Sentencia T-117 de 2022

T-117-22 Sentencia T-117/22 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA-Vulneración del debido proceso por defecto fáctico en la valoración probatoria (…), (la autoridad judicial) no podía descalificar la prueba obrante en el CD por falta de autenticidad e integralidad, cuando fue aportada al proceso de manera legal y oportuna. Adicionalmente, el juez debe tener en cuenta la posibilidad de adoptar un papel efectivo para logar la igualdad material dentro del proceso judicial, lo que implica la flexibilización de las reglas probatorias en los procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, particularmente, en los procesos de reparación directa, sobre todo cuando se encuentra ante un escenario de sujetos de especial protección constitucional como lo son las víctimas de conflicto armado. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Inexistencia en este caso DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Contenido y alcance (…) la jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido proceso involucra un conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio (…) igualmente se entiende que el derecho al debido proceso guarda estrecha relación con el derecho a la prueba, y ante un desconocimiento de este, existe una transgresión que puede alegarse a través de la acción de tutela, bien sea por omisión del examen probatorio, por ignorancia de alguna de las pruebas allegadas, o por la negación a alguna parte del derecho a la prueba (…) DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia (…) el defecto material o sustantivo se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto (…) DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia (…), la Corte Constitucional ha resaltado que, en virtud de un tratamiento igualitario para el acceso a la justicia, el juez tiene como deber el acoger las decisiones que se profieran por los órganos de cierre cuando de ellas se consolide un precedente o también, de decisiones suyas en casos iguales (…) DEFECTO FACTICO-Configuración (…) el defecto fáctico se presenta cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (…) DEFECTO FACTICO-Dimensión positiva por indebida apreciación probatoria ESTANDARES PROBATORIOS APLICABLES A GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Flexibilización de reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional (…) en los procesos llevados a la jurisdicción contencioso administrativo donde se discuten graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el juez podrá distribuir la carga probatoria teniendo en cuenta la situación más favorable que da la posibilidad a alguna de las partes de aportar las evidencias de un hecho o esclarecerlo; en consecuencia, y en atención al estado de vulnerabilidad y de especial protección constitucional, no puede exigirse a víctimas del conflicto armado allegar un material probatorio rígido que no deje duda de los hechos que dieron lugar a la vulneración que alegan; por ello, y en aras de alcanzar una justicia material, el juez deberá acudir a criterios flexibles para la reconstrucción de la verdad y activar las investigaciones, para lo cual puede solicitar pruebas de manera oficiosa (…) VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos de especial protección constitucional DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa por no decretar y practicar pruebas de oficio (…), ante la discusión de una grave violación de derechos humanos como lo es el desplazamiento forzado, y las dudas sobre la información de las pruebas acopiadas, además, en aras de lograr una justicia material y el esclarecimiento de los hechos, el juez debía aplicar la flexibilización de la carga probatoria en el proceso de reparación directa, y distribuirla conforme a la situación de las partes. ESTANDARES PROBATORIOS APLICABLES A GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Reglas jurisprudenciales (…), los jueces deben hacer uso de (i) las facultades oficiosas de práctica de pruebas en un determinado proceso; (ii) la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba; y, (iii) la flexibilización de los estándares probatorios en escenarios donde se discute la responsabilidad del Estado. Referencia: Expediente T-8.328.617 Acción de tutela formulada por Harold Cabeza Reyes y otros[1] contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. Magistrada Ponente (E): KARENA CASELLES HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., Veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Karena Caselles Hernández -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la presente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela expedido por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, en primera instancia, y por la Sección Tercera - Subsección C del Consejo de Estado, en segunda instancia, surtidos en el trámite de la acción de tutela promovida por Héctor Cabeza Reyes y otros, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Tutelas Número Diez, mediante auto proferido el 29 de octubre de 2021, seleccionó el proceso para su revisión, indicando como criterios orientadores de selección la urgencia de proteger un derecho fundamental y la necesidad de materializar un enfoque diferencial (criterios subjetivos). De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a resolver el asunto en revisión, con fundamento en los siguientes: I. ANTECEDENTES A través de apoderado judicial, el señor Harold Reyes Cabeza y otros, residentes del municipio de San Jacinto - Bolívar, promovieron acción de tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y al de defensa. A continuación, se relatan los hechos que sustentan la solicitud de amparo, de la misma forma en que son relacionados por el accionante en el escrito de tutela: 1. Hechos 1. Harold Reyes Cabeza y otros[2] promovieron el medio de control de reparación directa contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Municipio de San Jacinto (Bolívar)[3]. En dicho proceso solicitaron la reparación integral por los daños causados con ocasión del desplazamiento forzado del que fueron víctimas en el año 1999 en el corregimiento Las Palmas, del municipio de San Jacinto (Bolívar). Lo anterior, por la presunta falla del servicio en que incurrió la Fuerza Pública, debido a que las autoridades no atendieron a sus llamados tras las amenazas y los hechos de violencia perpetrados por grupos subversivos en la plaza pública en contra de habitantes del sector. 