Sentencia T-309 de 2023

T-309-23 DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Vulneración por mora judicial en proceso de extinción de dominio (…) la Fiscalía (accionada) vulneró los derechos fundamentales al debido proceso en relación con la regla del plazo razonable y de acceso a la administración de justicia del accionante… empleó un tiempo desproporcionado e injustificado correspondiente a cuatro (4) años para el desarrollo de la fase inicial del proceso de extinción de dominio. DEBIDO PROCESO EN EXTINCION DE DOMINIO-Exigencia de plazo razonable/DERECHO AL DEBIDO PROCESO (PLAZO RAZONABLE) Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Alcance de la protección cuando la mora judicial afecta garantías fundamentales (…) el juez de tutela podrá ordenar al funcionario a cargo de la actuación procesal tres mandatos. En primer lugar, que resuelva el asunto en el término perentorio que aquél le fije. En segundo término, que observe con diligencia los términos legales, dándole prioridad a la resolución del asunto. En último lugar, y de manera excepcional, que altere el turno para proferir el fallo. Esta determinación aplicará cuando se esté en presencia de: i) un sujeto de especial protección constitucional o ii) cuando la demora en resolución del asunto supere los plazos razonables en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado. ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Acción de rango constitucional ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Características/ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Procedimiento/ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Finalidad ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Facultades del fiscal competente DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Derecho fundamental y autónomo MORA JUDICIAL-Definición/MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Circunstancias en que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos/MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-Circunstancias en que se presenta DERECHO A UN PLAZO RAZONABLE-Hace parte del debido proceso DERECHO AL PLAZO RAZONABLE-Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Reiteración de jurisprudencia MORA JUDICIAL-Procedencia de la acción de tutela cuando se compruebe dilación injustificada en el proceso DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Aplicación del test de plazo razonable (i) no existen elementos o situaciones que aumentaran la complejidad del proceso a cargo de la Fiscalía; (ii) el actor acreditó una actividad procesal activa durante el desarrollo de la fase inicial; (iii) aunque no existe un término legal para la etapa inicial del proceso, la tardanza es atribuible a la falta de diligencia de la entidad accionada, pues, esta no obedece al fenómeno de la congestión judicial o a causas estructurales de la administración de justicia; y (iv) la actuación de la accionada constituye una afectación permanente de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Novena de Revisión Sentencia T-309 de 2023 Referencia: expediente T-9.286.025. Acción de tutela presentada por Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi, a través de apoderado judicial, contra la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Magistrado Ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá, DC, once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Natalia Ángel Cabo y los Magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES El señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. El ciudadano solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con base en los siguientes: Hechos[1] 1. El apoderado judicial del señor Mahmoud Rifadi informó que el 12 de abril de 2019, este fue vinculado a un proceso penal por la presunta comisión del delito de lavado de activos como resultado de la incautación de la suma de ciento cincuenta y cinco millones novecientos setenta y cuatro mil pesos ($155.974.000)[2]. 2. Indicó que, mediante oficio No. 107 del 7 de junio de 2019, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio manifestó que, en efecto, el 12 de abril de 2019, el señor Mahmoud Rifadi fue capturado “[p]or el presunto delito de enriquecimiento ilícito y/o lavado de activos”[3], el cual es investigado por la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos[4]. No obstante, el accionante fue puesto en libertad el mismo día de la captura[5]. 3. Señaló que el 14 de noviembre de 2019, presentó una petición ante la Fiscalía General de la Nación -Unidad de Extinción de Dominio- con el propósito de conocer la autoridad encargada de adelantar el proceso de extinción de dominio contra el accionante y el número de radicado correspondiente[6]. A través de oficio del 13 de diciembre de 2019, le informaron que el asunto y el dinero incautado se encontraba a cargo de la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio bajo el radicado 201900338[7]. 4. El 3 de diciembre de 2020, presentó una petición ante la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en la cual indicó que “[d]e no encontrarse criterios objetivos y subjetivos para realizar la imputación”[8], dicha autoridad procediera a celebrar la audiencia de preclusión. A través de oficio del 15 de diciembre de 2020, la Fiscalía le informó que (i) el señor Mahmoud Rifadi se encuentra vinculado en la calidad de indiciado por el delito de lavado de activos; (ii) la investigación se encuentra en la etapa de indagación, “[p]or lo tanto todas las actuaciones surtidas en el proceso son reservadas”; y (iii) continua[ba] adelantando actividades investigativas para determinar la ocurrencia de los hechos y establecer la responsabilidad individual[9]. 5. El 5 de mayo de 2022, radicó una nueva petición ante la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos en los mismos términos de la solicitud anteriormente referida[10]. Mediante oficio del 13 de mayo de 2022, la Fiscalía informó que (i) de acuerdo con el artículo 212B de la Ley 906 de 2004 -adicionado por el artículo 22 de la Ley 1908 de 2018- la información relativa a la etapa de indagación es reservada; y (ii) no procedía la preclusión porque sigue en curso la etapa de indagación preliminar. Asimismo, señaló que la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio es la entidad responsable de la incautación del dinero[11]. 6. En consecuencia, el 31 de agosto de 2022 presentó una petición ante la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio[12] con el fin de que se gestionara la devolución del dinero que le fue incautado al accionante y, a su vez, le informara “los motivos fundados del por qué se mantiene la decisión”[13]. No obstante, la entidad no otorgó respuesta alguna. 