Sentencia T-257 de 2023

T-257-23 DEFECTO POR ERROR INDUCIDO O POR CONSECUENCIA-Configuración (…) la (entidad requerida) omitió dar el trámite correspondiente al recurso de insistencia presentado por la (accionante) y, de forma equivocada, afirmó ante el tribunal que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legalmente establecido para ello, ni dirigido a un correo electrónico de esa entidad. Esta información, en tanto soportó la decisión a la postre adoptada por el (Tribunal accionado), configura un defecto por error inducido; (…) la providencia que declaró improcedente el recurso supone una afectación directa al debido proceso de los actores, pues limitó de manera indebida la posibilidad de que estos accedieran a un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico por indebida valoración probatoria (…), la autoridad judicial dejó de valorar un medio de prueba que, de haber sido tenido en cuenta, le habría permitido concluir que la referida respuesta fue efectivamente notificada a los demandantes el 27 de mayo de 2020; (...) la decisión se basó en una valoración inadecuada del material probatorio (...) PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Importancia de la labor del juez al momento de interpretar la demanda ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por cuanto se presentan hechos nuevos/COSA JUZGADA EN TUTELA-Inexistencia por cuanto se presentan hechos nuevos ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se configura defecto fáctico ante una valoración probatoria manifiestamente incorrecta, incidiendo de manera directa en la decisión ERROR INDUCIDO O POR CONSECUENCIA COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos a) La providencia que contiene el error está en firme; b) La decisión judicial se adopta siguiendo los presupuestos del debido proceso, de tal forma que no es consecuencia de una actuación dolosa o culposa del juez; c) No obstante el juez haber actuado con la debida diligencia, la decisión resulta equivocada en cuanto se fundamenta en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error; d) El error no es atribuible al funcionario judicial si no al actuar de un tercero (órgano estatal u otra persona natural o jurídica); y e) La providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental. DERECHO DE PETICION Y DERECHO DE INFORMACION-Procede recurso de insistencia de la ley 1437/11 cuando entidad pública se niega a suministrar la información bajo el argumento que es reservada REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Cuarta de Revisión Sentencia T-257 de 2023 Expediente: T-8.789.788 Acción de tutela presentada por William David Martínez Hernández y Daniela Rojas Molina contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE. Magistrado sustanciador: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023) La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de la sentencia dictada el 5 de abril de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia proferida el 5 de agosto de 2021 por el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que, a su vez, declaró improcedente el amparo reclamado por los actores. I. ANTECENTES A. Hechos relevantes 1. Mediante una petición radicada el 8 de abril de 2020, la señora Daniela Rojas Molina, en representación de la Fundación para la Libertad de Prensa, en adelante FLIP, solicitó a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en adelante SAE, abstenerse de imponer barreras administrativas para el acceso a la información pública previamente solicitada por el señor William Martínez Hernández, quien ejerce la labor de periodista. Esta información había sido solicitada por el actor con ocasión de una investigación periodística que adelanta sobre las obras de arte que se encuentran bajo la administración de la SAE. Asimismo, la FLIP solicitó en su petición que se le concediera a éste una entrevista con la Gerente de Bienes Muebles de la SAE y permiso para acceder a diez obras de arte, respecto de las cuales la SAE le había entregado sus fichas técnicas en respuesta a una petición anterior.[1] 2. El 27 de mayo de 2020 la SAE brindó respuesta a la petición.[2] Sostuvo que los requerimientos presentados por el señor Hernández Martínez fueron contestados en debida forma y de acuerdo con los lineamientos vigentes sobre reserva legal, establecidos en la Ley 1708 de 2014. De esta manera, por un lado, reafirmó su negativa previa a conceder el acceso solicitado frente a la información de los bienes vinculados a procesos de extinción del derecho de dominio que se encontraban en trámite y, por otro, señaló que había entregado al peticionario la información solicitada que se relacionaba con bienes cuyo proceso judicial había finalizado. Lo anterior, explicó, porque una vez declarada la extinción del derecho de dominio sobre estos bienes la titularidad de los derechos patrimoniales, así como la facultad de autorizar su utilización, divulgación o acceso recaía en el FRISCO,[3] del cual es administradora. Por último, supeditó la autorización de acceso a las obras de arte a la existencia de una finalidad legítima que no afecte su posible conservación y comercialización.[4] 3. El 10 de junio de 2020, la señora Rojas Molina presentó recurso de insistencia ante la SAE.[5] Ese mismo día, la actora remitió un nuevo correo electrónico a la entidad indicando que, por error, envió una versión equivocada del documento, de modo que había desistido de la acción “en el portal web para interponerla nuevamente.” Este mensaje se acompañó con la nueva versión del recurso de insistencia.[6] 4. El 20 de agosto de 2020, ante la ausencia de trámite al recurso de insistencia, la señora Rojas Molina remitió el recurso directamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de obtener un pronunciamiento.[7] Esta actuación fue informada por la actora a la SAE a través de varios correos electrónicos, en los cuales también le insistió en su solicitud de remitir el recurso al tribunal.[8] No obstante, mediante auto del 2 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B rechazó de plano el recurso de insistencia, debido a que este no había sido remitido directamente por la SAE.[9] 5. El 5 de noviembre de 2020 los actores presentaron una primera acción de tutela en contra de la SAE, mediante la cual solicitaron que se ordenara: (i) contestar de fondo la petición formulada por la FLIP; (ii) el acceso a las fichas técnicas de las obras de arte cuyo proceso de extinción hubiera finalizado, en el mejor formato posible; (iii) el acceso a 138 obras de arte “que actualmente están en proceso de extinción de dominio”, con imágenes a color, los datos de identificación de los procesos judiciales y los afectados; (iv) explicar el fundamento legal para afirmar que la SAE, como administradora del FRISCO, ostenta los derechos patrimoniales respecto de las obras de arte; y, (v) explicar el fundamento legal por el cual la SAE pretende atribuirse el derecho de revisar y autorizar la publicación de la investigación periodística del señor Martínez Hernández.