2. La demanda fue conocida por el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, el cual, dentro del trámite de la Audiencia Inicial, contemplada en el artículo 180 del CPACA, celebrada el 23 de agosto de 2016, decretó, entre otros, oficiar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- y al DPS, “para que certifique si las demandantes (cada unidad familiar) están inscritos en la base de datos como población desplazada, del corregimiento LAS PALMAS del municipio de San Jacinto – Bolívar.”[4] 3. Ante la falta de respuesta de la entidad, el 3 de noviembre de 2016, el despacho mencionado decidió requerir a la UARIV, la cual, mediante oficio del 7 de marzo de 2017, dio respuesta y allegó un “CD el cual contiene la información del hecho victimizante, fecha de la afectación y ayudas entregadas por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, respecto de las personas relacionadas en el oficio del asunto.”[5] Frente a esta prueba, las partes intervinientes en el proceso de reparación directa no hicieron pronunciamiento alguno. 4. Mediante providencia del 21 de junio de 2017[6], el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena negó las pretensiones formuladas al considerar que no se demostró la condición de desplazados forzados de los demandantes. En este sentido, el juez parte por resaltar que la calidad de desplazados es una situación fáctica y no una calidad jurídica. Por ello era necesario “demostrar el arraigo y el hecho de que efectivamente se tenía como domicilio el lugar en el que se materializó el desplazamiento”[7]. Posteriormente señaló que, en el caso bajo examen, las pruebas documentales y testimoniales no dan cuenta de tal calidad y, por lo tanto, no realizó el estudio sobre los elementos de la responsabilidad estatal. 5. Como consecuencia de lo anterior, estimó que la parte demandante no cumplió con su deber de acreditar la calidad de víctimas, teniendo los medios probatorios a su disposición. Por ello sostuvo que no se podía demostrar la situación de desplazamiento forzado alegada y tampoco era posible atribuir alguna responsabilidad en cabeza del Estado. 6. Apelada la decisión, mediante sentencia del 24 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó lo resuelto, argumentando que, aunque se demostró la situación de violencia en el municipio de San Jacinto, no se probó que los desplazados forzados fueran los demandantes y que estos, a su vez, residieran en el municipio en el momento de la ocurrencia de los hechos. Concluyó que los elementos aportados “resultan insuficientes para acreditar la existencia del daño consistente en el desplazamiento sufrido por los demandantes en estos procesos (…) no obra prueba alguna que permita tener certeza respecto de que los aquí demandantes fueron coaccionados a abandonar la zona, tampoco se conoce si para entonces, julio y septiembre de 1999, la habitaban”.[8] 7. Resalta el Tribunal que: “No se discute en el plenario que efectivamente estos hechos victimizantes hayan sucedido en esa población para los momentos que se narran por los testigos (…) pero no por ese solo motivo puede tenerse como acreditado que los demandantes fueron víctimas de estos hechos, pues ello no se extrae de lo narrado.”[9] 8. En conclusión, dicha instancia determinó que no se encontraba probada la existencia de un daño antijurídico que ameritara el estudio de responsabilidad del Estado toda vez que los demandantes no acreditaron la calidad de víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. La primera acción de tutela 9. En virtud de lo anterior, los demandantes promovieron una primera acción de tutela[10] contra la providencia dictada por el Tribunal, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia. Alegaron la configuración de un defecto fáctico y de desconocimiento de precedente, dado que “se dejaron de valorar medios probatorios que fueron debidamente incorporados al plenario, dentro de la oportunidad legal (…)”. Particularmente, aludieron que no se tuvo en cuenta una prueba en CD enviada a través del oficio 20175200015083 por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV. Indicaron que en ese CD también obran constancias de giros y pagos por parte del Gobierno por su condición de desplazados[11]. 10. Con fallo proferido el 14 de noviembre de 2019[12], la Sección Quinta del Consejo de Estado concedió el amparo pedido. Dicha corporación resaltó que los accionantes manifestaron el desconocimiento del precedente, particularmente por la Sentencia del 14 de julio de 2016 del Consejo de Estado en el proceso bajo radicado 2005-02702-01, en la cual se precisó el deber de las autoridades judiciales de efectuar una valoración probatoria garantista cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, del estudio efectuado determinó que no se señalaron cuáles eran las pruebas que el juez debió analizar de manera amplia. 11. Pese a lo anterior, el Consejo de Estado identificó que no se valoró el CD aportado por la UARIV que, en su consideración, puede “impactar en la situación particular” de cada uno de los accionantes. Por consiguiente, ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una sentencia de reemplazo con el fin de que fuera valorada la prueba aportada por la UARIV. 12. El 30 de enero de 2020[13], el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió una nueva sentencia ordinaria dentro del proceso de reparación directa, en la que confirmó la decisión de negar las pretensiones de los demandantes. Consideró que el CD aportado no cumplía con los presupuestos de integralidad y autenticidad para su valoración. 13. En el análisis del caso en concreto realizado en la providencia, el Tribunal relacionó las pruebas aportadas al proceso entre las cuales se encuentran un informe de asesinatos cometidos en el corregimiento de las Palmas, rendido por el Secretario del Interior de San Jacinto, certificaciones de la Personería de San Jacinto indicando nombres de personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado, testimonio sobre amenazas y homicidios perpetrados los días 25 de junio y 27 de septiembre de 1999 en San Jacinto, y aludió también a una prueba electrónica consistente en un CD allegado por la UARIV.[14] 14. La autoridad judicial afirmó que el CD “no cuenta con los atributos necesarios para tenerlo como prueba que ofrezca certeza para la sala respecto de la condición de desplazamiento de los demandantes.”