Sentencia T-163 de 2024

T-163-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-163/24 DERECHO AL AMBIENTE SANO-Vulneración por acciones y omisiones de autoridades en sus deberes de prevenir, mitigar y reparar el daño ambiental (...) la situación actual de desprotección de los derechos constitucionales de los pescadores artesanales del complejo Cascaloa se puede atribuir a diferentes acciones y omisiones de las autoridades accionadas. DEBIDO PROCESO-Vulneración por dilación injustificada (...) las autoridades accionadas no actuaron adecuadamente frente a las solicitudes de los accionantes, principalmente, en relación con dilaciones injustificadas a la hora de tomar medidas adecuadas para evitar el daño y la ausencia de garantías para la participación de la comunidad. DERECHO AL AMBIENTE SANO-Procedencia excepcional de la acción de tutela para la protección de derechos de naturaleza colectiva ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección constitucional/PESCADOR ARTESANAL CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional DERECHO DE PARTICIPACION EN MATERIA AMBIENTAL-Alcance PARTICIPACION CIUDADANA EN ASUNTOS AMBIENTALES-Jurisprudencia constitucional DIMENSION PARTICIPATIVA DE LA JUSTICIA AMBIENTAL-Reconocimiento constitucional DERECHO DE PARTICIPACION EN MATERIA AMBIENTAL-Elementos esenciales (i) el acceso a la información, (ii) la participación pública y deliberativa de la comunidad y, finalmente, (iii) la existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos DERECHO DE PARTICIPACION EN MATERIA AMBIENTAL-Mecanismos DERECHO AL AMBIENTE SANO-Deber de protección por el Estado DAÑO AMBIENTAL-Deberes del Estado de prevención, mitigación y reparación DERECHOS A LA ALIMENTACION ADECUADA Y A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Sentido y alcance DERECHO FUNDAMENTAL A LA ALIMENTACION-Instrumentos internacionales ECONOMIAS TRADICIONALES DE SUBSISTENCIA-Protección a comunidades de pescadores MUNICIPIO-Función ambiental CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Alcance de competencias en materia ambiental DEPARTAMENTO-Función ambiental DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Garantías mínimas DERECHO CONSTITUCIONAL-Cumplimiento progresivo y paulatino de las acciones del Estado mediante políticas públicas que garantizan el goce efectivo de los derechos ORDENES COMPLEJAS-Ámbito de ejecución (...) la Sala estima que existe una situación de gran envergadura que afecta a un grupo poblacional más amplio que a las asociaciones de pescadores que interpusieron la presente acción de tutela y que impacta gravemente al ambiente, al agua y a las especies ícticas de Cascaloa. Esta situación, entonces, requiere que el amparo constitucional atienda integralmente la grave situación que afecta los derechos fundamentales y, por tanto, proferir una serie de órdenes complejas tendientes a superar las barreras al goce efectivo de los derechos fundamentales de todos y todas las afectadas. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera Revisión Sentencia T-163 de 2024 Expediente: T-8.864.894. Acción de tutela presentada por la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (COMENALPAC), la Asociación Agropesquera de Tacaloa (AGROPESTABO) y la Asociación Agropesquera de Las Brisas (ASOAGROPESBRIS) en contra de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), la gobernación del departamento de Bolívar y la alcaldía del municipio de Magangué, Bolívar. Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo. Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, el magistrado Juan Carlos Cortés González y la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA. En el trámite de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué y, en segunda instancia, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de ese mismo municipio, dentro de la acción de tutela interpuesta por la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (en adelante COMENALPAC), la Asociación Agropesquera de Tacaloa (en adelante AGROPESTABO) y la Asociación Agropesquera de Las Brisas (en adelante ASOAGROPESBRIS), en contra de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (en adelante CSB), la gobernación del departamento de Bolívar y la alcaldía del municipio de Magangué[1]. I. ANTECEDENTES 1. El 8 de abril de 2022, COMENALPAC, AGROPESTABO y ASOAGROPESBRIS presentaron acción de tutela, en nombre propio, en contra de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), la gobernación del departamento de Bolívar y la alcaldía del municipio de Magangué. Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la vida digna, al trabajo, a la seguridad alimentaria y al ambiente sano. Como consecuencia del taponamiento del caño Rompedero y otros canales que conectan el complejo cenagoso Cascaloa y el río Magdalena, atribuible a las autoridades demandadas, se redujo la oxigenación de las aguas de las ciénagas. Por efecto de esa obstrucción, indican los demandantes, están en riesgo los procesos vitales de esos ecosistemas y, por ende, el desarrollo de las actividades que realizan, tales como la pesca y la agricultura. A continuación, se reseñan los aspectos relevantes de la solicitud de amparo y las actuaciones surtidas dentro del trámite constitucional. Situación fáctica descrita en la acción de tutela 2. La Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (COMENALPAC), la Asociación Agropesquera de Tacaloa (AGROPESTABO) y la Asociación Agropesquera de Las Brisas (ASOAGROPESBRIS) sostuvieron en su acción de tutela que, al norte de la cabecera municipal de Magangué (Bolívar), se ubica un sistema de ciénagas conocido como Cascaloa. Este complejo hace parte del gran humedal de la Depresión Momposina, ubicada en el Caribe colombiano, en las desembocaduras de los ríos Cauca, San Jorge, Cesar y el bajo río Magdalena. 3. La zona a la cual pertenece el complejo Cascaloa se caracteriza por ser un ecosistema altamente productivo que proporciona alimento y sustento económico a las poblaciones aledañas, las cuales se dedican, principalmente, a la pesca y a la agricultura. Ese complejo cenagoso tiene aproximadamente 11.000 hectáreas, distribuidas en 80 ciénagas, en torno de las cuales habitan alrededor de 26.000 personas de 12 corregimientos. Históricamente, el río Magdalena y ese complejo cenagoso han mantenido un vínculo hidrológico a través de afluentes como el caño Rompedero y otros. Los canales conectan el río con el complejo, por lo cual cumplen la función de posibilitar la oxigenación acuífera de toda la ciénaga. 4. Según el relato de los accionantes, para el año 1998, la alcaldía de Magangué construyó una vía carreteable que conduce desde la cabecera municipal de Magangué hasta su corregimiento Las Brisas. Esa infraestructura vial, de aproximadamente 27 kilómetros, se instaló en la frontera entre el complejo cenagoso de Cascaloa y el río Magdalena, como se evidencia en el siguiente gráfico, tomado del informe presentado por la Corporación Tiempos de Vida[2]: 5. En su escrito de tutela, los demandantes manifestaron que, desde 1998, la existencia de la carretera que construyó la alcaldía de Magangué ha afectado la conectividad entre las dos fuentes hídricas (Cascaloa y el río Magdalena). Por consiguiente, las actividades pesqueras y de agricultura, así como la movilidad de quienes habitan en el sector, se han visto perjudicadas. Uno de los afluentes más damnificados fue el caño Rompedero que se sitúa entre los corregimientos de Tacaloa y Puerto Kennedy[3]. 