Sentencia T-056 de 2023

T-056-23 DERECHO A LA IGUALDAD Y ADAPTABILIDAD EN LA EDUCACIÓN-Formación académica según límite de edad estandarizado para niños, niñas y adolescentes DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Procedencia de la acción de tutela para su protección DERECHO A LA EDUCACION-Carácter fundamental de toda la población sin distinción por razón de la edad (…) el límite etario del artículo 67 superior corresponde a la edad en la que usualmente los estudiantes culminan el noveno grado de educación básica, pero no puede llevar a excluir a los adolescentes que, por distintos motivos, se retrasen en su proceso educativo o tengan un proceso diferente. ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION-Obligaciones ADAPTABILIDAD EN EL DERECHO A LA EDUCACION-Niños y adultos deben recibir una educación diferenciada que tengan en cuenta sus intereses, capacidades y vivencias ACCESO EXCEPCIONAL DE MENORES A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA ADULTOS-Requisitos DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Reiteración de jurisprudencia (…) la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes implica su reconocimiento como “personas libres y autónomas con plenitud de derechos que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”. Por esa razón, al analizar la adaptabilidad de la educación para esta población, resulta imprescindible considerar la percepción del niño, niña o adolescente de acuerdo con la etapa de desarrollo y madurez en que se encuentra. DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance y contenido/DERECHO Y PRINCIPIO A LA IGUALDAD-Concepto relacional TEST DE IGUALDAD-Edad como criterio de diferenciación/JUICIO DE IGUALDAD-Edad como criterio neutro o semi sospechoso de discriminación NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Garantía de su desarrollo armónico e integral REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Segunda de Revisión Sentencia T-056 de 2023 Referencia: Expediente T-8.949.591 Acción de tutela instaurada por Viviana, en representación de su hijo Roberto, contra la IED Santo Ángel. Procedencia: Juzgado Civil Municipal de Chocontá. Asunto: Vulneración del derecho a la igualdad en el acceso a la educación por razón de la edad. Magistrado sustanciador: Juan Carlos Cortés González Bogotá, D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES A. Hechos y pretensiones 1. Roberto[1], domiciliado en Chocontá, Cundinamarca, cursó el grado octavo durante el año 2019 en la Institución Educativa Departamental Santo Ángel (en adelante IED Santo Ángel o la institución) y lo reprobó. En 2020 volvió a matricularse a este grado, pero dejó de asistir a clase en marzo, con ocasión de las medidas de cuarentena dispuestas para contrarrestar la emergencia sanitaria y fue declarado desertor. De acuerdo con su madre, la señora Viviana, esto se debió a que no contaba con acceso a internet, así como a otros “motivos personales”[2]. 2. En 2021, ya con 15 años, se acercó nuevamente a la institución con su madre para matricularse. La IED le comunicó que, por su edad, ya no podía ser admitido a grado octavo en la modalidad de lunes a viernes, sino que debía ingresar al programa de educación para jóvenes y adultos en la jornada de fines de semana[3]. Si bien inicialmente aceptó y acudió en la jornada sabatina, Roberto dejó de asistir transcurrido mes y medio, por lo que fue declarado desertor nuevamente[4]. 3. La señora Viviana explicó en la demanda que su hijo dejó de asistir porque trabaja los fines de semana en un restaurante para ayudar al sostenimiento de su hogar, en el que vive con ella y cuatro hermanos. Afirmó que su núcleo familiar no recibe ayuda económica del padre y que ella se encuentra “enferma de las manos”[5]. Además, según sostuvo la madre, el joven no se siente cómodo en esa modalidad de estudio. 4. También aseveró que dos personas conocidas se encontraban en una situación similar en el mismo colegio. Una de ellas pudo continuar sus estudios, tras firmar una carta de compromiso. El otro estudiante, que con 17 años se encuentra en el grado séptimo, ha reprobado tres veces este mismo grado y aun así se le permitió continuar, sin reasignarlo a la jornada sabatina[6]. 5. El 21 de febrero de 2022, la señora Viviana acudió a la personería municipal de Chocontá[7] con el fin de solicitar su ayuda para que su hijo fuera matriculado. Ella refirió que, en esa misma fecha, la madrina[8] del joven radicó una petición ante aquella entidad, en la que explicó su caso[9]. En el escrito se afirmó que ni la IED Santo Ángel ni la Institución Educativa Departamental Simón Bolívar (en adelante IED Simón Bolívar) están dispuestas a admitir al joven y se solicitó a la personería que brindara apoyo para que el menor pudiera continuar sus estudios. 6. El 3 de mayo de 2022, la madre envió solicitud a la IED Santo Ángel para que su hijo fuera admitido y matriculado[10]. El colegio explicó que en los años 2020 y 2021 el joven fue declarado desertor debido a que dejó de asistir a clases y de cumplir con sus deberes académicos[11]. Además, recordó que en 2020 la institución le asignó un cupo en el grado octavo, pero la madre nunca protocolizó la matrícula. Agregó que el estudiante fue retirado de su sistema de matrículas para el año 2022, a solicitud del personero municipal, con el argumento de que iba a ser matriculado en la IED Simón Bolívar. Finalmente, indicó que mantenía su oferta de un cupo en el programa de educación formal para jóvenes y adultos en la jornada sabatina. 7. La señora Viviana manifestó que la IED Simón Bolívar no quiso recibir a su hijo, a pesar de que la psicóloga de la IED Santo Ángel se comunicó con ellos para pedirles que admitieran a Roberto [12]. 8. Por estos motivos, la madre interpuso una acción de tutela en nombre de su hijo, quien actualmente tiene 17 años de edad[13], para la protección de sus derechos a la educación y la igualdad. Solicitó que la IED Santo Ángel admita y matricule a Roberto en la jornada diurna, de lunes a viernes[14]. B. Actuaciones en sede de tutela 9. El Juzgado Civil Municipal de Chocontá admitió la demanda mediante auto del 13 de julio de 2022, vinculó al trámite a la IED Simón Bolívar y corrió traslado para que las instituciones pudieran pronunciarse[15]. Asimismo, ofició a la personería municipal de Chocontá para que diera cuenta de las gestiones adelantadas, con ocasión de la petición radicada el 21 de febrero de 2022[16]. 10. El personero municipal informó que, una vez recibida la solicitud, se comunicó con la IED Simón Bolívar[17]. Esta afirmó que no podía recibir al estudiante dado que el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) indicaba que estaba matriculado en la IED Santo Ángel. Posteriormente, contactó a la demandada y una psico-orientadora manifestó que no se podía matricular al joven de 16 años en la jornada deseada debido a su edad y a que había reprobado octavo dos veces[18]. La institución sostuvo que era inconveniente juntar a Roberto con las niñas y niños de 12 y 13 años que cursan este grado entre semana. La personería comunicó estas respuestas a la solicitante y archivó el caso al considerar que el estudiante contaba con un cupo para continuar sus estudios en la jornada sabatina, por lo que no se vulneraba su derecho a la educación[19]. 