7. Con base en lo expuesto, el 30 de diciembre de 2022, el señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi, a través de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, que se ordene a la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio “[q]ue adopte una determinación en el proceso identificado con el radicado 201900338”[14]. Trámite procesal 8. Mediante auto del 30 de diciembre de 2022, el Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó la vinculación de la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos[15]. 9. La Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio[16] informó que el proceso con radicado 201900338 se encuentra en fase inicial, por lo que la información es de carácter reservado, de conformidad con la Ley 1708 de 2014. Asimismo, explicó que “adelanta toda la investigación y la recolección de pruebas con el fin de identificar si la suma de dinero incautada puede estar incurso (sic) en alguna de las causales previstas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio”[17]. Además, manifestó que, una vez se agote la etapa inicial, se procederá a resolver la solicitud correspondiente al reintegro del dinero incautado, luego de que se admita la demanda, se inicie la etapa de juzgamiento o se decrete la medida cautelar sobre el dinero incautado[18]. En consecuencia, la entidad explicó que cuando ocurra alguno de los eventos anteriores, el accionante podrá ejercer su derecho a la defensa de conformidad con las garantías previstas en la precitada ley. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se negara la solicitud de amparo debido a que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados[19]. 10. La Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos reiteró que el proceso penal existente contra el señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi continúa en etapa de indagación, por lo que sigue “[a]delantando las actividades propias de investigación que considera útiles, pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos con el fin de confirmar o descartar la comisión del delito de lavado de activos y/o enriquecimiento ilícito de particulares”[20]. Por otra parte, en atención a la pretensión de la acción de tutela, la Fiscalía explicó que “el proceso de extinción de derecho de dominio es independiente al proceso penal que se adelanta, la acción de extinción de dominio recae sobre bienes que puedan tener un origen ilícito, de conformidad con los artículos 34 y 58 de la Constitución Política”[21]. De otra parte, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, toda vez que el accionante no ha agotado todos los mecanismos ordinarios para solicitar la devolución del dinero incautado. Sentencias objeto de revisión Primera instancia[22] 11. Mediante sentencia del 11 de enero de 2023, el Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá resolvió “negar por improcedente”[23] la solicitud de amparo. Al respecto, argumentó que la Fiscalía accionada otorgó respuesta oportuna a las peticiones presentadas por el accionante, en las cuales indicó que la información correspondiente al proceso penal en su contra es de carácter reservado, de acuerdo con la Ley 1708 de 2014. Por tanto, la autoridad judicial señaló que dicha restricción no resulta caprichosa y, además, indicó que, una vez se surta la etapa inicial, el actor podrá ejercer los mecanismos de defensa de conformidad con la ley mencionada[24]. Impugnación[25] 12. El apoderado del accionante impugnó dicha decisión. Manifestó que, de forma errónea, el juez de primera instancia valoró la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, sin tener en cuenta que la solicitud de amparo pretende la protección de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor como consecuencia de la “[m]orosidad judicial que se ha presentado en el multicitado proceso”, pues han transcurrido más de tres años sin que la entidad accionada haya adoptado una decisión definitiva. 13. Asimismo, el abogado explicó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014 -modificado por el artículo 21 de la Ley 1849 de 2017- establece que el término de las medidas cautelares decretadas antes de la demanda de extinción de dominio “(…) no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario, resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento”[26]. Decisión de segunda instancia[27] 14. A través de sentencia del 13 de febrero de 2023, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. En concreto, indicó que la Fiscalía accionada resolvió de forma correcta y oportuna las solicitudes presentadas por el accionante y, además, explicó que el proceso de extinción de dominio aún se encuentra en curso, por lo que el actor podrá ejercer su derecho de defensa respecto de la incautación preventiva del dinero en el momento indicado por la ley. Por último, señaló que, en el caso concreto, no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable. Pruebas relevantes que obran en el expediente digital (i) Copias de las peticiones presentadas ante la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. (ii) Copia de las respuestas allegadas por la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. (iii) Copia de la petición presentada ante la Fiscalía 58 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. (iv) Copia del poder judicial otorgado al abogado Luis Alfonso Leal Núñez por parte del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi. Actuaciones en sede de revisión 15. Mediante Auto del 28 de abril de 2023, la Sala de Selección de Tutelas No. 4 seleccionó este expediente a efectos de su revisión. Por sorteo, el asunto le fue repartido al despacho del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Decreto de pruebas y vinculación de terceros 16. A través de auto del 2 de junio de 2023, el despacho sustanciador ordenó la vinculación de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio al trámite de tutela y decretó pruebas adicionales a las obrantes en el expediente con el fin de obtener elementos de juicio para el estudio del caso[28]. 17. Dentro del término otorgado, a través de apoderado judicial, el señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi manifestó que, como resultado del dinero incautado por parte de la Fiscalía, no ha cumplido con sus obligaciones familiares y bancarias porque según explicó no pudo “seguir trabajando por la falta de liquidez”. Además, refirió que durante este tiempo no ha podido cumplir con sus obligaciones financieras (créditos y tarjetas de crédito), por lo que incluso le fue embargado su automóvil[29]. Agregó que, como consecuencia de ello, se vio obligado a mudarse de Bogotá “hacia un pueblo por ser la vida muy costosa por mi situación financiera”[30]. Adicionalmente, el apoderado informó que el 6 de marzo y el 18 de abril de 2023 presentó solicitudes, respectivamente, ante la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con el fin que se ordenara el reintegro del dinero incautado y se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1849 de 2017[31], sin embargo, no obtuvo respuesta[32]. 