Sentencia T-1096 de 2012

T-1096-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-1096/12 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Caracterización DEFECTO SUSTANTIVO-Interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales. En particular, sobre la hipótesis de interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de la causal de procedencia de la tutela por defecto sustantivo más restringida, pues la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial, postulados que en el marco del Estado Constitucional de Derecho protegen la imparcialidad de la autoridad judicial, evitando injerencias indebidas que lo lleven a apartarse del ordenamiento jurídico al que están sometidas sus decisiones (artículo 230 C.P.) DEFECTO SUSTANTIVO-Caracterización El Tribunal Constitucional ha precisado que una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad judicial, (ii) el juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso concreto es inconstitucional, ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó; (iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, finalmente; (iv) la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable INTERPRETACION IRRAZONABLE DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS-Hipótesis en las cuales puede incurrir la autoridad judicial Esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene (contraevidente), es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene postulados de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados desproporcionados DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Garantía pensional y mínimo vital cualitativo DERECHO A LA PENSION-Fenómenos económicos que disminuyen el poder adquisitivo DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Fundamental INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Régimen de actualización y reajuste de pensiones reconocidas INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Derecho a la indexación ACTUALIZACION DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia INDEXACION DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACION EN PENSION CAUSADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1991-Procedencia ACCION DE TUTELA CONTRA EL BANCO POPULAR-Actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional de acuerdo con el IPC dando aplicación a la fórmula empleada en sentencia T-098/05 INDEXACION DE INGRESO BASE DE LIQUIDACION-Pago de diferencia adeudada entre mesada pensional pagada y la que resulta producto del reajuste FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sentido, alcance y fundamento normativo de su obligatoriedad para jueces varía según sea fallo de constitucionalidad o de revisión de tutela ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Procede cuando desconoce constitucionalización del derecho fundamental a mantener poder adquisitivo de pensiones Referencia: expediente T-3070648 y T-3182067 (acumulado) Acciones de tutela instauradas por Ernesto Martínez y Leovigildo Micán Morales contra la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y otros. Magistrado Sustanciador: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados(a) Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la referencia: Expediente Fallos de tutela T-3070648 Primera Instancia: sentencia del 28 de febrero de 2011, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Disciplinaria. Segunda instancia: sentencia del 24 de marzo de 2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria. T-3182067 Primera Instancia: sentencia del 8 de junio de 2011, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Disciplinaria. Segunda Instancia: sentencia del 30 de junio de 2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria. I. ANTECEDENTES Acumulación de procesos. Mediante auto del 20 de octubre de 2011 la Sala Novena de Revisión acumuló entre sí los expedientes T-3070648 y T-3182067, para que fuesen fallados en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia. Expediente T- 3287521 1. De los hechos y la demanda A través de apoderado judicial el señor Ernesto Martínez interpone acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá y el Banco Popular S.A. El actor considera que las accionadas vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad y al poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la indexación de la primera mesada pensional. A continuación se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda de tutela[1]: 1.1 Ernesto Martínez impetró acción ordinaria laboral en contra del Banco Popular S.A. con el propósito de que se condenara al demandado a reconocerle y pagarle la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, desde la fecha de retiro del servicio a la del cumplimiento del requisito de edad (55 años), las diferencias causadas de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales, los intereses legales del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación sobre aquellas, los incrementos legales y las costas procesales. 1.2. Como sustento de sus pretensiones el solicitante aseguró que prestó sus servicios como trabajador oficial del Banco Popular S.A. entre el 13 de noviembre de 1961 y el 30 de septiembre de 1987. Mediante resolución No. 087 de 1990 la entidad bancaria le reconoció la pensión de jubilación a partir del 22 de octubre de 1990, fecha en que cumplió el requisito de edad. Sostuvo que el valor de su primera mesada pensional se tasó en $92.307.10, sin aplicar sobre la misma la actualización monetaria pertinente entre el momento del retiro del servicio y la del cumplimiento de la edad, a efecto de corregir la depreciación de la moneda afectada durante esos años por el fenómeno inflacionario. 