[15] Adicionalmente, argumentó: “obsérvese que el documento no conserva una integridad por cuanto como ya se señaló no se encuentra encriptado, lo que no permite a esta Sala contar con la seguridad que su contenido no ha sido modificado o alterado por terceras personas, lo cual va ligado a la falta de autenticidad del mismo. Adicionalmente, los datos contenidos en el CD no tienen confidencialidad por cuanto no han sido cifrados con una clave para que no toda persona tenga acceso al mismo (…) el documento electrónico aportado no da certeza de los hechos narrados, en tanto carece de integridad, autenticidad, así como su contenido no es fiable.”[16] En relación con lo anterior, esta autoridad judicial también concluyó que no se demostró que los demandantes hubiesen sido víctimas de amenazas y que fueron desplazados “pues no aportaron certificaciones de la Unidad para la Atención a las Víctimas que así lo acredite (…) y el contenido del CD aportado contiene datos alterados, incompletos y faltos de coherencia como se dejó ya visto.”[17] 15. La parte demandante presentó una solicitud de aclaración y adición de la Sentencia, la cual fue resuelta de manera desfavorable por el Tribunal[18]. El despacho consideró que no existían verdaderos motivos de duda en la providencia emitida. Concluyó que no se encuentran incongruencias que dieran lugar a aclaraciones. La acción de tutela bajo revisión 16. Con ocasión de la nueva sentencia de reemplazo emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, los accionantes promovieron una nueva acción de tutela, que actualmente se estudia. Alegaron la configuración de tres defectos a saber: sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente. Para ellos, el CD aportado por la UARIV sí demostraba la calidad de víctimas de desplazamiento forzado de todos los demandantes en el proceso de reparación directa. 17. La solicitud de amparo fue conocida por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, el cual la admitió a través del Auto del 19 de noviembre de 2020[19] y dispuso correr traslado de la solicitud de amparo constitucional a la parte accionada para que se pronunciara sobre los hechos de la demanda y, en este sentido, ejerciera su derecho de defensa. 2. Fundamentos de la acción de tutela 18. La parte accionante alega que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en los siguientes defectos: · Defecto sustantivo, al estimar que el juez desconoce los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política. Sin embargo, no explica su incidencia en las vulneraciones alegadas. Adicionalmente, señala la contravención del artículo 164 del Código General del Proceso, sobre el cual resalta que la sentencia cuestionada desconoce “el valor probatorio de los documentos allegados oportunamente al proceso, lo cual incide de manera directa en los fundamentos de la decisión de fondo, lo cual viene enmarcado en una falsa motivación (…)”[20]. · Defecto fáctico, pues el Tribunal no valoró en debida forma la prueba decretada que fue aportada por la UARIV, la cual demostraba la calidad de víctimas de desplazamiento forzado. En efecto, la UARIV entregó un CD con la información de “hechos victimizantes, fecha de afectación y ayudas entregadas por parte de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, respecto de las personas relacionadas en el oficio del asunto…”[21] · Desconocimiento del precedente. Sobre este punto resalta que el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que la prueba contenida en el CD carecía de autenticidad e integralidad. Además, refiere que la prueba está bajo la custodia del Juzgado Octavo Administrativo de Bolívar, y no fue tachada u objetada por la parte demandada, por lo cual goza de plena validez. En este sentido, estimó que, de acuerdo con el precedente de la Corte Suprema de Justicia[22], en el caso de documentos electrónicos se debía valorar también la inalterabilidad, la rastreabilidad -el hecho de poder acudir a la fuente original-, y la recuperabilidad. 19. En virtud de lo anterior, Harold Cabeza Reyes y otros, solicitaron: “PRIMERO: QUE SE NOS AMPAREN los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, derecho al acceso a la administración de justicia, al precedente jurisprudencial, al derecho de la reparación integral (…) los cuales nos fueron vulnerados en la sentencia que se tutela, por cuanto esta desconoció el fallo de la acción de tutela del consejo de estado, que ordenó dejar sin efecto la sentencia del 14 de junio de 2019, por haber dejado de valorar la prueba documental, que se encuentra en cd (…) SEGUNDO: QUE SE ORDENE REVOCAR LA SENTENCIA del 30 de enero de 2020, notificada el 14 de febrero de 2020, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, sala de Decisión N° 1, proferida en segunda instancia, dentro del proceso de medio de control de Reparación Directa, bajo radicado bajo número 13-001-33-33-008-2015-00102-00, demandantes RUDY DAVID CABEZA REYES Y OTROS. TERCERO: En consecuencia, se ORDENE a la Sala Primera de decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar (…) emitir un fallo con el contenido del CD en referencia, y de los demás documentos remitidos por la unidad de víctimas que obran dentro del expediente, solicitados, ordenados e incorporados al proceso. (…)”[23]. 3. Traslado y contestaciones 20. El Tribunal Administrativo de Bolívar[24] explicó que la decisión que adoptó como juez de segunda instancia en el trámite de reparación directa, obedeció a que “la parte demandante no acreditó el daño alegado por ser víctimas de desplazamiento forzado del corregimiento Las Palmas del Municipio de San Jacinto (Bolívar) para las fechas señaladas en la demanda”. Añadió que, con respecto a la prueba cuestionada -correspondiente a un CD visible a folio 749 del expediente-, no contaba con clave de seguridad que protegiera su alteración. Por consiguiente, dicha prueba electrónica no guardaba la integralidad, autenticidad y confidencialidad. Finalmente solicitó que se negara la solicitud de amparo. 21. El Ministerio de Defensa Nacional manifestó que i) no se cumplió con el requisito de inmediatez, y la parte accionante no justificó la demora en promover la acción de tutela; ii) se discuten asuntos que ya fueron objeto de estudio en el proceso de reparación directa; y iii) no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales. Igualmente, explicó que no se cumplió con la carga probatoria requerida en el curso de los mecanismos ordinarios al alcance de los demandantes. Por consiguiente, solicitó que se negara la acción de tutela interpuesta. 