6. En el año 2005, líderes de la comunidad de Cascaloa gestionaron con Ecopetrol la donación e instalación de una tubería de hierro que permitiera el flujo de agua en el caño Rompedero con el objetivo de atender por sus propios medios la problemática ambiental del complejo cenagoso. No obstante, esta obra resultó insuficiente, ya que muy pronto dejó de suministrar oxigenación a las ciénagas. 7. Entre los años 2010 y 2011, según los accionantes, la fuerza de las corrientes de agua y la incapacidad de la infraestructura acarrearon la destrucción de aproximadamente 25 alcantarillas que se habían instalado en “el tramo carreteable de 16 kilómetros de la vía que va del corregimiento Santa Lucía al corregimiento Las Brisas”[4], lo que contribuyó al taponamiento de los caños que vinculan hidrológicamente el río Magdalena y el complejo cenagoso. 8. En el año 2019, la alcaldía del municipio de Magangué ejecutó un proyecto de rehabilitación y limpieza de tales caños, entre los que se encontraba Rompedero. Sin embargo, los efectos negativos sobre la conectividad de la ciénaga continuaron. 9. Los demandantes sostuvieron que, para ese mismo año (2019), la Defensoría del Pueblo realizó una visita al lugar de los hechos en la que documentó la situación ocurrida en la ciénaga. En ella, este ente de control advirtió la construcción de barreras (denominadas jarillones) en algunas franjas del complejo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, y el subsecuente taponamiento de los caños[5]. Por ello, ese organismo decidió informar de esta situación a la CSB para que investigara quién los había construido, al tiempo que le solicitó la realización de una audiencia de inspección ocular[6]. 10. El 26 de mayo de 2020, la CSB emitió el concepto técnico 107 en el que documentó el fenómeno de mortandad de peces en la ciénaga Los Jiménez, perteneciente al complejo cenagoso de Cascaloa. En este documento, la autoridad ambiental destacó que el deterioro ambiental de ese sistema de ciénagas se inició con la construcción de la vía carreteable que obstruyó la entrada y salida de agua hacia el río Magdalena. El concepto concluyó que la CSB debía requerir a la alcaldía municipal para la recuperación de dicho ecosistema[7]. 11. En julio de 2020, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) se reunieron con el propósito de discutir la problemática que atravesaban los pescadores y las pescadoras del complejo cenagoso de Cascaloa. De conformidad con el acta de dicha reunión, en ella las autoridades expresaron la necesidad de rehabilitar los caños, en lo cual tenía prioridad el caño Rompedero[8]. 12. El 18 de agosto de 2020, la CSB emitió un concepto técnico con el fin de ofrecer un diagnóstico de la problemática ambiental del complejo cenagoso de Cascaloa[9]. En ese documento, a partir de una diligencia de inspección ocular llevada a cabo el 6 de agosto del mismo año, el equipo técnico evidenció que la construcción de jarillones efectivamente obstruyó y fraccionó la comunicación entre los componentes de este ecosistema. Debido a la afectación de la dinámica hídrica, el documento requirió a la alcaldía de Magangué para que tomara medidas integrales encaminadas a remediar la situación y realizara las obras estructurales necesarias en el caño Rompedero y otros, que devolvieran el flujo natural que anteriormente existía entre el río Magdalena y el complejo cenagoso de Cascaloa[10]. 13. En una reunión extraordinaria, el 20 de febrero de 2021, el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Magangué registró una serie de desastres causados por la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño. En particular, la entidad observó la destrucción de kilómetros de jarillones y percibió muros de contención que presentaban fracturas, caída del talud y de carreteables. Ante este panorama, el Concejo otorgó un concepto favorable para declarar la calamidad pública[11]. Con base en ello, la alcaldía municipal de Magangué, mediante el Decreto 078 del 25 de febrero de 2021, declaró la urgencia manifiesta con ocasión de la calamidad pública, ante la erosión de costas y jarillones de la zona rural y cabecera municipal causada por el intenso verano y sequía[12]. 14. La temporada de invierno de 2021 provocó que las aguas buscaran las áreas en las que naturalmente deberían reposar cuando aumentara su nivel[13]. A causa de este fenómeno, la creciente fragmentó la vía carreteable de Magangué a Las Brisas en cinco sectores que corresponden a los caños: Guayabito, Santa Teresa, Rompedero, El Silencio o La Ensenada y Cárcamo o El Partido. La alcaldía municipal de Magangué, en septiembre de 2021, inició la construcción de una nueva vía mediante un jarillón alterno. Frente a esto, los accionantes aseguraron que la comunidad opuso resistencia y alertó sobre la destrucción de la dinámica hídrica del complejo cenagoso[14]. 15. El 18 de noviembre de 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió a la CBS que los caños del complejo cenagoso podrían resultar taponados, si la construcción del nuevo jarillón no cumplía criterios técnicos. Igualmente, el Ministerio Público le señaló a la CBS que el caño Rompedero era decisivo para la conectividad ecológica y la seguridad alimentaria de los habitantes. En particular, la Defensoría le solicitó a la CBS copia del concepto técnico de la visita realizada el 5 de noviembre de 2021 y le pidió informar las condiciones que debía cumplir la reconstrucción de la vía que conduce de Tacaloa a Las Brisas para garantizar la rehabilitación del caño Rompedero[15]. Este requerimiento fue reiterado el 28 de diciembre de 2021[16]. 16. El 22 de noviembre de 2021, la CSB emitió el concepto técnico 369. Allí, la entidad constató que el caño Rompedero aún se encontraba obstruido por un jarillón carreteable, el cual fue sobrepasado por el aumento del caudal. Esto produjo el aislamiento de la comunidad que tuvo que construir una empalizada para poder transitar. Además, la autoridad mencionó que se evidenció la construcción de un nuevo trazo de jarillón. Por consiguiente, el referido documento sugirió, nuevamente, requerir a los entes territoriales para que realizaran obras estructurales en el caño Rompedero que permitieran el flujo de la dinámica natural del río Magdalena al complejo Cenagoso de Cascaloa y viceversa. Esta vez se resaltó la necesidad de incorporar un enfoque de adaptabilidad de infraestructura al cambio climático y de garantizar el tránsito de las comunidades. Igualmente, en el concepto se señaló que la alcaldía de Magangué y la gobernación de Bolívar debían obtener los permisos ambientales correspondientes para las obras ubicadas en los caños Rompedero y La Corriente[17]. 17. A inicios de diciembre de 2021, las entidades territoriales demandadas desarrollaron un proyecto de mitigación de inundaciones. Según la demanda, las administraciones de ambos entes pretendían taponar los caños que naturalmente eran usados por la creciente del río Magdalena para reposar sus aguas en época de invierno. En ese mes, cuando el nivel del río estaba bajando, los accionantes indicaron que las autoridades procedieron a materializar el taponamiento de los caños Guayabito, Los Mangos y Rompedero. 