Sentencia T-010 de 2025

T-010-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-010/25 DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Vulneración por EPS cuando niega transporte a pacientes o a sus acompañantes CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que se ordenó transporte para la agenciada y su acompañante PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia dada la menor eficacia del mecanismo judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud previsto en la ley 1122 de 2007 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Naturaleza y alcance PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD-Alcance PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD-Todo servicio o medicamento que no esté expresamente excluido, se entiende incluido PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia DERECHO A TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA-Referentes normativos que la identifican como una enfermedad catastrófica SERVICIO DE TRANSPORTE COMO MEDIO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-Alcance ENTIDAD DE SALUD-Transporte de paciente para atención médica de tratamiento renal REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Séptima de Revisión de Tutelas SENTENCIA T-010 DE 2025 Referencia: expedientes T-10.388.413, T-10.414.541 y T-10.444.083 (acumulados) Acciones de tutela presentadas por Sebastián y otros contra Sanitas EPS, Comfaoriente EPS y Nueva EPS. Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Bogotá, D.C., veinte (20) de enero dos mil veinticinco (2025) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos emitidos por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fonseca (La Guajira), el 31 de mayo de 2024, que negó el amparo solicitado en el expediente T-10.388.413; por el Juzgado Décimo Sexto Penal Municipal del Distrito Judicial de Cúcuta, dictado el 27 de junio de 2024, en el que se negó el amparo solicitado en el expediente número T-10.414.541; y por el Juzgado Primero Civil Municipal de Girón, dictado el 5 de marzo de 2024, en el que se declaró la improcedencia de la acción de tutela en el expediente T-10.444.083. ACLARACIÓN PREVIA Dado que los expedientes de la referencia revelan información reservada de los accionantes, en particular datos relacionados con sus historias clínicas, es necesario adoptar, de oficio, medidas que protejan su derecho a la intimidad. En consecuencia, la Sala de Revisión aprobará dos versiones de esta providencia. En la versión pública, se omitirán los nombres de los accionantes, así como cualquier dato o información que permita su identificación. Esta medida se aplicará a todos los expedientes acumulados. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La Sala Séptima de Revisión revisó tres procesos de tutela en los cuales pacientes con enfermedades renales crónicas, dependientes de tratamientos de hemodiálisis, solicitaron el cubrimiento del servicio de transporte debido a la gravedad de su estado de salud y a la imposibilidad de asumir dicha carga económica, sin comprometer sus derechos fundamentales. En los tres casos, las EPS negaron el servicio, bien argumentando que el transporte no es una prestación médica cubierta o bien aduciendo que no existía justificación suficiente para conceder la solicitud.. La Sala de Revisión juzgó la alegada violación de los derechos fundamentales de los accionantes. Para tal efecto, recordó las características y exigencias de las distintas modalidades de transporte: intermunicipal (con y sin acompañante) e intraurbano. Reiteró que el transporte intermunicipal debe ser cubierto por las EPS cuando es necesario recibir un tratamiento incluido en el PBS (Plan de Beneficios en Salud), sin exigir orden médica o demostración de incapacidad económica. Lo anterior, por cuanto este servicio es indispensable para asegurar el acceso al tratamiento, lo que resulta particularmente urgente en casos de enfermedades catastróficas. Respecto a la prestación de transporte intraurbano y para el acompañante, reiteró que únicamente se concede en situaciones excepcionales, en las que el paciente carezca de recursos económicos para sufragar el desplazamiento y en las que su salud dependa del traslado o de la asistencia de un acompañante. En tales casos, se debe realizar una valoración médica y socioeconómica para verificar la necesidad de los mismos. En aplicación de esta subregla jurisprudencial, la Sala adoptó las siguientes decisiones en los procesos bajo revisión: (i) en el expediente T-10.388.413, declaró la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a que Sanitas EPS satisfizo de manera voluntaria el objeto de la acción. En todo caso, la Sala advirtió a la entidad para que siga asumiendo el servicio de transporte intermunicipal que requiere el demandante; (ii) en el expediente T-10.414.541, Comfaoriente EPS fue condenada a proporcionar el servicio de transporte intraurbano a Ligia, debido a su situación económica y a la necesidad médica de asistir a sus terapias de hemodiálisis; (iii) en el expediente T-10.444.083, Nueva EPS quedó obligada a prestar el servicio de transporte intermunicipal para Abel y a evaluar la necesidad de un acompañante, en función de su condición médica. I. ANTECEDENTES 1. Introducción a la causa objeto de la controversia 1. El 30 de agosto de 2024, la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional decidió seleccionar y acumular los expedientes de la referencia. En estos procesos, se cuestiona la oposición de las EPS demandadas a autorizar y suministrar el servicio de transporte a los accionantes, en las siguientes modalidades: (i) «[T]ransporte [intermunicipal]»[1]; (ii) «transporte [intraurbano] desde el barrio El Escobal, hasta el barrio La Playa»[2]; y (iii) transporte intermunicipal del accionante y de su acompañante[3]. El siguiente cuadro identifica las partes involucradas en cada uno de los expedientes: Tutelas acumuladas Expediente Accionante Accionada T-10.388.413 Sebastián Sanitas EPS T-10.414.541 Ligia Comfaoriente EPS T-10.444.083 Abel Nueva EPS 2. Para revisar las acciones de tutela acumuladas, la Sala Séptima describirá los hechos que fundamentan cada solicitud de amparo y el trámite de cada expediente. Luego, evaluará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la necesidad de pronunciarse sobre cuestiones previas y determinará la viabilidad de la emisión de un pronunciamiento de fondo. Finalmente, examinará la presunta vulneración de los derechos fundamentales y, de ser procedente, adoptará los remedios necesarios para restablecer los derechos de los accionantes. 2. Hechos relevantes y tramitación de los procesos de tutela 2.1. Expediente T-10.388.413: Sebastián contra Sanitas EPS (i) Hechos relevantes 3. Caracterización del actor, diagnóstico y prescripción médica. Sebastián tiene de 60 años, está afiliado al régimen contributivo de Sanitas EPS y pertenece al grupo B7 en la escala del Sisbén[4]. Está diagnosticado con «enfermedad renal crónica estadio V»[5]. Además, padece hipertensión arterial controlada, diabetes tipo II y gastritis[6]. Manifestó que necesita «asistir a su terapia de hemodiálisis»[7] tres veces por semana, lo que implica desplazarse desde su domicilio en Fonseca, La Guajira, hasta Valledupar, Cesar, donde la IPS RTS Valledupar le brinda dicho tratamiento, el cual ha recibido desde 2023. 