1.3 El conocimiento de la demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá. Al dar respuesta a la demanda el empleador se opuso a las pretensiones, reconoció como ciertos los extremos laborales, la calidad de trabajador oficial del actor, la duración del contrato, el reconocimiento de la pensión de jubilación, la no indexación de ésta. En su defensa propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, falta de viabilidad jurídica para acceder a las pretensiones, buena fe, compensación, presunción de legalidad, pago, prescripción y la genérica. 1.4. Mediante sentencia del 25 de enero de 2008 el juzgado ordinario de conocimiento negó las pretensiones de la demanda señalando para el efecto la improcedencia de la indexación pensional frente a las prestaciones de jubilación causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta de 1991. Recurrida la providencia, el Tribunal Superior de Bogotá a través de sentencia del 28 de noviembre de 2008, confirmó la decisión impugnada acogiendo los argumentos de instancia. Contra la decisión de segundo grado el peticionario formuló recurso extraordinario de casación, proponiendo un cargo por interpretación errónea de la normatividad aplicable al caso. 1.5. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por medio de sentencia 39246 del 2 de marzo de 2010 decidió no casar la sentencia atacada. La Sala consideró que el cargo propuesto no se advertía procedente, pues el ad quem se limitó a acoger el precedente ordinario fijado por esa alta corporación en la sentencia 29470 del 20 de abril de 2007. En el mismo se sostuvo que sí había lugar a la actualización del salario base de liquidación de las pensiones causadas desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, ya que fue a partir de ese momento que se introdujo al ordenamiento jurídico el sustento normativo para la referida indexación, según la lectura que el Tribunal de Casación realizó sobre el precedente constitucional contenido en las sentencias C-862 de 2006 y C-891 A de 2006, en las que se declaró la exequibilidad condicionada de los apartes concernientes al monto del derecho pensional consagrado en los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961 respectivamente, en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que tratan esos preceptos, debería ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el Dane. 1.6. El accionante estima que la Sala de Casación Laboral incurrió en causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional. El primero es respaldado en la presunta interpretación irrazonable de los artículos 13, 48 y 53 de la Carta, toda vez que a su juicio estas disposiciones no someten a condición alguna la actualización de la primera mesada pensional. A su turno, el segundo cargo es soportado en la probable infracción de la sentencia T-901 de 2010, entre otras, en que la Corte Constitucional consideró que la actualización de la primera mesada pensional sí es viable en prestaciones de jubilación causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma superior del 91. 1.7. Con fundamento en los hechos y argumentos descritos, en la demanda de tutela se solicita, en síntesis, se conceda el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia, (i) se deje sin valor y efecto la sentencia dictada el 2 de marzo de 2010 por la Corte Suprema de Justicia en el proceso ordinario impugnado por vía constitucional y; (ii) se ordene al Banco Popular indexar directamente la primera mesada pensional del actor de conformidad con la fórmula explicitada por la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005, y se reconozca el retroactivo pensional pertinente teniendo en cuenta la fecha en que se interrumpió la prescripción. 1.8. La demanda de tutela fue radicada inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia, autoridad que a través de su Sala de Casación Penal declaró improcedente el amparo en sentencia del 17 de junio de 2010. Impugnada la decisión, su conocimiento recayó en la Sala de Casación Civil, quien en auto de ponente del 7 de julio de 2010 declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar que el recurso de amparo constitucional no procede frente a decisiones dictadas por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, y se abstuvo por ello de remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 1.9. Finalmente, el representante judicial del actor sostiene ante los jueces constitucionales del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Superior de la Judicatura, que el requisito de inmediatez se satisface en este caso ya que el accionante hizo uso inmediato de la tutela, acudiendo el 8 de octubre de 2010 ante la Sala de Casación Penal. Añadió que, frente a este punto, se debe tener en cuenta que el peticionario es un hombre de 76 años de edad, razón por la cual fue difícil y tomó bastante tiempo explicarle cómo funciona el mecanismo constitucional de tutela, a fin de que se decidiera a ejercerla. 2. Intervención de las entidades accionadas Por auto del 17 de febrero de 2011 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá avocó conocimiento de la acción de tutela y dispuso la notificación de los demandados. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular S.A. intervinieron en el trámite de tutela, mientras que los restantes accionados se abstuvieron de hacerlo. 2.1. Intervención de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia Mediante comunicación radicada el 23 de febrero de 2011 la señora Magistrada Elsy Del Pilar Cuello Calderón y los señores Magistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez, Jorge Mauricio Burgos, Gustavo José Gnecco, Luis Gabriel Miranda y Carlos Ernesto Molina, manifestaron las razones por las cuales, a su juicio, el juez constitucional no puede asumir el conocimiento de la presente demanda de tutela: De conformidad con el artículo 235 de la Carta Política el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo ningún otro órgano ni corporación de justicia puede actuar como tribunal de casación, ni producir decisiones en este campo. Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y, por tanto, sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, pues la propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior, de acuerdo con la misma Constitución. No es, entonces, jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial pretenda imponerle a la Corte Suprema de Justicia un criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia. El inciso 2 del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 por el cual se establecen las reglas de reparto de la acción de tutela, precisa que lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia debe ser conocido y decidido por esa Corporación. La disposición en comento se encuentra vigente y por ello su observancia en el presente caso es obligatoria. La Corte Constitucional carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencia a otros funcionarios judiciales. En consecuencia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria debe declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia, y remitir las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma su conocimiento. 2.2. Intervención del Banco Popular S.A. Mediante comunicación radicada el 23 de febrero de 2011 el representante judicial del Banco Popular S.A. se opuso a la prosperidad de la demanda de tutela con fundamento en las siguientes razones: La presente acción de tutela es improcedente toda vez que el actor ya había interpuesto una demanda de amparo constitucional contra los mismos accionados y con base en las mismas causas y hechos, la cual fue decidida por las Salas de Casación Penal, y Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentido de inadmitir el trámite de la acción. La pensión fue reconocida el 22 de octubre de 1990, por lo que se trata de una prestación consolidada con anterioridad a la Constitución Política de 1991. Por esa razón, no es posible la aplicación del precedente contenido en la sentencia T-901 de 2010 ya que las disposiciones aplicables al peticionario no contemplan la indexación de la primera mesada pensional. Para justificar su posición cita fragmentos de la sentencia 27242 de 2007 dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Las decisiones proferidas por la jurisdicción ordinaria atacadas por vía constitucional no incurrieron en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Las mismas se encuentran debidamente motivadas y ajustadas a derecho. La Constitución reconoce autonomía a los jueces de la República para valorar las pruebas, y aplicar e interpretar el derecho (Cita las sentencias T-200 de 2004, C-590 de 2005 y T-070 de 2007). Las personas que causaron su pensión en vigencia de la Carta Política de 1886 se encuentran en una posición jurídica distinta de quienes la consolidaron al amparo de la Constitución de 1991. De ahí que se infringiría el principio de igualdad si se otorga el mismo tratamiento a unos y otros, máxime si antes del 7 de julio de 1991 se negaba la actualización de la primera mesada pensional. Sin embargo, de considerar procedente la acción de tutela el juez constitucional debe tener en cuenta los valores ya cancelados en debida forma a favor del actor por concepto de jubilación, así como aquellos afectados por el fenómeno de la prescripción. 3. Del fallo de primera instancia 3.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá Sala Jurisdiccional Disciplinaria mediante sentencia del 28 de febrero de 2011 negó la nulidad solicitada por la Sala de Casación Laboral, y declaró improcedente la tutela reclamada. En criterio de la Sala Disciplinaria la nulidad pretendida por la Sala de Casación accionada es inviable en tanto la Corte Constitucional como superior jerárquico en asuntos de tutela, dispuso a través de auto 004 del 3 de febrero de 2004 que las demandas de amparo propuestas contra las altas cortes podían ser asumidas por cualquier juez unipersonal o colegiado, cuando quiera que la respectiva autoridad judicial negara su trámite. 3.2. En relación con las pretensiones de la demanda de tutela, la Sala Disciplinaria estimó que no se cumplía el requisito de inmediatez frente a la sentencia de casación dictada el 2 de marzo de 2010, pues entre esa decisión y la segunda acción de tutela formulada el 15 de febrero de 2011 transcurrió un tiempo considerable. Igualmente, señaló que entre el auto que declaró la nulidad de lo actuado en la primera acción de tutela y la fecha de interposición del segundo trámite constitucional, transcurrieron casi siete meses. La Sala apoyó su razonamiento en lo dispuesto en la sentencia T-815 de 2004, en la que la Sala Segunda de Revisión declaró la improcedencia de una acción de amparo formulada 18 meses después de la decisión de rechazo adoptada por la Sala de Casación Laboral. 4. Impugnación Por medio de escrito presentado el 4 de marzo de 2011 el apoderado judicial del accionante impugnó la sentencia de instancia. En síntesis, insistió en las consideraciones expresadas en primera oportunidad, y añadió las que pasan a resumirse: En diversas sentencias de revisión, que revelan la posición mayoritaria de la Corte Constitucional, sus salas han estimado que en materia de indexación de la primera mesada pensional no procede la aplicación del presupuesto de inmediatez ya que la sentencia C-862 de 2006 señaló que no cabía realizar ningún tratamiento diferenciado, ni si quiera por el transcurso del tiempo, por lo que el hecho de que los distintos accionantes hayan tardado en reclamar el derecho no es obstáculo para la procedencia del amparo. Apoyó su premisa en las sentencias T-1059 de 2007, T-789 de 2008, T-908 de 2008, T-366 de 2009, T-628 de 2009, T-130 de 2009, T-447 de 2009 y T-901 de 2010. 