[10] 6. El 4 de marzo de 2021, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente el amparo frente al derecho de acceso a la información pública y lo negó en lo que respecta al derecho de petición.[11] En primer lugar, señaló que durante el proceso de tutela la SAE remitió el recurso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y éste se encontraba en trámite, por lo cual no se cumplía el requisito de subsidiariedad, para definir si era procedente el acceso a la información solicitada. En segundo lugar, luego de analizar la respuesta proporcionada por la SAE el 27 de mayo de 2020, concluyó que la accionada se había pronunciado sobre cada una de las peticiones formuladas por los actores, al margen de que no lo hubiese realizado en el sentido esperado por aquellos. 7. El 24 de marzo de 2021, previo a decidir sobre el recurso de insistencia,[12] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A requirió a la Gerente de Asuntos Legales de la SAE para que informara (i) la fecha en la cual la abogada Rojas Molina radicó la petición identificada con el N°1552; (ii) la fecha en que la actora recibió el oficio de respuesta N°CS2020-010470 del 11 de mayo de 2020; y, (iii) la fecha en la cual la actora presentó el recurso de insistencia.[13] 8. Mediante el oficio N°CS2021-009257, del 16 de abril de 2021, la Gerente de Asuntos Legales de la SAE informó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que (i) la petición de los actores fue radicada el 8 de abril de 2020, (ii) el oficio de respuesta N°CS2020-010470 del 11 de mayo de 2020 fue cargado en el módulo de respuesta de esa entidad el 21 de mayo de 2020, (iii) una vez el oficio ingresa al módulo web éste remite un correo electrónico automático al correo del peticionario para informarle la respuesta a su solicitud; (iv) la SAE sólo tuvo conocimiento de la presentación del recurso de insistencia con ocasión de la tutela tramitada por los actores ante el Juzgado Sexto para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá; y, (v) una vez verificado el buzón de correo de esa entidad no se observó la recepción del recurso de insistencia que afirma haber enviado la actora el 10 de junio de 2020 a las 16:47 horas.[14] Adicionalmente, la SAE aportó copia de dos formatos de gestión de solicitudes en los cuales se detalla el trámite impartido a la petición de los actores a través del aplicativo web de esa entidad. 9. Con fundamento en la información aportada, el 10 de mayo de 2021 el Tribunal declaró improcedente el recurso de insistencia, por estimar que no se acreditó que la actora lo hubiese presentado ante la SAE para obtener la información solicitada.[15] Además, precisó que, de haberse radicado el recurso el 10 de junio de 2020, como lo afirmaba la actora, el mismo resultaba extemporáneo porque para ese momento habían transcurrido más de diez días hábiles desde la notificación de la respuesta a la petición, lo cual habría ocurrido el 11 de mayo de 2020. B. Trámite procesal a) La demanda de tutela 10. Con fundamento en los anteriores hechos, el 22 de julio de 2021, los ciudadanos Martínez Hernández y Rojas Molina presentaron una segunda acción de tutela, de cuya revisión ahora se ocupa la Corte. En esencia, sostuvieron que la SAE vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la información pública, por no responder de fondo la petición presentada el 8 de abril de 2020 y obstaculizar, con su conducta procesal, el acceso a la información solicitada mediante el recurso de insistencia.[16] Esto porque, contrario a lo argumentado por el Tribunal, los documentos aportados por los actores permitían concluir que el recurso de insistencia fue efectivamente remitido a los correos de la SAE y ello ocurrió dentro del término legal para presentarlo. Además, plantearon que el Tribunal erró al establecer la fecha de notificación, puesto que la SAE notificó la respuesta a los accionantes el 27 de mayo de 2020 y no el 11 de mayo anterior, como se reseñó en el auto. Sobre esta base, afirmaron que el recurso de insistencia no fue presentado de manera extemporánea, sino que “la información que remitió la Sociedad de Activos Especiales al Tribunal sobre las fechas de las actuaciones es absolutamente falsa.”[17] 11. En consecuencia, reclamaron que se le ordenara: (i) contestar de fondo la petición formulada por la FLIP; (ii) conceder acceso al señor Martínez Hernández a la información sobre las obras de arte bajo su custodia que se encontraran en la etapa inicial del proceso de extinción de dominio; (iii) conceder acceso al señor Martínez Hernández a las fotos y fichas técnicas de las obras de arte cuyo proceso de extinción se encontrara en etapa de juzgamiento o hubiese finalizado con sentencia, en el mejor formato posible y con información detallada sobre su certificado de autenticidad, datos de identificación de los procesos judiciales y los afectados; (iv) permitir el acceso del señor Martínez Hernández y un crítico de arte para ver las obras personalmente, con una libreta de apuntes y una cámara fotográfica; y, (v) explicar el fundamento legal para afirmar que la SAE, como administradora del FRISCO, ostenta los derechos patrimoniales respecto de dichas obras de arte.[18] b) La admisión de tutela y contestación de las entidades relacionadas 12. Admisión de la tutela. Mediante Auto del 26 de julio de 2021, el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y corrió traslado a SAE para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la demanda. Asimismo, dispuso la vinculación del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – Frisco.[19] 13. Respuesta de la SAE en calidad de administradora del FRISCO. Esta entidad adujo que brindó respuesta a la petición presentada por los actores el 8 de abril de 2020 y, aunque no accedió a sus solicitudes, la respuesta fue debidamente notificada el 27 de mayo de 2020, mediante el oficio identificado con el radicado CS2020-010470.[20] Sostuvo que si bien el recurso de insistencia fue inicialmente presentado dentro del término legal para ello, el 10 de junio de 2020, a través del aplicativo web de esa entidad, en la misma fecha el trámite fue “cerrado” por la propia solicitante.[21] Además, señaló que la señora Rojas Molina presentó una “segunda solicitud” de insistencia el 25 de junio de 2020, pero la remitió a un correo electrónico ajeno a esa entidad y solicitó dar trámite a un recurso de reposición, el cual no corresponde al recurso de insistencia que afirmó haber presentado.