18. Además, el abogado defensor señaló que la Fiscalía accionada ha desconocido el término fijado en el artículo 21 de la Ley 1849 de 2017, toda vez que ha excedido el plazo para “presentar la demanda ante el Juez de Conocimiento, en caso de no presentarla su obligación es de archivar y regresar los recursos”[33]. Finalmente, indicó que el señor Mahmoud Rifadi “se encuentra seriamente perjudicado en su situación financiera al no poder disponer de sus recursos para poder continuar con sus actividades de índole comercial”[34]. Como anexos de la contestación allegada se encuentra: (i) una copia de registro de garantías mobiliarias, en la cual figura el actor como deudor ante Confecámaras; y (ii) una copia del registro del actor como persona reportada ante las Centrales de Riesgo por mora en el pago de créditos bancarios. 19. La Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio informó que: (i) El 2 de junio de 2023 profirió la resolución de medidas cautelares dentro del proceso de extinción de derechos de dominio adelantado contra el actor. En concreto, la accionada ordenó las medidas cautelares de suspensión del poder adquisitivo, embargo y secuestro, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 1708 de 2014[35], respecto de la suma incautada. Además, ofició a la Sociedad de Activos Especiales para llevar a cabo la materialización de las medidas impuestas sobre el dinero incautado. (ii) El 16 de junio de 2023, el Grupo de Gestión de Títulos Judiciales de la Fiscalía General de la Nación solicitó “efectuar abono a la cuenta de ahorros No. 403-603-009-263 del Banco Agrario de Colombia, cuyo titular es la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) por el valor del título judicial vinculado a la cuenta 11001-509-2011, cuyo titular es la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio” respecto del dinero incautado al señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi[36]. (iii)El 20 de junio de 2023, la Fiscalía accionada procedió a radicar la demanda de extinción de dominio ante los Jueces Especializados de Extinción de Dominio, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley 1708 de 2019, que modificó el artículo 38 de la Ley 1849 de 2017. Lo anterior, bajo la causal de extinción de dominio prevista en el numeral 6º del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, la cual establece que serán susceptibles de la acción de extinción de dominio aquellos bienes que, de acuerdo con las circunstancias en las que fueron hallados, permiten establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas[37]. 20. De conformidad con las actuaciones rendidas, la Fiscalía indicó que el proceso adelantado con el número de radicado 110016099068-2019-00338 “no posee la reserva que ha otorgado la ley, es decir, que el apoderado del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi puede hacer solicitudes de copias y demás acciones facultadas por la ley para ejercer su defensa técnica”[38]. Por último, acerca de la mora judicial alegada por el accionante dentro del curso del proceso, explicó que ello solo tiene ocurrencia cuando la autoridad desconoce los plazos legales “careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello”, lo cual no se acredita en el caso particular. Pues, según señaló, no solo otorgó respuesta a las peticiones del apoderado del actor, sino que, además, adelantó diferentes acciones con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 118 de la Ley 1708 de 2014. 21. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio indicó que la etapa inicial en el marco de un proceso de extinción de dominio “no tiene término para su agotamiento”, de acuerdo con los artículos 116, 117, 118 y 123 de la Ley 1708 de 2014. Ello, “con el fin de que los despachos fiscales de extinción de dominio puedan desplegar todos los actos investigativos tendientes a identificar en forma plena los bienes que podrían ser pasibles de la acción extintiva”. Sin embargo, indicó que existen algunos eventos en los que se pueden decretar medidas cautelares excepcionales, por lo que, en estos casos, la fase inicial no podrá superar el término de seis (6) meses, según el artículo 89 de la ley 1708 de 2014. Además, explicó que la fase inicial culmina con la presentación de la demanda y la imposición de medidas cautelares a los bienes objeto de la acción, lo cual configura el inicio de la etapa de juicio. 22. Por otra parte, respecto del proceso de extinción de dominio contra el accionante, la entidad mencionó que el 2 de junio de 2023, la accionada decretó medidas cautelares, luego de que se efectuara una priorización del caso por parte del despacho a cargo con el fin de garantizar el derecho al debido proceso del investigado. 23. Además, la entidad vinculada indicó que ha adelantado una estrategia para efectuar el seguimiento de los trámites a cargo de los despachos fiscales de esta dirección, con el fin de cumplir con las garantías procesales previstas en la Ley 1708 de 2014. En concreto, explicó que “al inicio de cada año se solicita a los despachos presentar un plan de acción para impulsar los trámites de extinción que conforman su carga laboral, el cual debe especificar las investigaciones de más antigüedad, número de bienes afectados y el impacto de estos procesos en las finanzas de las organizaciones delictivas”. 24. Finalmente, informó que, actualmente, los despachos fiscales adscritos a esta dirección conocen de 4.590 investigaciones que se adelantan conforme a la Ley 1708 de 2014 y 1.007 bajo la Ley 793 de 2002, en régimen de transición. Ahora bien, respecto a la congestión judicial, la entidad mencionó que se encuentra priorizando aquellos procesos de mayor antigüedad y con mayor número de bienes afectados con medidas cautelares, así como los procesos en los que deba darse cumplimiento a un fallo de tutela. 25. La Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos señaló que adelanta una investigación penal que se encuentra en etapa de indagación contra el señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi, en calidad de indiciado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos (artículo 323 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327 del Código Penal). Ello, como resultado de los hechos ocurridos el 12 de abril de 2019 que condujeron a la captura en flagrancia del accionante en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, luego de que agentes de la Policía Nacional evidenciaran que este “portaba una bolsa de tela que en su interior contenía varios fajos de billetes, los cuales sumaban $155.974.000”[39]. 