Sentencia T-130 de 2016

T-130-16 Sentencia T-130/16 ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y PROTECCION ESPECIAL FRENTE A LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS-Personas con cáncer y portadoras de VIH/SIDA DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Reiteración jurisprudencial DERECHO A LA VERDAD-Concepto DERECHO A LA VERDAD-Dimensiones DERECHO A LA JUSTICIA-Concepto y alcance DERECHO A LA REPARACION-Concepto y características GARANTIA DE NO REPETICION-Contenido y alcance INDEMNIZACION POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO PRIORIZACION PARA LA ENTREGA DE LA REPARACION ADMINISTRATIVA DE VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Causales La condición que padece el accionante y su madre conducen a inferir que se encuentran en un estado de vulnerabilidad que les hace acreedores de esta prerrogativa. ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Orden a la UARIV tener consideración sobre el núcleo familiar del accionante en la próxima lista de priorizados para entrega de reparaciones administrativas Referencia: expediente T-5.153.557. Acción de Tutela instaurada por Hernando Hoyos Gallego contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Derechos fundamentales invocados: dignidad humana y vida en condiciones dignas. Temas: (i) procedencia de la acción de tutela para el reclamo de ayudas humanitarias por desplazamiento forzado; (ii) protección constitucional especial sobre personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas; y (iii) reparación administrativa para víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Problema jurídico: determinar si la UARIV vulneró los derechos fundamentales del accionante por no priorizar su núcleo familiar dentro del paquete de ayudas humanitarias a pesar de ser un solicitante con sida. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside–, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En la revisión del fallo proferido el día primero (01) de julio de dos mil quince (2015) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, que confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada el día veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, Quindío, que negó la protección de los derechos fundamentales invocados. El expediente T-5.153.557 fue escogido para revisión por parte de esta Corporación mediante auto del doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Once, integrada por el suscrito Magistrado sustanciador y la Magistrada encargada Myriam Ávila Roldán. 1. ANTECEDENTES El señor Hernando Hoyos Gallego interpuso acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por considerar que sus derechos fundamentales a la dignidad humana y la vida en condiciones dignas fueron vulnerados por dicha entidad como consecuencia de no incluir a su núcleo familiar dentro de la lista de priorizados para la entrega de la reparación por vía administrativa. El accionante sustentó su escrito sobre los siguientes: 1.1. HECHOS. 1.1.1. El accionante manifiesta que se encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas como consecuencia del desplazamiento forzado que sufrió junto a su madre en el municipio de Circasia, Quindío, ocurrido en el año 2013. Agrega que: (i) pertenece a la comunidad LGTBI; (ii) padece de sida C3 por tbc pulmonar; (iii) se encuentra a cargo de su madre, quien es una señora de 66 años de edad que sufre de hipertensión, artrosis, problemas auditivos, trombosis en su pierna izquierda y es propensa a infartos. 1.1.2. Señala que ni él ni su madre pueden trabajar y se encuentran en una precaria condición económica, por ello se ve en la necesidad de ejercer la prostitución como “chica trans” a pesar que ésta labor no conviene para su estado de salud. Indica que, por esta razón, a través de la Defensoría del Pueblo -regional Quindío- solicitó ante la entidad accionada que se le diera prioridad para el pago de la reparación por vía administrativa. 1.1.3. Relata que mediante oficio del 15 de abril de 2015, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) negó la solicitud de priorización, bajo el argumento que no es posible indemnizar a todas las víctimas en el mismo momento. Por esta razón, interpuesto acción de tutela el día 05 de mayo de 2015. 1.2. ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El peticionario expone las siguientes razones para sustentar su solicitud de protección constitucional: 1.2.1. En primer lugar, asegura que su hogar aplica para ser priorizado dentro del paquete de reparaciones a las víctimas del conflicto, toda vez que según los artículos 5º y 7º del Decreto 1377 de 2014, se podrá acceder de forma excepcional a la indemnización por fuera de la ruta de reparación cuando la víctima se encuentre en condición de extrema urgencia y uno de sus integrantes se encuentre en condición de discapacidad. En este mismo sentido, agrega que su vida se agota con el tiempo que pasa y el dinero de la reparación es necesario para que él y su madre vivan en condiciones dignas los últimos días de sus vidas. 1.2.2. En segundo lugar, declara que como víctima del conflicto armado se encuentra expuesto a un nivel de vulnerabilidad, debilidad e indefensión muy alto que, según las sentencias T-302 de 2003 y T-025 de 2004, se materializa en situaciones como: pérdida de la tierra, de la vivienda, del empleo, del hogar; así como en otros factores que se concretan en exposición a enfermedades y mortalidad, inseguridad alimentaria, empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida. 1.2.3. En tercer lugar, afirma que las condiciones particulares que se viven en su hogar hacen que la acción de tutela sea el mecanismo jurídico adecuado para proteger sus derechos y, además, para lograr la priorización dentro del paquete de reparaciones. Expresa que por la Resolución 1956 del 12 de octubre de 2012 se establecieron los casos de extrema vulnerabilidad que permiten obtener la indemnización sin seguir ruta reparadora, de los cuales es posible identificar: (i) cuando el hogar cuente con uno o más integrantes con algún tipo de discapacidad permanente; y (ii) cuando uno o más de los integrantes padezca alguna enfermedad terminal o crónica. 