Sentencia T-346 de 2025

T-346-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-346/25 EMPLEADOR-Responsabilidad por omisión en el pago de aportes patronales y traslado de cotizaciones al sistema general de pensiones/PENSIÓN SANCIÓN A EMPLEADA DEL SERVICIO DOMÉSTICO-Se concede de manera transitoria y se ordena pagar a trabajadora un monto equivalente al 50% del salario mínimo legal mensual vigente, hasta cuando exista un pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria (La accionada) incumplió con su obligación legal de afiliación al sistema de seguridad social a la accionante, afectando su acceso a las prestaciones económicas derivadas de la vejez, de manera injustificada... ante la falta de certeza sobre los extremos laborales, la terminación del contrato y la afiliación de la accionante, corresponderá a la jurisdicción laboral constatar de manera más adecuada los supuestos mencionados, al contar con mayores herramientas probatorias... a pesar de que la materia deberá ser definida por la jurisdicción laboral, en todo caso están acreditados los requisitos para conceder el amparo transitorio de los derechos fundamentales invocados. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Debida diligencia de abogados y de estudiantes adscritos a consultorios jurídicos, cuando asesoran a personas en situación de vulnerabilidad (...) tanto los abogados titulados como los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos deben observar una conducta ética y profesional reforzada cuando prestan asesoría a personas en situación de vulnerabilidad... la falta de diligencia y acompañamiento oportuno por parte de quienes tenían la responsabilidad de asesorar a la accionante, quien es una mujer adulta mayor, sin formación legal ni acceso al sistema de seguridad social, contribuyó a generar un estado de indefensión prolongado que agravó su situación de vulnerabilidad socioeconómica... Las dilaciones injustificadas, la desinformación y la negligencia evidenciada en la gestión del caso no solo obstaculizó el ejercicio oportuno de sus derechos laborales y pensionales, sino que además perpetuó patrones de exclusión y desprotección institucional, contrarios al deber reforzado de protección que asiste a los abogados cuando atienden a personas en condiciones de especial vulnerabilidad. PRESUNCIÓN DE VERACIDAD EN TUTELA-Naturaleza y fines (...) la presunción de veracidad busca, de un lado, sancionar la negligencia de las entidades o personas demandadas ante la presentación de una acción de tutela y, de otro lado, garantizar de forma eficaz, en aplicación de los principios de inmediatez, celeridad y buena fe, los derechos fundamentales alegados como vulnerados por quien ejerce la acción de tutela. CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA-Deberes de las partes y atribuciones del juez como director del proceso (...) cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en situación de vulnerabilidad... enfrentan mayores dificultades para acreditar ciertos hechos, mientras que los accionados suelen contar con mayor facilidad de aportar el material probatorio necesario. Así, en palabras de la Corte, “resulta de elemental justicia que sea la parte privilegiada y fuerte, por su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien deba asumir dicha carga procesal” de entregar totalmente la información requerida. De esta manera, el precedente en comento reconoce la importancia de aplicar la carga dinámica de la prueba en la acción de tutela, con especial énfasis en aquellos casos en que el presunto afectado es un sujeto de especial protección constitucional. ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance TRABAJO DOMÉSTICO-Situación de vulnerabilidad/PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS-Jurisprudencia constitucional (...) debido a sus características particulares y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que lo ejercen, el trabajo doméstico exige una protección especial por parte del Estado, con el fin de que sea reconocido tanto legal como socialmente como una actividad laboral en condiciones de dignidad e igualdad, merecedora del pleno goce de los derechos laborales. En este sentido, la Corte ha identificado tres reglas constitucionales relevantes: (i) existe un mandato de equiparación, derivado del artículo 53 de la Constitución, según el cual los trabajadores y trabajadoras domésticos deben gozar de los mismos derechos y condiciones mínimas de los demás trabajadores, especialmente en materia de remuneración, prestaciones sociales, afiliación a la seguridad social, condiciones laborales acordes con la dignidad humana, y protección reforzada; (ii) el vínculo laboral del trabajo doméstico se caracteriza por una forma particular de subordinación, determinada tanto por la naturaleza del servicio prestado como por las condiciones en que este se desarrolla, lo que se agrava por el hecho de que esta labor suele ser realizada por mujeres en condiciones de pobreza y baja escolaridad; y (iii) en consecuencia, resulta necesario establecer un marco reforzado de protección para estas relaciones laborales, que permita incluso la adopción de acciones afirmativas o medidas diferenciadas a favor de las trabajadoras y trabajadores domésticos, compatibles con su especial situación de vulnerabilidad. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO-Protección EMPLEADAS DEL SERVICO DOMÉSTICO-Obligación del empleador de afiliarlas al sistema de seguridad social DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de aportes por empleador EMPLEADOR-Sanciones por no pago de aportes en seguridad social PENSIÓN SANCIÓN-Naturaleza (...) prestación que debe reconocer el empleador en los eventos en que la relación laboral haya estado vigente por un periodo superior a 10 años y cuando la terminación del contrato de trabajo se haya producido sin justa causa. PENSIÓN SANCIÓN-Requisitos (...) los empleadores que incumplen con la obligación legal y reglamentaria de afiliar a sus trabajadores al sistema pensional vulneran el derecho a la seguridad social y deben responder por las pensiones y prestaciones periódicas a las que tendrían derecho de haber sido afiliados. En tal evento, el juez constitucional podrá ordenar el pago de la pensión-sanción, la cual es susceptible de ser indexada. Para acceder a ella se debe comprobar que (i) el empleador no realizó la afiliación correspondiente ni el pago de cotizaciones a pesar de (ii) la existencia de un contrato de trabajo que estuvo vigente entre 10 y 15 años; (iii) además, finalizó de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo desconociendo que (iv) el trabajador cuente con más de 55 años si es mujer o 60 si es hombre. DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN SANCIÓN-Cobija a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Contenido y alcance ABOGACIA-Su ejercicio implica el desarrollo de una función social que conlleva responsabilidades e impone comportamientos éticos REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Séptima de Revisión SENTENCIA T-346 de 2025 Referencia: expediente T-10.901.033 Asunto: acción de tutela interpuesta por Aura María Urrea en contra de María Marlene Canencio Muñoz. Tema: obligación de afiliar al trabajador doméstico al sistema general de seguridad social. Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de tutela del 18 de noviembre de 2024, dictado en el presente asunto por el Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán, Cauca y confirmada por el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, el 20 de enero de 2025[1]. Síntesis de la decisión 1. Hechos. El 5 de noviembre de 2024, Aura María Urrea interpuso acción de tutela en contra de María Marlene Canencio Muñoz. Para la señora Urrea, la accionada vulneró sus derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, y a la seguridad social. Esto porque la señora Canencio Muñoz terminó injustificadamente la relación laboral y omitió su obligación de afiliarla al Sistema General de Seguridad Social, a pesar de haber trabajado para ella por más de 18 años como trabajadora doméstica de manera ininterrumpida. 2. Decisiones de instancia. El Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán declaró improcedente la acción de tutela al considerar que (i) el procedimiento laboral es el mecanismo idóneo para proteger sus derechos, al tratarse de una pretensión derivada de una relación laboral y (ii) no se demostró “la afectación grave e inminente de este derecho que le impida a la accionante dirigir la controversia a la jurisdicción ordinaria y que por lo tanto haga necesaria la intervención del Juez Constitucional para evitar un perjuicio irremediable”[2]. Esta decisión fue impugnada por la accionante. En segunda instancia, el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán confirmó la sentencia proferida por Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad. Su decisión se enmarcó en que no se superaba el requisito de subsidiariedad por dos razones. La primera, relacionada con la existencia de “otros medios de protección judicial”[3], a los cuales no acudió la accionante. La segunda, porque la señora Urrea no acreditó “la ineficacia de los [medios ordinarios] existentes, ni acreditó la existencia del perjuicio irremediable que tornara la acción procedente como mecanismo transitorio”[4]. 3. La Sala encontró acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En cuanto a los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Corte concluyó que (i) las partes están legitimadas en la causa por activa y por pasiva; (ii) la accionante interpuso la acción de tutela en un plazo razonable, y (iii) aunque los jueces ordinarios son los competentes para resolver las controversias derivadas de la relación laboral, para el caso concreto se evidencia que la actora está ante la inminencia de un perjuicio irremediable, lo cual habilita la procedencia de la acción de tutela. Lo anterior porque se justifica la necesidad de proteger de manera inmediata los derechos de una mujer en condición de vulnerabilidad, quien es sujeto de especial protección constitucional. Además, porque la accionante aportó prueba sumaria de una relación laboral subordinada y continua por más de 18 años, reconocida por la parte accionada en sede administrativa, y ha desplegado una conducta diligente al adelantar gestiones ante la Inspección de Trabajo, participar en diligencias conciliatorias y buscar asesoría legal, lo cual evidencia que acudió a la acción de tutela como último recurso. 4. La señora María Marlene Canencio Muñoz incumplió su deber legal de pagar los aportes a la seguridad social de Aura María Urrea al Sistema General de Seguridad Social. La Sala concluyó que la empleadora accionada incumplió su obligación de realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Con todo, habida cuenta de que al inicio de la relación laboral la accionante se encontraba afiliada al régimen de prima media, no se encontraron acreditados todos los requisitos para ordenar, en sede de tutela, el reconocimiento y pago de la pensión-sanción. Ante ese escenario y habida cuenta del precedente fijado por la Corte en asuntos análogos, se dispuso el amparo transitorio de los derechos fundamentales invocados y con el fin de preservar la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para resolver, de manera definitiva, la controversia planteada. Asimismo, y fundándose en precedentes de casos análogos, la Sala ordenó a la accionada el pago, a favor de la señora Aura María Urrea del 50% del salario mínimo mensual vigente, en sumas mensuales y hasta que concluya el proceso judicial ante la jurisdicción laboral ordinaria, en donde se defina la controversia de manera definitiva. I. ANTECEDENTES 5. Caracterización de la señora Aura María Urrea. La accionante es una adulta mayor de 72 años, “con conocimientos limitados de lectura y escritura”[5]. Según la encuesta del Sisbén, se encuentra en la clasificación B6 correspondiente a pobreza moderada. Está a cargo de su pareja, quien también tiene 72 años y se encuentra con afectaciones de salud a raíz de un accidente que le impide trabajar. Conforme a lo narrado por la accionante, no cuenta con pensión ni con un núcleo familiar cercano que pueda sostenerla. Señaló que su “único ingreso consiste en la ayuda del programa de adulto mayor, que me proporciona $80.000 al mes, y el valor de $60.000 que recibo por cada trabajo de limpieza que realizo en una casa de familia”[6]. 6. Relación laboral entre la accionante y la accionada. Aura María Urrea expresa que trabajó en la casa de María Marlene Canencio Muñoz como empleada doméstica desde el año 2002 hasta el 21 de junio de 2021. La accionante desplegaba sus labores de lunes a viernes de 8am a 3pm. Su último salario devengado era de $500.000 pesos, más $100.000 pesos de auxilio de transporte. Según el escrito de tutela, la señora Canencio Muñoz “nunca cumplió con la obligación de afiliar [a la accionante] al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones”[7]. 7. Terminación de la relación laboral. Cuando inició la pandemia por COVID-19, esto es, al inicio de 2020, la señora Canencio Muñoz contactó a Aura María Urrea y le pidió que permaneciera en su casa “por seguridad, asegurando[le] que [la] llamaría cuando fuera conveniente retomar [las] labores”[8]. Sin embargo, relata la accionante, que esa llamada nunca llegó. A pesar de los esfuerzos de la accionante de contactar a su empleadora para acordar su regreso al trabajo, la señora Canencio Muñoz no contestó sus llamadas. 