11. La IED Santo Ángel hizo un recuento de la trayectoria académica de Roberto en la institución[20]. Aseguró que el joven aceptó inicialmente ingresar a la educación formal para jóvenes y adultos, fue matriculado el 19 de febrero de 2021 y desertó posteriormente en agosto de ese año[21]. En 2022 volvió a asignarle un cupo en esta modalidad, pero la matrícula no fue renovada por su madre. Sostuvo que el estudiante cumple con los requisitos del Decreto 3011 de 1997[22] para cursar sus estudios en la educación formal para adultos. Señaló que, si bien ha hecho algunas excepciones de estudiantes en extraedad, estos han sido casos que ameritan medidas especiales de inclusión, en los que los jóvenes han aprovechado las oportunidades brindadas por la institución y cumplido con sus deberes disciplinarios y académicos[23]. Finalmente, reiteró estar dispuesta a mantener el cupo del joven en el programa para jóvenes y adultos, de manera que continúe sus estudios[24]. 12. La IED Simón Bolívar manifestó que el proceso de matrículas está condicionado a un calendario, de acuerdo con la Resolución 2037 de 2021[25] de la Secretaría de Educación de Cundinamarca[26]. Anunció que la asignación de cupos para estudiantes nuevos iniciaría la primera semana de diciembre de 2022 y que Roberto no figuraba inscrito para aspirar a un cupo en ese colegio. Indicó que a la fecha de la respuesta no podía matricular al joven, debido a que ya había transcurrido un semestre académico del año lectivo[27]. C. Decisión judicial objeto de revisión 13. Por medio de sentencia del 26 de julio de 2022, el Juzgado Civil Municipal de Chocontá negó el amparo de los derechos a la educación y a la igualdad del accionante[28]. El juez consideró que la institución no vulneró el derecho a la educación del joven, pues le ofreció la alternativa de estudiar en el programa de educación para adultos. Reconoció que el Estado tiene el deber de garantizar este derecho, para lo cual elabora planes de estudio y procura ambientes adecuados para los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con su edad. En este caso, el estudiante supera la edad promedio fijada por el Ministerio de Educación para la educación secundaria (grados 6º a 9º) que es de 11 a 14 años. En cambio, el demandante cumple con los requisitos para ingresar al programa de educación para adultos. Estimó razonable que la institución vinculada no hubiera admitido al estudiante, dado que ya había transcurrido la mitad del año académico en ese momento. En cuanto al derecho a la igualdad, el juez encontró que la institución justificó que admite estudiantes mayores al promedio de edad, de manera excepcional, por exigencias especiales de inclusión y cuando han cumplido con sus deberes académicos y disciplinarios[29]. II. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN Auto de pruebas y respuestas de las entidades accionada y vinculadas 14. Dentro del trámite de revisión de la acción de tutela de la referencia, el magistrado sustanciador profirió auto de pruebas el 14 de diciembre de 2022. Esta providencia ordenó oficiar a la señora Viviana, a la IED Santo Ángel, al municipio de Chocontá, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y a la Subdirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación que remitieran a esta Corte información relevante para la solución del caso[30]. También ofició al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de que realizara una visita a Roberto para conocer su opinión sobre el presente asunto[31]. 15. Asimismo, invitó a varios expertos en educación para que aportaran sus opiniones técnicas, científicas y especializadas sobre el concepto de extraedad escolar[32]. Respuesta de la IED Santo Ángel 16. El 17 de enero de 2023, la IED Santo Ángel informó[33] que en el año 2022 permitió a nueve estudiantes en situación de extraedad que continuaran en el programa de educación regular entre semana, como parte de su programa de inclusión[34]. Explicó que realizó la mencionada excepción en estos casos por motivo de la situación de discapacidad[35] de las y los estudiantes y, en uno de los eventos, debido a que el alumno es un inmigrante que requiere ese apoyo. A su juicio, la inclusión de estos estudiantes permite su acceso a la oferta institucional cercana a su lugar de residencia, sin discriminación. También fortalece la interacción social y el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, dentro y fuera de la institución. Reconoció que esto ha implicado el reto de flexibilizar la malla curricular, con base en la diversidad de los alumnos y atender sus necesidades particulares. 17. Indicó que, de matricularse en el año lectivo 2023 en el programa de educación regular, Roberto cursaría el grado octavo con compañeros de 12 a 14 años[36]. Las estrategias empleadas por la institución para promover el éxito de los estudiantes en este programa incluyen (i) el desarrollo de competencias ciudadanas para mejorar el clima escolar, (ii) escuelas de padres para su participación activa en el proceso educativo y (iii) las acciones de seguimiento de su Sistema Institucional de Evaluación Escolar, entre las cuales se prevén actividades de refuerzo y superación, compromisos académicos con estudiantes que tienen un bajo rendimiento al finalizar el primer y segundo periodo académico, y nivelaciones finales para quienes tienen valoraciones “en bajo” al final del tercer trimestre[37]. A su vez, si el estudiante se matriculara para continuar en el programa para jóvenes y adultos en el mismo periodo, desarrollaría el ciclo IV con estudiantes de edades que oscilan entre los 17 y 25 años. La institución sostiene que en este programa utiliza las estrategias del Sistema Institucional de Evaluación Escolar. 18. Por último, la IED Santo Ángel se refirió a las relaciones interpersonales de Roberto[38]. Señaló que, en el programa de educación regular, el joven mantenía amistades en el aula y compartía con sus hermanos, aunque no se mostraba motivado para realizar sus actividades académicas. En cuanto al programa de educación formal para jóvenes y adultos, afirmó que el estudiante se matriculó y no asistió, por lo cual no podía describir sus relaciones interpersonales en ese espacio. Informe remitido por el ICBF 19. El 18 de enero de 2023, la Defensora de Familia adscrita al Centro Zonal de Chocontá remitió un informe sobre la valoración sociofamiliar de verificación de los derechos de Roberto, realizada el mismo 18 de enero[39]. Destacó que vive con su madre, la actual pareja de ella y cuatro de sus cinco hermanos, con quienes mantiene vínculos afectivos cercanos[40]. Aunque esporádicamente su padre aporta para la manutención del joven y sus hermanos, la relación entre ellos es distante[41]. La familia reside en una vivienda adecuada dentro del área urbana, por la cual cancelan un canon mensual de $400.000. La madre devenga un salario mínimo por medio de su trabajo en un cultivo de flores; su pareja, quien trabaja en un taller de mecánica, también aporta para el sostenimiento del hogar. 