1.3. PRUEBAS DOCUMENTALES. Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales: 1.3.1. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Hernando Hoyos Gallego (Fl. 4, Cd. 2), de la cual se extrae que cuenta con 44 años de edad. 1.3.2. Copia de la historia clínica de la señora María del Carmen Gallego Moreno, madre del accionante, expedida el 21 de enero de 2015 (Fl. 5-9, Cd. 2). 1.3.3. Copia de la historia clínica del señor Hernando Hoyos Gallego, expedida el 10 de febrero de 2015, en la cual consta que padece de “[e]nfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih) sin otra especificación” (Fls. 10-11). 1.3.4. Copia de la respuesta emitida por la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a la petición de priorización presentada por el accionante a través de la Defensoría del Pueblo –regional Quindío- (Fls. 12-14, Cd. 2). 1.3.5. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María del Carmen Gallego Moreno, de la cual se extrae que cuenta con 66 años de edad (Fl. 15, Cd. 2). 1.3.6. Documentos relacionados con el trámite de la acción de tutela. 1.4. ACTUACIONES PROCESALES. Repartida la acción de tutela, correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, Quindío, conocer sobre el asunto. En este sentido, mediante auto proferido el día 06 de mayo de 2015, asumió el conocimiento del proceso y ordenó correr traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones contenidos en el expediente. 1.4.1. Respuesta del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 1.4.1.1. Mediante escrito presentado el día 11 de mayo de 2015, esta entidad presentó sus consideraciones acerca del asunto de la referencia. Sobre el particular, aseguró que en este proceso no existe legitimidad en la causa por pasiva frente a ella, toda vez que en virtud de la Ley 1448 de 2011, la responsabilidad y competencia para dar respuesta a las solicitudes de esta naturaleza, recae exclusivamente en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Por lo tanto, solicitó ser desvinculada de este proceso. 1.4.2. Respuesta del Departamento Nacional de Planeación. 1.4.2.1. Mediante escrito presentado el día 25 de marzo de 2015, esta dependencia pública expuso las siguientes consideraciones acerca de lo expuesto por la peticionaria en la acción de tutela. Al respecto, indicó que no le asiste responsabilidad alguna por los hechos narrados, en la medida en que éstos sólo involucra a las entidades accionadas, es decir, Acción Social y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 1.4.2.2. De igual forma, manifestó que aunque el Departamento Nacional de Planeación haga parte fundamental del SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada), no es una entidad ejecutora de una política pública de atención a la población desplazada, sino que se encuentra encargada de contribuir con apoyo técnico en la definición de: la estrategia de la política del Gobierno Nacional, presupuestos requeridos y proposición de modificaciones y ajustes. Por esta razón, solicitó su desvinculación de esta acción de tutela. 1.4.3. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho. 1.4.3.1. Esta entidad presentó escrito de contestación el día 12 de mayo de 2015, mediante el cual expresó que ha sido vinculada a esta acción de tutela, sin que de la lectura del expediente se evidencien razones que permitan establecer que el peticionario considere que se le han vulnerado sus derechos por parte de esta Cartera. En este mismo sentido, sostuvo que la función de este Ministerio se desarrolla en el marco del artículo 247 del Decreto 4800 de 2011, a partir del cual se desprende que su función se dirige a formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública sobre mecanismos de Justicia Transicional. 1.4.3.2. Igualmente, señaló que carece de competencia para tramitar y decidir sobre peticiones relacionadas con cobros de indemnizaciones o reconocimientos de pago por vía administrativa, de manera que este Ministerio debe ser desvinculado de esta acción de tutela. 1.4.4. Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este Ministerio presentó escrito de contestación el día 13 de mayo de 2015, a través del cual expresó que carece de legitimación en la causa por pasiva dentro de este proceso, toda vez que sus funciones tienen como objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural de la Nación. De esta manera, alegó que Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una entidad con personaría jurídica y autonomía administrativa y financiera, por lo cual tiene plenas facultades para dar respuesta por los hechos descritos en este proceso. 1.4.5. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Esta dependencia presentó escrito de contestación el día 13 de mayo de 2015, por el cual afirmó que no tiene competencia en relación con el trámite que se menciona en la demanda, pues del relato de los hechos se desprende que la accionante se encuentra presentando un reclamo que corresponde atender a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual es una entidad adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que a su vez, luego de la reforma del Estado llevada a cabo en el año 2011, quedó desvinculado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 1.4.6. Respuesta del Ministerio del Interior. Mediante escrito presentado el día 14 de mayo de 2015, esta entidad se pronunció sobre los hechos y pretensiones contendidos en la acción de tutela en referencia, respecto de lo cual adujo que este Ministerio carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que según lo establecido por la jurisprudencia constitucional, sus funciones se dirigen a promover y coordinar los esfuerzos nacionales que conduzcan a las entidades territoriales a que asuman un mayor compromiso presupuestal y administrativo, pero no responder por indemnizaciones y reparaciones que hagan las víctimas, pues para ello la Ley 1448 de 2011 creó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, como entidades con autonomía administrativa y presupuestal, capaces de responder por este tipo de reclamaciones. 