8. Según lo relatado por la señora Urrea, en el año 2020, después de “un tiempo prolongado”[9], la señora Canencio Muñoz la contactó para que se encontraran. En el encuentro, María Marlene Canencio le pidió a Aura María Urrea que firmara “unos documentos”[10] y le entregó $1.000.000 de pesos “sin ofrecer ninguna explicación sobre el motivo de dicha transacción”[11]. Para ese momento, la señora Urrea tenía 68 años de edad. 9. Diligencia administrativa laboral. En razón a lo anterior, la señora Aura María Urrea acudió a la Inspección de Trabajo de Popayán en octubre de 2022. Mediante comunicación del 4 de octubre del mismo año, la inspectora del trabajo citó a la accionada el 19 de octubre de 2022 a una diligencia administrativa laboral. En dicha diligencia, la señora Urrea manifestó que: “Mediante contrato de trabajo verbal, comencé a trabajar en el año 2002, como doméstica externa, en jornada de trabajo de lunes a viernes y en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.- Trabajé hasta el 19 de marzo del 2020 por motivos de la pandemia.- Mi último salario fue de $500.000, más $100.000 para el transporte.- No estuve afiliada a seguridad social.- Si bien es cierto ella me canceló las prestaciones sociales, lo hizo sobre el valor del salario que ella me pagaba, que no era lo que ordenaba la ley, es decir reclamo el reajuste salarial, reliquidación de las prestaciones sociales, además de eso reclamo el pago de los aportes a seguridad social en pensión y demás derechos que me puedan corresponder”[12]. 10. Por su parte, la apoderada de la señora María Marlene Canencio, previo a solicitar la suspensión de la diligencia, señaló que: “la familia de la señora Aura María ha venido trabajando а través del tiempo con la familia de mi cliente y no se trató de un contrato verbal, sino de contratos escritos a término fijo, a partir del 2018 hasta el 21 de junio del 2020, fecha en que se le liquidaron y pagaron las prestaciones sociales de ley. El contrato de trabajo se terminó por mutuo acuerdo entre las partes”[13]. 11. En razón a la solicitud de la apoderada de la parte accionada, la diligencia se suspendió y se fijó como fecha de su reanudación el 28 de octubre de 2022. Durante la nueva sesión de la diligencia, la apoderada de la señora Canencio Muñoz señaló que “no existe una propuesta conciliatoria”[14]. A su vez, la accionante manifestó que continuaría con su reclamación ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, “para que sea un juez de república quien determine y reconozca mis derechos, principalmente correspondiente a mi pensión”[15]. Por lo anterior, el inspector del trabajo expidió la constancia de no conciliación n°. 215 de 2022. 12. Actuaciones posteriores a la conciliación fracasada. En razón a la falta de conciliación, la accionante acudió al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán para solicitar orientación. Sin embargo, señaló la accionante que fue atendida por un primer estudiante que le indicó que “solo podía calcular la liquidación de los últimos tres años de [su] trabajo, argumentando que incluir la totalidad de los años de servicio resultaría en una suma demasiado elevada para la señora Canencio y que ellos no podían asumir un proceso de esa cuantía”[16]. A pesar de la información anterior, el estudiante se comprometió a llamarla para entregar la liquidación laboral, pero no lo hizo. Por esta razón, la señora Aura María Urrea acudió nuevamente al consultorio jurídico de la mencionada universidad luego de varias semanas. En esta nueva visita, otra estudiante le entregó una liquidación laboral que fijó como extremos laborales el 1 de enero de 2017 y el 21 de junio de 2020. Según la accionante, pese a recibir ese documento, no fue orientada de los “pasos legales a seguir”[17]. 13. A causa de lo anterior, la señora Urrea solicitó ayuda a un abogado recomendado por una de sus vecinas, de nombre “Camilo”, quien a su vez la recomendó con otro abogado. Según la accionante, este último profesional del derecho retuvo sus documentos “por un tiempo considerable”[18] , y finalmente le informó que no podía llevar a cabo el proceso porque la señora Canencio Muñoz no tenía bienes que se pudieran embargar. 14. Ante la negativa, la señora Urrea continuó en la búsqueda de un abogado que la representara. Conforme a su escrito de tutela, también consultó con el abogado Juan Francisco Mora. Según la accionante, este abogado también “mantuvo [sus] documentos durante un largo periodo”[19]. Señaló que, luego de ese tiempo, el abogado le informó que no podría representar sus intereses porque había asumido un cargo en la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán. Sin embargo, señaló que el abogado Mora le informó que los documentos los había entregado a un colega, quien “también los retuvo por un tiempo prolongado sin tomar ninguna acción concreta”[20]. 15. Solicitud de tutela. El 5 de noviembre de 2024, Aura María Urrea interpuso acción de tutela en contra de María Marlene Canencio Muñoz. En su criterio, la no afiliación al Sistema General de Seguridad Social por parte de su empleadora, donde laboró como trabajadora doméstica por más de 18 años, vulneró sus derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, y a la seguridad social. 16. En particular, para la accionante se configuró dicha vulneración porque la señora Canencio Muñoz “nunca cumplió con la obligación de afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones”[21], a pesar de que “en numerosas ocasiones me aseguró que no debía preocuparme por mi futuro, ya que ella se encargaría de mi pensión por todos los años que trabajé a su servicio”[22]. Por lo anterior, Aura María Urrea solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que se ordene a la señora Canencio Muñoz a “cancelar mensualmente una suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente a favor de la [accionante]”[23]. 17. Contestación de María Marlene Canencio Muñoz. Según el juzgado de primera instancia, la accionada no contestó la acción de tutela interpuesta, a pesar de haber sido notificada en debida forma[24]. 18. Sentencia de primera instancia. El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán declaró improcedente la acción de tutela. El juzgado explicó que en consideración a la petición de la accionante de que le sea pagado mensualmente un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), la acción de tutela es improcedente, pues es una pretensión de índole laboral que debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Además señaló que, para el caso concreto, los medios de defensa que dispone la señalada jurisdicción resultan idóneos pues de los medios probatorios allegados junto con el escrito de tutela, no se evidencia “la afectación grave e inminente de este derecho que le impida a la misma dirigir la controversia a la jurisdicción ordinaria y que por lo tanto haga necesaria la intervención del Juez Constitucional para evitar un perjuicio irremediable”[25]. 