4. El 15 de mayo de 2024, la IPS RTS Valledupar envió al accionante una carta en la que confirmó la periodicidad y duración de las terapias de dicho mes[8]. De acuerdo con la información expuesta en el escrito de demanda, durante ese periodo, Sanitas EPS no autorizó transporte alguno para que el señor Sebastián se desplazara a Valledupar, a pesar de haber solicitado el servicio «en reiteradas ocasiones a la EPS»[9]. (ii) Trámite de la acción de tutela 5. Solicitud de amparo. El 17 de mayo de 2024, el señor Sebastián interpuso acción de tutela contra Sanitas EPS[10]. Adujo que requiere el servicio de transporte para asistir a su terapia de hemodiálisis en la IPS RTS Valledupar, la cual fue autorizada por Sanitas EPS. Durante mayo de 2024, no recibió el servicio de transporte, por lo que solicitó que se ordenara a Sanitas EPS autorizar «los pasajes a la ciudad de Valledupar de [dicho] mes y meses siguiente[s], […] como garantía a [su] derecho a la salud y a la vida»[11]. 6. Admisión y respuestas a la acción de tutela. El 20 de mayo de 2024, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fonseca admitió la demanda[12]. Sanitas EPS presentó escrito de contestación, informando que negó la solicitud debido a que no existe orden médica que sustente la petición, conforme a la Resolución 2366 de 2023. Adujo que el transporte solo se cubre en casos específicos, como cuando se está en presencia de zonas de dispersión geográfica o cuando el traslado a otro municipio resulte indispensable, lo cual no ocurriría en este caso[13]. Agregó que Sebastián está activo en el régimen contributivo y ha recibido todas las prestaciones médicas necesarias. Alegó que la solicitud de transporte no cumple con los requisitos médicos y que, conforme al principio de solidaridad, los gastos de transporte son responsabilidad del usuario. Finalmente, sostuvo que el transporte no está cubierto por la UPC (Unidad de Pago por Capitación), y no se ha demostrado falta de recursos por parte del accionante o su familia. Con fundamento en estas razones, la EPS solicitó denegar la tutela debido a que no habría violado los derechos fundamentales del demandante. 7. Sentencia de única instancia. En fallo del 31 de mayo de 2024, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fonseca negó la tutela. Argumentó que no se aportaron pruebas suficientes que demostraran la necesidad del servicio de transporte para las diálisis. El despacho señaló que el accionante «no anexó la historia clínica ni la orden médica prescrita por el médico tratante»[14]. Por tanto, concluyó que no se configuró una vulneración a los derechos fundamentales. El accionante no impugnó el fallo. (iii) Actuaciones judiciales en sede de revisión 8. Autos de pruebas. Mediante auto del 4 de octubre de 2024, la magistrada sustanciadora requirió a las partes para que aportaran información sobre los siguientes asuntos: (i) situación médica, composición del núcleo familiar, situación económica y laboral, e ingresos; y (ii) solicitudes o trámites previos realizados ante Sanitas EPS u otras entidades en relación con la autorización y prestación del servicio de transporte para los tratamientos médicos prescritos. Posteriormente, mediante auto del 25 de octubre de 2024, el despacho insistió en la remisión de las pruebas solicitadas en el auto anterior, debido a la falta de respuesta de algunas partes procesales. 9. Respuestas a los autos de pruebas. El siguiente cuadro resume las respuestas a los autos de pruebas: Entidad Respuesta Sanitas EPS El 21 de octubre de 2024, Sanitas EPS proporcionó la siguiente información[15]: (i) El servicio de transporte ha sido autorizado en varias fechas, incluyendo 21/06/2024, 25/06/2024, 29/07/2024, 20/08/2024 y 18/09/2024, dado que el usuario debe desplazarse desde Fonseca, La Guajira, a Valledupar para recibir tratamiento, pues la EPS no cuenta con este servicio en su red local. (ii) No existe en sus registros una prescripción médica para el transporte. El usuario, mediante contacto telefónico, indicó que requiere el servicio debido a la ubicación de las terapias en una ciudad distinta a su lugar de residencia. (iii) Las solicitudes de transporte han sido atendidas. Se informó al usuario sobre la autorización de los transportes para mayo y junio mediante cartas de confirmación emitidas el 12/04/2024 y el 16/05/2024. (iv) No hay alternativas en la red de prestadores que ofrezcan el servicio de hemodiálisis en el municipio de Fonseca. La red contratada para este servicio es FRESENIUS en Valledupar, por lo que el traslado a esta ciudad es necesario. Luego, en respuesta del 31 de octubre de 2024, la EPS confirmó que el transporte se encuentra autorizado y se está prestando en la actualidad. IPS RTS Sucursal Valledupar El 10 de octubre de 2024, RTS Sucursal Valledupar anexó la historia clínica del paciente y suministró la siguiente información[16]: (i) Frente a los hechos: Confirmó que el paciente Sebastián asiste a hemodiálisis en RTS Valledupar tres veces por semana en el horario de 6:30 a.m. a 10:30 a.m. Señaló que el tratamiento es «crucial para prevenir tanto el deterioro de su estado de salud como el agravamiento de su condición médica»[17], siendo indispensable para «preservar su bienestar general y evitar complicaciones adicionales que puedan poner en riesgo su vida y estabilidad física»[18]. Además, indicó que, aunque el paciente «no es dependiente, requiere acompañamiento debido a sus diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes»[19]. (ii) Excepciones: Alegó «falta de legitimación en la causa por pasiva»[20], destacando que «la responsabilidad de garantizar este servicio recae en las […] EPS»[21], y no en RTS Sucursal Valledupar. Solicitó, por tanto, que «se desestime la acción de tutela respecto a RTS»[22]. (iii) Inexistencia de vulneración de derechos: Afirmó que ha cumplido con todos los servicios médicos necesarios y que «no se ha producido ninguna vulneración de los derechos fundamentales del accionante»[23]. Añadió que la obligación de coordinar el transporte es competencia exclusiva de la EPS e indicó que, según la escala de Barthel aplicada el 20 de septiembre de 2023, el paciente «no presenta dificultades para realizar sus actividades básicas de la vida diaria»[24] pero que «ha dejado la recomendación médica respecto a que requiere acompañamiento debido a sus diagnósticos de Hipertensión Arterial y Diabetes»[25] aunque «no es dependiente»[26] y, en aplicación de la escala de Barthel, «no presenta dificultades para realizar sus actividades básicas de la vida diaria»[27]. (iv) Solicitud de desvinculación: Solicitó la «desvinculación»[28] debido a que la prestación de transporte es una obligación a cargo de la EPS, no de la IPS. 2.2. Expediente T-10.414.541: Ligia en contra de