Sentencia T-295 de 2024

T-295-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-295/24 SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Protección constitucional cuando se trata de personas en situación de discapacidad (La administrado de pensiones accionada) vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital del accionante, al negar el reconocimiento pensional que le asiste, con fundamento en que no se acreditó el requisito de la dependencia económica y en que la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior al fallecimiento del causante; sin consideración al acervo probatorio que demostraba lo contrario. Además, la entidad omitió considerar que la esquizofrenia que le fue diagnosticada al accionante es una enfermedad crónica, degenerativa y congénita, con lo cual, la fecha de estructuración de la invalidez no necesariamente tuvo que coincidir con el momento efectivo en el que el accionante perdió su capacidad laboral. ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES A HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Procedencia excepcional por ser el mecanismo idóneo DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Alcance y contenido DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO AL MINIMO VITAL-Relación PERSONA CON DISCAPACIDAD-Sujeto de especial protección constitucional CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Obligaciones que impone al Estado DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PENSIONAL-Garantía DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Concepto, naturaleza y protección constitucional SUSTITUCION PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Beneficiario debe acreditar la relación filial, la dependencia económica y la condición de invalidez DEPENDENCIA ECONOMICA DE HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD COMO BENEFICIARIO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Jurisprudencia constitucional ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, CRONICAS O CONGENITAS-Determinación de fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral FECHA DE ESTRUCTURACION DE INVALIDEZ POR PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Se deben tener en cuenta historia clínica y exámenes médicos DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a favor del agenciado REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión SENTENCIA T-295 de 2024 Referencia: expediente T-10.051.261 Acción de tutela interpuesta por Carla como agente oficiosa de Santiago contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca, el 12 de diciembre de 2023, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, el 29 de enero de 2024, dentro de la acción de tutela promovida por Carla como agente oficiosa de su hijo, Santiago, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Aclaración previa   Teniendo en cuenta que el presente caso involucra los derechos fundamentales de una persona en condición de discapacidad, en el que se informa sobre datos de su historia clínica, en la versión de esta providencia disponible para el público el nombre de los accionantes será reemplazado por uno ficticio que se escribirá en letra cursiva[1]. La versión con sus datos de identificación solo estará destinada a integrarse al expediente de tutela, para que los responsables de dar cumplimiento a las órdenes impartidas ejecuten las decisiones proferidas dentro del fallo. I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN §1. Correspondió a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, el conocimiento de la acción de tutela que interpuso una mujer de 66 años contra Colpensiones, obrando como agente oficiosa de su hijo mayor de edad, quien fue diagnosticado con esquizofrenia. Ello, con ocasión a la negativa de la entidad a reconocer la pensión de sobrevivientes que a este le asiste tras el fallecimiento de su padre, de quien dependía económicamente, porque no se acreditó la dependencia económica y porque la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior a su deceso. §2. En particular, la Sala se pronunció sobre la presunta afectación que dicha decisión pudo ocasionar en los derechos fundamentales de la dignidad humana, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital del accionante, teniendo en cuenta que en el trámite administrativo que se surtió ante Colpensiones, se demostró que la estructuración de la invalidez fue anterior al deceso del causante y que en el expediente habían suficientes elementos probatorios que daban cuenta de la existencia de una dependencia económica entre el causante y el accionante. §3. Tras encontrar configurados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en el caso concreto, la Sala analizó (i) el derecho a la seguridad social y su relación con el mínimo vital y la dignidad humana; (ii) la protección reforzada a las personas en condición de discapacidad, en materia de seguridad social; (iii) el derecho al debido proceso administrativo en materia pensional; y (iv) el derecho a la pensión de sobrevivientes de los hijos e hijas en situación de invalidez. §4. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que Colpensiones dejó de valorar con diligencia y cuidado la información fidedigna obrante en el expediente que demostraba que la fecha de estructuración de la invalidez fue anterior al fallecimiento del causante; con lo cual no solo vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, seguridad social, igualdad y mínimo vital del accionante, sino que también transgredió su derecho al debido proceso administrativo. Además, precisó que la entidad omitió considerar que la esquizofrenia que le fue diagnosticada al accionante es una enfermedad crónica, degenerativa y congénita, con lo cual, la fecha de estructuración de la invalidez no necesariamente tuvo que coincidir con el momento efectivo en el que el accionante perdió su capacidad laboral. §5. La Corte consideró que Colpensiones incurrió en discrepancias evidentes en las investigaciones administrativas que adelantó y optó por negar el reconocimiento pensional, sin ofrecer por lo menos prima facie, elementos de juicio certeros que desvirtuaran la dependencia económica. Por el contrario, sus pesquisas no reflejaron la realidad del accionante y valoró las pruebas recolectadas de forma incompleta. Finalmente, advirtió que, con su conducta, Colpensiones desconoció las obligaciones reforzadas que le asisten en la atención y protección especial de las personas en situación de discapacidad. §6. En consecuencia, la Corte revocó los fallos proferidos en el marco de la acción de tutela, que decidieron declarar su improcedencia, para en su lugar concederla y dejar sin efectos los actos administrativos mediante los cuales Colpensiones negó el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes del accionante. §7. Por ende, a la accionada se le ordenó reconocer, liquidar y pagar el 50% de la pensión de sobrevivientes a favor del accionante, distribuyéndola en partes iguales con su actual beneficiaria, a