19. Escrito de impugnación. El 20 de noviembre de 2024, Aura María Urrea presentó su escrito de impugnación. En este escrito, la accionante explicó que el juez de primera instancia (i) aplicó indebidamente el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, (ii) desconoció el precedente constitucional establecido en este tipo de asuntos, (iii) restó valor a las pruebas presentadas en el trámite de tutela, y (iv) basó su determinación en consideraciones equivocadas. 20. Sobre el primer aspecto, la accionante señaló que la presunción contenida en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991 no fue tenida en cuenta por el juez, quien además “no solicitó pruebas adicionales”[26], a pesar de tener la facultad para hacerlo. En su concepto, ante la falta de respuesta por parte de la señora Canencio Muñoz, el juez no podía desconocer los hechos narrados, sino que, por el contrario, “está obligado a presumir la veracidad de mis afirmaciones y a analizar el caso con base en esa presunción”[27]. 21. Respecto al desconocimiento del precedente constitucional, indicó que a pesar de que la Corte Constitucional ha establecido que, en general, la tutela no procede para solicitar prestaciones económicas como el pago de una pensión, también ha señalado en decisiones como la T-265 de 2012 que “los jueces pueden reconocer derechos en materia pensional cuando la reclamación es concurrente con diferentes aspectos o circunstancias que ameritan un pronunciamiento a través de la acción de tutela”. Agregó que en la Sentencia T-014 de 2015, la Corte Constitucional concedió la tutela a la señora Elisa Quisoboni Catuche, quien se encontraba “en una situación bastante similar a la mía”[28]. Señaló la accionante que en ambos casos (i) se trata de una mujer adulta mayor empleada del servicio doméstico, (ii) el proceso fue tramitado por el Juzgado 003 Penal Municipal de Popayán, (iii) las trabajadoras no fueron afiliadas al sistema de pensiones por parte de sus empleadoras, (iv) se aportó la constancia de no conciliación y el resultado de la consulta elevada por las accionantes al consultorio jurídico de una universidad. Señaló que en esa oportunidad la Corte reconoció que la accionante era un “sujeto de especial protección constitucional” y por lo tanto, reconoció su derecho a la seguridad social y al mínimo vital, y ordenó a su ex empleadora pagarle una pensión provisional. 22. Señaló también que se restó valor a las pruebas presentadas en el trámite de tutela, las cuales demuestran la existencia de una relación laboral subordinada y continua por más de 18 años, así como su situación de vulnerabilidad actual. Indicó que se pasó por alto que “durante 18 años, desde el año 2002 hasta el 21 de junio de 2020, mantuv[o] una relación laboral bajo un contrato verbal a término indefinido, desempeñándo[se] como empleada doméstica al servicio de la señora María Marlene Canencio”[29], y que dicha relación fue incluso “reconocida por la apoderada judicial de la accionada durante la diligencia de conciliación realizada el 19 de octubre de 2022 ante la Inspección de Trabajo”[30]. Además, aportó información sobre su precaria situación económica y familiar, explicando que “[su] esposo, también adulto mayor, se encuentra incapacitado tras sufrir lesiones en un accidente laboral en mayo de 2024”[31], y que “h[a] realizado diversas gestiones administrativas para reclamar mis derechos laborales y pensionales”[32], lo que prueba su diligencia y el agotamiento de vías ordinarias previas. 23. Agregó que el fallo de instancia incurrió en un error al considerar que existían medios judiciales ordinarios idóneos y eficaces para la protección de sus derechos fundamentales, ignorando su condición de sujeto especial de protección como persona adulta mayor. Indicó que el juzgado “desconoció las circunstancias de vulnerabilidad que configuran un perjuicio irremediable”[33], como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la Sentencia T-014 de 2015. Asimismo, subrayó que “los procesos ordinarios laborales, además de ser complejos, no pueden garantizar la inmediatez necesaria para proteger mis derechos fundamentales”[34], especialmente ante la gravedad de su situación actual, la cual se incrementa por la ausencia de ingresos estables y la omisión de su empleadora en cumplir con las obligaciones de Seguridad Social. Incluso, señaló que el fallo “omite aplicar este principio, consagrado en el Artículo 53 de la Constitución y reiterado por la Corte en diversas sentencias de tutela”[35]. 24. Para concluir, solicitó que se revoque la decisión dictada por el Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán, en su lugar se amparen sus derechos fundamentales y se concedan las pretensiones consignadas en su escrito de tutela. 25. Sentencia de segunda instancia. El 20 de enero de 2025, el Juzgado 001 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán confirmó la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024 por el Juzgado 003 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad. Para sustentar su decisión, el Juzgado del circuito indicó que la acción de tutela no superaba el requisito de subsidiariedad porque “la accionante […] cuenta en la actualidad con otros medios de protección judicial y no puede desconocerse en ninguno de los casos que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con diversos mecanismos en la jurisdicción ordinaria, para la defensa de los derechos laborales”[36]. 26. Además, señaló que “la actora NO acreditó la inexistencia de medios de defensa o la ineficacia de los existentes, ni acreditó la existencia del perjuicio irremediable que tornara la acción procedente como mecanismo transitorio”[37]. Lo anterior porque (i) “la sola aseveración del perjuicio irremediable no configura su existencia”[38] y (ii) los hechos ocurrieron en 2020 y 2022; y la acción de tutela se interpuso solo hasta 2024, “por lo que se descarta la configuración del perjuicio irremediable”[39]. 27. Selección del expediente por la Corte Constitucional. Mediante el auto de 28 de marzo de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional seleccionó el expediente de la referencia. Por sorteo, su revisión correspondió a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. 