Sentencia T-242 de 2023

T-242-23 ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez (i) la presentación de la tutela no se dio en un plazo razonable a partir del momento en que se dio la presunta afectación del derecho a la consulta previa; (ii) el extenso lapso de tiempo no se ve justificado por una transgresión de derechos continua y actual en el tiempo, pues para el momento de la interposición de la acción el contrato de obra pública ya se encontraba ejecutado, terminado y liquidado; y (iii) los accionantes no fueron diligentes en buscar la protección del derecho por otros medios, pues no se evidencia en el acervo probatorio que, durante la ejecución del contrato, hubieran solicitado a alguna de las entidades accionadas que adelantara la consulta previa ni solicitaron a la Autoridad Nacional de Consulta Previa que conceptuara sobre su procedencia . ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS-Improcedencia por cuanto no se observa una afectación directa sobre las comunidades étnicas/CONSULTA PREVIA-Aplicación en caso de afectación directa basada en perturbación al ambiente, a la salud o a la estructura social, espiritual, cultural o económica de la colectividad DERECHO DE PARTICIPACION DE COMUNIDAD INDIGENA-Efectividad (…) en la ejecución del contrato de obra pública… se realizó una convocatoria para la participación de la comunidad en condiciones de igualdad de la comunidad indígena accionante con los demás habitantes del municipio… evidencia un proceso de concertación con la comunidad indígena, así como la implementación de un plan de manejo para mitigar los impactos de los trabajos específicos en los tramos que puedan afectar a la comunidad indígena accionante. CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela DERECHO AL DEBIDO PROCESO-No se configura violación por cuanto se dio notificación por conducta concluyente ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Reglas de procedencia DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Reiteración de jurisprudencia PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Modalidades DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES ETNICAS-Naturaleza y alcance DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Aplicación frente a medidas administrativas, de infraestructura, proyecto u obra que pueda afectar territorios étnicos OBLIGATORIEDAD DE LA CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES ETNICAS SOBRE MEDIDAS QUE LOS AFECTAN DE MANERA DIRECTA-Lineamientos jurisprudenciales CONSULTA PREVIA-Asuntos que deben ser consultados o medidas que suponen afectación directa a la comunidad/CONSULTA PREVIA-Criterios utilizados para identificar en qué casos procede por existir una afectación directa de los grupos étnicos CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Obligación impuesta al Estado cada vez que se vayan a adoptar medidas susceptibles de afectarles directamente CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Requisitos o reglas jurisprudenciales REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Quinta de Revisión- SENTENCIA T-242 de 2023 Referencia: Expediente T-9.174.045 Acción de tutela interpuesta por la comunidad Inga de Santiago (Putumayo), contra el municipio de Santiago (Putumayo), el departamento de Putumayo, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Unión Temporal B&M, y la Unión Temporal Maya B. Magistrado ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES A. LA DEMANDA DE TUTELA 1. El 1º de noviembre de 2022, la comunidad indígena Inga de Santiago – Putumayo presentó acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos al debido proceso, la consulta previa y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Manifestó que luego de varios desplazamientos y disputas históricas por la tierra, así como de haberse reconocido el riesgo inminente de su exterminio físico y cultural[1], mediante Acuerdo 109 de 2019 se constituyó el Resguardo Inga de Santiago en el que habitan sus integrantes. 2. En tal contexto, indicó que en enero de 2021 y mayo de 2022 la administración municipal suscribió dos contratos de obra pública con la Unión Temporal B&M y la Unión Temporal Maya B, respectivamente, que tuvieron por objeto la mejora de infraestructura deportiva en el municipio -el primero- y el mejoramiento de vías urbanas -el segundo-, sin que se hubieran adelantado procesos de consulta previa a pesar de la cercanía entre los proyectos y el Resguardo. De esta manera, expuso que las obras se encontraban generando una afectación directa a la comunidad, en tanto se realizan frente a su centro administrativo, judicial, cultural, educativo y espiritual. Por esto, sostuvo que se alteró el paisaje en un sentido que desconoce su cosmovisión, así como “el sonido, emisiones atmosféricas, polvo, desechos y demás”[2] interfieren con el normal desarrollo de sus actividades. En especial, destacaron que los estudiantes del cabildo “deben ser sometidos a recibir clases en medio de todo el bullicio, tránsito de maquinaria pesada, difíciles situaciones de acceso y demás ocasionadas por la ejecución de las obras”[3]. 3. Por lo expuesto, la comunidad solicitó en primer lugar, a título de medida cautelar, que se suspenda la ejecución, pago y liquidación de ambos contratos de obra pública, así como la suspensión de la ejecución, pago y liquidación del convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación y el Municipio. Luego, como pretensiones de fondo plantearon que (i) se ordene al Municipio, a la Gobernación y a las uniones temporales que cesen todas las actividades que afecten la vida cotidiana del Pueblo Inga, así como la suspensión de la ejecución, pago y liquidación de los contratos de obra pública; (ii) se ordene a las entidades accionadas que surtan el debido proceso y eleven solicitud de concepto de procedencia de consulta previa a la Autoridad de Consulta Previa; y (iii) se ordene a dicha autoridad que declare la procedencia de la consulta para la ejecución de los contratos. B. HECHOS RELEVANTES 4. Los accionantes señalan que, según se deriva de diversos trabajos de investigación, la comunidad Inga es descendiente de “la gran familia Inca”[4] e ingresó a Colombia por diferentes motivos y por distintas vías. Manifiestan que las comunidades indígenas del Putumayo han sufrido desplazamientos y despojos a lo largo de la historia, como consecuencia de (i) “la usurpación que se daba por parte de los colonos de las tierras de [su]s familias indígenas”[5]; (ii) el Concordato suscrito con la Santa Sede en 1887, que puso en cabeza de misioneros la tutela de la población indígena, y (iii) la apertura de la carretera Pasto – Puerto Asís, que generó, según aducen, procesos de despojo que los llevaron a perder sus territorios. Igualmente, ponen de presente que esta corporación, mediante auto 004 de 2009, reconoció al pueblo Inga del Putumayo en riesgo inminente de exterminio físico. En este contexto, los accionantes señalan que mediante Acuerdo 109 de 2019 el Resguardo Indígena Inga de Santiago, Putumayo, fue constituido “con 54 lotes de terrenos baldíos con posesión ancestral y nueve predios de propiedad del Cabildo, localizados en la jurisdicción del municipio de Santiago, departamento del Putumayo”[6]. 