18. Luego de esa actuación, la CSB, mediante auto 861 del 14 de diciembre 2021, confirmó la afectación ambiental producida con ocasión de las obstrucciones a la dinámica hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa. Como consecuencia de ello, la CSB requirió a la alcaldía de Magangué y a la gobernación de Bolívar que solicitaran, en un término de 30 días, el permiso de ocupación de cauce para las actividades desarrolladas en las coordenadas de los caños Rompedero y La Corriente, ubicados en el corregimiento de Tacaloa[18]. Además, la autoridad exhortó a estos entes territoriales para que implementaran obras de conectividad entre el río Magdalena, el caño Rompedero y el complejo cenagoso de Cascaloa[19]. 19. Para los accionantes, todo lo anteriormente expuesto deja en evidencia que el taponamiento de los afluentes se produjo a causa de la construcción de jarillones que taponaron el flujo de agua entre el complejo y el río Magdalena. A su juicio, a esa obstrucción se le suman otros factores que, en conjunto, contribuyen a la disminución de la oxigenación de las ciénagas como, por ejemplo, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, las temporadas de sequía e invierno y la sedimentación. Esta situación afecta, actualmente, la disponibilidad de agua y de peces, dificulta la navegabilidad, así como el tránsito de personas, y menoscaba directamente la economía de quienes habitan las riberas de estos cuerpos de agua. 20. Con fundamento en estos hechos, los tutelantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, requirieron a la justicia constitucional: (i) suspender los trámites y permisos ambientales solicitados por la alcaldía de Magangué y la gobernación de Bolívar para la construcción y mantenimiento de los jarillones que taponan los caños, puesto que ellos impiden la conectividad entre el río Magdalena y el complejo cenagoso de Cascaloa; (ii) ordenar a la alcaldía de Magangué y a la gobernación de Bolívar que adelanten de manera inmediata las obras apropiadas para rehabilitar el caño Rompedero y otros caños concurrentes, perjudicados por los hechos antes descritos; (iii) ordenar a la CSB y a la alcaldía de Magangué, identificar y cuantificar los impactos ambientales derivados de las obras civiles adelantadas por la administración municipal sobre el Caño Rompedero y otros caños concurrentes, para establecer las medidas de manejo y gestión del complejo cenagoso de Cascaloa; y, finalmente, (iv) disponer del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las órdenes que se adopten. Respuestas de las entidades accionadas y las entidades vinculadas[20] a. La alcaldía de Magangué 21. La alcaldía municipal de Magangué, por conducto del Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico[21], se opuso a la acción de tutela. La entidad señaló que, mediante Decreto 078 del 25 de febrero del 2021, declaró la urgencia manifiesta para conjurar la calamidad pública derivada de la fuerte erosión de las costas y jarillones de la zona rural, por lo que se ejecutó el contrato 265 del 29 de marzo del 2021. Con dicha obra, según manifestó el ente territorial, se buscaba mitigar el impacto de la erosión de los jarillones en el sector rural, los cuales se encontraban en ese momento en muy mal estado. De igual manera, el Secretario señaló que se esperaba proteger a toda la población de Tacaloa, Las Brisas y pueblos circunvecinos frente al eventual recrudecimiento de la temporada de lluvias. 22. La alcaldía de Magangué manifestó, además, que el municipio no había realizado taponamientos de los caños que pusieran en riesgo a los accionantes. De hecho, la entidad indicó que, si no se reforzaban los jarillones, todos los habitantes de la zona sufrirían con las crecientes del río, perderían sus cosechas y bienes materiales y, además, se produciría una alerta roja por el desplazamiento de estas comunidades ante un desastre generado por la ola invernal. De igual modo, la alcaldía manifestó que el complejo de Cascaloa no recibía agua del río Magdalena directamente sino por la parte de atrás de él. Además, según el Secretario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía previsto un proyecto para instalar un nuevo sistema de compuertas. 23. La alcaldía concluyó que no había vulnerado los derechos fundamentales de los habitantes del sector, pues la ciénaga todavía puede emplearse para la pesca. Además, a su juicio, el ambiente no está afectado por contaminación exógena. Por lo tanto, el Secretario de Planeación solicitó declarar improcedente la tutela. b. La Procuraduría 188 Judicial I Ambiental y Agraria de Magangué 24. Por su parte, la Procuradora 188 Judicial I Ambiental y Agraria de Magangué[22] calificó como cierto que el complejo cenagoso de Cascaloa era un cuerpo de agua altamente productivo que beneficiaba a las comunidades aledañas. También, en su intervención, la agente del Ministerio Público ratificó las denuncias elevadas por los representantes de las comunidades afectadas. La Procuraduría sostuvo que, según una visita técnica, llevada a cabo el día 6 de agosto de 2020 por parte de la CSB (concepto técnico 135 de 18 de agosto de 2020), se construyó un gran número de jarillones y algunas obras civiles que afectaron y disminuyeron la diversidad del ecosistema. La procuradora indicó que de esta manera resultaron alterados los caudales de agua del complejo, lo cual impactó negativamente la disponibilidad del recurso pesquero. Además, dicha funcionaria señaló que se deterioró la economía de la zona porque la mayor parte de la población vivía de la pesca. Para la mencionada procuradora, en consecuencia, la tutela debe prosperar, porque el gremio de pescadores artesanales, reconocidos como sujetos de especial protección constitucional, se ha visto perjudicado[23]. c. La Corporación Tiempos de Vida 25. La Corporación Tiempos de Vida[24] indicó que, en efecto, la construcción de la vía carreteable, que conduce de Magangué hacia el corregimiento de Las Brisas, tapó aproximadamente 16 caños de desborde. Esto alteró la dinámica hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa. De igual manera, el representante de esta organización indicó que, en septiembre de 2021, la erosión generada por el río Magdalena destruyó parte de la vía en inmediaciones del caño Rompedero y amenazó con dejar a las comunidades de Tacaloa y Las Brisas incomunicadas. Esta intervención señaló que, ante este panorama, la administración municipal decidió construir un nuevo tramo de jarillón que implicaba tapar el caño Rompedero. 