28. Actuaciones en sede de revisión. Mediante el auto de 15 de mayo de 2025, la magistrada sustanciadora ordenó la práctica de pruebas. Esto, con el fin de tener información sobre (i) la accionante y su situación actual, (ii) la accionada, sus consideraciones sobre el caso y los bienes a su nombre; (iii) la relación laboral de la accionante con la accionada y sus condiciones de trabajo; y (iv) los trámites llevados a cabo por la accionante, por cuenta propia y por intermedio de apoderados y estudiantes de consultorio jurídico, previo a la interposición de la acción de tutela. Como consecuencia, se allegó la siguiente información: Tabla 1. Respuestas al auto de pruebas del 15 de mayo de 2025 Aura María Urrea La accionante informó que su familia se compone de su compañero permanente y dos hijos, aunque solo uno de ellos reside con ella. Agregó que su compañero permanente es un adulto mayor que requiere atención especial debido a un accidente laboral que lo incapacitó para continuar laborando. Añadió que durante la semana la acompaña su nieto de 9 años, a quien cuida en las tardes luego de que el niño termina su jornada escolar. Además, la señora Aura María indicó que luego de la terminación del vínculo laboral con la señora María Marlene Canencio Muñoz en 2020, solo recibió $1.000.000 de pesos en efectivo en el mes de junio de ese mismo año. También manifestó que conocía que no estaba afiliada a la seguridad social porque “la señora Marlene me indicó que no había podido afiliarme debido a que yo estaba registrada en el sistema Sisbén y por esta razón no me podía afiliar”[40]. Señaló que inició labores, de manera informal, en la casa de la señora María Marlene Canencio en 2002, con un horario laboral de 8 am a 3 pm de lunes a viernes. Dentro de las labores que realizaba, describió que hacía el aseo de la casa, paseaba al perro y cuidaba a la hermana de la señora Canencio. Agregó que “el pago de mis labores [se] realizaba cada fin de mes por un valor fijo que inicialmente era de $300.000 mensuales, y luego el monto fue aumentando hasta llegar a $500.000, más $100.000 para transporte”[41]. Por último, indicó que actualmente trabaja “una vez por semana haciendo aseo en una casa por un pago de $60.000, de los cuales $5.000 son para transporte”[42]. Además, señaló que recibe el subsidio de adulto mayor por $80.000 mensuales[43], y su hijo la “está ayudando con $50.000 cada 8 días, desde que su padre enfermó”[44] teniendo en cuenta que su compañero permanente no puede trabajar debido a su condición de salud. María Marlene Canencio Muñoz. Transcurrido el término, la accionada no se pronunció. Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán El director del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán señaló que la señora Aura María Urrea solicitó orientación en el consultorio jurídico sobre una presunta relación laboral como trabajadora doméstica durante diecinueve años en dos ocasiones. La primera, el 20 de abril de 2022, cuando se le brindó asesoría y se le entregó una liquidación de sus prestaciones sociales. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, tras un intento fallido de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, se le elaboró una nueva liquidación actualizada. Señaló que, el 25 de octubre de 2023, la señora Urrea manifestó "de manera expresa su decisión de desistir de los servicios ofrecidos por el Consultorio Jurídico"[45], documento que se adjunta al expediente del Consultorio. Junto con la respuesta, se anexó la liquidación de prestaciones sociales, liquidación de prima de servicios y de navidad, y constancia de pago del salario mensual de los años 2016, 2017, 2019 y 2020. También se anexó la constancia de no conciliación proferida por el inspector del trabajo de Popayán el 28 de octubre de 2022. Estos documentos fueron aportados por Aura María Urrea al consultorio jurídico para la respectiva asesoría. Juan Francisco Mora Obando Transcurrido el término previsto, no se recibió respuesta. Oficina del trabajo de Popayán Transcurrido el término previsto, no se recibió respuesta. Oficina de registro e instrumentos públicos de Popayán El registrador (e) de instrumentos públicos del círculo de Popayán informó que, tras realizar la búsqueda correspondiente en el Sistema de Información Registral (SIR) con base en el nombre y documento de identidad, se encontró que la señora María Marlene Canencio Muñoz figura como titular de derechos sobre cinco inmuebles. Precisó que de los inmuebles registrados adquirió el usufructo en cuatro de ellos y es propietaria del 50% de otro. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 29. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela dictado en el presente asunto, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. 2. Cuestión previa. El principio de presunción de veracidad y la carga de la prueba. Reiteración de jurisprudencia[46] 30. El artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que se presumen ciertos los hechos de la demanda de tutela en los casos en que, solicitada la información por parte del juez, la autoridad contra quien se hubiere hecho el requerimiento no rinda el informe en los plazos establecidos. Por consiguiente, la Corte ha señalado que la presunción de veracidad busca, de un lado, sancionar la negligencia de las entidades o personas demandadas ante la presentación de una acción de tutela y, de otro lado, garantizar de forma eficaz, en aplicación de los principios de inmediatez, celeridad y buena fe, los derechos fundamentales alegados como vulnerados por quien ejerce la acción de tutela[47]. 31. Por tanto, la parte accionada en el proceso de tutela tiene el deber de responder los requerimientos que le haga el juez de forma completa. Cuando la parte pasiva (i) omite la rendición de la información solicitada, de manera parcial o total; (ii) entrega la información tardíamente, o (iii) da una respuesta de manera formal y no de fondo, los hechos de la demanda de tutela se consideran ciertos y el juez constitucional decide conforme a la citada presunción[48]. 32. Además, la aplicación de esta presunción es más rigurosa cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en situación de vulnerabilidad[49]. Esto se debe a que, en muchos casos, estas personas enfrentan mayores dificultades para acreditar ciertos hechos, mientras que los accionados suelen contar con mayor facilidad de aportar el material probatorio necesario[50]. Así, en palabras de la Corte, “resulta de elemental justicia que sea la parte privilegiada y fuerte, por su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien deba asumir dicha carga procesal”[51] de entregar totalmente la información requerida. De esta manera, el precedente en comento reconoce la importancia de aplicar la carga dinámica de la prueba en la acción de tutela, con especial énfasis en aquellos casos en que el presunto afectado es un sujeto de especial protección constitucional. 