la cual le fue reconocido el derecho pensional en su calidad de pareja del pensionado fallecido. Además, se le advirtió que, en adelante, no podrá incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la presente acción de tutela y que, en lo sucesivo, deberá cumplir con sus obligaciones en la atención y protección especial de las personas en situación de discapacidad, valorando con cuidado y diligencia los elementos probatorios que sean aportados en el marco de los trámites de reconocimiento pensional. II. ANTECEDENTES 1. Resumen del caso §8. El 29 de noviembre de 2023, una mujer de 66 años[2] (Carla) interpuso acción de tutela contra Colpensiones, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad y de la dignidad humana, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital de su hijo (Santiago), de 36 años[3], quien a raíz de una discapacidad mental, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 65%[4]. Carla, quien obra como agente oficiosa de su hijo[5], sustentó dicha vulneración en la negativa de la entidad a reconocer la pensión de sobrevivientes que a este le asiste, tras el fallecimiento del padre (Julio), de quien dependía económicamente[6]. 2. Hechos jurídicamente relevantes, descritos en la acción de tutela §9. Para fundamentar sus pretensiones, Carla manifestó que su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia el 18 de enero de 2010, cuando apenas tenía 21 años de edad y empezó a presentar comportamientos agresivos, así como alucinaciones auditivas y visuales que la pusieron en riesgo y la llevaron a internarlo, temporalmente, en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, ubicado en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. §10. Indicó que su hijo siempre dependió económicamente de su padre, después de la mayoría de edad, por razón de su diagnóstico. Así mismo relató que las obligaciones paternas las asumía con la pensión que percibía del Instituto de Seguros Sociales[7], en relación con las cuales se había dispuesto una medida de embargo sobre la mesada pensional y fijado una cuota alimentaria a favor del hijo, por virtud de un proceso de alimentos que cursó ante el Juzgado Primero Promiscuo de Cerrito, Valle, en el año 2003. §11. Carla narra que pese a tales obligaciones vía cautelar, el 14 de octubre de 2014, el juzgado ordenó la terminación del proceso de alimentos y levantó la medida de embargo, luego de que su hijo, por medio de engaños[8] accediera a firmar la exoneración del pago de la cuota de alimentos, con fundamento en que ya había alcanzado la mayoría de edad y no se encontraba estudiando. §12. Sostuvo que el padre de Santiago falleció el 22 de mayo de 2017[9] y, según se desprende del expediente, mediante Resolución n.° SUB 211308 del 28 de septiembre de 2017, Colpensiones reconoció una pensión de sobrevivientes, con un porcentaje de 100.00%, a favor de Rosa, en su calidad de pareja del pensionado fallecido[10]. §13. Santiago fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, el 5 de noviembre de 2020, con una pérdida de capacidad laboral del 65%, con fecha de estructuración del 13 de septiembre de 2014 – antes del fallecimiento de su padre y mientras dependía económicamente de él - y enfermedad de origen común[11]. En consecuencia, el 14 de diciembre de 2020, su madre solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su nombre. §14. Mediante Resolución n.° APSUB 202 del 4 de febrero de 2021, Colpensiones requirió a la actual beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, para que allegara las pruebas y documentos pertinentes frente a la solicitud pensional radicada por el accionante[12]. Según se desprende del expediente, el 9 de febrero de 2021, Rosa contestó que no se acreditaba el requisito de la dependencia económica con respecto al pensionado fallecido fundada en que, en el marco de un proceso de alimentos que cursó ante el Juzgado Primero Promiscuo de Cerrito, Valle, el accionante exoneró a su padre de la cuota alimentaria que había sido interpuesta, puesto que para la época ya era mayor de edad y no se encontraba estudiando. §15. Colpensiones, por Resolución n.° SUB 63938 del 11 de marzo de 2021, negó el reconocimiento pensional solicitado, con fundamento en que no se demostró la dependencia económica del hijo con respecto a su padre, ya que: (i) no convivían bajo el mismo techo; (ii) mucho antes del fallecimiento del causante, se levantó el embargo sobre su mesada pensional; (iii) si bien se aportó dictamen de pérdida de capacidad laboral, los vecinos del sector manifestaron no conocer si el accionante padece algún tipo de discapacidad y además, aseguraron que el pensionado fallecido no respondía económicamente por él[13]. §16. El 19 de julio de 2023, Carla presentó solicitud de revocatoria directa contra dicho acto administrativo, que a la fecha de interposición de la acción de tutela no había sido resuelta. Solicitó a Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de su hijo, desde el momento en que se causó el derecho. Ello, teniendo en cuenta que la ayuda económica para su hijo fue continua y que existe un dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca que corrobora su situación de persona en condición de discapacidad, así como el hecho de que la fecha de estructuración fue anterior a su muerte. §17. En consecuencia y ante el silencio de la entidad, interpuso acción de tutela en la que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de su hijo, con ocasión al fallecimiento de su padre, desde el momento en que se causó el derecho. 3. Actuación procesal y contestación a la acción de tutela §18. Mediante providencia del 29 de noviembre de 2023, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, admitió la acción de tutela interpuesta por Carla contra Colpensiones y dispuso vincular a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que se pronunciaran sobre los hechos allí manifestados. §19. La acción de tutela fue contestada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca y por Colpensiones, respectivamente. §20. Contestación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Mediante escrito del 30 de noviembre de 2023, la Junta solicitó su desvinculación del trámite de tutela, en consideración a que solo es responsable de la calificación hasta tanto se remita el expediente y, a la fecha, no encontró radicado expediente alguno que corresponda al accionante. Por lo tanto, consideró que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la madre del actor y que no puede ser condenada por las omisiones en las que incurran otras entidades[14]. §21. Contestación Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca. Indicó que mediante dictamen no. 1113634495-9605 del 5 de noviembre de 2020, el accionante fue calificado con una pérdida de capacidad laboral de 65.00% por enfermedad de origen común (esquizofrenia indiferenciada), con fecha de estructuración del 13 de septiembre de 2014. El dictamen fue notificado en debida forma a las partes interesadas y en contra de este, dentro del término legal, no se interpusieron recursos, por lo cual, el 13 de diciembre de 2020 se expidió ejecutoria del dictamen, mediante oficio EJE-20-1148. Además, señaló que, a la fecha, no se evidenciaba trámite administrativo alguno pendiente de decisión a nombre del accionante. En consecuencia, solicitó su desvinculación de la acción de tutela[15]. §22. Contestación de Colpensiones. En escrito del 4 de diciembre de 2023, la Directora de la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones informó que, mediante Resolución n.