26. Entre las actuaciones adelantadas dentro del proceso, la entidad refirió que el 12 de abril de 2019 efectúo el interrogatorio al indiciado. Luego, los diferentes fiscales que han estado a cargo del despacho han emitido una serie de órdenes de policía judicial con el fin de dilucidar los hechos investigados. 27. Adicionalmente, aclaró que no ha sido la congestión judicial la causa de la demora en el trámite de la investigación contra el accionante. Por el contrario, manifestó que ello ha sido porque “no se ha tenido un fiscal de tiempo permanente que pueda conocer en su integridad la carga laboral, puesto que el paso de los colegas en verdad ha sido breve, pues el que llega tiene que volver a retomar el tema, hacer lectura de todas las investigaciones que se tienen a cargo”. Contestación allegada con posterioridad al traslado de pruebas 28. Mediante oficio del 22 de junio de 2023, el apoderado del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi se refirió a los argumentos expuestos por la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. En concreto, sostuvo que “si bien es cierto que han existido cambios de fiscal a lo largo del tiempo, no es menos cierto que a la fecha han transcurrido más de cuatro (4) años desde el momento en el cual fue incautado el dinero sin que se haya surtido mayor actuación”. 29. Por otra parte, respecto de la contestación allegada por la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, el abogado señaló que dicha entidad ha incurrido en mora judicial “pues no existe argumento que permita justificar que a la fecha han transcurrido más de cuatro (4) años sin que se adopte una decisión en el caso concreto”[40]. Además, indicó que, aunque el 2 de junio de 2023, la accionada impuso medidas cautelares, ello fue resultado del trámite de revisión de la acción de tutela por parte de la Corte Constitucional[41]. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 30. La Sala es competente para revisar los fallos proferidos dentro del expediente de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión 31. El señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi promovió acción de tutela contra la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Lo anterior, debido a que se ha tardado más de cuatro (4) años en adoptar una determinación dentro del proceso de extinción de dominio que se sigue en su contra como resultado de la incautación de una suma de dinero en hechos ocurridos el 12 de abril de 2019. Como consecuencia de esos hechos, la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos también adelanta un proceso penal contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y/o lavado de activos. Este proceso está en etapa de indagación desde el 12 de abril de 2019. 32. En sede de tutela, el Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la acción de tutela, pues no consideró que se hubiesen vulnerado los derechos fundamentales del accionante. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó esta decisión. 33. En este orden de ideas, le corresponde a este este Tribunal resolver los siguientes problemas jurídicos: a. ¿La Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi dentro del proceso con radicado 110016099068-2019-00338 al no adoptar una decisión en un plazo razonable? b. ¿La Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi dentro del proceso con radicado 110016000096-2019-80010 al no observar la regla constitucional de plazo razonable? 34. A pesar de que el accionante no censura directamente las actuaciones de la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la Corte considera necesario plantear el segundo interrogante y examinar la conducta de esa autoridad por al menos dos razones. En primer lugar, porque esta Corporación ha reconocido que los jueces de tutela tienen la obligación de “proteger adecuadamente y conforme a los hechos probados en el proceso, aquellos derechos vulnerados, incluso si el accionante no los invocó”[42]. En este caso esto implica reconocer el aparente desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia compromete tanto al proceso de extinción de dominio como al proceso penal adelantado en contra del accionante, pues ambos se iniciaron por la misma conducta. En segundo lugar, porque cuando se evidencia una actuación que al parecer contraría la Constitución la Corte no puede renunciar a su deber de establecer el alcance de los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto[43]. 35. Ahora bien, con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala hará referencia a (i) la regulación procedimental del proceso de extinción de dominio en el marco de la Ley 1708 de 2014 y reiterará la jurisprudencia relacionada con (ii) las dilaciones injustificadas o la configuración de mora judicial; y (iii) el plazo razonable como elemento del derecho fundamental al debido proceso. A partir de ello, procederá a solucionar el caso concreto. Regulación procedimental del proceso de extinción de dominio en el marco de la Ley 1708 de 2014 36. El artículo 34 de la Constitución autoriza que, por medio de sentencia judicial, se declare la extinción de dominio sobre bienes adquiridos a través de (i) enriquecimiento ilícito; (ii) en perjuicio del Tesoro Público; o (iii) grave deterioro a la mora social[44]. Así entonces, dicha figura se presenta como un mecanismo que busca enfrentar la grave proliferación de conductas ilícitas y formas de delincuencia organizada. 37. Al respecto, en la Sentencia C-958 de 2014[45], este Tribunal explicó que la acción de extinción de dominio es una acción constitucional, pública, judicial, autónoma, directa y patrimonial, la cual “[s]e caracteriza principalmente, por ser una acción de rango constitucional al igual que otras, como la acción de tutela, que se diferencia de otros mecanismos que constituyen limitaciones al derecho de propiedad, como la expropiación o el decomiso de bienes incautados dentro de un proceso penal”. 38. Por su parte, la Ley 1708 de 2014 “por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”[46] introdujo un nuevo régimen de principios generales para la extinción de dominio. Dicha normatividad en su artículo 14 define la noción de acción de extinción de dominio en los siguientes términos: “[e]s es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiera esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna”[47]. El procedimiento regulado por la mencionada ley se efectúa de conformidad con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000 y, en algunas actuaciones conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, excepto en todo aquello que no sea compatible con el procedimiento previsto[48]. 