33. Para el caso concreto, la Sala considera que debe darse aplicación a la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991, en razón a que la parte accionada no respondió los autos de prueba proferidos tanto en sede de instancia como en sede de revisión[52], con lo que ha mantenido silencio a lo largo de todo el trámite de la acción de tutela. Esta omisión injustificada configura una conducta procesal negligente que activa la presunción de veracidad respecto de los hechos expuestos en el escrito de tutela. Tal efecto adquiere aún mayor relevancia en el presente asunto, dado que la accionante es una mujer adulta mayor en condición de pobreza, sujeto de especial protección constitucional, quien enfrenta serias dificultades para acreditar plenamente los hechos de su relación laboral y la omisión de afiliación al sistema de seguridad social y quien alega el sistemático incumplimiento en la satisfacción de sus derechos laborales como empleada doméstica. Asimismo, la accionada en su condición de empleadora está en la plena capacidad de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, si a ello hubiere lugar, razón por la cual resultaba aplicable la regla dinámica de la prueba a la que alude la jurisprudencia constitucional. Por tanto, ante la falta de respuesta de la parte demandada, corresponde al juez constitucional tener por ciertos los hechos afirmados por la accionante, y resolver el fondo del asunto con base en dicha presunción legal, en aras de garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales. 3. Delimitación del asunto, problema jurídico y metodología de la decisión 34. Delimitación del asunto. La controversia gira en torno a la presunta vulneración de los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, y a la seguridad social de Aura María Urrea, en razón a la falta de afiliación al sistema de seguridad social por parte de la señora María Marlene Canencio Muñoz. 35. Problema jurídico. Una vez se determine el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, corresponderá a la Sala determinar si: ¿María Marlene Canencio Muñoz vulneró los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social de Aura María Urrea, en razón a la falta de afiliación al sistema de seguridad social y el incumplimiento en la satisfacción de otros derechos laborales?. 36. Metodología. Para resolver el mencionado problema jurídico, la Sala (i) reiterará el precedente sobre la protección del derecho a la seguridad social de las personas en situación de vulnerabilidad, en especial aquellas que ejercen el trabajo doméstico, (ii) referirá al deber de los empleadores de cumplir con el pago de aportes al sistema de seguridad social y las consecuencias del incumplimiento de esa obligación; y (iii) describirá los deberes legales que, respecto de las personas en situación de vulnerabilidad, tienen los abogados y los consultorios jurídicos. A partir de las reglas que se deriven de estos asuntos, (iv) estudiará la posible vulneración a los derechos fundamentales de Aura María Urrea. 4. Procedibilidad de la acción de tutela 37. A continuación, la Sala examinará si la acción de tutela sub judice satisface los requisitos de procedibilidad, a saber: (i) legitimación en la causa por activa, (ii) legitimación en la causa por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad. 4.1. Legitimación en la causa por activa 38. Regulación constitucional y legal. Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política, “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…), por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Según el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela “podrá ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. A la luz de las referidas disposiciones, la Corte ha reconocido que la legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela[53]. En consecuencia, de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo solicitado[54]. 39. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. Esto, porque Aura María Urrea señaló que actúa en nombre propio teniendo en cuenta que es la titular de los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales fueron presuntamente vulnerados por la señora María Marlene Canencio Muñoz. En consecuencia, la Sala considera que esta solicitud satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. 4.2. Legitimación en la causa por pasiva 40. Regulación constitucional y legal. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política, así como 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede en contra de las autoridades o particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha señalado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”[55]. En efecto, esta Corte ha reiterado que “el presupuesto esencial, insustituible y necesario [de la acción de tutela] es la afectación –actual o potencial– de uno o varios de tales derechos”[56], razón por la cual cuando el juez constitucional, prima facie, “no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela”[57]. Por lo anterior, la autoridad accionada no estará legitimada en la causa por pasiva cuando no le sea atribuible la presunta amenaza o vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. 41. Adicionalmente, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares. Al respecto, esta Corporación en la sentencia C-134 de 1994 determinó que la acción de tutela contra particulares procede en las situaciones en que el solicitante se encuentre en estado de indefensión o de subordinación, pues, así como en el caso del servicio público, esta facultad tiene su fundamento jurídico en el derecho de igualdad. Ello toda vez que, quien se encuentra en alguna de las situaciones referidas, no cuenta con las mismas posibilidades de defensa que otro particular. Para definir en qué casos existía relación de subordinación, la Corte sostuvo en la Sentencia T-290 de 1993 que “la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen”. Por ello, “el Estado debe acudir a su protección [del accionante] -en caso de haberse violado un derecho constitucional fundamental-, la cual no es otra cosa que una compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato del derecho”[58]. 42. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. La señora María Marlene Canencio Muñoz está legitimada en la causa por pasiva, por cuanto es quien presuntamente omitió la afiliación y pago de los aportes a la seguridad social de la accionante durante el tiempo en el que laboró en su casa como empleada doméstica. Además, existe una relación de subordinación entre la accionante y la accionada, derivada de su condición de trabajadora. A estas conclusiones se pudo llegar a partir de (i) la actuación administrativa ante la oficina de trabajo, que da cuenta de concurrencia de la empleadora a través de su apoderada judicial, quien afirmó que sí existió una relación laboral (párrafo 10 supra) y (ii) la presunción de veracidad del artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991. Por lo anterior, la señora Canencio Muñoz sería la llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. 4.3. Inmediatez 43. Regulación constitucional y legal. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo de “protección inmediata” de derechos fundamentales, que puede interponerse “en todo momento y lugar”. La Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 no prevén el plazo para interponer la solicitud de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acción debe ejercerse dentro de un término razonable y proporcionado[59]. Al respecto, la Corte ha señalado que “la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional”[60]. 