Comfaoriente EPS (i) Hechos relevantes 10. Caracterización de la actora, diagnóstico y prescripciones. Ligia, de 50 años de edad, pertenece al grupo A3 en la escala del Sisbén[29] y está afiliada al régimen subsidiado de salud de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (Comfaoriente EPS)[30]. Afirma que «no trabaj[a]»[31], que su hija es la «cabeza de hogar»[32], y que los gastos de transporte han «afectado [su] mínimo vital y […] su estabilidad económica»[33]. Su diagnóstico médico registra las siguientes dolencias: «[I]nsuficiencia renal crónica enfermedad renal crónica, estadio 5, cardiomiopatía dilatada, hipertensión secundaria a otros trastornos renales y enfermedad hipertensiva»[34]. Como consecuencia de estas patologías, debe «asistir los días martes, jueves y sábado a la IPS Fresenius Medical Care»[35] en la ciudad de Cúcuta, lugar de su residencia, para recibir tratamiento. (ii) Trámite de la acción de tutela 11. Solicitud de tutela. El 14 de junio de 2024, Ligia interpuso acción de tutela contra Comfaoriente EPS. Alegó que la EPS vulneró su derecho fundamental a la salud al no autorizar el servicio de transporte intraurbano dentro de la ciudad de Cúcuta, afectando además su «mínimo vital»[36] debido a los significativos gastos que conllevan dichos desplazamientos. Solicitó que se le ordene a dicha EPS «autorizar el cubrimiento de los gastos de transporte […] con el fin de garantizar [su] asistencia a las diálisis que requier[e] día de por medio»[37]. 12. Admisión, vinculación y respuestas a la acción de tutela. Mediante auto del 14 de junio de 2024, el Juzgado 16 Penal Municipal de Cúcuta admitió la acción de tutela y vinculó a la IPS Fresenius Medical Care, a la ADRES (Administradora de los Recursos en el Sistema de Seguridad Social en Salud), a la Secretaría de salud de San José de Cúcuta y al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander[38]. 13. El siguiente cuadro resume los escritos de respuesta de la accionada y las entidades vinculadas: Parte Respuesta Comfaoriente EPS La entidad solicitó que se declarara improcedente la tutela por configurarse un hecho superado y porque no se demostró vulneración de derechos fundamentales[39]. Argumentó que la accionante ha recibido regularmente las terapias de hemodiálisis desde 2020, sin barreras para acceder a los servicios médicos requeridos, y que el transporte no es un servicio cubierto por el PBS, según la Resolución 2366 de 2023. Además, la EPS afirmó que el núcleo familiar de la accionante tiene los recursos para cubrir los costos de transporte, y la tutela es improcedente porque no existe una conducta atribuible a la EPS que vulnere derechos fundamentales, citando las sentencias SU-975 de 2003 y T-883 de 2008. ADRES La entidad solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa[40]. Argumentó que su función se limita a financiar los servicios a través de la UPC, pero la gestión es exclusiva de las EPS. También, afirmó que la facultad de recobro ha sido eliminada y solicitó que se niegue cualquier solicitud de recobro para preservar la estabilidad financiera del SGSSS. Secretaría de Salud de San José de Cúcuta La autoridad municipal solicitó la desvinculación alegando que no tiene competencia para autorizar procedimientos médicos y su responsabilidad está limitada a urgencias y actividades de prevención para personas no afiliadas al SGSSS[41]. Añadió que la accionante debe cumplir con los requisitos de afiliación para recibir atención integral más allá de la atención de urgencias. Por tanto, dijo que es necesario que legalice su situación migratoria y se afilie al SGSSS. Recordó que la Corte ha establecido en varias sentencias (T-210 de 2018, SU-677 de 2017, T-274 de 2021) que los extranjeros, aunque tienen derecho a atención básica de urgencias, deben cumplir con los requisitos de afiliación para acceder a atención integral. 14. Silencio procesal. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la IPS Fresenius Medical Care, a pesar de haber sido vinculadas y notificadas[42], omitieron presentar informe en el asunto de la referencia. 15. Sentencia de única instancia. En fallo del 27 de junio de 2024[43], el Juzgado 16 Penal Municipal de Cúcuta negó la acción de tutela. El despacho concluyó que la EPS no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, porque la actora ha recibido el tratamiento médico desde 2020 sin interrupciones. Además, no se demostró una variación en su situación económica que justifique la imposibilidad de cubrir los gastos de transporte. La accionante no impugnó la decisión. (iii) Actuaciones judiciales en sede de revisión 16. Autos de pruebas. Mediante auto del 4 de octubre de 2024, la magistrada sustanciadora requirió a las partes para que aportaran información sobre los siguientes asuntos: (i) situación médica, composición del núcleo familiar, situación económica y laboral, e ingresos; y (ii) solicitudes o trámites previos realizados ante Comfaoriente EPS u otras entidades en relación con la autorización y prestación del servicio de transporte para los tratamientos médicos prescritos. Posteriormente, mediante auto del 25 de octubre de 2024, el despacho insistió en el cumplimiento de las pruebas solicitadas en el auto anterior, debido a la falta de respuesta por parte de algunos accionantes y entidades. 17. Respuestas a los autos de pruebas. El siguiente cuadro resume las respuestas a los autos de pruebas: Entidad Respuesta Ligia Mediante correo electrónico enviado el 6 de octubre de 2024[44], la accionante proporcionó la siguiente información: Sobre su situación médica: respondió que sí cuenta con una orden médica para el transporte, pero no anexó soporte de la misma; sobre su diagnóstico y frecuencia de terapia, indicó que debe asistir «3 veces a la semana»; respecto de las complicaciones de movilidad que puedan afectarla en el transporte público, respondió: «No»; sobre las dificultades para acceder al tratamiento debido a la falta de transporte, indicó que los costos de transporte «s[í] afectan» su situación económica. Sobre su núcleo familiar y situación económica: señaló que vive con sus tres hijos, «la menor de 16, el del medio de 19 y la mayor de 22»; en cuanto a sus ingresos y situación laboral, mencionó lo siguiente: «No trabajo, mi hija es la cabeza de hogar». Comfaoriente EPS Mediante correo remitido a esta corporación del 10 de octubre de 2024, la EPS brindó la siguiente información[45]: (i) Autorización del servicio de transporte: La accionante Ligia, quien presenta insuficiencia renal crónica y otras comorbilidades, recibe hemodiálisis tres veces a la semana en la IPS Fresenius Medical Care. Comfaoriente EPS argumentó que la accionante no enfrenta barreras para desplazarse, ya que, «teniendo en cuenta su edad y que su patología no la tiene en estado de postración, tampoco tiene limitaciones en la movilidad»[46]. La entidad considera que el núcleo familiar de la accionante cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el costo del transporte, y que este no representa una barrera para acceder al