20. Roberto manifestó que se encuentra desescolarizado, adelanta las gestiones pertinentes para validar la secundaria en el Instituto Santo Tomás Moro[42] y quisiera trabajar para apoyar económicamente a su madre. El joven manifestó que prefiere la educación regular al encontrarla más “fácil” y “dinámica”[43]. Afirmó que los profesores interactúan más con los estudiantes, están más atentos a apoyarlos cuando no alcanzan los logros propuestos y que, cuando estudiaba en ese programa, compartía con personas de su misma edad y se sentía tranquilo. Describió la educación formal para jóvenes y adultos como “monótona” y “autónoma”, debido a que los profesores se limitan a dictar clase y no se interrelacionan con los estudiantes. Afirmó que allí se sentía solo, pues las personas con quienes compartía eran mayores y no tenían “temas de conversación en común”[44]. Respuesta del municipio de Chocontá 21. La Secretaría de Desarrollo del municipio indicó que, pese a haber solicitado a las instituciones educativas dentro de Chocontá que reportaran el número de estudiantes en extraedad matriculados, únicamente recibieron respuesta de las IED Santo Ángel y Simón Bolívar[45]. Adjuntó los oficios aportados por ambas instituciones que, en el caso de la demandada, coincide con la información allegada en la contestación a este tribunal, en cumplimiento del auto de pruebas. Respuestas del Ministerio de Educación y del DANE 22. El Ministerio de Educación[46] y el DANE[47] indicaron que un estudiante en situación de extraedad es aquel que tiene dos o tres años por encima de la edad promedio para cursar determinado grado[48]. Los rangos de edades promedio a nivel nacional, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, son los siguientes[49]: Tabla 1. Grupos de edad promedio y extraedad para cada grado educativo Nivel educativo alcanzado Grado que debe estar cursando Edad promedio Rango de extraedad Jardín Transición 5-6 8 años y más Transición Primero 6-7 9 años y más Primero Segundo 7-8 10 años y más Segundo Tercero 8-9 11 años y más Tercero Cuarto 9-10 12 años y más Cuarto Quinto 10-11 13 años y más Quinto Sexto 11-12 14 años y más Sexto Séptimo 12-13 15 años y más Séptimo Octavo 13-14 16 años y más Octavo Noveno 14-15 17 años y más Noveno Décimo 15-16 18 años y más Décimo Once 16-17 19 años y más Fuente: Construida por el DANE a partir de la definición de extraedad del Ministerio de Educación 23. A partir de los datos del CNPV de 2018, el DANE también indicó que para ese momento en Colombia se registró un total de 7.932.176 estudiantes. De esta cantidad, 952.104 se encontraban en situación de extraedad, lo cual representa aproximadamente el 12 % de la población estudiantil nacional. En el caso del municipio en el que vive Roberto, el CNPV reportó una población de 391 estudiantes en extraedad, equivalente a cerca del 9,4 % del total de 4152 personas dentro del sistema educativo[50]. 24. El Ministerio aseguró que las entidades territoriales certificadas en educación[51] y los establecimientos educativos tienen la responsabilidad de tomar medidas, en el marco de sus competencias, para garantizar el acceso a la educación de las personas con edades superiores o inferiores a estos rangos[52]. Como estrategias para atender a las personas en situación de extraedad escolar, señaló que promueve la adopción por parte de las referidas entidades territoriales de modelos educativos flexibles[53]. Respuesta de la Universidad Pedagógica 25. La Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica indicó[54] que los principales retos para garantizar la educación a personas en situación de extraedad tienen que ver con la satisfacción de sus necesidades particulares. Estas se derivan de situaciones estructurales de vulnerabilidad[55] y externas al sistema educativo. En su criterio, el mayor riesgo es reducir la lectura de los contextos particulares de los estudiantes a la clasificación etaria, pues ello puede convertir la educación en un ejercicio homogeneizante, que provoque segregación y exclusión escolar. 26. Reconoció que la división de los estudiantes por edades promedio tiene como fin que su educación se desenvuelva entre pares que comparten procesos similares en su desarrollo integral[56]. Añadió que, si la diferencia etaria no es muy significativa, esta promueve un ambiente en el que la normalidad no es entendida como homogeneización[57]. Si la brecha de edades es muy amplia, en cambio, puede generar riesgos de convivencia y para el libre desarrollo de la personalidad de los niños y niñas[58]. Aun así, consideró que las edades heterogéneas son tan solo un elemento diferenciador más[59], que requiere ser atendido mediante propuestas didácticas incluyentes[60]. 27. Indicó que el programa de educación para jóvenes y adultos es uno de los mecanismos para reducir la exclusión, la deserción y la inequidad que afectan a las personas en situación de extraedad dentro del sistema educativo[61]. Agregó que las prácticas clasificatorias pueden generar que algunos comportamientos escolares sean marcados como “normales”. La extraedad coloca a la niña, niño o adolescente en un lugar “fuera de” la edad reglamentaria, por lo cual es necesario procurar que esta no sea la visión desde la cual se desarrolle el programa educativo. Concluyó que es importante entender que la extraedad no causa exclusión escolar, sino que es en sí una consecuencia de las condiciones excluyentes del sistema educativo[62]. 28. Durante el término para contestar no se recibió respuesta de parte de la señora Viviana. III. CONSIDERACIONES Competencia 29. Corresponde a la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional la revisión de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Examen de procedencia de la acción de tutela Legitimación por activa 30. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, cualquier persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de particulares en los casos que la ley y la jurisprudencia han señalado. Asimismo, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 define que la solicitud de amparo puede ser presentada (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; o, (iv) mediante agente oficioso. 31. La Sala constata que la demanda acredita este requisito, debido a que la acción fue interpuesta por la señora Viviana, quien está legitimada para solicitar la protección de los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, al actuar como su representante legal. Legitimación por pasiva[63] 32. De acuerdo con el artículo 86 superior, la legitimación por pasiva exige acreditar dos requisitos: (i) que la acción se dirija contra autoridades o particulares que presten un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de los cuales el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión. A continuación, la Sala verificará el cumplimiento de este presupuesto en los casos de la referencia. 