39. El procedimiento de la extinción de dominio consta de dos etapas: una, inicial o pre procesal preparatoria, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, reservada para los afectados, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1708 de 2014; y otra de juzgamiento, a cargo de jueces de extinción de dominio, durante la cual los afectados podrán ejercer su derecho de contradicción. Una vez finalice la fase inicial, el fiscal podrá emitir una resolución de archivo por considerar que no concurre ninguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014[49] o, en caso contrario, emitir una resolución de fijación provisional de la pretensión de extinción, a partir de lo cual se levanta la reserva de la actuación. 40. Acerca de la fase inicial, el artículo 117 de la Ley 1708 de 2014 refiere que la acción de extinción de dominio se adelantará de forma oficiosa por la Fiscalía General de la Nación “siempre y cuando exista un fundamento serio y razonable que permita inferir la probable existencia de bienes cuyo origen o destinación se enmarca en algunas de las causales previstas en la presente ley”[50]. En consonancia con ello, el artículo 118 de la precitada ley establece que esta fase tiene, entre otros, los siguientes fines: (a) identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en causal de extinción de dominio; (b) buscar y recolectar las pruebas que permitan acreditar los presupuestos de la causal de extinción de dominio que se invoque; y (c) buscar y recolectar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa. 41. Dentro del proceso de extinción de dominio podrá la Fiscalía imponer medidas cautelares “con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita”[51], de conformidad con el artículo 88 de la mencionada ley. Dichas medidas deben atender a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas cautelares, por lo que estas son de carácter excepcional. 42. Respecto de la etapa de juzgamiento, el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014 explica que esta inicia una vez, el juez avoque conocimiento del asunto, luego de que la Fiscalía presente el acto de requerimiento de extinción de dominio. A partir de la notificación personal de dicha providencia, los sujetos procesales e intervinientes podrán (i) solicitar la declaratoria de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades; (ii) aportar y solicitar práctica de pruebas; y (iii) formular observaciones sobre el acto de requerimiento presentado por el Fiscal a cargo. Contra la sentencia que profiera el juez de extinción de dominio, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. 43. Ahora bien, conforme al artículo 13 de la Ley 1708 de 2014, durante el desarrollo del proceso referido, el afectado podrá ejercer, entre otros, los siguientes derechos: (a) tener acceso al proceso desde la comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión o desde la materialización de las medidas cautelares; (b) conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de dominio, en términos claros y comprensibles; (c) oponerse a la pretensión de extinción de dominio; (d) presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas; y (e) realizar cualquier acto procesal en defensa de sus derechos. 44. Finalmente, en la Sentencia C-374 de 2007, esta Corporación precisó que la extinción de dominio es una institución autónoma de carácter constitucional y patrimonial que se desarrolla “previo juicio independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales”. La jurisprudencia constitucional sobre la dilación injustificada o mora judicial[52]. 45. Este Tribunal ha definido el derecho de acceso a la administración de justicia como la garantía para que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y los jueces en condiciones de igualdad[53]. Para la Corte, el goce de esta garantía está supeditado a la estricta sujeción de los procedimientos previamente establecidos y con total observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la ley[54]. 46. La garantía del derecho de acceso a la administración de justicia incluye el deber de dar una solución pronta a los asuntos adelantados ante los funcionarios judiciales. Para la Corte, esta “también se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea oportuna”[55]. En consecuencia, están prohibidas las dilaciones injustificadas en la administración de justicia. 47. A partir del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[56], y el artículo 29 de la Constitución, puntualmente del enunciado que señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos[57]. A partir de la anterior consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad). 48. La Corte Constitucional definió la mora judicial como “un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”[58]. Asimismo, este Tribunal ha reconocido la realidad del país en materia de congestión del sistema judicial y el exceso de las cargas laborales[59], y ha decantado que, en la mayoría de los casos, el represamiento de procesos “no permite a los funcionarios cumplir con los plazos legalmente establecidos”[60]. 49. No obstante, la jurisprudencia constitucional[61] ha fijado las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada[62]. En primer lugar, cuando se presente un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial. En segundo término, cuando no exista un motivo razonable que justifique dicha demora (i.e. congestión judicial o el volumen de trabajo). Por último, cuando la tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. 50. Al respecto, en la Sentencia SU-394 de 2016[63], la Sala Plena estudió el caso de una persona que, desde la década de los ochenta, afrontó procesos penales y de extinción del dominio en los que se discutió la licitud de los bienes que integraban su patrimonio. A pesar de múltiples decisiones de instancia, en las que se concluía el carácter lícito de los bienes, el accionante continúo vinculado al proceso durante tres décadas, sin obtener una respuesta definitiva. En dicha providencia, este Tribunal destacó que, la administración de justicia debe operar de forma pronta, cumplida y eficaz, y que el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios del Estado. 51. Ahora bien, para establecer si, en un caso particular la autoridad incurrió en mora, será determinante realizar un test del plazo razonable, el cual se explicará a continuación. El plazo razonable como elemento del derecho fundamental al debido proceso[64] 52. El derecho al debido proceso contempla un abanico amplio de garantías constitucionales que deben ser aplicadas en cualquier actuación de carácter administrativo y judicial. Uno de sus elementos constitutivos exige que la decisión se adopte dentro de los plazos legales previstos para tal fin. Por ello, el artículo 29 de la Constitución prescribe que toda persona tiene derecho a un proceso público “sin dilaciones injustificadas”. 