Sentencia T-306 de 2021

T-306-21 Sentencia T-306/21 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-Procedencia por defecto fáctico y desconocimiento del precedente constitucional sobre medidas de protección de segundos ocupantes de buena fe (La autoridad judicial accionada) no motivó de forma clara, suficiente y transparente el reconocimiento de las medidas de protección decretadas a favor de la accionante, así como tampoco valoró su adecuación y proporcionalidad para enfrentar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraría como consecuencia de la restitución del bien en el que habita (...) no se tuvieron en cuenta las pruebas que acreditaban la afectación que le ocasionaría la pérdida del inmueble objeto de la restitución. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional DEFECTO FACTICO-Configuración/DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva DEFECTO FACTICO-Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Deberá utilizar herramientas y criterios tanto internos como internacionales para diferenciar el estándar probatorio exigible, y determinar quiénes son o no segundos ocupantes de buena fe o exenta de culpa JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Protección derechos de los segundos ocupantes, según los Principios Pinheiro MEDIDAS DE PROTECCION DE SEGUNDOS OCUPANTES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD QUE NO TUVIERON RELACION CON ABANDONO Y DESPOJO DE PREDIO-Jurisprudencia constitucional (…) los jueces de restitución de tierras tienen la obligación de declarar a quienes habitan los predios objeto del proceso de restitución o derivan de ellos sus medios de subsistencia como segundos ocupantes y determinar de forma motivada, clara, suficiente y transparente las medidas de protección a su favor cuando estos se encuentren en condición de vulnerabilidad y no tuvieron relación directa o indirecta con el despojo o el abandono del predio. Estas medidas deben ser, además, adecuadas y proporcionales para enfrentar la situación de vulnerabilidad que surge de la pérdida del predio restituido, por lo cual su reconocimiento debe estar precedido por el estudio de la relación “segundo ocupante-predio restituido-necesidades insatisfechas”. PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Alcance de las medidas de protección a favor de segundos ocupantes ENFOQUE DE LA ACCIÓN SIN DAÑO-Caracterización/ENFOQUE DE LA ACCIÓN SIN DAÑO-Aplicación en el proceso de restitución de tierras SEGUNDOS OCUPANTES-Importancia de generar políticas y soluciones judiciales para garantizar sus derechos constitucionales y la restitución efectiva BUENA FE EXENTA DE CULPA EN LA LEY DE VICTIMAS-Acceso a la compensación económica equivalente al valor probado del predio Referencia: expediente T-8.067.163. Acción de tutela instaurada por María del Socorro Gerardino Santiago contra la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Magistrado Ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente, SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de marzo de 2020, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de julio de 2020, en primera y segunda instancia, respectivamente. I. ANTECEDENTES 1. La accionante indicó que el 14 de junio de 2001 celebró un contrato de compraventa con el señor Blas Antonio Velásquez con la finalidad de adquirir un inmueble ubicado en el municipio de Curumaní, Cesar. Agregó, sin embargo, que la transferencia del derecho de dominio se efectuó a favor de su madre, la señora María del Socorro Santiago Chacón, debido a unos problemas de índole personal. 2. Después del fallecimiento del señor Blas Antonio Velásquez, la señora María del Carmen Abril Rincón, en calidad de cónyuge supérstite, presentó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante, Unidad de Restitución de Tierras) una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas en relación con el inmueble objeto del contrato de compraventa. 3. La Unidad de Restitución de Tierras, a través de resolución del 4 de febrero de 2015, decidió inscribir a la señora María del Carmen Abril Rincón en ese registro y presentó una demanda ante los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras de Valledupar, con el fin de solicitar la restitución material y jurídica del mencionado predio, correspondiendo por reparto al Juzgado Segundo de dicho circuito. El 2 de octubre de 2015, la madre de la accionante, como propietaria inscrita del predio, presentó escrito de oposición. Esta fue admitida a través de auto del 20 de noviembre de 2015. 4. Una vez cerrada la etapa probatoria, el expediente se remitió a la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Esa autoridad, a través de sentencia del 25 de julio de 2017, acogió las pretensiones deprecadas por la señora Abril Rincón; desestimó la oposición presentada por la madre de la accionante, por no haber probado la buena fe exenta de culpa[1]; y ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras realizar la caracterización socioeconómica de la accionante con el fin de precisar las medidas de protección a las que tendría derecho en caso de ser reconocida como segunda ocupante. 5. El 15 de mayo de 2018 la señora María del Carmen Abril Rincón solicitó ante esa Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras la modulación de la sentencia con el objeto de que se ordene el reconocimiento de una “compensación en especie”[2] con un predio ubicado en las ciudades de Medellín o de Valledupar. 6. El 6 de julio de 2018[3] se buscó efectuar la diligencia de entrega del inmueble. Sin embargo, que en ninguna de esas dos ocasiones el trámite se culminó debido a las solicitudes elevadas por el Ministerio Público y el juez encargado de llevar a cabo la orden de desalojo en torno a la protección de las personas que habitan el predio. En este sentido, la Procuraduría 22 Judicial II de Restitución de Tierras de Valledupar, después de haber referencia a la situación de cada una de las personas que residían en el inmueble, argumentó que el cumplimiento de lo ordenado no se debía traducir en una percepción negativa de la política de restitución de tierras y pidió que se contemple “como medida de atención a la señora Gerardino, en su condición de Segundo Ocupante, se [le] deje en el inmueble y a la solicitante se le conceda alguna de las compensaciones pretendidas”[4]. 7. El 11 de julio de 2018, la accionante presentó una solicitud de modulación de la sentencia con la finalidad de que la autoridad accionada se pronunciara sobre el resultado de una caracterización realizada, teniendo en cuenta, entre otros argumentos, la manifestación efectuada por la beneficiaria de la restitución en relación con la entrega de otro inmueble, por lo que se le podía evitar un daño irremediable[5]. 