5. Señalan que el 12 de enero de 2021 el municipio de Santiago celebró el contrato de obra pública No. 55/21 con la Unión Temporal B&M[7], cuyo objeto fue el mejoramiento y la adecuación del escenario deportivo – Estadio Antonio Nariño del municipio. Por otra parte, el 2 de mayo de 2022 dicha entidad territorial también suscribió el contrato de obra pública No. 122/22 con la Unión Temporal Maya B[8], cuyo objeto es “el mejoramiento de vías urbanas mediante pavimentación en concreto hidráulico de los barrios San Luis Beltrán, Los Estudiantes, La Floresta y San Francisco”. Exponen que previo a la celebración de ambos contratos no se adelantó el proceso de consulta previa, a pesar de que ambas obras se desarrollan frente al territorio del Resguardo. Igualmente, ponen de presente que los recursos para la ejecución de ambos contratos provienen de un convenio realizado entre la Gobernación del Putumayo y el municipio. 6. En este orden de ideas, en opinión de la comunidad accionante, dichos contratos generan una afectación directa dentro del territorio del Resguardo en el que se encuentra ubicada la Casa Cabildo Inga de Santiago, que “es el epicentro de toda actividad del pueblo Inga”[9]. Al respecto, explican que dicho inmueble sirve a la comunidad como centro administrativo, judicial, educativo y cultural, en tanto que allí se encuentran (i) las oficinas en las cuales se atiende a la población indígena que busca ayuda del pueblo Inga; (ii) el Instituto Etnoeducativo Rural Bilingüe Inga Iachai Wasi Carlos Tamabioy, en el que se forman los niños, niñas y adolescentes -NNA- de la comunidad; y (iii) el Tambo Wasi, sitio de arquitectura, simbología y cosmovisión Inga que sirve a indígenas de la comunidad y a visitantes para descansar o para adelantar procesos de sanación u otros rituales. Igualmente, sostuvieron que allí se celebra el Atun Puncha, fiesta tradicional que constituye la celebración del año nuevo del pueblo Inga y que reúne ingas de todas partes del mundo a festejar, bailar y jugar. 7. La comunidad afirmó que debido a la zona de ejecución de las obras se genera una afectación al normal desarrollo de las actividades del Pueblo Inga, en tanto que la comunidad se encuentra con “la imposición de una infraestructura que cambia el paisaje habitual (…) y [con] un corral que hace las veces de cancha de fútbol que no guarda la más mínima sintonía con [la] cosmovisión del pueblo indígena”[10]. De igual forma, exponen que el ruido generado por las construcciones ha irrumpido su armonía espiritual a tal punto que se altera la conexión con sus fuerzas mayores y abuelos. Señalan que, cuando menos, los estudios y los diseños debieron ser planeados y construidos de manera concertada con la comunidad para que la infraestructura se incorpore a la arquitectura tradicional de los Ingas y resulte ajustada a la del Cabildo, la escuela Carlos Tamabioy y el Tambo Wasy. Asimismo, la comunidad refirió que el sitio donde se están desarrollando las obras son zonas que tradicionalmente ha ocupado la comunidad para actividades económicas, espirituales o culturales. Finalmente, se afirmó que (i) “los estudiantes de la escuela etnoeducativa Carlos Tamabioy deben ser sometidos a recibir clases en medio de todo el bullicio, tránsito de maquinaria pesada, difíciles situaciones de acceso y demás ocasionadas por la ejecución de las obras”; y (ii) “se ha puesto en riesgo a los estudiantes de la escuela Carlos Tamabioy”. 8. Con base en lo anterior, la accionante solicitó al juez de tutela que ampare sus derechos al debido proceso, a la consulta previa y al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural[11], y que se reconozcan las pretensiones a las que hace referencia el numeral 3 anterior. Junto con la acción de tutela, la comunidad adjuntó la siguiente imagen para ilustrar la afectación directa[12]: C. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE TUTELA 9. Mediante auto del 02 de noviembre de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago resolvió admitir la demanda de tutela y notificar a los accionados.[13] En particular, el juzgado dejó constancia de que junto con la acción se allegó un poder conferido por el Gobernador del cabildo al apoderado judicial, sin embargo, no se evidenció en dicho documento que se hubiera cumplido con la presentación personal exigida en el CGP, ni que se hubiera hecho conforme a los requisitos del artículo 5º de la Ley 2213 de 2022. En tal sentido, se dispuso a exhortar al apoderado para que adjuntara un poder con presentación personal o autenticación como lo prevé el inciso segundo del artículo 74 del CGP, o según lo establece el artículo 5º de la Ley 2213 de 2022, esto es, a través de mensaje de datos. 10. Finalmente, la juez dispuso negar la adopción de la medida provisional solicitada al considerar que no fueron acreditadas las condiciones de necesidad y urgencia para acceder a este mecanismo excepcional. Sobre ello, puso de presente que la ejecución de los contratos inició con un tiempo de antelación considerable a la interposición de la tutela, por lo que no se configura el criterio de urgencia, e igualmente, de los elementos de juicio allegados no se evidenció una afectación inminente de derechos. Finalmente, se dispuso la vinculación de la Secretaría de Planeación del municipio y se resolvió oficiar al Gobernador del Cabildo para que rindiera “una declaración de complementación y aclaración de los hechos”[14]. D. ACTUACIONES SURTIDAS EN PRIMERA INSTANCIA Informe técnico-social allegado con posterioridad a la presentación de la acción de tutela[15] 11. En memorial de fecha 04 de noviembre de 2022, el apoderado de la comunidad allegó un concepto suscrito por el señor Andrés Felipe Pardo Quintero en calidad de experto en pueblos indígenas y consultor en desarrollo rural. En el mismo, se afirmó que ambos proyectos generan una afectación directa a la comunidad accionante, tanto en su dimensión física como espiritual. En tal sentido, explicó que los aspectos relacionados con “el ruido, la contaminación, el tiempo, el manejo de las basuras y residuos y la presencia de personas externas a la comunidad”[16] no fueron socializados de forma previa e informada. Asimismo, informó que para los Inga el territorio es un ser vivo al que debe pedirse permiso “por cualquier intervención, por más pequeña que parezca”[17]. De esta manera, reiteró el rol social, espiritual y cultural que cumple la Casa Cabildo, por lo cual el desarrollo de las actividades que allí se realizan requiere de “una permanente limpieza desde el plano físico y energético para propiciar condiciones óptimas”[18], ello, lleva a que las obras que se están desarrollando en ese entorno deban pasar por “un trabajo intercultural de mitigación de impactos desde el consentimiento libre, informado y participativo de la comunidad y los expertos”[19]. 