1.4.7. Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por escrito de contestación presentado el día 14 de mayo de 2015, este instituto solicitó su desvinculación del presente trámite de acción de tutela, en consideración a que carece de legitimidad en la cusa por pasiva dentro del caso. Sobre el particular, adujo que la competencia del ICBF dentro del marco de la Ley de Víctimas, se materializa en apoyo y asistencia alimentaria a la población desplazada, lo cual es una ayuda humanitaria de transición que en este caso confunden con la reparación e indemnización propia de la competencia de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. 1.4.8. Respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Representante Judicial de este Ministerio presentó escrito el día 14 de mayo de 2015, por el cual dio respuesta a la acción de tutela en referencia y señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva dentro de este asunto, toda vez que su función frente a la población desplazada se materializa en coordinar los incentivos económicos que se otorgan por el Fomipyme y que se entregan a través de diversos operadores debidamente constituidos en Cámara de Comercio. De igual forma, expuso que la acción de tutela se dirige contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entidad que se encuentra plenamente facultada para responder por los hechos y pretensiones contendidos en el expediente. 1.4.9. Respuesta del Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancóldex. Esta entidad aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva dentro de esta acción de tutela, ya que no se evidencian hechos que relacionen directamente sus funciones con las pretensiones del actor, además, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene plena autonomía para responder por los hechos que se le endilgan. Asimismo, expuso que las funciones de esta entidad financiera frente a las víctimas, se enmarca dentro del restablecimiento socioeconómico encausado dentro de un procedimiento que debe cumplir la persona en situación de vulnerabilidad, para acceder a la financiación de un proyecto productivo, de manera que dentro del expediente no se advierte que el peticionario haya presentado solicitud alguna para la financiación de proyectos. 1.4.10. Respuesta del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. El Coordinador del Grupo de Representación Jurídica de esta entidad presentó escrito de contestación el día 14 de mayo de 2015, mediante el cual solicitó su desvinculación del presente trámite de acción de tutela por carecer de legitimidad de causa por pasiva dentro de la misma. Sostuvo que dentro de los hechos no se evidencian afirmaciones del actor tendientes a establecer una responsabilidad sobre esta entidad, sino que todas ellas se dirigen contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de la Víctimas; además, el accionante nunca cita normas o expone alegaciones referentes a la adjudicación o subsidio de proyectos productivos. 1.4.11. Respuesta de la Financiera de Desarrollo Rural – FINDETER. El día 15 de mayo de 2015, el Represente Judicial de esta entidad presentó escrito por el cual solicitó su desvinculación del proceso de la referencia, toda vez que carece de legitimidad en la causa por pasiva para responder por las pretensiones del mismo, en virtud de su objeto social destinado a la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y asesoría en el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión, así como en la ejecución de aquellas actividades que por disposición legal le sean atribuidas por el Gobierno Nacional. De esta manera, expuso que no es posible vincular a FINDETER cuando no otorga subsidios de naturaleza alguna, ni atiende problemática de desplazamiento forzado, ni de violaciones de derechos humanos, ni reparaciones de víctimas. 1.4.12. Respuesta del Banco Agrario de Colombia. En la misma línea de lo expuesto por las entidades señaladas anteriormente, este banco presentó escrito de contestación el día 15 de mayo de 2015, a través del cual solicitó su desvinculación del presente trámite de acción de tutela como consecuencia de su falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que la obligación del Banco para atender a la población desplazada surge a partir del momento en que es formalmente informado que la persona ha adquirido dicha condición y solicita su inclusión dentro de proyectos que se desarrollan por esta entidad financiera, de manea que, en el caso concreto, el accionante no hace referencia alguna a este Banco y además nunca ha radicado petición de ayuda alguna. 1.4.13. Respuesta del Ministerio de Educación. Mediante escrito presentado el día 19 de mayo de 2015, este Ministerio solicitó su desvinculación del presente trámite de acción de tutela, por carecer de legitimidad en la causa por pasiva. Expuso que su función frente a la población desplazada se dirige a prestar asistencia técnica a los entes territoriales con el propósito de fortalecer el servicio educativo, pero no a otorgar indemnizaciones y reparaciones a las víctimas, las cuales deben ser coordinadas y dirigidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que debe responder en este proceso. 1.5. DECISIONES JUDICIALES. 