44. También ha señalado que “una facultad absoluta para presentar la acción de tutela en cualquier tiempo sería contrario al principio de seguridad jurídica”[61] y “desvirtuaría el propósito mismo de [la acción], el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”[62]. La exigencia de este requisito está justificada, entre otras, por tres razones: (i) evitar la afectación de los derechos de terceros; (ii) garantizar el principio de seguridad jurídica[63] y (iii) impedir “el uso de este mecanismo excepcional como medio para simular la propia negligencia”[64]. 45. La acción de tutela satisface el requisito de inmediatez. Esto, por cuanto para la Sala el tiempo que transcurrió entre el momento en que la accionante fue despedida y la presentación de la acción de tutela satisface la exigencia de plazo razonable, dadas las condiciones particulares del caso. Esto por dos razones principales. 46. Primero, si bien la desvinculación laboral ocurrió en junio de 2020 y la acción de tutela se presentó a finales de 2024, dicho lapso se justifica, entre otras razones, por el actuar diligente de la accionante y por las circunstancias de especial vulnerabilidad en las que se encuentra. La señora Urrea es una mujer de 72 años, sin pensión ni afiliación al sistema de seguridad social, con ingresos esporádicos y mínimos, y cuyo esposo, también adulto mayor, se encuentra actualmente incapacitado. 47. Segundo, la accionante no permaneció inactiva durante el tiempo transcurrido desde su despido hasta la presentación de la tutela. Al respecto, la Sala llama la atención acerca de que la condición de vulnerabilidad de la accionante no es, por sí sola, una razón suficiente para acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez. Con todo, en el presente caso se encuentra una premisa adicional que permite comprobar la acreditación de dicho requisito, vinculada a la debida diligencia de la peticionaria en obtener la exigibilidad de sus derechos laborales y a partir de las herramientas que tenía a su alcance. Así, del expediente se desprende que adelantó gestiones ante la Inspección de Trabajo de Popayán, asistió a una audiencia de conciliación en octubre de 2022, y posterior a ello buscó asesoría legal en múltiples ocasiones, incluidas dos solicitudes de acompañamiento al Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán. Sin embargo, estas gestiones no le permitieron acceder efectivamente al sistema de justicia ni obtener una solución oportuna. Ello no puede serle reprochado, pues se trata de una persona de avanzada edad, con escasa formación académica, sin formación jurídica, que actuó dentro de las posibilidades reales a su alcance. Por el contrario, ha intentado los mecanismos a su alcance antes de acudir a la jurisdicción constitucional como último recurso. 48. Es especialmente relevante destacar que la asesoría prestada por los abogados consultados así como por el consultorio jurídico fue deficiente. De acuerdo con el análisis del expediente y el decreto de pruebas proferido por esta Sala, se advierte que la información proporcionada a la accionante por los profesionales del derecho y dicho consultorio no fue verificada con el rigor mínimo exigible. Esto, porque se realizaron afirmaciones sobre la supuesta insolvencia económica de la demandada sin soporte documental ni técnico que lo respaldara y también se le informó, sin justificación legal, que la liquidación solo se podría hacer de los últimos tres años en razón a la cuantía. Ello constituyó una orientación equivocada, que indujo a la accionante a no ejercer con prontitud acciones judiciales eficaces. En consecuencia, el retardo en la interposición de la acción de tutela no puede ser interpretado como una inactividad reprochable, sino como una consecuencia directa de las condiciones de debilidad en que se encontraba la accionante, acentuadas por la falta de una asesoría jurídica adecuada. 49. Por lo anterior, en el caso analizado resultaría prima facie desproporcionado exigir el cumplimiento de un término estricto para la presentación de la acción de tutela, desconociendo las condiciones estructurales de vulnerabilidad en las que se encuentra la accionante y su actuar diligente dentro de sus posibilidades. La Sala advierte que el paso del tiempo no obedeció a una actitud negligente o de desinterés, sino a limitaciones materiales, económicas y sociales, que impidieron el acceso oportuno a una defensa técnica y a mecanismos judiciales ordinarios. A esta circunstancia debe sumarse, como se explicó en precedencia, la comprobación sobre la diligencia de la accionante y a partir de sus posibilidades sustantivas. 4.4. Subsidiariedad 50. Regulación constitucional y legal. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede cuando el accionante no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Además de reiterar dicha regla, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé que “la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, atendiendo las circunstancias en las que se encuentre el solicitante”. De existir otros mecanismos judiciales, la Corte ha resaltado que existen “dos excepciones [que] justifican la procedibilidad de la tutela”, a saber: “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado y (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio”[65]. 51. Perjuicio irremediable y procedencia transitoria de la acción de tutela. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la verificación del perjuicio irremediable exige que el accionante demuestre: (i) una afectación inminente del derecho presuntamente vulnerado, es decir, que el daño “está por suceder en un tiempo cercano”[66]; (ii) la urgencia de las medidas para conjurar la afectación[67], para efectos de “brindar una solución adecuada frente a la proximidad del daño”[68]; (iii) la gravedad del perjuicio, esto es, que sea “susceptible de generar un detrimento transcendente en el haber jurídico de una persona”[69] y (iv) el carácter impostergable de las órdenes para la efectiva protección de los derechos amenazados o vulnerados[70], es decir, que sea indispensable una respuesta “oportun[a] y eficien[te]”[71], para “la debida protección de los derechos comprometidos”[72]. Cuando se acredite la ocurrencia de perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá como mecanismo transitorio de protección de derechos. 52. Adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional. En numerosas ocasiones la Corte Constitucional ha reconocido que aún ante la presencia de un mecanismo ordinario de defensa, el amparo constitucional es procedente cuando “(…) el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”[73]. 