12. Luego, llamó la atención sobre que no existe un plan de mitigación para los posibles daños que generen las obras al desarrollarse en los lugares donde la comunidad y sus autoridades se reúnen para gestionar conflictos y curar enfermedades. Finalmente, se dijo que la construcción del estadio irrumpe con el ambiente de armonía y conexión espiritual que demanda la educación Inga, ya que “impone de entrada referentes republicanos y no propios como el nombre de Antonio Nariño [nombre del estadio]”[20] a la vez que los proyectos “no corresponden con la magnitud, dinámicas y significado del Atun puncha [festividad que celebran cada año] ya que no tienen en cuenta la realización de juegos tradicionales, la instalación de ferias, ni los lugares de reunión de gran afluencia en el marco de esta conmemoración”[21]. Declaración “de complementación” por parte del alcalde menor[22] 13. Conforme a lo ordenado en el auto admisorio, el día 08 de noviembre de 2022 el alcalde menor de la comunidad accionante compareció ante el despacho de instancia para “completar o precisar los hechos expuestos en la tutela”. En tal sentido, hizo énfasis en que este caso debe analizarse desde el concepto de territorio en sentido amplio, ya que “su comunidad está en todas partes del municipio”[23]. Luego reiteró la importancia social y cultural que la Casa Cabildo tiene para la comunidad y, en la medida en que las obras se están adelantado justo en frente de dicha construcción, señaló que se genera una afectación directa con la “contaminación ambiental y visual, porque ahora hay mayor concurrencia de personas”[24]. Igualmente, especificó que el desarrollo de las obras conllevó la habilitación de un sendero peatonal que cruza el sitio en donde los estudiantes de la I.E desarrollan diferentes actividades[25]. Sin embargo, precisó que la afectación no se queda allí, ya que el movimiento de maquinaria y materiales impacta los sitios de cultivos propios de la comunidad y desconoce que en la Casa Cabildo también se llevan a cabo procesos espirituales y medicinales que requieren de reserva o restricción en el acceso al lugar. En desarrollo de lo anterior, explicó que el tránsito de los vehículos ha rodeado todo el Cabildo en tanto “el material lo sacan de la parte de abajo y esa vía cruza con límites donde se ubica el Tambo Wasi”[26] lo que inevitablemente interrumpe la tranquilidad de sus rituales. 14. Expuso que, según su percepción, la maquinaria a Diesel y el polvo que genera el movimiento de vehículos contaminan su territorio, y finalizó reiterando que el escenario deportivo no tiene algún elemento propio de su identidad de tal forma que les resulta ajeno, es decir, rompe la armonía con los elementos que componen su entorno y desaparece la naturaleza con más muros de concreto. Pruebas allegadas por el Cabildo con posterioridad a la “declaración de complementación”[27] 15. En memorial de fecha 09 de noviembre de 2022, la comunidad accionante allegó ante la juez de primera instancia “pruebas y algunos soportes legales que se mencionaron ante el despacho en la declaración de complementación”. Al respecto, anexaron (i) un amplio registro fotográfico sobre el sendero peatonal que se habilitó en el resguardo para los transeúntes que no se pueden desplazar por la vía en construcción; (ii) el Plan de Vida de la comunidad Inga, en el cual, indicaron, se identifica con claridad su cosmovisión; y (iii) un acta de asamblea de la comunidad en que se da cuenta de un accidente “ocurrido por la obra en cuestión”. En efecto, allí se dio cuenta de un accidente ocurrido entre un peatón y una moto que se desplazaba por el sendero peatonal; además, se agregó que “por el sendero peatonal empezaron a pasar motos diciendo que van al cabildo, pero no es cierto y se cruzan”, y también afirmó que ya había ocurrido otro accidente, por lo que este no era el primero. Finalmente, señalaron que “si existieren firmas de cualquier miembro de la comunidad o de cualquiera de las autoridades legítimas, ello de ninguna manera reemplaza el derecho a la consulta previa”[28]. Diligencia de inspección judicial[29] 16. El día 10 de noviembre de 2022, el juzgado de primera instancia declaró abierta diligencia de inspección judicial a efectos de “identificar lo referido en la declaración que se realizó al taita como autoridad de la comunidad indígena”[30]. Con tal fin, la juez se desplazó hacia el lugar donde se estaban ejecutando las obras y dejó constancia en el expediente de cuatro videos: (i) en el primero, quien al parecer es un miembro de la comunidad y se encuentra vinculado al centro educativo, explica que se ha generado una situación de riesgo para los menores en tanto que, “cuando hay mucha congestión”, las motos comienzan a transitar el terreno propio de la I.E, que se vuelve un paso forzado en el marco de las obras y adecuaciones[31]; (ii) el segundo video, de 6 segundos de duración, se ubica al parecer en lo que es un centro de culto y se escucha al fondo explicar que “los desconcentran”[32]; (iii) en el siguiente video se evidencian dos transeúntes y una moto transitando por el sendero peatonal habilitado al interior del resguardo, concretamente, a escasos metros de los salones de clase[33]; y (iv) en el último video se evidencia nuevamente el sendero peatonal habilitado para los transeúntes durante las obras, mismo que se encuentra dentro del resguardo[34]. Mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2023, el juez de segunda instancia allegó un quinto video de 50 segundos de duración en el que hay una vista general de la vía frente al cabildo. La inspección se acompañó a su vez de un registro fotográfico en el que se observa nuevamente el sendero peatonal, así como una moto que pasa junto a unos menores que juegan un partido de fútbol[35]. Memorial allegado con posterioridad a la inspección judicial[36] 17. El apoderado de la comunidad accionante allegó un memorial con el fin de “profundizar aspectos que no estén claros”. Al respecto, allegó dos mapas que dan cuenta de la ubicación del resguardo frente al estadio, e indicó que la servidumbre de tránsito que les fue impuesta en virtud de las obras realizadas, si bien puede tolerarse, no quiere decir que hayan renunciado a la consulta previa. Igualmente argumentó que en virtud de las obras adelantadas y el sendero peatonal tuvieron que cerrar su entrada principal, lo que en su criterio “perturba sus estructuras sociales, espirituales, culturales, educativas, de salud y ocupacionales”. Finalmente, dijo anexar el concepto de un experto que trataba de resumir el Plan de Vida y Salvaguarda del Pueblo Inga[37]. E. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Administración Municipal de Santiago, Putumayo[38] 18. En primer lugar hizo referencia al principio de subsidiariedad de la acción de tutela, y aludió, en particular, a la sentencia T-375 de 2018. Indicó que, si el principio de subsidiariedad implica que dicha acción solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o que la tutela sea empleada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resulta “temerario accionar el aparato judicial en tutela, para efectos de lograr un cometido que puede ser satisfecho con la simple diligencia de la comunidad indígena accionante”[39], cual es el de elevar solicitud de concepto de procedencia de consulta previa a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, petición formulada por los accionantes en la demanda de tutela. 