico no implicaba incurrir en un exceso ritual manifiesto por parte del juez, en virtud de que ese fue el estándar escogido por el Legislador, el cual no era inconstitucional. Mientras que, por otro lado, la Sentencia T-310 de 2023 había considerado que al sustituirse la audiencia por la modalidad escrita, tal como lo hizo el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, hoy artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, permitía flexibilizar tal exigencia y entenderse cumplida si se hacía ante el a quo. Para resolver, la Sala Octava concluyó que el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, al introducir la modalidad escrita en la sustentación del recurso de apelación, no flexibilizó el deber que tiene el apelante de hacerlo ante el ad quem. Esto teniendo en cuenta que el artículo 322 del CGP sigue contemplando esa obligación. Por tanto, consideró que debía seguir los criterios interpretativos de la Sentencia SU-418 de 2019 y sostener que, en el caso concreto, el tribunal accionado no había incurrido en un exceso ritual manifiesto por el hecho de haber declarado desierto el recurso de apelación por falta de sustentación. Esto por cuanto el deber sustentación del recurso de apelación ante el ad quem seguía siendo exigible aún bajo la forma escrita. En consecuencia, confirmó la sentencia de tutela de segunda instancia, que había revocado el amparo concedido en primera instancia para, en su lugar, negar la protección solicitada. I. ANTECEDENTES Hechos en los que se sustenta la acción de tutela 1. En audiencia del 12 de abril de 2023, en el proceso verbal de responsabilidad médica 2022-00034-00, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda interpuesta por Angélica María Caicedo Téllez[1] contra un médico cirujano. Notificado el fallo en estrados, el apoderado de la demandante presentó recurso de apelación reservándose el derecho a formular los reparos con posterioridad. El juez lo concedió en el efecto suspensivo de conformidad con el inciso 2º del numeral 3º del artículo 323 del Código General del Proceso[2], y ordenó remitir el expediente al superior para que surtiera la alzada[3]. 2. El 17 de abril de 2023, vía correo electrónico[4], el apoderado de la demandante presentó escrito de apelación ante el Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali. Afirma que allí sustentó todos los reparos «concretos relacionados con la decisión emitida el 12 de abril de 2023»[5]. 3. La providencia judicial cuestionada[6]. El 25 de mayo de 2023, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través del magistrado Homero Mora Insuasty, resolvió: «PRIMERO: Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante […]», debido a la falta de sustentación. 4. El referido tribunal recordó que por auto del 9 de mayo de 2023, notificado por estado electrónico del 11 de mayo del mismo año, había admitido la alzada y advertido que su trámite seguiría lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022[7]. Norma según la cual una vez ejecutoriado el auto que admite el recurso, el apelante debe sustentarlo a más tardar dentro de los cinco días siguientes, so pena de que sea declarado desierto[8]. Siguiendo estos preceptos, vencido el término descrito, advirtió que la parte recurrente guardó silencio y esto aparejaba «las consecuencias procesales que impone la normatividad citada»[9]. 5. La autoridad judicial destacó que la formulación y sustentación del recurso de apelación de las sentencias involucra tres fases: «i) interposición del recurso, ii) exposición de reparos concretos y, iii) alegación final o sustentación»[10]. Afirmó que para el caso concreto las dos primeras etapas estaban satisfechas, dado que el recurso fue interpuesto y los reparos a la sentencia enunciados. Sin embargo, concluyó que la tercera etapa no lo estaba pues a su juicio era incuestionable que la parte demandante se había sustraído «de la carga de sustentar debidamente su recurso de apelación (ahora por escrito) en la forma y términos de la nueva normativa». 6. En sustento de lo expuesto, el tribunal resaltó que para la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[11] el inciso 2º del numeral 3 del artículo 322 del Código General del Proceso[12] [CGP], cuando indica que sobre los reparos concretos versará la sustentación que se hará ante el superior, contiene una regla categórica según la cual el recurrente debe sustentar la alzada ante el ad quem. Cuestión que se refirma con el artículo 327 ibidem, cuando prevé que el «apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia». 7. Por último, explicó que no debía confundirse la formulación de reparos con su sustentación. En este punto, citó otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual el artículo 322 del CGP sería desconocido si se aceptara que «los reparos concretos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentación oral ante el superior»[13]. A esto agregó que en la Sentencia SU-418 de 2019[14], la Corte Constitucional definió el alcance del contenido de los artículos 322 y 327 del mismo código cuando concluyó que «el recurso de apelación debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo [ahora por escrito], y el efecto de no hacerlo así es la declaratoria de desierto del recurso»[15]. 8. Recurso de súplica. Contra la anterior providencia, el apoderado de la accionante interpuso un recurso de súplica[16] fundado en que el magistrado había incurrido en un defecto por exceso ritual manifiesto, ya que el recurso de apelación había sido sustentado ante el a quo. 9. Envío al magistrado ponente para resolver el recurso de súplica como recurso de reposición. La súplica fue repartida al magistrado Hernando Rodríguez Mesa para resolverla. No obstante, mediante providencia del 14 de junio de 2023, el magistrado advirtió que el auto que declara desierto el recurso de apelación no es susceptible de súplica, pero sí de reposición. En consecuencia, resolvió devolver el asunto al magistrado que adoptó el auto reprochado para el trámite correspondiente. 10. Providencia que resolvió el recurso de reposición. Por auto del 27 de junio de 2023, el magistrado Homero Mora Insuasty, de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, resolvió no reponer su decisión de declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la accionante. En sustento de esta decisión, indicó que no existe una interpretación alternativa del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, el cual exige la sustentación del recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su admisión y ante el superior jerárquico del juez de primera instancia. 