tratamiento. (ii) Justificación médica para el transporte: Según la historia clínica del 15 de agosto de 2024, indican que la paciente se encuentra «clínicamente estable, no náuseas ni vómitos», y «tolerando adecuadamente» las sesiones de hemodiálisis sin complicaciones. La entidad concluyó que «no existe justificación médica para que indique la necesidad de autorizar el transporte para la paciente». (iii) Atención a solicitudes de la accionante: Comfaoriente EPS afirmó que, según sus registros, la accionante «no hizo solicitud previa ante la entidad por medio de los canales virtuales ni presenciales para solicitar el servicio de transporte»[47]. (iv) Alternativas dentro de la red de prestadores: Indicó que, debido a la modalidad de la terapia de hemodiálisis, esta solo puede realizarse en una IPS especializada, y no existen alternativas dentro de su red para evitar el desplazamiento intraurbano. Fresenius Medical Care El 8 de octubre de 2024, la IPS Fresenius Medical Care anexó el informe médico de la paciente Ligia, atendida en su Unidad Renal de Cúcuta[48]. 18. Comunicación con la accionante por el despacho sustanciador. Con el propósito de esclarecer las condiciones fácticas que rodean su solicitud de tutela y obtener mayores elementos de juicio para emitir una decisión, el despacho sustanciador se comunicó telefónicamente con la señora Ligia[49]. De esta forma, se obtuvo la siguiente información: 19. Sobre sus condiciones de salud, la señora Ligia manifestó que es de nacionalidad colombiana y que la EPS Comfaoriente no le ha reconocido el servicio de transporte. Indicó que debe desplazarse desde su domicilio hasta la IPS para recibir su tratamiento de hemodiálisis los días martes, jueves y sábado. Precisó que se conecta a la máquina aproximadamente a las 5:15 p.m. y finaliza a las 9:30 p.m. Generalmente, utiliza transporte público para el trayecto de ida, lo cual le representa un gasto de alrededor de $3.000 COP. Para el regreso, debido a la hora y su estado físico posterior al tratamiento, suele tomar un taxi, con un costo adicional promedio de $12.000 COP, dependiendo de las condiciones climáticas y de tráfico. Sobre su situación económica, la accionante explicó que reside en la casa de su difunta madre y que no percibe ingresos ni subsidios. Vive con sus tres hijos: una hija de 16 años, un hijo de 19 años y su hija mayor, de 22 años, quien es la única que trabaja y cubre los gastos del hogar. Por último, informó que su hermana, quien en el pasado le brindaba apoyo económico, ya no cuenta con la capacidad financiera para hacerlo. 2.3. Expediente T-10.444.083: Abel en contra de Nueva EPS (i) Hechos relevantes 20. Caracterización del actor, diagnóstico y prescripciones. Abel, de 57 años de edad, pertenece al grupo B6 en la escala del Sisbén[50] y está afiliado al régimen contributivo de salud de la Nueva EPS[51]. Informó que tiene el siguiente diagnóstico: «[E]nfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis Diabetes Mellitus tipo 2 Diagnostico 2021 Retinopatía diabética, Nefropatía diabética, hipertensión arterial diagnosticada en el 2023, Dislipidemia, extabaquismo»[52]. Indicó que solicitó a la EPS el cubrimiento de los gastos de transporte para asistir a sus tratamientos de hemodiálisis desde su domicilio en Girón, Santander, hasta la ciudad de Bucaramanga, pero la EPS se negó a asumir estos costos. (ii) Trámite de la acción de tutela 21. Solicitud de tutela. El 21 de febrero de 2024, el señor Abel interpuso acción de tutela contra Nueva EPS. Argumentó que la accionada le vulneró su «derecho a la salud en conexidad con los derechos fundamentales a la vida e integridad personal»[53] al negarle «el transporte para asistir a las terapias de hemodiálisis los días martes, jueves y sábado»[54]. En consecuencia, solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales y que se ordenara a la EPS cubrir el transporte para él y el de su acompañante a las «terapias de hemodiálisis en la unida renal RTS»[55]. 22. Admisión, vinculación y respuesta a la acción de tutela. Mediante auto del 22 de febrero de 2024[56], el Juzgado Primero Civil Municipal de Girón admitió la acción y vinculó a la ADRES, a la Secretaria de Salud Departamental de Santander y a la Secretaria de Salud de la Alcaldía de Girón[57]. 23. El siguiente cuadro resume los escritos de respuesta de las entidades vinculadas: Parte Respuesta Nueva EPS En comunicación del 26 de febrero de 2024, la entidad manifestó lo siguiente: (i) el accionante está activo en el régimen contributivo y ha recibido todos los servicios conforme a las prescripciones médicas; (ii) el transporte no fue prescrito por el médico tratante; (iii) el servicio de transporte solo se cubre si está ordenado médicamente y en condiciones excepcionales; (iv) el uso de recursos del SGSSS debe ser exclusivamente para servicios cubiertos por el PBS, por lo que el transporte no es financiable si no es ordenado por el médico. Con base en estas razones, solicitó la desvinculación del proceso. ADRES El 23 de febrero de 2024, la entidad se pronunció en los siguientes términos sobre las solicitudes hechas en el auto de pruebas[58]: (i) solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene responsabilidad en la prestación directa de los servicios de salud. Explicó que la función de garantizar la atención recae en las EPS, las cuales deben gestionar los recursos para asegurar el acceso a los servicios. (ii) Explicó que la función de prestar servicios de salud recae en las EPS, las cuales tienen la obligación de garantizar la atención integral y oportuna, ya que los mecanismos de financiación como la UPC y el presupuesto máximo se giran de forma anticipada para cubrir los servicios de salud. (iii) Señaló que el recobro de servicios de salud por parte de las EPS ha sido eliminado, y cualquier decisión de revivir este mecanismo a través de tutela generaría un doble desembolso y pondría en riesgo la estabilidad financiera del sistema. (iv) Finalmente, solicitó negar cualquier solicitud de recobro por parte de la EPS y modular las decisiones que se tomen, con el fin de no comprometer los recursos destinados al sistema de salud. Secretaría de Salud de Girón El 26 de febrero de 2024[59], indicó que no tenía conocimiento de los hechos descritos en la tutela, ya que no había recibido ninguna queja o petición del accionante. Agregó que no existe responsabilidad atribuible a la Secretaría, pues la prestación de los servicios de salud es responsabilidad de la EPS. Solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa. 24. Silencio procesal. La Secretaría de Salud departamental de Santander, pese a haber sido vinculada y notificada[60], no se pronunció frente a la tutela. 