5. Del fallo de segunda instancia El Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante sentencia del 24 de marzo de 2011 confirmó la providencia impugnada. En decisión mayoritaria la Sala entendió que junto a los precedentes constitucionales aludidos por el actor, existen otros que apoyan la tesis de la exigibilidad de inmediatez en el escenario de la actualización de la primera mesada pensional, en particular acudió a la sentencia T-370 de 2010. Señaló que el referente para enjuiciar el término de inmediatez radica en la sentencia judicial dictada el 2 de marzo de 2010 por la Corte Suprema de Justicia, no en la pensión misma ni en su carácter de prestación periódica. Expediente T- 3182067 6. De los hechos y la demanda El señor Leovigildo Micán Morales interpone acción de tutela en nombre propio contra la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral e Industrias Philips de Colombia S.A. El actor considera que las accionadas vulneraron sus derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad y al poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la indexación de la primera mesada pensional. A continuación se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda de tutela[2]: 6.1. Leovigildo Micán Morales impetró acción ordinaria laboral en contra de Industrias Philips de Colombia S.A. con el propósito de que se condenara al demandado a reconocerle y pagarle la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión, desde la fecha de retiro del servicio a la del cumplimiento del requisito de edad, las diferencias causadas entre lo pagado y el valor real de la pensión, la indexación de las sumas resultantes de las mesadas pensionales, y las costas procesales. 6.2. Como sustento de sus pretensiones el solicitante aseguró que trabajó al servicio de la demandada entre el 9 de noviembre de 1956 y el 30 de junio de 1975. Mediante sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá se condenó al empleador Industrias Phillips de Colombia S.A. al pago de una pensión restringida desde el 3 de febrero de 1999, por ser esta la fecha en que cumplió el requisito de edad. Sin embargo, sostiene que en la mencionada decisión no se discutió la actualización de la primera mesada y por ello no se ordenó la misma. Argumentó que entre el momento de la terminación del contrato de trabajo y el instante de causación de la pensión, el índice de precios al consumidor sufrió una alta variación, sin que se tuviera en cuenta tal fenómeno al momento de liquidar la primera mesada de la prestación. Finalmente, indicó que el 5 de febrero de 2007 solicitó al ex empleador el reconocimiento y pago de los derechos reclamados, sin resultado positivo. 6.3 El conocimiento de la demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, el cual enteró de las diligencias al demandado. La empresa se opuso a las pretensiones del ordinario; adujo la improcedencia de la indexación por no existir disposición legal que la ordene; aceptó los hechos relativos a la relación laboral, el reconocimiento de la pensión de jubilación restringida por decisión judicial, la ausencia de condena sobre la indexación, los demás hechos los negó y; propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de la obligación y pago. Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2007 el juzgado de instancia condenó a la demandada a indexar el ingreso base de liquidación de la primera mesada a la suma de $1.388.030, a reajustar las mesadas subsiguientes con las diferencias entre lo pagado y el valor de la pensión ajustada a partir del 6 de febrero de 2004, y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción. Recurrida la providencia por ex empleador, el Tribunal Superior de Bogotá a través de sentencia del 23 de julio de 2009 confirmó la decisión impugnada. En su fallo el ad quem adujo que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia mostraba una postura favorable a la indexación de la primera mesada, y afirmó que no era posible pretender que lo devengado en 1975 mantuviera el mismo poder adquisitivo luego de transcurridos casi 24 años desde el retiro del servicio del actor. 6.4. Contra la decisión de segundo grado Industrias Phillips de Colombia S.A. formuló recurso extraordinario de casación, y propuso cuatro cargos, entre ellos uno con fundamento en la causal primera de casación, al estimar que el ad quem interpretó erróneamente la normatividad aplicable al caso. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por medio de sentencia 43962 del 23 de noviembre de 2010 decidió casar la sentencia atacada. El alto tribunal consideró que el cargo propuesto por interpretación errónea se advertía procedente, pues a través de sentencia 29470 del 20 de abril de 2007 esa Corporación sostuvo que sí había lugar a la actualización del salario base de liquidación de las pensiones causadas desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, pero no de aquellas que se verificaron con anterioridad, dada la inexistencia en ese último caso de disposición legal o supralegal que la permitiera. Indicó que pese a que el actor cumplió los 60 años de edad estando en vigor la nueva Carta, la Sala tenía adoctrinado que en la pensión restringida la edad es un presupuesto de exigibilidad más no de causación del derecho. Por esa razón, debía tenerse en cuenta la normatividad vigente en la época de retiro del servicio, esto es, el artículo 8 de la Ley 171 de 1961. Atendiendo a la prosperidad del cargo estudiado la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia decidió revocar la sentencia del a quo y, en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones. 6.5. No obstante la precariedad argumentativa de la demanda de tutela, interpretando la misma se infiere que el accionante estima que la Sala de Casación Laboral incurrió en causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional. Los dos cargos se sustentan en similares razones, en particular en la interpretación efectuada a través de diversas sentencias por la Corte Constitucional sobre la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional sin consideración alguna en relación con su causación con anterioridad o posterioridad a la vigencia de la Carta Política de 1991. El actor apoya su criterio en la enunciación de las sentencias C-862 de 2006, C-891 de 2006, T-696 de 2007, T-906 de 2009 y T-901 de 2010. 