8. En providencia del 8 de marzo de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena reconoció a la accionante como ocupante secundaria dada su condición de madre cabeza de familia, ordenándole al Fondo de la Unidad de Tierras “adelantar las gestiones a efectos de incluir a la señora María del Socorro Gerardino Santiago y a su núcleo familiar, en la priorización de la entrega de un subsidio de vivienda familiar”[6] (negrillas y subrayado del texto). En auto del 3 de abril de 2019, con ocasión de los recursos de reposición y apelación que presentó el apoderado de la señora María del Socorro Santiago Chacón[7], esa autoridad confirmó el auto del 8 de marzo de 2019. No obstante, entre otras órdenes, también dispuso adicionar esa decisión en el sentido de que la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conjuntamente con la Unidad de Restitución de Tierras, incluya a la señora Gerardino Santiago en programas de emprendimiento. 9. El 27 de mayo de 2019, la Unidad de Restitución de Tierras solicitó la modulación de las órdenes emitidas en los autos del 8 de marzo y 3 de abril de 2019, en relación con la forma en la que se podrían materializar las medidas de protección frente a la ocupante secundaria[8]. No obstante, el 18 de junio de 2019 la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras no accedió a esa petición. 10. En auto de seguimiento del 9 de diciembre de 2019 la autoridad accionada resolvió modular la sentencia del 25 de julio de 2017, ordenando entregar a la señora María del Carmen Abril Rincón y a los herederos de Blas Antonio Velásquez un predio de similares características al solicitado en restitución y que, por lo tanto, el inmueble restituido se debía transferir al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras. Además, en esa misma providencia negó la solicitud de modulación presentada por la accionante, al argumentar que ya se le había reconocido la calidad de segundo ocupante en el auto del 8 de marzo de 2019. La acción de tutela 11. El 26 de febrero de 2020, la señora María del Socorro Gerardino Santiago, actuando a través de apoderado, presentó acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna[9]. En criterio de la accionante, a través de la sentencia del 25 de julio de 2017, así como de los autos del 8 de marzo, 3 de abril, 18 de junio y 9 de diciembre de 2019, esa autoridad incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente de esta Corporación. 12. En relación con el defecto fáctico argumentó que en la sentencia del 25 de julio de 2017, así como en los autos de la etapa de posfallo, no se tuvieron en cuenta las condiciones en las que celebró en contrato de compraventa y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Cuestionó que no se consideró que “depende del predio objeto de restitución”[10] y que ahí reside con su núcleo familiar. Además, recordó que “es el único inmueble que ella posee, es mujer cabeza de hogar y todos sus ahorros los ha invertido en el mismo”[11]. En lo concerniente al defecto por desconocimiento del precedente constitucional cuestionó que no se tuvo en cuenta la sentencia C-330 de 2016[12] en relación con la determinación de la buena fe de los opositores, pues la reconoció como ocupante secundaria, pero le negó la buena fe exenta de culpa a pesar de la información que obra en el expediente[13]. Asimismo, expresó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena desatendió lo prescrito en la sentencia T-315 de 2016 en relación con la flexibilización del estándar probatorio que establece la Ley 1448 de 2011 para dar por probada la buena fe exenta de culpa[14]. Por último, señaló que la autoridad accionada no llevó a cabo el test “segundo ocupante – predio restituido – necesidades insatisfechas”, según lo estableció la Corte en el auto 373 de 2016. 13. En consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y pidió (i) ordenar al Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena “revocar” la sentencia del 25 de julio de 2017, así como los autos del 8 de marzo, 3 de abril, 18 de junio y 9 de diciembre de 2019, para que se reconozca la buena fe diferencial o flexible a la accionante, y (ii) entregarle en compensación el inmueble objeto de la restitución. Subsidiariamente, pidió (iii) que se le mantenga la calidad de ocupante secundaria y se le entregue un predio equivalente, teniendo en cuenta el avalúo comercial vigente. Trámite procesal 14. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio de auto del 27 de febrero de 2020 de enero del 2020, admitió la acción de tutela y ordenó comunicar esa decisión a la parte accionante, a la accionada y a todos los intervinientes del proceso que originó el trámite de tutela. De igual modo, dispuso (i) tener como prueba los elementos presentados con la acción de tutela, (ii) correr traslado a los convocados y terceros interesados para que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa, (iii) no acceder a la medida provisional solicitada[15], (iv) efectuar la comunicación por aviso en caso de no poder notificar a las a partes y terceros, y (v) reconocer personería jurídica al apoderado de la accionante. 15. La Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos solicitaron su desvinculación del trámite de tutela, al considerar que carecen de responsabilidad frente a los cuestionamientos que plantea la accionante. 16. La Procuraduría 22 Judicial II de Restitución de Tierras de Valledupar, a través de intervención del 4 de marzo de 2020, emitió concepto favorable frente a la acción de tutela. Para ello, tuvo en cuenta al salvamento de voto a la sentencia de restitución y “todo lo que posteriormente aconteció, es decir la voluntad de la misma solicitante, su deseo de no retornar al sitio, solicitar que se le compense, todo ello a través de un fallo modulado”[16]. Por ello, citó in extenso el salvamento de voto presentado por la magistrada Ada Patricia Lallemand Abramuck a la sentencia del 25 de julio de 2017, así como la intervención del 17 de julio de 2018 que allegó en el curso del proceso de restitución de tierras. De igual modo, después de presentar unas precisiones también in extenso en torno a la procedencia de la acción de tutela, recordó la relevancia que para este caso tienen las sentencias T-315 de 2016, C-330 de 2016, T-367 de 2016 y T-646 de 2017, así como el auto 373 de 2016. En línea con ello, concluyó que se debe conceder el amparo reclamado con base no solo en los argumentos presentados por la accionante, sino también en concordancia con la voluntad de las partes y la Unidad de Restitución de Tierras. 