11. En relación con el argumento del recurrente, fundado en la existencia de un exceso ritual manifiesto por exigir la sustentación de la apelación ante el juez de alzada, pese a ya haberlo hecho ante el de primera instancia, el magistrado indicó que la doctrina de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado sin vacilaciones que es necesario sustentar ante el ad quem la impugnación concedida, «tal como lo señalaba el artículo 322 de la normatividad procesal civil, reeditado tanto por el artículo 14 del Decreto Ley 806 de 2020, como por el artículo 12 de la ya mencionada ley [2213 de 2022]». Pues de lo contrario, la consecuencia forzosa es que el recurso sea declarado desierto. 12. Expuso que la tesis alegada por el recurrente tenía sustento en algunas decisiones de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que concedieron el amparo al considerar que, con ocasión de la expedición de la Ley 2213 de 2022, era suficiente la sustentación del recurso de apelación ante el juez de primera instancia. No obstante, precisó que esta postura venía siendo sistemáticamente revocada en segunda instancia por la Sala Laboral de la misma corporación, la cual recalcó el deber de sustentar ante el juez de segunda instancia los reproches a la sentencia del a quo. 13. Señaló que, en la misma línea, la Sentencia SU-418 de 2019 de la Corte Constitucional respaldó la postura según la cual la apelación debe sustentarse ante el superior jerárquico, so pena de que el recurso fuera declarado desierto. La solicitud de amparo 14. El 10 de julio de 2023, mediante apoderado, la señora Angélica María Caicedo Téllez presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por considerar que esta autoridad incurrió en un defecto por exceso ritual manifiesto y, en consecuencia, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. 15. Pretende que se revoque el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por medio del cual declaró desierto el recurso de apelación, y que se ordene a esa autoridad judicial continuar con el trámite y resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. 16. Fundamentos jurídicos de la acción de tutela. El apoderado de la accionante expuso que el recurso de apelación fue presentado oralmente durante la audiencia pública celebrada el 12 de abril de 2023, «y dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores, es decir, el 17 de abril de 2023, se remitió un documento detallando los reparos concretos y su sustentación ante el tribunal de primera instancia; escrito que formaba parte del expediente que se trasladó al Tribunal Superior»[17]. 17. Concretamente, dijo haber desarrollado los siguientes argumentos ante el a quo: «la separación de la doctrina probable aplicada al caso en concreto por parte del Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali, la indebida valoración probatoria del dictamen pericial presentado por la parte actora y de las declaraciones rendidas por la partes, la indebida aplicación de la Ley y de la uniformidad de la jurisprudencia, la indebida tasación de las condenas en costas y agencias en derecho, entre otras»[18]. 18. Señaló que, de acuerdo con la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia STC7652-2021) es válida la sustentación por escrito del recurso de apelación efectuada de forma anticipada ante el juzgado de primera instancia. Esto por cuanto, según la citada sentencia, la apelación «debe exteriorizarse a más tardar antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal propósito». Por lo que «podría darse en cualquier tiempo después de proferida la sentencia de primera grado y con antelación al acto referido límite, incluso con antelación al inicial del traslado de segunda instancia»[19]. Asimismo, se refirió a otras decisiones de la Sala Civil de ese alto tribunal en las que se llegó a la misma conclusión[20]. 19. Para el apoderado de la accionante, la norma que sirvió de sustento al tribunal demandado para declarar desierto el recurso de apelación, esto es, el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, «no prohíbe que se sustenten los reparos ante el Juez de primera instancia y que estos sean trasladados al Juez de segunda instancia». Consideró que al haberse anticipado a formular los reparos y sustentarlos ante el a quo, cumplió los principios de eficiencia, celeridad y buena fe. Por tanto, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un exceso ritual manifiesto al haber declarado desierto su recurso de apelación, impidiéndole acceder a la administración de justicia con el fin de controvertir una sentencia de primera instancia que cree injusta. 20. Para reforzar su argumento, trajo a colación el salvamento de voto del magistrado Carlos Bernal Pulido a la Sentencia SU-418 de 2019, quien consideró que exigir al apelante sustentar el recurso ante el ad quem habiéndolo ya hecho ante el a quo desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial[21]. 21. Finalmente, explicó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia formal. Esto por cuanto (i) la providencia atacada «parece carecer de un análisis de proporcionalidad y razonabilidad en el caso concreto»[22] (relevancia constitucional); (ii) agotó todos los medios de defensa con la interposición del recurso de súplica que fue analizado como reposición (subsidiariedad); (iii) presentó la solicitud de amparo en un término razonable ya que el auto reprochado fue notificado el 29 de mayo de 2023 (inmediatez); (iv) explicó puntualmente la forma en que sus derechos fueron vulnerados; y (v) la providencia cuestionada no es una sentencia de tutela. Trámite de primera instancia 22. El asunto fue repartido a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien por auto del 13 de julio de 2023 admitió la acción de tutela, ordenó la notificación al tribunal accionado, al Juzgado Once Civil del Circuito de Cali y a las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil médica[23]. 23. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil. A través del magistrado Homero Mora Insuasty, solicitó negar el amparo solicitado. En defensa del auto atacado, argumentó que, en virtud de la nueva normativa, [Ley 2213 de 2022], si la parte que apela incumple la carga de sustentar el recurso de apelación, en este caso por escrito y ante el ad quem, la única conclusión posible es declararlo desierto. Consideró que se trata de una interpretación razonable de la norma aplicable, mas no caprichosa o arbitraria. En cuanto a la acción de tutela, expresó que la sola divergencia conceptual no puede constituir el fundamento para acceder al amparo constitucional, porque el juez constitucional no puede intervenir para definir cuál es la interpretación correcta, dado que se trata de un instrumento residual y subsidiario. 24. Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali. Expuso un resumen de lo acontecido bajo su competencia. En lo que tiene que ver con la apelación, señaló que con posterioridad a la audiencia del 12 de abril de 2023, dentro del término de que trata el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del C.G.P., el 17 de abril del mismo año el apelante presentó por escrito los reparos concretos a la sentencia de primera instancia. Sentencia de tutela de primera instancia 25. Por sentencia del 26 de julio de 2023, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante. En consecuencia, declaró sin valor ni efecto los autos del 25 de mayo y 27 de junio proferidos por el tribunal accionado, mediante los cuales declaró desierto el recurso de apelación y no repuso esta providencia, respectivamente. Como remedio judicial, ordenó al Tribunal Superior de Cali que, en un término de 5 días hábiles, adoptara las medidas necesarias para continuar el trámite pertinente. 26. La anterior decisión estuvo fundada en la jurisprudencia de esa corporación judicial sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelación, a la luz de la Ley 2213 de 2022. 27. Precisó que el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 regula el trámite para adelantar la apelación de sentencias en los procesos civiles y de familia. Y conforme la referida disposición, el trámite en segunda instancia está regido por la escrituralidad, a diferencia de lo que ocurre con el régimen de oralidad propio del Código General del Proceso. 28. Consideró que en este caso lo que debe determinarse es la viabilidad de declarar desierta la apelación de sentencias cuando el recurso se ha sustentado antes de la oportunidad señalada en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Para ello, se refirió a su propia jurisprudencia contenida en la Sentencia del 24 de mayo de 2021, bajo el radicado 2021-00975, en donde advirtió que no podía aplicarse de forma automática e irreflexiva «la sanción que contempla la norma en caso de que [la apelación] se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cincos (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la práctica de pruebas». Esto por cuanto la sustentación ya estaría al alcance del ad quem y este contaría con los elementos suficientes para decidir de fondo. 29. En síntesis, afirmó que, según su propio precedente, aunque la sustentación del recurso se allegue antes del término previsto por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, «no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelación, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanción la deserción del mismo, lo cual, indudablemente, conduce a la pérdida del derecho constitucional a impugnar la decisión que concluyó la primera instancia». 30. Precisó que esta postura no significaba que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contradijera las pautas del Código General del Proceso según las cuales la sustentación se hace ante el superior y en audiencia. Indicó que en ese contexto de oralidad, donde está prohibido sustituir las intervenciones orales por escrito, no era desproporcionado sancionar al recurrente con la deserción del recurso, por cuanto no existe otro momento en el que el censor pueda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente. Pero, a su juicio, en el panorama actual de lo escritural, cuando la formalidad a la que está ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnación ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposición de esta consecuencia parece desmesurada. 31. En relación con el caso concreto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali había incurrido en un exceso ritual manifiesto. Esto por cuanto el demandante sustentó por escrito el recurso de apelación el 17 de abril de 2023, no obstante, la autoridad judicial accionada lo declaró desierto, «desconociendo que el representante de la recurrente cumplió con la carga de sustentarla, aun cuando lo hizo con anterioridad al término de traslado (5 días) otorgado en el auto admisorio de dicho recurso del 9 de mayo de esta anualidad, lo cual truncó su derecho a la doble instancia»[24]. Impugnaciones 32. Parte demandada en el proceso verbal de responsabilidad civil médica. Expuso que la acción de tutela debió declararse improcedente porque la autoridad judicial demandada se limitó a aplicar la regla procesal, sin que esto permita concluir que actuó en contravía del derecho al debido proceso del accionante. 33. Tribunal Superior de Cali, Sala Civil. El magistrado Homero Mora Insuasty, que fungió como ponente de la providencia reprochada vía tutela, defendió que esta se sustentó en una razonable hermenéutica conforme con el enunciado «donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación», plasmado en los artículos 27 y 28 del Código Civil colombiano[25]. En su opinión, si el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 contiene como premisa obligatoria, clara y precisa el deber de sustentar la apelación ante el juez de segunda instancia, en el término allí señalado, no existe otra oportunidad de hacerlo. De modo que el incumplimiento de esta obligación conlleva la consecuencia jurídica para el apelante de que su recurso sea declarado desierto. 34. Afirmó que a esta conclusión llegó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-418 de 2019 cuando indicó que «[s]i la norma no es inconstitucional, no puede excepcionarse, para dar aplicación a un criterio más garantista. Se está en el nivel de garantía fijado por el legislador que no es inconstitucional, así pueda haber opciones más garantistas (al menos para una parte, pero eventualmente, en detrimento de otra)»[26]. 