1.5.1. Sentencia de primera instancia – Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, Quindío. El día veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), este despacho judicial profirió sentencia mediante la cual negó la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante. Al respecto, expuso las siguientes razones: 1.5.1.1. En primer lugar, sostuvo que el accionante no ha solicitado el suministro de la ayuda humanitaria, sino la reparación integral como víctima del desplazamiento forzado, así como la priorización de ésta. Agregó que además no adjuntó el derecho de petición que la Defensoría del Pueblo remitió a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 1.5.1.2. En segundo lugar, señaló que dentro de la respuesta remitida por la UARIV al derecho de petición presentado por la Defensoría del Pueblo, seccional Quindío, se le hace saber al accionante que: (i) tiene a su favor un giro de la humanitaria, el cual podía reclamar desde el 10 de abril de 2015; (ii) él y su progenitora tiene derecho a recibir un monto indemnizatorio de 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por partes iguales; y (iii) que los núcleos familiares ya habían sido priorizados y el suyo aún no se encontraba dentro de este registro, pero que una vez se asigne más disponibilidad presupuestal se le hará saber si se encuentra dentro de alguna de las condiciones de urgencia extrema señaladas por la ley. 1.5.1.3. En tercer lugar, aseguró que la pretensión principal que persigue el accionante no es viable por vía de tutela, toda vez que no es ayuda humanitaria de transición el objeto de la solicitud, sino la priorización en la entrega del monto correspondiente a la indemnización administrativa, hecho frente al cual debe considerarse que la UARIV ya le expresó que el presupuesto existente se encuentra comprometido en núcleos familiares que ya fueron priorizados, de manera que en la próxima asignación presupuestal del Estado se le hará saber su condición. 1.5.2. Impugnación. Inconforme con la decisión adoptada por el a quo, la parte actora presentó escrito de impugnación el día 28 de mayo de 2015, a través del cual reiteró las descripciones fácticas y los argumentos por los cuales considera que debe ser priorizado dentro del paquete de ayuda humanitaria. 1.5.3. Sentencia de Segunda instancia – Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, Sala Penal. Mediante sentencia proferida el día primero (1º) de julio de dos mil quince (2015), este despacho judicial confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia, en consideración a las siguientes razones: 1.5.3.1. En primer lugar, manifestó que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas comunicó al accionante que tiene derecho a recibir 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización administrativa por ser víctima del desplazamiento forzado junto a su madre. En ese sentido, explicó que según cifras oficiales, en Colombia han sido desplazadas más de seis millones de personas durante el conflicto armado, lo cual es un contexto que permite evidenciar que se requieren recursos económicos enormes para atender debidamente las necesidades de ésta población, especialmente en materia de atención inmediata y reparación. De esta manera, expuso que la escases de presupuesto obliga a que los recursos deban ser distribuidos de acuerdo a criterios especiales para lograr la mayor cobertura posible, por ello le asiste la razón a la UARIV cuando respondió al actor que el acceso a la reparación “se concreta de manera gradual y progresiva”, medida que cuente con disponibilidad presupuestal. 1.5.3.2. En segundo lugar, indicó que según lo expuso la UARIV al accionante, según el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, se reconoce que hay personas que por sus características particulares de edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, merecen especial atención. Afirmó que por esta razón se ha establecido el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral –PAARI- con el fin de identificar las situaciones de extrema urgencia y vulnerabilidad que permitan priorizar los casos. En este orden de ideas, sostuvo que para para ejecutar dicha priorización es necesario que la UARIV cuente con toda la información y colaboración suficiente por parte del interesado, lo cual no se presentó en el caso concreto del señor Gallego, pues no existe prueba que haya tramitado en debida forma ante la UARIV el mencionado plan, de manera que no puede asegurarse que esta entidad pública vulneró sus derechos fundamentales. 2. CONSIDERACIONES 2.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. 2.2. PROBLEMA JURÍDICO. 2.2.1. El señor Hernando Hoyos Gallego presentó acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la vida en condiciones dignas, para de esta forma lograr que su núcleo familiar sea priorizado en las entregas que realiza la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sobre aquellos que se encuentren registrados como víctimas del desplazamiento por conflicto armado. 2.2.2. El accionante sostiene que padece de Sida y se encuentra a cargo de su madre adulta mayor, quien a su vez sufre diversas complicaciones de salud. Agrega que se encuentran en una precaria condición económica y por ello se ve en la necesidad de desempeñarse en la prostitución como “chica trans”, razón que lo llevó a solicitar ante la UARIV la priorización de su núcleo familiar dentro de la entrega de reparaciones. 2.2.3. Aduce que mediante oficio del 15 de abril de 2015, la entidad accionada dio respuesta negativa a su solicitud, en consideración a que no es posible indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo y por ello le es necesario esperar la próxima disponibilidad presupuestal para poder obtener una valoración concreta de su condición. 2.2.4. En este orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión deberá determinar si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la vida en condiciones dignas del señor Hernando Hoyos Gallego, al negar su inclusión inmediata dentro de la lista de núcleos familiares priorizados para la entrega del paquete reparador. 2.2.5. Para definir el asunto, la Sala debe analizar, en primer término, la procedencia de la acción de tutela para el reclamo de ayudas humanitarias por desplazamiento forzado; en segundo lugar, la protección constitucional especial sobre personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas; en tercer lugar, los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos; en cuarto lugar, la reparación administrativa para víctimas del desplazamiento forzado en Colombia; y, finalmente, se resolverá el caso concreto. 