17. La Dirección Territorial del Cesar y La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras, en escrito del 4 de marzo de 2020, solicitó que se niegue la acción de tutela, pues no existe vulneración a los derechos fundamentales de la accionante y ella cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa para exigir el reconocimiento de una eventual compensación. Argumentó que los cuestionamientos planteados son ajenos a la Unidad de Restitución de Tierras, y recordó que los jueces de restitución de tierras mantienen competencia para adoptar medidas “como podría ser un eventual reconocimiento a la condición de tercero de buena fe o segunda ocupancia”[17]. 18. Las demás entidades o personas vinculadas al trámite de tutela guardaron silencio[18]. Sentencias objeto de revisión Decisión de primera instancia 19. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia del 5 de marzo de 2020, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se encontraban satisfechos los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad. En cuanto al primer elemento sostuvo que entre la presentación del amparo y la sentencia del 25 de julio de 2017 transcurrieron 2 años y 7 meses, un tiempo que no encuentra razonable. De igual modo, en lo que respecta al segundo requisito señaló que “frente a la posibilidad de ordenar la entrega a la tutelante del fundo materia de litigio como ‘compensación’ dada su condición de ‘ocupante secundario’, se advierte el fracaso del amparo por carecer del presupuesto de subsidiariedad, pues la gestora no ha requerido a la corporación fustigada la definición de ese tema, para que sea esa autoridad quien determine si le asiste o no razón en sus aseveraciones”[19]. De otro lado, señaló que no se evidenciaba la posible configuración de un perjuicio irremediable que permitiera reconocer el amparo de forma transitoria, pues la actora no ha abandonado el inmueble restituido, debido al reconocimiento de las circunstancias de vulnerabilidad que el tribunal tuvo en cuenta para reconocerla como “segundo ocupante”. Impugnación 20. El 12 de marzo de 2020, el apoderado de la accionante impugnó la acción de tutela. Argumentó que, contrario a lo expuesto por el juez de tutela primera instancia, sí se encontraban satisfechos los requisitos de procedibilidad formal de la acción de tutela. Frente a la inmediatez del amparo destacó que en este caso “[n]o hay cosa juzgada material, sino formal, […] y por tanto, es irracional que se tenga en cuenta los 6 meses a partir de la sentencia de 2007 (sic)”[20]. También recordó que la autoridad accionada cuenta actualmente con competencia frente al trámite de restitución. En cuanto a la subsidiariedad refirió que la accionante no dispone de otro mecanismo judicial de defensa. Expresó que el proceso de restitución de tierras es de única instancia y que el reclamo que ahora se plantea en la acción de tutela sí se ha presentado ante la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Además, sostuvo que en este caso sí se evidencia la posible configuración de un perjuicio irremediable. Sobre este último punto, concluyó que “si se le obliga a la accionante a salir de su predio, junto con su núcleo familiar, va a quedar desprotegida […] puesto que se van a vulnerar los derechos de una persona protegida constitucionalmente, por ser mujer cabeza de hogar y que su único patrimonio es ese inmueble, además de continuar con las obligaciones crediticias derivadas de préstamos para adquirir el mismo”[21]. Decisión de segunda instancia 21. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de fallo del 8 de julio de 2020, confirmó la decisión del a quo. En este sentido, consideró que no se encontraba satisfecho el requisito de inmediatez, en tanto la demora con la que acudió a la acción de tutela puso, a su juicio, en entredicho la urgencia del reclamo. De otro lado, concluyó que lo resuelto por la autoridad accionada está lejos de configurar una vulneración de derechos fundamentales, en tanto se trata de “una interpretación jurídica sensata, que está edificada en el criterio del funcionario competente”[22]. Esto debido a que a la accionante ya se le informó que el predio debe ser entregado al Fondo de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas conforme a los parámetros legales que reglan la materia, por lo que no es posible acceder a su pedido y se le dieron otras garantías para evitar el desconocimiento de sus derechos. Pruebas que obran en el expediente 22. Al expediente se aportaron como pruebas los siguientes documentos: (i) Copia del expediente de restitución de tierras identificado con el radicado 20001-31-21-002-2015-00113-00 en 3 cuadernos; (ii) CD contentivo de las audiencias celebradas en el curso del proceso de restitución de tierras identificado con el radicado 20001-31-21-002-2015-00113-00; y (iii) copia de las constancias emitidas por distintas entidades financieras frente a créditos adquiridos por la accionante. Actuaciones en sede de revisión 23. La Sala de Selección de Tutelas número Dos[23], mediante auto del 26 de febrero de 2021, seleccionó este asunto a efectos de su revisión. Posteriormente, a través de auto del 25 de marzo de 2021, el magistrado sustanciador le solicitó a la autoridad judicial accionada que remitiera el expediente contentivo del proceso de restitución de tierras y le preguntó si se había efectuado el desalojo del bien objeto de ese proceso. De igual modo, le preguntó a la accionante sobre la situación socioeconómica y de salud en la que se encuentra ella y su núcleo familiar. A la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le pidió que remitiera completo el expediente contentivo de la acción de tutela[24]. De otro lado, invitó al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); al Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria; a la Defensoría del Pueblo, y a los programas de Derecho de las universidades Externado, Andes, de Caldas, del Rosario, del Tolima y de la Sabana; para que emitieran su opinión o concepto sobre la problemática jurídica que compromete el presente asunto. 24. El resumen de las intervenciones recibidas se encuentra en el documento que se incorpora como anexo de esta decisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. La Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 2. La señora María del Socorro Gerardino Santiago presentó acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna. En criterio de la accionante, esa autoridad incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente de esta Corporación, debido a que no tuvo en cuenta las pruebas que acreditaban la afectación que le ocasionaría la pérdida del inmueble objeto de la restitución, y a que no se tuvieron en cuenta las sentencias C-330 de 2016, T-315 y T-367 de 2016, y el auto 373 de 2016. 