25. Sentencia de única instancia. En fallo del 5 de marzo de 2024[61], el Juzgado Primero Civil Municipal de Girón decidió «declarar improcedente la acción de tutela instaurada»[62]. La decisión se fundamentó en la ausencia de una orden médica que justificara la necesidad del servicio de transporte y en la falta de «evidencia contundente que le respalde la incapacidad económica de su parte o del entorno familiar»[63] para costear dicho transporte. Además, el juzgado determinó que el servicio no estaba previsto en el PBS y que no se configuró una vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, el fallo destacó la importancia de «propender por el equilibrio financiero para garantizar la sostenibilidad del sistema»[64]. El accionante no impugnó el fallo. (iii) Actuaciones judiciales en sede de revisión 26. Autos de pruebas. Mediante auto del 4 de octubre de 2024, la magistrada sustanciadora requirió a las partes para que aportaran información en relación con los siguientes asuntos: (i) situación médica, composición del núcleo familiar, situación económica y laboral, e ingresos; y (ii) solicitudes o trámites previos realizados ante Nueva EPS u otras entidades en relación con la autorización y prestación del servicio de transporte para los tratamientos médicos prescritos. Posteriormente, mediante auto del 25 de octubre de 2024, el despacho insistió en el cumplimiento de las pruebas solicitadas en el auto anterior, debido a la falta de respuesta por parte de algunos accionantes y entidades. 27. Respuestas a los autos de pruebas. El siguiente cuadro resume las respuestas a los autos de pruebas: Entidad Respuesta Abel El 8 de octubre de 2024, el accionante Abel proporcionó la siguiente información[65]: (i) Situación médica: No cuenta con una orden médica específica para el transporte. Señaló que padece de «enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, retinopatía diabética, nefropatía diabética, hipertensión arterial, [y] cirrosis hepática»[66], y recibe terapia de hemodiálisis «por 4 horas 3 veces por semana los días martes, jueves y sábado»[67]. (ii) Dificultades para el traslado: Expresó que el traslado le resulta complicado, ya que vive en Girón y la clínica está en Bucaramanga. Manifestó que «deb[e] tomar doble transporte para llegar y un transporte en carro a la salida por las condiciones en que sal[e] […] sal[e] con mareo y desaliento […] además, en este momento [s]e encuentr[a] con problemas de hígado […] demasiado desaliento al caminar»[68]. (iii) Impacto en el mínimo vital: Indicó que los gastos de transporte le afectan gravemente, puesto que «al mes serían $237.600»[69]. A su juicio, esto es «mucho dinero ya que solo cuent[a] con el apoyo de [su] esposa de su salario mínimo y esto afecta [el] mínimo vital y el de [su] familia»[70]. (iv) Núcleo familiar y situación económica: Describió su núcleo familiar compuesto por su esposa, quien «se encuentra laborando en este momento como secretaria»[71] con un salario mínimo, y su hijo de 14 años, estudiante. Declaró que actualmente no percibe ingresos y que «los únicos ingresos […] son los de [su] esposa […] pero es complicado pues los gastos del hogar no esperan»[72]. (v) Solicitudes previas: Señaló que solicitó el transporte a Nueva EPS, pero que la petición «fue negada fue cuando se interpuso la tutela y también la negaron»[73]. Añadió que «si no [tiene] muchas veces para comer menos para pagar a un abogado»[74]. Nueva EPS No contestó al auto de pruebas. IPS RTS S.A.S. Sucursal Bucaramanga El 11 de octubre de 2024, la institución remitió la historia clínica del accionante y proporcionó la siguiente información[75]: (i) Frente a los hechos: Confirmó que el paciente Abel se encuentra afiliado a Nueva EPS y está diagnosticado con enfermedad renal crónica en estadio 5D, diabetes mellitus tipo 2, retinopatía diabética, nefropatía diabética, hipertensión arterial y dislipidemia. Indicó que el paciente recibe terapia de hemodiálisis en la sede de RTS en Bucaramanga tres veces a la semana, debido a la ausencia de una unidad renal en Girón. También afirmó que el paciente es funcional, independiente y con bajo riesgo de caídas, por lo cual no se ha solicitado transporte mediante MIPRES. (ii) Excepciones: Argumentó falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que la responsabilidad de gestionar y coordinar el transporte corresponde a la EPS, y no a la IPS. Por esta razón, solicitó que su desvinculación del trámite de tutela. (iii) Inexistencia de vulneración de derechos: Sostuvo que ha prestado los servicios médicos necesarios y no ha vulnerado el derecho a la salud del paciente. Reiteró que la obligación de suministrar transporte recae en la EPS, y no en la IPS. Además, indicó que ha colaborado informando al paciente cómo gestionar el transporte con su EPS. Secretaría de Salud del Municipio de Girón, Santander El 16 de octubre de 2024, la Secretaría Local de Salud del Municipio de Girón brindó la siguiente información[76]: (i) Solicitud de recursos por parte de la EPS: Indicó que no ha recibido solicitudes de recursos de las EPS para cubrir el transporte de los accionantes, afirmando que «el derecho a la prestación y continuidad del servicio de salud es un deber que le asiste a la E.P.S.»[77] y que corresponde a esta garantizar «el acceso real y efectivo a los servicios de salud» a través de su red de prestadores. (ii) Antecedentes o solicitudes previas: Señaló que «era la primera vez que el usuario ponía en conocimiento a la Secretaría local de salud dicha situación», ya que no había presentado anteriormente ninguna PQRSD o acción de tutela. (iii) Conocimiento de otras acciones de tutela o peticiones: Confirmó que no tiene conocimiento de «otras acciones de tutela o peticiones en las que los accionantes hayan solicitado el servicio de transporte para acceder a sus terapias», indicando que esta «fue la primera y única acción de tutela presentada». 28. Finalmente, la respuesta de la ADRES, emitida el 11 de octubre de 2024, en relación con los autos de pruebas decretados en sede de revisión, abarca los tres casos bajo estudio. La entidad informó que no existen registros de solicitudes de recursos por parte de las EPS (Sanitas, Comfaoriente y Nueva EPS) para cubrir el transporte de los accionantes ni de intervenciones previas de esta entidad en los casos de Sebastián, Ligia y Abel. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 29. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos dictados en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Estructura de la decisión 30. La presente decisión se estructurará de la siguiente manera: primero, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de las acciones de tutela (sección II.3 infra). Luego, abordará como cuestión previa la posible configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto (CAO) en uno de los casos sub judice (sección II.4 infra). De satisfacer estos requisitos, la Sala enjuiciará la alegada violación de los derechos fundamentales de los accionantes (sección II.5 infra). Finalmente, en caso de encontrar acreditada alguna vulneración, se adoptarán los remedios pertinentes para restablecer los derechos presuntamente conculcados (sección II.6 infra). 