[22] 14. De otra parte, señaló que las mismas pretensiones de los actores habían sido analizadas y decididas previamente por el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, quien “negó” el amparo puesto que esa entidad había dado respuesta de fondo a la petición y, tras enterarse durante el trámite de tutela que los actores habían interpuesto el recurso de insistencia, había remitido el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se pronunciara.[23] Con fundamento en estos argumentos, solicitó declarar improcedente el amparo reclamado por aquellos.[24] c) La sentencia de primera instancia 15. En sentencia del 5 de agosto de 2021, el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente el amparo, tras considerar que la acción de tutela era temeraria. Esto, porque los actores habían presentado previamente otra tutela contra la misma entidad, por los mismos hechos e invocando las mismas pretensiones.[25] d) La impugnación 16. La anterior decisión fue impugnada por los actores,[26] quienes solicitaron revocarla y, en su lugar, conceder el amparo. Argumentaron, en primer lugar, que la acción no era temeraria en la medida en que entre la presentación de la primera acción de tutela y ésta habían ocurrido hechos nuevos, los cuales justificaban acudir nuevamente al amparo como medio de defensa de sus derechos.[27] Concretamente, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso de insistencia que, al momento de la anterior acción de tutela, se encontraba en trámite y dio lugar a la declaración de improcedencia de esa acción. Esto último, insistieron, también implica que en cuanto a sus pretensiones no se adoptó una decisión de fondo por parte del juez de tutela. 17. En segundo lugar, plantearon que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca basó su decisión en la idea equivocada de que los actores no radicaron un recurso de insistencia, a la cual arribó debido a que la SAE le dio a entender que la respuesta a la petición había sido notificada el 11 de mayo de 2020 y que ellos no habían presentado en debida forma el recurso.[28] Con todo, reclamaron que el juzgado de primera instancia omitió valorar los correos electrónicos aportados con la acción de tutela, con los cuales se muestra que (i) la respuesta a su petición fue notificada por la SAE el 27 de mayo de 2020, y (ii) el recurso de insistencia fue enviado a esa entidad el 10 de junio del mismo año.[29] Además, que omitió analizar la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por cuenta de las diferentes trabas administrativas y actuaciones de mala fe desplegadas por la SAE en su contra.[30] e) La sentencia de segunda instancia 18. Mediante auto del 26 de octubre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de todo lo actuado y dispuso la remisión de la acción de tutela al Consejo de Estado.[31] En su criterio, al trámite debió vincularse al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por tratarse de la autoridad que declaró improcedente el recurso de insistencia presentado durante el trámite de la primera tutela, pues en la demanda se controvierte el acierto de su decisión sobre el aludido recurso. Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a quien correspondió el trámite tras el nuevo reparto, se abstuvo de avocar conocimiento y propuso conflicto negativo de competencia por estimar que debía prevalecer el principio de perpetuatio jurisdictionis.[32] En consecuencia, ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto. 19. Por Auto del 25 de enero de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que se configuró un conflicto de competencia aparente y, por ello, dispuso dejar sin efectos el auto proferido el 26 de octubre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y remitirle el expediente para que resolviera la impugnación.[33] Lo anterior, tras reiterar que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia. 20. Mediante sentencia del 5 de abril de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia.[34] En lo relacionado con la petición presentada por los actores el 8 de abril de 2020, ratificó la existencia de temeridad puesto que, en la primera tutela presentada, los actores obtuvieron un pronunciamiento de fondo que negó el amparo invocado. Sin embargo, afirmó que no ocurrió lo mismo frente al derecho de acceso a la información porque en dicha ocasión el juez de tutela declaró improcedente el amparo, por encontrarse en trámite el recurso de insistencia. 21. Con todo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la solicitud de amparo resultaba improcedente, por incumplir el requisito de subsidiariedad. A su juicio, los actores no agotaron en debida forma el recurso de insistencia pues, como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, éste no fue enviado a una dirección electrónica de la SAE y, de haberlo hecho así, habría resultado extemporáneo porque la respuesta a la petición fue notificada el 11 de mayo de 2020 y, según afirman los actores, el recurso se habría presentado el 10 de junio siguiente.[35] Por otra parte, estimó que la SAE no hizo incurrir en error a la mencionada autoridad judicial en tanto la información presentada durante el proceso de tutela fue la misma que remitió como respuesta al requerimiento efectuado por aquella durante el trámite del recurso de insistencia.[36] f) La selección del caso por la Corte y su reparto 22. Con fundamento en los criterios objetivos de asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, dispuestos en el artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015, el magistrado Alejandro Linares Cantillo insistió en la selección de este caso con fines de revisión. De una parte, estimó que se trataba de un asunto novedoso en tanto se relacionaba con una investigación periodística sobre “la relación entre el arte y el narcotráfico, así como también podría darle transparencia [a] las prácticas de subasta del arte incautado en Colombia.”[37] De otra parte, señaló que el caso permitía a la Corte desarrollar “los límites sobre la naturaleza de la información que tienen los bienes sujetos a extinción de dominio, de acuerdo con lo regulado en la Ley 1708 de 2014.”[38] 23. De otra parte, con fundamento en los criterios objetivos de posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, la magistrada Diana Fajardo Rivera insistió en la selección del caso con fines de revisión. En primer lugar, afirmó que en este caso podría haberse presentado un eventual desconocimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de la SAE al negar a los actores el acceso a la información solicitada sin presentar una motivación suficiente para ello.