3. En este orden de ideas, a esta Corporación le corresponde examinar si en este caso se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales. De encontrarse procedente, entrará a resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de un Tribunal Superior de Distrito Judicial incurre en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional al no reconocer la buena fe exenta de culpa ni la medida de compensación de que trata la Ley 1448 de 2011 a una ciudadana que posteriormente fue catalogada como segunda ocupante y que como consecuencia de la restitución del predio en el que habita se encontraría en una situación de vulnerabilidad? Además, ¿la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de un Tribunal Superior de Distrito Judicial incurre en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional al no reconocer como medida de protección para quien fue calificado como ocupante secundario un predio equivalente al predio restituido según el avalúo comercial vigente? 4. Así las cosas, para resolver los problemas jurídicos planteados este Tribunal abordará los siguientes tópicos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la caracterización de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional, (iii) la protección de los opositores y los segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad en el proceso de restitución de tierras, y (iv) el alcance de las medidas de protección a favor de los segundos ocupantes. A partir de las anteriores consideraciones, se estudiará (v) el caso concreto. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[25] 5. El artículo 86 de la Constitución fue reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 40 establecía la competencia especial para conocer de las acciones contra las decisiones proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible y señaló que el amparo no procedía contra providencias judiciales, salvo que el funcionario judicial incurra en actuaciones de hecho graves y ostensibles[26]. A partir de esta consideración, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una postura unificada de cara a los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, basada en causales genéricas y específicas que permiten examinar a profundidad las solicitudes de amparo y establecer la vulneración o no de los derechos fundamentales invocados[27]. 6. Las causales genéricas son aquellas que posibilitan el estudio del fondo del asunto y fueron analizadas en la sentencia C-590 de 2005. Entre ellas, se conocen: (i) que el asunto sometido a estudio tenga relevancia constitucional[28]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[29]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad[30]; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible[31]; y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[32]. Aunado a lo anterior, en este escenario se deberá examinar que en el caso particular se cumplan los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, propios de todos los trámites de tutela[33]. 7. Las causales específicas también fueron desarrolladas en la sentencia C-590 de 2005, estableciendo que para la procedencia de la tutela se requiere la presencia de por lo menos una de ellas, debidamente demostrada. Estas causales se han denominado como: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) violación directa de la Constitución. Caracterización de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional 8. La facultad discrecional que tienen los jueces de la República para estudiar las pruebas incorporadas en los procesos a su cargo no es absoluta. Debe estar, por lo tanto, inspirada en la sana crítica; atender a los criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación; y respetar la Constitución y la ley[34]. En línea con ello, la Corte ha precisado que el defecto fáctico se configura cuando se evidencia una malinterpretación de los hechos expuestos en un proceso, lo que origina una indebida valoración probatoria porque el juez no contaba con pruebas para sustentar su afirmación o debido a que al estimar su valor demostrativo fue arbitrario[35]. Sumado a lo anterior, la Corte también ha señalado que el defecto fáctico tiene dos dimensiones paralelas: una positiva y otra negativa. La primera se refiere a situaciones en las que se valoran pruebas desconociendo reglas legales y principios constitucionales. En contraste, la segunda está relacionada con circunstancias omisivas en la valoración probatoria que son determinantes para la solución del caso concreto[36]. 9. De otro lado, en lo que respecta al defecto por desconocimiento del precedente constitucional esta Corporación ha explicado que el precedente lo constituye “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[37]. Adicionalmente, ha referido que las decisiones que adopta la Corte Constitucional tienen una especial connotación debido a las obligaciones que le encomendó la Constitución Política como garante de la integridad y la supremacía de las disposiciones que en ella están contenidas[38], por lo que el defecto por desconocimiento constitucional es distinto al que se configura cuando se desconocen las decisiones que emiten los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa[39]. Por ende, ha dicho esta Corte, se incurre en el defecto por desconocimiento constitucional: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”[40]. 10. En suma, para que proceda materialmente una acción de tutela contra una decisión por haberse incurrido en ella en un defecto fáctico es necesario que ese error se encuentre claramente estructurado y que permita, por lo tanto, superar la prevalencia de aquellos principios que propenden por la inmutabilidad de las providencias judiciales. Además, para que se configure el defecto por desconocimiento del precedente constitucional son necesarios dos aspectos. De un lado, que esta Corporación precise cuál es la regla de decisión que condiciona la solución de un caso concreto en el curso de un proceso de constitucionalidad o de tutela. Del otro, que la autoridad judicial accionada, sin haber presentado argumentos que soporten su decisión, se aparte de lo establecido por este Tribunal, a pesar de que la controversia que le ha sido planteada sea semejante. La protección de los opositores y los segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad en el proceso de restitución de tierras 11. La Sala Plena de esta Corporación, a través de la sentencia C-330 de 2016, estudió la constitucionalidad de la expresión “exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011. En esa ocasión, la Corte declaró la exequibilidad en el entendido de que la buena fe exenta de culpa “es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia”[41]. Como fundamento de esa decisión, esta Corporación indicó que existen diferencias entre los conceptos de opositor, al que se refiere la Ley 1448 de 2011, y de segundos ocupantes[42]. 