33. El asunto bajo estudio cumple con este requisito, dado que la señora Viviana presentó la acción de amparo contra la IED Santo Ángel, por ser la entidad educativa que negó la solicitud de su hijo de continuar sus estudios en el programa de educación regular entre semana. De acuerdo con la demanda, la negativa de la accionada vulneró los derechos de Roberto a la educación y la igualdad dado que: (i) el joven necesita estudiar entre semana para poder trabajar los fines de semana y apoyar el sostenimiento de su hogar, pues ella se encuentra enferma y no reciben apoyo del padre de su hijo y (ii) la IED Santo Ángel ha realizado excepciones con otros estudiantes a quienes, a pesar de encontrarse en extraedad, les ha permitido continuar sus estudios en la educación regular de lunes a viernes. Inmediatez[64] 34. La Corte Constitucional ha reconocido que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad. No obstante, la demanda debe presentarse dentro de un término razonable, desde el momento en que se produjo la vulneración. 35. La Sala encuentra que la institución demandada respondió el 17 de mayo de 2022 a la petición de la madre del joven de manera desfavorable. A su vez, la demanda fue interpuesta el 11 de julio de 2022[65], es decir, menos de dos meses después de la mencionada respuesta. Los efectos de la decisión negativa de la IED Santo Ángel se mantienen además en el tiempo, pues esta no permite el acceso del joven al programa de educación regular. Por estos motivos, la acción acredita el requisito de inmediatez. Subsidiariedad[66] 36. El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución establece el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela[67]. Esta norma define que la acción de tutela no reemplaza otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados. A su vez, los artículos 86 superior y 6.1 del Decreto Ley 2591 de 1991[68] disponen que la inobservancia de este requisito es causal de improcedencia de la acción. Por ello, el juez constitucional no puede decidir el fondo del asunto planteado, si el demandante cuenta con otros medios de defensa judicial. 37. Excepcionalmente, el amparo constitucional es procedente a pesar de la existencia de un mecanismo ordinario de protección cuando: (i) no sea idóneo y eficaz en las circunstancias especiales del caso que se estudia, evento en el cual el amparo es procedente como mecanismo definitivo; o (ii) a pesar de existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable; circunstancia en la que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio. 38. El asunto bajo examen cumple con el requisito de subsidiariedad. En otras ocasiones, esta Corte ha examinado casos en los cuales se ha negado el acceso de estudiantes menores de edad a la educación formal para jóvenes y adultos, por no acreditar la edad mínima de 15 años exigida por la ley. En estos eventos, ha advertido que la tutela es el mecanismo idóneo para proteger el derecho a la educación[69], debido a que permite su garantía oportuna[70] y a “la falta de otros medios jurisdiccionales idóneos y eficaces de los que puedan hacer uso los interesados”[71]. 39. El caso en revisión no es exactamente igual a los referenciados, pero es posible realizar sobre él un análisis similar. Tanto en aquellos como en el presente, la acción de amparo es motivada por la decisión de la institución educativa de negar el ingreso del niño, niña o adolescente a un determinado programa educativo por no acreditar la edad requerida. Roberto tampoco cuenta con otros medios de defensa idóneos y eficaces para amparar su derecho a la educación. 40. En virtud de lo anterior, la Sala adelantará el estudio de fondo. Para tal efecto, formulará el problema jurídico correspondiente y procederá a solucionarlo, revisando la decisión adoptada en instancia. Asunto objeto de análisis, problemas jurídicos y metodología de la decisión 41. La Sala estudia en esta oportunidad la acción de tutela promovida por la señora Viviana, en representación de su hijo Roberto. Con ella se solicitó el amparo de los derechos a la educación y a la igualdad del joven, presuntamente vulnerados por la IED Santo Ángel al: (i) ofrecerle un cupo para ingresar a la educación formal para jóvenes y adultos los fines de semana, y (ii) negárselo para cursar octavo grado en el programa de educación regular por niveles y grados entre semana, con el argumento de estar en el rango de extraedad. La madre afirmó en la demanda que su hijo, actualmente de 17 años de edad, prefiere la educación regular y trabaja los fines de semana para aportar al sustento de su familia. Añadió que ella se encuentra enferma y no reciben ninguna ayuda económica del padre de sus hijos. 42. Corresponde a la Corte responder al siguiente problema jurídico:¿La IED Santo Ángel vulneró los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de Roberto, al no permitirle continuar sus estudios en el programa de educación regular, por niveles y grados, con jornada de lunes a viernes, por considerar que se encontraba en extraedad y proponerle a cambio la jornada de los sábados, sin haber solicitado previamente un concepto psicopedagógico que determinara la modalidad educativa adecuada para el joven, ni haber tenido en cuenta la modalidad preferida por el estudiante? 43. Con el propósito de resolver este interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i) el derecho a la educación y la imposición de edades límite para el acceso a la educación básica; (ii) la regulación de la educación para adultos, y (iii) el derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional y la edad como criterio para fundamentar tratos diferenciados. Posteriormente, (iv) analizará el caso concreto. El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y la imposición de edades límite para el acceso a la educación básica. Reiteración de jurisprudencia[72] 44. La Corte Constitucional ha reconocido, con fundamento en el artículo 67 de la Constitución, que la educación tiene una doble dimensión como: (i) un servicio público y (ii) un derecho fundamental del que gozan todas las personas[73]. En lo que respecta a esta segunda dimensión, el artículo 44 superior la consagra como tal en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Además, este tribunal ha reconocido que los adultos también son titulares de ese derecho fundamental[74]. 45. Las condiciones de acceso a la educación varían de acuerdo con dos parámetros: la edad del educando y el nivel educativo[75]. El Estado tiene una obligación de aplicación inmediata consistente en garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes, entre los 5 y 15 años, a un grado de preescolar y nueve de educación básica, así como facilitar el de los mayores de edad a la educación básica primaria[76]. A su vez, tiene el deber de promover el acceso gradual de las personas mayores de edad a la educación media secundaria y superior. 46. La jurisprudencia constitucional también ha examinado el caso de las personas entre los 15 y 18 años de edad. El Estado asume el deber progresivo de garantizar su acceso a la educación media secundaria y superior[77], sin embargo, también se ha precisado, que esta población tiene el mismo derecho de aplicación inmediata al que corresponde a las personas entre 5 y 15 años de edad respecto de la educación básica, al entenderse que (i) el artículo 67 superior debe armonizarse con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y (ii) de acuerdo con el artículo 1º de la Convención de los Derechos del Niño, se consideran niños todos los seres humanos menores de 18 años[78]. Por estos motivos, ha señalado esta Corte que el límite etario del artículo 67 superior corresponde a la edad en la que usualmente los estudiantes culminan el noveno grado de educación básica, pero no puede llevar a excluir a los adolescentes que, por distintos motivos[79], se retrasen en su proceso educativo[80] o tengan un proceso diferente. 