35. Por último, destacó que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha acogido el criterio de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en las sentencias STL3791-2021 del 10 de marzo de 2021 y STL8304-2021 del 30 de junio de 2021[27], en las que estableció que la consecuencia de la no sustentación del recurso de apelación en segunda instancia, «al margen de que los reparos concretos se hubieren presentado en la audiencia y la sustentación se haya hecho por escrito ante el juez singular, es la declaratoria de desierto de la alzada»[28]. Sentencia de tutela de segunda instancia 36. Mediante fallo del 30 de agosto de 2023, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión inicial y, en su lugar, negó la protección de los derechos fundamentales invocados por la accionante. 37. Previo a exponer los fundamentos jurídicos de su decisión, advirtió que solo analizaría los reparos que el magistrado del tribunal accionado hizo a la sentencia de tutela de primera instancia, toda vez que la impugnación presentada por la parte demandada en el proceso ordinario fue presentada por apoderado sin allegar prueba del mandato respectivo. 38. En el caso concreto, la Sala de Casación Laboral repasó los argumentos del tribunal superior accionado para declarar desierto el recurso de apelación y concluyó que con ellos no incurrió en un exceso ritual manifiesto. En su opinión, se trata de una decisión coherente y razonable en la que se respetaron las garantías que se consideran vulneradas por la parte accionante, y que obedeció a la labor hermenéutica propia del juez. 39. En cuanto a la oportunidad e instancia ante la cual debe sustentarse el recurso de apelación, señaló que, «si bien esta Corporación en oportunidad anterior encontraba que la señalada exigencia violaba el debido proceso, lo cierto es, que de conformidad con el fallo CC SU418-2019 de la Corte Constitucional, esta Colegiatura modificó su criterio, tal como se indicó en la sentencia CSJ STL2791-2021»[29]. 40. Adicionalmente, precisó que, en un asunto similar, la Sala de Casación Laboral, mediante sentencia STL7317-2021, concluyó que no había vulneración de derecho fundamental alguno frente a la decisión de declarar desierto el recurso de apelación debido a su falta de sustentación ante el juez de segunda instancia[30]. II. CONSIDERACIONES Competencia 41. Con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 42. La Sala Octava verificará si la acción de tutela bajo revisión es formalmente procedente y, en caso de una respuesta afirmativa, pasará a formular el problema jurídico. 43. Es oportuno recordar que mediante Sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional sistematizó los supuestos bajo los cuales procede la acción de tutela contra providencias judiciales. Estos incluyen unos requisitos generales de procedencia, de orden procedimental, y unas causales específicas de procedibilidad, de orden material. 44. En este punto la Sala analizará los requisitos generales de procedencia por ser los de orden procedimental cuya superación habilitaría el estudio de fondo del caso concreto. De acuerdo con la referida sentencia, se trata de los siguientes: (i) legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) relevancia constitucional del asunto; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) si se trata de una irregularidad procesal, que esta sea decisiva en la providencia cuestionada; (vi) que los hechos motivo de vulneración sean identificados de manera razonable y que hayan sido alegados al interior el proceso judicial; y (vii) que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela. 45. (i) Legitimación por activa y por pasiva[31]. La accionante, Angélica María Caicedo Téllez, está legitimada por activa pues fungió como parte demandante en el proceso de responsabilidad civil médica que dio lugar a una sentencia de primera instancia desfavorable a sus pretensiones, cuya apelación fue declarada desierta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. Por tanto, es la titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados como parte demandante en dicho proceso. 46. En igual sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, está legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad que emitió el auto del 25 de mayo de 2023, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación presentado por la accionante contra la sentencia de primera instancia. Y es a quien la accionante le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales. 47. (ii) Relevancia constitucional del asunto[32]. La Sala advierte que el asunto bajo revisión tiene marcada relevancia constitucional. Primero, porque está relacionado con la efectiva protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia, en un contexto en el que la accionante alega que el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 se aplicó en contravía del principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal, afectando así la posibilidad de acceder a la segunda instancia como una garantía de orden constitucional. 48. Segundo, la cuestión debatida no es de naturaleza económica ni patrimonial y, además, trasciende lo meramente legal. Esto por cuanto involucra la interpretación de las normas procesales a la luz de las garantías constitucionales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. En tal sentido, responde a la necesidad de establecer si la carga que impone el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, de sustentar el recurso de apelación ante el ad quem y por escrito, puede entenderse satisfecho ante el a quo, como lo propone el juez de tutela de instancia que concedió el amparo o no. A lo que se suma el hecho de que este deber de sustentación ya fue interpretado por la Sentencia SU-418 de 2019 en la modalidad oral prevista por los artículos 322 y 327 del CGP. 49. En tercer y último lugar, la accionante ha justificado de manera razonable la afectación desproporcionada que, a su juicio, tendría la decisión atacada vía tutela sobre sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Así se desprende del hecho de que de comprobarse la posible vulneración la sentencia que le fue desfavorable podría ser analizada por un juez de superior jerarquía. Además, ha apoyado sus argumentos en una serie de decisiones de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que parecen haber concedido el amparo en situaciones similares a la suya. Por tanto, también puede existir una vulneración a su derecho fundamental a la igualdad al exigir un trato similar por parte de la justicia ante casos semejantes. 