2.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECLAMO DE REPARACIONES POR VÍA ADMINISTRATIVA PARA DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA. 2.3.1. La acción de tutela ha sido definida como un mecanismo constitucional expedito y sumario que permite extender la protección judicial en aquellos eventos en los cuales existe vulneración de los derechos fundamentales de las personas y se requiriere de una intervención pronta e inmediata de la autoridad pública. Puede ser ejercida por toda persona en defensa de sí misma o en representación de un tercero cuando éste no se encuentre en condiciones físicas, mentales o circunstanciales para la defensa de sus derechos fundamentales; de igual forma, puede presentarse contra toda acción u omisión de una autoridad pública o un particular frente al cual se adviertan hechos que directamente afectan derechos fundamentales. 2.3.2. No obstante lo anterior, esta herramienta jurídica no ha sido diseñada como un mecanismo que permita reemplazar aquellas acciones legales dispuestas por el ordenamiento para cada situación concreta, ni como una instancia judicial que permita refutar y seguir extendiendo un proceso ante la inconformidad en las decisiones de los jueces ordinarios. Sus efectos se despliegan una vez el juez constitucional advierte la existencia de amenaza o vulneración de derechos fundamentales dentro de un caso que no cuenta con instrumentos de reclamo o, que a pesar de haberse contemplado los mismos para la defensa de esos derechos en particular, comporta un grado de relevancia constitucional que permite admitir su examen de fondo[1]. 2.3.3. En este orden de ideas, en los asuntos de relevancia constitucional para los cuales el legislador ha previsto mecanismos ordinarios de reclamación y defensa jurídica, la jurisprudencia de esta Corporación ha dispuesto la necesidad de agotar previamente los mismos, para de esta forma evitar desnaturalizar la función de juez ordinario y de la propia acción de tutela. En este sentido, para eventos que involucran reclamaciones de tipo administrativo, será necesario agotar las acciones que para dichos efectos ha dispuesto la ley, como el derecho de petición, la acción de nulidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y demás que se enmarcan dentro de la Ley 1437 de 2011. 2.3.4. Ahora bien, en el caso concreto de comunidades desplazadas por la violencia, que interponen acciones de tutela dirigidas a obtener la protección de sus derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el examen del requisito de subsidiariedad deberá ser flexible y acomodarse a las condiciones de necesidad que ellos afrontan. De esta manera, si bien es cierto que pueden existir mecanismos de reclamación por vía administrativa que les permitan obtener la protección de sus derechos, no es menos cierto que el estado de necesidad e indefensión en el cual se encuentran hace que la acción de tutela pueda convertirse en el instrumento adecuado para satisfacción oportuna de sus necesidades. 2.3.5. Lo descrito ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la cual ha sostenido que las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad manifiesta, de manera que los recursos ordinarios “se tornan ineficaces para definir su situación, por cuanto la espera puede agravar su condición material, de allí la procedencia de la acción de tutela” [2]. No obstante, esta consideración se da sin perjuicio que en ciertos eventos ellos deban “acudir ante la mencionada jurisdicción, ante la inexistencia de elementos que justifiquen la procedencia de la acción de tutela”[3]. 2.3.6. Por otra parte, en consideración al grado de importancia de los derechos que se pretenden proteger a través de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que la misma debe presentarse dentro de un término razonable que permita advertir la urgencia manifiesta que tiene el actor en su reclamación. De esta forma, no puede utilizarse este recuso para revivir términos y discusiones en asuntos para los cuales el transcurrir del tiempo no ha consolidado perjuicios de carácter irremediable en los derechos fundamentales del reclamante[4]. 2.3.7. A pesar de lo anterior, esta Corte ha sostenido que la razonabilidad del plazo de interposición debe ser analizado por el juez constitucional en cada caso concreto, pues existen situaciones donde el hecho que genera la afectación continúa desplegando efectos hacía futuro y sigue manteniendo un estado de afectación o vulneración sobre los derechos fundamentales del peticionario. En este sentido, “el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, pues, ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el juez constitucional, una vez analizado el caso particular, pueda proferir un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al afectado, siempre y cuando exista motivo para ello”[5]. 2.3.8. Así las cosas, para el caso particular de las comunidades que son víctimas del desplazamiento por la violencia armada en el país, es necesario explicar que la condición de indefensión y vulnerabilidad en la cual se encuentran permite hacer menos rigurosa la valoración del término razonable, pues se entiende que mientras la condición de desplazamiento siga vigente, el contexto de desprotección y amenaza se mantiene desplegando efectos negativos sobre sus vidas y por ende obstruyendo el avance hacia un estado de verdaderas condiciones de dignidad humana. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que puede admitirse el estudio de fondo de una solicitud que ha dejado transcurrir un tiempo considerable, cuando: (i) se advierte que la afectación es vigente y actual; y (ii) se observa que la exigencia de agotar los recursos ordinarios constituye una carga desproporcionada frente a las condiciones de indefensión y vulnerabilidad en las cuales se encuentra el actor[6]. 2.4. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ESPECIAL SOBRE PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS O RUINOSAS. 