[39] Sumado a esto, puso de presente que la vulneración alegada pudo verse intensificada por la presentación de información errónea al tribunal, según lo manifestado por los actores En segundo lugar, sostuvo que el caso presentaba a la Corte la oportunidad de profundizar en el entendimiento de derecho de acceso a la información pública cuando esta no reposa en documentos, como ocurre con las obras de arte que no podrían ser copiadas ni enviadas a través de un archivo, y sobre “los límites de la reserva legal de información como sustento para denegar el acceso a información pública.”[40] 24. Mediante Auto del 27 de septiembre de 2022,[41] la Sala de Selección de Tutela Número Nueve seleccionó el expediente con base en los criterios objetivos de asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. 25. En dicho auto se repartió el expediente a la entonces Sala Segunda de Revisión de Tutela, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo. 26. Dado que los días 8 de abril y 1º de diciembre de 2022 tomaron posesión de sus cargos la Magistrada Natalia Ángel Cabo y el Magistrado Juan Carlos Cortés González, respectivamente, en ejercicio de la atribución que le confiere el literal c) del artículo 5 del Reglamento Unificado de la Corporación, la Sala Plena decidió reorganizar la composición de las salas de revisión. 27. En consecuencia, mediante el Acuerdo 01 del 7 de diciembre de 2022, se estableció que los mismos magistrados que integraban la Sala Segunda de Revisión pasarían a conformar la Sala Cuarta, presidida por el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. En virtud de lo dicho, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutela fallar el presente asunto. g) Actuaciones en sede de revisión 28. Vinculación y decreto de pruebas. Luego de estudiar los elementos de prueba que obran en el expediente, para mejor proveer, a través de Auto del 23 de enero de 2023, el magistrado sustanciador consideró necesario integrar la causa por pasiva y decretar varias pruebas. 29. En primer lugar, dispuso vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A al proceso y poner en su conocimiento el contenido del expediente para que se pronunciara sobre los hechos, pretensiones y el problema jurídico que plantea la acción de tutela. Lo anterior, con el propósito de garantizar a esa autoridad el ejercicio de su derecho a la defensa en tanto ostenta un interés legítimo en el proceso y podría verse afectada por la decisión que adopte la Sala en este caso. 30. Aunque durante el trámite de las instancias el tribunal no fue vinculado al proceso de tutela, el magistrado sustanciador consideró que su vinculación en sede de revisión permite a la Sala evitar la dilación del trámite tutelar y garantizar, en debida forma, el derecho de contradicción de las partes, pues la eventual declaratoria de nulidad de lo actuado impactaría de manera desproporcionada los principios de celeridad, economía procesal y eficacia, que caracterizan la acción de tutela y, en general, la garantía del derecho a acceder a la administración de justicia de las partes.[42] Adicionalmente, se tuvo en cuenta que el litigio planteado por los actores envuelve una discusión sobre la garantía del derecho a acceder a la información pública con ocasión de una investigación periodística y, además, el amplio lapso que ha transcurrido desde la presentación de la petición inicial por parte de los actores (8 de abril de 2020), así como desde la formulación de la acción de tutela (22 de julio de 2021), sin que se resuelva de fondo el asunto. 31. En segundo lugar, se le solicitó remitir copia de la respuesta proporcionada por la SAE al requerimiento efectuado por el tribunal a través del auto del 24 de marzo de 2021, dentro del trámite del recurso de insistencia presentado por los accionantes. Finalmente, se le solicitó a la SAE remitir un informe con copia de todos los correos electrónicos enviados desde la dirección [email protected] a las direcciones institucionales de esa entidad: ([email protected] y [email protected]) entre el 7 de abril de 2020 y el 11 de junio de 2020. 32. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2023, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió copia de la respuesta proporcionada por la SAE al requerimiento efectuado por esa autoridad a través del auto del 24 de marzo de 2021, dentro del trámite del recurso de insistencia presentado por los actores.[43] 33. Posteriormente, a través de memorial del 30 de enero de 2023, el magistrado ponente de la decisión adoptada el 10 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A se pronunció sobre la acción de tutela y solicitó negar el amparo.[44] En primer lugar, señaló que en la acción de tutela no se reprocha la actuación de ese tribunal sino de la SAE, por lo cual los demandantes no presentaron pretensiones en su contra.[45] En segundo lugar, sostuvo que la SAE no hizo incurrir en error al tribunal porque en la decisión adoptada tuvo en cuenta el informe y las pruebas aportadas por esa entidad.[46] 34. Respuesta de la SAE. Mediante memorial remitido a través de correo electrónico el 2 de febrero de 2023, la apoderada general de la SAE reiteró los argumentos expuestos durante el trámite de tutela.[47] Remitió, además, copia de un correo electrónico enviado desde la dirección [email protected] a la dirección [email protected], el 10 de junio de 2020 a las 15:50 horas. En este mensaje, la señora Rojas Molina presentó “recurso de insistencia en contra de la respuesta al derecho de petición con radicado CS2020-010470.” Por otra parte, afirmó que las direcciones de correo electrónico institucional [email protected][48] y [email protected] son los únicos canales oficiales por los cuales esa entidad recibe comunicaciones a través de correo electrónico.[49] De este modo, señaló que el recurso de insistencia presentado por la señora Rojas Molina no fue presentado en debida forma, porque la dirección de correo electrónico [email protected] sólo genera respuestas automáticas y no está habilitada para recibir comunicaciones.[50] 35. Suspensión de términos. El 2 de febrero de 2023, la Sala Cuarta de Revisión de Tutela ordenó suspender los términos en el presente proceso, hasta el 10 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Lo anterior, dado que para ese momento no se contaba con el material probatorio necesario para adoptar una decisión, pues las partes y terceros con interés legítimo en el proceso aún no se habían pronunciado sobre las pruebas decretadas. 36. Traslado de las pruebas. La Secretaría General de esta Corporación, por medio de constancia del 9 de febrero de 2023, informó que, tras haber puesto las referidas pruebas a disposición de las partes, no se recibieron comunicaciones. II. CONSIDERACIONES A. Competencia 37. Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas en el expediente de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo resuelto por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, mediante Auto del 27 de septiembre de 2022. B. Cuestiones previas 38. En el presente caso los actores atribuyen la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la información pública, de una parte a la respuesta otorgada el 27 de mayo de 2020 por la SAE a la petición formulada por los actores el 8 de abril de 2020 y, de otra, a la providencia proferida el 10 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que declaró improcedente el recurso de insistencia para acceder a la información pública solicitada en la citada petición. En respuesta, la SAE argumentó que las pretensiones de los accionantes habían sido resueltas previamente por el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante la providencia del 4 de marzo de 2021. Al pronunciarse sobre la demanda, el juez de tutela en primera instancia declaró improcedente el amparo tras considerar que la acción emprendida por los actores era temeraria. 39. Bajo este contexto, de manera preliminar, con el propósito de fijar el objeto de litigio y determinar el problema o los problemas jurídicos que debe resolver, la Sala se referirá a la competencia del juez de tutela para interpretar el contenido de la solicitud de amparo. Posteriormente, antes de analizar la procedencia de la acción de tutela abordará los fenómenos de la cosa juzgada y la temeridad para constatar si estos se presentan en el caso objeto de revisión, lo cual daría lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción, o, si por el contrario, se advierte la existencia de un hecho nuevo que habilite un pronunciamiento sobre este asunto. a) La competencia del juez de tutela para interpretar la demanda 40. Debido a la ausencia de formalidades en el trámite de tutela, así como al carácter sumario y preferente del proceso de tutela, esta Corte ha destacado que los jueces se encuentran facultados para fallar o decidir más allá de las pretensiones de las partes, con fundamento en la potestad derivada de la primacía de los derechos fundamentales de las personas y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.[51] Es decir, que el juez de tutela no sólo ostenta competencia para fallar más allá de lo solicitado en la demanda en virtud de los principios ultra petita y extra petita, sino que puede interpretar su contenido y fijar el alcance del problema jurídico de cara a la necesidad de defender de forma integral los derechos fundamentales en disputa.[52] Esta competencia, desde luego, no faculta al juez para omitir los debates constitucionales planteados por los actores, sino que “le confía la misión de defender los derechos de la manera más amplia posible, permitiéndole superar obstáculos puramente formales o argumentativos.”[53] 41. En línea con lo anterior, en aplicación del principio iura novit curia, según el cual “el juez conoce el derecho”, esta Corte ha señalado que al juez le corresponde interpretar y adecuar los hechos alegados por el demandante a las instituciones jurídicas que les sean aplicables, para garantizar apropiadamente los derechos fundamentales en tensión.[54] Concretamente, al analizar algunas tutelas contra providencias judiciales, la Corte ha sostenido que “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.”[55] 42. Además, de manera concreta, la Corte ha identificado causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales diferentes a las planteadas por el actor o a partir del fundamento fáctico de la demanda, en casos en los cuales los actores no alegaban alguna causal específica de manera expresa.[56] En tal sentido, en la Sentencia SU-061 de 2018 la Sala Plena destacó que aunque el actor no señale de manera explícita alguna de las denominaciones de las causales específicas de procedibilidad, ello no implica que la tutela sea improcedente, dado que “lo importante es que la persona identifique los presupuestos fácticos y de procedimiento del caso que le permitan inferir al juez, con total claridad, la causal objeto de controversia.” 43. De esta forma, aunque el actor no lo identifique de manera expresa, el juez de tutela debe analizar la configuración de un eventual defecto en la providencia judicial censurada, siempre que se logre inferir con claridad que lo alegado por los actores se adecúa a uno o varias causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, con fundamento en los hechos y elementos de prueba aportados al expediente. Con base en esta precisión, la Sala analizará los diferentes aspectos planteados en el presente caso. b) La temeridad y la cosa juzgada 44. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta Corte,[57] en los casos en que el juez de tutela advierta la presentación de dos o más acciones de tutela con igual contenido, pero sin un motivo justificado para ello, es posible que se declare la improcedencia del amparo tras constatar la existencia de una actuación temeraria por parte del demandante. De cara a esta constatación, la autoridad judicial debe tener en cuenta, además de “la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista”,[58] si hay plena identidad entre el objeto, causa petendi y las partes de cada uno de los procesos, lo cual corresponde a los siguientes supuestos. “(i) una identidad en el objeto, es decir, que “las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental”[59];(ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a “que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa”[60]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado.[61]”[62] 45. Cuando se acredita la existencia de una acción temeraria, la jurisprudencia ha señalado que el juez de tutela puede imponer una sanción económica al solicitante,[63] salvo que “el ejercicio de las acciones de tutela se [haya] funda[do] (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho.”[64] En estos supuestos de hecho, aunque debe declararse la improcedencia de la acción de tutela, la actuación no es temeraria y, por ello, no es preciso sancionar al demandante bajo el entendido de que su actuación no se encuentra motivada por la mala fe. 46. Por otra parte, la temeridad y la cosa juzgada son elementos conceptuales distintos, encaminados a racionalizar el uso de la acción de tutela y evitar la presentación sucesiva o simultánea de solicitudes de amparo, por lo cual no siempre confluyen en un mismo supuesto de hecho. Sobre el particular, en la Sentencia T-537 de 2015 se explicó que: “únicamente se presenta la temeridad, cuando se incurre en la presentación simultánea de dos o más solicitudes que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin motivo que lo justifique y sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada. Por el contrario, existe cosa juzgada y temeridad, cuando se interpone una acción de amparo sobre una causa decidida previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud.” 47. De este modo, las reglas previamente descritas no solo se predican de los casos en los cuales el actor presenta dos o más acciones de manera simultánea, pues también son aplicables cuando se trata de acciones sucesivas. Es decir, cuando la solicitud de amparo es posterior a otra que previamente fue decidida por una autoridad judicial y se encuentra ejecutoriada.