26. El representante de la Corporación también indicó que el complejo cenagoso de Cascaloa continuaba en deterioro. Por lo tanto, la pesca, como medio de vida de las comunidades que hacen parte del complejo cenagoso de Cascaloa, según el representante, se encuentra en peligro por la pérdida de la dinámica hídrica y la disminución de los recursos hidrobiológicos. De igual manera, el señor Garrido señaló que a la Coalición Vida a los Humedales y a la Corporación Tiempos de Vida se les negó el acceso a la información pertinente con respecto a decisiones y acciones que afectaban el caño Rompedero, el complejo cenagoso de Cascaloa y la pesca artesanal como medio de vida de las comunidades. d. La gobernación del departamento de Bolívar 27. La gobernación de Bolívar, por conducto del jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres[25], adujo que el ente territorial carecía de legitimación por pasiva. La autoridad sostuvo que no ejecutó la intervención de los puntos críticos afectados por la erosión de la ribera del río Magdalena en el complejo cenagoso. En su concepto, fue el municipio de Magangué el responsable de incorporar la gestión del riesgo de desastres en la formulación, adopción e implementación de todos sus instrumentos y políticas públicas de planificación y gobierno en los ámbitos de desarrollo sectorial, territorial, ambiental y económico. e. La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) 28. La CSB[26] señaló que hizo una visita técnica de inspección ocular al complejo cenagoso de Cascaloa, en atención a la solicitud de intervención que le formuló la Defensoría del Pueblo. Después de la inspección ocular, la CSB emitió el concepto técnico 135 del 18 de agosto de 2020 y, luego, el auto 041 del 29 de enero de 2021, por medio del cual inició una investigación preliminar por presuntas afectaciones ambientales. La entidad también indicó que la Coalición Vida a los Humedales le informó de la existencia de un jarillón en la parte norte del municipio de Magangué a lo largo de la ribera del río Magdalena, que actualmente obstruye la dinámica hídrica del cuerpo cenagoso de Cascaloa y, en particular, del caño Rompedero. 29. La CSB también señaló que expidió el auto 646 del 23 de septiembre de 2021, a través del cual dispuso realizar una nueva visita ocular para verificar dicha afectación. La Corporación manifestó que, además, mediante auto 861 de 2021, determinó que los entes territoriales no habían obtenido los permisos de ocupación de cauce para las obras adelantadas, por lo cual les dio el plazo de 30 días para que los solicitaran. En ese acto, la CSB le ordenó a la alcaldía de Magangué y exhortó a la gobernación de Bolívar para que implementaran obras conectivas con el río Magdalena, el caño Rompedero y el complejo cenagoso Cascaloa. Finalmente, la entidad también señaló que la acción de tutela era improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que los derechos invocados podían ser protegidos por otros medios judiciales como las acciones populares[27]. Decisiones judiciales de tutela objeto de revisión a. Sentencia de primera instancia 30. El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué, en sentencia del 3 de mayo de 2022[28], declaró improcedente la acción de tutela. La autoridad judicial consideró que la solicitud de amparo no cumplía con la exigencia de subsidiariedad porque pretende la protección de derechos colectivos que pueden ser reivindicados a través de una acción popular. El Juzgado añadió que la naturaleza de la controversia planteada es compleja, de tal forma que la acción popular es el mecanismo adecuado para hacer un análisis probatorio adecuado y resolver apropiadamente la presente controversia. b. Impugnación 31. El 11 de mayo de 2022, los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia. En su recurso, los actores manifestaron que el juez de tutela no analizó el impacto de la problemática frente a los derechos fundamentales de quienes integran la comunidad. Debido a la reducción de los recursos pesqueros y la afectación a los cauces de agua, lo ocurrido en el complejo cenagoso constituyó una barrera para el ejercicio del derecho fundamental al trabajo de los pescadores artesanales, y vulneró su libertad de oficio, así como su seguridad alimentaria. El fallo de primera instancia desconoció también, según los tutelantes, la protección constitucional reforzada a las economías tradicionales de subsistencia, así como a su diversidad cultural y étnica como pescadores artesanales. En su criterio, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los pescadores artesanales son además sujetos de especial protección constitucional, por la íntima relación que adquieren con los ecosistemas acuáticos, así como por sus altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, originadas, entre otros factores, por la inadecuada gestión estatal. 32. En el caso en concreto, a juicio de los peticionarios, la tutela debe desplazar la acción popular, por cuanto la interponen sujetos de especial protección constitucional que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. En particular, el perjuicio que experimentan se deriva de la escasez de recursos económicos y la ausencia de respuesta estatal frente a la amenaza que se desprende de la afectación ambiental causada al complejo cenagoso de Cascaloa.[29] c. Sentencia de segunda instancia 33. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, en sentencia del 15 de junio de 2022[30], confirmó la decisión de primera instancia. El juez llegó a esta determinación por no encontrar acreditada la vulneración de un derecho fundamental, en tanto se invocó la desprotección de un derecho colectivo como es el ambiente sano. Si bien, para el juzgado, ese derecho está estrechamente vinculado con los derechos a la vida y a la salud de las personas, no es posible extender su protección por medio de una sentencia de tutela si no se individualizan debidamente las presuntas afectaciones de derechos individuales. A su juicio, la afectación comunitaria puede encontrar una pronta solución a través de una acción popular o de grupo, que permiten la protección al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano. Actuaciones surtidas en el trámite de revisión constitucional 34. Durante el trámite de revisión en la Corte Constitucional, esta Sala de Revisión decretó un conjunto de pruebas[31] con el objeto de establecer cuáles fueron las intervenciones que adelantaron las autoridades accionadas en el complejo cenagoso de Cascaloa. Esta Corporación también consideró relevante conocer los efectos generados por el taponamiento de los caños, tanto en lo ambiental como en los derechos fundamentales individuales de los accionantes. Con esos fines, la Sala ofició a una serie de entidades públicas y organizaciones expertas en pesca artesanal, en seguridad alimentaria y en el tratamiento de recursos hídricos, para que proporcionaran información sobre los posibles riesgos que podía representar el taponamiento de los caños de ese complejo cenagoso. Especialmente, la Corte indagó por la afectación del taponamiento en las actividades de pesca artesanal y en la seguridad alimentaria de los pobladores de la zona.[32] La síntesis de los requerimientos y las respuestas recibidas se encuentran en el anexo de esta sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se exponen los elementos relevantes de las respuestas remitidas a la Corte en sede de revisión. 