12. Explicó que estos últimos son “quienes, por distintos motivos, ejercen su derecho a la vivienda en los predios que fueron abandonados o despojados en el marco del conflicto armado interno”[43]. Además, sobre ellos mencionó que “no son una población homogénea: tienen tantos rostros, como fuentes diversas tiene la ocupación de los predios abandonados y despojados”[44]. De igual modo, después de considerar el contenido del Principio Pinheiro 17, esta Corporación indicó que concebir los procesos de restitución de tierras sin considerar a los segundos ocupantes “es un riesgo para todo proceso y política pública de restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, en un escenario de transición”[45]. Por consiguiente, expresó que los segundos ocupantes deben ser tenidos en cuenta al momento de establecer políticas públicas, normas y programas de restitución en el marco de procesos de transición, pues ello es un presupuesto para su éxito y estabilidad, así como “para la seguridad en los derechos de las víctimas restituidas, especialmente, en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la vivienda y el patrimonio”[46]. 13. De otro lado, la Corte sostuvo que la buena fe exenta de culpa es un estándar de conducta calificado y que la consecuencia jurídica que establece la Ley 1448 de 2011 en relación con ese concepto es la posibilidad de acceder a la compensación económica. Explicó, asimismo, que la ley no contempló ninguna medida diferente a la compensación en beneficio de los segundos ocupantes que se encuentren en condición de vulnerabilidad. En línea con ello, y en atención al cargo de inconstitucionalidad que estudió en esa ocasión[47], indicó que existen dos grupos de personas entre quienes puede realizarse una comparación: “¨[l]os segundos ocupantes que se encuentran en situación ordinaria y tuvieron que ver o se aprovecharon del despojo; y los segundos ocupantes que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad y no tuvieron ninguna relación, ni tomaron provecho del despojo”[48] (negrillas del texto). 14. Puntualizó, por lo tanto, que la norma generaría una discriminación injustificada “en la medida en que exige a todos los opositores interesados demostrar una conducta calificada y no da un trato diferencial a personas que lo merecen, es decir, los segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad que no tuvieron relación directa ni indirecta con el despojo o el abandono forzado de los predios”[49]. Por consiguiente, indicó que a los jueces de restitución de tierras les corresponde estudiar estas situaciones de manera diferencial, por lo cual presentó los parámetros que deben ser tenidos en cuenta por su parte para el estudio flexible de la buena fe exenta de culpa[50]. 15. Por último, la Corte señaló que la falta de medidas a favor de los ocupantes secundarios, más allá de la compensación económica prevista para los opositores, constituye una omisión legislativa absoluta. Por ello, exhortó al “Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que creen unas normas, un marco institucional y unas políticas públicas comprensivas, adecuadas y suficientes para hacer frente a esta arista del proceso de restitución de tierras”[51]. Con todo, esta Corporación tomó nota de los esfuerzos adelantados por la Unidad de Restitución de Tierras, en cuanto a través de sus acuerdos adoptó medidas diferentes a la compensación a favor de los segundos ocupantes. Por consiguiente, refirió que estos acuerdos, así como la caracterización que realice en cada caso esa unidad, son insumos importantes para su trabajo, “siempre tomando en cuenta que estos pueden ser acogidos o rechazados por los funcionarios judiciales, en el marco de su competencia”[52]. 16. Ahora bien, siguiendo lo establecido en la sentencia C-330 de 2016, esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el marco de procesos de control concreto de constitucionalidad en torno al alcance de las medidas de protección que se deben reconocer a favor de los ocupantes secundarios. Así lo hizo a través de las sentencias T-315 de 2016, T-367 de 2016, T-646 de 2017 y T-208A de 2018. En el siguiente cuadro se presenta una breve referencia a lo dicho en esas decisiones: Sentencia Consideraciones T-315 de 2016 La Corte examinó si una Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras incurrió en un defecto sustantivo como consecuencia de no haber reconocido a la accionante como ocupante secundaria. Allí indicó que los jueces de restitución de tierras tienen una competencia extendida que les permite no solo la ejecución de la sentencia, sino, además, “la emisión de nuevas órdenes encaminadas a garantizar la estabilización y la seguridad jurídica de la restitución”. De igual modo, estableció que estas autoridades tienen la obligación de estudiar la situación en la que se encuentran los segundos ocupantes, a partir de un estándar probatorio diferenciado y teniendo presente la responsabilidad de brindar respuestas de fondo a su situación. Con base en ello, revocó las decisiones de instancia y, en su lugar, concedió los amparos reclamados. T-367 de 2016 La Corte resolvió si el no reconocimiento expreso de la condición de segundo ocupante del accionante vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y al trabajo. Esta Corporación reiteró que “los segundos ocupantes “no se encuentran en la misma posición que los opositores de buena fe exenta de culpa, [y que] bajo determinadas condiciones verificadas judicialmente, también son acreedores a una cierta protección por parte del ordenamiento jurídico”. En línea con ello, revocó las decisiones de instancia y concedió el amparo reclamado. T-646 de 2017 Esta Corporación examinó una controversia relacionada con el no reconocimiento de medidas de protección a favor de quienes habían sido calificados como segundos ocupantes. Consideró que la sentencia C-330 de 2016 era precedente para la solución de ese caso e indicó que las decisiones que adopten los jueces de restitución de tierras en relación con las medidas de protección a favor de los segundos ocupantes deben presentar una motivación clara, transparente y suficiente. Sumado a ello, reiteró que “el análisis respecto de la calidad de segundo ocupante, difiere del que se debe realizar respecto del opositor”. En últimas, confirmó la sentencia de instancia, que había ordenado que se precisaran las medidas de protección a las que tenía derecho el accionante en su calidad de segundo. T-208A de 2018 La Corte estudió si el no reconocimiento de medidas de protección a favor de los segundos ocupantes vulneraba sus derechos fundamentales. En esa ocasión, sostuvo que “los segundos ocupantes son sujetos de protección constitucional, siempre que el juez de tierras así lo determine cuando encuentre acreditado que se hallan en condición de vulnerabilidad”. En consecuencia, señaló que corresponde a dicha autoridad judicial “emitir un pronunciamiento en dos sentidos: (i) declarar la calidad de segundo ocupante; y, (ii) determinar las medidas de protección aplicables, caso a caso, según la situación en la que se encuentre el ciudadano y su núcleo familiar”. Por consiguiente, confirmó las decisiones de instancia que habían concedido el amparo. 