2.4.1. La Constitución Política impone al Estado colombiano la obligación de garantizar a todos las personas que habitan en los márgenes del territorio nacional el goce de sus derechos fundamentales y la mayor satisfacción de sus necesidades elementales[7]. Para materializar esta garantía, la administración pública requiere el desarrollo de planes y estrategias coordinadas en diversos sectores, que permitan un crecimiento poblacional sobre las mejores condiciones de vida posibles. 2.4.2. La disponibilidad presupuestal es una pieza importante dentro de este modelo garantista, pues sin los recursos económicos suficientes la administración pública ve limitada su capacidad de cobertura y protección. Circunstancias como estas son las que imponen al Estado la necesidad de priorizar la destinación de los recursos sobre los sectores que requieren mayor atención, con el costo social y económico que representa el descuido de los otros. 2.4.3. En este orden de ideas, cabe resaltar que dentro del marco de Estado Social de Derecho se concibe el valor de la solidaridad como uno de los pilares que ayudan al desarrollo de la vida ciudadana en democracia. Por esta razón, las personas que afrontan situaciones de dificultad, que las ubican en un plano de vulnerabilidad, son considerados en este modelo de Estado como sujetos de especial protección constitucional que requieren de atención oportuna y prioritaria. 2.4.4. De lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha identificado ciertas personas que notoriamente ostentan dicha condición, como lo son: las madres y padres cabeza de familia, los menores de edad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas en condición de discapacidad y aquellos con invalidez. En este mismo sentido, quienes padecen enfermedades mortales y catastróficas también entran dentro de este grupo prioritario, como lo son quienes sufren de VIH o SIDA[8]. 2.4.5. En relación con los últimos en mención, cabe destacar que padecen una enfermedad de la cual se identifican los siguientes elementos básicos: (i) el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ataca las defensas del organismo y las debilita contra la enfermedad, con lo cual lo hace vulnerable a otras afecciones; y (ii) el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida es la etapa más avanzada del proceso que comienza con el VIH[9]; (iii) puede ser transmitido por relación sexual sin protección, por contacto con sangre infectada y de madre en estado de gestación a su hijo. 2.4.6. En relación con lo anterior, cabe mencionar la definición que trae la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, que en términos generales, sostiene que se trata de un virus que mata o daña las células del sistema inmune del cuerpo, cuya etapa más avanzada es el SIDA. Además, señala que no existe cura para esta enfermedad, sino una serie de medicinas que ayudan a combatir el virus, el cáncer y las otras infecciones que atacan el cuerpo[10]. 2.4.7. Lo delicado y sensible de esta enfermedad genera altos costos de tratamiento dentro de los sistemas de salud, razón por la cual, para el caso colombiano[11], el Consejo Nacional de Seguridad en Salud expidió el Acuerdo 245 de 2003, por el que estableció la política de atención para patologías de alto costo como el VIH/SIDA y la insuficiencia renal crónica. Entre los propósitos de este documento, se encuentra evitar la interrupción o suspensión de estos tratamientos en caso de falta de disponibilidad presupuestal, a través de la redistribución de pacientes en los diferentes regímenes sociales que ofrece el Estado[12]. 2.4.8. De igual forma, dicho acuerdo establece la necesidad de construir programas de atención que permitan a estos pacientes obtener el grado más elevado de impacto positivo en los tratamientos que reciben, claro está, dentro del marco de administración eficiente de los recursos que se destinan para este propósito. Así también, señala que el Ministerio de la Protección Social tiene la competencia para evaluar el aseguramiento de aquellos pacientes que queden desafiliados del Sistema General de Seguridad Social, para de esta forma evitar la interrupción en la atención médica. 2.4.9. Así las cosas, el VIH/SIDA constituye una enfermedad que afecta gravemente la salud humana y representa altos costos de tratamiento y atención para el servicio público de salud. Esta circunstancia produce que su problemática deba abordarse desde consideraciones especiales que permitan adoptar medidas para que estos pacientes puedan gozar del mayor grado de satisfacción posible y no vean suspendido su tratamiento ante situaciones drásticas que amenacen con la continuidad del mismo. 2.4.10. Mediante sentencia SU-256 de 1996[13], la Sala Plena de esta Corporación concedió la protección invocada en una acción de tutela interpuesta por un ciudadano representado por la Liga Colombiana de la Lucha contra el Sida. En esta oportunidad, el actor reclamaba el pago de prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia del despido de su lugar de trabajo, por haber sido encontrado como persona infectada con SIDA. En esta sentencia, la Corte expuso las siguientes consideraciones: 2.4.10.1. En primer lugar, sostuvo que frente a los enfermos de VIH/SIDA existe un deber de solidaridad ciudadana, que se entiende como el merecimiento de un trato no discriminatorio y de no competencia por sobrevivir, materializado en el artículo 95 de la Constitución Política. Señaló que toda persona, por el simple hecho de ser humano, tiene derecho a recibir socorro ante un estado de necesidad, a través de acciones humanitarias con medidas de ayuda[14]. 2.4.10.2. En segundo lugar, expuso que los enfermos de VIH/SIDA vienen siendo objeto de discriminación social y laboral, circunstancia frente a la cual el Estado debe reaccionar y tomar medidas, en consideración a dos razones: (i) porque la dignidad humana implica que ningún sujeto de derechos sea discriminado, pues constituye un trato injusto que contraría al Estado de Derecho; y (ii) el derecho a la igualdad impide al Estado el deber de proteger a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. 