35. Respuesta de la CSB. La CSB precisó que el complejo cenagoso de Cascaloa se localiza en el municipio de Magangué (Bolívar) y hace parte de la cuenca hidrográfica La Mojana — Río Cauca — NSS (código 2502-02). En la actualidad, existe un Plan de Ordenación y Manejo de esa Cuenca Hidrográfica (POMCA), formulado y adoptado mediante la Resolución Conjunta 2338 del 2017, proferida por las Corporaciones Autónomas Regionales de Sucre (CARSUCRE), del Canal del Dique (CARDIQUE) y de Bolívar (CSB). Una vez revisada la cartografía de los sistemas de información, específicamente la cartografía básica del IGAC, la CSB señaló que el único caño que conecta al complejo cenagoso con el río Magdalena es el caño El Chorro, conocido comúnmente por la comunidad como Rompedero[33]. 36. La CSB informó que evidenció varias afectaciones ambientales graves por construcción de terraplenes o jarillones en el complejo cenagoso de Cascaloa. De acuerdo con el informe que presentó en este proceso, una de las áreas que se vio damnificada, por la obstrucción de la dinámica hídrica del caño Rompedero, fue la que conducía aguas del río Magdalena al complejo cenagoso de Cascaloa y viceversa. Sin embargo, la CSB señaló que, a partir de las visitas de inspección ocular que ha practicado a la zona de Cascaloa, pudo establecer que la alcaldía de Magangué no ha ocasionado cambios relevantes en los cuerpos de agua[34]. 37. La CSB sostuvo que la Corporación Tiempos de Vida realizó una expedición, el 15 de diciembre del año 2021, en la que observó que el carreteable desde Magangué hacia el corregimiento de Las Brisas tapó 16 caños de desborde y alteró la dinámica hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa. Sin embargo, la CSB afirmó que no tuvo conocimiento de la obstrucción de los caños referenciados por dicha organización. De igual forma, la CSB informó que, revisados los expedientes, no reposa comunicado o queja por parte de la Corporación Tiempos de Vida u otras personas en relación con la obstrucción de otros caños diferentes a los ya mencionados en los conceptos técnicos 135 del 18 de agosto del 2020 y 369 del 22 de noviembre de 2021[35]. 38. Respuesta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El IGAC, a través de la Dirección Territorial de Bolívar, remitió al presente proceso el plano predial rural con código 13430 y escala 1:25.000. Según la entidad, este plano da cuenta del complejo cenagoso de Cascaloa desde el punto de vista cartográfico[36]. 39. Respuesta de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Magangué. Esta delegada del Ministerio Público expresó que la interrupción de la dinámica hídrica del complejo cenagoso de Cascaloa y su paulatino deterioro se ha ocasionado por las permanentes intervenciones antrópicas y por el escaso control de las autoridades administrativas. También indicó que entidades como la CSB han alertado sobre los riesgos ecosistémicos que enfrenta el complejo, tales como la ocupación y utilización del espacio geográfico sedimentado, y un conflicto por el uso de la tierra y del agua (concepto técnico 135 del 20 de agosto de 2020). 40. La mencionada procuradora judicial señaló que campesinos y pescadores enfrentan dificultades para acceder al cuerpo de agua debido a la privatización o cerramiento de los terrenos comunales aledaños. Además, esta funcionaria indicó que es grave la contaminación por vertimientos urbanos, agroindustriales y mineros en el territorio. Igualmente, precisó que la desecación de las zonas cenagosas y la deforestación de los bosques de sus orillas han transformado antiguos espejos de agua en zonas para ganadería y pastizales. Lo anterior, según la funcionaria, ha provocado no sólo la pérdida de biodiversidad y de recursos para los habitantes, sino que también ha habilitado zonas que han terminado siendo apropiadas indebidamente. 41. Para la mencionada procuradora judicial, es evidente que el deterioro de la conectividad hídrica y el incremento de la contaminación ocasionan un detrimento del patrimonio natural y cultural de la región. Tal y como indica, personas, familias y comunidades ven malograda su vocación pesquera como medio de subsistencia. Además, los daños a la integridad de los ecosistemas menoscaban las fuentes de provisión de agua que los pobladores utilizan para la alimentación y el abastecimiento de zonas agrícolas en las orillas y playones. La procuradora judicial mencionó que la situación actual del complejo compromete de manera especialmente dramática la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona, por el drástico declive de la riqueza pesquera y acuífera. 42. En relación con la disponibilidad de peces en el complejo cenagoso de Cascaloa y los riesgos que pueden representar las actividades de construcción de jarillones en las vías del complejo cenagoso de Cascaloa, la Procuradura Judicial Ambiental y Agraria de Magangué recalcó lo ya evidenciado técnicamente por la CSB en su concepto 135 de 2020. A su juicio, este documento da cuenta de la disminución y alteración de la biodiversidad del sistema acuático, la disminución del espejo de agua por la alta sedimentación, así como la expansión ganadera, la obstrucción o taponamiento de los canales aferentes, y la incertidumbre de la población de las asociaciones de pescadores por la baja oferta de los recursos hidrobiológicos que pone en riesgo su seguridad alimentaria. 43. Respuesta del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. Este delegado respaldó el concepto previamente citado de la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria de Magangué y por el estudio de la Corporación Vida a los Humedales. En su intervención, el delegado destacó que el avanzado estado de deterioro ambiental de este ecosistema puede agravarse por la construcción o adecuación de jarillones en las vías que cruzan este complejo cenagoso y que no cuentan con estudios técnicos ambientales debidamente soportados y concertados. En ese contexto, para el Ministerio Público, el proceso activado por esta acción de tutela debe ser la oportunidad para exigir una intervención integral y sistémica de entidades del orden nacional, regional y local, quienes, con la participación de las comunidades, deberían ser llamadas a trazar una hoja de ruta con el fin de que, en el corto, mediano y largo plazo, implementen soluciones sociales y ambientalmente sostenibles para el área y sus pobladores. 44. Respuesta de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo remitió el informe de diagnóstico que realizó el 23 de mayo de 2022 denominado “Estrategia Defensorial dirigida al reconocimiento de los derechos de los pescadores artesanales”, el cual formó parte de la estrategia de esa entidad para el reconocimiento de los derechos de los pescadores de la región. En dicho documento, la referida entidad destacó que la situación actual de la ciénaga se ha venido deteriorando progresivamente muy a pesar de las denuncias y las quejas ante las autoridades. Así mismo, identificó la pérdida de la biodiversidad a causa de la problemática ambiental que se vive en la zona. A su vez, en dicho informe la Defensoría del Pueblo resaltó la relación que los jóvenes, niños, mujeres, personas de la tercera edad y, en general, la población de Cascaloa, tiene con el complejo cenagoso. Para esa entidad, “muchos pescadores se emplean en el mototaxismo” o “está acabándose la pesca artesanal porque no hay recursos, y así mismo los jóvenes cada vez menos se dedican a la pesca artesanal”. 