17. De otro lado, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 esta Corporación también se ha pronunciado sobre la situación de los segundos ocupantes. Ciertamente, en el auto 373 de 2016, la Corte mencionó: “[l]a ‘relación’ segundo ocupante-predio restituido-necesidades insatisfechas es, por lo tanto, el resorte que debe guiar las decisiones de los jueces de restitución para definir las medidas de asistencia y atención que pueden ser adecuadas para proteger a esa población. Se trata, como sostuvo la Sala Plena en la sentencia C-330 de 2016, de un análisis distinto al de la acreditación de la buena fe exenta de culpa para acceder a la compensación. || […] || La adopción de estas medidas, a diferencia de la compensación económica -cuyo monto depende de alguna manera del valor del predio restituido-, debe definirse a partir de un análisis casuístico que evalúe las medidas de asistencia y atención que son adecuadas y proporcionales para suplir las respectivas necesidades insatisfechas en materia socio económica que puede provocar una sentencia de restitución”. 18. Además, en esa ocasión la Corte también indicó que en ese estudio los jueces deben preguntarse (i) si los segundos ocupantes participaron voluntariamente en el despojo o el abandono forzado; (ii) por la relación jurídica y fáctica que guardan con el predio; y (iii) por las medidas que son adecuadas y proporcionales para enfrentar la situación de vulnerabilidad que surge como consecuencia de la pérdida del bien restituido. 19. En suma, a través de la sentencia C-330 de 2016, esta Corporación reconoció la importancia de tener en cuenta la situación de los segundos ocupantes al momento de establecer políticas públicas, normas y programas de restitución, por lo que puso de presente la necesidad de adoptar medidas de protección a su favor. Además, a través de sus pronunciamientos en sede de tutela, la Corte ha explicado cuál es el alcance de estas medidas de protección. En línea con ello, es posible concluir que los jueces de restitución de tierras tienen la obligación de declarar a quienes habitan los predios objeto del proceso de restitución o derivan de ellos sus medios de subsistencia como segundos ocupantes y determinar de forma motivada, clara, suficiente y transparente las medidas de protección a su favor cuando estos se encuentren en condición de vulnerabilidad y no tuvieron relación directa o indirecta con el despojo o el abandono del predio. Estas medidas deben ser, además, adecuadas y proporcionales para enfrentar la situación de vulnerabilidad que surge de la pérdida del predio restituido, por lo cual su reconocimiento debe estar precedido por el estudio de la relación “segundo ocupante-predio restituido-necesidades insatisfechas”. El alcance de las medidas de protección a favor de los segundos ocupantes 20. Como se ha explicado en esta decisión, uno de los problemas que se han identificado en la implementación del proceso de restitución de tierras está relacionado con la situación de los segundos ocupantes. Si bien este mecanismo se enfoca principalmente en los derechos fundamentales de las víctimas, pasar por alto la situación de los segundos ocupantes puede generar “una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales, asociados a la equidad en el campo, el acceso y la distribución de la tierra, el mínimo vital y el derecho al trabajo”[53], pues ellos “son acreedores a una cierta protección por parte del ordenamiento jurídico”[54]. 21. Sobre el alcance de esta “cierta protección”, la Corte, como se explicó, ha hecho alusión a la importancia de establecer la relación “segundo ocupante-predio restituido-necesidades insatisfechas”[55]. Sin embargo, no es este el único criterio. A nivel académico se ha reconocido la importancia de incorporar el enfoque de la acción de sin daño[56]. Este “llama la atención sobre los impactos que tienen los programas y proyectos —independientemente de sus buenas intenciones— en tanto pueden exacerbar conflictos, generar dependencias, anular las capacidades de las personas, entre otros”.[57] Además, recuerda que las intervenciones tienen el potencial para incentivar la resolución pacífica de los conflictos y las tensiones, generar independencia y autogestión, así como potenciar las capacidades que tienen las comunidades en materia de paz[58]. Este enfoque, además, tiene los siguientes puntos de partida: “1) la constatación de que la intervención hace parte del contexto y, por tanto, tiene la potencialidad de generar daños o de aportar a la construcción de paz; 2) debido a lo anterior, la necesidad de hacer una lectura cuidadosa de los contextos en que se interviene; 3) la referencia a la ética de las acciones, la cual es una adición que le da una identidad especial al enfoque en nuestro país; 4) el imperativo de que ante la evidencia de cualquier impacto negativo o daño identificado es necesario y también posible, proponer opciones que lo mitiguen. A continuación se amplía cada uno de estos aspectos”[59]. 22. Sumado a lo anterior, a partir del enfoque de la acción sin daño las acciones no deben medirse únicamente con base en el logro de los fines, sino también por la manera en la que se llegó a ellos. Por ese motivo, se ha dicho que el enfoque de la acción sin daño “puede constituir una herramienta esencial para que las salidas interpretativas y las decisiones judiciales adoptadas en sede de restitución sean coherentes, no solo con la Constitución, los estándares internacionales y la ley, sino también con los propósitos amplios de la justicia transicional, es decir con la construcción de la paz en Colombia”[60]. 