53. Así, ha considerado esta Corte que existen algunos grupos con características particulares que pueden llegar a sufrir daños o amenazas dadas sus condiciones de debilidad o vulnerabilidad manifiesta lo que, en consecuencia, implica adoptar un “tratamiento diferencial positivo”[74], ampliándose con ello el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Bajo esa línea, en el evento en que el accionante sea un sujeto de especial protección, ha estimado la Corte que en virtud de la necesidad de garantizar el amparo constitucional reforzado de que gozan dichos sujetos, y con el objeto de admitir la viabilidad y prosperidad de la acción, “el juez de tutela debe considerar con particular atención las circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión en las que se encuentra el titular de los derechos invocados”[75]. 54. Lo anterior, tiene particular relevancia en los eventos donde quien invoca la protección de sus garantías es un adulto mayor, pues, conforme con la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación, estos sujetos hacen parte de la categoría de sujetos especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Ello, en razón a su edad y las debilidades que el avance de esta última genera en la realización de ciertas funciones y actividades. En sentencias como la T-252 de 2017, la Corte explicó que estas características: “(…) pueden motivar situaciones de exclusión social que repercuten negativamente en el acceso a oportunidades de orden económico, social y cultural, lo que justifica una diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan. La supresión de dichas barreras no se limita al derecho sustancial, sino que también se aprecia en los mecanismos del derecho procesal que deben ser abiertos y buscar la protección de los derechos de los adultos mayores”. 55. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos derivados de la seguridad social. En lo que respecta a reclamaciones que persigan el reconocimiento y pago de acreencias laborales o prestaciones sociales, la Corte ha indicado que no es procedente la acción de tutela toda vez que existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse antes de acudir a esta acción[76]. Lo anterior porque el legislador dispuso de herramientas de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria, para solicitar la protección de este derecho cuando se hace efectivo a través del reconocimiento de la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes[77]. En efecto, según el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, corresponde a la citada jurisdicción conocer de los conflictos jurídicos “(…) que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” y, también, de aquellos relativos “(…) a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras (…)”. 56. Sin embargo, esta Corporación ha señalado que existe una excepción a la anterior regla cuando “(i) no existe otro medio judicial de protección; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (iii) el caso supone un problema jurídico de relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido”[78]. 57. Para verificar la idoneidad de mecanismos de defensa en la jurisdicción ordinaria laboral o administrativa, según sea el caso, para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional, y así garantizar efectivamente la protección del derecho a la seguridad social, la Corte ha señalado que se deben constatar los siguientes requisitos: “a. Que se trate de sujetos de especial de protección constitucional. b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la prestación reclamada. d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”[79]. 58. Además, ha señalado que respecto de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, en razón de su edad, estado de salud, condición de madre cabeza de familia, entre otras circunstancias, es posible “presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos”[80] para reclamar el reconocimiento de una prestación pensional. 59. La acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que para el momento de la presentación de la acción de tutela, se encontraba acreditado el requisito de subsidiariedad por tres razones. Primero, si bien existe un medio judicial ordinario que resulta idóneo y eficaz, ante la jurisdicción laboral, la accionante se enfrentaba a la existencia de un perjuicio irremediable. Esto porque la accionante es una mujer de 72 años, en situación de pobreza moderada (Grupo B6 del Sisbén), afiliada al régimen subsidiado de salud, sin pensión, con ingresos ocasionales e insuficientes, y quien sostiene el hogar debido a que su esposo, también adulto mayor, se encuentra incapacitado debido a un accidente. En este contexto, la ausencia de una prestación económica periódica la expone a un perjuicio irremediable, al comprometer su derecho al mínimo vital y a una vida digna. Esto porque se vería obligada a afrontar un proceso judicial ordinario sin garantías reales de sustento económico para reclamar el reconocimiento de una pensión-sanción derivada de una omisión de afiliación al sistema de seguridad social por parte de su empleadora, a pesar de haber laborado más de 18 años como trabajadora doméstica. Por tanto, se justifica la intervención transitoria del juez de tutela para evitar una afectación desproporcionada e irreparable de sus derechos fundamentales. 60. Segundo, la accionante aportó prueba sumaria de la titularidad del derecho exigido, mediante documentos y manifestaciones que acreditan la existencia de una relación laboral prolongada, subordinada y continua, cuya existencia fue reconocida incluso por la apoderada de la parte accionada en la diligencia conciliatoria ante la Oficina de Trabajo de Popayán (párr. 10 supra). 61. Tercero, en consideración a que el presente asunto se refiere a (i) la posible vulneración de los derechos fundamentales de una mujer de la tercera edad, quien al parecer trabajó durante 18 años como empleada doméstica, quien afirma no contar con ingresos y cuya empleadora habría omitido su obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y (ii) el debate no es meramente económico y está relacionado con la protección de la seguridad social, toda vez que “la garantía de la seguridad social [es] un instrumento para garantizar la dignidad humana y el mínimo vital”[81], la Sala estima que el presente caso contiene un problema jurídico de relevancia constitucional. 62. Por lo anterior, la Sala encuentra que, atendiendo a las particularidades del caso, especialmente las pretensiones de la acción y la situación de especial vulnerabilidad de la accionante, la acción de tutela resulta procedente de manera transitoria en lo concerniente al pago de una prestación económica periódica que le permita subsistir mientras la jurisdicción ordinaria resuelve de fondo su pretensión. Esto debido a que los mecanismos ordinarios aunque eran eficaces e idóneos en concreto al momento de interponer la tutela, la accionante se encon...