45. Respuesta de la Corporación Tiempos de Vida. Esta organización allegó al presente trámite un documento denominado “Impacto Reciente de las Actividades de Construcción de Jarillones, en la población, las ciénagas y la fauna del complejo cenagoso de Cascaloa”, que elaboró a partir del conocimiento del territorio, el diálogo con las comunidades y un conjunto de fotografías recientes que dan cuenta de la intervención realizada al complejo durante los años 2021 y 2022. 46. Respuesta de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (en adelante AUNAP). Con base en la información suministrada por la Dirección Regional de Magangué, esta autoridad sostuvo que la obstrucción de los caños naturales limita la reproducción, migración, entrada y salida de los peces. Tal dinámica es propia de las especies nativas de la región como el bocachico, el bagre, el blanquillo, la arenca, entre otros. Es decir, el taponamiento impide a esas especies desarrollar sus migraciones naturales. Según esta intervención, en la zona se han desmejorado las poblaciones de peces y las circunstancias para su reproducción, debido a la expansión agrícola y ganadera. Pese a que existen caños de desborde, la AUNAP señaló que estos se ven obstruidos y obstaculizados por la presencia de jarillones que han taponado dichos canales[37]. 47. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La ANT informó que actualmente se adelantan 33 procesos agrarios de deslinde en el complejo cenagoso de Cascaloa. Estos procesos se iniciaron a partir de una solicitud enviada por la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, en la que se alertó sobre las afectaciones a la comunidad víctima de violencia del corregimiento de Cascajal como consecuencia de la construcción de jarillones que perturbaban la dinámica hídrica de las ciénagas, limitaban la disponibilidad de agua y peces, obstruían la navegabilidad y el tránsito de las personas y menoscababan la economía de los habitantes del territorio. La entidad aseveró que, por ahora, estos procedimientos se encuentran en etapa publicitaria de los actos administrativos de inicio. Una vez culminada esta fase, se le debe dar paso al periodo probatorio[38]. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 48. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del proceso en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Presentación del problema jurídico y metodología de la decisión. 49. En este caso, como luego se expondrá en detalle, los elementos de juicio aportados durante el proceso dejan en evidencia tres hechos relevantes para formular el problema jurídico. En primer lugar, los accionantes pertenecen a una población de pescadores artesanales cuyas prácticas de pesca se desarrollan en el complejo cenagoso de Cascaloa. En segundo lugar, el cuerpo de agua de este complejo se ha reducido, lo cual ha perjudicado a los pescadores artesanales por el impacto de la alteración de la dinámica del ecosistema sobre la población de peces y la cantidad del recurso hídrico. En tercer lugar, según la información que obra en el expediente, desde hace algún tiempo las autoridades demandadas conocen de los cambios experimentados por el complejo cenagoso y han desplegado algunas intervenciones, mediante obras públicas. 50. En ese contexto, la Corte Constitucional debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneran las autoridades demandadas los derechos fundamentales al medio ambiente sano, a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la vida digna, al debido proceso administrativo y a la participación de una comunidad de pescadores artesanales, por las acciones y omisiones relacionadas con el mantenimiento y construcción de unos jarillones en el complejo Cascaloa que desencadenaron en la obstrucción de la conectividad entre las referidas ciénagas y el río Magdalena, así como, en las afectaciones socioambientales asociadas a dicha obstrucción? 51. Para resolver este interrogante, la Sala iniciará con un recuento de jurisprudencia sobre el derecho al ambiente sano y a la protección del agua en los territorios. Luego se referirá a lo dicho por la Corte sobre seguridad y autodeterminación alimentaria en la jurisprudencia constitucional para, finalmente, analizar las principales características y consecuencias que tiene el derecho a la participación ambiental en esta clase de controversias. Procedencia de la acción de tutela en este caso 52. Como se entrará a explicar en este caso se cumplen con todos los requisitos de procedencia. 53. En primer lugar, se cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa. En efecto, en el presente asunto, el amparo lo presentaron los presidentes e integrantes de COMENALPAC, AGROPESTABO y ASOAGROPESBRIS, en su condición de pescadores artesanales y habitantes del sector del complejo cenagoso de Cascaloa[39], quienes son los que alegan encontrarse afectados por la pérdida de conectividad hidrológica entre el río Magdalena y el complejo cenagoso de Cascaloa. Según los certificados de existencia y representación legal aportados, estas asociaciones son entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto, entre otros, representar al sector pesquero artesanal, agremiar organizaciones e integrar personas dedicadas a la actividad agropecuaria y pesquera[40]. De tal manera, los accionantes son asociaciones que agrupan pescadores artesanales que habitan la región, cuyos intereses comunes y la necesidad de proteger sus derechos los han llevado a crear personas jurídicas que se encuentran legitimadas para interponer el amparo constitucional. Además, el debido proceso administrativo, la vida digna, el trabajo, la seguridad alimentaria y el ambiente sano son prerrogativas que pueden ejercer sus miembros de manera individual y colectiva. Por lo tanto, esta Corte encuentra satisfecho el mencionado requisito[41]. 54. En segundo lugar, también se cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, porque la tutela fue presentada en contra de la alcaldía municipal de Magangué, el departamento de Bolívar y la CSB, que son entidades de carácter público señaladas en la tutela de ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales de los actores. En efecto, la solicitud de amparo sostiene que la disminución del cuerpo de agua del complejo cenagoso de Cascaloa fue ocasionada por acciones y omisiones atribuidas a las mencionadas entidades, tales como la construcción de jarillones y otras obras que obstruyen el paso del agua entre el complejo cenagoso de Cascaloa y el río Magdalena, así como por la falta de solución a los problemas que presenta el ecosistema. 55. En tercer lugar, la tutela cumple con el requisito de inmediatez[42]. En el presente caso, la tutela se dirige contra acciones y omisiones atribuidas a las autoridades demandadas. Pese a que la vía carreteable se construyó desde 1998, lo cierto es que los efectos de su construcción se mantienen al día de hoy. Según los accionantes, al día de hoy, esta infraestructura obstruye la dinámica hídrica entre el complejo cenagoso y el río Magdalena. Además, en épocas de invierno, la creciente del río fragmenta esta vía en diferentes sectores, ante lo que la administración municipal responde mediante la construcción de jarillones. Para los accionantes, estas intervenciones derivan en un taponamiento de los caños que permitirían la conectividad hidrológica. Por esta razón, algunas comunidades enfrentan inundaciones o quedan aisladas sin opción de movilidad. De tal modo, las alegadas acciones y omisiones de las autoridades para responder a los taponamientos sobre la ciénaga son actuales. Esto es así porque la pérdida de conectividad hidrológica se mantiene hasta el momento, así como las consecuencias que esta tiene sobre la vida e integridad de quienes habitan la zona y pescan en el sector. Conforme a las pruebas, hasta el momento la situación del cuerpo de agua, que presuntamente amenaza o vulnera los derechos fundamentales de los peticionarios, no se ha corregido. Por lo tanto, esta Corte encuentra satisfecho el requisito de inmediatez. 