22. La Policía Nacional[25] resaltó que las pretensiones de los demandantes fueron desvirtuadas por la autoridad judicial dado que no fue posible acreditar su inscripción en el registro de víctimas del desplazamiento forzado. Además, indicó que los demandantes nunca elevaron alguna solicitud de protección ante la entidad relacionada con la situación de desplazamiento que dicen haber sufrido. Por consiguiente, solicitó que las pretensiones incoadas no fueran acogidas dado que no existió violación alguna de derechos fundamentales. 23. El municipio de San Jacinto – Bolívar, vinculado en el trámite de tutela, vencido el término para pronunciarse, guardó silencio. 6. Decisiones judiciales objeto de revisión a. Decisión de primera instancia[26] 24. Mediante sentencia del 29 de enero de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante. Consideró que el Tribunal Administrativo de Bolívar determinó la falta de integridad y autenticidad de la prueba electrónica sin fundamento. 25. De conformidad con el juez de instancia, la prueba fue emitida por la UARIV, razón por la que se conoce su emisor. Además, iba dirigida al Tribunal, por lo que es claro el destinatario. Finalmente, fue entregado directamente al despacho, por lo que no pudo ser alterada por terceros. 26. Asimismo, indicó que cuando se abordan graves violaciones de derechos humanos, como ocurre en el caso del desplazamiento forzado, la valoración de las pruebas debe ser más flexible “en consideración a las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas de este tipo de hechos”[27]. 27. Como consecuencia de lo anterior, la Sección determinó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al no realizar una valoración integral de las pruebas contenidas en el expediente. Así las cosas, resolvió dejar sin efectos la sentencia de reemplazo y ordenar a la autoridad judicial a emitir una nueva providencia en donde la valoración probatoria considere los datos consignados en el CD visible a folio 749 del expediente. b. Impugnación presentada por la Policía Nacional[28] 28. La Policía Nacional consideró que el juez constitucional no tuvo en cuenta los argumentos presentados en la contestación de la acción de tutela. Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar llegó a la conclusión de que los demandantes no acreditaron la calidad de víctimas de desplazamiento forzado al analizar, no solo la información contenida en el CD, sino también otras pruebas, como las testimoniales. Asimismo, resaltó que los demandantes no pusieron en conocimiento de la entidad solicitud de protección o información sobre amenazas recibidas. Señaló que la acción de tutela no puede fungir como una tercera instancia y los demandantes ya contaron con la oportunidad procesal para ventilar las pretensiones. Por lo expuesto, la entidad solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la acción de tutela. 6. Decisión de segunda instancia 29. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 14 de mayo de 2021[29], revocó la sentencia recurrida al considerar que los demandantes cuentan con el incidente de desacato como mecanismo de defensa judicial para cuestionar la decisión de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Al respecto resaltó que: “Como los accionantes reprochan que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar desconoció la orden dada en la sentencia de tutela del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta y confirmada el 19 de febrero de 2020, por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, dentro del proceso rad. nº. 11001-03-15-000-2019-03865-01, tienen a su disposición el incidente de desacato establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 (…)”[30] En virtud de lo anterior, declaró improcedente la solicitud de amparo. 7. Pruebas que obran en el expediente 30. En el expediente se encuentran relacionados como prueba, las copias de los siguientes documentos: a) Sentencia de primera instancia proferida el 21 de junio de 2017 por el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, en el marco del proceso de reparación directa. b) Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 14 de junio de 2019, en el marco del proceso de reparación directa. c) Escrito de la primera acción de tutela, instaurada contra la sentencia del 14 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. d) Fallo de tutela del 14 de noviembre de 2019, proferido en primera instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado. e) Petición del 10 de enero de 2020, elevada por los demandantes ante la UARIV, donde solicitan entrega de la información al Tribunal sobre las personas incorporadas al Registro Único de Víctimas, y descripción de las personas beneficiadas por indemnización o ayuda humanitaria. f) Sentencia de reemplazo, proferida el 30 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. g) Auto del 6 de marzo de 2020 por medio del cual, el Tribunal Administrativo de Bolívar niega la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de fecha 30 de enero de 2020. h) Escrito de la segunda acción de tutela, instaurada contra la sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. i) Copia del archivo de Excel “24741_ARCHIVOBASE” aportado mediante CD por la UARIV en el trámite de reparación directa. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 31. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia, proferidos respecto a la acción de tutela promovida por Harold Cabeza Reyes y otros, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 32. De manera previa a exponer el planteamiento del caso, se procede a analizar la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad formal de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 33. La Constitución Política en su artículo 86 consagró la acción de tutela como el mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, en los casos en que resulten amenazados o transgredidos por la acción u omisión de cualquier autoridad. En virtud de lo anterior, los jueces, como autoridades, también pueden ser objeto de la acción de tutela. 