23. En suma, esta Corporación reitera que los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad que no tuvieron ninguna relación con el despojo o con el abandono forzado tienen derecho a “cierta protección”. Además, en lo que respecta a las medidas de las que son acreedores los segundos ocupantes en el marco de esta salvaguarda, encuentra que su reconocimiento debe estar precedido por el estudio de la relación “segundo ocupante-predio restituido-necesidades insatisfechas” y que en él se debe incorporar el enfoque de la acción sin daño. Caso concreto 24. La señora María del Socorro Gerardino Santiago, actuando a través de apoderado, presentó acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna. En criterio de la accionante, esa autoridad incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente de esta Corporación, debido a que no tuvo en cuenta las pruebas que acreditaban la afectación que le ocasionaría la pérdida del inmueble objeto de la restitución, y a que se desconocieron las sentencias C-330 de 2016, T-315 y T-367 de 2016, y el auto 373 de 2016. Teniendo en cuenta estas circunstancias, a continuación la Sala examinará si el amparo presentado es formalmente procedente. En caso de que ello sea así, examinará los problemas jurídicos planteados. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 25. En este caso, la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia, tal como se pasa a exponer: 26. Legitimación por activa: la señora María del Socorro Gerardino Santiago, actuando a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. En tanto se trata de quien habita en el inmueble objeto del proceso de restitución y quien fue reconocida como ocupante secundaria en la etapa de posfallo de ese proceso, la Sala encuentra superado este requisito. 27. Ahora bien, la solicitud de amparo fue coadyuvada por la señora María del Socorro Santiago Chacón, madre de la accionante y quien actuó como opositora al interior del proceso de restitución de tierras. Esta figura procesal se encuentra prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. Allí se establece que “[q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”. Además, sobre ella esta Corporación ha señalado que surge como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso, que, además, comparte argumentos y reclamaciones con el accionante, “sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia”[61]. 28. Teniendo en cuenta estas previsiones, la Corte encuentra que la señora Santiago Chacón también se encuentra legitimada por activa, pues fue ella quien actuó en el proceso de restitución de tierras como opositora, por lo que las decisiones que en este caso se adopten en relación con la buena fe exenta de culpa resultan claramente de su interés. 29. Legitimación por pasiva: este requisito se encuentra satisfecho, pues la acción de tutela se presentó contra la autoridad judicial que profirió las decisiones a través de las cuales no se declaró la buena fe exenta de culpa de quien actuó como opositora en el proceso de restitución de tierras y que, además, declaró la calidad de segundo ocupante de la accionante. 30. Que el asunto tenga relevancia constitucional: a través de la sentencia C-330 de 2016, esta Corporación declaró la exequibilidad de la expresión “exenta de culpa”, contenida en la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que este concepto debía ser interpretado de forma diferencial frente a ciertos grupos de personas. Sumado a ello, encontró que existía un vacío normativo en relación con las medidas de protección que deben decretarse a favor de quien es reconocido como segundo ocupante en el trámite de restitución de tierras. 31. En este caso, se discuten precisamente esas dos cuestiones. La accionante reprocha el estudio de la buena fe exenta de culpa efectuado en la sentencia dictada en el proceso de restitución de tierras, así como las medidas que en su beneficio se establecieron después de haber sido reconocida como segunda ocupante. Para la Corte, por lo tanto, este asunto detenta evidente relevancia constitucional, pues, además de que se plantea un aparente desconocimiento de su precedente en el marco de uno de los mecanismos de justicia transicional que existen en el país, involucra la posible protección de los derechos fundamentales de las personas que han sido reconocidas como segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierras, es decir, una población en relación con la cual se reconoció que existe un déficit de atención. 32. Sumado a lo anterior, la relevancia constitucional de este caso también se relaciona con la situación en la que se encuentra la accionante, pues la señora María del Carmen Gerardino Santiago ha sido calificada como madre cabeza de familia[62] y se encuentra ad-portas de ser desalojada de la vivienda en la que habita. En esta vivienda, además, reside también una menor de edad, por lo que podrían verse vulnerados sus derechos fundamentales[63]. 33. Que se hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa: el artículo 92 de la Ley 1448 de 2011 establece que contra las sentencias emitidas en los procesos de restitución de tierras se podrá interponer el recurso de revisión ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en los términos que establece el Código General del Proceso[64]. Sin embargo, teniendo en cuenta que los cuestionamientos planteados por la accionante están relacionados con el estudio probatorio efectuado, así como con un aparente desconocimiento del precedente, estos no se encuadran en ninguna de las causales de que trata el artículo 355 de la Ley 1564 de 2012. 34. Ahora bien, en lo que respecta al auto del 8 de marzo de 2018, proferido en la etapa posterior al fallo, esta Corporación encuentra que la señora María del Socorro Santiago Chacón, madre de la accionante y quien actuó como opositora en el proceso de restitución de tierras, presentó los recursos de reposición y apelación. De igual modo, evidencia que el 11 de julio de 2018 la accionante solicitó la modulación de la sentencia proferida el 25 de julio de 2017 y que en respuesta a ese requerimiento la Sala de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en auto del 9 de diciembre de 2019, se remitió a la decisión del 8 de marzo. 35. En relación con ello, es importante tener en cuenta, como lo ha reconocido esta Corporación en otras ocasiones[65], que la Ley 1448 de 2011 no contempla el recurso de reposición contra las decisiones de los jueces de restitución de tierras y que “es necesario que los Tribunales de Restitución de Tierras sean quienes determinen el alcance de las normas de dicho procedimiento, y con sus fallos interpreten la aplicación de las actuaciones procesales que no se encuentren reguladas en el proceso”[66]. Por consiguiente, esta Sala estima que si bien es factible interponer el recurso de reposición contra los autos emitidos por los jueces de restitución de tierras, en concordancia con lo previsto en el Código General del Proceso[67], el no hacerlo tampoco sería un argumento suficiente para no considerar satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues es una exigencia no contenida en el trámite especial de restitución de tierras. 