56. Por último, también se cumple con el presupuesto de subsidiariedad. Este requisito implica que no exista otro mecanismo de defensa judicial, que sea igualmente eficaz para proteger los derechos de los accionantes[43].Para las controversias que involucran una presunta amenaza o vulneración de derechos fundamentales derivada de problemas de deterioro o impacto ambiental, los demandantes, en principio, cuentan con acciones populares o con medios de control de reparación directa para protegerlos y exigir la reparación de los daños ocasionados (CP arts. 88 y 90). Sin embargo, la Corte ya ha indicado que esta regla puede encontrar excepciones cuando los demandantes son sujetos de especial protección constitucional y cuando se concluye que estos mecanismos no son eficaces en el caso concreto. En especial, la Corte ha estimado procedente la tutela cuando la vulneración de derechos colectivos amenaza de manera directa los derechos fundamentales subjetivos y se concluye que las acciones populares o de reparación directa no suministran una protección efectiva, completa y oportuna a sus titulares[44]. 57. En el presente caso, la acción de tutela se promovió para remediar los efectos de un supuesto menoscabo que ha tenido el complejo cenagoso de Cascaloa. Como las afectaciones que menciona la acción de tutela proceden del presunto deterioro o de una supuesta alteración relevante de un recurso natural hídrico, puede afirmarse razonablemente que, en esta oportunidad, una forma de salvaguardar los derechos invocados por los accionantes es la interposición de una acción popular, pues a través de esta se puede perseguir la protección de su derecho a un ambiente sano (CP arts. 79, 95-8 y 339). Es decir que, en principio, podría plantearse que la acción popular contribuiría a resolver el problema planteado por los tutelantes. 58. No obstante, la Corte observa que en este caso la acción popular no sería eficaz, porque al tratarse de un instrumento para la protección de derechos colectivos carece de la integralidad necesaria para solucionar urgente y completamente la situación de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales envueltos en el presente caso. La problemática ambiental denunciada prima facie afecta en diferentes formas los derechos individuales de los accionantes y, simultáneamente, de otros pescadores y pobladores de la zona. La tutela no solo pretende una solución para la perturbación del ecosistema, lo cual determina la disponibilidad de agua y de peces en el complejo e incide en la navegabilidad y tránsito de personas. A través de esta acción también se busca el amparo de la subsistencia, la vida digna y la seguridad alimentaria de quienes habitan el área cenagosa y viven de ella en diversas formas. La reducción en la oxigenación de las aguas del complejo y la intervención en los procesos vitales de las ciénagas son problemas que, en principio, se pueden enfrentar apropiadamente mediante acción popular, pero la vida, la dignidad y la seguridad alimentaria de los pobladores constituyen un grupo de derechos fundamentales individuales que no encuentran completa salvaguarda en el proceso derivado de esa acción colectiva. 59. Si bien es factible pensar en que una solución del problema ambiental podría, con posterioridad, contribuir a remediar las afectaciones a los derechos fundamentales de los actores, lo cierto es que se necesita una acción más expedita, para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este caso, los tutelantes señalaron que como pescadores artesanales afrontan una precaria situación económica pues la pesca les garantizaba en buena medida su subsistencia, en tanto les proveía una fuente de trabajo, alimentación y comercio. La disminución del cuerpo de agua en el complejo interfirió en sus trabajos y redujo notoriamente la población de peces. De tal forma, se ha visto amenazada su capacidad de alimentarse, subsistir y vivir con dignidad. Estas circunstancias dejan en evidencia que los peticionarios se encuentran ante un perjuicio grave, que además es actual porque los efectos sobre el cuerpo de agua se manifiestan en el presente. Por lo tanto, este caso requiere medidas judiciales de urgencia que no deben postergarse. 60. Finalmente, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que los integrantes de una comunidad de pescadores artesanales devienen sujetos de especial protección constitucional, cuando derivan su subsistencia de la pesca en un determinado cuerpo de agua que experimenta daños, alteraciones o reducciones relevantes, y esto pone en riesgo su subsistencia[45]. En la sentencia T-325 de 2017, la Corte estudió una tutela presentada por la comunidad residente en la región Salina del municipio de Rionegro (Santander) contra los propietarios de la hacienda La Yaruma. Los accionantes alegaron que los administradores y propietarios de dicha hacienda habían incurrido en prácticas de encerramiento y desecamiento de fuentes hídricas conectadas con el río Lebrija, en donde habitualmente la comunidad realizaba actividades de pesca artesanal. En esta oportunidad, la Corte reconoció que la comunidad de pescadores artesanales estaba conformada por sujetos de especial protección constitucional porque, entre otras razones, la comunidad en general afrontaba una precaria situación económica, ya que se dedicaba a la actividad de pesca artesanal para su subsistencia, pero ésta se terminó por el desecamiento de la ciénaga en la que realizaban dicha actividad. Por consiguiente, en dicho fallo se ampararon sus derechos fundamentales. 61. Esas características concurren, precisamente, en esta oportunidad, por cuanto los demandantes son pescadores artesanales cuyo trabajo, vida y dignidad dependen en buena medida de la integridad del ecosistema al cual pertenece el complejo Cascaloa. De este modo, las afectaciones que este sistema de ciénagas ha tenido amenazan su subsistencia. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha establecido que las tutelas, en las que se discuten cuestiones socioambientales, proceden con mayor razón, cuando las interponen sujetos a los que se les ha reconocido una especial protección constitucional. Así ha ocurrido en casos como el de los integrantes del Resguardo Indígena Wayúu Provincial[46], el de los niños del corregimiento de San Anterito de Montería (Córdoba)[47] o el de los niños de la vereda Bocanas de las Verdes del municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá)[48]. En el mismo sentido, en la sentencia T-325 de 2017, la Corte estableció que: “[S]e tiene que la seguridad alimentaria es un derecho reconocido a nivel constitucional a partir de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, que deviene de la necesidad de proteger a la población rural en el acceso oportuno y permanente a los recursos que ofrece el ambiente donde se encuentran, y sobre el que se garantiza la consecución de alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales, tomando en consideración la conservación y equilibrio del ecosistema para beneficio propio y de las generaciones futuras. La protección especial que se le da a los grupos minoritarios en cuanto a la producción y obtención de alimentos, no solamente está relacionada con su supervivencia, sino también con la relación que existe entre ellos y los recursos naturales, obteniendo particular relevancia la importancia que estos grupos le imprimen al deber constitucional de resguardar y preservar la diversidad cultural y biológica de la Nación. Por ello, las comunidades que dependen de los recursos proporcionados por el ambiente, entre las que se encuentran los pescadores, gozan de una especial protección de parte del Estado, de suerte que se les permite participar y concertar las decisiones y medidas que impliquen una afectación al medio en el que habitan”[49]. 62. Por ende, dado que los demandantes son sujetos de especial protección constitucional, esto refuerza la procedencia del amparo. Y a esa circunstancia se le suma que, por sus condiciones actuales, los actores están en una posición de indefensión real frente a las accionadas, ya que las dificultades para acceder a los recursos de los que derivaban su manutención hacen para ellos imposible o difícil sustancialmente someterse a procesos con amplia extensión temporal, para tomar medidas encaminadas a responder a la violación de sus derechos. No puede perderse de vista que este asunto lleva más de veinte años en esta situación, sin que a la fecha las entidades involucradas en esta controversia, hayan podido resolver integralmente la problemática que les afecta. 63. En consecuencia, contrario a lo señalado por el juez de instancia, la acción de tutela es el medio adecuado para examinar la presente controversia. Por lo tanto, es necesario analizar el fondo de la cuestión, para lo cual la Corte expondrá las exigencias constitucionales en el campo ecológico, respecto de casos como este, antes de mostrar cuáles son los parámetros aplicables a los problemas de afectación al trabajo, a la subsistencia y a la dignidad que aducen los accionantes. La Constitución ecológica de 1991 y su relación con el ambiente sano. Reiteración de jurisprudencia 64. Uno de los asuntos de mayor trascendencia para el derecho constitucional contemporáneo tiene que ver con la protección del derecho al ambiente sano (CP art. 79). Cada vez con mayor frecuencia, esta Corte ha tenido que resolver conflictos sociales, ambientales y culturales en los que se presentan una serie de tensiones entre los derechos de las comunidades que habitan los territorios y los intereses legítimos que subyacen a proyectos u obras con impactos ambientales en estas zonas. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado las normas superiores en este campo para concretar un conjunto de reglas y principios que forman parte de la “Constitución Ecológica” o “Constitución Verde”[50]. 65. El artículo 79 de la Constitución, que reconoce el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, establece que la ley “garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” y, además, le asigna al Estado un deber de protección a la “diversidad e integridad del ambiente”, así como la tarea de conservar las áreas de especial importancia ecológica. Con fundamento en estos deberes de garantía de la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente y de protección de la diversidad e integridad del ambiente, la jurisprudencia Constitucional ha identificado una serie de pautas aplicables a los asuntos que comprometan el goce efectivo del ambiente sano. a. Derecho a la participación frente a decisiones que afecten el ambiente 66. La participación, prevista en la Constitución, es una manifestación del principio democrático del Estado Social de Derecho (CP art. 1). Precisamente, el artículo 2 de la Constitución estatuye que, entre los fines esenciales del Estado, se encuentra el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Particularmente, la jurisprudencia constitucional ha protegido, en diversas ocasiones, el derecho de comunidades pescadoras a participar en la adopción de decisiones que pueden significar un impacto para el ambiente, como se muestra a continuación. 69. En la sentencia T-194 de 1999, la Corporación protegió el derecho a la participación de una comunidad de pescadores y campesinos cuya subsistencia se vio comprometida por cuenta de los efectos ambientales procedentes de la construcción de la hidroeléctrica Urrá I. En ese fallo, este Tribunal estableció que las obras ocasionaron una disminución del recurso íctico y la desecación de los cuerpos de agua de la zona, lo que impactó en los modos de vida de la comunidad accionante, dedicada a la agricultura y a la pesca. Por eso, ordenó adoptar medidas para la protección del ambiente. En ese contexto, la Corte Constitucional constató que, aunque se habían previsto instancias de consulta y concertación con las comunidades afectadas por el impacto medioambiental de la hidroeléctrica, sus propuestas eran desechadas por no contar con ciertos estándares técnicos, lo cual la justicia constitucional consideró como violatoria del derecho a un ambiente sano. 67. En la sentencia T-348 de 2012, antes mencionada, la Corte se pronunció sobre la tutela promovida por integrantes de una asociación de pescadores de Cartagena que reclamaron la protección de su derecho a ser consultados sobre la ejecución del proyecto Anillo Vial Malecón de Crespo. Aunque esta Corporación consideró que los demandantes no eran titulares del derecho a la consulta previa, por cuanto no formaban parte de un “grupo culturalmente diferenciado titular de este derecho especial de participación, como son los indígenas y los afrodescendientes”, aclaró que tal circunstancia no implicaba que no tuvieran derecho a ser informados sobre los efectos positivos y negativos del proyecto y acerca de las medidas que se adoptarían para mitigar los daños. Una Sala de Revisión de este Tribunal amparó el derecho a la participación de los accionantes y ordenó diseñar, en conjunto con la comunidad, las medidas para compensarlos por el impacto que supuso la obra para el ejercicio de la pesca artesanal, actividad de la que derivaban su sustento. 68. En la sentencia T-135 de 2013, la Corte Constitucional debía resolver la solicitud de amparo instaurada por un conjunto de personas que se dedicaban a diferentes actividades, dentro de ellas las de pesca y construcción, las cuales laboraban en el área donde, por ese entonces, se construía la hidroeléctrica “El Quimbo”. Los peticionarios invocaron una vulneración de su derecho fundamental a la vida digna, pues a causa de la ejecución de la obra habían sufrido algunos perjuicios para su trabajo y la satisfacción de sus necesidades. Tras verificar que en esa oportunidad no se habían ofrecido espacios de participación a los pobladores de la zona, y que estos se encontraban damnificados por la...