34. En principio, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 contemplaban la posibilidad de controlar las decisiones judiciales por vía de tutela, en el caso en que amenacen o vulneren las garantías fundamentales. No obstante, a través de la Sentencia C-543 de 1992 declaró su inexequibilidad al considerar que esto transgredía la autonomía y la independencia judicial. Adicionalmente, contempló situaciones excepcionales para cuestionar las decisiones judiciales a través de la acción de tutela, casos en los cuales la autoridad actúa a través de vías de hecho, teoría que ha sido desarrollada y replanteada por la jurisprudencia constitucional. 35. Esta procedencia es excepcional “primero, por respeto al principio de seguridad jurídica (derivado del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Constitución), el cual exige respetar la estabilidad de los fallos de los jueces. Segundo, porque las providencias judiciales están amparadas por la independencia funcional de las autoridades que las emiten (artículo 228 de la Constitución). Y tercero, por cuanto los procesos ordinarios son en sí mismos escenarios de protección de los derechos de las personas”[31]. 36. En consecuencia, la Corte ha diferenciado los requisitos para que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales[32]. En efecto, para que la acción de tutela sea formalmente procedente, se exige que, concurran seis causales genéricas, es decir, todas ellas, mientras que, para su procedibilidad material, se requiere que se presente al menos una de las denominadas causales específicas. A continuación, se examina la concurrencia de las seis causales generales. 37. Ahora bien, en atención a que en el asunto bajo revisión se cuestiona la indebida valoración probatoria en el marco de un proceso de reparación directa, y que particularmente guarda relación con acreditar la calidad de víctimas del conflicto armado, la Sala estima necesario abordar las reglas probatorias en un proceso judicial de responsabilidad del Estado, donde se pretende acreditar las condiciones que ponen a la demandante en condición de víctima del conflicto armado interno. 2.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales 38. De acuerdo con la Sentencia C-590 de 2005, se deben superar unas condiciones procesales para que la acción de tutela sea procedente contra una providencia judicial. En el caso bajo estudio se satisfacen por las siguientes razones: 39. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En efecto, este caso cuestiona la presunta transgresión de los derechos fundamentales de los accionantes de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y de defensa, derechos que se encuentran en tensión con una decisión adoptada por una autoridad judicial, de ahí que sea necesaria la intervención del juez constitucional. 40. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada. Lo anterior en relación con el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, en la medida en que no puede comportarse como una instancia adicional para las partes. 41. Sobre este punto, vale señalar que el juez de tutela en segunda instancia advirtió que los accionantes ya habían acudido a este mecanismo de amparo para cuestionar la decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el marco de un proceso de reparación directa. Al respecto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que los interesados podían acudir al incidente de desacato como mecanismo idóneo de defensa judicial. 42. Acerca del incidente de desacato, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su principal propósito es lograr el cumplimiento de un fallo de tutela que no se ha ejecutado, además, está acompañado de la imposición de sanciones al no acatar las órdenes de la sentencia. En la Sentencia SU-034 de 2018[33] se indicó que “no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya [sic] objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados”. 43. Para determinar la idoneidad del incidente de desacato en el asunto que se estudia, vale señalar cuáles las pretensiones y las órdenes proferidas en ambas acciones de tutela. Así las cosas, por un lado, en el fallo de la primera tutela lo que se ordenó fue valorar la prueba contenida en el CD que allegó la UARIV pues no había sido tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo de Bolívar, orden que fue atacada y resultó en una nueva sentencia de reemplazo. Por otro lado, lo que los accionantes alegan en la acción de tutela bajo revisión, es que esa misma prueba sea valorada en debida forma, por consiguiente, el incidente de desacato pierde su idoneidad y, en consecuencia, se entendería superado el requisito que se analiza. 44. Ahora bien, aun cuando no fue visibilizado por los jueces de instancia, la Sala considera necesario hacer claridad ante una aparente cosa juzgada. Dicho fenómeno pretende hacer que las decisiones adoptadas en una providencia sean inmutables, vinculantes y definitivas, de tal modo que se da por terminado una discusión procesal. Además, “busca asegurar que las controversias que ya han sido decididas por las autoridades judiciales competentes no sean reabiertas, y garantiza la seguridad jurídica de los fallos judiciales”. Es en este escenario en donde, en caso de existir cosa juzgada constitucional, no es posible acudir a la acción de tutela para discutir asuntos que ya fueron objeto de estudio y de los cuales ya se ha adoptado una decisión. 45. Por lo anterior, tanto el legislador[34] como la jurisprudencia[35] constitucional han enfatizado que deben concurrir determinados elementos para que se configure la cosa juzgada constitucional: i) identidad de partes, ii) identidad de objeto; y también iii) identidad de causa petendi[36]. 46. En el caso bajo estudio existe identidad de partes. Los accionantes de la tutela que se revisa son los mismos de la primera acción constitucional en que se cuestionó la decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el marco de un proceso de reparación directa en el que actuaron como demandantes. 