31. Problema jurídico. En estos términos, corresponde a la Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneraron las EPS Sanitas, Comfaoriente y Nueva EPS el derecho fundamental a la salud de los accionantes, al negar el servicio de transporte para asistir a sus tratamientos de hemodiálisis, impidiendo así el acceso oportuno y continuo a este servicio esencial, de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso? 3. Examen de procedibilidad 32. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales» de las personas por medio de un «procedimiento preferente y sumario»[78]. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y según el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela los siguientes: (i) la legitimación en la causa, por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de fondo. 3.1. Legitimación en la causa 33. Legitimación en la causa por activa. El requisito de legitimación por activa exige que la acción sea presentada por quien tenga un interés cierto, directo y particular en la solución de la controversia[79]. El artículo 86 de la Constitución dispone que «[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales». Por su parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que el titular de los derechos fundamentales está facultado para interponer la acción de tutela a nombre propio[80]. Las tres acciones de tutela satisfacen el requisito de legitimación en la causa por activa. Esto, porque fueron presentadas por Sebastián, Ligia y Abel, personas a quienes Sanitas EPS, Comfaoriente EPS y Nueva EPS, presuntamente les habría vulnerado sus derechos fundamentales, al negarse a suministrar el servicio de transporte en salud que solicitan. 34. Legitimación en la causa por pasiva. El requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto —autoridad pública o particular— que cuenta con la aptitud o capacidad legal para responder a las pretensiones[81]. En los expedientes bajo análisis, las acciones de tutela se dirigen contra Sanitas EPS, Comfaoriente EPS y Nueva EPS, respectivamente. La Sala encuentra que estas entidades están legitimadas en la causa por pasiva por dos razones: (i) el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 dispone que las EPS tienen la función de organizar y garantizar la prestación del servicio de salud de los afiliados; y (ii) el numeral segundo del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela será procedente contra acciones y omisiones de particulares cuando el accionado «está encargado de la prestación del servicio público de salud». En los tres casos objeto de estudio, los accionantes están afiliados a las mencionadas EPS[82], por lo que dichas entidades son responsables de garantizar la prestación del servicio de salud, el cual habría sido negado como consecuencia de la decisión de negar el servicio de transporte. 35. Durante los trámites de instancia y de revisión, fueron vinculadas las siguientes entidades; (i) las IPS en las cuales los demandantes reciben sus tratamientos médicos; (ii) la ADRES (expedientes T-10.416.541 y T-10.444.083); (iii) el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta (expediente T-10.414.541); y (iv) la Secretaría de Salud de Girón (Santander) (expediente T-10.444.083). La Sala encuentra que tales entidades carecen de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tienen a su cargo garantizar el servicio de transporte de los demandantes ni actúan como aseguradores de salud directos. En particular, las IPS tienen la obligación estricta de garantizar los servicios autorizados por las EPS[83]. Además, en los escritos de tutela, los ciudadanos no endilgaron acción u omisión imputable a dichas entidades, de las cuales se derive amenaza o vulneración a los derechos fundamentales[84]. Por lo anterior, la Corte no dictará ninguna orden en contra de estas entidades. 3.2. Inmediatez 36. Fundamento jurídico. La acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad. Sin embargo, la Corte ha interpretado que, conforme al artículo 86 superior, la solicitud de amparo tiene por objeto la protección «inmediata» de los derechos fundamentales, por lo que debe ser presentada en un término razonable respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración[85]. La razonabilidad del término de interposición debe examinarse en cada caso concreto teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) las circunstancias personales del actor, (ii) su diligencia y posibilidades reales de defensa[86], (iii) la posible afectación a derechos de terceros derivada de la interposición tardía de la tutela y (iv) los efectos del hecho vulnerador, esto es, si se trata de una vulneración continuada o permanente[87]. 37. Las solicitudes de tutela «sub examine» satisfacen el requisito de inmediatez. En primer lugar, en el expediente T-10.388.413, Sebastián interpuso la demanda el 17 de mayo de 2024, dos días después de haber recibido una respuesta negativa de Sanitas EPS a su solicitud de transporte. Este corto lapso evidencia que el demandante obró con diligencia al reivindicar su derecho a la salud. 38. En segundo lugar, en el expediente T-10.414.541, la Sala de Revisión encuentra cumplido el requisito de inmediatez. Esta valoración se funda en los siguientes argumentos: 39. La accionante Ligia interpuso la acción de tutela el 14 de junio de 2024, alegando que la falta de transporte vulnera sus derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital, debido a que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para costear los traslados requeridos. Al iniciar sus terapias de hemodiálisis, en el año 2020, la accionante pudo sufragar los costos del transporte gracias al apoyo económico que recibía de su hermana, tal como se pudo establecer mediante comunicación telefónica con la demandante, el 8 de noviembre de 2024. En la actualidad, no cuenta con dicho respaldo económico. Por tal motivo, su situación económica se ha visto seriamente agravada, lo cual se corrobora en la calificación de pobreza extrema que obtuvo en el Sisbén (grupo A3). El aludido agravamiento de sus condiciones económicas dio lugar a la interposición de la tutela bajo revisión. 40. La nueva realidad económica que enfrenta, derivada de la falta de apoyo externo y de su dependencia de una única fuente, ajena, de ingresos, explica las razones por las cuales la tutela se interpuso el 14 de junio de 2024, y no antes. Esta variación demuestra que no hubo inacción o desinterés de parte de la accionante, sino una respuesta a su precaria situación económica, la cual le dificulta, ahora, financiar los traslados necesarios para acceder a las terapias de hemodiálisis. 41. Adicionalmente, las condiciones médicas de la accionante —quien padece insuficiencia renal crónica en estadio 5, enfermedad que se califica como catastrófica— subrayan la importancia de garantizar la continuidad de sus tratamientos para preservar su salud y soporte vital. En este contexto, la Sala reconoce que la interposición de la tutela está directamente relacionada con el agravamiento de su situación económica y la necesidad urgente de superar las barreras que impiden su acceso a un tratamiento esencial. Por lo anterior, y considerando que (i) la variación en la situación socioeconómica de la accionante justifica la oportunidad de la tutela, (ii) las condiciones médicas de la accionante exigen una intervención urgente, y (iii) su situación socioeconómica y de salud la califican como sujeto de especial protección constitucional, esta Sala de Revisión encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso de la señora Ligia. 