° 2023-11928609 del 15 de noviembre de 2023, la entidad decidió no acceder a la solicitud de revocatoria directa, negando el reconocimiento pensional solicitado por Carla. Explicó que, con el fin de establecer el requisito de la dependencia económica, se verificó la fecha de estructuración de la invalidez (13 de septiembre de 2014) y se observó que la misma se generó con posterioridad a la fecha del fallecimiento del causante (que, según la entidad, fue el 22 de mayo de 2014). Por último, señaló que la referida resolución se encontraba en trámite de notificación, con lo cual, si el accionante considera que le asisten derechos para el reconocimiento de una pensión, debía acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contencioso administrativo, pues la acción de tutela resulta improcedente, dado su carácter subsidiario y residual[16]. 4. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela §23. Sentencia de primera instancia. El 12 de diciembre de 2023, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca, declaró la improcedencia de la acción de tutela por considerar que, contra el acto administrativo que negó el reconocimiento pensional, no se agotaron los recursos de ley; con lo cual, lo que corresponde es acudir ante la jurisdicción ordinaria[17]. §24. Impugnación. El 14 de diciembre de 2023, Carla impugnó la decisión de primera instancia, alegando que pretender que, a su edad, inicie un proceso laboral ordinario, vulnera sus derechos fundamentales y resulta en “una sentencia de muerte”; ya que ese tipo de procesos puede tardar muchos años y, en ese sentido, no es el mecanismo idóneo para la protección de sus garantías constitucionales. Reiteró que su hijo es una persona en condición de discapacidad y que no puede valerse por sí mismo, que ella es su cuidadora y que su padre era su proveedor en lo económico. Añadió que la situación expuesta en la acción de tutela le ha ocasionado un perjuicio irremediable y que, en ocasiones, a causa de la escasez de recursos económicos para solventar sus necesidades, ha tenido pensamientos suicidas[18]. Por último, hizo referencia a algunas incongruencias en las que habría incurrido Colpensiones al resolver la solicitud pensional[19] y señaló que, a la fecha, no le había sido notificado el acto administrativo objeto de controversia. §25. Sentencia de segunda instancia. El 29 de enero de 2024[20], el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia pues la adicionó en el sentido de amparar el derecho fundamental de petición del accionante y de ordenarle a Colpensiones notificar lo resuelto en la Resolución n.° SUB 316142 del 15 de noviembre de 2023; en todo lo demás, la confirmó. §26. A través de escrito del 5 de febrero de 2024, dirigido al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca, Colpensiones informó que, en cumplimiento de la orden de tutela, procedió a notificar la Resolución n.° SUB 316142 del 15 de noviembre de 2023, el 2 de febrero de 2024, al correo autorizado en el escrito de revocatoria directa remitido por la Carla. En ese sentido, solicitó que se declare el cumplimiento del fallo de tutela[21]. 5. Pruebas que obran en el expediente §27. Las pruebas que obran en el expediente son las siguientes. Aportadas por Carla: (i) registro civil de defunción de Julio [22]; (ii) dictamen de pérdida de capacidad laboral del 5 de noviembre de 2020, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca[23]; y (iii) solicitud de “revocatoria directa AA” del 19 de julio de 2023[24]. Aportadas por Colpensiones: (i) resolución n.° 2023-11928609 del 15 de noviembre de 2023[25] y un (ii) informe de cumplimiento a la sentencia de tutela, en el que se encuentra la notificación de la referida resolución, la cual habría tenido lugar el 2 de febrero de 2024[26]. 6. Trámite de selección y actuaciones en sede de revisión §28. Mediante Auto del 22 de marzo de 2024, proferido por la Sala de Selección Número Tres, conformada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y por la suscrita magistrada, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-10.051.261 con fundamento en el criterio objetivo (por posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional) y en el criterio subjetivo (por la urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial)[27]. §29. El expediente fue repartido a la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación, para sustanciación de la suscrita magistrada[28], la cual, mediante Autos del 15 y 23 de mayo de 2024, dispuso: (i) decretar algunas pruebas[29]; (ii) vincular al expediente a Rosa, tras constatar que podría tener interés directo en el proceso, al ser la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reconocida con ocasión del fallecimiento del causante, mediante Resolución n.º SUB 211308 del 28 de septiembre de 2017, en calidad de pareja del pensionado fallecido. Para efectos de su vinculación, se comisionó al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca; (iii) vincular al expediente al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Oralidad de Palmira, Valle del Cauca, que conoció del proceso de interdicción judicial del accionante, y al Juzgado Primero Promiscuo de Cerrito, Valle del Cauca, que conoció del proceso ejecutivo de alimentos instaurado en contra de su padre; (iv) requerir a Santiago para que ratificara la representación de su madre en la acción de tutela de la referencia y para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones allí expuestos; dando alcance al derecho a la capacidad legal plena de las personas en situación de discapacidad. 7. Respuestas de las autoridades accionadas y los vinculados §30. Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. El 16 y 27 de mayo de 2024, Colpensiones allegó copia de: (i) la Resolución n.° SUB 211308 del 28 de septiembre de 2017, mediante la cual reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de Rosa[30]; (ii) la Resolución n.° APSUB 202 del 4 de febrero de 2021, mediante la cual, requirió a Rosa, para que allegara las pruebas y documentos pertinentes frente a la solicitud pensional radicada por el accionante, el 14 de diciembre de 2020[31]; (iii) la Resolución n.° SUB 63938 del 11 de marzo de 2021, a través de la cual le negó al accionante el reconocimiento a una pensión de sobrevivientes[32]; y (vi) la Resolución n.° 2023-11928609 del 15 de noviembre de 2023, en virtud de la cual decidió no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la resolución del 11 de marzo de 2023, negando el reconocimiento pensional solicitado por el accionante[33]. §31. Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Oralidad de Palmira, Valle del Cauca. El 17 de mayo de 2024, el Juzgado allegó copia de: (i) la Sentencia n°. 209 del 26 de julio de 2019, mediante la cual se decretó la interdicción judicial indefinida por “discapacidad mental absoluta” del accionante y se designó a su madre como “guardadora general legítima” y a su hermana como “guardadora general sustituta”; así como de la constancia secretarial de la ejecutoria de la sentencia y de la diligencia de posesión de Carla como “guardadora general legítima”[34]; y (iii) del Auto del 17 de abril de 2024, mediante el cual, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019[35], se ordenó la revisión del proceso de interdicción judicial y se citó a las partes para que allegaran el informe de valoración de apoyos[36]. §32. Respuesta de Carla. Mediante correo electrónico enviado a esta Corte el 17 de mayo de 2024, Carla allegó copia de su cédula de ciudadanía y la de su hijo, así como la copia de su historia clínica actualizada, de su registro civil de nacimiento y de una factura de servicios públicos domiciliarios[37]. Además, se refirió a la “excesiva tramitología e incongruencia” de Colpensiones, “ya que se basan en la fecha de muerte del padre 22 de mayo de 2017 y alegan que la fecha de estructuración de discapacidad fue posterior, en los documentos reposa el dictamen y la fecha de estructuración es 13 de septiembre de 2014”[38]. §33. Por último, respondió a las preguntas formuladas por la Corte en el Auto del 15 de mayo de 2024, indicando que: (i) sus ingresos mensuales ascienden a la suma de $480.000, provenientes del apoyo que recibe del Programa Adulto Mayor y de sus otras dos hijas; (ii) sus gastos mensuales ascienden a la suma de $1.180.000 y se distribuyen en alimentación, transporte, arriendo y servicios públicos; (iii) su hijo dependía económicamente de su padre y fue su beneficiario en el sistema general de salud durante unos meses, antes de su fallecimiento. Explicó que se presentaron problemas con la atención y se vieron obligados a trasladarse al régimen subsidiado en salud; (iv) actualmente pertenece al régimen subsidiado en salud; (v) su hijo se encuentra afiliado a la EPS Emssanar y no cotiza al sistema de pensiones; (vi) actualmente su hijo no recibe ninguna ayuda por parte de familiares o terceros; (vii) la vivienda en la que habita es alquilada. Sus hijas pagan los servicios y el alquiler; (viii) no ha realizado otros trámites administrativos en relación con el dictamen de pérdida de capacidad laboral, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca[39]. §34. Juzgado Primero Promiscuo de Cerrito, Valle del Cauca. Mediante correo electrónico enviado a esta Corporación el 17 de mayo de 2024, el Juzgado informó que el proceso de alimentos identificado con el número de radicado 5359, incoado en el año 1997 por Carla en contra de Julio, fue rechazado a través del Auto n.° 902 del 18 de noviembre de 1997. No obstante, señaló que al revisarse el archivo del juzgado, “se constató otra demanda de fijación de cuota alimentaria incoada en el año 2003, fungiendo como partes las personas antes nombradas, en donde se fijó cuota alimentaria a favor del señor Santiago, en virtud de la conciliación efectuada entre los extremos de la litis”. §35. Del expediente que se allegó, se extrae que: (i) el 3 de septiembre de 2003, las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio en virtud del cual acordaron la fijación de la cuota alimentaria en $60.000 mensuales, con los incrementos de ley; (ii) mediante escrito del 24 de octubre de 2014, el accionante le informó al juzgado su intención de exonerar a su padre del pago de la cuota de alimentos, en atención a que ya había cumplido la mayoría de edad y no se encontraba estudiando; (iii) mediante auto interlocutorio del 14 de octubre de 2014, el juzgado ordenó la terminación del proceso de alimentos y levantó la medida de embargo que pesaba sobre la mesada pensional de Julio [40]. §36. Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca. El 17 de mayo de 2024, el Juzgado rindió informe en relación con la comisión ordenada mediante Auto del 15 de mayo de 2024. Indicó que, a través del Auto n.° 704 del 17 de mayo de 2024, avocó conocimiento de la comisión y ordenó oficiar a la Nueva EPS y a Colpensiones para que informaran los datos de contacto de Rosa, a fin de lograr su notificación personal[41]. Con ocasión a la información aportada por la Nueva EPS, en relación con los datos de contacto de la referida señora, se dictó el Auto n.° 706 del 17 de mayo de 2024 en el cual se ordenó su notificación personal. Seguidamente se ordenó oficiar a las emisoras de radio “La Poderosa 104.1 FM” de la localidad de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y “Radio Palmira 105.0 AM” del municipio de Palmira, para que emitieran la comunicación del auto[42]. §37. El 29 de mayo de 2024, el Juzgado rindió nuevamente informe[43], en el que señaló que las entidades Nueva EPS y Colpensiones allegaron nueva información de contacto de Rosa y que, en consecuencia, pudieron contactarla a su número telefónico, el pasado 27 de mayo. A través de llamada telefónica, la señora autorizó que se le notificara el Auto del 15 de mayo de 2024, proferido por esta Corte, mediante el aplicativo Whatsapp; procediendo de conformidad, por medio de la providencia interlocutoria n.° 768 del 27 de mayo de 2024 y del oficio n.° 236 del 28 de mayo de 2024. La señora quedó notificada del trámite, el 29 de mayo de 2024; se le informó el término para responder, así como los canales de atención dispuestos por la Corte, para rendir su pronunciamiento. Por su parte, la señora manifestó, vía Whatsapp, su desacuerdo sobre lo notificado[44]. §38. Respuesta del accionante. Mediante correo electrónico enviado el 29 de mayo de 2024, Santiago manifestó su deseo de seguir siendo representado por su madre, Carla, debido a que, por su condición médica, no se siente capaz de asumir esa responsabilidad; dejando en claro que “cualquier trámite que requiera mi intervención directa, sea llevado directamente por mi señora madre”[45]. §39. Respuesta de la vinculada. El 4 de junio de 2024, Rosa allegó a esta Corporación escrito en el que se pronunció sobre los hechos expuestos en la acción de tutela. Particularmente, adujo que (i) el pensionado fallecido era su esposo y que se había sustraído de la obligación de alimentos que le asistía, desde hace mucho tiempo, ya que el accionante era un adulto funcional y nunca se demostró, dentro de ningún proceso judicial, su condición de discapacidad; (ii) la fecha de estructuración de la invalidez (13 de septiembre de 2014) fue posterior al fallecimiento de su esposo (22 de mayo de 2014); (iii) existe la figura jurídica de apoyo judicial que podrá ser accionada en favor del accionante, para que continúe el proceso ordinario, teniendo en cuenta que él es el eventual beneficiario del derecho pensional y no Carla; (iv) no existen razones para que ella se sustraiga de utilizar los medios ordinarios de defensa judicial[46]. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 1. Competencia §40. Esta Corte es competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en virtud del Auto del 22 de marzo de 2024, proferido por la Sala de Selección Número Tres, que escogió el expediente para revisión. 2. Presentación del caso y delimitación del objeto de estudio §41. Carla es una mujer de 66 años que se dedica al cuidado de su hijo de 36 años. Él fue diagnosticado con esquizofrenia y calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca con una pérdida de capacidad laboral del 65%, estructurada el 13 de septiembre de 2014. Actualmente habita en una vivienda arrendada con su hijo y depende económicamente de sus otras dos hijas, pues no se encuentra pensionada y como ingresos propios solo recibe un subsidio por $80.000, proveniente del Programa Adulto Mayor. Según Carla, su hijo dependía económicamente de su padre, pensionado del Instituto de Seguros Sociales, quien falleció el 22 de mayo de 2017, por lo que, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos, el 14 de diciembre de 2020 solicitó, en su nombre, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que le asiste, ante Colpensiones. §42. La entidad profirió resolución del 4 de febrero de 2021, en la que reconoció la veracidad de la solicitud presentada por el accionante y que este dependía económicamente de su padre. Sin embargo, constatando que existía ya una beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, dispuso que a ésta se le comunicaría la resolución para que se pronunciara sobre el particular y ejerciera su derecho de contradicción. Rosa, en su calidad de beneficiaria, contestó que, en el marco de un proceso de alimentos, el accionante lo exoneró de la cuota alimentaria que había sido interpuesta. Finalmente, mediante Resolución del 11 de marzo de 2021, la entidad negó el reconocimiento pensional con fundamento en que no se demostró la dependencia económica del hijo con respecto a su padre, ya que: (i) no convivían bajo el mismo techo; (ii) mucho antes del fallecimiento del causante, se levantó el embargo sobre su mesada pensional; (iii) si bien se aportó dictamen de pérdida de capacidad laboral, los vecinos del sector manifestaron no conocer si el accionante padece algún tipo de discapacidad y además, aseguraron que el pensionado fallecido no respondía económicamente por él[47]. §43. El 19 de julio de 2023, Carla presentó solicitud de revocatoria directa contra dicho acto administrativo, en atención a que la ayuda económica para su hijo fue continua y existe un dictamen que corrobora su situación de discapacidad, así como el hecho de que la fecha de estructuración fue anterior a su muerte. Ante la falta de respuesta por parte de Colpensiones, el 29 de noviembre de 2023, interpuso acción de tutela como agente oficiosa de su hijo Santiago, alegando la vulneración de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad y de la dignidad humana, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital. §44. El juez de primera instancia declaró improcedente el amparo constitucional, al considerar que, contra el acto administrativo que negó el reconocimiento pensional, no se agotaron los recursos de ley; con lo cual, lo que corresponde es acudir ante la jurisdicción ordinaria. El juez de segunda instancia confirmó parcialmente la decisión, pues la adicionó en el sentido de amparar el derecho fundamental de petición del accionante, tras constatar que Colpensiones había proferido resolución del 15 de noviembre de 2023, negando el reconocimiento pensional; así que le ordenó a la entidad que le notificara lo resuelto al accionante. §45. Por su parte, Colpensiones, en el trámite de la acción de tutela, notificó la resolución del 15 de noviembre de 2023, mediante la cual no accedió a la solicitud de revocatoria directa, por no encontrar acreditada ninguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011[48] y porque no se demostró el requisito de dependencia económica, ya que la fecha de estructuración de la invalidez (la cual tuvo lugar el 13 de septiembre de 2014), sobrevino a la muerte de su progenitor (que, según la entidad, fue el 22 de mayo de 2014). §46. La anterior afirmación fue respaldada por Rosa, quien fue vinculada al proceso de tutela, en sede de revisión, y que actualmente es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de cónyuge supérstite. En efecto, la vinculada afirmó que la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior a la fecha del fallecimiento y que, en todo caso, el causante se había sustraído de la obligación de alimentos que le asistía, mucho antes de su deceso. §47. De acuerdo con lo anterior, a esta Sala de Revisión le corresponde, en primer lugar, pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. En caso de superarse el análisis de procedibilidad, se determinará si la decisión adoptada por Colpensiones tendiente a negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por una mujer, en nombre de su hijo, quien se encuentra en situación de invalidez, vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital. 3. Cuestión previa: la acción de tutela formulada contra Colpensiones, en el caso concreto, resulta procedente como mecanismo definitivo §48. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de carácter residual, preferente y sumario, cuyo objeto es la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona que lo solicita, directa o indirectamente, con ocasión de su vulneración o amenaza por parte de cualquier autoridad pública, o excepcionalmente de particulares. En esa medida, este mecanismo constitucional se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad, como pautas formales de procedibilidad, de las que se hace depender un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte del juez constitucional. §49. Legitimación en la causa por activa. En virtud del artículo 10° del Decreto 2591 de 1991[49], la legitimidad para interponer la acción de tutela la tiene, por regla general, el titular de los derechos afectados o amenazados. Excepcionalmente, los terceros tendrán legitimación en la causa para solicitar el amparo de los derechos de otra persona y sólo cuando obren como representantes legales, como apoderados judiciales o como agentes oficiosos. §50. Así por ejemplo, esta Corporación ha precisado que los padres están legitimados en la causa por activa para promover la protección de los derechos fundamentales de sus hijos menores de 18 años, en ejercicio de la patria potestad. Por su parte, la agencia oficiosa puede operar respecto de las personas mayores de 18 años, cuando están en incapacidad de reclamar la protección de sus propios derechos; caso en el cual, debe acreditarse que el titular de los mismos no esté en condiciones de defenderlos y que en la tutela se manifieste esa circunstancia[50]. §51. En este último escenario, le corresponde al juez constitucional verificar