19. En concepto de la Administración, resulta un contrasentido que los accionantes, por un lado, soliciten que se consulte la procedencia de la consulta previa y, a su vez, soliciten al juez que indique el sentido en que debe ser resuelta la consulta de procedencia. Señala que la consulta previa “tiene un marco regulatorio, cuya interpretación y aplicación legítima corresponde a autoridades administrativas”[40]. 20. La accionada manifestó que los proyectos de inversión adelantados, tendientes a la adecuación de escenarios deportivos y pavimentación de calles no afectan a la comunidad indígena en una forma que amerite agotar la consulta previa ya que “al contrario, procuran mejorar y hacer más fácil la vida de los habitantes”[41], a la vez que son acordes al Plan de Desarrollo Territorial. Además, indicó que los dos proyectos de inversión se ubican en el casco urbano del municipio y benefician “a la comunidad en general, tanto población indígena como comunidad colona”[42]. En particular, destacó que (i) las adecuaciones deportivas conllevaron la construcción de andenes peatonales en una zona de alto tráfico y accidentalidad; (ii) las obras tienen por objeto el mejoramiento, no la construcción, de unas vías e instalaciones que tienen más de 50 años de uso; y (iii) que el Tambo Wasy se encuentra ubicado a más de 90 metros de la cancha de fútbol. 21. Por último, argumentó que todas las obras públicas generan cierta incomodidad transitoria, pero que ello no puede ser confundido bajo ninguna circunstancia con una afectación directa a la comunidad indígena. Señaló que, a la fecha de la respuesta, la adecuación del estadio ya se encontraba terminada y la pavimentación de calles contaba con un avance porcentual del 50% de las actividades propuestas. Departamento del Putumayo[43] 22. El accionado manifestó, en primer lugar, que en efecto los recursos para la ejecución de las obras provienen de un convenio realizado entre el departamento y el municipio, en el cual este último es el ejecutor. Asimismo, señaló que en su criterio las obras no requerían de consulta previa porque (i) las adecuaciones al estadio tuvieron por objeto mejorar las condiciones para practicar el deporte y evitar afectaciones a terceros mientras se desarrollan dichas actividades; y (ii) el mejoramiento de las calles se dio con ocasión del deterioro vial y en búsqueda de proveer infraestructura que brinde mejores condiciones de seguridad. En particular, destacó que la vía colindante al estadio Antonio Nariño y la Casa Cabildo “es de amplio tránsito, de transporte público y educativo, hace parte de zona urbana y es un conector de la infraestructura social, educativa y deportiva del municipio”[44]. En todo caso, señaló, corresponde a la autoridad de consulta previa determinar sobre su viabilidad, y solicitó ser desvinculado por falta de legitimación en la causa en tanto que “el departamento actúa únicamente como aportante de recursos y la responsabilidad de contratar, ejecutar, supervisar y absolver procesos judiciales es del municipio y del contratista”[45]. Ministerio del Interior[46] 23. Señaló que el componente fáctico narrado por los accionantes no evidencia alguna acción u omisión por parte de esa entidad. En tal sentido, informó que la Dirección de Consulta Previa solamente activa el procedimiento de consulta cuando hay de por medio una solicitud de parte, lo que no ocurrió en el presente caso. En consecuencia, solicitó “declarar la improcedencia de la acción”[47] respecto de esa entidad, así como “declarar probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva”[48]. Unión Temporal B&M[49] 24. Solicitó que fueran desestimadas la totalidad de las pretensiones formuladas por los accionantes. Para ello, expuso que durante la ejecución del contrato No. 55/21 no fue conculcado derecho alguno de la Comunidad Inga, ya que no solo el proyecto se desarrolló al margen de las instalaciones del Cabildo sino que éste solamente consistió en el mejoramiento de infraestructura que ya venía utilizando la comunidad desde hace más de 50 años. En esta línea, señaló que la obra de mejoramiento del estadio contribuirá a la recreación de la población, sin perjuicio de las prácticas tradicionales y los usos y costumbres de los accionantes. 25. Igualmente, señaló que “hubo dos socializaciones del proyecto a la población del municipio incluida la comunidad Inga”, una de las cuales tuvo por objeto que el proyecto fuera avalado por la comunidad y la otra explicar el proceso de construcción[50]. En especial, destacó que en esta última reunión estuvo presente el gobernador del Cabildo y pidió que se vinculara mano de obra indígena, lo que en efecto se hizo. Luego, hizo énfasis en que durante los 9 meses de construcción nunca se afectó el acceso a la Casa Cabildo, ya que las obras se realizaron a una distancia de 13,2 metros y, en todo caso, la UT cumplió con el Plan de Manejo Ambiental como consta en los informes de interventoría presentados a la administración municipal[51]. A todo lo expuesto agregó que la arquitectura de la Casa Cabildo no presenta rasgos particulares que la diferencien de las demás construcciones, por lo que no es claro el reclamo de los accionantes sobre haber sido tenidos en cuenta en la etapa de diseño. 26. Finalmente adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto “no es sujeto de la relación jurídica sustancial y no vulneró los derechos fundamentales cuya protección solicitaron los accionantes”, ya que fue el municipio quien realizó “todos los estudios y diseños para la construcción” y la UT se limitó a construir la obra. En todo caso, señaló, hizo entrega del trabajo en diciembre de 2021[52]. Junto con su respuesta la accionada adjuntó las siguientes imágenes: Unión Temporal Maya B[53] 27. Solicitó la desestimación de todas las pretensiones formuladas por los actores. En primer lugar, al igual que lo hizo B&M, señaló que el municipio fue el encargado de adelantar la etapa relativa a estudios y diseños, por lo que se limitó a construir la obra. Luego, hizo énfasis en las malas condiciones viales que llevaron al contrato, especialmente, los altos niveles de congestión y accidentalidad teniendo en cuenta además que no había andenes para peatones. Igualmente, indicó que la obra comprende la construcción de redes de alcantarillado para el manejo de aguas lluvias y residuales. En este contexto, señaló que al momento el contrato ya se había ejecutado en un 40%[54], y hubo tres socializaciones del proyecto con la población del municipio incluida la comunidad Inga[55]. En particular se adelantó una reunión exclusiva con el cabildo en la cual se pactaron las adecuaciones de acceso a la Casa Cabildo que estarían a cargo de la UT. Asimismo, la accionada manifestó que probablemente el tramo vial que pasa frente a la Casa Cabildo estaría terminado para el 15 de diciembre de 2022. 