47. De acuerdo con la Observación General no. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la educación debe cumplir con cuatro características, que son reconocidas también por este tribunal[81]: (i) disponibilidad del servicio, que implica la obligación estatal de generar y permitir las condiciones para el acceso de todas las personas que demandan ingresar al sistema educativo, (ii) accesibilidad, pues el Estado debe garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad y la eliminación de todo tipo de discriminación dentro del sistema, (iii) adaptabilidad, que indica la necesidad de que la educación se adecúe para atender las necesidades y demandas de los estudiantes[82], así como de garantizar la continuidad de la prestación del servicio[83], y (iv) aceptabilidad, que alude a la calidad de la educación que debe impartirse. 48. En particular, la adaptabilidad como requisito cuestiona la idea según la cual, son los estudiantes quienes deben “ajustarse a las condiciones de prestación del servicio educativo que imperan en cada establecimiento”[84]. Contrariamente, el sistema educativo debe valorar tanto las necesidades como el contexto social y cultural en que se desenvuelven sus estudiantes, con el fin de adecuarse y, entre otros propósitos, reducir el riesgo de deserción escolar. Así, la satisfacción de la adaptabilidad se relaciona con la realización de ajustes en la infraestructura y los programas de aprendizaje, de acuerdo con las condiciones requeridas por los estudiantes bajo el propósito de que permanezcan en el sistema[85]. 49. En atención a su protección constitucional reforzada y a la adaptabilidad que debe caracterizar al servicio educativo[86], el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes tendrá que desarrollarse a través de un programa dirigido a esta población[87]. Los programas por niveles y grados impartidos regularmente en las instituciones educativas públicas y privadas aprobadas por el Estado son adecuados para este fin, pues están estructurados para atender las necesidades de cada grupo y contribuir a su desarrollo armónico e integral, “según el momento específico de la vida en el que se encuentren”[88]. Estos garantizan que el niño, niña o adolescente comparta “con compañeros cercanos a su edad y con una percepción de la realidad similar a la suya”[89]. 50. Con estos fundamentos, se ha concluido que los niños, niñas y adolescentes no deben estudiar en los programas de educación para adultos, pues tales no están diseñados para satisfacer sus necesidades, intereses y desarrollo[90]. La Corte ha admitido que, en escenarios excepcionalísimos, su derecho a la educación se materialice en los programas para adultos, cuando es absolutamente necesario para garantizar su permanencia en el sistema educativo[91]. 51. Ahora bien, la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes implica su reconocimiento como “personas libres y autónomas con plenitud de derechos que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”[92]. Por esa razón, al analizar la adaptabilidad de la educación para esta población, resulta imprescindible considerar la percepción del niño, niña o adolescente de acuerdo con la etapa de desarrollo y madurez en que se encuentra. 52. El objetivo de lograr el desarrollo armónico e integral de esta población ha sido un argumento de las instituciones educativas para negar el ingreso a la educación, por ciclos y niveles, de estudiantes cuya edad es relativamente mayor a la regularmente aceptada para el grado a cursar. Al revisar estos casos, la Corte ha admitido que este fin, en principio, se adecúa a lo dispuesto en el artículo 44 superior[93]. Sin embargo, ha resaltado la necesidad de estudiar que la medida no vulnere el derecho a la igualdad[94] y que resulte proporcional[95]. Por lo tanto, ha estimado que la decisión de las instituciones educativas es injustificada, si no supera el juicio de igualdad o si le impone una carga desproporcionada al estudiante, que amenace su derecho a la educación. Regulación de la educación para adultos. Reiteración de jurisprudencia[96] 53. La educación formal para adultos fue definida por el artículo 50 de la Ley 115 de 1994[97] como aquella ofrecida “a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo (…)”. A su vez, el artículo 2.3.3.5.3.1.2 del Decreto 1075 de 2015[98] precisa que los procesos y acciones formativas de este programa están dirigidos a las personas que (i) por distintas circunstancias, no cursaron los niveles del sistema público educativo durante las edades aceptadas regularmente para hacerlo, o (ii) que deseen enriquecer sus conocimientos y fortalecer sus habilidades técnicas y profesionales. Esta corporación ha reconocido que la educación para jóvenes y adultos es la materialización del deber estatal de garantizar su derecho a la educación, a través de un sistema que consulte los intereses de este grupo poblacional específico[99]. 54. A su vez, el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del decreto referido dispone que “podrán” ser destinatarios de la educación básica para adultos ofrecida por ciclos lectivos especiales integrados, entre otros, “[l]as personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) años o más”[100]. Los ciclos lectivos a los que se refiere guardan correspondencia con los grados regulares de la educación básica y, de acuerdo con esta regulación, los grados octavo y noveno equivalen al ciclo lectivo IV en esta modalidad[101]. El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional. Reiteración de jurisprudencia[102] 55. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la igualdad, consagrada en el artículo 13 de la Constitución, tiene en nuestro ordenamiento un papel triple al ser simultáneamente un valor, un principio y un derecho fundamental. También ha sostenido de manera pacífica que el concepto de la igualdad tiene un carácter relacional, pues supone la comparación entre personas, medidas o situaciones[103]. Su materialización exige el cumplimiento de dos mandatos específicos[104]: (i) el tratamiento igual a supuestos de hecho equivalentes y (ii) la consideración desigual de situaciones diferentes que requieran una regulación distinta. Aun así, un trato disímil se adecúa a la Constitución siempre que sea razonable, proporcional y no implique “una afectación intensa e insoportable de un derecho, garantía o posición jurídica reconocida por la Constitución”[105]. 