2.4.10.3. En tercer lugar, aseguró que el grado de civilización de una sociedad tiene como uno de sus factores de medición la manera como ayuda y socorre a los débiles, los enfermos y demás personas que se encuentran en estado de necesidad. En este sentido, recordó que el enfermo de VIH/SIDA es un ser humano titular de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de todos los demás instrumentos internacionales en la materia. 2.4.11. En el marco internacional de los derechos humanos, cabe resaltar la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo sexto período extraordinario de sesiones. En este documento, se establece la necesidad de hacer frente a dicha epidemia, que “por sus dimensiones y consecuencias devastadoras, constituye una emergencia mundial y uno de los desafíos más graves para la vida y la dignidad del ser humano”[15]. De la misma forma, esta Declaración informa que para finales del año 2000, existían 36,1 millones de personas infectadas con el virus en todo el mundo, de las cuales el 90% de ellas se encontraban en países en vía de desarrollo. En este sentido, asegura que la propagación de esta enfermedad constituirá un grave obstáculo para la consecución de los objetivos mundiales de desarrollo que fueron aprobados en la Cumbre del Milenio[16]. - Así también, expresa que los Estados deberán desarrollar programas de prevención de actividades que pongan en riesgo de contagio por el VIH/SIDA, como el comportamiento sexual de alto riesgo y sin protección y el uso de drogas inyectables. Igualmente, deben establecer estrategias “que individualicen y comiencen a enfrentar los factores que hacen particularmente vulnerable a la infección por el VIH, entre ellos el subdesarrollo, la falta de seguridad económica, la pobreza, (…)”[17]. 2.4.12. Así las cosas, la gravedad que representa el virus de inmunodeficiencia humana VIH/SIDA y el impacto que genera sobre las emociones del individuo a raíz de la frustración que surge por el conocimiento de su incurabilidad, hace que esta afección sea considerada como una enfermedad catastrófica, que hace susceptibles a quienes la padecen de recibir una atención y protección especial por parte del Estado. 2.5. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. Reiteración jurisprudencial. Las personas que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la violación de sus Derechos Humanos, tienen derecho al reconocimiento de su condición de víctimas[18], a partir del cual se derivan las siguientes garantías: 2.5.1. El derecho a la verdad. 2.5.1.1. Concepto y alcance. La Corte Constitucional en la Sentencia C – 282 de 2002[19], reiterada en múltiples ocasiones[20], ha señalado que las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. Esta Corporación ha señalado una serie de consecuencias particulares del derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos: (i) La Sentencia C – 370 de 2006 señaló que las víctimas tienen derecho a conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el Estado y a que se prevenga la impunidad[21]. En este sentido, para garantizar el derecho a la verdad se exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos”[22]. (ii) La Sentencia C – 454 de 2006 destacó que el derecho a la verdad incluía: (i) el derecho inalienable a la verdad, (ii) el deber de recordar y (iii) el derecho de las víctimas a saber. (iii) La Sentencia C – 1033 de 2006[23] destacó que el derecho a la verdad exige que se utilicen mecanismos para “buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. (iv) La Sentencia T – 576 de 2008[24] reconoció que el derecho a la verdad es la garantía de conocer de manera exhaustiva y completa los hechos ocurridos, determinar las circunstancias específicas y los responsables de las mismas, incluidas las condiciones bajo las cuales tuvieron lugar las vulneraciones y los motivos que incidieron en producirlas. (v) La Sentencia C – 936 de 2010[25] señaló que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. (vi) La Sentencia C – 579 de 2013[26] destacó la obligación del Estado Colombiano de revelar todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 2.5.1.2. Consecuencias y reglas para su interpretación. El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[27], y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte[28]. En este sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima[29]. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los Derechos Humanos[30] y comporta a su vez: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii) el derecho de las víctimas: “El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.”[31] Las Sentencias C-715 de 2012[32], C-099 de 2013[33] y C-579 de 2013[34] han señalado los siguientes criterios para el análisis del derecho a la verdad: (i) El derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los numerales 1 a 4 de los Principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al buen nombre y a la imagen. (ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de Derechos Humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido. (iii) Este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una colectiva. (iv) La dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los Derechos Humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. (v) La dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de Derechos Humanos. (vi) El derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo tiempo; (vii) Con la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. (viii) Este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción. (ix) De otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación. (x) Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de sus seres queridos y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[35]. (xi) Finalmente, en cuanto al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados”. 2.5.2. Derecho a la justicia. 