6.6. Sobre sus condiciones materiales de subsistencia el demandante señala que al momento de interposición de la acción de tutela contaba con 72 años de edad, devenga el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por virtud de la pensión reconocida, y padecía serios problemas de salud en razón de afecciones cardiovasculares. 6.7. Con fundamento en los hechos y argumentos descritos, en la demanda de tutela se solicita, en síntesis, se conceda el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia, (i) se deje sin valor y efecto la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2010 por la Corte Suprema de Justicia en el proceso ordinario impugnado por vía constitucional y; (ii) se deje en firme la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 23 de julio 2009 en la cual se confirmó la decisión de primera instancia que había condenado a Industrias Phillips de Colombia S.A. al reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional. 6.8. La demanda de tutela fue radicada inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia, autoridad que a través de su Sala de Casación Penal declaró la improcedencia del amparo en sentencia del 22 de marzo de 2011. Impugnada la decisión, su conocimiento recayó en la Sala de Casación Civil, quien en auto de ponente del 26 de abril de 2011 declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar que el recurso de amparo constitucional no procede frente a decisiones dictadas por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, y se abstuvo por ello de remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7. Intervención de las entidades accionadas Por auto del 26 de mayo de 2011 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca avocó conocimiento de la acción de tutela y dispuso la notificación de los demandados. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia intervino en el trámite de tutela, mientras que los restantes accionados se abstuvieron de hacerlo. 7.1. Mediante comunicación radicada el 30 de mayo de 2011 los señores Magistrados Jorge Mauricio Burgos y Francisco Javier Ricaurte Gómez manifestaron las razones por las cuales a su juicio el juez constitucional no puede asumir el conocimiento de la presente demanda de tutela. Al respecto, estimaron que la acción de tutela formulada es improcedente debido a que la misma ya fue decidida por las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia. Agregaron que de conformidad con el artículo 235 de la Carta Política el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo ningún otro órgano ni corporación de justicia puede actuar como tribunal de casación, ni producir decisiones en este campo. Como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y, por tanto, sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, pues la propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior, de acuerdo con la misma Constitución. No es, entonces, jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial pretenda imponerle a la Corte Suprema de Justicia un criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia. 7.2. El inciso 2 del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 por el cual se establecen las reglas de reparto de la acción de tutela, precisa que lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia debe ser conocido y decidido por esa Corporación. La disposición en comento se encuentra vigente y por ello su observancia en el presente caso es obligatoria. La Corte Constitucional carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencia a otros funcionarios judiciales. En consecuencia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria debe declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia, y remitir las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma su conocimiento. 8. Del fallo de primera instancia 8.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Sala Jurisdiccional Disciplinaria mediante sentencia del 8 de junio de 2011 negó la nulidad solicitada por la Sala de Casación Laboral, así como la tutela reclamada por el actor. En criterio del juez constitucional a quo la nulidad pretendida por la Sala de Casación accionada es inviable en tanto la Corte Constitucional como superior jerárquico en asuntos de tutela, dispuso a través de auto 004 del 3 de febrero de 2004 que las demandas de amparo propuestas contra las altas cortes podían ser asumidas por cualquier juez unipersonal o colegiado. 8.2. En relación con las pretensiones de la demanda de tutela la Sala Disciplinaria estimó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no incurrió en causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues la sentencia atacada expuso de manera razonable las consideraciones que la llevaron a casar la sentencia impugnada en esa jurisdicción. En ese orden de ideas, no le es posible al juez constitucional interferir en la órbita de autonomía reconocida al juez ordinario para valorar las pruebas e interpretar y aplicar el derecho. 9. Impugnación Por medio de escrito presentado el 4 de marzo de 2011 el actor impugnó la sentencia de instancia. En síntesis, insistió en las consideraciones expresadas en primera oportunidad. 