56. Esta corporación ha señalado que existen algunos criterios de diferenciación prohibidos, en principio, debido a que son potencialmente discriminatorios y resultan sospechosos. En general, se trata de “rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad”, que históricamente han estado asociados a prácticas discriminatorias[106]. La Corte ha aceptado también la existencia de criterios semisospechosos que no pueden considerarse radicalmente neutrales ni sospechosos. El trato diferenciado con base en un criterio etario no es en principio constitucionalmente problemático[107]. No obstante, este tribunal ha reconocido que este puede resultar semisospechoso cuando se fija como límite para realizar una actividad, pues: (i) al impedirla, se torna en un rasgo permanente del cual la persona no puede prescindir voluntariamente y (ii) existen prácticas discriminatorias dirigidas contra personas que han superado determinada edad[108]. 57. La jurisprudencia constitucional ha unificado la metodología del juicio integrado de igualdad para el estudio de los casos que plantean una aparente vulneración a la igualdad[109]. Su aplicación requiere la previa verificación de una posible afectación de la igualdad por medio de la identificación de “(i) los términos de comparación, esto es, las personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables y (ii) con respecto a los cuales se establece un trato desigual”[110]. De advertirse esta presunta vulneración, el juez constitucional debe definir si la intensidad del escrutinio que requiere adelantar debe ser leve, intermedio o estricto. Para determinarlo, se deben apreciar como criterios orientadores “(i) la materia regulada, (ii) los principios constitucionales o derechos fundamentales comprometidos y (iii) los grupos de personas perjudicados o beneficiados con la medida sometida a escrutinio”[111]. 58. En los casos en que la edad es utilizada como criterio de diferenciación, la Corte ha distinguido dos escenarios para definir la intensidad del juicio[112]. Cuando la edad sea utilizada como un límite mínimo, se aplica un escrutinio leve al no resultar esta un criterio sospechoso ni semisospechoso. En contraste, si el trato diferenciado obedece a la imposición de un tope máximo de edad, lo adecuado es realizar un juicio de intensidad intermedia dado que esta se torna en un criterio semisospechoso. Solución al caso concreto 59. La señora Viviana presentó una acción de tutela en representación de su hijo Roberto contra la IED Santo Ángel, para la protección de sus derechos a la igualdad y a la educación. La Sala verificará inicialmente los hechos que están debidamente probados y, posteriormente, establecerá si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados. 60. Roberto se matriculó en la institución demandada en 2018, cuando tenía 12 años de edad, para cursar el grado séptimo[113]. En 2019 reprobó el grado octavo y, al volverse a matricular para este grado en 2020, fue declarado desertor debido a que dejó de asistir a clase y de cumplir sus compromisos académicos[114]. La madre afirmó que su hijo no contaba con acceso a internet[115]. El joven reconoció que, durante la contingencia, se le dificultó acomodarse por no contar con el apoyo de sus profesores y sus pares como ocurría en la presencialidad[116]. 61. El estudiante acudió a la IED Santo Ángel en 2021, ya con 15 años de edad, y solicitó nuevamente un cupo para cursar octavo grado[117]. En el trámite de tutela, la institución reconoció que le ofreció al joven la opción de continuar sus estudios en la jornada sabatina, debido a que: (i) estuvo dos años matriculado al grado octavo, reprobó el primero y fue declarado desertor el segundo, y (ii) para ese momento se encontraba en un “rango de edad superior a la edad promedio de los estudiantes de octavo grado”[118]. 62. Roberto y su madre aceptaron inicialmente su ingreso al ciclo IV de educación formal para jóvenes y adultos que, de acuerdo con el artículo 2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015, corresponde a los grados octavo y noveno de la educación regular[119]. La demandada indicó que la señora Viviana accedió a matricular a su hijo a este programa con la “justificación de que debía trabajar para ayudar al sostenimiento de sus hermanos”[120]. Por el contrario, la madre señaló que lo consintió debido a que no lo admitieron en la modalidad entre semana, al tener ya 15 años de edad[121]. De hecho, argumentó que, aunque fue matriculado el 19 de febrero de 2021[122], el joven desertó nuevamente porque necesitaba trabajar los fines de semana para ayudar al sostenimiento económico de su familia, dado que ella se encontraba enferma y no recibía apoyo del padre de sus hijos[123]. La IED Santo Ángel confirmó que, a pesar de sus dificultades académicas, el joven mantenía amistades y compartía tiempo con sus hermanos en el programa de educación regular[124]. 63. Tanto Roberto como su madre sostuvieron que desertó porque no se sintió cómodo durante el mes y medio que asistió a la educación formal para jóvenes y adultos[125]. La institución afirmó que él nunca acudió a la jornada sabatina a pesar de matricularse[126]. Sin embargo, el joven describió que en esta modalidad se sentía solo, que sus compañeros eran de mayor edad y que le costó relacionarse al no hallar “temas de conversación en común”[127]. Aseguró que la interacción con los profesores era distante, que estaban menos atentos a apoyarlo en sus dificultades académicas y que la educación era más autónoma[128]. 64. El 21 de febrero de 2022, la madrina de Roberto radicó un escrito en ejercicio del derecho de petición en la personería de Chocontá, con el fin de solicitar su apoyo para que él pudiera culminar sus estudios[129]. Agregó que ni la IED Santo Ángel ni la IED Simón Bolívar estaban dispuestas a admitir a su ahijado por encontrarse en extraedad. El personero sostuvo que la IED Simón Bolívar le contestó que no podía admitir al joven porque figuraba matriculado en la institución demandada[130]. A su vez, la IED Santo Ángel le indicó que lo podían matricular al programa para jóvenes y adultos, pues (i) así lo indicaban las normas de la institución para las personas en extraedad y (ii) no era recomendable ni conveniente admitir al joven de 16 años en el grado octavo, con niños y niñas de 12 y 13 años[131]. El personero estimó que de esta manera se garantizaba el derecho a la educación del adolescente y archivó el caso[132]. 65. La Sala también evidenció que el 4 de mayo de 2022, cuando Roberto tenía 16 años de edad, la señora Viviana solicitó una vez más a la IED Santo Ángel que admitiera a su hijo[133]. La institución ratificó su intención de otorgarle un cupo en el programa para jóvenes y adultos, tras afirmar que no vulneró sus derechos fundamentales[134]. 66. Actualmente, Roberto tiene 17 años de edad y se encuentra desescolarizado[135]. La Sala estableció que habita con cuatro de sus hermanos, su madre y la actual pareja de ella[136]. La señora Viviana labora como operaria en un cultivo de flores en la actualidad y devenga un salario mínimo, además, su pareja contribuye al sostenimiento del hogar a través de su labor como mecánico[137]. De acuerdo con el informe del ICBF, el joven vive con su familia en condiciones adecuadas y mantiene con ellos fuertes vínculos de afecto[138]. Si bien Roberto manifestó que se dedica a varias actividades en la actualidad, también expresó que desea retomar sus estudios. Al momento de la visita ordenada por la Corte, indicó que estaba realizando gestiones para validar el bachillerato en otra institución educativa. 