53. En ese orden de ideas, al momento de avocar el conocimiento de un proceso que implique la determinación de derechos u obligaciones de una persona con circunstancias subjetivas que demanden una pronta decisión, los funcionarios judiciales deberán observar las exigencias del plazo razonable. Lo anterior, con el fin de evitar dilaciones injustificadas que configuren la vulneración de los derechos fundamentales. Ahora bien, aunque el concepto de plazo razonable es indeterminado, este es determinable y procura acudir al análisis de las especificidades de cada caso particular, con el fin de advertir la posible violación de la garantía de acceso oportuno a la administración de justicia. 54. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado algunas consideraciones sobre el estudio de las razones esgrimidas por los Estados en los casos en que se denuncie la vulneración del plazo razonable. Por un lado, ha señalado que “no es posible aducir obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o personal para conducir los procesos judiciales para eximirse de una obligación internacional, o una sobrecarga crónica de casos pendientes”[65]. Por otro, también ha sostenido que “el alto número de causas pendientes ante un tribunal tampoco justifica por sí solo que se afecte el derecho del individuo a obtener en un plazo razonable una decisión”[66]. 55. Esto supone que cuando los operadores judiciales superen el límite legal establecido en los ordenamientos jurídicos domésticos para decidir de fondo un asunto de carácter penal habrá, prima facie, una comprobación de la violación del plazo razonable. A la par de estas consideraciones, la Corte IDH también ha seguido los criterios planteados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para calificar la razonabilidad del plazo del proceso penal[67]. Según estos, se debe considerar i) la complejidad del asunto, que implica un análisis de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto[68]; ii) la actividad procesal del implicado, en donde las actuaciones del interesado pueden ser determinantes para la pronta resolución del proceso (impulso procesal) o, por el contrario, para su dilación[69]. Asimismo, iii) la conducta de las autoridades y el interés en el proceso por parte de los funcionarios judiciales[70]. Por último, iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso que determina si el paso del tiempo en el proceso incide o influye de manera relevante e intensa en la situación jurídica (derechos y deberes) de los investigados[71]. 56. Por su parte, para la Corte Constitucional la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión[72]. En estos escenarios la causa que inicialmente puede excusar la demora en la resolución del caso debe estar acompañada de otras razones que permitan evidenciar que no ha existido negligencia o arbitrariedad en el incumplimiento de los plazos. La posibilidad de explicar razonablemente la tardanza en resolver un asunto judicial no se puede convertir en una suerte de excusa per se, a la mano, pues, es obligatorio ahondar en las razones de la dilación y proceder de manera pronta a su superación. Dicho de otro modo, no se puede asegurar sin más, como ocurre en Colombia, que la escasez de funcionarios o de recursos, hacen que las causas penales no se puedan resolver en tiempo. Con esto no solo se compatibiliza lo dicho por esta Corte con lo planteado por la Corte IDH, para quien la sola congestión no justifica por sí sola la demora, sino que también se garantiza que cuando se argumente que un gran número de proceso ocasiona la mora judicial se explique qué medidas se han implementado para atender esa situación o qué otras circunstancias contribuyen a la tardanza en la emisión de una decisión. 57. En buena medida estas consideraciones fueron recogidas por la Sala Plena de este Tribunal en la Sentencia SU-394 de 2016. Allí, además de citar los criterios reconocidos por la Corte Interamericana[73], esta Corporación resaltó qué condiciones estructuran una mora judicial injustificada. Según la Corte, esta situación exige que i) se hubiesen incumplido los términos previstos en la ley; ii) no exista un motivo razonable que justifique esa demora, como podría ocurrir con la congestión judicial o un alto volumen de trabajo; y iii) la tardanza sea imputable a la negligencia u omisión sistemática en el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios judiciales[74]. En tanto estas condiciones se relacionan con la existencia de problemas estructurales y con circunstancias imprevisibles relacionadas con la conducta de los funcionarios judiciales, deben, en criterio de esta Sala, ser examinadas al momento de evaluar el tercer criterio planteado por la Corte IDH: el relacionado con la conducta de las autoridades y el interés en el proceso por parte de los funcionarios judiciales[75]. 58. En las anteriores circunstancias, la Corte Constitucional ha establecido que el juez de tutela podrá ordenar al funcionario a cargo de la actuación procesal tres mandatos[76]. En primer lugar, que resuelva el asunto en el término perentorio que aquél le fije. En segundo término, que observe con diligencia los términos legales, dándole prioridad a la resolución del asunto. En último lugar, y de manera excepcional, que altere el turno para proferir el fallo[77]. Esta determinación aplicará cuando se esté en presencia de: i) un sujeto de especial protección constitucional o ii) cuando la demora en resolución del asunto supere los plazos razonables en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado[78]. Caso concreto 59. El señor Mohamound Nagib Mohamoud Rifadi promovió acción de tutela contra la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Lo anterior, debido a que la Fiscalía accionada ha tardado más de cuatro (4) años en adoptar una determinación dentro del proceso de extinción de dominio que se sigue en su contra como resultado de la incautación de una suma dineraria en hechos ocurridos el 12 de abril de 2019. 60. El juez de primera instancia resolvió “negar por improcedente” la solicitud de amparo, pues, consideró que la Fiscalía accionada otorgó respuesta oportuna a las peticiones presentadas por el accionante, en las cuales indicó que la información correspondiente al mencionado proceso es de carácter reservado, de acuerdo con la Ley 1708 de 2014 y, explicó que, una vez se surta la etapa inicial, el actor podrá ejercer los mecanismos de defensa de conformidad con la ley. En los mismos términos, la decisión fue confirmada por el juez de segunda instancia. 