42. En tercer lugar, en el expediente T-10.444.083, Abel interpuso la tutela el 21 de febrero de 2024, tras referir haber hecho varios intentos de obtener la cobertura de transporte intermunicipal por parte de Nueva EPS. El último de estos fue una petición presentada en su nombre, por su esposa el 15 de enero de 2024[88]. Adjunto al escrito de demanda, se encuentra un documento que contiene la respuesta negativa que emitió Nueva EPS a una petición previa, elevada a el 16 de noviembre de 2023[89]. La proximidad de la interposición de la tutela con los rechazos sucesivos de la EPS denota también su diligencia en la protección de sus derechos. 43. En todos los casos, se evidencia que los accionantes actuaron dentro de plazos razonables para la protección de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada situación. Por tanto, la Sala concluye que se cumple el requisito de inmediatez en los tres expedientes bajo análisis. 3.3. Subsidiariedad 44. Carácter subsidiario de la acción de tutela. Según los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, el requisito de subsidiariedad[90] de la acción de tutela implica que esta acción es excepcional y complementaria —no alternativa— a los demás medios de defensa judicial[91]. En virtud del requisito de subsidiariedad, la acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales[92]: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo[93] y eficaz[94], caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable[95], evento en el que procede como mecanismo transitorio. 45. Los artículos 148 de la Ley 446 de 1998 y 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019, disponen que las controversias entre los afiliados y las EPS sobre la cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el PBS deben ser resueltas, de manera preferente, por medio del proceso ordinario ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha concluido que este mecanismo ordinario no es idóneo ni eficaz. 46. Lo anterior, dado que la SNS tiene una «capacidad limitada respecto a sus competencias jurisdiccionales»[96] y se encuentra en una imposibilidad de tramitar las solicitudes en el término de diez días previsto en la ley. Además, la Corte encontró que la referida ley no define un término para resolver el recurso de apelación ni prevé un mecanismo para garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión. En tal sentido, mientras dichas situaciones no se resuelvan, este mecanismo jurisdiccional «no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del [Sistema General de Seguridad Social en Salud] y, en consecuencia, la acción de tutela será el medio adecuado para garantizar dichos derechos»[97]. 47. A lo anterior se suma que el referido mecanismo jurisdiccional tampoco sería eficaz en los casos sub judice, habida cuenta de la situación particular de los accionantes. Al respecto, la Corte ha precisado que este recurso no es eficaz cuando (i) «exista riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas»; (ii) los peticionarios o afectados «se encuentren en situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional»[98], y (iii) se configure una «situación de urgencia que haga indispensable la intervención del juez constitucional»[99]. Para esta Sala, en los tres casos, los accionantes enfrentan situaciones de riesgo y vulnerabilidad debido a sus enfermedades renales, clasificadas como enfermedades catastróficas o ruinosas[100]. Esta condición, junto con otras afectaciones médicas, los obliga a realizar desplazamientos frecuentes hacia IPS especializadas para recibir tratamientos de alta complejidad esenciales para su salud. Asimismo, en los tres casos, los accionantes han manifestado limitaciones económicas que les imposibilitan cubrir los costos de dichos traslados. 48. Las circunstancias expuestas llevan a la Sala a concluir que la intervención inmediata del juez de tutela es indispensable para asegurar una protección urgente, expedita, integral y definitiva de los derechos fundamentales en cuestión. En consecuencia, verificados los requisitos de procedibilidad, la Sala procederá, en primer término, a abordar una cuestión previa relacionada con uno de los expedientes acumulados. Posteriormente, desarrollará las consideraciones jurídicas necesarias para la solución de los casos concretos, con miras a restablecer, de ser necesario, los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. 4. Cuestión previa: Carencia actual de objeto en el expediente T-10.388.413. 49. Naturaleza. Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela tiene como fin asegurar «la protección inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública». En esta medida, la intervención del juez constitucional «se justifica, únicamente, para hacer cesar dicha situación»[101] y, en consecuencia, «garantizar la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados»[102]. Sin embargo, la Corte ha precisado que, «si cesa la conducta que viola los derechos fundamentales, el juez no tiene objeto sobre el cual pronunciarse, escenario en el que se configura lo que la jurisprudencia ha denominado carencia actual de objeto»[103]. 50. Tipología de la CAO. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la figura de la carencia actual de objeto (CAO) puede configurarse en tres circunstancias específicas[104]: (i) daño consumado, cuando la vulneración del derecho ha producido un perjuicio irreversible; (ii) hecho superado, cuando la situación de vulneración ha cesado debido a la satisfacción voluntaria de la prestación por parte del accionado; y (iii) hecho sobreviniente, cuando surge un evento externo que hace innecesario el pronunciamiento del juez de tutela. En el caso del expediente T-10.388.413, la Sala enfocará su análisis en la modalidad de CAO por hecho superado, en tanto que la entidad demandada ha adoptado medidas que cumplen con lo solicitado en la acción de tutela. 51. CAO por hecho superado. Como se indicó, la CAO por hecho superado se configura cuando la amenaza o vulneración alegada cesa debido a que el accionado, mediante un acto voluntario, satisface la prestación que formula el accionante[105]. La Corte ha precisado que esta categoría aplica cuando la acción u omisión del demandado resuelve la afectación de manera que ya no existe objeto sobre el cual el juez deba pronunciarse. En palabras de la Corte, el hecho superado se da en el contexto de la satisfacción completa de lo pedido en la tutela, lo que implica que el juez no debe emitir una orden en uno u otro sentido. En los casos de servicios de salud, esta hipótesis suele configurarse cuando la entidad accionada reconoce y asegura el suministro del servicio reclamado —como el transporte para tratamientos médicos— antes de que el juez constitucional emita una decisión formal en el caso[106]. 