50. (iii) Subsidiariedad[33]. La Sala encuentra que este requisito está acreditado en tanto la accionante interpuso recurso de súplica contra la providencia del Tribunal Superior de Cali que declaró desierto su recurso de apelación. No obstante, la súplica fue tramitada como recurso de reposición, en el cual no obtuvo una decisión favorable. 51. Así, en el marco del proceso de responsabilidad civil médica, la accionante no contaba con otro mecanismo ordinario de defensa judicial contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación. Contra este tampoco cabían la casación ni el recurso extraordinario de revisión, toda vez que estos solo proceden contra sentencias según lo establecen, respectivamente, los artículos 334 y 354 del CGP. 52. (iv) Inmediatez[34]. La acción de tutela cumple con este criterio por cuanto se interpuso en un término de razonable. 53. El auto mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, declaró desierto el recurso de apelación fue proferido el 25 de mayo de 2023. Contra esta decisión, el apoderado de la accionante presentó recurso de súplica. Este fue resuelto como recurso de reposición y fue negado en providencia del 27 de junio de 2023. 54. De conformidad con el artículo 302 del Código General del Proceso[35], la providencia cuestionada vía tutela quedó ejecutoriada tres días después de haberse resuelto el recurso de reposición el contra ella. Esto es, el 4 de julio de 2023. La acción de tutela fue presentada el 10 de julio de 2023, de acuerdo con el acta de radicación y reparto contenida en el expediente judicial. De modo que para la Sala, la accionante presentó dentro de un término prudencial y razonable la solicitud de amparo, al haber transcurrido menos de un mes desde que quedó en firme la providencia a la que endilga la vulneración de sus derechos fundamentales. 55. (v) Si es una irregularidad procesal, que sea decisiva en la providencia cuestionada. En efecto, la Sala considera que este requisito también se cumple por cuanto el problema iusfundamental envuelve la posibilidad de que el juez de alzada en el proceso de responsabilidad civil médica estudie la sentencia de primera instancia. Por tanto, el análisis que adelante la Sala Octava de Revisión resulta decisivo porque de su resultado depende que el proceso de responsabilidad civil médica adelantado por la accionante cuente con una segunda instancia o no. En otras palabras, la irregularidad advertida por la demandante tiene la capacidad de variar el alcance de lo resuelto por el juez de primera instancia. 56. (vi) Identificación razonable de los hechos motivo de vulneración por parte del accionante y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto fuera posible. La Sala considera cumplida esta exigencia toda vez que el apoderado de la accionante identificó de manera precisa que la providencia reprochada vía tutela es la proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, el 25 de mayo de 2023. Concretamente, cuestiona que en esa decisión haya declarado desierto el recurso de apelación por falta de sustentación, sin tener en cuenta que esta carga ya había sido cumplida con anterioridad. 57. Igualmente, la Sala advierte que en el marco del proceso ordinario el apoderado de la demandante alegó que el auto que declaró desierto el recurso de apelación contra la sentencia primera instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto. Lo hizo al interponer el recurso de súplica contra la providencia cuestionada, el cual, finalmente, fue resuelto como un recurso de reposición. 58. (vii) Que no se trate de una acción de tutela contra una sentencia de tutela. Finalmente, esta exigencia también se cumple dado que la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial emitida en el marco de un proceso de responsabilidad civil médica, mas no contra una sentencia de tutela. 59. Conforme lo expuesto, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia cumple con todos los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales. Superado este análisis, a continuación formulará el problema jurídico y desarrollará los fundamentos jurídicos que servirán para solucionarlo. Problema jurídico 60. De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala debe resolver si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali incurrió en un defecto por exceso ritual manifiesto y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante, al haber declarado desierto el recurso de apelación por ella interpuesto, tras advertir que no cumplió con la carga de sustentarlo por escrito ante esa autoridad judicial dentro de los cinco días siguientes a su admisión, en los términos del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Esto sin tener cuenta que la accionante había formulado y sustentado ante el juez de primera instancia los reparos contra la sentencia apelada. 61. Para resolver el problema jurídico, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia constitucional acerca del defecto por exceso ritual manifiesto. Luego, (ii) se referirá al contenido de las normas del Código General del Proceso y de la Ley 2213 de 2022 relacionadas con la apelación de sentencias de primera instancia en el marco de los procesos civiles y, finalmente, (iii) revisará la jurisprudencia constitucional en relación con el deber de sustentar el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Con fundamento en estas consideraciones, resolverá el caso concreto. Contenido y alcance de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto[36] 62. El concepto de defecto procedimental encuentra sustento en los artículos 29 y 228 superiores que desarrollan los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. De este modo, la jurisprudencia constitucional ha identificado dos formas en las que una autoridad judicial puede incurrir en un defecto procedimental y, por tanto, vulnera las referidas garantías constitucionales. 63. La primera es el (i) defecto procedimental absoluto que se presenta en los eventos donde el funcionario judicial se aparta del procedimiento establecido por la ley para resolver el asunto puesto a su consideración, generando la vulneración de los derechos de defensa y contradicción que se desprenden del artículo 29 superior[37]. 