67. A su vez, la Sala conoció en el trámite de revisión que, tal como lo señaló la madre del joven en la demanda[139], la IED Santo Ángel ha permitido que algunas personas continúen en el programa de educación regular a pesar de encontrarse en extraedad[140]. La accionada sostuvo que realiza estas excepciones con estudiantes que requieren medidas especiales de inclusión, por ejemplo, por encontrarse en situación de discapacidad o ser inmigrantes. Durante el trámite de tutela, aclaró que, en todo caso, le da esta oportunidad a quienes cumplen con sus deberes académicos y disciplinarios[141]. 68. En sede de revisión, la accionada sostuvo que implementa estrategias similares en ambos programas para promover el éxito escolar de sus estudiantes. No obstante, puntualizó que en el programa regular por grados y niveles contempla algunas alternativas adicionales, como la realización de proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas[142], las escuelas de padres[143] y la promoción de “ambientes de aprendizaje democráticos”[144]. La institución refirió que, de ingresar al programa de educación regular, el joven compartiría el aula con niños y niñas de 12 a 14 años[145]. De matricularse al programa de educación formal para jóvenes y adultos, Roberto cursaría sus estudios con personas de 17 a 25 años de edad[146]. La IED Santo Ángel vulneró los derechos a la educación y a la igualdad de Roberto al impedirle continuar sus estudios en el programa dirigido a los niños, niñas y adolescentes 69. La Sala evidencia que la IED Santo Ángel vulneró los derechos a la educación y a la igualdad de Roberto. Con el propósito de adelantar el análisis de fondo del asunto, (i) recordará las exigencias de adaptabilidad del sistema educativo, (ii) evidenciará que la decisión de la institución no perseguía un fin legítimo respecto de los demás estudiantes de octavo grado en edad promedio, debido a que el joven no se encontraba en extraedad al iniciar el 2021, ni lo estaría hasta cumplir los 16 años en agosto de ese año, y (iii) sostendrá que no existían razones que impidieran que la accionada adaptara el programa entre semana a las necesidades de Roberto, como lo ha hecho con otros estudiantes. 70. La adaptabilidad que debe caracterizar al sistema educativo. Como se estableció previamente, el sistema educativo debe ser adaptable, es decir, debe adecuarse a las condiciones de sus estudiantes y facilitar las condiciones propicias para su aprendizaje y buen desenvolvimiento en el aula[147]. El objetivo de la adaptabilidad de la infraestructura y los programas de aprendizaje es procurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Esto quiere decir que dicho sistema debe flexibilizarse para garantizar la mayor protección del derecho a la educación, según las circunstancias y necesidades de cada educando. Dado que el fin es lograr la permanencia en el sistema, la adaptabilidad requiere establecer el programa educativo más adecuado para cada estudiante de acuerdo con su perspectiva, contexto, el momento de la vida en el que se encuentra y sus condiciones de desarrollo. 71. La decisión de la institución no perseguía un fin legítimo respecto de los demás estudiantes de octavo grado en edad promedio. La institución accionada sostuvo en diversas oportunidades que ofreció a Roberto continuar sus estudios en el programa de educación formal para jóvenes y adultos, en atención a su situación de extraedad[148]. La primera vez que le negó el ingreso a la educación regular fue en febrero de 2021, cuando el joven tenía 15 años de edad. La demandada aseguró que no resultaba recomendable ni conveniente que compartiera el aula con niños y niñas de 12 a 14 años, que es la edad promedio de los estudiantes de octavo grado en la institución. Si bien la Sala no evidencia que la IED Santo Ángel lo haya planteado en estos términos, se infiere que justificó su decisión en el objetivo de procurar un ambiente escolar adecuado para la edad de los estudiantes de octavo grado. 72. Esta corporación advierte que, en este caso, la demandada brindó un trato discriminatorio e injustificado a Roberto. La decisión del colegio no persiguió un fin legítimo, pues es claro que el joven no se encontraba en extraedad cuando acudió a matricularse al iniciar el 2021. En ese momento contaba con tan solo un año por encima del promedio de edad de los estudiantes de octavo grado, tanto en la institución como a nivel nacional, según la información que reporta el DANE. El estudiante no estaba en extraedad de acuerdo con la definición del Ministerio Nacional de Educación, al no superar este promedio de edad por dos años o más. No existían razones para pensar que la inclusión del joven en el aula de octavo grado pudiera impactar negativamente el desarrollo armónico e integral de sus pares de 12 a 14 años de edad. Más aún, tal como lo manifestó el joven y lo admitió la demandada, Roberto mantenía buenos lazos de amistad con sus compañeros dentro del programa regular por grados y niveles[149]. Es claro que, como lo expresó el estudiante, esto se debía al menos en parte a que eran cercanos en edad y compartían una percepción similar de la realidad. 73. La decisión de la IED Santo Ángel no resulta razonable incluso si se asumiera que el joven se hubiese encontrado en extraedad. Si bien la Corte ha estimado que la agrupación de estudiantes por edades cercanas puede contribuir a su desarrollo armónico e integral[150], también ha considerado que la “uniformidad” de los estudiantes no es necesariamente una condición ideal para ese fin[151]. Esta posición se ve respaldada por la intervención de la Universidad Pedagógica, de acuerdo con la cual resulta inadecuado reducir la lectura del contexto de los estudiantes a la clasificación etaria. En su criterio, cuando la diferencia etaria no es muy amplia, como en este caso, la inclusión incentiva una visión más amplia de la normalidad. La interviniente indicó que la clasificación por edades genera un riesgo de segregación y exclusión escolar, como la Sala evidencia que ocurrió en este caso. Esto permite concluir que, incluso de haberse encontrado en extraedad, la exclusión del estudiante de la educación regular por grados y niveles no buscaba un fin legítimo. 74. No existían razones que impidieran que la accionada adaptara el programa entre semana a las necesidades de Roberto como lo ha hecho con otros estudiantes. La Sala no evidencia motivos que justificaran que la accionada no adaptara el programa entre semana para procurar la continuidad del joven, con el fin de darle la mayor protección posible a su derecho a la educación. La accionada admitió que incluye a estudiantes en situación de extraedad en su programa de educación regular e incluso afirmó que flexibiliza la oferta académica y brinda los apoyos necesarios para esta población. Sostuvo que sus docentes planifican el currículo en atención a la diversidad de las aulas y que las personas en la institución son consideradas “valiosas con sus diferencias y semejanzas”[152]. Por este motivo, para la Sala resulta incoherente que haya tomado la determinación de que Roberto únicamente podría continuar con sus estudios en la institución de matricularse en el programa para adultos y, más aún, que fundamentara su decisión en el rendimiento académico del joven y en su deserción durante el año en que fue declarada la contingencia sanitaria. Se debe recordar que el ingreso al programa de educación para adultos no es una sanción para quien no cumpla con sus compromisos académicos en la educación regular. Se trata en cambio, de un mecanismo para garantizar el derecho a la educación de las personas que, por distintas circunstancias, no cursaron los niveles de educación básica en las edades regularmente estandarizadas para hacerlo. 