las verdaderas circunstancias de imposibilidad en las que se encuentra el agenciado, pues de no encontrarse acreditadas, deberá declararse la improcedencia de la acción de tutela[51]. En efecto, a partir de la adopción del modelo social de discapacidad[52], que pregona por el reconocimiento y el respeto de las diferencias funcionales de las personas en situación de discapacidad, se ha previsto que “las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos”[53]. Al margen de ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el juez de tutela debe verificar, conforme a las particularidades de cada caso, que no se le impongan cargas excesivas al agenciado que impliquen una barrera a la efectividad de sus derechos[54]. §52. En atención a las anteriores consideraciones, la Sala estima que Carla se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela como agente oficiosa de su hijo, por las siguientes razones: (i) aunque el agenciado es mayor de 18 años y tiene plena capacidad legal, ha sido diagnosticado con esquizofrenia y, según se desprende del dictamen de pérdida de capacidad laboral allegado en la demanda, “presenta una discapacidad mental absoluta que severamente le dificulta su funcionamiento familiar, social y ocupacional”; como consecuencia “no es autosuficiente (…) y su posibilidad de tomar decisiones que involucren responsabilidades está comprometida”[55]; y (ii) el agenciado ratificó la representación de su madre mediante escrito allegado a esta Corporación en sede de revisión, en el que manifestó sentir que no tiene “la capacidad de asumir este tipo de responsabilidad”, por su condición de salud[56]. §53. En ese orden de ideas, se estima que si bien el accionante tiene plena capacidad legal, del expediente se desprenden algunas circunstancias particulares, relacionadas con su estado de salud, que llevan a inferir que, exigirle acudir en nombre propio al mecanismo de amparo constitucional, podría suponer una carga excesiva y una barrera a la efectividad de sus derechos fundamentales. Con lo cual, es claro que su madre tiene plena legitimidad para actuar, al ser la persona idónea para velar por la protección de los derechos de su hijo. De hecho, así lo consideró el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Oralidad de Palmira, Valle del Cauca, que conoció del proceso de interdicción del accionante (el cual actualmente se encuentra en etapa de revisión)[57], y que, en su momento, designó a su madre como “guardadora general legítima” del agenciado[58]. §54. Legitimación en la causa por pasiva. Así también, se satisface el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva, ya que la acción de tutela fue interpuesta contra Colpensiones; entidad pública conformada como empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, que tiene como finalidad reconocer los derechos y beneficios establecidos por el Sistema General de Seguridad Social[59]. Por esta razón y teniendo en cuenta que, según Carla, los derechos fundamentales de su hijo fueron conculcados ante la negativa, por parte de la entidad, a reconocer su derecho pensional, se considera que Colpensiones está legitimada como parte pasiva. §55. Por su parte, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca fue la que profirió el dictamen de pérdida de capacidad laboral del 5 de noviembre de 2020, con fundamento en el cual Colpensiones negó la solicitud de reconocimiento pensional presentada por la actora; por lo que, eventualmente, podría resultar comprometida en la solución del presente asunto. En efecto, las Juntas Regionales de Calificación “(…) son verdaderos órganos públicos pertenecientes al sector de la seguridad social que ejercen una función pública”[60]; a su cargo, está decidir, en primera instancia, las controversias sobre las calificaciones de origen y pérdida de la capacidad laboral y su fecha de estructuración[61]. Se trata, en consecuencia, de un órgano con funciones que podrían contribuir a la garantía de los derechos fundamentales objeto de discusión. §56. Por otro lado, se mantendrá la vinculación de Rosa, la cual fue vinculada por esta Corte, en sede de revisión, ya que podría tener interés directo en este proceso, al ser la actual beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por virtud de la Resolución del 28 de septiembre de 2017, en su calidad pareja del pensionado fallecido. §57. Sin embargo, no se satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el Juzgado Primero Promiscuo de Cerrito, Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Oralidad de Palmira, Valle del Cauca; por lo que, en la parte resolutiva de esta providencia, se procederá a su desvinculación. §58. La primera, porque el dictamen de pérdida de capacidad laboral del 5 de noviembre de 2020, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, no había sido apelado ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a la fecha de interposición de la acción de tutela; con lo cual, por el momento, no es la entidad llamada a responder por las acciones u omisiones denunciadas en la acción de tutela. §59. El segundo y el tercero, porque no tienen a su cargo el reconocimiento de prestaciones pensionales, sino la función de administrar justicia en la especialidad de familia. Además, los referidos juzgados solo fueron vinculados por la Corte con miras a obtener mayores elementos probatorios en el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que uno de ellos falló en un proceso ejecutivo de alimentos que instauró el accionante contra el causante y el otro lo declaró en interdicción judicial. §60. Inmediatez. De la normativa que rige la acción de tutela se extrae que ésta debe ser interpuesta dentro de un plazo justo, que resulte razonable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. En efecto, el requisito de inmediatez ha sido previsto con miras a evitar que se desvirtúe la naturaleza célere y urgente de la acción de tutela o que se termine favoreciendo, a través de ella, la inseguridad jurídica; con lo cual, se garantiza el respeto de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable[62]. §61. Acorde con la jurisprudencia constitucional, la valoración del plazo oportuno y justo debe valorarse en relación con la actuación u omisión que motiva la acción de tutela. De manera que, “en ningún caso existe un término de caducidad de la acción de tutela o un plazo máximo a partir del cual el juez de tutela pueda entender, en abstracto, que el requisito se incumple”; sino que, se reitera, “el análisis del juez constitucional debe estar estrechamente atado a las circunstancias particulares del caso”[63]. §62. En relación con el análisis de la inmediatez, en materia pensional, esta Corporación ha reconocido que las pensiones son prestaciones de tracto sucesivo, con lo cual, el paso del tiempo no impide el derecho a reclamarlas. En ese sentido, ante la negativa en el acceso a una prestación pensional, debe entenderse que el solo paso del tiempo genera una afectación inconstitucional que, por regla general, hace oportuna