[65] En estos casos, cobra especial relevancia la constatación del fenómeno de la cosa juzgada sobre la primera decisión judicial, pues cuando un litigio ha sido decidido de manera definitiva las demás acciones que pretendan reabrir esa discusión se tornan improcedentes por sustracción de materia.[66] 48. Sin embargo, la jurisprudencia también ha señalado que no se presenta temeridad cuando, “luego de presentada una acción de tutela en donde se exponen unos hechos y derechos concretos, con posterioridad pueda presentarse otra por el mismo solicitante y con base en similares hechos y derechos, pero con la connotación de que han surgido elementos nuevos o adicionales que varían sustancialmente la situación inicial. En esos casos sí es procedente la acción y no podría ser catalogada como temeraria.”[67] En rigor, no se trata de una afectación a la cosa juzgada, sino de la variación de la causa petendi, lo cual da lugar a un nuevo pronunciamiento. 49. Conforme con los antecedentes expuestos, la Sala observa que los actores presentaron dos acciones de tutela de manera sucesiva en contra de la SAE. La primera fue radicada el 5 de noviembre de 2020, ante el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, esta decisión hizo tránsito a cosa juzgada tras no ser seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional.[68] La segunda fue presentada el 22 de julio de 2021, ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá. A continuación, para mayor claridad en la exposición, se resume en un cuadro la comparación de las dos acciones de tutela. Primera acción de tutela (05-11-2020) Segunda acción de tutela (22-07-2021) Partes Accionantes: William David Martínez Hernández y Daniela Rojas Molina Accionados: SAE Accionantes: William David Martínez Hernández y Daniela Rojas Molina Accionados: SAE Derechos invocados y pretensiones Derechos fundamentales frente a los cuales solicitaron amparo: Petición, acceso a la información pública y debido proceso. Petición: Ordenar a la SAE: (i) contestar de fondo la petición formulada por la FLIP; (ii) acceso a las fichas técnicas de las obras de arte cuyo proceso de extinción hubiera finalizado, en el mejor formato posible; (iii) acceso a 138 obras de arte “que actualmente están en proceso de extinción de dominio”, con imágenes a color, los datos de identificación de los procesos judiciales y los afectados; (iv) explicar el fundamento legal para afirmar que la SAE, como administradora del FRISCO, ostenta los derechos patrimoniales respecto de las obras de arte; y, (v) explicar el fundamento legal por el cual la SAE pretende atribuirse el derecho de revisar y autorizar la publicación de la investigación periodística del señor Martínez Hernández.[69] Derechos fundamentales frente a los cuales solicitaron amparo: Petición, acceso a la información pública y debido proceso. Petición: Ordenar a la SAE: (i) contestar de fondo la petición formulada por la FLIP; (ii) conceder acceso al señor Martínez Hernández a la información sobre las obras de arte bajo su custodia que se encontraran en la etapa inicial del proceso de extinción de dominio; (iii) conceder acceso al señor Martínez Hernández a las fotos y fichas técnicas de las obras de arte cuyo proceso de extinción se encontrara en etapa de juzgamiento o hubiese finalizado con sentencia, en el mejor formato posible y con información detallada sobre su certificado de autenticidad, datos de identificación de los procesos judiciales y los afectados; (iv) permitir el acceso del señor Martínez Hernández y un crítico de arte para ver las obras personalmente, con una libreta de apuntes y una cámara fotográfica; y, (v) explicar el fundamento legal para afirmar que la SAE, como administradora del FRISCO, ostenta los derechos patrimoniales respecto de dichas obras de arte.[70] Hechos relevantes Los actores consideran que la SAE vulneró sus derechos fundamentales al negarse a entregar la información solicitada a través de una petición el 8 de abril de 2020 y omitir el trámite correspondiente al recurso de insistencia presentado el 10 de junio de 2020. Debido a que la SAE omitió tramitar el recurso de insistencia, el 23 de septiembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B rechazó el recurso de insistencia remitido directamente por los actores. Los actores insisten en las mismas circunstancias fácticas, sin embargo, aducen como hecho nuevo que durante el trámite de la primera acción de tutela la SAE remitió el recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que el juez de tutela declaró improcedente el amparo reclamado. Sin embargo, sostienen que durante el trámite procesal de la insistencia la SAE remitió información falsa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, debido a lo cual esta incurrió en error y declaró improcedente el recurso mediante auto del 10 de mayo de 2021. 50. A partir del anterior recuento, la Sala constata que no existe una triple identidad entre las dos acciones de tutela. Aunque los dos amparos fueron promovidos por los mismos actores en contra de la misma entidad pública, lo cual muestra la identidad de las partes, y si bien las pretensiones son casi idénticas, con algunas variaciones en su redacción, los hechos que dieron lugar a la presentación de las demandas son sustancialmente diferentes en la segunda acción de tutela. 51. Esto es así, porque en la solicitud de amparo presentada el 22 de julio de 2021 se cuestiona, además de la respuesta a la petición presentada el 8 de abril de 2020, la actuación procesal de la SAE ante el tribunal administrativo, la cual se habría concretado, según los actores, en la presentación de información falsa que hizo incurrir en error a esa autoridad judicial. Por otra parte, la Sala no pierde de vista que, como lo señaló la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de tutela de segunda instancia en el expediente objeto de revisión, la primera solicitud de amparo fue declarada improcedente respecto de las actuaciones de la SAE en el trámite de insistencia, precisamente dado que dicho proceso se encontraba en curso. De esta manera, la decisión adoptada el 10 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A constituye un nuevo hecho relevante que no fue estudiado para fallar la tutela inicial. 52. En esa medida, es oportuno tener en cuenta que los accionantes manifestaron expresamente en el escrito de tutela haber presentado una solicitud de amparo previamente y expusieron las razones por las cuales, en su criterio, esta situación no configuraba un actuar temerario de su parte.