2.5.2.1. Concepto y alcance. El derecho a la justicia, implica en igual sentido el acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, pues éste consiste en el derecho a que se haga justicia en el caso concreto y a que no haya impunidad[36]. En ese orden, implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación.[37] 2.5.2.2. Consecuencias y reglas para su interpretación. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así[38]: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. En este sentido la Sentencia C-871 de 2003[39] señaló que las víctimas tienen derecho no sólo a que se las repare económicamente sino también a conocer la verdad y a que se haga justicia. Compete al Estado el deber correlativo de investigar con seriedad y eficiencia los hechos punibles, obligación que para la jurisprudencia es más intensa cuanto más daño social ha ocasionado el comportamiento delictivo. Este deber investigativo tampoco es absoluto, pues so pretexto de su ejercicio no puede afectarse la seguridad jurídica y los derechos del procesado, los cuales tienen también consagración constitucional[40]. Por su parte, la Sentencia C-454 de 2006[41] estableció que este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al acceso a un proceso penal[42] dentro del cual se pueda participar[43], por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en "que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas"[44]. En relación concreta con el derecho al acceso a la justicia, el documento “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones” aprobado mediante la Resolución 60/147 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, señala que la víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos o de una violación grave del Derecho Internacional Humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, para lo cual los Estados deberán: “a ) Dar a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario; b ) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas; c ) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia; d ) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o por violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario”. La Corte Constitucional ha establecido las siguientes reglas para salvaguardar el derecho a la justicia: (i) prevenir las graves violaciones de DD.HH., (ii) luchar contra la impunidad, (iii) establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia, (iv) investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos, (v) respetar el debido proceso, (vi) establecer plazos razonables para los procesos judiciales, (vii) iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los DD.HH., (viii) velar porque los mecanismos judiciales internos no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad, (ix) establecer limitantes frente a figuras como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, (x) determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición, (xi) la legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de los DD.HH. y del D.I.H. para hacerse parte civil dentro de los procesos penales, (xii) La participación de las víctimas dentro del proceso penal, (xiii) la garantía del derecho a la justicia garantiza así mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas[45]. 2.5.3. Derecho a la reparación. 2.5.3.1. Concepto y características. El derecho de reparación, conforme al Derecho Internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.[46] La obligación de reparar también es un deber específico que se deriva de la obligación general de garantía, pues una vez se ha cometido una violación a los Derechos Humanos, la única forma de garantizar de nuevo su goce es a través de su reparación integral, si es posible, y de su debida indemnización[47]. La Corte IDH, en desarrollo del artículo 63.1 de la Convención Americana, ha establecido que es un principio del Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.[48] Así mismo, ha afirmado que como parte del deber de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, investigar con el fin de identificar a los responsables, de imponer sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.[49] En el mismo sentido, lo ha establecido el Sistema Universal de los Derechos Humanos, en el cual a través del Comité de Derechos Humanos, ha reconocido que el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, requiere que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. Ante lo cual estableció que “Si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. Además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el párrafo 6 del artículo 14 el Comité considera que el Pacto entraña por lo general una indemnización adecuada”. El Comité señaló que, cuando procede, la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y las prácticas pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de Derechos Humanos[50]. También, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que una reparación adecuada, efectiva y rápida, tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario: “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario)”[51]. La Corte Constitucional, señaló en la Sentencia C-370 de 2006[52] que, dentro de este contexto, la reparación: i) incluye todas las acciones necesarias y conducentes a hacer desaparecer, en la medida en que ello sea posible, los efectos del delito; ii) al igual que el concepto de víctima, tiene una dimensión tanto individual como colectiva; iii) no se agota en su perspectiva puramente económica, sino que tiene diversas manifestaciones tanto materiales como simbólicas; iv) es una responsabilidad que atañe principalmente a los perpetradores de los delitos que dan lugar a ella, pero también al Estado, particularmente en lo relacionado con algunos de sus componentes[53]. La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación[54]. 2.5.3.2. Características y elementos de la reparación. Los parámetros fijados por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, señalan que la reparación debe ser justa, suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido[55]. La jurisprudencia...