75. La IED Santo Ángel se mantuvo erróneamente en su negativa durante los siguientes dos años, bajo el argumento de que el estudiante no presentaba características que exigieran adaptar el programa de educación regular. La Sala no comparte la perspectiva según la cual la oferta académica únicamente debe flexibilizarse en unos casos específicos. La adaptabilidad es una característica universal de la educación aplicable a la oferta dirigida a todas las personas, sin excepción. En ese sentido, correspondía a la demandada evaluar las circunstancias del joven y su opinión, con el fin de garantizar que el programa ofrecido fuera el más adecuado para atender sus necesidades. Se debe advertir que Roberto no quería ingresar a ese programa desde que le fue propuesto y que, durante el tiempo que acudió, se sintió solitario y le costaba interactuar con los demás estudiantes. Esto era previsible para la institución, pues en ese momento la edad del joven era más cercana a la de sus pares dentro de la educación regular, que a la de las personas de 17 a 25 años de edad que estudian en la educación formal para jóvenes y adultos. La accionada tampoco tuvo en cuenta que el programa regular entre semana era más adecuado a las necesidades de un adolescente como Roberto, no solo por sus preferencias y su edad, sino por contar con mayores estrategias para promover el éxito escolar, como las escuelas de padres o los programas para el desarrollo de competencias ciudadanas. 76. La accionada también afirmó en el trámite de tutela que Roberto cumplía con los requisitos fijados en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2013 para la admisión al programa de educación para jóvenes y adultos. No obstante, esta Sala considera que esta aseveración es equivocada, si se tiene en cuenta que en 2021 el joven no había cumplido dos años por fuera del sistema educativo, como lo exige la norma. La institución reconoció que durante 2019 cursó octavo grado, lo reprobó, y durante 2020 inició sus estudios y desertó. La accionada tampoco atendió que la referida disposición no obliga a que todas las personas que cumplan esos requisitos ingresen a ese programa, sino que las faculta a hacerlo. 77. A partir de las anteriores consideraciones, esta corporación concluye que el trato diferenciado brindado por la accionada a Roberto, respecto de los demás estudiantes con los que ha realizado excepciones, restringió injustificadamente su derecho a la educación. La decisión de la institución no atendió un fin legítimo y constitucionalmente importante, dado que (i) el joven no se encontraba en extraedad, por lo cual no era viable argumentar la protección del desarrollo armónico e integral de sus compañeras y compañeros de octavo grado; (ii) el colegio tiene el deber de adaptar la oferta educativa para atender las necesidades del joven, para lo cual debió tener en cuenta sus preferencias y circunstancias, como lo ha hecho con otros estudiantes; y (iii) la educación para adultos no es una sanción para quien incumple sus compromisos académicos, lo que torna inaceptable que la demandada sostenga que le ofreció ese programa por no aprovechar las oportunidades brindadas por la institución. Al no haber perseguido una finalidad legítima, no resulta pertinente examinar si la medida era conducente o proporcional. 78. El trato desigual brindado por la institución demandada a Roberto le generó una carga excesiva que contribuyó a su exclusión del sistema educativo. El joven expresó que nunca se sintió cómodo en el programa para jóvenes y adultos, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que estaba acostumbrado a compartir con personas más cercanas en edad y a estudiar en un programa diseñado para ellos. El trato brindado por la demandada no cumplió una finalidad clara, ni aportó un beneficio específico para los demás estudiantes de octavo grado dentro de la educación regular de la institución. La institución optó de manera injustificada por ofrecerle a Roberto un cupo en un programa: (i) que no cumple con el mismo nivel de adaptabilidad a personas de su edad, y no consultó sus preferencias y circunstancias, como sí lo hacía la modalidad de educación regular por grados y niveles, y (ii) para el cual el joven no acreditaba las condiciones estándar de ingreso. 79. La Sala advierte que, actualmente, ordenar que la demandada le otorgue un cupo para cursar octavo grado en la educación regular, no garantiza que el joven comparta el aula de clase con personas cercanas en edad y con una percepción de la realidad similar a la suya. No obstante, durante la visita realizada por la Defensora de Familia, indicó que prefería el programa de educación regular al encontrarlo más “dinámico” y sentir que contaba con mayor apoyo pedagógico[153]. Roberto continúa siendo un niño desde la perspectiva legal, pero se encuentra en un momento de la vida en el que cuenta con un relativo grado de madurez y autonomía que le permite tomar decisiones sobre su proceso formativo. Además, en el trámite de revisión manifestó su intención de reingresar al sistema educativo. Por tales motivos, resulta imprescindible consultar su opinión y perspectiva para establecer el programa más adecuado para que continúe sus estudios. 80. En consecuencia, la Sala: (i) revocará la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por el Juzgado Civil Municipal de Chocontá que negó el amparo invocado y, en su lugar; (ii) tutelará los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de Roberto. Con ese fin, le ordenará a la IED Santo Ángel que (iii) gestione la obtención de un concepto psicopedagógico, para que se evalúen adecuada e integralmente las circunstancias particulares del joven, esto es, su edad, contextura, nivel académico, conocimientos, personalidad, sociabilidad y otras condiciones personales, para determinar cuál modalidad educativa es la más adecuada para que culmine sus estudios, (iv) se comunique con Roberto con el fin de consultarle la modalidad de estudio de su interés actualmente, y (v) si el concepto indica que la modalidad de lunes a viernes es la más apropiada y el joven expresa que la prefiere, proceda inmediatamente a matricularlo y admitirlo en ese programa en el grado octavo; (vi) de efectuarse el reintegro en la modalidad de lunes a viernes, la IED Santo Ángel deberá definir un plan de refuerzo escolar para que el joven pueda adelantar los temas que hasta el momento se han dictado para el grado octavo e identificar vacíos respecto de la formación, dado que el estudiante lleva tres años por fuera del sistema; (vii) así mismo, la Sala dispondrá que la Defensoría del...