61. A continuación, la Sala analiza los requisitos generales de procedencia: Legitimación en la causa por activa y pasiva Legitimación en la causa por activa: Se observa que la acción de tutela fue promovida a través del apoderado judicial del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi, quien acreditó en debida forma estar facultado para ello. Además, se evidencia que el accionante es el titular de los derechos presuntamente vulnerados. Legitimación en la causa por pasiva: La solicitud de amparo fue presentada contra la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien representa la autoridad presuntamente transgresora de los derechos fundamentales invocados. De otro lado, en el trámite de tutela de instancia se vinculó la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada de Lavado de Activos. Esta es la autoridad que tiene a su cargo el proceso penal que se inició en contra del accionante por la conducta por la que también se dio apertura al proceso de extinción de dominio. Por esto podría estar involucrada en la vulneración de los derechos fundamentales del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi. Finalmente, en sede de revisión se dispuso la vinculación de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, pues se trata de una autoridad que, eventualmente, podría tener obligaciones respecto de la satisfacción de los derechos fundamentales que se encuentran en discusión. Inmediatez Este requisito se encuentra satisfecho, pues, a la fecha en la que fue promovida la solicitud de amparo, aún continuaba la presunta afectación de los derechos fundamentales del accionante, por lo que la conducta presuntamente vulneradora es continua y actual. Lo anterior, debido a que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, la fiscalía accionada no había adoptado una decisión de fondo en el curso del proceso de extinción de dominio contra el señor Mahmoud Rifadi[79]. Subsidiariedad En el caso concreto, se advierte que el apoderado del accionante acreditó haber presentado múltiples y reiteradas peticiones ante la fiscalía accionada entre el año 2019 y el 6 de marzo de 2023, con el fin de que dicha entidad procediera a agilizar el curso de la investigación, declarar la preclusión del proceso y/o adoptar una decisión de fondo respecto del dinero incautado al actor; sin embargo, señaló que dichas actuaciones no produjeron respuestas favorables. Lo anterior, permite evidenciar que el accionante ha actuado de manera diligente dentro del desarrollo del proceso, pese a que este estuvo en fase inicial hasta hace poco tiempo[80]. Ahora bien, aunque el actor puede iniciar un proceso disciplinario por la supuesta conducta negligente de la fiscalía, ello solo acarrearía una responsabilidad personal del funcionario judicial que incurra en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones; no obstante, ello no detendría el hecho de que el administrado continuase padeciendo el retraso del aparato judicial, lo que repercute en la garantía de sus derechos fundamentales. Así las cosas, se advierte que la parte accionante no contaba con ninguna acción ordinaria para solicitar el impulso procesal al no existir un mecanismo ordinario de defensa para tal fin[81]. 62. Según lo expuesto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos de procedencia de la acción de la referencia. 63. Con base en lo anterior, la Sala pasará a determinar si la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Mohamound Nagib Mahmoud Rifadi al no adoptar una decisión dentro de un plazo razonable en el marco del proceso de extinción de dominio que se sigue contra el actor. Aplicación del test de plazo razonable en el caso particular 64. De conformidad con el problema jurídico planteado, la Sala determinará (i) si en el presente asunto hubo un incumplimiento de términos por parte de la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y (ii) si dicho desconocimiento constituye una dilación injustificada. Para ello, se aplicará el test del plazo razonable. 65. Inicialmente, a partir de la revisión del expediente allegado por la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Sala destacará las actuaciones surtidas por la accionada desde el momento en el cual asumió el conocimiento del proceso de extinción de dominio contra el actor: Tabla 1. PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CONTRA EL SEÑOR MOHAMOUND NAGIB MAHMOUD RIFADI A CARGO DE LA FISCALÍA 58 DE LA DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO Captura e incautación del dinero: 12 de abril de 2019 FASE INICIAL (La Ley 1708 de 2014 no prevé un término fijo para el desarrollo de la fase inicial del proceso de extinción de dominio) -A través de oficio Nº 0108 del 7 de junio de 2019, la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos solicitó a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio iniciar el trámite de extinción de dominio respecto del dinero incautado al accionante. -Mediante la Resolución Nº 586 del 26 de agosto de 2019, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio asignó el conocimiento del asunto a la Fiscalía 58 perteneciente a dicha dirección. -En consecuencia, la Fiscalía 58 emitió las siguientes órdenes judiciales al Grupo de Extinción de Dominio -Nivel Central- de la Fiscalía General de la Nación: (i) El 12 de noviembre de 2019, una orden de policía judicial por el término de treinta (30) días para que (i) inspeccionara las piezas procesales del proceso penal por el delito de lavado de activos a cargo de la Fiscalía 26; (ii) consultara bases de datos como RUES, DIMAR, AEROCIVIL, SPOA, entre otros; y (iii) solicitara información sobre el núcleo familiar del señor Mahmoud Rifadi; y (ii) El 19 de noviembre de 2019, emitió una orden de policía judicial por el término de sesenta (60) días para que continuar con el cumplimiento de la orden anterior. -El 14 de enero de 2020, la Policía Judicial allegó informe ejecutivo sobre las órdenes judiciales emitidas los días 12 y 19 de noviembre de 2019. -El 22 de enero de 2020, el apoderado del señor Mohamoud Rifadi solicitó a la Fiscalía 58 que “se [sirviera] ordenar entrevista o versión libre a [su] representado, como al representante legal o gerente de las firmas Entreprise Evolution S.A.S. y Global Class S.A.S., las cuales intervinieron en la operación comercial que sustenta el hecho o razón la cual el INDICIADO portaba la cantidad de dinero puesta bajo comiso de la Fiscalía”. Como anexos de dicha solicitud, aportó copias de las órdenes de compra Nº 0520, 0024, de la factura de venta Nº CGC 3811 de Global Class S.A.S. y de la declaración de renta y complementarios del año 2018. -El 31 de agosto de 2022, el abogado defensor presentó una petición ante la Fiscalía 58 con el fin de que se gestionara la devolución del dinero que le fue incautado al accionante y, a su vez, le informara “los motivos fundados del por qué se mantiene la decisión”. El 6 de enero de 2023, el apoderado presentó una nueva solicitud ante la Fiscalía 58 reiterando la solicitud presentada el 31 de agosto de 2022. -A través de oficio del 8 de mayo de 2023, la Fiscalía 58 solicitó a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos la conversión del título judicial correspondiente a la suma incautada depositada en el Banco Agrario de Colombia. -El 1º de junio de 2023, la Fiscalía 58 emitió una constancia, en la cual declaró que siempre dio respuestas a las llamadas telefónicas efectuadas por el abogado defensor durante el año 2023. -El 1º de junio de 2023, la Fiscalía 58 emitió una orden de policía judicial por el término de diez (10) meses con el propósito de que se realice la inspección judicial al proceso penal por el delito de lavado de activos a cargo de la Fiscalía 26 con el “fin de extraer algunas piezas que dentro de este proceso son ilegibles y revisar si existen nuevas actuaciones”. 