36. Que entre el hecho vulnerador y la presentación de la acción de tutela haya transcurrido un tiempo razonable: en relación con la presentación de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corte ha señalado que las solicitudes de amparo de esta naturaleza son improcedentes “cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela[68]”[69]. Además, ha explicado que en estos casos el examen de este requisito es más exigente, debido a las implicaciones que esta acarrearía, y que en aras de examinar de su presentación es necesario ponderar los siguientes criterios: “(i) si existe motivo válido para la inactividad de los accionantes; || (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros; || (iii) si existe nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales; y || (iv) si el fundamento de la acción surgió después de acaecida la actuación violatoria de derechos fundamentales de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”[70]. 37. Teniendo en cuenta estas precisiones, en este caso encuentra que en relación con los autos que en la etapa de posfallo profirió la autoridad accionada se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez. Ciertamente, la última de estas actuaciones data del 9 de diciembre de 2019, mientras que la acción de tutela se presentó el 26 de febrero de 2020, es decir, que transcurrieron, incluso contando la vacancia judicial, un poco menos de 3 meses entre uno y otro momento, término que se encuentra razonable. 38. No sucede lo mismo, sin embargo, frente al cuestionamiento planteado en contra de la sentencia del 25 de julio de 2017. Esto debido a que entre la fecha en la que se profirió esa decisión y la presentación de la acción de tutela transcurrieron 2 años, 7 meses y 1 días. De igual modo, se evidencia que aún considerando la naturaleza especial del proceso de restitución de tierras no se encuentra que este lapso sea prudente. Ciertamente, a pesar de que el parágrafo 1° del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 reconoce que “el Juez o Magistrado mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso”, y de que esta Corporación ha establecido que ello implica también la competencia para determinar las medidas de protección a favor de los segundos ocupantes, no existe una habilitación indefinida en el tiempo para reexaminar aspectos sustanciales del fallo de restitución de tierras como el relacionado con la buena fe exenta de culpa. 39. Tal como se ha explicado en esta decisión, el estudio que deben realizar los jueces de restitución de tierras en relación con los opositores es, en principio, distinto al que deben efectuar frente a los segundos ocupantes. Por consiguiente, no resulta válido esperar más de 2 años para cuestionar el no reconocimiento de la buena fe exenta de culpa, así como tampoco se encuentra ningún nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción de tutela y la posible vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Esto último, particularmente debido a que la demora en la definición de las medidas de protección como segundo ocupante no podría de ningún modo comprometer la calificación de la buena fe de quien actuó como opositor en el proceso. 40. En conclusión, la acción de tutela presentada por la señora María del Socorro Gerardino Santiago es improcedente en relación con la sentencia del 25 de julio de 2017, debido a que no se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez. En consecuencia, se confirmarán parcialmente las decisiones constitucionales de instancia en lo que respecta a este cuestionamiento. 41. Que cuando se alegue una vulneración de derechos fundamentales con ocasión de una irregularidad procesal, esta posea relevancia jurídica para influir de manera determinante en la decisión: los cuestionamientos planteados por la accionante no están relacionados con la ocurrencia de irregularidades procesales. Se trata, por el contrario, de reproches planteados en torno al estudio material que del caso efectuó la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. 42. Que quien recurre a la acción de tutela haya identificado de forma razonable los hechos que dieron origen a la vulneración y los derechos lesionados con motivo de las actuaciones demandadas, así como que, de haber sido posible, los hubiese alegado en el proceso judicial: en parte, este requisito se encuentra satisfecho, en tanto la accionante indicó que los motivos que originaron su reclamo están relacionados con el estudio que en relación con la buena fe exenta de culpa realizó la autoridad accionada y con las medidas de protección que esta le reconoció como ocupante secundaria. De igual modo, se encuentra que la accionante, así como quien coadyuva la acción de tutela, plantearon sus cuestionamientos en torno a las medidas de protección reconocidas en la etapa de posfallo. 43. A pesar de lo anterior, la Corte encuentra en este punto un nuevo inconveniente relacionado con el reclamo planteado por la accionante frente al reconocimiento de su buena fe exenta de culpa. En este sentido, es necesario recordar que las pretensiones principales de la señora María del Socorro Gerardino Santiago están encaminadas a que se le reconozca la buena fe diferencial o flexible y a que se le entregue en compensación el inmueble objeto de la restitución. Dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la admisión de la solicitud de restitución o formalización del predio, deben presentarse bajo gravedad de juramento las oposiciones a esa petición. En el curso del proceso de restitución de tierras que ocupa la atención de la Corte quien actuó como opositora fue la señora María del Socorro Santiago Chacón, es decir, la madre de la accionante. En consecuencia, esta Corporación no encuentra ningún requerimiento en la etapa judicial del proceso por parte de la accionante encaminado a que se le reconociera como opositora, por lo que mal podría ahora estudiar su buena fe exenta de culpa. 44. Que no se trata de sentencias de tutela: la solicitud de amparo presentada por la señora María del Socorro Gerardino Santiago se interpuso contra la sentencia que se profirió en un proceso de restitución de tierras, así como contra los autos que en la etapa de posfallo se emitieron en esa instancia. Por ello, se encuentra satisfecho este requisito. 45. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala pasa a analizar el fondo del asunto. Este estudio, sin embargo, no se llevará a cabo frente al primero de los problemas jurídicos planteados, debido a que frente a él no se superaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 46. Inicialmente, esta Corporación había p...