10. Del fallo de segunda instancia El Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante sentencia del 30 de junio de 2011 confirmó la providencia impugnada. La Sala estimó que la sentencia de casación cuestionada no se avizoraba arbitraria o contraria a derecho, ya que se fundamentó en la interpretación reiterada por la Corte Suprema de Justicia sobre la improcedencia de la primera mesada pensional en prestaciones de jubilación causadas con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 1. Competencia 1. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de 31 de mayo de 2011 expedido por la Sala de Selección Número 05 de esta Corporación, y de 16 de septiembre de 2011 proferido por la Sala de Selección Número 09 de la Corte, en los cuales se dispuso la selección para su revisión de los expedientes de la referencia. Luego de presentado el informe de que trata el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992 por el cual se adopta el reglamento de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte en sesión del 21 de noviembre de 2012 determinó que el asunto de la referencia fuese decidido por la Sala Novena de Revisión. 2. Planteamiento del caso y problema jurídico formulado 2.1. En sentencia 39246 del 2 de marzo de 2010 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió la casación interpuesta por el señor Ernesto Martínez contra la sentencia de segundo grado que negó la indexación de la primera mesada pensional por él pretendida en el ordinario propuesto contra el Banco Popular S.A. Igualmente, en sentencia 43962 del 23 de noviembre de 2010, la Sala de Casación acusada decidió el recurso de casación impetrado contra la providencia de segundo grado que había ordenando la indexación de la primera mesada pensional del señor Leovigildo Micán Morales, en el ordinario que había seguido contra Industrias Phillips de Colombia S.A. 2.1.1. Para sentenciar los dos casos, la Sala de Casación Laboral empleó la regla jurisprudencial contenida en su precedente 29470 del 20 de abril de 2007. Según la regla de decisión, en pensiones consolidadas en vigencia de la actual Carta Política el juez ordinario, en ausencia de norma infraconstitucional que ordene expresamente la actualización del IBL, debe colmar la laguna legislativa empleando el dispositivo de indexación consagrado en la Ley 100 de 1993, actualizando el IBL anualmente con el índice de precios al consumidor. Por el contrario, en pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1991, no es procedente la actualización del IBL. 2.1.2. Al abordar el estudio de los asuntos concretos, la Corte Suprema de Justicia encontró que en los procesos ordinarios de los señores Martínez y Micán, los demandantes habían causado su respectiva pensión con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta del 91. De este modo, en aplicación de la regla de decisión antes reseñada, se abstuvo de casar la sentencia denegatoria de la indexación de la primera mesada pensional, proferida en el proceso ordinario del señor Ernesto Martínez contra el Banco Popular S.A., y casó la providencia de segundo grado dictada en el trámite ordinario del señor Leovigildo Micán, en tanto en esta se había accedido a la pretensión indexatoria. 2.2. Los accionantes consideran que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia vulneraron sus derechos fundamentales a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, al debido proceso, y a la igualdad. Si bien los actores sustentan la presunta infracción constitucional en la ocurrencia de un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de la normatividad aplicable, y en el desconocimiento del precedente constitucional sobre la materia, la Sala Novena de Revisión, interpretando la demanda, advierte que de esta se desprende la alegación adicional de otras causales de procedencia material de la acción de tutela contra sentencias, las cuales serán explicitadas al formular el problema jurídico[3]. 2.3. En su defensa, la Sala de Casación Laboral sostiene que (i) las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son intangibles por ser dictadas por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria; (ii) el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia; (iii) el ordenamiento jurídico no consagra autoridades judiciales que funjan como superior del Tribunal de Casación; (iii) no es jurídicamente posible que otra autoridad judicial imponga su criterio sobre lo resuelto por la Corte de Casación; (iv) el Consejo Superior de la Judicatura no es competente para conocer el proceso de tutela, pues el Decreto 1382 de 2000 radicada esa competencia en la Corte Suprema de Justicia y; (v) el asunto ya fue decidido por la Corte Suprema de Justicia en las demandas inicialmente presentadas ante dicha corporación. 2.4. Por su parte, el representante judicial del Banco Popular S.A. expresa que no es posible la actualización del IBL de la pensión de jubilación del señor Ernesto Martínez pues las disposiciones bajo las cuales se consolidó el derecho no contienen dispositivo de actualización alguno. Agrega que las personas que causaron su prestación al amparo de la Constitución de 1886 se encuentran en una posición jurídica distinta a la de quienes satisficieron los requisitos pensionales en vigor de la Carta Política del 91. Añade que por las anteriores razones no es posible la aplicación del precedente constitucional invocado en las demandas. Finaliza sus descargos señalando que las decisiones atacadas se encuentran debidamente motivadas y ajustadas a derecho. 