64. La segunda es (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que es cuando el fallador impide el acceso a la administración de justicia al apegarse con rigor extremo al procedimiento sin valorar que este es un instrumento para la eficacia de los derechos fundamentales. Es decir, «(i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales»[38]. 65. En otras palabras, el exceso ritual manifiesto ocurre cuando «el juez renuncia a reconocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales»[39]. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha concluido que se presenta este defecto cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, desconoce la prevalencia del derecho sustancial al aplicar los requisitos de la técnica de casación de manera desproporcionada e irreflexiva[40]. Igualmente, en casos en donde la autoridad judicial ha tenido por no presentado un recurso de súplica por no haber sido firmado[41]. 66. Finalmente, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas «no implica, en forma alguna, que los jueces puedan desconocer las formas procesales y mucho menos que puedan discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades»[42]. Esto por cuanto esas disposiciones de orden procedimental «cuentan con un firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas por los jueces, salvo que estos adviertan la necesidad de hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, en casos concretos»[43]. Pues solo de esta forma es «posible garantizar la igualdad de las partes en el terreno procesal, posibilitar el derecho de defensa en condiciones de equidad, dar seguridad jurídica y frenar posibles arbitrariedades o actuaciones parciales de los funcionarios judiciales»[44]. Las reglas procesales para la apelación de sentencias de primera instancia según el Código General del Proceso y la Ley 2213 de 2022 67. La Ley 1564 de 2012 adoptó el Código General del Proceso [CGP] con el objetivo de regular «la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios», así como todos «los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerza funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes», según lo establece su artículo 1º. 68. La Sección Sexta del CGP desarrolla las reglas procesales de los distintos medios de impugnación que proceden contra providencias y sentencias emitidas por las autoridades judiciales. De manera particular, el Capítulo II de dicha sección, artículos 320 a 330 regulan lo concerniente al recurso de apelación. 69. Los artículos 320 y 321 del CGP indican los fines de la apelación y contra qué providencias procede. Pero la Sala se referirá únicamente a la apelación de sentencias al constituir el eje central del asunto objeto de controversia. 70. El artículo 322 ibidem precisa las reglas bajo las cuales puede ser interpuesto el recurso de apelación. Esta disposición legal cuenta con tres numerales y un parágrafo. El primer numeral aborda de forma conjunta la apelación contra autos o sentencias emitidas en el marco de una audiencia o fuera de ella. Así, precisa que la apelación contra cualquier providencia emitida en el marco de una audiencia «debe interponerse inmediatamente después de pronunciada». La apelación que se intente contra una providencia dictada por fuera de una audiencia deberá ser interpuesta ante el juez que la dictó «en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado». 71. El numeral segundo se refiere exclusivamente a la apelación contra autos. El numeral tercero, por su parte, regula el momento en que debe sustentarse el recurso de apelación contra autos y sentencias. 72. En lo que toca a las sentencias, el inciso segundo del numeral tercero del artículo 322 señala que «el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferido en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior jerárquico. Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada». 73. Enseguida, el último inciso del numeral tercero advierte de la consecuencias en caso de omisión en la sustentación del recurso de apelación contra autos y sentencias. Para mayor claridad, la norma es del siguiente tenor literal: «Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado». 74. En concordancia con el artículo 322 del CGP, el artículo 327 del mismo cuerpo normativo contiene algunas reglas sobre el trámite de la apelación de sentencias cuando el expediente ya ha sido remitido al juez de alzada. 75. El inciso segundo del artículo 327 del CGP consagra que una vez ejecutoriado el auto que admite la apelación, proferido por el juez de segunda instancia, este «convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código». El tercer y último inciso de la misma norma precisa que «el apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia». 76. Con posterioridad, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia ante los retos que la pandemia por la Covid-19 trajo para toda la sociedad, el Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo 806 de 2020[45], cuyo artículo 14 cambió de oral a escrita la sustentación del recurso de apelación en materia civil y familia: Artículo 14. Apelación de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así: Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes. Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. [negrillas propias] Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicarán, se escucharán alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso. 77. El Decreto Legislativo 806 de 2020 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-420 de 2020[46]. En términos generales, esta corporación consideró que los deberes impuestos a las partes por parte de esa legislación no contradecían la norma superior y eran proporcionales. Esto por cuanto no constituían barreras para el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que el uso de herramientas tecnológicas contribuía a la prestación ágil y eficiente del servicio público de administración de justicia. 78. Respecto del artículo 14 ya enunciado, la referida decisión advirtió que, en efecto, modificaba actos procesales en segunda instancia en materia laboral y civil, para privilegiar lo escrito sobre lo oral en esta etapa procesal. En tal sentido, la Corte Constitucional concluyó que esta modificación no afectaba el derecho al debido proceso por cuanto el alcance del principio de oralidad podía ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. 