28. En tal sentido, puso de presente que el mejoramiento de la vía sería finalizado antes de la fiesta Atun Puncha, motivo por el cual no se generaría la afectación alegada y si bien, durante la ejecución de la obra se habían presentado y se seguirían presentando ruidos a causa de la maquinaria, estos serían apenas temporales “hasta que se acabe de pavimentar la vía”[56]. Sumado a esto, sostuvo que se encuentra implementando un Plan de Manejo Ambiental para las emisiones atmosféricas, el polvo y desechos[57], y señaló que en todo caso la pavimentación de la calle no tiene la capacidad de cambiar el paisaje habitual de la comunidad, en tanto la vía ya existía pero cumplió su vida útil, por lo que el contrato previó simplemente la reposición de la capa de rodadura. Por último, manifestó que se configura una falta de legitimación por pasiva por no haber incurrido en la vulneración de los derechos de los accionantes. Junto con su respuesta la unión temporal adjuntó las siguientes imágenes: F. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Primera instancia: sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago, Putumayo[58] 29. En sentencia del 17 de noviembre de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago decidió (i) tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa y a la identidad cultural de la Comunidad Indígena Inga de Santiago; y (ii) ordenar a la administración municipal, a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, a la Unión Temporal B&M y a la Unión Temporal Maya B que, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la providencia, emprendieran las gestiones necesarias para adelantar el proceso de consulta previa con los accionantes en lo referente a los contratos de obra pública No. 55/21 y No. 122/22. 30. Como fundamento de lo anterior, el Juzgado indicó que si bien se aportaron unas actas de socialización en estas no se abordan en concreto los riesgos o afectaciones posibles a la comunidad. Por ello, estas reuniones no pudieron tener por objeto agotar el requisito de consulta previa. Con esto claro, expuso que todo el municipio de Santiago debe ser concebido como territorio étnico y, de todas formas, el sendero peatonal de la obra No. 122 cruza el territorio propio del resguardo y afecta de manera particular a los NNA. Asimismo, se han visto afectados cultivos y se afecta el silencio propio de su espiritualidad. En este contexto, estimó que, aunque temporalmente, las obras generaron una afectación directa sobre la comunidad indígena impactando sus usos y costumbres, motivo por el cual debía agotarse el procedimiento de consulta previa. 31. Para estos efectos, señaló que la etapa en que se encuentra la obra no define la procedencia de la consulta, de hecho, una vez terminado el proyecto se orienta a la búsqueda de medidas de compensación o etno-reparaciones. Enfatizó, además, que las obras pueden llegar a vulnerar los derechos de los NNA que estudian en el Instituto Etnoeducativo Bilingüe Inga Iachai Wasi Carlos Tamabioy, pues las actividades de la obra se desarrollan en horario escolar y pasan automotores por el mismo sitio en que los jóvenes tienen actividades de esparcimiento, poniendo en riesgo su integridad física. 32. Por último, manifestó el a quo que la autoridad de consulta previa no puede actuar de manera oficiosa, de modo que recae sobre las entidades accionadas la obligación de solicitar concepto sobre la procedencia y oportunidad de la consulta. Así, “es el ejecutor quien debe promover el trámite administrativo correspondiente, no solo porque la normativa así lo dispone en forma expresa, sino también porque esa solicitud debe acompañarse de información técnica que razonablemente solo tiene el ejecutor”[59]. Dado que tales requisitos no fueron satisfechos, se ordenó el desarrollo del proceso asociado con la consulta previa y se dejó claro que, dado que uno de los proyectos se encontraba ya liquidado y el otro en ejecución, el proceso de consulta previa no solo debía orientarse por las fases de intervención que aún no se habían ejecutado sino que debía evaluar las consecuencias que ha generado la ejecución del proyecto a los accionantes. Impugnación de la Administración Municipal de Santiago[60] 33. La Administración Municipal impugnó la decisión y solicitó que esta fuera revocada, aduciendo que “el fallo de tutela sienta un delicado precedente, pues concluye que siendo el municipio de Santiago un área geográfica habitada por comunidades indígenas, toda actividad pública que altere sus sentidos, requerirá de consulta previa”[61]. Señaló que ello implica una desnaturalización de la consulta, pues tal figura está prevista para casos en donde el proyecto de inversión pública, de una u otra forma, afecte directamente la pervivencia cultural de una comunidad indígena. 34. En el mismo sentido, manifestó que la afectación indirecta referida por el a quo no es suficiente para obligar al agotamiento de la consulta previa, pues se trata de afectaciones menores para las cuales “el legislador tiene previstas un derrotero de actividades que tienden a prevenir el riesgo y que, por concepto, se distancian sustancialmente de las que condicionan y hacen obligatorio el trámite de la consulta previa”[62]. Por último, indicó la impugnación que el fallo de tutela resulta contradictorio al reconocer, por un lado, que es la Dirección Nacional de Consulta Previa la competente para determinar la viabilidad del proceso de consulta previa y, por el otro, ordenar la realización de la misma sin solicitar concepto de la entidad que, según la propia sentencia, es la encargada de determinar cuándo adelantar y cuándo no una consulta previa. En lo procedimental, consideró que la competencia del presente asunto correspondía a los jueces del circuito, toda vez que hay una autoridad de orden nacional accionada, de conformidad con lo previsto en el art. 1.2 del Decreto 333 de 2021. Impugnación de la Unión Temporal B&M y de la Unión Temporal Maya B[63] 35. En lo referente al contrato de obra pública No. 55/21, argumentaron que la acción de tutela no satisfizo el requisito de inmediatez, pues fue interpuesta luego de un año de terminado y liquidado el contrato en cuestión. Además, mencionaron que resulta absurdo que los accionantes manifiesten que la obra de mejoramiento de la infraestructura del Estadio Antonio Nariño afectó su espiritualidad y su cultura y, sin embargo, la Comunidad Indígena Inga haga uso constante de tales instalaciones. En el escrito de impugnación, sostuvieron además que la consulta previa debe surtirse siempre que se vayan a decidir, adoptar o ejecutar medidas “que puedan afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica”[64], cosa que no ocurrió en el caso de las mejoras sobre el Estadio Antonio Nariño, pues dicha infraestructura ya se encontraba previamente construida y una obra de mantenimiento o rehabilitación no requiere de consulta previa. En todo caso, en su opinión, no solo el Gobernador no hizo objeción alguna en la reunión de socialización a la que acudió, sino que posterior a la misma no se preocuparon por ejercer algún recurso o petición hasta el momento de la tutela. 