2.5. De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a la Sala Novena de Revisión establecer si las presentes acciones de tutela son formalmente procedentes para enjuiciar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios. En ese sentido, la Sala deberá establecer si en cada uno de los casos se cumplen los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. De encontrarlos satisfechos, la Sala comprobará, si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicial, en particular, en (i) defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 48 y 53 superiores, en armonía con los artículos 4 y 380 ejusdem; (ii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable al decidir los casos con base en una regla jurisprudencial que (ii.1) infringe mandatos constitucionales y; (ii.2) produce efectos desproporcionados sobre el ordenamiento jurídico y sus destinatarios y; (iii) desconocimiento del precedente constitucional sobre indexación de la primera mesada pensional en pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta del 91. 2.6. Para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte Constitucional reiterará su jurisprudencia relativa a: (i) procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales; (ii) caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional; (iii) el defecto sustantivo por interpretación irrazonable y; (iv) el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional. Posteriormente, la Sala aplicará estas reglas para solucionar el caso concreto. 3. Cuestión previa. La competencia de los jueces constitucionales de instancia en el presente caso. (Auto 004 de 2004. Reiteración). 3.1. Como se expuso en los antecedentes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró que las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca no eran competentes para conocer los amparos constitucionales objeto de estudio. No obstante lo anterior, los Consejos Seccionales de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, respectivamente, avocaron conocimiento de las acciones de tutela aplicando la jurisprudencia vertida en el Auto 004 de 2004 de la Corte Constitucional, por medio del cual se determinó que cualquier juez de la República puede conocer las acciones de tutela inadmitidas por la Corte Suprema de Justicia. 3.2. Al respecto es pertinente recordar que los Autos 004 de 2004 y 100 de 2008, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, disponen que cuando la Corte Suprema de Justicia no admita el trámite de una acción de tutela contra sus providencias, el demandante está facultado para: (i) presentar el amparo ante cualquier juez –unipersonal o colegiado- o incluso ante una corporación de igual jerarquía de la Corte Suprema de Justicia o; también, (ii) para solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional que radique para selección el fallo que inadmitió el amparo, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Así las cosas, ante la denegación de acceso a la administración de justicia en sede de tutela, el actor tiene la posibilidad de escoger entre esas dos vías para preservar la eficacia de sus derechos fundamentales. 3.3. De acuerdo con lo manifestado, advierte la Sala que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca eran competentes para conocer y tramitar las acciones de tutela interpuestas por los actores contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, al declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar el trámite de tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el acceso a la administración de justicia a los actores, así como el derecho a un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por lo tanto, en virtud del Auto 004 de 2004, el accionante podía presentar la tutela ante cualquier juez de la República –unipersonal o colegiado-, tal como lo hizo. 3.4. En ese orden de ideas, se concluye que acertaron los jueces de instancia al rechazar la solicitud dirigida a declarar la nulidad de lo actuado e inadmitir la demanda de tutela. Despejada la cuestión previa, procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado. Solución del problema jurídico. 4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia. 4.1. La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[4]. 4.2. Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los derechos constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se encuentra en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la obligación de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[5]. 4.3. La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de un estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional sobre los derechos fundamentales[6]. Como se sabe, las cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[7], así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables del ser humano, cuando puedan verse afectados en el proceso de aplicación de la ley[8]. 4.4. Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen. 4.5. En la preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su parte, evita que se dé una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que, transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un supuesto desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la cosa juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de justicia material. 4.6. En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores infundados. De acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en sentido funcional[9]. Desde el primer punto de vista, el único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior. La objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte ante la eventual afectación de derechos constitucionales en los procesos judiciales adquiere pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos mencionados y no a problemas de carácter legal. Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos constitucionales. 