47. No existe identidad de objeto. En efecto, hay una diferencia considerable en el cuestionamiento que se realiza a la primera sentencia proferida en el escenario de reparación directa, y la sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Así en este asunto no existe la misma pretensión sobre la cual se podría predicar la cosa juzgada. En la primera acción de tutela promovida se solicitó la valoración de la información contenida en un CD por la UARIV dado que no fue tenida en cuenta por el Tribunal, es decir, dentro del análisis realizado a las pruebas del expediente, no existió referencia alguna a dicha prueba. No obstante, en el caso que se examina se alega que la sentencia de reemplazo sí valoró la prueba de manera, pero lo hizo de forma inadecuada y sin tener en cuenta un enfoque interseccional, lo que a la postre ocasiona la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes y los defectos que se le imputan a la determinación, de allí que esto escapa de la controversia de la primera tutela. Por consiguiente, el objeto de cada una de las acciones instauradas es distinto. 48. En relación con lo anterior, tampoco existe identidad de causa petendi. Los hechos que sustentan la solicitud de amparo y la decisión cuestionada, son distintos. Así las cosas, la primera acción de tutela cuestionó el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco del proceso de reparación directa donde los accionantes fungen como demandantes. En cambio, la tutela objeto de revisión demanda la sentencia que se profirió con ocasión de la orden de la primera acción de tutela. Es decir, la sentencia de reemplazo. En consecuencia, los fundamentos en los que se sustentan cada una de las tutelas promovidas, son diferentes. 49. En consecuencia, no existe cosa juzgada constitucional pues se está atacando una providencia judicial sobre la cual no se ha efectuado estudio alguno en el escenario de la acción de tutela. Por lo tanto, el incidente de desacato no es el mecanismo judicial idóneo pues la orden de la primera acción de tutela fue acatada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir una nueva sentencia en la que valorara la prueba contenida en un CD, es decir, se cumplió con la orden dada. No obstante, para la parte accionante dicha providencia, aun cuando valoró el CD, no lo hizo en debida forma, razón que motivó la nueva solicitud de amparo. 50. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Al respecto, la acción de tutela se promovió en un término razonable y proporcionado. Es así por cuanto la última actuación, esto es, la notificación del Auto que resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia, se dio el 7 de octubre de 2020, y la acción constitucional se presentó el 12 de noviembre de 2020. 51. Adicionalmente, en caso de que el sustento de la reclamación sobre la existencia de una irregularidad procesal se debe analizar si ésta tiene incidencia directa en la sentencia, y que tal situación amenace o transgreda los derechos fundamentales. Este aspecto también aplica al caso que se revisa pues, la valoración adecuada de la información contenida en el CD podría incidir en el reconocimiento -o no- de los accionantes como víctimas de desplazamiento forzado, situación que podría tener la capacidad de alterar el sentido de la decisión o incidir en la misma. 52. De igual forma, la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Quedó claro cuál era la situación por la que consideran transgredidos sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y de defensa. 53. Que la sentencia atacada no se trate de sentencias de tutela. Lo que se cuestiona es la Sentencia de reemplazo proferida del 30 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, actuando como juez de segunda instancia en el proceso de reparación directa promovido por Harold Cabeza Reyes y otros contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Municipio de San Jacinto (Bolívar). En conclusión, se trata de una providencia emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa. 54. En esa medida, la Sala Novena concluye que se satisfacen los requisitos de procedibilidad formal de la acción de tutela objeto de revisión. 3. Presentación del caso y planteamiento de los problemas jurídicos 55. Los accionantes demandaron a través del medio de control de reparación directa al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Policía Nacional y el Municipio de San Jacinto (Bolívar) y pidieron la reparación integral por los daños que les fueron causados con ocasión al desplazamiento forzado del que fueron víctimas en el año 1999 en el corregimiento Las Palmas, del municipio de San Jacinto (Bolívar). Señalaron que la Fuerza Pública incurrió en una falla del servicio, debido a que no atendieron a sus llamados tras las amenazas y los hechos de violencia perpetrados por grupos subversivos en la plaza pública en contra de habitantes del sector y que originaron su desplazamiento forzado. Tanto el juzgado de conocimiento de primera instancia, como el Tribunal Administrativo de Bolívar negaron sus pretensiones, afirmando que no lograron demostrar su condición de desplazados y directamente afectados con los hechos ocurridos en San Jacinto Bolívar. 56. En consecuencia, los accionantes presentaron una primera acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que la decisión adoptada en segunda instancia, incurría en un defecto fáctico y desconocimiento del precedente. Al respecto indicaron que existían pruebas que permitían probar su condición como víctimas de desplazamiento forzado. Señalaron el deber del juez de realizar una valoración probatoria garantista, en consideración a que se trataba de una grave violación de derechos humanos. 57. La Sección Quinta del Consejo de Estado al resolver la acción de tutela, concedió el amparo -juez de tutela-, por considerar que el juez contencioso no valoró la prueba aportada en CD por la UARIV, la cual consideró podría incidir en la decisión a adoptar. Como consecuencia, ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar emitir una nueva sentencia -de reemplazo- en la que efectuara una valoración del CD. 58. En cumplimiento de dicha orden, que no fue impugnada, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió una nueva decisión, en la que mantuvo la negativa de acceder a las pretensiones y que es objeto de cuestionamiento en esta acción de tutela bajo revisión. Para los accionantes, dicha providencia incurre en un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, que vulneran sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y de defensa que se origina en una valoración equivocada de las pruebas allegadas al expediente y, particularmente del CD aportado por la UARIV que, según refieren, dan cuenta de la calidad de su condición de víctimas del conflicto armado, originada en los hechos que dieron origen a la demanda contenciosa administrativa. 