la intervención del juez de tutela, siempre que se acrediten los demás requisitos generales de procedibilidad[64]. §63. Se considera que en el caso concreto se cumple la exigencia de inmediatez, si se tiene en cuenta que el reproche de la agente oficiosa se relaciona con la negativa de Colpensiones a reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de su hijo, lo cual, según expone, les ha generado una vulneración continua y actual a sus derechos fundamentales. En efecto, el accionante se encuentra en estado de indefensión, al ser una persona en situación de discapacidad, calificada con una pérdida de capacidad laboral del 65%; al respecto, su madre ha manifestado que dependía económicamente de su padre fallecido y que, desde entonces, ha quedado desprotegido en su seguridad social y en su mínimo vital. §64. Además, del escrito que la agente oficiosa dirigió a esta Corte, puede extraerse que el núcleo familiar del actor es de escasos recursos, que sus gastos mensuales exceden sus ingresos mensuales y que la única ayuda económica que recibe proviene de sus hermanas[65]; pues su madre es una mujer de 66 años que se ha dedicado a velar por su protección, desde que se le diagnosticó la enfermedad, y que solo recibe un subsidio por el valor de $80.000, del Programa Adulto Mayor. §65. Al margen de lo anterior, se advierte que la última decisión, previa a la formulación de la solicitud de amparo, fue proferida el 15 de noviembre de 2023, mediante Resolución n.° SUB 316142; en la que Colpensiones negó el reconocimiento de la solicitud pensional radicada por la agente oficiosa, en nombre de su hijo[66]. Por su parte, la acción de tutela fue interpuesta el 29 de noviembre de 2023; por lo que transcurrieron pocos días entre esa actuación y la presentación de la solicitud de amparo. §66. Ahora, si bien la referida resolución solo fue notificada por Colpensiones hasta el 2 de febrero de 2024, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, amparara el derecho fundamental de petición del accionante y ordenara su notificación[67], lo cierto es que la acción de tutela fue interpuesta después de que transcurrieran tan solo algunos meses desde la radicación de la “solicitud de revocatoria directa” (19 de julio de 2023); ante la falta de respuesta oportuna, por parte de la entidad. §67. Subsidiariedad. La acción de tutela es residual y subsidiaria, con lo cual, solo procede como mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, cuando el afectado no dispone de otro recurso judicial dentro del ordenamiento jurídico o, pese a disponer del mismo, éste no resulte idóneo o particularmente eficaz para la defensa de los derechos amenazados o vulnerados. La jurisprudencia constitucional ha entendido que un mecanismo judicial ordinario es idóneo cuando aquel “es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”[68] mientras que, es eficaz siempre que sea “lo suficientemente expedito para atender dicha situación”[69]. La tutela también puede operar como medio transitorio cuando, existiendo mecanismos ordinarios vigentes, resulta imperioso evitar la consumación de un perjuicio irremediable[70]. §68. En materia pensional, se ha dicho que la acción de tutela resulta procedente, siempre que (i) la falta de pago del derecho o disminución “genere un alto grado de afectación a derechos fundamentales como el mínimo vital”; (ii) “el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial para que le sea reconocida la prestación”; (iii) “se acreditan, siquiera sumariamente, las razones para concluir que el medio judicial ordinario es ineficaz” y; (iv) “exista mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para que sea reconocido el derecho pensional”[71]. §69. En atención a las anteriores consideraciones y como se explica a continuación, esta Sala de Revisión encuentra procedente la acción de tutela instaurada contra Colpensiones, como mecanismo definitivo, dado que los medios de defensa judicial que se encuentran al alcance del accionante no resultan eficaces para garantizar sus derechos fundamentales. §70. Preliminarmente, se encuentra acreditada la condición de sujeto de especial protección constitucional del accionante, que permite flexibilizar el requisito de subsidiariedad, acorde con la jurisprudencia constitucional[72]. En efecto, Santiago es una persona en situación de discapacidad que ha perdido su capacidad laboral, debido al deterioro de sus condiciones de salud; circunstancias que lo ponen en una situación de vulnerabilidad, pues no puede proveerse los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y para garantizar la protección de sus derechos fundamentales por las vías judiciales ordinarias[73]. §71. Por otra parte, se advierte una posible afectación del derecho al mínimo vital del accionante, ya que no cuenta con pensión o ingreso periódico alguno, se encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud y, desde el fallecimiento de su padre, ha quedado en una situación de escasez económica; pues ha sido calificado con un 65% de pérdida de capacidad laboral y, en ese sentido, su estado de salud le imposibilita trabajar. Actualmente vive en una vivienda arrendada y los ingresos de su madre no superan los gastos del hogar. Estos elementos, valorados en conjunto, permiten concluir que la falta de pago de la prestación pensional reclamada puede generar una afectación al mínimo vital del accionante, pues carece de recursos propios y el apoyo económico que recibe de su madre y de sus hermanas, es limitado. §72. También es posible concluir que el accionante ha desplegado cierta actividad administrativa para que le sea reconocida la prestación pensional que requiere. En efecto, inició el trámite para ser calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, con miras a contar con los elementos probatorios necesarios para obtener el reconocimiento pensional. En consecuencia, aquella lo calificó el 5 de noviembre de 2020, con una pérdida de capacidad laboral del 65%, estructurada el 13 de septiembre de 2014. El 14 de diciembre de 2020, luego de ser calificado, el accionante radicó, a través de su madre, la solicitud para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. La entidad emitió resolución del 11 de marzo de 2021, mediante la cual negó el reconocimiento pensional; circunstancia ante la cual, el 19 de julio de 2023, el accionante radicó solicitud de revocatoria directa, poniendo de manifiesto que la ayuda económica por parte de su padre fue continua y que existía un dictamen de pérdida de capacidad laboral que corroboraba su situación de discapacidad. §73. Frente a la eficacia de los medios ordinarios de defensa judicial, es preciso tener en cuenta que, si bien el accionante tiene a su alcance (i) las acciones ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, por disposición expresa del artículo 2.5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[74], y (ii) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[75]; tales alternativas no resultan lo suficientemente expeditas, dada su