79. Posteriormente, mediante la Ley 2213 de 2022[47], el Congreso de la República adoptó como legislación permanente las medidas contenidas en el Decreto Legislativo 806 de 2020. En lo que toca al citado artículo 14, su contenido literal no fue alterado, no obstante, en la nueva ley se identifica como artículo 12. Jurisprudencia constitucional sobre el deber de sustentar ante el juez de alzada el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 80. En la Sentencia SU-418 de 2019[48], la Corte Constitucional resolvió el problema jurídico relacionado con el deber de sustentar el recurso de apelación ante el juez de segunda instancia, conforme lo estipulan los artículos 322 y 327 del CGP. 81. En aquella oportunidad, la Sala Plena revisó cinco acciones de tutela interpuestas de forma separada contra providencias judiciales que, a juicio de los accionantes, incurrían en varios defectos que vulneraban sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Las distintas decisiones atacadas vía tutela declararon desierto el recurso de apelación presentado por los respectivos accionantes por dos razones principales: (i) la no comparecencia a la audiencia de sustentación y fallo del artículo 327 del CGP[49] y (ii) la fundamentación vaga y abstracta del recurso[50]. 82. En los casos donde el recurso de apelación fue declarado desierto por el juez o tribunal de alzada dada la inasistencia a la audiencia de sustentación y fallo, los accionantes argumentaron haber sustentado de forma escrita el recurso de apelación ante el juez de primera instancia y dentro del término legal previsto para ello. 83. Los fundamentos jurídicos de la sentencia de unificación se enfocaron en destacar la amplia potestad de configuración del Legislador, en virtud del artículo 150 constitucional que le otorga la función de expedir códigos en todos los ramos del derecho y reformar sus disposiciones. Amplia facultad que, según recordó esta Corte en esa oportunidad, incluye (i) definir los recursos y medios de defensa, así como sus requisitos y condiciones de procedencia; (ii) establecer las etapas, términos procesales y formalidades para su cumplimiento; (iii) definir la competencia de una determinada autoridad judicial siempre que la Constitución no la haya asignado directamente; (iv) señalar los medios de prueba y (v) los deberes de los jueces, las partes y terceros. También explicó que esta amplia facultad encuentra límite en la Constitución misma, es decir, en el respeto por los principios y fines del Estado y la vigencia de los derechos fundamentales. 84. Luego de esto, la Sala Plena se refirió a la importancia de la oralidad procesal en Colombia, para lo cual resaltó que se trataba de un medio para materializar los principios de eficiencia procedimental y de eficacia de las garantías propias del debido proceso. 85. Enseguida, reiteró la importancia de la garantía de la doble instancia y el derecho a apelar en los procesos judiciales, al constituir herramientas idóneas y eficaces para corregir los errores en que pudo incurrir una autoridad pública. Prerrogativas que encuentran fundamento en el artículo 31 superior según el cual «toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley», con la advertencia de que el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. 86. Además de lo anterior, la Sala Plena reconoció que gran parte de la necesidad de unificar jurisprudencia radicaba en las posturas contradictorias al interior de la Corte Suprema de Justicia por parte de sus salas Civil y Laboral al resolver acciones de tutela con supuestos de hechos semejantes a los revisados. Esto es, la solicitud de amparo a raíz de una providencia judicial que declaró desierto el recurso de apelación en segunda instancia por falta de sustentación. Recordó que al interior del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la Sala Civil negaba la protección constitucional por considerar que declarar desierto el recurso de apelación era el resultado de la legítima interpretación del artículo 322 del CGP y no de un criterio subjetivo o del capricho de la autoridad judicial. Por su lado, la Sala Laboral opinaba lo contrario. En su interpretación de la norma, sustentar la apelación era distinto de asistir a la audiencia. Por tanto, si el recurrente presentaba la argumentación del recurso ante el a quo, en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, no había lugar a declarar desierto el recurso, así el interesado no asistiera a la audiencia. 87. Bajos estas premisas argumentativas, la Sala Plena definió que el objeto de controversia era la interpretación del artículo 322 del CGP, particularmente, «sobre el momento en que debe entenderse debidamente sustentado el recurso de apelación de una sentencia por parte del recurrente y a los casos en los que cabe predicar la declaratoria de desierto del mismo por no comparecencia a la audiencia de sustentación y fallo señalada en el artículo 327 del mismo ordenamiento procesal»[51]. 88. Definido lo anterior, la Sala Plena precisó que en aras de unificar la jurisprudencia en relación con las divergencias interpretativas entre salas pertenecientes a un mismo órganos de cierre, tendría que decantarse por una de esas posturas «por razones de igualdad de trato y seguridad jurídica»[52]. 89. Para ello, consideró que en estos casos el juez constitucional contaba con dos aproximaciones a una interpretación unificadora de la ley: «(i) la interpretación que mejor se acomode al texto interpretado o (ii) la interpretación que resulte más ajustada a la Carta Política en el entendido de que solo cabría una interpretación conforme a la Constitución en el evento en que una de las interpretaciones que originan la disparidad fuese incompatible con el Texto Superior […]»[53]. 90. En esa medida, explicó que si ninguna de las interpretaciones es per se contraria a la norma superior, no cabría seguir este método de interpretación, de modo que el juez se encontraría ante una indeterminación interpretativa insuperable, caso en el cual debía optar por la que más se ajustara a la Constitución. Pero si no existía ese alto nivel de incertidumbre, entonces debía decidir conforme la interpretación que mejor se acomode al texto interpretado, «bajo el entendido de que esa es la interpretación que respeta la voluntad legislativa y el margen de apreciación que tiene el legislador para la configuración de los procedimientos judiciales»[54]. 