66. Adicionalmente, a partir de las contestaciones allegadas por la entidad accionada y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Sala conoció que la Fiscalía 58 adscrita a esta dirección: (i) el 2 de junio de 2023, profirió la resolución de medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio adelantado contra el actor, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 1708 de 2014, respecto de la suma incautada correspondiente a $155.974.000. Además, ofició a la Sociedad de Activos Especiales para llevar a cabo la materialización de las medidas impuestas sobre el dinero incautado; y (ii) el 20 de junio de 2023, procedió a radicar la demanda de extinción de dominio ante los Jueces Especializados de Extinción de Dominio, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley 1708 de 2014, que modificó el artículo 38 de la Ley 1849 de 2017. Lo anterior, bajo la causal de extinción de dominio prevista en el numeral 6º del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014. Asimismo, se advierte que el 16 de junio de 2023, el Grupo de Gestión de Títulos Judiciales de la Fiscalía General de la Nación solicitó abonar la suma incautada a una cuenta de ahorros, cuyo titular es la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)[82]. 67. Así las cosas, de acuerdo con la Ley 1708 de 2014, el proceso de extinción de dominio contra el accionante actualmente se encuentra en etapa de juzgamiento, dado que la Fiscalía ya presentó el requerimiento ante el juez para que este declare la extinción del bien incautado o la improcedencia de ello; por tanto, el asunto actualmente no se encuentra sometido a reserva de ley, lo cual habilita al actor para acceder al expediente y ejercer los actos de defensa que considere pertinente. 68. A continuación, la Sala analizará si en el presente caso el término de la duración de la fase inicial del proceso de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio obedeció a criterios razonables, o si, por el contrario, la dilación constituye una mora judicial injustificada. Ello, a partir de la aplicación del test del plazo razonable. 69. Respecto del primer criterio, la complejidad del asunto, la Sala destaca que en la SU-394 de 2016, esta Corte advirtió que la altísima complejidad del proceso de extinción de dominio ha sido uno de los elementos de análisis de la teoría general del plazo razonable. Ello, por cuanto “no se desconocen las complicaciones que tiene un trámite donde debe identificarse la multiplicidad de bienes inmuebles, participaciones en sociedades comerciales, sino que respecto de cada uno de ellos debe probarse su origen ilícito”. No obstante, en dicha providencia, este Tribunal concluyó que “[l]a exigencia de plazo razonable no implica un plazo precipitado, pues, es una figura que compara el tiempo del trámite con el tiempo que resulta necesario para fallar de acuerdo con el tipo de proceso que se trate y sus circunstancias específicas”[83]. 70. En el caso particular, una vez estudiado el expediente del proceso de extinción de dominio allegado por la entidad accionada se advierte que no se evidencian elementos o situaciones que hubiesen aumentado la complejidad de la etapa inicial del proceso. Por el contrario, esta Sala observa que entre los años 2019 y 2020, la fiscalía libró una serie de órdenes judiciales (ver supra 66, recuadro) las cuales fueron debidamente ejecutadas, sin que se constate que dicha entidad hubiese enfrentado obstáculos para recaudar elementos probatorios, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 1708 de 2014. Así las cosas, la Corte descarta este primer criterio. 71. Frente al segundo criterio correspondiente a la actividad procesal del interesado, la Sala destaca que, durante la fase inicial, el apoderado del señor Mohamound Nagib Rifadi Mahmoud realizó las siguientes actuaciones ante la Fiscalía 58 (ver supra 66, recuadro): (i) el 22 de enero de 2020 solicitó que “se [sirviera] ordenar entrevista o versión libre a [su] representado, como al representante legal o gerente de las firmas Entreprise Evolution S.A.S. y Global Class S.A.S., las cuales intervinieron en la operación comercial que sustenta el hecho o razón la cual el indiciado portaba la cantidad de dinero puesta bajo comiso de la Fiscalía”. Además, aportó copias de órdenes de compra, facturas de venta y la declaración de renta del año 2018, con el fin de establecer la licitud del dinero incautado; y (ii) presentó peticiones el 31 de agosto de 2022, el 6 de enero y el 18 de abril de 2023 con el fin de que se ordenara el reintegro del dinero que le fue incautado al accionante y, a su vez, le informara “los motivos fundados del por qué se mantiene la decisión [de incautación]”, sin obtener alguna respuesta. 72. De acuerdo con el artículo 10º de la Ley 1708 de 2014, la etapa inicial es reservada, incluso para los sujetos procesales. Así las cosas, durante los últimos cuatro (4) años, el actor no pudo acceder al expediente ni ejercer actos de defensa diferentes a aquellos mencionados previamente, pues, la reserva de ley finaliza una vez el fiscal fije la pretensión de acción de extinción de dominio y presente la demanda ante el juez de conocimiento, lo cual ocurrió el 20 de junio de 2023. Por tanto, la Sala evidencia una actitud activa por parte del accionante en la medida en que sus posibilidades legales durante el trámite pre procesal así se lo permitieron, pues, frente a la naturaleza legal del proceso se encontraba imposibilitado para realizar una actividad diferente que no fuese esperar a que el fiscal a cargo resolviera adoptar una determinación concreta. En conclusión, la Sala encuentra acreditado la segunda exigencia del test. 73. El tercer criterio estudia la diligencia razonable del operador judicial. Como ya se indicó anteriormente, entre el 12 de abril de 2019 (fecha de la incautación del dinero) y el 30 de diciembre de 2022 (fecha de interposición de la acción de tutela), la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio libró tres órdenes de policía judicial con el fin de recaudar elementos probatorios dentro del proceso en cuestión. Ahora, si bien no corresponde a esta Corte evaluar la eficacia de las órdenes impartidas ni la frecuencia con la cual estas deben ser emitidas; lo cierto es que se evidencia que solo hasta el mes de junio de 2023, la entidad accionada resolvió nuevamente emitir una orden a policía jud...