36. Por último, frente al contrato de obra pública No. 122/22, la impugnación manifestó que esta corporación, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que el concepto de afectación directa es núcleo esencial para la procedencia de la consulta previa. Indican que el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial no afecta directamente los intereses de las comunidades indígenas ni altera su estatus al imponer restricciones o gravámenes[65]. En tal sentido, manifestaron que la ejecución del contrato de obra pública No. 122 no afecta directamente, según los parámetros jurisprudenciales, a la comunidad accionante[66], pues (i) no perturba sus estructuras sociales, espirituales o culturales; (ii) no genera un impacto sobre sus fuentes de sustento; (iii) no ocasiona su reasentimiento en un lugar distinto a su territorio; y (iv) no configura una interferencia en los elementos definitorios de su Identidad o cultura. Impugnación del Ministerio del Interior[67] 37. Insistió en que a la fecha no ha recibido solicitud para determinación de la procedencia de consulta previa por parte de las autoridades competentes. En virtud de ello, no se ha surtido el trámite de rigor. En consecuencia, estimó que la juez de primera instancia se subrogó en las competencias de esa entidad y determinó la procedencia de la consulta previa, sin contar con los elementos antropológicos necesarios para dilucidad con claridad el territorio amplio de la comunidad. Por este motivo solicita que el fallo sea revocado. Segunda instancia: sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sibundoy[68] 38. En sentencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sibundoy (i) revocó la sentencia de primera instancia; (ii) declaró improcedente la acción de tutela respecto del contrato de obra pública No. 55/21; (iii) decidió no tutelar los derechos invocados por los accionantes respecto del contrato de obra pública No. 122/22; (iv) tuteló los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y educación de los niños, niñas y adolescentes del Instituto Etnoeducativo Rural Bilingüe Inga Iachai Wasi Carlos Tamabioy de Santiago; y (v) ordenó al Municipio de Santiago y a la Unión Temporal Maya B que, dentro de un término improrrogable de 48 horas, dispusieran y coordinaran planes y medidas de seguridad vial para los niños, niñas y adolescentes del ya mencionado Instituto Etnoeducativo[69]. 39. Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el despacho descartó la configuración de una nulidad según el argumento presentado por el municipio accionado, en virtud del cual la juez promiscuo municipal carecía de competencia para conocer de una acción de tutela dirigida en contra de una autoridad del orden nacional. Como sustento de ello, argumentó que según lo ha considerado esta corporación “en el momento en el que un despacho judicial avoca conocimiento de una acción de tutela, la competencia no puede ser alterada en primera ni en segunda instancia”[70]. 40. En lo que respecta a la improcedencia de la acción de tutela frente al contrato de obra pública No. 55/21, el ad quem determinó que, como indicaron las impugnaciones, no se satisfizo el requisito de inmediatez[71]. En tal sentido, afirmó que “[…] no parece comprensible para este despacho que recién hasta noviembre de 2022, la comunidad tenga la convicción de ser afectada por dicha obra”[72], cuando la finalización del contrato de obra pública se dio en noviembre de 2021, un año antes de que fuese interpuesta la acción de tutela estudiada. Asimismo, puso de presente que si bien el apoderado de la comunidad intentó justificar este aspecto en conflictos de gobernabilidad internos, ello de ninguna manera impedía a cualquier miembro de la comunidad interponer la tutela durante este lapso de tiempo y, en todo caso, para el 2021 sí hubo un Gobernador posesionado ante la autoridad municipal que hubiera podido gestionar la acción constitucional. En todo caso, señaló, la comunidad indígena hace uso del estadio en el marco de la Copa Hermandad. 41. En lo concerniente al contrato de obra pública No. 122/22, el Juzgado estimó que, en efecto, este solamente tenía por objeto el mejoramiento de la pavimentación en las vías preexistentes. Al efecto, recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional[73] ha establecido que la consulta previa debe agotarse “en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades indígenas en su esencia antropológica o cultural”[74], por lo cual, precisó que de las pruebas obtenidas no pueden establecerse afectaciones a la pervivencia del Pueblo Inga con la obra de mejoramiento vial. 42. Por último, manifestó el juez de instancia que si se identificaron posibles incidencias de la ejecución del contrato de obra pública No. 122/22 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estudian en el Instituto Etnoeducativo Rural Bilingüe Inga Iachai Wasi Carlos Tamabioy de Santiago, por cuanto su integridad física y educación se ponen en riesgo con el tránsito de motos por el mismo sitio en que ellos tienen sus descansos durante la jornada escolar. El Juzgado recordó que los NNA, bajo el marco constitucional, poseen una protección especial y relevante[75] y, en consecuencia, tuteló sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la educación, ordenando al Municipio de Santiago y a la Unión Temporal Maya B que coordinaran medidas de seguridad vial para los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se hallaban en riesgo. G. INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 43. Mediante escrito de fecha 06 de junio de 2023, el Ministerio Público insistió a la Corte en que en el presente caso se configuró una vulneración del derecho a la consulta previa. Para ello, sostuvo que las obras, además de impactar las vías “repercute también en la institución educativa Inga Iachai Wasi Carlos Tamabioy, reconocida como sitio sagrado de uso común y constante de la comunidad”. En este orden, estimó que resulta imperativo que la Corte ampare los derechos de la comunidad accionante. H. PRUEBAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN 44. En virtud de un requerimiento efectuado por la Secretaría General de esta corporación para la remisión del expediente completo[76], el 27 de junio de 2023 el despacho de primera instancia remitió un acta de la diligencia de inspección judicial. En dicho documento, se reiteran los elementos identificados en el recuento probatorio, en el sentido de dar por establecido que (i) el sendero peatonal se encuentra ubicado al interior del Resguardo y “presenta paso de bicicletas, motos, de personas ajenas a los miembros del mismo cabildo, incluso frente a la institución educativa”[77]; (ii) un docente de la institución educativa E afirmó que (a) el hecho de que el sendero sea un paso forzado para la comunidad pone en riesgo a los NNA, (b) los estudiantes se debían desplazar caminando varios metros por la obra en construcción para entrar al colegio, y (c) la normalidad de las actividades académicas se ve interrumpida por el ruido de las obras; (iii) el taita Juan Carlos Jacanamejoy manifestó que el tránsito de las volquetas genera “bastante polvo lo que ocasiona contaminación a los lugares como las oficinas, la sala de demanda, el restaurante escolar, tambo Wasi y las plantas medicinales que se cultivan en la chagra”, y la falta de señalización y de personas que controlen el tránsito ya ha ocasionado accidentes; (iv) el taita Florentino Jansasoy Mojomboy afirmó que se ha visto reducido el número de visitantes debido a las obras; y (v) la personera estudiantil expuso que el tráfico por el sendero ha puesto en riesgo permanente a los NNA, reiterando que deben atravesar la obra para ingresar a la institución educativa y que el ruido permanente impide el normal desarrollo de las clases. Por último, la juez enfatizó en que el sendero se ubicaba justamente en frente de las aulas de la institución educativa y que “al momento de la inspección no contaba con una seguridad adecuada que permitiera a los menores desarrollar sus actividades con tranquilidad y seguridad”[78]. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 45. Esta Sala de Revisión es competente para conocer de la acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del 28 de febrero de 2023, mediante el cual la Sala de Selección de Tutelas Número Dos decidió seleccionar el presente proceso para revisión. B. CUESTIÓN PREVIA. COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PARA RESOLVER LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA 46. Como se expuso previamente (ver supra, numeral 34) el municipio de Santiago manifestó en su escrito de impugnación que el juez de primer grado no era competente para resolver sobre este asunto en tanto que “el juez municipal no es competente para conocer asuntos en donde el accionado, es una entidad pública de nivel nacional, valga decir Ministerio del Interior”[79]. Al respecto, en reiteración de lo ya señalado por el juez de segunda instancia (ver supra, numeral 39) esta corporación ha señalado que en materia de tutela únicamente pueden predicarse tres factores de competencia: (i) el territorial[80], (ii) el subjetivo[81], y (iii) el funcional[82]. 47. Luego, “la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que está prohibido a los jueces de tutela promover conflictos aparentes de competencia con base en las reglas administrativas de reparto del Decreto 1983 de 2017 [el municipio citó el Decreto 333 de 2021], tanto por la naturaleza administrativa de dichas normas, como por su incidencia en los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva. De esta manera, se ha sostenido que cuando se presenta una equivocación en la aplicación de las reglas de reparto, el juez de tutela no está autorizado para declararse incompetente, sino que tiene la obligación de tramitar la acción correspondiente”[83]. 48. Finalmente, cabe señalar que durante el término para rendir informe ambas uniones temporales alegaron una indebida notificación, en tanto que no se enteraron de la acción de tutela por un oficio del juzgado sino “de un tercero”. Al respecto, la Sala descarta cualquier posible nulidad en tanto que, como lo señaló la juez de primera instancia, “se ordenó que por conducto de la administración Municipal de Santiago se surta la respectiva notificación, habida cuenta no (sic) se contaba por parte del Despacho con los correos respectivos. Además, y ante la superación de este presupuesto con la contestación de las dos Uniones Temporales se tiene por notificadas incluso por conducta concluyente”[84]. C. CUESTIÓN PREVIA. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede acudir a la acción de tutela en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial para tal efecto o que esta se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A partir de estos supuestos generales, lo primero que debe analizar el juez constitucional es si el caso sometido a su consideración cumple estas condiciones de procedibilidad fijadas en la Constitución Política. 50. De esta manera, para determinar la procedencia de la acción de tutela, debe analizarse (i) si la persona respecto de la cual se predica la vulneración es titular de los derechos invocados – legitimación por activa; (ii) que la presunta vulneración pueda endilgarse a la entidad o persona accionada – legitimación por pasiva; (iii) la acción de tutela puede ser instaurada “en todo momento”[85], en el sentido de determinar que, si bien la acción de tutela no está sometida a caducidad[86], el término para instaurarla debe ser razonable[87], y esta razonabilidad se analizará conforme a las particularidades de cada caso concreto[88]. Este requisito, a su vez, ha sido denominado por la jurisprudencia como inmediatez; y (iv) que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o se busque obtener el amparo de forma transitoria – subsidiariedad. Sobre este último aspecto, es importante precisar que la tutela procede como mecanismo definitivo cuando (i) el accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial en el ordenamiento jurídico, o (ii) a pesar de contar con el mismo, este carece de idoneidad y eficacia para proteger los derechos invocados; por su parte, procede como mecanismo transitorio cuando a pesar de existir un mecanismo idóneo para la protección de los derechos, este carece de eficacia para lograr la protección invocada. En este último caso, el accionante deberá acudir a la justicia dentro de los 4 meses siguientes al fallo ―si no lo ha hecho―, y este surtirá efectos hasta que se emita un fallo de fondo sobre la controversia[89]. Antes de abordar el estudio de fondo del caso, la Sala evaluará si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Procedencia de la acción de tutela. Caso concreto 51. Legitimación por activa: De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)” (subrayas fuera del texto original). Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estableció que la acción de tutela podrá ejercerse (i) en nombre propio o a través de representante; (ii) mediante apoderado debidamente facultado; (iii) a través de agente oficioso, cuando el titular del derecho no se encuentre en condiciones de promover su propia defensa; y (iv) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. Además, el propio artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que los poderes se presumirán auténticos. 52. Considera la Sala que el requisito de legitimación en la causa por activa se encuentra acreditado en el caso de la referencia, toda vez que el 20 de octubre de 2022 el señor Florentino Jansasoy Mojomboy, en calidad de taita gobernador de la Comunidad Indígena Inga de Santiago, confirió poder especial, amplio y suficiente al abogado Carlos Arturo Chindoy Albán para que interpusiera la presente acción de tutela[90]. Asimismo, cabe precisar que si bien el poder no se encuentra autenticado en un despacho notarial, tampoco cuenta con presentación personal ni fue transmitido a través de mensaje de datos, (i) según lo sostuvo la juez de primera instancia “la suscrita pudo constatar el mismo en la declaración recibida e inspección realizada, por lo cual se reconoció personería para actuar al abogado Carlos Arturo Chindoy Albán”[91]; y (ii) en todo caso, como ya lo ha puesto de presente la Corte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que los poderes se presumirán auténticos, disposición que debe interpretarse en conjunto con el carácter informal de la acción de tutela y la buena fe que rige las actuaciones de los particulares ante la administración de justicia[92]. Por otra parte, cabe reiterar que la legitimación por activa para reclamar la efectividad de los derechos de una comunidad étnica se encuentra radicada tanto en sus representantes o autoridades electas como en cada uno de sus miembros[93], por lo que el requisito de legitimación por activa se da por acreditado en el caso bajo estudio. 