59. Como quiera que el análisis de procedibilidad se encuentra superado, de acuerdo con lo explicado en los párrafos 35 a 49 corresponde ahora resolver el asunto de fondo. 60. Ahora bien, de la situación fáctica reseñada, observa la Sala que a pesar de que la parte accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y al de defensa, en síntesis, la controversia gira en torno a la presunta vulneración al debido proceso, por lo que el análisis del asunto se limitará a este último. Problemas jurídicos 61. Corresponde a esta Sala establecer si ¿la sentencia proferida el 30 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por incurrir en un defecto sustantivo al inaplicar el artículo 164 del Código General del Proceso en virtud del cual, las decisiones judiciales deben adoptarse con fundamento en las pruebas allegadas de manera regular y oportuna? 62. También, resolverá si ¿la sentencia proferida el 30 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por incurrir en un defecto fáctico, al valorar indebidamente la información contenida en un disco compacto, que incorporaba la relación de los accionantes como víctimas de desplazamiento forzado, y al determinar su carencia de integridad y autenticidad? - 63. Finalmente, deberá definir si ¿la sentencia proferida el 30 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por desconocer el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia del 16 de diciembre de 2010, referente a los requisitos de valoración de documentos electrónicos? 64. Para dar solución a cada uno de los problemas planteados, la Sala expondrá i) el contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso; ii) los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iii) las víctimas de desplazamiento forzado y su calidad de sujetos de especial protección constitucional. Finalmente, pasará a resolver el caso concreto. 4. El contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso. Reiteración jurisprudencia. 65. En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debido proceso es definido como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial”[37]. 66. En consonancia con lo anterior, el debido proceso está consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política, al establecer que se aplica tanto a las actuaciones judiciales como las administrativas. 67. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido proceso involucra un conjunto de garantías “destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio”[38]. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que el derecho al debido proceso conlleva a la materialización de distintos derechos[39]: i. A la jurisdicción, en la medida en que los jueces deben adoptar decisiones motivadas, que las decisiones sean impugnadas y a su vez, puedan ser llevadas a estudio de un juez de mayor jerarquía, para así también, garantizar el cumplimiento del fallo. ii. Al juez natural; con el fin de que el juez que realice el juicio sea el competente para adelantarlo iii. A la defensa; escenario en el cual se hace uso de todo los medios legítimos y adecuados para ser escuchado y obtener una decisión favorecedora, iv. A la presentación, controversia y valoración probatoria. v. A la imparcialidad e independencia del juez. 68. En cuanto al derecho a la defensa, a la presentación, controversia y valoración probatoria, se resalta la importancia de contar con una práctica de pruebas, oportuna -en cuanto a su solicitud y a su decreto- pues da un panorama al juez para conocer en asunto bajo examen. Este hecho es una muestra de la garantía del derecho al debido proceso y, por consiguiente, al derecho de defensa. Igualmente se entiende que el derecho al debido proceso guarda estrecha relación con el derecho a la prueba, y ante un desconocimiento de este, existe una transgresión que puede alegarse a través de la acción de tutela, bien sea por omisión del examen probatorio, por ignorancia de alguna de las pruebas allegadas, o por la negación a alguna parte del derecho a la prueba. 5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 69. En el marco de las causales especiales de procedibilidad, la Corte[40] ha desarrollado las condiciones que deben existir para que la acción de tutela pueda cuestionar los defectos de las decisiones judiciales. Con ello se busca determinar la posible protección excepcional de los derechos fundamentales incoados. 70. A partir de la Sentencia C-590 de 2005, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado los siguientes defectos que hacen procedente la solicitud de amparo: “Defecto orgánico que ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia. Defecto procedimental absoluto que surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley. Defecto fáctico que se presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión. Defecto material o sustantivo que tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión. El error inducido que acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación que [se] presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan. Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad. Violación directa de la Constitución que se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.”[41] 71. En el asunto que se estudia se alega la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente. Por consiguiente, la Sala describirá con mayor detalle cada uno de ellos con el fin de viabilizar el análisis del caso en concreto. - Caracterización del defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[42] 72. La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que el defecto material o sustantivo se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.”[43] De igual forma ha señalado que la construcción dogmática del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En este sentido ha señalado que “[p]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”[44] 73. El desarrollo jurisprudencial de esta causal ha llevado a la identificación de las situaciones en las que se incurre en dicho error, básicamente condensadas en los siguientes eventos: (i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.[45] (ii) Aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas, caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para la decisión adoptada.