4.7. Dentro del marco expuesto, en Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Sala Plena de la Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la acción. 4.7.1. Requisitos formales (o de procedibilidad)[10]: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[11]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[12]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[13]. 4.7.2. Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente alguna de las causales específicas de procedencia, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[14] sustantivo[15], procedimental[16] o fáctico[17]; error inducido[18]; decisión sin motivación[19]; desconocimiento del precedente constitucional[20]; y violación directa a la constitución[21]. En relación con las causales específicas de procedencia, ha manifestado la Corte que no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[22]. 4.8. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales específicas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[23] 5. Breve caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional 5.1. La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la posición de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el ordenamiento nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio de la función judicial. En esta oportunidad, la Sala se limita a recordar los principales elementos de esta doctrina en lo que toca a la obligatoriedad del precedente constitucional para los jueces de la república, y su desconocimiento como causal de procedibilidad de la acción de tutela.[24] 5.2. En primer lugar, conviene recordar que desde la Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero), la Corte expresó que una sentencia se compone de tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso o decisum, (ii) las razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria con la decisión o ratio decidendi y (iii) los argumentos accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter dicta[25], y aclaró que sólo la decisión y la ratio decidendi tienen valor normativo[26]. 5.3. En segundo lugar, esta Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia” y ha señalado que una sentencia antecedente es relevante para la solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): “i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la que se estudia en el caso posterior). iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[27]”. 5.4. En relación con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el sentido, alcance y fundamento normativo de su obligatoriedad para los demás jueces varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. En los párrafos que siguen se expondrán los aspectos comunes para ambos tipos de sentencia y aquellos propios de cada clase de fallos, a partir de los cuales la Corte ha establecido que los jueces se encuentran vinculados a la jurisprudencia constitucional. 5.4.1. Como aspectos comunes se resaltan la necesidad de acatar la jurisprudencia constitucional para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la relevancia de la interpretación autorizada que hace la Corte del Texto Superior como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, de acuerdo con la posición y misión institucional que le confiere el artículo 241 Superior. El papel de homogeneizar la interpretación de la Constitución es especialmente relevante en materia de derechos fundamentales que, como se sabe, son consagrados en cláusulas especialmente abiertas e indeterminadas. 5.4.2. En lo que toca a los fallos de constitucionalidad, el carácter obligatorio de la jurisprudencia constitucional se desprende de sus efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. Además, por mandato expreso del artículo 243 Superior, los contenidos normativos que la Corte declara contrarios a la Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En cuanto a la parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio decidendi contiene la solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados debe ser atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley sea conforme con la Constitución, norma de normas[28]. La Corte ha considerado que una decisión judicial que desconozca los pronunciamientos que emite la Corte en el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad, tanto en las decisiones de inexequibilidad como en la ratio decidendi de las decisiones de exequibilidad, adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte Constitucional. [29] 5.4.3. En relación con las sentencias de revisión de tutela, el respeto por la ratio decidendi de estos fallos es necesario para lograr una concreción del principio de igualdad en la aplicación de las leyes, constituye una exigencia del principio de confianza legítima que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles, y un presupuesto para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico[30]. La doctrina contenida en la parte motiva de las sentencias de revisión de tutela que constituyen la ratio decidendi de tales fallos, prevalece sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, en virtud de la competencia institucional de la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución[31]. Como lo ha expresado esta Corporación: “En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas.”[32] Como resulta evidente de la exposición realizada, el desconocimiento de la doctrina contenida en las decisiones de revisión de tutela se traduce en una vulneración al principio de igualdad en la aplicación de la ley, de la confianza legítima, y de la unidad y coherencia del ordenamiento[33]. 5.5. A partir de los elementos presentados como fundamento del carácter vinculante del precedente constitucional, esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el...