53. Legitimación por pasiva: Esta corporación ha entendido la legitimación por pasiva como la aptitud procesal que tiene la persona en contra de quien se dirige la acción de tutela para, eventualmente, ser hallada responsable de la vulneración o la amenaza del derecho fundamental[94]. Una lectura del artículo 86 constitucional y del artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, permite concluir que, en general, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, en casos excepcionales, contra particulares cuando (i) prestan un servicio público, (ii) su conducta afecta grave y directamente al interés colectivo, o (iii) el accionante se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente al mismo[95]. 54. En el caso de la Administración Municipal de Santiago, la Unión Temporal B&M y la Unión Temporal Maya B, considera la Sala que el requisito de legitimación por pasiva se encuentra cumplido. Ello por cuanto (i) la entidad territorial celebró los contratos de obra pública No. 055 de 2021 y No. 122 del 2022, de cuya ejecución, según los accionantes, se derivó una afectación de su derecho fundamental a la consulta previa; y (ii) las uniones temporales accionadas, si bien no son autoridades públicas, sí fueron, en su condición de contratistas, las encargadas de ejecutar el contrato de obra pública No. 055 de 2021 (Unión Temporal B&M) y el contrato de obra pública No. 122 del 2022 (Unión Temporal Maya B), cuyas acciones, según lo sostiene la comunidad accionante, han ocasionado una afectación directa. Así las cosas, si bien la Gobernación del Putumayo rectificó la existencia de unos convenios en virtud de los cuales se transfirieron los recursos financieros al municipio, la Sala estima que era este último, en su calidad de ejecutor en el marco de esos convenios (ver supra, numeral 22), a quien le correspondía adelantar el trámite de consulta previa. En este sentido, cabe precisar que el objeto del debate no es si el trámite de consulta debía adelantarse en el marco de los convenios administrativos, celebrados entre la Gobernación y el municipio, sino si debía adelantarse en el marco de los contratos de obra, celebrados entre el municipio y los contratistas. Ahora bien, lo anterior no implica una desvinculación de la Gobernación, en la medida en que por ser el gestor financiero de la obra sus intereses se verán afectados con la decisión que se profiera en la presente sentencia[96]. Finalmente, cabe agregar que lo previsto en el numeral 3.1 de la Directiva Presidencial No. 08 de 2020 reafirma la legitimación por pasiva del municipio y las uniones temporales[97]. 55. Ahora bien, frente a la Autoridad Nacional de Consulta Previa -ANCP considera la Sala que no se satisface la legitimación en la causa por pasiva, ya que dicha autoridad no está facultada para iniciar, oficiosamente, consultas previas a lo largo del país. Al contrario, y según se desprende de los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 4 del Decreto 2353 de 2019, la ANCP debe (i) “impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas”[98]; (ii) “liderar, dirigir y coordinar el ejercicio del derecho a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados, garantizando la participación de las comunidades a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural”[99]; y (iii) “definir la ruta metodológica y término de duración de la consulta previa, en los eventos en que las partes no logren un acuerdo sobre los mismos”[100]. Por su parte, la Subdirección Técnica de Consulta Previa tiene a su cargo determinar la procedencia de la consulta[101]. En concordancia con ello, y toda vez que antes de la reforma introducida por el Decreto 2353 de 2019 la Autoridad Nacional de Consulta Previa se denominaba Dirección de Consulta Previa, la Directiva Presidencial 10 de 2013 estableció que la primera etapa del proceso de consulta previa corresponde a la certificación, misma en la cual “[a] partir de la información suministrada por el solicitante, la DCP debe certificar la presencia o no de comunidades étnicas según lo que registren las bases de datos de la Dirección y/o los resultados de una visita de verificación en campo, cuando sea necesaria” (resaltado por fuera del texto original). 56. De lo anterior, se tiene que el trámite de la consulta previa debe ser, de alguna forma, iniciado por quienes directamente estén interesados en adelantar la medida legislativa, administrativa, o proyecto, obra o actividad -POA- que en cada caso concreto tenga la potencialidad de afectar directamente a las comunidades étnicas. Así, eran la Administración Municipal de Santiago, la Gobernación del Putumayo, la Unión Temporal B&M y la Unión Temporal Maya B, las llamadas a solicitar a la Autoridad Nacional de Consulta Previa que conceptuara sobre la procedencia del proceso en lo referente a los contratos de obra pública No. 055 de 2021 y No. 122 de 2022. Si la Autoridad Nacional de Consulta Previa no tiene entre sus funciones hacer seguimiento oficioso a todo POA que pueda afectar a las comunidades étnicas, no se le puede imputar que hubiese amenazado o vulnerado el derecho a la consulta previa de la Comunidad Inga de Santiago, ya que ante ella ni siquiera se solicitó un concepto de procedencia del trámite de consulta previa. Por ello, considera la Sala que la Autoridad Nacional de Consulta Previa carece de legitimación por pasiva y, en consecuencia, debe ser desvinculada del proceso de la tutela. 57. Finalmente, como se expondrá más adelante (ver infra, numeral 70) es relevante precisar que las entidades legitimadas por pasiva sólo lo están respecto de la presunta vulneración del derecho a la consulta previa y la especial protección a las comunidades étnicas. 58. Inmediatez: Si bien es cierto que la jurisprudencia, reiteradamente, ha sostenido que la acción de tutela no tiene un término de caducidad[102], en tanto el artículo 86 de la Carta establece que tal acción puede ser interpuesta “[…] en todo momento y lugar […]”, esta Corte también ha señalado que ello no supone una facultad para presentar la tutela en cualquier tiempo, toda vez que “una interpretación semejante pondría en riesgo la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción misma, concebida, según el propio artículo 86, como un mecanismo de protección inmediata”[103]. La interposición de la acción de tutela, entonces, debe darse en un tiempo razonable y proporcionado tras la presunta afectación del derecho fundamental, so pena de que se declare su improcedencia[104]; es el juez constitucional, por su parte, el encargado de determinar, en cada caso concreto, qué constituye un plazo razonable. 59. Considera la Sala que la acción de tutela objeto de estudio no acredita del...