[46] (iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.[47] (iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.[48] (v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.[49] (vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. En este evento, la tutela procede si el juez ordinario no inaplica la norma por medio de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.[50] 74. Adicionalmente, esta Corte ha señalado[51] que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene (contraevidente), es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene postulados de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados desproporcionados. 75. En relación con la primera hipótesis (interpretación contraevidente), la Corte ha indicado que las fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”[52]. De manera que no es una simple discrepancia dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial la que estructura el defecto sustantivo, sino que la misma ha de ser manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho.[53] 76. Sobre la segunda hipótesis de la interpretación irrazonable como defecto sustantivo, la Corte ha señalado[54] que, si bien en este también se está en presencia de una afrenta al principio de legalidad, su nota particular está dada “por una mayor incidencia del desconocimiento de la Constitución, dado que la interpretación de la ley se traduce en defecto sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto han debido guiar ese proceso y condicionar su resultado”[55]. Igualmente, ha indicado que “cuando la interpretación otorgada a la disposición legal es posible, pero contraviene el contenido constitucional aparejando la vulneración o el desconocimiento de los derechos fundamentales o preceptivas superiores, el juez constitucional está en la obligación de adecuar el contenido de dicha norma legal y hacerla consonante con los fines y principios constitucionales.”[56] 77. Adicionalmente, la Corte ha explicado que es probable que en algunas circunstancias concurran los dos motivos genéricos señalados “y que la interpretación contraevidente de la ley –que ya de por sí riñe con la Carta– comporte, así mismo, la vulneración de ciertos contenidos de la Constitución, que sean relevantes para el caso específico”.[57] Precisando que en todo caso estas fórmulas en principio son “independientes y, en consecuencia, no es indispensable que concurran para que sea viable hablar de defecto sustantivo derivado de la interpretación, pues pueden configurarse por separado, hipótesis en la cual, cada uno genera el anotado defecto sustantivo, sin necesidad de que se configure la otra causal”[58].[59] - Caracterización de la causal de desconocimiento de precedente 78. La Corte Constitucional ha establecido que el precedente judicial consiste en “aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.[60] 79. En principio, se entiende que la aplicación del precedente judicial es obligatoria cuando se acredita que la razón de la decisión de la sentencia que se cita tiene, en primer lugar, una regla que guarda relación con el caso a resolver. En segundo lugar, que permita solucionar un problema jurídico similar al que se estudia, y, por último, que hay una relación y semejanza entre los hechos de uno y otro caso[61]. 80. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que el juez puede apartarse del precedente. En este sentido la Sentencia T-459 de 2017 precisó que esto es posible cuando se presente “i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.” En concordancia con lo anterior, el fallador incurre en desconocimiento del precedente judicial cuando su decisión se aparta de un precedente establecido sin cumplir con dos cargas, a saber: por un lado, la carga de transparencia, que exige hacer referencia al precedente del que no se hará aplicación; y de otro lado, una carga de argumentación, en virtud de la cual se justifique con claridad, suficiencia y proporcionalidad las razones por las cuales se aparta del precedente[62]. 81. De lo anterior se colige que el juez incurre en un desconocimiento del precedente cuando se aparta del mismo sin exponer las razones jurídicas que soporten el cambio. Esto se da tanto en el escenario del precedente vertical (respecto de las sentencias proferidas por los tribunales de cierre) como por el precedente horizontal (los fallos dictados por los mismos jueces). Sobre este punto, la Corte Constitucional ha resaltado que, en virtud de un tratamiento igualitario para el acceso a la justicia, el juez tiene como deber el acoger las decisiones que se profieran por los órganos de cierre cuando de ellas se consolide un precedente o también, de decisiones suyas en casos iguales.[63] - Caracterización de la causal de defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia 82. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, a partir del principio de autonomía e independencia judicial, los jueces tienen un amplio margen para efectuar una valoración de las pruebas que se aportan al proceso conforme a las reglas de la sana crítica[64]. Sin embargo, también ha advertido que este principio constitucional conlleva un límite, pues este no significa un poder arbitrario y, a su vez, tampoco es un escenario donde se puedan lesionar derechos fundamentales[65]. En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia, al juez le corresponde adoptar al momento de adelantar el estudio del material probatorio “criterios objetivos, no simplemente supuestos del juez, racionales, es decir, que ponderan la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas y, rigurosos, esto es, que materialicen la función de la administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de las pruebas debidamente recaudadas”[66].En consecuencia, la Corte Constitucional ha explicado que el defecto fáctico se presenta “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”[67]. 83. Igualmente, ha explicado que el defecto fáctico tiene dos dimensiones[68]. La primera dimensión es positiva[69]. Esta se presenta en aquellos eventos en los que la autoridad judicial aprecia pruebas que no ha debido admitir, “por haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo de manera directa la Constitución”[70]. Por su parte, la dimensión negativa se manifiesta cuando el funcionario judicial niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su evaluación, y sin razón...