[71] Así las cosas, la Sala encuentra que la situación que ahora se discute es la actuación procesal de la SAE durante el recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. En rigor, esto no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de ninguna autoridad judicial, de modo que no es posible afirmar que al respecto exista cosa juzgada constitucional ni mucho menos una actuación temeraria, por ello es procesalmente viable que la Sala conozca de este asunto. C. Análisis sobre la procedencia de la acción de tutela 53. Luego de constatar que es materialmente competente para pronunciarse, la Sala advierte que el asunto que se discute en este caso se concentra en determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A incurrió en los errores señalados por los actores. 54. En efecto, la providencia del referido tribunal, que definió lo relativo al recurso de insistencia, no es un asunto que pueda ser soslayado en la presente decisión, pues, de una parte, él corresponde al ejercicio del medio de control ordinario, frente a la solicitud de acceder a la información. Y, de otra parte, no es posible para el juez constitucional dar una eventual orden diferente a lo ya decidido por el juez ordinario, sin considerar la decisión de este último. De modo que no es posible, como parecen pretenderlo los actores, limitarse en el análisis a la conducta de la SAE, ni mucho menos pretender resolver el asunto dando órdenes directas a esta última, prescindiendo de la corporación judicial que dictó una providencia en la cual se pronunció sobre el asunto. Por esta razón, en su debida oportunidad procesal, se dispuso vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A al presente proceso. 55. A partir de la anterior precisión, la Sala dará cuenta de las reglas sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Fijado así el parámetro, procederá a estudiar las particulares circunstancias de este caso y, sobre esa base, determinará si la acción de tutela es procedente. Sólo en caso de que lo sea, analizará si la providencia proferida el 10 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A vulneró o no los derechos fundamentales de los actores. a) La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 56. Cuando la alegada vulneración de derechos fundamentales proviene de una decisión judicial, en jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Corte se ha sostenido que la acción de tutela solo procede de forma excepcional. Esta regla obedece a que en un Estado de Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, deben respetarse los principios de independencia y autonomía judicial. La regla propende por la protección del principio de la cosa juzgada que recae sobre las sentencias que emiten las autoridades judiciales en el marco de sus competencias, a la vez que busca garantizar la seguridad jurídica.[72] Sin embargo, las providencias pueden ser atacadas a través de la acción de tutela, siempre que se acrediten todos los requisitos generales de procedencia. De hacerlo, el juez de tutela puede entrar a analizar de fondo, si la providencia censurada conculca derechos fundamentales.[73] 57. Como requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial,[74] esta Corte ha identificado los siguientes: 1) Legitimidad por activa y por pasiva; 2) Relevancia constitucional: el juez de tutela solo puede resolver controversias de índole constitucional con el objeto de procurar la materialización de derechos fundamentales, de manera que no puede inmiscuirse en controversias legales;[75] 3) Subsidiariedad: el actor debió haber agotado todos los “medios –ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial”, a no ser que la acción de amparo se presente como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable;[76] 4) Inmediatez: la protección iusfundamental debe buscarse en un plazo razonable;[77] 5) Irregularidad procesal decisiva: si lo que se discute es la ocurrencia de una irregularidad procesal, aquella debe ser determinante en la vulneración de derechos fundamentales;[78] 6) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho: el accionante debe enunciar los hechos vulneradores y los derechos conculcados, también es necesario que, de haber sido posible, ello se hubiere alegado en el curso del proceso judicial;[79] y 7) que, en principio,[80] no se ataquen sentencias de tutela, en tanto las controversias sobre derechos fundamentales no pueden extenderse en el tiempo. 58. A continuación, la Sala procede a verificar, en primer lugar, cada uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 59. La legitimación en la causa por activa y por pasiva. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela constituye un instrumento de defensa judicial, preferente y sumario, al cual tiene la posibilidad de acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares, en aquellos casos previstos en la ley.[81] En concordancia, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que están legitimados para ejercer la acción de tutela: (i) la persona vulnerada o amenazada en sus derechos, por sí misma; (ii) a través de un representante (como ocurre en el caso de los menores o de quien designa un apoderado judicial); (iii) mediante agencia oficiosa (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa); y (iv) por conducto tanto del defensor del pueblo como de los personeros municipales (cuando el titular del derecho se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión).[82] 60. En el expediente objeto de revisión la legitimación por activa se encuentra acreditada en la medida en que la solicitud de amparo fue presentada por los señores Martínez Hernández y Rojas Molina. Esta última presentó, en favor de aquél, la petición que dio lugar a la negativa de la entidad a conceder acceso a la información y, con ello, a la presentación del recurso de insistencia cuyo trámite culminó con la adopción del auto del 10 de mayo de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, lo declaró improcedente. 61. En contraste, la legitimación por pasiva se refiere a “(…) la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues [es quien] está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso.”[83] 62. En este caso se encuentra acreditada la legitimación por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dado que a través de la acción de tutela se discute el acierto de la decisión adoptada por esa autoridad el 10 de mayo de 2021. De otra parte, se encuentra acreditada la legitimación por pasiva de la SAE, en tanto la demanda de tutela también reprocha su actuación procesal durante el trámite del recurso de insistencia, pues los actores señalan a la entidad de haber aportado información falsa. 