situación de vulnerabilidad y la urgencia que supone la protección de sus derechos fundamentales. En efecto, resultaría desproporcionado exigirle que acuda a las vías ordinarias, si se tiene en cuenta que en la actualidad no goza de los ingresos económicos suficientes para su subsistencia. Al respecto, debe tenerse en cuenta que sus necesidades vitales no pueden esperar a ser reconocidas a través de un proceso judicial que podría durar lo suficiente como para afectar sus derechos fundamentales. Además, como ya se dijo, su condición de sujeto de especial protección constitucional permite flexibilizar el estudio del requisito de subsidiariedad. §74. Por último, existe mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos legales, para que le sea reconocido el derecho pensional. En efecto, según se desprende del artículo 47 de la Ley 100 de 1993[76], para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de los hijos en condición de invalidez se requiere acreditar la relación filial con el causante, la dependencia económica del hijo en situación de invalidez, respecto del titular de la prestación, y que la condición de discapacidad hubiese generado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. §75. Pues bien, en el caso concreto se acreditan, prima facie, dichas condiciones: (i) por un lado, en el expediente se encuentra el registro civil de nacimiento del accionante, que da cuenta de su relación filial con el causante[77]; (ii) además, a diferencia de lo sostenido por Colpensiones y por la vinculada al trámite de tutela, se advierte que la pérdida de capacidad laboral del accionante fue estructurada antes del fallecimiento de su padre, con lo cual es posible inferir que existió dependencia económica hasta ese momento. Máxime si se tiene en cuenta que el accionante no cuenta con ingresos económicos propios y que sus posibilidades para acceder a un trabajo remunerado son limitadas, debido al estado de invalidez en el que se encuentra[78]; (iii) por otro lado, según dictamen del 5 de noviembre de 2020 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, el accionante fue calificado con una pérdida de capacidad laboral de 65.00% por enfermedad de origen común (esquizofrenia indiferenciada), con fecha de estructuración del 13 de septiembre de 2014[79]. §76. En ese sentido, no hay duda acerca de que las circunstancias que enmarcan el presunto hecho vulnerador, como las consecuencias que éste puede estar causando sobre el ejercicio de las garantías iusfundamentales del accionante, justifican una intervención de fondo por parte del juez constitucional, a fin de responder de manera efectiva a la solicitud de amparo de la referencia. Por ende, superado el análisis de procedibilidad frente a los derechos expresamente invocados por la agente oficiosa, pasará la Sala a plantear el problema jurídico y establecerá una estructura de la decisión. 4. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión §77. Como se puso de manifiesto líneas arriba, en este caso existe una discrepancia sobre la fecha del fallecimiento del causante, que llevó a Colpensiones a negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por Carla, en nombre de su hijo, porque, en su concepto, la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior al momento del deceso. Además, según Colpensiones, no se acreditó el requisito de la dependencia económica entre el causante y el accionante, en razón a que: (i) no vivían juntos, (ii) algunos testimonios pusieron en duda dicha dependencia y la situación de invalidez del actor, (iii) quién además renunció a su cuota alimentaria, voluntariamente, a finales del año 2014. Estas afirmaciones fueron respaldadas por la mujer vinculada al trámite de tutela, quien es la actual beneficiaria de la pensión correspondiente, en su calidad de pareja del pensionado fallecido. §78. Por su parte, la agente oficiosa manifestó que la fecha de estructuración fue anterior al fallecimiento del causante y, para el efecto, aportó copia del registro civil de defunción que soporta su argumento. Por otro lado, señaló que su hijo siempre dependió económicamente de su padre, por razón de su diagnóstico, y que el levantamiento de la medida de embargo sobre la mesada pensional se dio con ocasión a los supuestos engaños a los que fue sometido, para que firmara la exoneración del pago de la cuota de alimentos. §79. Con base en lo expuesto, se considera necesario estudiar el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulnera los derechos fundamentales a la dignidad humana, seguridad social, debido proceso, igualdad y mínimo vital de una persona en situación de discapacidad, derivada de su estado de salud mental, al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que presuntamente le asiste con fundamento en que no se acreditó el requisito de la dependencia económica y en que la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior al fallecimiento del causante; sin consideración al acervo probatorio que demostraba lo contrario? §80. Para resolver el asunto, a continuación la Sala se pronunciará sobre: (i) el derecho a la seguridad social y su relación con el mínimo vital y la dignidad humana; (ii) la protección reforzada a las personas en condición de discapacidad, en materia de seguridad social; (iii) el derecho al debido proceso administrativo en materia pensional; (iv) el derecho a la pensión de sobrevivientes de los hijos e hijas en situación de invalidez; para luego, proceder con el (v) análisis del caso concreto. 5. El derecho a la seguridad social y su relación con el mínimo vital y la dignidad humana §81. El derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, se encuentra estrechamente vinculado a la cláusula de Estado social de derecho, pues comparten los mismos fines; servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales, adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, entre otros[80]. §82. Acorde con la jurisprudencia constitucional, la naturaleza fundamental de este derecho se sustenta en el principio de la dignidad humana, pues la seguridad social garantiza, entre otras cosas, el amparo frente a “determinadas contingencias que pueden afectar la vida de las personas, por la edad, la pérdida de la capacidad laboral o la muerte de los parientes respecto de quienes se tiene una relación de dependencia”[81]; con lo cual, “encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en el deber de realización de los derechos humanos”[82]. §83. En ese mismo sentido, el derecho al mínimo vital se deriva de los principios del Estado social de derecho, así como de la dignidad humana y la solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad. En efecto, para la Corte, éste “constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo”[83]. Su carácter fundamental surgió a partir de lo consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política, el cual estableció como una de las características esenciales del Estado colombiano “el respeto a la dignidad humana, que en este contexto, pue...