52. Facultades del juez de tutela ante la CAO. La jurisprudencia constitucional establece que, aunque la configuración de la carencia actual de objeto (CAO) generalmente libera al juez de tutela de dictar un pronunciamiento de fondo[107], en ciertos casos puede justificarse una intervención adicional[108]. En situaciones de daño consumado, el juez debe realizar un análisis de fondo sobre el asunto, mientras que, en los casos de hecho superado o hecho sobreviniente, dicho pronunciamiento es opcional. La Corte ha precisado que, especialmente en sede de revisión, esta intervención puede resultar útil para «realizar observaciones sobre los hechos que dieron lugar a la interposición de la tutela»[109], con los siguientes propósitos[110]: (i) «[L]lamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos [que generaron la vulneración] no se repitan»[111]; (ii) «advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes»[112]; (iii) «corregir las decisiones judiciales de instancia»[113] o (iv) «avanzar en la comprensión de un derecho fundamental»[114]. 53. La Sala considera que en el expediente T-10.388.413 se configuró la CAO por hecho superado. Esta conclusión se basa en la información proporcionada por Sanitas EPS, en respuesta a los autos de pruebas dictados por la magistrada sustanciadora. En dichas respuestas, Sanitas EPS reconoció expresamente que, conforme a la normatividad aplicable, «las EPS deben cubrir el transporte del paciente ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su residencia»[115]. Además, la EPS admitió que, dado que el domicilio del usuario es Fonseca, La Guajira, y las citas médicas se realizan en Valledupar, «aplica para la cobertura»[116] del transporte. Asimismo, anexó un listado de fechas en las que ha autorizado el servicio de transporte, tanto para el período objeto de la tutela como en fechas posteriores[117]. 54. Este historial demuestra que la entidad ha venido cumpliendo con su obligación de prestar el servicio de transporte, tanto al actor como a su acompañante. Esto elimina la necesidad de un pronunciamiento adicional sobre la protección inmediata del derecho reclamado. La Sala advierte que el accionante no respondió a los autos de prueba en sede de revisión ni manifestó inconformidad frente a los actos de la EPS. En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 31 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fonseca, La Guajira, y, en su lugar, declarará la CAO por hecho superado. 55. Observación de fondo de la Sala sobre la configuración de la CAO. La Sala advierte que, si bien la CAO en el presente caso se configura por la actuación voluntaria de Sanitas EPS consistente en autorizar el servicio de transporte, esto no exime a la entidad de su obligación de garantizar el acceso continuo y oportuno al transporte requerido para el tratamiento del paciente. La CAO se configura porque Sanitas EPS cumplió con la prestación solicitada. Sin embargo, la Sala considera pertinente realizar un pronunciamiento preventivo para evitar que se produzcan incidentes que afecten la prestación del servicio de transporte, lo que comprometería el derecho fundamental a la salud del accionante. En este sentido, Sanitas EPS deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación efectiva y constante de los servicios esenciales del accionante, conforme lo ha definido la jurisprudencia constitucional[118], y evitar futuras omisiones o barreras administrativas que comprometan el acceso oportuno del paciente a sus tratamientos de salud. 56. En virtud de lo expuesto, respecto al expediente T-10.388.413, esta Sala dispondrá lo siguiente: 56.1. Declarar la CAO por hecho superado en el caso de Sebastián, por haberse demostrado que la entidad demandada satisfizo de manera voluntaria el objeto de la acción de tutela. 56.2. Advertir a Sanitas EPS que, en lo sucesivo, garantice la autorización oportuna del transporte intermunicipal requerido por el accionante para sus terapias de hemodiálisis, absteniéndose de imponer cualquier tipo de barrera administrativa que pueda afectar su derecho fundamental a la salud. 57. Una vez concluida esta cuestión preliminar, la Sala de Revisión avanzará al análisis de fondo de las dos acciones de tutela restantes, en las que no se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto. 5. Examen de fondo 58. En el presente acápite, la Sala realizará un análisis del derecho fundamental a la salud y sus implicaciones en los casos bajo revisión. Para tal efecto, estructurará el estudio en tres secciones. La primera sección abordará el alcance del derecho a la salud y profundizará en sus componentes esenciales, los derechos de los usuarios del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) y los principios de accesibilidad y oportunidad en la atención, aspectos clave para resolver las pretensiones de los accionantes. La segunda sección examinará el marco normativo y jurisprudencial aplicable al servicio de transporte en salud, diferenciando entre el transporte intermunicipal e intraurbano y detallando las subreglas específicas sobre financiación y acceso para cada modalidad. Este análisis se centrará en la obligación de las EPS de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, incluyendo el acceso a los traslados necesarios para los tratamientos de hemodiálisis en los centros de salud respectivos. Con base en estas consideraciones, la Sala de Revisión procederá a revisar los fallos dictados en los procesos bajo análisis. 5.1. El derecho fundamental a la salud: Componentes esenciales, acceso y principio de oportunidad 59. Alcance constitucional y convencional. El artículo 49 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la salud y establece que la atención en salud constituye un servicio público a cargo del Estado, que debe prestarse conforme a los principios de «eficiencia, universalidad y solidaridad»[119]. Este derecho también se encuentra proclamado en diversos instrumentos internacionales que, de acuerdo con el artículo 93.1 de la Constitución, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En particular, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 10) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) reafirman la protección internacional de este derecho. 60. El derecho a la salud no se limita a la mera preservación de la «normalidad orgánica funcional, física y mental»[120]. En concordancia con la jurisprudencia de esta corporación y la doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), su alcance incluye una variedad de factores socioeconómicos, bienes y servicios que permiten a las personas disfrutar de una vida sana y digna[121]. En este sentido, el derecho a la salud implica el acceso a las facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el «más alto nivel posible de salud»[122] y, en consecuencia, una vida digna. 61. El contenido del derecho fundamental a la salud se desarrolla, principalmente, en la LES (Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015). Conforme a esta ley y...