91. Siguiendo estos criterios interpretativos, la Sala Plena concluyó que en relación con las disposiciones que regulan el trámite del recurso de apelación en el Código General del Proceso «(i) [n]inguna de las interpretaciones posibles es, en sí misma considerada, contraria a la Constitución y, (ii) [n]o existe una indeterminación insuperable». Por tanto, para garantizar el derecho a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jurídico ante los asociados se decantó «por la interpretación que surge de las disposiciones aplicables, esto es, que el recurso de apelación debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y el efecto de no hacerlo así es la declaratoria de desierto del recurso» (negrillas originales)[55]. 92. En la práctica, dijo la Corte, los artículos 322 y 327 del CGP suponen «un doble deber de fundamentación del recurso de alzada, pues, por un lado, es necesario expresar ante a quo [sic] -al menos brevemente- las razones que respaldan la actuación del abogado y, por el otro, se debe asistir a la audiencia de sustentación y fallo para desarrollar ante el ad-quem, de manera más profunda, los argumentos que ya habían sido enunciados en un primer momento»[56]. De allí que, a su juicio, no se configuraba el exceso ritual manifiesto alegado por cuanto existe «una obligación clara y expresa en la ley, se está ante una carga razonable que atiende a objetivos valiosos y que no es disponible por las partes, como lo es la obligación de interponer oportunamente los recursos»[57]. En tal sentido, agregó, «no podría hablarse de una concepción procesal en extremo rigurosa al punto de leerse la sustentación del recurso de apelación como un obstáculo para la realización de los derechos sustanciales de las partes y no en un medio para lograrlo»[58]. 93. Por otro lado, en cuanto a la diferencia interpretativa, para la Sala Plena no había lugar a ponderar lo que satisface más los derechos, si era posible llegar a una interpretación que surgiera del texto. En este punto, aclaró: En este caso parecería existir una interpretación y la ponderación se hace en contravía del querer del legislador. Sería tanto como ponderar una norma clara, para darle prelación a una opción distinta que se estima más garantista. Esta opción no cabe. Si la norma no es inconstitucional, no puede excepcionarse, para dar aplicación a un criterio más garantista. Se está en el nivel de garantía fijado por el legislador que no es inconstitucional, así pueda haber opciones más garantistas (al menos para una parte, pero eventualmente, en detrimento de la otra). Por ejemplo, ampliar el término para recurrir, es más garantista para quien quiera apelar, pero disminuye las garantías de quien tiene una sentencia favorable y aspira a la seguridad jurídica[59]. 94. Así, la Sala Plena advirtió que la indeterminación insuperable que se pretendía construir consistía en señalar que las normas procesales no establecían la obligación de que la sustentación se hiciera ante el superior o que, de no hacerse, la consecuencia fuera la declaratoria de desierto del recurso, concretamente, por la inasistencia a la audiencia de sustentación y fallo. Interpretación que sugería que las normas procesales castigan con la declaratoria de desierto del recurso solo en el evento en que este no ha sido sustentado, sin precisar el momento en que debe hacerse la sustentación. 95. En opinión de la Corte, esa opción interpretativa «se aparta del tenor literal de la disposición y del contexto en el que se inscribe. Así, en primer lugar, la disposición sí establece el deber de las partes, y en particular del apelante, de asistir a la audiencia de sustentación y fallo, para sustentar ante el superior el recurso. Esa obligación se desprende de los siguientes apartados de la disposición final: En el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 se dispone que quien apela una sentencia deberá precisar ante el juez de primera instancia, de manera breve, los repartos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagración de una facultad, por el contrario, expresa claramente que la sustentación se hará ante el superior»[60]. 96. En concordancia, la Corte recordó que el artículo 327 del CGP es claro en señalar que en la audiencia de sustentación y fallo el apelante «deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia»[61]. Así, «la lectura integrada de los distintos apartes normativos conduce a entender que ese deber se predica tanto de la necesidad de hacer la sustentación ante el superior, como la de circunscribirla al desarrollo de lo presentado ante el juez de primera instancia»[62]. 97. Teniendo en cuenta estas conclusiones, la Corte Constitucional resolvió los casos concretos. Así, revocó los amparos concedidos que se fundamentaban en la configuración de algún defecto específico por haberse exigido la sustentación de la apelación ante el juez de alzada y, en su lugar, negó la tutela de los derechos fundamentales invocados. 98. En un caso semejante a los resueltos en la decisión de unificación, mediante Sentencia T-021 de 2022[63] la Sala Tercera de Revisión conoció dos acciones de tutela presentadas contra una providencia emitida por la sala civil de un tribunal superior de distrito judicial, que declaró desiertos los recursos de apelación de los accionante por falta de sustentación, debido a su inasistencia a la audiencia de sustentación y fallo. Los tutelantes alegaban que la autoridad judicial incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso por cuanto (i) uno de ellos, previamente y por escrito, había presentado los motivos de desacuerdo con la sentencias recurridas; y (ii) el otro no había sido notificado debidamente del auto que citó a la audiencia de sustentación y fallo. 99. En sus consideraciones jurídicas, la Sala Tercera de Revisión advirtió que tanto la Sala Civil como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tenían posiciones disímiles en relación con la interpretación del momento oportuno en que debía ser sustentado el recurso de apelación. Asimismo, advirtió que para ese momento ya había sido proferida la Sentencia SU-418 de 2019, la cual adoptó la interpretación de la Sala Civil según la cual existe el deber de sustentar la apelación ante el juez de alzada y la consecuencia de no hacerlo era que el recurso fuera decl...