63. La relevancia constitucional. Dado que se está ante una tutela contra providencia judicial, conforme a la doctrina de esta Corporación, es necesario determinar si el asunto tiene relevancia constitucional. Con este requisito se busca: 1) preservar la competencia e independencia de los jueces de las jurisdicciones distintas a la constitucional y así evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad;[84] 2) restringir el ejercicio de la acción de amparo a cuestiones de relevancia constitucional, esto es, que afecten los derechos fundamentales[85] y, 3) impedir que la acción tutelar se convierta en un recurso o instancia adicional para controvertir las decisiones de los jueces.[86] 64. Conforme a la Sentencia SU-573 de 2019, se tiene que la tutela carece de relevancia constitucional cuando: 1) no se advierta, prima facie, una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial; y 2) el debate jurídico no gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. De manera que el requisito no se satisface si el actor con su planteamiento lo que pretende es que el juez constitucional interfiera en una simple discusión sobre el sentido y alcance de una norma legal. La relevancia constitucional “se relaciona con la necesidad de interpretación del estatuto superior, su aplicación material y la determinación del alcance de los derechos fundamentales.”[87] De allí que el juez de tutela, en principio, deba observar si de los elementos probatorios aportados al proceso es plausible asumir que se encuentra en juego la posible vulneración de alguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. 65. En el presente caso, el debate no se centra en la aplicación de una norma legal o reglamentaria, ni en la determinación de su sentido o alcance, sino que la controversia gira en torno a la posible inducción a error al tribunal al establecer las fechas de notificación de la respuesta a la petición presentada por los actores y de la posterior presentación del recurso de insistencia. Con fundamento en este argumento, que se desarrolla a partir de la circunstancia de que la SAE habría presentado información falsa al tribunal durante el trámite, los actores sostienen que, en realidad, la respuesta de la SAE a su petición fue notificada el 27 de mayo de 2020 y la señora Rojas Molina presentó el recurso de insistencia el 10 de junio de 2020, dentro del plazo legalmente previsto para ello. A partir de lo anterior, la actora sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A concluyó erradamente que la respuesta a la petición había sido notificada el 11 de mayo de 2020 y que, por tanto, el recurso fue extemporáneo. Y concluyó, además, que aunque se hubiese presentado en la fecha en que ella afirma haberlo hecho, tampoco fue dirigido a un correo válido de la SAE. 66. La acción constitucional resulta entonces relevante para determinar si los derechos fundamentales al acceso a la información pública y debido proceso de los actores fueron conculcados por la SAE y la autoridad judicial que conoció el recurso de insistencia, al dar por cierta la información aportada por la SAE y declarar improcedente el recurso, sin tomar en consideración que, al parecer, la respuesta a la petición fue comunicada en una fecha posterior a la señalada por la SAE y el recurso sí habría sido interpuesto en el término previsto para ello, a través de un correo de la entidad. 67. Lo que se debate tiene relevancia constitucional en la medida en que, de una parte, está en discusión una decisión judicial consignada en un auto que ya hizo tránsito a cosa juzgada y, de otra, está el argumento de que dicha orden se fundamentó en información falsa aportada por la SAE al trámite procesal. Además, la Sala advierte que el debate también tiene incidencia en la eventual garantía del derecho fundamental de acceder a la información pública, pues como consecuencia de la providencia censurada el tribunal se abstuvo de decidir de fondo si fue acertada o no la negativa de la SAE a entregar la información solicitada por los actores. 68. La subsidiariedad. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” En tal sentido, en primer lugar, el juez de tutela debe verificar la existencia de otros mecanismos de defensa judicial en el ordenamiento jurídico, para establecer si quien pretende el amparo cuenta con la posibilidad de procurar la garantía de sus derechos al interior del procedimiento ordinario. De comprobar la existencia de otro u otros medios de defensa judicial, le corresponderá evaluar si estos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna e integral la adecuada protección de los derechos fundamentales invocados, de cara a las circunstancias particulares en que se encuentre el demandante.[88] En caso de que el medido de defensa ordinario carezca de idoneidad y eficacia para salvaguardar los derechos invocados, la acción de tutela procederá de forma definitiva.[89] La acción de tutela también será procedente siempre que se acredite su interposición como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 69. En el asunto sub examine, es claro que los actores no disponen de otro medio de defensa judicial para cuestionar la decisión que declaró improcedente el recurso de insistencia. En efecto, en el trámite del recurso de insistencia ya se pronunció el tribunal declarándolo improcedente y, con posterioridad a ello, el ordenamiento jurídico no prevé ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario.[90] Al no haber ningún recurso al que se pueda acudir, por sustracción de materia, se tiene que no es viable analizar lo concerniente a su idoneidad. 70. La inmediatez. La naturaleza de recurso preferente y sumario que caracteriza a la acción de tutela exige que quien demanda la protección de sus derechos por esta vía excepcional, acuda a ella dentro de un término razonable. Si bien esta Corte ha precisado que la acción de tutela no puede estar sometida a un término de caducidad, esto no implica que pueda ser promovida en cualquier tiempo.[91] De esta manera, corresponderá al juez de tutela, en cada caso, analizar la razonabilidad del lapso transcurrido entre el hecho generador de la vulneración alegada y la presentación de la acción de tutela para determinar si se cumple con este requisito. 71. En el presente caso, la Sala constata que la acción de tutela fue ejercida de manera oportuna. Esto es así, porque la decisión que pretenden controvertir los actores fue proferida el 10 de mayo 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y notificada a los actores el 1° de junio de 2021.[92] De modo que es razonable concluir que, entre este hecho, a partir del cual los actores habrían tenido conocimiento de la providencia que señalan como vulneradora de sus derechos fundamentales, y la presentación de la acción de tutela el 22 de julio de 2021, transcurrieron menos de dos meses.[93] Este lapso, dadas las circunstancias del caso, es razonable. 72. La identificación razonable de los hech...